LA POLICIA DE PROXIMIDAD DE SANTA FE: UNA INTERVENCIÓN POLÍTICA ¿INNOVADORA?

I Jornadas Interdisciplinarias ISHIR (CONICET) Lic. Luciana Noelia Ginga Facultad de Ciencia Política y RR. II., U.N.R. y Conicet LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DE SANTA FE: UNA INTERVENCIÓN POLÍTICA ¿INNOVADORA? “Quizás al igual que el camino hacia el infierno, el camino hacia la policía de proximidad está alfombrado de buenas intenciones (…)” (Green: 2006: 353). A modo de introducción En el presente trabajo nos proponemos reflexionar acerca de uno de los aspectos que la institución policial fue tomando en el marco más general de neoliberalismo como forma de gobierno y en el contexto más específico de la prevención del delito como dispositivo de intervención: la policía de proximidad o policía comunitaria. Vale decir, nos interesa ver de qué manera la policía comunitaria se enmarca y es parte de la estrategia neoliberal de prevención del delito en nuestro contexto y específicamente en la ciudad de Rosario. Además resulta extremadamente necesario rastrear las condiciones de posibilidad de la implementación de esta estrategia, los discursos que la habilitan apelando a ideas tales como, la participación, mayor confianza, establecer lazos de cercanía, de eficiencia y eficacia, y en la construcción de un “nosotros” como aquellos a los que hay que cuidar, frente a “otros” de los que hay que cuidarse.

En este sentido, analizaremos el proyecto de policía de proximidad que el Frente Progresista Cívico y Social (FPCS en adelante) impulsó, que fue presentado hace unos meses atrás, antes de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y que es, en materia de “seguridad”, una propuesta prioritaria de dicha fuerza política. Presentada por el senador provincial Miguel Lifschitz, el proyecto de ley consiste en la generación de prácticas policiales innovadoras para la Provincia de Santa Fe a partir de “la creación de Unidades Especiales de Acción Local para trabajar en territorios urbanos de alta complejidad social y delictiva, en todas las ciudades con una población mayor a 70000 habitantes, como nuevos cuerpos profesionales y especializados, atravesados por dinámicas de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación”1. Los máximos referentes del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, específicamente de Rosario, vinculan la puesta en marcha de ésta experiencia de policía de proximidad con la generación de vínculos de confianza y cercanía entre los vecinos del barrio donde se implementará y aquellos policías, que de a pie recorran las calles. En este sentido, el Ministro de Seguridad de la provincia decía: “No se trata de un grupo de elite, sino de un policía de cercanía, involucrado con la sociedad y en conocimiento del 1

Para ampliar ver: http://miguellifschitz.com/pdf/71/Descargar-el-Proyecto.pdf. Disponible en internet al 03/04/2014.

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territorio, con diálogo con los vecinos y las instituciones. Creemos que hay que generar confianza en el personal policial”2. Algunas consideraciones teóricas El gobierno como modo de ejercicio del poder, no sólo supone un conjunto de técnicas de intervención y tecnologías de gobierno, sino que también implica la configuración discursiva del problema en cuestión (Giavedoni: 2011, 2012). El gobierno de la seguridad supone, entonces, un gobierno de la población a partir de los modos en que la seguridad se constituye en un problema. Existe un sentido común extendido en los medios de comunicación que forman opinión pública (Galvani, Mouzo, Maldonado Ortiz, Rangugni, Recepter, Ríos, Rodríguez, Seghezzo: 2010), en el discurso de las fuerzas de seguridad y en parte de estudios académicos donde la configuración del problema liga (in)seguridad al delito contra la propiedad y contra las personas, vale decir en sus términos restrictivos, limitándola a nociones de seguridad física y civil (Rangugni: 2009: 24, Castel: 2011, Wacquant: 2004). Resulta entonces que al asimilar el problema de la (in)seguridad al delito urbano menor (como decíamos, hegemónicamente entendido como delitos contra la propiedad y contra las personas), queda afuera un abanico de temas tales como la violencia de género, delitos fiscales, malversación de fondos públicos, que no son considerados parte del mencionado problema. Es Pegoraro (2008) quien pone de manifiesto cómo los Delitos Económicos Organizados (D.E.O.)3, no sólo no son cuantificados ni identificados dentro de la configuración del problema de la (in)seguridad, sino que contrariamente se consideran históricamente parte constitutiva de un determinado orden social, toda vez que lo sostiene y lo fortalece, lejos de debilitarlo. En este sentido, el proceso de producción de seguridad se encuentra vinculado al establecimiento de rutinas seguras de la vida cotidiana logradas a partir de las actividades de control y mantenimiento del orden y a procesos de ordenamiento y regulación (Font: 1999). En él se intersectan (Brogden y Shearing: 1993) una red de mecanismos reguladores (no sólo estatales) que mantienen como fin la consecución de niveles de orden y tranquilidad que resulten razonables para ciertos sectores de la población. Dicha problematización en torno a la seguridad posibilita pensar en la construcción prolífera de dispositivos para el gobierno de las poblaciones. De manera que la seguridad así entendida se ha constituido en el último tiempo en el resorte, en el disparador privilegiado a partir del cual pensar y generar todo un conjunto de tecnologías de gobierno de las poblaciones. Entendemos a la prevención del delito, siguiendo a Sozzo (2009), como el conjunto de iniciativas y prácticas que se centralizan en la noción “ante-delictum”, concepto que se toma de la criminología positivista y que enfatiza en tratar de evitarlos. Rangugni marca que en el escenario argentino de la segunda 2

Para ampliar ver: http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias/buscar.do?accion=verNoticia&id=32153. Disponible en internet al 03/04/2014. 3 Entendiendo por ellos a toda organización delictiva que se dedica a negocios legales e ilegales de una cierta complejidad política-jurídica en la que participan necesariamente instituciones y/o funcionarios estatales, que producen una recompensa económica importante, gozando a su vez, de impunidad e inmunidad social-penal (Pegoraro: 2008:15).

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mitad de la década de los 90 se produjeron nodales transformaciones que constituyeron un heterogéneo polo “proactivo”, ex-antes, de las políticas de control del delito urbano (2009:31). Lo característico de estas medidas de prevención es que, en general, no se motorizan a partir de un delito ocurrido y los protagonistas de la implementación y del diseño no son exclusivamente las agencias del sistema penal. La autora trabaja en la íntima articulación entre la lógica neoliberal de gobierno y la nueva prevención del delito. Para comprender, desde su óptica, la emergencia de la nueva prevención como forma de gobierno del delito, se la debe vincular necesariamente con los procesos de redefinición del rol del Estado que desde los años 70 se pretende instalar como modelo neoliberal de Estado mínimo (2009:35). La nueva prevención sale a escena teniendo como telón de fondo una serie de modificaciones tales como la reconfiguración de las fronteras de lo público y de lo privado, sumado a un proceso de delegación de funciones en los gobiernos locales, en organismos no gubernamentales y en instancias privadas, que antes sólo las llevaban adelante las administraciones nacionales. En este sentido, otros análisis que continúan en esta lógica evidencian que en las últimas décadas la responsabilidad por la prevención del delito se ha ido trasladando de la órbita puramente estatal a los ciudadanos y a múltiples instituciones sociales (Dammert: 2003, Crawfort: 1997, Garland: 2012). En palabras de Garland (2012), el cambio más acentuado que se ha dado en los últimos años en el campo del control del delito, no se vincularía tanto con las transformaciones de la justicia penal, sino fundamentalmente con el desarrollo que, paralelamente a las instituciones penales, se observa de regular al delito y a los delincuentes. Más allá de la policía y la penalidad ha crecido un tercer sector “gubernamental”: el nuevo aparato de prevención y seguridad (2012: 279). El desarrollo de la infraestructura que compone dicho aparato extiende significativamente el campo del control “formal” del delito, vale decir los límites formales del campo del control del delito ya no están delineados, ya no son materia exclusiva de la justicia penal estatal, sino que están involucrados una serie de actores sociales y económicos. Este cambio pequeño pero significativo de des-diferenciación (2012:280) en las responsabilidades ejerce una presión constante para poner en agenda de las políticas públicas la preocupación por la prevención, la reducción del daño y la gestión del riesgo. El sector preventivo no se centra directamente sobre los individuos delincuentes, plantea el autor, más bien apunta a reducir las situaciones criminógenas para que se vuelvan menos vulnerables a la consecución de hechos delictivos, menos tentadoras para potenciales delincuentes. Se analiza, entonces, desde este sector preventivo los movimientos de la gente y la distribución de los eventos delictivos, estableciendo “puntos álgidos”, “productos altamente atractivos para el delito”, patrones de victimización, convirtiéndolos en el objetivo de sus acciones. En este sentido, la propuesta de la prevención gira en torno a instalar controles situacionales y canalizar las conductas de las personas, alejándolas de la tentación, en lugar de generar persecuciones y castigos hacia los delincuentes. “En la medida en que “el gobierno” logra organizar, aumentar y dirigir las capacidades de control social de los ciudadanos, las comunidades y las empresas, extiende simultáneamente el alcance de la actividad de gobernar y transforma su modo de ejercer el control” (2012: 281-282). 3

Para analizar el gobierno de la seguridad a partir de la prevención del delito como dispositivo de intervención se pueden destacar tres nociones trabajadas por Crawfort (1997) para el caso británico durante la década de los 80 y 90 y que son retomadas por Sozzo (2000, 2009) para focalizar en las estrategias llevadas adelante en la prevención del delito en ciudades de América Latina y en algunas jurisdicciones de Argentina en los últimos 20 años, puntualizando en las dimensiones situacional – ambiental, comunitaria y social. En cuanto a la tecnología de intervención situacional – ambiental, apuntala iniciativas que buscan modificar y mejorar situaciones y/o ambientes urbanos para reducir oportunidades de comisión de actos delictivos, intentando gestar un espacio público apropiado para reducir la inseguridad urbana. Entre las que se cuentan diversos programas desarrollados por el gobierno municipal tales como planes de iluminación, de desramado, de colocación de contenedores de basura, de apertura y pavimentación de calles en determinados barrios de la ciudad. Así como también, la puesta en funcionamiento de “cuasi policías” complementando el accionar policial, junto a la proliferación y asentamiento de empresas de seguridad privada. Otra de las tecnologías es la de intervención comunitaria, a partir del cual se apela a la participación ciudadana para luchar contra el delito junto con actores estatales, impulsando experiencias tales como Foros Municipales, juntas barriales, asambleas vecinales en los que se debate la problemática de la seguridad y prevención del delito, convocando para tal fin a ciertos actores de la Comunidad. Además se incluyen las experiencias de autoprotección que desarrollan los vecinos de determinadas zonas. Y por último, la tecnología de intervención social, focaliza en los programas municipales (Programa Capacitación en Oficios y Programa Abandono Escolar) implementados en desde el municipio. Estos programas han trabajado con jóvenes rosarinos excluidos teniendo como eje reconstruir el vínculo con el sistema educativo y/o con el mercado laboral, disminuyendo las posibilidades de emergencia de ciertos tipos de delitos que suponen, están íntimamente ligados a procesos de exclusión social. Ahora bien, nos preguntamos, siguiendo a Sozzo, ¿cuál es el papel de la institución policial en el marco de estas diversas tácticas de prevención del delito? (2000). Según el autor, en la táctica comunitaria se registraría el mayor grado de participación policial, ya que la institución policial continúa manteniendo un lugar central, jerárquico y privilegiado a pesar de que se apele a la participación de otros actores. “Se agregan como actores relevantes los individuos que forman parte de las comunidades locales, organizados de diferentes formas y en particular, las llamadas instituciones intermedias. Sin embargo y pese a su misma definición – “comunitaria”- , esta táctica de prevención del delito sigue manteniendo un lugar jerárquico para la policía en la prevención del delito, salvo en algunas técnicas de intervención – como por ejemplo la mediación comunitaria tal como se estructuró en el San Francisco Community Board y en otras experiencias similares, sobre todo a partir de agendas políticas radicales– pero que son más bien casos excepcionales. El puesto privilegiado de la institución policial se manifiesta en forma explícita - como en los casos de “tolerancia cero” y “community policing”- o implícita, es decir en la sombra de los actores comunitarios como en los casos de “neghbourhood watch”, “street watch”o “patrullas ciudadanas” (Sozzo: 2000: 32). A su vez, el autor trae a colación en su análisis la noción de “prevención integrada” (Sozzo: 2000) que hacia fines de los 90 emerge en el campo de las políticas de prevención del delito, donde se tiende a la 4

combinación, en el proceso de implementación, de elementos provenientes de las tres tácticas de prevención del delito que describimos más arriba. En esta combinación, la institución policial debería asumir una mayor descentralización en cuanto al diseño y ejecución de las políticas de seguridad urbana e integrar los procesos de multiplicación de actores, en la medida en que cada vez más se toma mayor conciencia de que no se puede hacer prevención del delito sólo desde la policía, pero tampoco sin ella. No obstante, ¿en qué medida se puede contar con la policía, tal y como actúa hoy esa institución?. La Policía de proximidad: una intervención política ¿innovadora? "Será una policía que prevenga el delito, analizando las realidades de cada barrio, calificando el uso de la fuerza. Prevenir antes que reprimir es el objetivo de la nueva policía". (Matías Drivet (Sec. Seg. Púb.), describiendo la policía de proximidad proyectada por el Frente Progresista Cívico y Social)4 En cierto sentido, en palabras de Green (2006) el impulso legitimador que se le da a la implementación de la policía de proximidad surge de una crítica profunda al funcionamiento de la policía tradicional. En este sentido, se intenta a través del cambio, equilibrar el papel del ambiente y la organización de la policía basada en la generación de lazos de reciprocidad con la comunidad. En el marco de las elecciones que tuvieron lugar en agosto de 2013, de precandidatos a concejal en la ciudad de Rosario, (las P.A.S.O.), Miguel Ángel Cappiello, candidato a concejal de la ciudad de Rosario por el FPCS (vale decir, del oficialismo municipal y provincial), presenta en su discurso ciertas particularidades en torno a la construcción del problema de la (in)seguridad y su vinculación con la institución policial, reconociendo que el escenario electoral actual se construye sobre los argumentos e ideas que han dejado aparecer hechos tales como los que vincularon a Tognoli5 con redes de narcotráfico. La oposición, por su parte, expresa al unísono las correcciones que se deberían aplicar sobre la fuerza policial, resaltando el valor del control político de la misma. Sin embargo, Cappiello debe argumentar desde el lugar en el que lo encuentran estos episodios, vale decir, como candidato del oficialismo local y provincial. En una entrevista con la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales6 en ocasión de la antedicha campaña electoral, esgrime un discurso que sin atender a la coyuntura que acabamos de mencionar perdería valor: “la seguridad es algo que debemos tomarlo como estado, y nadie se puede hacer el distraído, ni el estado nacional, ni el provincial y obviamente en nuestro

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Extraído de: (http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-38967-2013-05-21.html). En septiembre de 2012, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó una investigación sobre las redes de narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en la cual descubrió que la policía provincial custodiaba la red de distribución de droga y daba protección a narcotraficantes. El jefe de la policía santafesina, comisario mayor Hugo Tognoli, fue señalado como el líder de esta red y luego procesado por autor de los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes en forma organizada agravado por ser funcionario público. De allí la titulación en los medios de este acontecimiento como “caso Tognoli”. 6 Entrevista completa en: https://www.youtube.com/watch?v=dqHDPhw7zqA. 5

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caso tampoco el Estado Municipal, por eso tenemos algunos proyectos para ir llevando adelante el trabajo en conjunto con la provincia, que es la policía de proximidad”. El actual senador provincial y ex intendente de Rosario presentó con mucha fuerza el proyecto de policía de proximidad7, la contracara de la moneda es la disociación de Tognoli del espacio político en tanto funcionario designado. Considerar la cuestión de la (in)seguridad como cuestión de Estado pareciera no deslindar de responsabilidades a los vecinos, que como hemos dicho al comienzo y como veremos más adelante se constituirían en pieza fundamental para la implementación del proyecto de policía de proximidad. En el marco de la campaña del año pasado, Cappiello menciona como proyecto prioritario la policía de proximidad (proyecto presentado por el senador provincial Miguel Lifschitz), principal argumento de campaña del FPCS para las elecciones de agosto pasado (de 2013) en materia de seguridad, cuya originalidad radicaría en los siguientes elementos: por un lado la selectividad del espacio para su creación (los barrios) y por otro la participación de las instituciones allí ancladas como principales representantes del criterio de comunidad y normalidad sobre los cuáles se proyecta la situación ideal a alcanzar constituyéndose en la fuente principal del diagnóstico en la construcción del problema que aqueja al barrio, sobre el que luego se intervendrá. En este sentido, consideramos oportuno traer al análisis algunas reflexiones de Green (2006) sobre la policía de proximidad, que si bien está observando el escenario norteamericano, nos sirven para mirar nuestro contexto: “Las promesas de la policía de proximidad son muchas: el incremento de la capacidad de las comunidades de resistir y prevenir el delito y el desorden social; la creación de una relación más armoniosa entre policía y ciudadanos que incluya algún poder compartido en el diseño de la política policial y las prioridades tácticas; la reestructuración del servicio policial conectándolo con otros servicios municipales; la reforma del modelo de organización policial; y, finalmente, la creación de funciones más complejas y más amplias para el agente de policía. Se considera que este nuevo estilo policial crea agentes de policía más comprometidos, más analíticos y con poderes más amplios, además de jerarquías policiales horizontales, y también que abre el proceso de justicia local a aquéllos que con frecuencia son objeto de las decisiones judiciales. Este cambio también convierte en objetivo principal la prevención del crimen, por encima de la represión del mismo” (2006:351). Como mencionábamos, la propuesta del FPCS y específicamente el proyecto presentado por Lifschitz consiste en la implementación de la policía de proximidad8 buscando generar una innovación en la organización, estrategias y prácticas policiales en la Provincia de Santa Fe a partir de la creación de 7

Para ampliar sobre el proyecto ver: http://miguellifschitz.com/pdf/71/Descargar-el-Proyecto.pdf. Disponible en internet al 07/04/2014. 8 José María Rico (1998:183) explica las diversas estrategias que implica desarrollar la policía de proximidad, muchas de las que menciona el autor son coincidentes con las que plantea este proyecto del FPCS. Algunas de ellas: a) comenzar con experiencias piloto conjuntas (policía- comunidad) en algunas zonas o barrios seleccionados; b) conseguir la colaboración de los organismos sociales existentes en la zona o en el barrio, c) establecer contactos con los grupos con los grupos comunitarios para, conjuntamente, identificar problemas y elaborar soluciones, d) patrullar a pie la zona (…), e)organizar y llevar a cabo programas preventivos, tales como información sobre medidas preventivas, visitas a diversas instituciones (escuelas, colegios, comercios, residencias) (…).

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Unidades Especiales de Acción Local para trabajar en territorios urbanos de alta complejidad social y delictiva, en todas las ciudades con una población mayor de 70000 habitantes9, como nuevos cuerpos profesionales y especializados, que no sólo, no reemplazaría a las fuerzas existentes, sino que además se trataría de una fuerza especial al mando de la Unidad Regional II de Policía (en el caso de los primeros barrios abordados). Contarán con 60 efectivos, recién egresados, a razón de uno cada tres o cuatro manzanas y vestirán el mismo uniforme y armamento que la policía de la Provincia. "Será una policía que prevenga el delito, analizando las realidades de cada barrio, calificando el uso de la fuerza. Prevenir antes que reprimir es el objetivo de la nueva policía", aseguró el secretario de Seguridad Pública Matías Drivet10. El patrullaje será a pie, cercano, con policías que no tendrán un cumplimiento de horario de trabajo estricto, con fuertes lazos de comunicación con los vecinos y las instituciones en la tarea de prevención de los conflictos y de identificación anticipada de los problemas. En este sentido, dice Lifschitz en ocasión de presentar dicho proyecto en la legislatura provincial: "Se necesita una policía de investigaciones que no tenemos, una policía de proximidad que no tenemos, que esté abocada exclusivamente a la tarea de patrullaje, al contacto con el vecino, de trabajo con el ciudadano, con el comerciante, con las instituciones vecinales, que conozca la realidad del barrio, del territorio, que establezca lazos y vínculos de confianza personal con los vecinos. Como era la policía de antaño, que a veces añoramos. Lógicamente que aquello ya no puede volver, pero hoy tenemos que pensar una policía muy cerca de la gente"11. Los policías no trabajarían sobre el conflicto desatado sino que la estrategia será preventiva, en una tarea transversal con la comisaría del barrio, pero en forma conjunta. La idea es que cada hombre se integre al trabajo de la comisaría del lugar, pero sin depender de ese comisario, sino que se va a reportar a una Dirección Central provincial que se va a crear desde la Policía Comunitaria y de cada Unidad Regional donde se implemente el sistema. Se aboga desde la creación de la policía de proximidad que "Es indispensable tener cuerpos de policías más profesionales y con más especificidad en su tarea"12. Siguiendo a Green, las buenas intenciones sobre las que se asientan los argumentos para la implementación de la policía de proximidad “tienen dos orígenes o fuentes. En primer lugar, a una gran parte del cambio producido de la policía tradicional a la policía de proximidad puede seguírsele la pista a través de una larga historia de intentos de reforma para lograr una policía más civilizada y legalmente responsable. En segundo lugar, gran parte del énfasis en la policía de proximidad pretende hacer a la policía más eficaz en la lucha contra el delito y el desorden en las comunidades y, al mismo tiempo, eliminar las críticas sobre su ineficacia, ineficiencia e insensibilidad, que se remontan atrás en el tiempo” (Green: 2006: 353). La idea fuerza del proyecto de policía de proximidad del FPCS es la generación de alternativas de solución antes de que estalle el problema, pensar en el origen de los conflictos antes que se desaten, una

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Lo mencionado da cuenta de que la propuesta de policía de proximidad conforma un proyecto que se piensa extensivamente y no sólo limitada a la ciudad de Rosario, sino que se podría pensar a todas las ciudades que tengan más de 70.000 habitantes 9. 10 En: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-38967-2013-05-21.html 11 Para ampliar ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-39054-2013-05-27.html. 12 En: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-39054-2013-05-27.html

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labor diagnóstica antes que represiva. El objetivo es jerarquizar el área de prevención, convivencia y seguridad. Mónica Fein agrega: “Un personal que no estaría en la comisaría sino en la calle, que no tendría a su cargo presos sino instituciones con las cuales dialogar y centros comerciales con los cuales trabajar”13. Lo que resulta también válido de destacar es el papel prioritario que se le da al gobierno local es relación al funcionamiento de ésta policía. En este sentido, el documento que presenta Lifschitz 14 plantea que “Además de innovar en la manera de estructurar esta iniciativa de cambio policial, apelando a un rol activo del gobierno local, como socio fundamental de la Policial de la Provincia de Santa Fe, en la puesta en marcha y en el control externo de estas Unidades Especiales y planteando un rol fundamental de la autoridad política provincial, tanto en la configuración éstas Unidades Especiales como en su evaluación periódica a través de procesos formales” (página 7 – 8). Sumado a esto, la participación de los ciudadanos, deviene un aspecto nodal de la puesta en marcha de la policía de proximidad, según este documento. En este sentido, en el mes de marzo de 2014 la intendenta de Rosario y el ministro de seguridad provincial firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones para con la finalidad de convocar, seleccionar y formar agentes para completar las 500 vacantes con especialización en Policía Comunitaria destinadas a la ciudad de Rosario para comenzar a desempeñar la fuerza en el mes de abril de 2014. En ese mismo acto, Fein recordó que los primeros barrios en los que se implementará la Policía Comunitaria serán Las Flores, La Granada y 17 de Agosto15. Por su parte, el ministro destacó que la policía comunitaria “No se trata de un grupo de elite, sino de un policía de cercanía, involucrado con la sociedad y en conocimiento del territorio, con diálogo con los vecinos y las instituciones. Creemos que hay que generar confianza en el personal policial”. Consideramos junto con otros autores (Daroqui, 2012; Rangugni, 2009) que las fuerzas policiales establecen con la sociedad un vínculo de tipo socio – punitivo. Discursivamente la policía de proximidad siempre se presenta en relación al mejoramiento de los índices de integración social y otros elementos en materias de seguridad, tal como la misma intendenta, Mónica Fein, lo manifiesta: “Creo que hay mucho por hacer por la seguridad, además de la policía, además de las cámaras de videovigilancia y los patrulleros"16. Gabriel Ganon (1999) aporta algunos elementos para comprender este proyecto: “se convierte al trabajo policial en un trabajo de toda la comunidad para hacer el gobierno mejor, más pequeño y más cerca de casa. Esto no implica obviamente un cambio en el poder regulatorio, sino solamente pretende que la comunidad colabore con las predeterminadas pautas ejecutivas y normativas del trabajo policial… Entonces se comparten “objetivos construidos” y a la par se transfiere la responsabilidad del Estado hacia las comunidades locales”. En vinculación con la policía de proximidad en materia de seguridad, habría dos señalamientos importantes, en el marco de cuáles serían las innovaciones que supone la aplicación de este proyecto. En 13

Artículo completo en: http://www.notiexpress.com.ar/contentFront/rosa-policiales-4/en-septiembre-dos-barrios-tendranpolicia-de-proximidad--170170.html 14 Para ampliar ver: http://miguellifschitz.com/pdf/71/Descargar-el-Proyecto.pdf. 15 Par ampliar, ver: http://www.rosario.gov.ar/sitio/noticias/buscar.do?accion=verNoticia&id=32153. Disponible en internet al 07/04/2014. 16 En: http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/Fein-adelanto-que-en-septiembre-haran-una-prueba-de-la-policia-de-proximidad20130520-0061.html

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primer lugar la labor diagnóstica preventiva, que tal como hemos señalado difícilmente pueda ser llevado adelante por uniformados cuya formación es idéntica a la de quienes ya se encuentran en actividad y que como ya ha sido estudiado difícilmente escapan a la tradición represiva de la institución en su conjunto. Sin embargo el diagnóstico del espacio breve de tres o cuatro manzanas, que supone el proyecto, permitiría alcanzar resultados positivos en materias de prevención. Ambos argumentos pierden valor desde el punto de vista que intentamos promover, la (in)seguridad como construcción, donde la policía de proximidad relevaría el territorio en busca de herramientas preventivas (siempre hablando del delito urbano menor) sin cuestionar su matriz de apreciación, es decir, su propio mecanismo de construcción en tanto integrante de una fuerza que tiene su propia racionalidad productiva y reproductiva. Aún a pesar de que los uniformados que se dediquen a estas tareas serán egresados de la tecnicatura. A su vez, la participación de las instituciones religiosas y deportivas media en la producción de conocimiento sobre la realidad barrial a modo de empresarios morales (Becker: 1971), reproduciendo discursos de normalidad a la vez que serían las encargadas de señalar la conducta irregular. Aquí también vemos una recuperación de la idea de seguridad comunitaria donde los propios ciudadanos serían gestores de su propia seguridad. Como mencionábamos más arriba, en el documento que operó como proyecto de ley de la policía de proximidad, se destaca que el alto valor que tiene la participación ciudadana en el terreno de las políticas de seguridad y que se constituya en una participación diferente a la participación que se ha propiciado en vinculación con otras prácticas, como la convocatoria a conformar las “alarmas comunitarias” o la participación en foros, juntas y asambleas, que no han surtido efectos interesantes, sino más bien indeseados e imprevistos. Entonces, se plantea la creación de un Concejo Ciudadano de Control de la Actividad Policial en cada una de las áreas urbanas en las que se desplieguen las Unidades Especiales. Este Consejo Ciudadano, estará conformado por residentes que serán elegidos popularmente a través de un proceso organizado por el área específica del Gobierno Municipal que se encargue de éste problema. La posición de miembro no será ad-honorem, durará dos años, sin preverse reelección. Este Concejo oficiará de control externo del funcionamiento de las Unidades Especiales de Acción Local, ya que recibirá quejas y denuncias por un lado y por el otro lado, se encargará de consultar a los residentes sobre el accionar de los funcionarios de las Unidades Especiales. Si bien consideramos que existe una lógica diferente en el planteamiento de la policía de proximidad en este punto, la duda siempre aparece en virtud del peligro que se genera utilizar a la participación y a los mecanismos democráticos para legitimar posibles acciones de vigilancia, de persecución, de control social y de criminalización hacia los sectores más humildes o portadores de estereotipos, claramente violatorias de los derechos humanos. En el marco del proyecto que estamos analizando, la “confianza” deviene un elemento indispensable para lograr una ciudad más segura que ubica en la policía a la encargada de restituir dicha sensación por ser la institución por antonomasia portadora, para el aplastante sentido común, de “seguridad”. Esto, a su vez, implica una revalorización de la institución policial, que en el mismo momento 9

en que oculta las prácticas delictivas en las que se ha visto involucrada, renueva las esperanzas en que la creación de una nueva policía estaría exenta de ellas. A modo de conclusión La creación de una policía de proximidad17, que busca acercar la policía al vecino, supone una estrategia de policialización que genera de cada vecino un policía y de cada policía un vecino, basado en la moralidad de una relación confiable y cómplice. “La asociación (el partenariado) es el lema de la policía de proximidad” nos dice Green (2006: 363). Los ojos de los vecinos apuntan, de esta manera, a todas las direcciones para detectar comportamientos sospechosos recurrentes, fisonomías extrañas, conductas desviadas. Estos datos se acopian figuras de un sujeto que porta inseguridades. En otras palabras conforman cómo se ve un delincuente, cómo se ve un delito. De manera que, la policía, próxima a los vecinos y nutrida de la información que ellos le brindan (quiénes pertenecen al barrio y quiénes no, quién merodea, quién es sospechoso o potencial peligroso, etc.), y a la vez sirviendo de informantes para la sociedad (recomendando cuáles son los corredores seguros de un barrio, cuáles son las horas más seguras para transitar, cómo llevar un bolso, de quién cuidarse, etc.) contribuiría a prevenir el delito en lugar de reprimirlo. En este sentido coincidimos con Valverde y Levi (2006) cuando sostienen que “la comunidad está siendo construida y movilizada muy activamente en los esfuerzos por generar “protección” y “seguridad”, los cuales presuponen que la policía pública tiene una función limitada y que la sociedad civil necesita volverse activa en su propia vigilancia” (Valverde y Levi, 2006: 22). De esta forma se facilita la construcción de un sentido comunitario en función de la (in)seguridad, activándose conductas policiales como la vigilancia, la denuncia y la transmisión de información por parte de los vecinos. Los lazos comunitarios que se realzan al hablar de “vecino” se relacionan con una serie de virtudes civiles como el pago de impuestos, un trabajo decente, una buena familia y casa propia. “Si bien el término “comunidad” tiene connotaciones de pertenencia e inclusión, en la práctica la comunidad usualmente se constituye mediante la exclusión” (Valverde y Levi, 2006, 22). Dicha exclusión operaría criminalizando ciertas incivilidades, actitudes que se creen sospechosas, y todo aquello que constituiría un peligro, vale decir, que constituiría inseguridad. En el marco de la dinámica de construcción de un “nosotros”, al cual habría que cuidar; frente a un “otros” que se constituye en la acechante amenaza de (in) seguridad, la policía de proximidad tendría dos funciones: en cuanto al primer grupo, la lógica prioritaria se vincula con el control social que se ejercería fundamentalmente hacia los miembros de la comunidad (control de sus rutinas, vigilancia y normalización de ciertos patrones de comportamientos, horarios de entrada y salida de sus casas, etc.), así como también hacia los que no lo son parte de la misma.

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Una de las acepciones de la palabra proximidad hace referencia a una persona semejante a las demás y unido moralmente por esa naturaleza común.

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En cuanto al segundo grupo, “los otros”, los depositarios de las múltiples amenazas, la policía de proximidad actuaría bajo una lógica más cercana a la exclusión social, impidiendo que se acerquen, que convivan, que compartan un espacio común en la comunidad, en la medida en que de ésta manera se garantizaría la seguridad de los primeros. “En ese contexto de exclusión social producida por el mercado de trabajo, la criminalidad y las penas adoptan un marcado perfil de exclusión: no se trata ya de la integración, de todas maneras inalcanzable, sino de fijar límites con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los excluidos, a los otros. Ya que se ha abandonado a la integración como objetivo, se refuerza la prevención, sea usando técnicas de vigilancia y control, o a través de medidas represivas contra grupos que a priori se consideran peligrosos: hombres jóvenes, hombres de clases sociales bajas (…)” (Stanley: 2001: 242). El peligro, la trampa que notamos en esta estrategia es la utilización de la comunidad, vale decir de “los vecinos respetables” (bajo la idea de participación) para que presten su legitimidad y su conformidad en la continuidad de las más rancias maneras de actuación policial violentas o de permanente criminalización contra el enemigo de siempre, los “sospechosos de siempre”. Por esto es que consideramos necesario, al menos sospechar, de las permanentes alusiones, cuando se habla de estrategias de prevención comunitaria del delito, a la participación, a la eficiencia y eficacia del accionar policial, a la confianza y cercanía de ésta con los “vecinos”, en la medida en que creemos, tergiversan sus sentidos, haciendo cómplices a éstos de su histórico accionar violatorio de los derechos humanos. La policía siempre debe ser entendida y relacionada con las diversas racionalidades gubernamentales que imperan, en este caso, la que se vincula con la ratio neoliberal. Por último, en un contexto provincial caracterizado por el desprestigio de las fuerzas de seguridad, la apuesta al control político de la policía apunta a promover una función originaria que, producto de su autogobierno, habría sido corrompida. El control político y la descentralización en términos de municipalización, serían la rúbrica y el bálsamo que legitimaría la reedición de una institución que en innumerables ocasiones muestra la vigencia en sus prácticas del ejercicio de la tortura, vejaciones y violaciones constantes a los derechos humanos de los más humildes. Comenzamos nuestra reflexión preguntándonos si esta propuesta de policía de proximidad o policía comunitaria como los mismos impulsores la llaman se constituía en una estrategia política de intervención innovadora. Nuestra respuesta a este interrogante no puede adelantarse a su implementación, pero no podemos dejar de vincular esta propuesta con el relativamente conocido “Enfoque de las ventanas rotas” propulsado por la derecha criminológica en la década del 70 en Estado Unidos, cuyos exponentes era Wilson y Kelling (2001). Esta perspectiva se constituyó en una respuesta frente al creciente número de delitos que se registraba en aquel país por entonces. La estrategia fue sacar a los policías de sus patrulleros y proponer una policía de a pie, que estuviera cerca de los vecinos, accesible para denunciar, próxima para pedirle ayuda en el caso de que algún vecino sufra un delito, que recorra las calles de los barrios. Como consecuencia de su implementación, al cabo de 5 años, y tras evaluaciones de este sentido, se concluyó que si bien la tasa de delitos no había disminuido sino por el contrario, habían aumentado, los residentes de los barrios donde se implementó la policía de proximidad se experimentaban sensaciones de mayor seguridad.

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La estrategia apuntaba a hacer sentir más seguros a los vecinos, al mismo tiempo que operaba, activando una especie de higienismo social, en la medida en que se ponía el acento en alejar, retirar y sacar de la vista de los residentes de estos barrios a personas que o bien mendigaban, o eran vendedores ambulantes o bien eran jóvenes que se reunían en la esquina a tomar una cerveza, mediante un accionar netamente criminalizatorio, cuando a priori la mayoría de éstos comportamientos no deportaban un delito tipificado. Esta manera de construir “seguridad”, busca construir lugares ordenados, limpios socialmente y situacionalmente, criminalizando a la pobreza, al trabajo precarizado, a los individuos que portan las características del estereotipo de delincuente peligroso. Si bien, no hacemos el paralelo directo y lineal entre “El enfoque de las ventanas rotas” y el actual proyecto de “Policía de proximidad” impulsado por el FPCS, advertimos que ciertos aspectos, al menos en la manera de denominar, en la forma de detectar y construir el problema, en los barrios en donde se desplegará el proyecto; se rozan detectando cierta familiaridad en sus postulados. El desafío está planteado, los peligros de criminalización de la pobreza también, la vigilancia permanente sobre las rutinas de la población está presente, la necesidad de “seguridad” está implantada y encarnizada, el miedo al delito callejero se hegemonizó como principal problema y la policía de proximidad se erige como el protagonista para devolver confianza y paz a los vecinos que habitan los barrios donde se implementará. Nos preguntamos entonces si son nuevas estrategias para cambiar una situación que siempre apunta a los mismos como sospechosos (a los varones, jóvenes y pobres), si anuncian el “como si” de cambiar un estado deficiente de cosas, para no cambiar nada y para no enfrentar y desactivar la connivencia policial, judicial y política con el delito organizado. Bibliografía BECKER, Howard, Los Extraños. Sociología de la Desviación. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971. BROGDEN, M. y SHEARING, C, (1993) Policing for a new South Africa, Routledge, London. CASTEL, R., (2011) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial. CRAWFORD, A., (1997) The Local Governance of Crime: Appeals to Community and Partnerships. Clarendon Press, Oxford. DAMMERT, L. (2003) “Participación comunitaria en prevención del delito en América Latina ¿De qué participación hablamos?” en Revista Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Año 12, N° 18-19, Buenos Aires – Santa Fe, pp. 125-158. DAROQUI. A., LÓPEZ A. L. Y GARCÍA R. (2012): “Sujeto de castigo. Hacia una sociología penal juvenil”. Homo Sapiens Ediciones. Rosario.

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