La Participación Electrónica del Ciudadano Administrado

La participación electrónica del ciudadano administrado.

Rubén J. Fernández Vela

La complejidad de los asuntos públicos hace que la mejor forma para resolverlos sea contar con todos los agentes implicados, entre los que los ciudadanos destacan como uno de los principales. Como explica U. Beck, “(...) políticamente hablando, es mucho más responsable y democrático incorporar a una ciudadanía, cada vez más formada y competente, si de verdad queremos gobernar con soltura y tino (...)” Así, una verdadera participación ciudadana en los asuntos de la administración puede convertirse en uno de los mejores remedios para combatir y cambiar el momento actual, no solo de dificultad económica sino, también, de escepticismo e incredulidad fruto de la desconfianza sobre las instituciones que nos representan. El concepto de “Administración Pública” resulta bastante impreciso al comprender a todas las organizaciones que tienen una función administrativa del Estado. La Constitución contempla una Administración que se desglosa en tres niveles: estatal, autonómico y local. En este último nivel y gracias a las competencias transferidas a los municipios es donde, como ciudadanos, quedamos integrados en su comunidad organizada, somos miembros de ese lugar haciéndonos titulares de responsabilidades y derechos sobre el entorno que lo delimita. Por tanto, se nos debería incentivar y motivar a participar y hacernos sentir implicados. Por supuesto, otorgándonos los medios apropiados, no solo para ello, sino también para que veamos que existe una respuesta por parte de la administración a nuestras acciones, pudiendo comprobar que han sido tenidas en cuenta y han servido para cambiar o mejorar las cosas. Pero del deber al haber hay un abismo. El problema de la Administración, en los tres niveles, es la absoluta falta de cercanía hacia sus administrados, siendo inexistente un diálogo que es necesario y debe ser constante, teniendo como resultado la unilateralidad de las administraciones a la hora de tomar las decisiones. El único punto de conexión entre ciudadanos y Administración se produce cada mil cuatrocientos sesenta días, esto es, cada cuatro años momento en el que ejercen su derecho al voto. ¿Puede el abismo entre administradores y administrados ser eliminado? Sí. Gracias a Internet, la Web, entendida como su servicio estrella, y las Redes Sociales, que pueden hacer que los canales de comunicación entre la ciudadanía y la Administración se conviertan en más fluidos y la participación sea la manera más natural, sencilla y continuada para todos los agentes implicados. Esta forma de estructurar las relaciones de la Administración-Gobierno con los ciudadanos se conoce como Gobierno Abierto (Open Government). Se trata de administrar y gobernar mediante canales directos entre ciudadanos y administración gracias a Internet. Con esta solución, se consigue un acercamiento de la administración a los ciudadanos -y viceversa- dotándose a éstos de fórmulas de control, participación, toma de decisiones y otros mecanismos en relación a las acciones del Gobierno. De esta manera se hace real el concepto de democracia, gobernar entre todos, sintiéndose cada ciudadano parte de su entorno gracias a ser parte de la administración del mismo.

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Es en el ámbito local donde este modelo de Administración permite obtener una mayor vinculación relacional. Se pueden observar hasta tres tipos de “relaciones virtuales” con los ciudadanos: una informativa de la actividad municipal, otra instrumental en la que se incluyen las relaciones sobre los trámites con los ciudadanos y, finalmente, una relación de coproducción entre ciudadano y administración. La pregunta ahora es, ¿Cómo alcanzar esos niveles de relación y que, además, resulten efectivos? La Administración debe, en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas realizar una serie de acciones que le permitan, por un lado, mejorar la relación del gobierno con los ciudadanos en la prestación de servicios, facilitando el acceso a las distintas áreas públicas a través de los canales electrónicos, garantizando un acceso seguro a los ciudadanos y volcando los servicios de la Administración en los distintos entornos y plataformas digitales. Por otro lado, será necesaria una renovación de la gestión interna de los Ayuntamientos, diseñando, en su rutina administrativa, fórmulas de integración de los distintos canales de comunicación digital para la tramitación de los procesos internos, desarrollo e implantación de políticas públicas y gestión de los servicios. Finalmente, será esencial fomentar formas de la participación democrática directa, incrementando el grado de implicación ciudadana en la discusión, debate y participación en procesos de decisión de los asuntos que les conciernen, aumentando la transparencia de la acción pública. Como nueva ágora del siglo XXI, la Web, a través de su enorme potencial, puede elevar los niveles de democracia directa, revitalizándola, convirtiendo a los ciudadanos en agentes activos, responsables y co-constructores de la sociedad a la que pertenecen.

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