LA OEA Y LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Fernando Álvarez Simán*
[email protected]
El hombre pasa su vida en razonar sobre el pasado, quejarse de lo presente
y en temblar por lo venidero
- Ricarol
La Declaración de Florida, resultado de la recién Asamblea de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) con un muy atractivo lema:
"Hacer realidad los beneficios de la democracia", sin que muchos aún se
hayan dado cuenta, le otorga al Secretario General atribuciones que le
permitirían ir del monitoreo al derecho de injerencia. Tal objetivo
genérico plantea de inmediato dos interrogantes: ¿cuáles serán esos
beneficios y cómo lograrlos?
En adelante, entre otras atribuciones por el mismo orden, el Secretario
General una vez consultado el Consejo Permanente formulará iniciativas para
hacerle frente a situaciones capaces de afectar el buen funcionamiento de
las instituciones democráticas de los países de la región. Dicho esto,
enseguida saltan los oponentes a la noción de derecho de injerencia, los
cuales son principalmente los Estados mismos puesto que el derecho de
injerencia no es más que una ficción jurídica creada con la finalidad de
reducir las soberanías de otros estados.
La historia de dicho derecho comenzó en 1979 cuando el filósofo Jean
François Revel utilizó la expresión "deber de injerencia" la cual fue luego
tomada por su colega Bernard-Henry Levi en favor del oprimido pueblo de
Camboya. Pero el término "derecho de injerencia" fue por primera vez
formulado en 1988 por el abogado Mario Bettati y el médico Bernard
Kourchner. La propuesta inmediatamente obtuvo el apoyo de los medios y las
acciones llevadas adelante por sus propios promotores (Kouchner, como
fundador de Médicos Sin Fronteras) hicieron que el derecho de injerencia
obtuviera una verdadera legitimidad.
Llama la atención que en la OEA, precisamente durante la década de los
ochenta -la perdida para el desarrollo pero ganada para la democratización-
el tema de la promoción de la democracia adquirió importancia central, como
se evidencia el Protocolo de Cartagena (1985) que incluyó como propósito
fundamental de la organización el de "Promover y consolidar la democracia
representativa con debido respeto al principio de no intervención".
La creación de una "Unidad para la promoción de la Democracia" en 1990
constituyó un paso concreto para apoyar la defensa y consolidación de la
democracia, a partir de una concepción que procura desde entonces
considerar a la promoción de la democracia y la defensa de sus valores, sus
instituciones y sus procedimientos "...bajo una perspectiva mucho más
proactiva, con medidas preventivas en vez de acciones remediales, ayudando
de esta manera a mejorar la gobernabilidad y las condiciones políticas
generales.
Es interesante destacar cómo a mediados de 1991 el "Compromiso de Santiago
de Chile" (Resolución 1080) estableció procedimientos para la defensa de la
democracia, aun cuando ya sus treinta y cuatro miembros tenían gobiernos
elegidos democráticamente. Poco después eventos en Haití (1991), Venezuela
(1992)2, Perú (1992), y Guatemala (1993), y más recientemente Paraguay
(1996) darían la razón a quienes impulsaron -Venezuela entre ellos, con
apoyo regional sin precedente- un viejo tema, desde una nueva perspectiva.
En 1994 la Cumbre de las Americas, en Miami, reunió a 34 Jefes de Estado y
Gobierno, quienes asumieron la preservación y el fortalecimiento de la
democracia como requisito indispensable para la paz, el desarrollo y la
estabilidad regional, planteando que "El fortalecimiento, el ejercicio
efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad
política fundamental para las Americas. A la OEA se la definió como el
principal organismo hemisférico para la defensa de los valores y de las
instituciones democráticas. Es quizá esa presencia constante del tema en la
agenda interamericana -aún durante los más oscuros períodos de gobiernos
autoritarios, y muchas veces en referencia a traumáticas intervenciones y
omisiones estadounidenses- lo que puede llevarnos a pensar la promoción de
la democracia como una especie de repetición de las instituciones que han
intentado promover y consolidar.
Estas líneas apuntan a argumentar que necesitamos analizar desde una nueva
perspectiva el problema de la promoción de democracia y de las
instituciones y medios que la impulsan, cuya relevancia y complejidad han
aumentado desde mediados de la década pasada.
Así las cosas, con la llegada del llamado nuevo orden mundial; democracia,
estado de derecho y respeto de los derechos humanos, pasaron a ser asuntos
de primer orden. Dentro de ese nuevo precepto, tanto en México como en
centro y Sudamérica las dictaduras fueron desapareciendo del mapa y en su
lugar resurgieron regímenes democráticos prácticamente en todo el
continente, a excepción de Cuba. Dicho nuevo orden exige que las nuevas
democracias deben fortalecerse y las llamadas democracias estables no solo
deben apoyarse en una alternancia basada en elecciones creíbles, sino
igualmente en instituciones sanas y sólidas.
Por ultimo el éxito de los programas de reforma económica depende cada vez
más de la capacidad de generar y sustentarse en procedimientos e
instituciones democráticas. Muy rápidamente se transita hacia la etapa de
la consolidación de las reformas. Ésta es mucho más difícil pues implica
reformas institucionales que, resumidamente, consisten ya no sólo en la
reducción del Estado a través de diversidad de medidas que pueden operar
por decreto (privatizaciones, congelamiento y reducción de cargos públicos,
eliminación de subsidios, entre otras), en cambio, obligan al
fortalecimiento del Estado en áreas en las que su acción eficiente es clave
(educación, justicia, seguridad social y personal, defensa y relaciones
exteriores) y la transformación de sus relaciones con la sociedad a través
de medidas que promuevan el fortalecimiento de la vida con asociación y de
los canales de comunicación sociopolítica.
A pesar de sensibles avances en América Latina a nivel macroeconómico, 240
millones de pobres aun habitan nuestro continente y de ellos, casi cien
millones sobreviven en condiciones de pobreza extrema. En tales
condiciones, la calidad de vida es simplemente inexistente y, en
consecuencia, la calidad de la democracia es sencillamente precaria y, su
suerte, incierta. De manera que no habrá estabilidad política en la región,
mientras pervivan tan altos índices de desigualdad social. Si no
enfrentamos la pobreza con urgencia y determinación podría convertirse,
como de hecho se ha convertido, en el factor que más afecta la estabilidad
política en la región. Los países del hemisferio tenemos que enfrentar las
amenazas contra la democracia. Para que ésta sea auténtica, deben
garantizarse no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los
económicos, sociales y culturales. La democracia y la pobreza son
incompatibles. Los Derechos Humanos, que en esencia se resumen en una vida
digna, son la esencia de la democracia. Donde se padezcan calamidades como
el hambre y la miseria, la democracia está en tela de juicio y los derechos
humanos resultan una ficción. Las desigualdades sociales y económicas
desestabilizan la democracia y comprometen su legitimidad.
La "tercera ola" de democratización mundial -siguiendo al ya bien conocido
planteamiento de Samuel Huntington- alcanzó en su sentido muy específico a
toda América Latina durante la década de 1980. De modo que llegaron a ser
democráticos aquellos países cuyos líderes gubernamentales más importantes
comenzaron a ser elegidos a través de elecciones justas, honestas y
periódicas, en las que los candidatos compitieron libremente por los votos,
y en las que virtualmente toda la población adulta tuvo el derecho a
participar.
Una primera consideración sobre la significación presente de la promoción
democrática deriva de que la ola de elecciones más o menos libres, abiertas
y competitivas que cubrió a Latinoamérica planteó a un nivel mayor de
complejidad el problema de la promoción de la democracia, en el que hoy se
combinan los dos retos señalados por Alain Touraine en un trabajo reciente:
"La democracia debe combatir el poder absoluto, el del despotismo militar y
el del partido totalitario, pero también debe poner límites a un
individualismo extremo que podría divorciar por completo la sociedad civil
y la sociedad política. Entonces, en el segundo frente es imperativo
construir las relaciones entre la sociedad civil y la política, entre la
sociedad y el Estado, entre lo privado y lo público, entre lo individual y
lo colectivo.
En conclusión, la OEA debe ser un organismo promotor de la democracia y no
un órgano interventor en los asuntos internos de nuestros países. Ahí están
las Metas del Milenio planteadas en la Organización de las Naciones Unidas,
como un enorme, pero hermoso desafío. Vamos a definir nuestras también
nuestras propias metas y el curso a seguir para su realización. Estaremos
colocando así la piedra angular para hacer del sueño democrático, una
robusta realidad. Lo cierto es que hoy el tema de la promoción de la
democracia tiene un significado distinto y una significación mayor a la que
tenía en el pasado. Ahora, cuando hay más consenso que nunca en nuestro
hemisferio y en el mundo acerca de las promesas de la estabilidad
democrática, hay desafíos más complejos para promoverla y consolidarla.
* Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas
