La modélica Transicion

LA MODÉLICA TRANSICIÓN. UNA GRAN MENTIRA José Luis Garrot Garrot A todos los caídos por la libertad

Introducción Una de las grandes mentiras de nuestra historia es mantener que la Transición política realizada entre los años 1976 y 1982 fue modélica, un ejemplo a seguir. Esta gran falacia, como intentaré demostrar en las páginas que siguen, aún hoy se sigue manteniendo en amplios sectores de la sociedad. En la actualidad el intentar contar la verdad de lo ocurrido en aquellos años –que además tienen Aún una incidencia directa en la actual situación socio-política de España- se encuentra con todo tipo de frenos por todos aquellos que, por interés político, prefieren que se siga manteniendo la imagen idílica que surgió de los pactos establecidos por prácticamente todas las fuerzas políticas que tenían algún protagonismo en aquella época. Una de las razones es para que no se conozca el verdadero pasado político de algunos líderes que han venido haciendo gala de sus esfuerzos por traer la democracia a nuestro país. Como dice Gregorio Morán: muchos no quieren revisar la Transición porque tendrían que revisar su propia vida. Esta afirmación podría aplicarse a muchos que dicen tener un pasado de militancia izquierdista. Para poder vanagloriarse de su pasado político, los hacedores de la Transición han recurrido sistemáticamente a la mentira. André Bazzana las resume acertadamente: a) Adolfo Suárez fue un gran negociador que convenció a los franquistas de la necesidad de la reforma, b) la clase política franquista convertida en demócratas, c) el ejemplo de la generosidad de la izquierda. La política del olvido ha intentado enterrar tres de los momentos más cruciales de la historia de España: la Segunda República, la Guerra Civil y la propia Transición. Se intenta hacer tabla rasa y apostar por el no meneallo; justificando su postura en aras de la convivencia. Hay que desactivar esa falaz estrategia, no sólo por mantenerse fiel a la verdad histórica, también, y sobre todo, por decencia. No puede dejarse en el olvido por respeto a todos los hombres y mujeres que durante la guerra civil y la lucha contra el franquismo dieron sus vidas para que en España existiera un régimen de libertades. Para poder entender el presente que vivimos tenemos que conocer el pasado, con estas premisas podremos elaborar un proyecto de futuro. ¿Cómo es posible que se hable de modélica, manteniendo que fue consensuada? Cuando supuso el mantenimiento del status económico y privilegiado de las clases dominantes, o se concede la amnistía política del franquismo. ¿Cómo se puede hablar de pacífica? Cuando durante el proceso hubo más de seiscientos muertos. No es de recibo considerar modélico un proceso en donde se intenta eliminar radicalmente la movilización popular, haciendo de las élites políticas los “héroes” de la Transición gracias a la prudencia y el

pragmatismo del que hicieron gala ¿Cómo se puede decir que no había otra posibilidad que la reforma, condenando a aquellos que pretendían realizar el cambio político mediante una ruptura total con el pasado franquista? Para los que quisieron romper toda ligazón con el pasado franquista la Transición no fue modélica. La Transición trajo unas consecuencias nefastas para la consolidación de una verdadera democracia: la despolitización social; el mantenimiento de estructuras franquistas en las instituciones; y un sistema electoral que pretendía, y lo consiguió, establecer un bipartidismo muy similar al de la Restauración; el que se mantuviera la influencia del poder económico sobre el político; el que los españoles no puedan elegir democráticamente a su Jefe de Estado, etc. Cuando se habla de una transición consensuada, se defiende otra gran mentira; unos lo mantienen para poder decir ¡veis como en el fondo éramos demócratas!, otros para seguir haciendo ver que realmente tuvieron protagonismo. Cuando uno de los interlocutores en el momento que le propone algo que no es de su agrado recurre para no aceptarlo al peligro de un levantamiento militar. En la Transición no hubo consenso, hubo miedo. La reforma se impuso. La reforma política vino impuesta desde el poder, cuando se comprobó que la Monarquía sólo podía perdurar en combinación con una cierta democracia, eso sí, lo suficientemente realista, como para, una vez acotado el terreno y marcadas las reglas del juego, integrar a la oposición (ORTIZ HERAS, 2004: 355). En Portugal se impuso una ruptura política que posibilitó una revolución social; en España se impuso una reforma que abortó cualquier posibilidad de que hubiera una transformación real de la sociedad. Una de las consecuencias de la reforma fue la desmovilización social. Para los que idearon el proceso esta era una condición ineludible para poder llevar a efecto sus planes. Unos planes ideados por las élites políticas, demostrando un total desprecio por los deseos de las masas populares. Se argumenta que no había un verdadero sentimiento rupturista entre la mayoría de la población –clase trabajadora y parte de las clases medias-. Este discurso queda desmentido por los cientos de movilizaciones, huelgas, actos reivindicativos, manifestaciones, llevadas a cabo por los ciudadanos; en muchos casos de forma totalmente autónoma, sin estar dirigidos por partidos o sindicatos. La táctica de desmovilizar al pueblo posibilitaba la total patrimonialización por parte del Estado y de la política por parte de los partidos. Ya en 1980, mentes lúcidas como la de Vidal-Beneyto clamaban por una vuelta a la movilización social como única manera de tomar el control por parte de la ciudadanía de las riendas de sus destino: Hay que volver a la trinchera de la ruptura, a la hora de la calle, del mundo del trabajo, de los grupos de base, de las luchas concretas, de la mayoría transparlamentaria, del pueblo en directo. Por como se hizo la Transición, hoy seguimos pidiendo lo mismo. En 2015 los ciudadanos seguimos siendo ninguneados por los poderes institucionales. De aquellos polvos, estos lodos. Entonces se abandonó la calle como foro de la lucha reivindicativa; esta acción trajo como consecuencia la

pérdida del poder por parte de la ciudadanía: Y en cuanto los individuos se retiran, por la fuerza de la persuasión, a la idioteia de su vida privada y dejan vía libre a sus gobernantes, la democracia se resiente y la ciudadanía se desinfla abriendo la puerta a que el poder devore la soberanía (ANDRÉ-BAZZANA: 226) Al quitar el protagonismo a la acción ciudadana se posibilita que el poder gobierne a su antojo, conculcando cualquier principio democrático. Como sucede en la actualidad con el gobierno del PP, y como sucedió con los anteriores. La Transición realizada entre 1976 y 1978 habría sido un proceso ajeno a la participación de los españoles; la “democracia de calidad” había sido sustituida por un sistema político que sólo es democrático en la forma, un sistema en cuyas reglas de juego hay suficientes mecanismo y posibilidades para que, en un momento dado, un determinado ejecutivo gobierne de forma autoritaria. (ALVAREZ TARDIO: 174) Desgraciadamente hay que dar la razón a los que mantienen que Franco lo dejó todo atado y bien atado; empezando por la designación de su sucesor en la jefatura del Estado. Un sucesor que presidió junto al dictador la última aparición pública de éste el 1 de octubre de 1975 en una manifestación convocada en contra de la respuesta internacional de repulsa por los últimos fusilamientos llevados a efecto el 27 de septiembre de ese mismo año; fusilamientos a los que Juan Carlos I no opuso la más mínima resistencia. La Transición fue dirigida por elementos del franquismo. La Ley de Reforma Política de diciembre de 1976 fue una imposición de los que aún se mantenían en el poder, sin contar en ningún momento con las fuerzas de la oposición. Posiblemente esta Ley hubiera sido aún más restrictiva si en noviembre no se hubiese producido una huelga que movilizó a más de un millón de trabajadores en demanda de un cambio político. Adolfo Suárez se negó siempre en rotundo a establecer un gobierno provisional consensuado con los grupos de la oposición –era uno de los mayores deseos de Santiago Carrillo-. Aún en nuestros días muchas prácticas franquistas siguen vigentes: nombramiento “digital” de altos cargos de las instituciones; elección del Tribunal Constitucional; elección de la dirección de RTVE; formación del Consejo del Poder Judicial, nombramiento por parte del Gobierno del Fiscal General del Estado, etc. Un ejemplo claro de la continuidad del franquismo durante la Transición es la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977. Conviene recordar algunos de sus artículos: Artículo Primero Quedan amnistiados: a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 a 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie un móvil de establecimiento de las libertades púbicas o de reivindicación de autonomía de los pueblos de España. Artículo Segundo En todo caso están comprendidos en la amnistía e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo y ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en la ley. f) Los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.1 Se puede afirmar con toda rotundidad que se amnistiaron a sí mismos. Es indignante que los verdugos del franquismo salieran impunes. Esto es el resultado de haber realizado una ruptura que hubiese supuesto desmantelar totalmente las estructuras policiales y jurídicas del franquismo. Como apunta el gran historiador Josep Fontana: […] no hay duda de que, de los tres participantes en el juego [rey, franquismo, izquierda], fueron la monarquía y los herederos del franquismo los ganadores iniciales de la transición. Las bases del poder social del franquismo siguen todavía incólumes, como lo demuestran los millones de votos que obtiene el Partido Popular (FONTANA, 2008) En donde si hubo un cierto consenso fue en la elaboración de la Ley Electoral y en los que serían los ponentes constitucionales. Y digo cierta porque solamente intervinieron UCD y PSOE. Mejor dicho la hizo UCD y “tragó” el PSOE. La ley electoral que se aprobó favorecía las provincias menos pobladas, que casualmente son las más conservadoras; por ejemplo a Madrid le corresponderían, según el censo de 1011, un diputado por cada 179.290 habitantes; a Barcelona, uno por cada 178.358; mientras que a Soria le corresponde uno por cada 46.110 habitantes. Esta Ley favorecía claramente el bipartidismo –por eso la aceptó el PSOE-, como ejemplo baste ver los resultados de las primeras elecciones democráticas: entre UCD y PSOE obtuvieron el 60% de los votos, a cambio ocuparon el 80% de los escaños. Para elaborar la lista de las personas que deberían elaborar la Constitución, UCD y PSOE pactaron que serían cinco los ponentes constitucionales, tres de UCD y dos del PSOE. Las protestas del resto de los partidos obligó a que el grupo se viera aumentado a siete con la inclusión del PCE, AP y los nacionalistas catalanes – a estos últimos le cedió uno de sus puestos el PSOE-. En las negociaciones para decidir quiénes serían los 1

Durante la discusión del anteproyecto de la Ley de Memoria Histórica, el PP pidió que se leyese esta ley antes de proceder a la votación. Como apunta Francisco Espinosa era como decir ¿no quedamos en que el pasado no existía porque fue borrado con el acuerdo de todos?

ponentes es curioso que el PSOE se negara en rotundo a que figura en la lista Enrique Tierno Galván, uno de los pocos constitucionalistas que había en el Congreso. Finalmente el curriculum de los “siete padres de la Constitución” refleja muy bien qué tipo de Constitución se quería elaborar: José Pedro Pérez Llorca (UCD), era letrado de las cortes franquistas Gabriel Cisneros (UCD), posteriormente se pasó al PP. Durante el franquismo había sido Delegado Nacional de la Juventud (1969-1972); Consejero Nacional de Cortes; redactor del discurso de Arias Navarro que se conoció como “el espíritu del 12 de febrero” Miguel Herrero de Miñón (UCD), como el anterior también se unió al PP. Con Franco había ostentado el cargo de letrado del Consejo de Estado. Gregorio Peces Barba (PSOE), posteriormente formó parte de la Asociación para la Defensa de la Transición, presidida por el torturador Andrés Cassinello. Miquel Roca (nacionalista catalán), abogado defensor de la infanta Cristina en el caso Nóos Jordi Solé Tura (PSUC), más tarde ingresó en el PSOE, siendo nombrado ministro de Cultura por Felipe González Manuel Fraga Iribarne (AP), con altos cargos durante el franquismo, como el de ministro de Información y Turismo2; vicepresidente y ministro de la Gobernación durante el primer gobierno tras la muerte de Franco3 (diciembre de 1975 a julio de 1976) Dos datos curiosos surgen de esta lista, primero el número de tránsfugas, y segundo que cuatro de los ponentes (Herrero, Peces Barba, Solé Tura y Fraga) estaban en el gobierno de coalición que presentó el general Armada a Tejero el 23-F4. Saquen ustedes las conclusiones, y entenderán porque tenemos la Constitución que tenemos. Pues a pesar de todo lo expuesto hasta ahora, y de lo que seguirá en las páginas siguientes; los hay que mantienen lo modélico de la Transición. Quizás lo más patético a este respecto es la asociación que crearon en 2007 un grupo de “ilustres” personajes de la Transición: la Asociación Para la Defensa de la Transición. Entre sus miembros figuraban Gregorio Peces Barba, Alfonso Guerra, Aurelio Delgado –cuñado de Adolfo Suárez-, Teodulfo Lagunero – el millonario que le proporcionó la peluca a Carrillo- y, pásmense, como presidente estaba Andrés Cassinello, un reconocido torturador. 2

En su etapa en el ministerio fue cuando se produjeron las últimas ejecuciones ordenadas por Franco, firmando el “enterado” 3

Durante su mandato ocurrieron los hechos de Vitoria

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Otro de los que estaba era Ramón Tamames, el más acérrimo defensor de los Pactos de la Moncloa.

Para cerrar esta introducción tomaré prestadas unas manifestaciones que le realizó Juan Carlos Monedero a Orencio Osuna: […] si la democracia fue tan maravillosa. ¿Por qué no hay una extrema derecha parlamentaria en España? ¿Por qué la cuestión territorial sigue generando tantísimos problemas? ¿Cómo es posible que la mitad del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional tenga posiciones más propias del antiguo régimen? ¿Por qué tenemos uno de los estados sociales más débiles de toda Europa? Memoria Histórica Durante la Transición se formuló un pacto de silencio y olvido. La futura democracia se debía asentar en no recordar el pasado, aduciendo la cínica justificación que todo era en aras de la “reconciliación nacional”. En definitiva era mantener el silencio que durante la dictadura franquista se impuso sobre la verdad de lo ocurrido durante la Guerra Civil. Se pusieron las bases para que el pasado no saliera jamás a la luz. Durante los años setenta y ochenta, y aún hoy, muchos archivos del Ejército, la Guardia Civil y la policía permanecen cerrados a la investigación o han sido directamente eliminados. La Ley de Amnistía es otra de las armas empleadas para establecer el silencio. No podemos olvidar que el término amnistía procede de la palabra griega amnesia, que significa olvido5. Y eso es lo que implantó la Transición, una amnesia colectiva sobre lo ocurrido en España desde 1931 a 1975. La amnistía se concede mediante el R. D. Ley 10/1976 de 30 de julio. Es chocante, por no llamarlo el mayor ejercicio de cinismo que se puede hacer, que en su artículo primero se lea: se concede amnistía para todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión […] en tanto no hayan puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas. Los múltiples asesinatos, torturas, violaciones, desapariciones ocurridas durante el franquismo no hicieron perder la vida a miles y miles de personas. En definitiva la ley de amnistía, que barrió de un plumazo todo lo ocurrido antes de diciembre de 1976, provocó el olvido y el silencio. Como dice el profesor Reig Tapia: El capítulo de la represión es la primera y fundamental página negra de la historia del franquismo. Por lo tanto, no puede sorprender en que se hagan los máximos esfuerzos en el sentido de que, dicha página, permanezca en blanco por parte de un Estado que, reconvirtiéndose, se ha sucedido a sí mismo. Este pacto de silencio se viene aplicando al propio proceso de la Transición. Entre otras cosas hay que ocultar las acciones y a las personas que pedían un cambio drástico, una ruptura en lugar de una reforma. Como diría José Bergamín se instauró la monarquía del chitón. Hay que silenciar la verdadera actuación de personajes como Juan Carlos I y Adolfo Suárez; se tiene que mantener que fueron los grandes artífices de la llegada de la democracia a España. Para mantener esta imagen a los historietadores, publicistas y juntaletras, se les une la producción de series televisivas como Cuéntame como pasó o documentales como 23-F el día más difícil del rey. Hay que olvidar, por ejemplo, el 5

Curiosamente su antónimo en griego no es memoria, sino verdad.

comunicado que emitió la Casa Real en 1978 en conmemoración del 18 de julio: Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de la regeneración. Sobran los comentarios. Los políticos tienen siempre otras prioridades técnicas o económicas, por eso conviene recordarle los versos de León Felipe y advertirles que la amnesia es una enfermedad que les puede llevar a la pérdida de la memoria y, lo que es peor, de la dignidad. (MARTÍN PELLIN: 63) Otra de las justificaciones utilizadas para sellar el pacto de silencio, es que no merecía la pena recordar n pasado del que todos fueron culpables. Que se ejerció la violencia por ambas partes, equiparando lo realizado en ambos bandos; ignorando así todas las investigaciones que demostrado que la ejercida por el bando franquista –que se prolongó durante cuarenta años- fue infinitamente mayor que la que se llevó a cabo en el bando republicano. Ignorando también que la República era el régimen legalmente instituido que los franquistas rompieron a sangre y fuego. El culmen de esta imagen de “todos iguales” se dio cuando en el desfile que se realizó el día de las Fuerzas Armadas en 2004 – ocupando la cartera de Defensa, José Bono-, se hizo que desfilaran juntos un miembro de las Brigadas Internacionales junto a un voluntario de la División Azul; de esta forma se ponía al mismo nivel a un defensor de las libertades con un defensor del nazismo. Lo vendieron como prueba de la reconciliación de los españoles. Una transición que hunde sus raíces en el principio de equidistancia de ambas partes, merecedores todas ellas de su desconsideración por igual (echar al olvido la tragedia del pasado) y soportando así una excepcionalidad vigente hoy solo en España; ser demócrata sin ser antifascista. (FORCADELL: 9) Pues a pesar de todo aún los hay que niegan que hubiera un pacto del olvido, y lo que es peor es que entre ellos se encuentran historiadores. Uno de ellos es Ricardo García Cárcel, no tiene el más mínimo pudor en afirmar: constituye un tópico inadmisible lo de la presunta memoria pactada. Es cierto que muchos hoy ignoran todo sobre Franco o sobre la Segunda República. Pero ello no es el producto de un olvido intencionado. La Transición no pactó el consenso de las dos España en el olvido, sino en el aprendizaje de la lección histórica: nunca más. Otro de los que mantienen esta vergonzosa posición historiográfica es Santos Juliá6, que niega una y otra vez que hubiera un pacto del olvido –también es uno de los mayores detractores de la exhumación de asesinados por los franquistas durante la Guerra Civil-. Las tesis de Santos Juliá han sido rebatidas por numerosos historiadores, siendo excepcional la crítica que realiza Francisco Espinosa en su artículo De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar. Tanto Santos Juliá como García Cárcel deberían explicar porque entonces se 6

Que es militante del PSOE

olvidan de juzgar a todos aquellos que cometieron asesinatos políticos durante el franquismo. El que se hizo para evitar otra guerra civil es una entelequia sin ninguna base firme en que apoyarse. Es cuanto menos chocante que hasta un personaje como Jiménez Losantos afirma categóricamente que en la Transición hubo un pacto de silencio. Por otro lado parece ser que el olvido solo se aplicó a los perdedores de la Guerra Civil. En 1978 aún se inauguraban estatuas en honor de Franco, porque los vencedores pueden recordar a sus “héroes” en el nombre de cientos de calles repartidas por toda la geografía española, o rendirles homenaje en estatuas como la de Calvo Sotelo en Madrid, o el valle de los Caídos. Los constantes obstáculos que se ponen a la recuperación de la memoria histórica, la descalificación que se hace de la misma, son un ejemplo más de que hay fuertes intereses en seguir manteniendo a los españoles en la ignorancia histórica. Como también es vergonzoso que en 2002 Alfonso Guerra y Felipe González escribieran artículos reivindicando la memoria histórica, cuando ellos mismos se encargaron de enterrarla durante su etapa de gobierno. Es indecente hablar de una Transición modélica, que mantuvo en el más ignominioso olvido a los más cien mil republicanos que aún permanecen enterrados en las cunetas y las tapias de los cementerios españoles. Pactos Aunque como hemos visto la Transición fue impuesta y no negociada si es cierto que hubo pactos; firmados y no firmados. Posiblemente el primero fue el se acordó entre el gobierno y los dos principales partidos de la oposición, en los que estos accedieron a que los partidos republicanos y los que venían denominándose de extrema izquierda no fueran legalizados hasta después de las elecciones del 15 de julio de 1977. Era una manera de hacer olvidar que en España hubo un periodo democrático representado por la Segunda República. Entre 1977 y 1988 existe una política pactada social y económica, que tiene como principal objetivo la desmovilización obrera y el acuerdo sobre el desarrollo económico a llevar a cabo, todo ello con el beneplácito de los sindicatos y para regocijo de los empresarios. Desde 1977 a 1982 los pactos permitieron, como apunta acertadamente André-Bazzana, que la UCD capitalizara el cambio político y, por tanto, tener el máximo protagonismo en la dirección del periodo; a los socialistas consolidarse como la única alternativa de gobierno y a los comunistas su participación en el escenario político. Estos pactos consiguieron que buena parte del cuerpo social abandonara la batalla política, el desencanto produjo su despolitización que dejó las manos libres para que los destinos del país recayeran únicamente en manos del poder político y económico. Como dice Julián Casanova, los acuerdos adoptados impedían la participación de la sociedad

civil. Hubo voces disidentes pero estas no tenían la suficiente fuerza como para cambiar el rígido sistema establecido. La mayoría de estos acuerdos tuvieron dos grandes vencedores UCD y PSOE, de eso se encargaron los dos principales representantes en las negociaciones; Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. Sin duda el pacto más conocido y de mayores consecuencias fue el conocido como Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977 por la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sindicales con alguna significación. Estos pactos se dividieron en dos partes: Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, y el Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídico Política. Sus objetivos eran, en primer lugar lograr un amplio consenso sobre la política económico-social que se debería seguir para sacar a España de la profunda crisis económica por la que estaba atravesando; en segundo lugar, establecer un nuevo marco de relaciones en el juego político, y activar unas medidas jurídicas que frenaran el ascenso del terrorismo, principalmente el de ETA. Los Pactos de la Moncloa se han vendido como el gran consenso que logró sacar a España de la crisis, y como ejemplo de que los resultados positivos que se obtienen cuando los actores políticos dejan a un lado sus intereses particulares en aras del bien común. Un discurso que suena muy parecido al que tenemos que escuchar en la actualidad cuando quieren justificar la política de recortes que se viene llevando a cabo por parte de los últimos dos gobiernos. Veremos como las medidas tomadas en los Pactos de la Moncloa se parecen mucho a las que hemos tenido que sufrir los españoles desde la actual crisis económica. En el apartado económico se acordó congelar los salarios, autorizar el despido libre de hasta el 5% de las plantillas; aumentar la presión fiscal y reducir el gasto público. Se acordó que el crecimiento salarial no podría superar el 20%, y que este siempre tendría que ser inferior al IPC previsto, que en aquellos momentos se estableció en el 22%. Dos años después, y siguiendo las consignas de los Pactos de la Moncloa, el aumento de salarios se fijó en un tope entre el 11 y el 14%, con un IPC previsto del 12%. En ambos casos la inflación fue muy superior, lo que supuso una fuerte disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. A esto se añadió el compromiso de los sindicatos de disminuir a términos insignificantes las movilizaciones laborales. Los Pactos de la Moncloa cercenaron radicalmente las huelgas denominadas políticas –hoy en día siguen estando prohibidas-. A esta desmovilización sindical se unió la desmovilización de la calle, tarea en la que pusieron especial empeño el PSOE y el PCE. El desempleo fue totalmente ignorado en los Pactos. Si a la pérdida del 10% del poder adquisitivo de los trabajadores que se produjo en 1977, unimos que el desempleo no paró de aumentar entre 1977 y 1988 –con la excepción de 1985- podemos fácilmente imaginar que consecuencias tuvo para la clase trabajadora la firma de los Pactos de la Moncloa. El objetivo económico de los Pactos de la Moncloa era frenar la inflación fuese como fuese; los derechos de los trabajadores quedaron relegados a un segundo plano.

Lo que aún queda por esclarecer es como el PCE –Santiago Carrillo y Ramón Tamames fueron los más entusiastas defensores de los Pactos de la Moncloa- se avino a firmar los pactos; que los firmara el PSOE y UGT no tiene nada de asombroso, ya desde entonces defendían posiciones económicas liberales. Juan Carlos Monedero da una buena respuesta a esta cuestión: El PCE […] vio en los Pactos la posibilidad de compensar su pérdida de relevancia parlamentaria. Si su principal arma era el control sobre las Comisiones Obreras, su ofrecimiento de las mismas para frenar las huelgas le devolvía el grado de importancia que le quitó el resultado electoral. (MONEDERO, 2013: 149) Aunque se intentó cercenar cualquier protesta respecto a los Pactos –cuando surgió en el Congreso una iniciativa de crear una comisión de seguimiento de los Pactos, el PSOE se negó en rotundo-, no lo lograron; el movimiento obrero, incluyendo a parte de CCOO, protagonizaron en noviembre de 1977 multitud de paros y manifestaciones en protesta por los acuerdos firmados. Como aún existían centrales sindicales díscolas, en 1979 se firmó entre la CEOE y UGT –luego lo asumió CCOO- el Acuerdo Básico Interconfederal, que posteriormente sería incorporado en gran medida en el Estatuto de los Trabajadores pactado entre UCD y el PSOE. En este acuerdo se primaba a las centrales sindicales que más porcentaje hubieran obtenido en las elecciones sindicales, esto dejaba prácticamente fuera de juego a los sindicatos minoritarios. Movilización Social Una de las razones que se han venido esgrimiendo por parte de los dirigentes de la izquierda para justificar su claudicación a las normas impuestas desde el poder, es mantener que no existía una movilización suficiente para imponer otras soluciones al fin del franquismo. Es un intento de traspasar su propia debilidad a los movimientos ciudadanos. La oposición renunció a la principal arma de que disponía, la calle. Esta estrategia ya se establece en marzo de 1976 cuando la Plataforma decidió renunciar a las movilizaciones. La desmovilización de la calle, fábricas, universidades, sindicatos, asociaciones vecinales, en definitiva todo lo que conformaba el tejido de la lucha antifranquista. Esta desmovilización fue promovida tanto por el PSOE como por el PCE. También el gobierno puso su grano de arena. La Ley de Prevención del Terrorismo de 26 de agosto de 1975 estuvo vigente hasta marzo de 1979. El Estado de excepción proclamado en la Ley del 75 se prolongó mediante R.D en enero de 1977 y en febrero de ese mismo año. La bibliografía crítica comienza subrayando la existencia de una amplia respuesta popular, no consensual y reivindicativa, que sería canalizada por el propio proceso transicional o disuelta en las instituciones después de 1982, cuando no traicionada por sus propios representantes. (LABRADOR: 10). No se puede entender el proceso de la Transición si se limita a las negociaciones entre los dirigentes, ignorando el papel protagonista que tiene la lucha colectiva nacida desde abajo, desde la calle y desde las fábricas, que está ahí presente mientras los unos tratan de dirigirla y los otros de frenarla. (FONTANA, 2008)

Uno de los objetivos era frenar de cualquier manera el movimiento obrero, y por tanto acabar con las huelgas. En este sentido actuaron tanto el gobierno como las centrales sindicales. Una de las armas que empleó el gobierno fue el D. L 2.525/67 de 20 de octubre de 1967 que permitía militarizar a los empleados de empresas públicas, fueran o no funcionarios, pudiendo ser considerados desertores si no acudían a sus puestos de trabajo. Esta Ley continúo en vigor durante la Transición. Otra fue el D. L 67/76 de 23 de enero de 1976 que autorizaba el despido de un trabajador su pertenecía a asociaciones ilegales, convocaba huelgas, etc. Resulta paradójico que aunque el trabajador fuera absuelto por la vía penal, se mantenía el despido. La gran huelga de Vitoria en febrero y marzo de 1976, supuso una demostración del poder obrero fuera del control de los sindicatos. Se crearon las Comisiones Representativas, que si en principio solamente estaban integradas por los trabajadores en sus fábricas para organizar el desarrollo de la huelga, terminaron convirtiéndose en un Comité Central de Huelga, en donde estaban representados las mujeres, los estudiantes y los pequeños comerciantes. De ninguna manera se podía consentir que los trabajadores se organizaran por su cuente, había que acabar con esta “anarquía” sindical, y a ello se prestaron con fervor inusitado algunas centrales sindicales, entre ellas CCOO que era, con mucha diferencia, la central que contaba con mayor número de afiliados. CCOO fue la causante que muchas huelgas terminaran con una “salida ordenada”. Con la legalización quedó muy lejos el asamblearismo, que había sido uno de los pilares básicos de CCOO. Esta actitud y la cada vez mayor dependencia de CCOO del PCE provocó que el PTE y la ORT las abandonaran para crear sus propias centrales sindicales. De la actuación de las centrales sindicales en aquella época es buena muestra el manifiesto publicado por los trabajadores de Tarabusi en febrero de 1977: Los trabajadores de Tarabusi, a pesar de haber luchado valientemente hemos sido derrotados. Nos hemos visto obligados a entrar al trabajo con dieciocho despedidos […] Toda la responsabilidad recae en los aparatos burocráticos que tenemos en nuestras filas, en las centrales sindicales que solamente se preocupan de buscar un lugar privilegiado en la democracia burguesa que están negociando con la Patronal y su gobierno […] Nosotros afirmamos, desde nuestra propia experiencia, que estas alternativas sindicales favorecen a los patronos y no a los obreros. (citado por RODRÍGUEZ LÓPEZ: 163) Algo parecido ocurrió en Induyco –fábrica textil de El Corte Inglés-, hechos en los que participé directamente. A finales de agosto de 1976 se inició una huelga por el despido de cuatro compañeros de Sevilla. Tras duras jornadas de lucha, y gracias a la intervención del sindicato del metal de CCOO, se llegaron a determinados acuerdos con la dirección de la empresa. Al ver que se incumplían los acuerdos el 8 de febrero de

1977 comenzó otra huelga que movilizó a siete mil trabajadores. El día 14 del mismo mes la empresa procedió al cierre patronal. La lucha continuo en la calle a pesar de la brutal represión policial, que disolvía a los trabajadores que estaban en la calle con cañones de agua; o que entraba en los vestuarios de las mujeres para sacarlas empleando todo tipo de violencia. El 2 de marzo la empresa comenzó a llamar escalonadamente a los trabajadores –gracias a un acuerdo que habían cerrado los sindicatos a espaldas de los trabajadores- este escalonamiento concluyó el 24 de marzo fecha en la que quedó incorporada toda la plantilla. Aún hoy El Corte Inglés sigue utilizando prácticas contra las que se luchó entonces para abolirlas. Puede parecer que lo expuesto en este capítulo es una visión subjetiva, para demostrar que he intentado ser lo más objetivo posible, recupero unas declaraciones de Marcelino Camacho a El País, publicadas el 27 de abril de 1978: Hoy el realismo es obligatorio, aunque sea desagradable escucharlo a los trabajadores; ante esta afirmación el periodista pregunta que era lo que quedaba de la acción sindical; el líder obrero respondió: Lo esencial, las huelgas. Pero es un arma que hay que usar con prudencia. En 1976 hemos perdido 110 millones de jornadas de trabajo. El año pasado solamente 19. Este año tendremos menos. (citado por AREAL) Uno de los grandes “éxitos” de la Transición fue la desmovilización social, que ha estado presente en España hasta el 15-M. A pesar de todo se puede afirmar que gracias a la movilización social no tuvimos una Transición aún peor. Represión y violencia De las mentiras y tergiversaciones que se vienen manteniendo sobre la Transición, posiblemente la más ignominiosa es la de que el proceso fue pacífico. Los cientos de muertes consecuencia de la represión policial, de la extrema derecha o del terrorismo de izquierdas no parecen ser sino una pequeña anécdota que no es suficiente para eliminar el calificativo de pacífica. Para una verdadera transformación democrática era imprescindible el desmantelamiento de las fuerzas represivas franquistas, esta limpieza de saneamiento no se llevó a cabo. No solo no hubo reforma de las Fuerzas de Orden Público franquistas, por el contrario se vieron avaladas por la Constitución y la Ley de Policía. En ambos casos se consagra que las FOP tienen como objetivo el mantenimiento del orden público, es decir la represión de aquellas manifestaciones ciudadanas que supongan, no ya una amenaza, sino una crítica al poder institucional. Este mantenimiento del aparato represivo no se produjo por azar, tenía un claro objetivo, que no era otro que limitar el alcance de la reforma. Consecuencia de ello es la utilización del terrorismo de Estado en dos vertientes: el oficial ejercido por las Fuerzas de Seguridad del Estado, y el extraoficial ejecutado por los denominados “grupos incontrolados”, que en gran parte estaban formados por miembros de la policía y el Ejército o por personas muy próximas a ellas. No era casualidad que cada vez que había una fecha importante para el cambio político aumentara de forma considerable la

violencia en las calles. Su objetivo, como ocurrió durante la Segunda República era evitar que la calle fuera tomada por la izquierda, y de paso poner freno al proceso democrático. Y consiguieron sus objetivos; la izquierda renunció a la calle como el foro en donde plantear sus reivindicaciones. El terrorismo de Estado era planificado desde el SECED, dirigido por Andrés Cassinello, y la Brigada Central de Información de la Policía, dirigida por el comisario Conesa, con Antonio Pacheco “Billy el Niño” como mano derecha; Conesa fue sustituido en 1976 por Manuel Ballesteros. Para conocer como actuaban las FOP en aquellos momentos es esclarecedor el testimonio del general de la Guardia Civil, Sáenz de Santamaría, testimonio que se puede leer en su biografía oficial Sáenz de Santamaría. El general que cambió de bando, escrita por Diego Arcedo: tanto la policía como la Guardia Civil apretaban el gatillo con bastante facilidad. Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio y era muy frecuente que acabasen con las calles ensangrentadas […] La policía armada no estaba preparada para mantener el orden en las manifestaciones, sino para reprimirlas (pp. 139-140) Más adelante el general continúa hablando del comportamiento policial en aquellos tiempos convulsos: continuaba [la policía] sin asumir su condición de cuerpos de seguridad encargados de velar por el orden democrático. El cambio de nombre y uniforme no había influido en sus métodos. Sus intervenciones seguían siendo guiadas por el abuso de la violencia, la proclividad a apretar los gatillos y a manejar bombas de humo y las bombas con una contundencia innecesaria. (p.199) Las manifestaciones anteriores parecen provenir de un hombre que se ha convencido de que el estado de derecho es el único posible en una sociedad civilizada. Craso error para el que piense así, el nuevo “demócrata” decía: a los terroristas hay que detenerles o eliminarlos (El País, 17-IX-1983). El GAL cumplía al pie de la letra los deseos del ilustre general. Hubo casos muy sonados de represión policial. El que más resonancia tuvo por el trágico balance de muertos y heridos fue el ametrallamiento de los obreros al salir de la iglesia de San Francisco de Asís, en donde se encontraban encerrados en lucha por sus reivindicaciones laborales. Cinco muertos: Pedro Mª Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente, 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, 19 años; José Castillo, 32 años; Bienvenido Pereda, 30 años; y más de cien heridos, algunos por arma de fuego. Este fue el trágico balance de la actuación policial. En aquellos momentos el ministro del Interior era Fraga Iribarne, que en esas fechas se encontraba viajando por la RFA “vendiendo” las bondades de la Transición que se estaba llevando a cabo. Un radioaficionado que interceptó las emisoras policiales pudo escuchar las órdenes que dieron los mandos: ¡A matar! ¡Disparad a matar! Una vez terminada la acción los policías se vanagloriaban de lo bien que les había salido la operación: Intento comunicar, pero nadie contesta. Deben estar en la iglesia peleándose como leones. ¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros. ¿Cómo está por ahí el asunto? Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco.

Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. ¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Pero de verdad una masacre.

Elocuentes son las declaraciones de Jesús Fernández Naves 7 respecto a aquellos sucesos: aquello de Vitoria había que aplastarlo porque estaba dirigido por dirigentes que manipulaban a la clase trabajadora y eran pequeños soviets que se estaban gestando. Había que extinguirles. (citado RODRÍGUEZ LÓPEZ: 30). Algunos mantienen que Vitoria fue el punto de inflexión que posibilitó el acercamiento entre el franquismo reformista y las fuerzas de oposición. Yo no lo creo así ya que los métodos represivos no cambiaron, continúo habiendo muertes entre aquellos que defendían un régimen de libertades. Por ejemplo, el sucesor de Fraga al frente del ministerio fue Martín Villa, que pronto demostró ser su digno sucesor; el día 8 de julio de 1978 se produjo una terrible represión cuando las fuerzas policiales irrumpieron en la plaza de toros de Pamplona para reprimir a unos manifestantes que habían desplegado una pancarta pidiendo la amnistía. A partir de entonces a Martín Villa se le conocía por “el banderillero de Pamplona”. Otra prueba de que el aparato policial franquista seguía presente, es la sistemática utilización de la tortura en las dependencias policiales y en las cárceles. Justicia Democrática en 1978 y Amnistía Internacional en sus informes de 1973, 1975, 1976 y 1978 decía que la práctica de la tortura era aún habitual. Ante estas denuncias los gobiernos seguían manteniendo una mentira muy practicada por la policía, que eran autolesiones –como dijo Manuel Matute durante el juicio a que fue sometido por la muerte del trabajador canario Antonio González Ramos. Los gobiernos de la UCD no solo no erradicaron los malos tratos a los detenidos, sino que los ignoraron o directamente los alentaron. Incluso en el último tramo de la Transición la tortura continúo siendo práctica habitual. En 1980 hubo un muerto por torturas, cuatro en 1981 y uno en 1982. Veamos que decía el general Sáenz de Santamaría al respecto: Mientras estábamos reunidos o quizás un poco más tarde […] algunos guardias encabronados fueron a los calabozos del cuartel y la emprendieron a hostias con los etarras que se hallaban detenidos y sujetos a diligencias. Les propinaron unas palizas enormes. Y aquel incidente que los cuadros de la Salve8 trataron de ocultar y minimizar ¿Qué iban a hacer ellos? Tuvo consecuencias. Nos costó bastantes disgustos. (p. 238). Lo que no dice el “héroe” de la Transición es porque no hizo nada por evitarlo. Lo más trágico es que algunos de los nuevos mandos policiales eran conocidos torturadores, como José Sainz González, Jefe superior de Policía, que anteriormente había sido jefe de la BPS de Madrid, o Manuel Ballesteros, Jefe de la Brigada de Información, que había sustituido a otro famoso torturador como Roberto Conesa, o 7

Uno de los líderes obreros que participaron en los sucesos

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Plaza donde se encuentra la Comandancia General de la Guardia Civil de Bilbao

Carlos Anechina, Jefe superior de Policía de Bilbao, que había sido condenado por torturas y posteriormente amnistiado. Por si la represión policial no fuera suficiente, fue muy actica la actuación de grupos de extrema derecha, y de los conocidos como “incontrolados”, que de esto último tenían poco porque estaban más que controlados por mandos de las FOP. En los primeros años de la Transición la actuación de grupos como la Triple A, el Batallón Vasco Español, Anti Terrorismo ETA y los Guerrilleros de Cristo Rey causaron cinco muertos en 1976 y diez en 1977. La impunidad de que disfrutaron estos grupos era prácticamente total, como cuando atacaban las manifestaciones, asambleas y actos organizados por la oposición. El PSOE tampoco se privó de tener su grupo parapolicial, el conocido GAL. Una vez muerto Franco, la extrema derecha, como ya hiciera durante la Segunda República, utilizó la ·estrategia de la tensión”. Esta estrategia consistía en cometer atentados y asesinatos con el fin de provocar un estado de inseguridad que justificara la intervención del Ejército. Desde las páginas de periódicos como El Imparcial o El Alcázar se hacían constantes llamamientos a la intervención del Ejército. Dentro de esta estrategia están, por poner un ejemplo, los veintisiete asesinatos que protagonizó la extrema derecha en 1980; la mayoría de ellos en Euskadi. Ese mismo año fue asesinada Yolanda González Martín, militante del PST, que con dieciocho años fue asesinada por miembros de Fuerza Nueva dirigidos por Emilio Hellín Moro. De la violencia institucional y para-institucional ejercida en 1980 hay casos sangrantes, como el de las cuatro mujeres violadas –una de ellas asesinada, Ana Teresa Berrueta-, o la violación y asesinato, delante de su novio, de la joven de dieciséis años Mª José Bravo, por parte del BVE. En Baracaldo estos grupos colocaron una bomba en una herritaberna que causó la muerte de cuatro personas. Pero el caso más sonado de la actuación de estos grupos parapoliciales es el conocido como “la matanza de Atocha”. El día 24 de enero de 1977 a las 22,40 un grupo de miembros de la extrema derecha asaltó el despacho laboralista situado en la calle Atocha nº 55. Iban buscando a Joaquín Navarro, líder de CCOO, que casualmente no se encontraba en el local. De manera salvaje comienzan a disparar contra las nueve personas allí reunidas. Cinco murieron en el acto – Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal – tras ser rematados con un tiro de gracia. Algunos sobrevivieron de verdadero milagro, como Alejandro Ruiz que salvó su vida porque el tiro de gracia le rebotó en un bolígrafo que llevaba en la camisa. En la mañana de ese mismo día, en una manifestación que se celebraba como protesta por el asesinato a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey, del estudiante Arturo Ruiz, acaecida el día antes; falleció la estudiante Mariluz Nájera al recibir en la cabeza el impacto de un bote de humo lanzado por la policía. La comparación con la época de Franco […] deja constancia de que las cifras de muertos son mucho más numerosos en la nueva etapa constitucional, poniendo al descubierto la falacia de una transición pacífica. (OLARIETA: 228)

Todos los hechos que he venido narrando son producto de que en la Transición española no se hizo lo que en Portugal, que el mismo 25 de abril pasó a la reserva a todos los militares que apoyaron a Salazar y a ingresar en prisión a los mandos de la PIME. Tampoco se realizaron depuraciones en la judicatura; en enero de 1977 el Tribunal de Orden Público se transformó en Audiencia Nacional con el traspaso de jueces. Todo ello con la aquiescencia del PSOE y el PCE. Para mayor escarnio de todos aquellos que lucharon por las libertades democráticas en la larga noche que supuso el franquismo, no sólo se consintió a los policías fascistas sus actuaciones, sino que además muchos de ellos fueron premiados por ello. Como es el caso de José Matute, del que ya he hablado anteriormente, que fue destinado a la sección de la policía encargada de vigilar el respeto de los derechos humanos de los detenidos ¿cabe mayor dosis de cinismo? El único que interpeló al ministro Rosón sobre este caso fue el diputado de UPC, Fernando Sagaseta. Como se puede tachar de modélico un proceso en el que, hasta 1981, no se juzga a los guardias civiles implicados en el tortura y asesinato de Luis Montero, Luis Cobos y Juan Mañas (caso Almería) y solamente son juzgados tres de los once guardias civiles implicados. Como se puede hablar de ejemplaridad cuando el ministro Rosón tuvo la indecencia de decir en el Congreso que los jóvenes iban armados y que agredieron a los guardias civiles. Uno de los implicados en el caso Almería, Andrés Cassinello –y posteriormente en el asesinato de Lasa y Zabala- fue ascendido a capitán general por el PSOE en 1988. De que hablan, cuando hemos visto no hace mucho tiempo como el asesino de Yolanda González, Emilio Hellín Moro, era asesor de la policía. ¿De qué ejemplaridad estamos hablando cuando la mayoría de los asesinatos cometidos por las fuerzas de orden público o los grupos parapoliciales quedaron impunes debido a que la investigación la levaban a cabo policías que hasta hacía poco tiempo habían pertenecido a la BPS; y que eran juzgados por jueces provenientes del TOP, como Gómez Chaparro, juez instructor del caso Atocha, que concedió permiso de fin de semana a uno de los acusados, Fernando Lerdo de Tejada, que aprovechó su salida de prisión para huir. Este juez no amplió las investigaciones impidiendo que se demostrase que el asesinato fue inducido por altas jerarquías de la administración. La protección de estos asesinos existe aún en la actualidad; por este motivo se ha negado la extradición a Argentina de los torturadores Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte González. Y todavía los hay que defienden que tenemos una democracia equiparable a las mejores del mundo. Los verdugos del franquismo salieron impunes de la Transición, mientras la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista quedaron durante un largo tiempo postergados. (YESTE: 12)

PSOE El PSOE había quedado desmembrado tras el final de la Guerra Civil. La derrota y la lucha interna, que culmina con la expulsión de Juan Negrín, último presidente de la República dentro de España, había dejado al PSOE vacío de militancia y, lo que es peor, sin identidad y sin tener claro que hacer a partir de ese momento. Estas luchas internas se recrudecen en el Congreso de Suresnes, celebrado los días del 11 al 13 de octubre de 1974, en donde Felipe González sustituye al entonces secretario general Rodolfo Llopis. Durante la larga noche que supuso el régimen franquista la gran carga de la oposición la llevó el PCE, al que acompañaban en menos medida otros grupos de izquierdas como la ORT, PTE, MC, y CCOO en el terreno sindical. La presencia del PSOE era mínima, por no decir nula. A mediados de 1975 el PSOE no contaba con más de 1.500 afiliados. Ante esta situación se hace difícil pensar cómo es posible que una vez iniciada la Transición alcanzara tal auge que le convirtió en la segunda fuerza política del país. La explicación viene de fuera de España. El apoyo alemán fue imprescindible para la “creación” del PSOE. Los alemanes no podían consentir que los comunistas tomaran el protagonismo del cambio, como había sucedido en Portugal. Había que crear un partido que se ajustara a los parámetros de la socialdemocracia europea. En este sentido Willy Brandt fue el personaje clave. Él fue el que convenció a Felipe González que aceptara la reforma en lugar de seguir postulando por una ruptura total con el pasado franquista –a lo que se había negado el anterior secretario general Rodolfo Llopis-. También fue decisivo para que un desconocido, como era Felipe González para las bases socialistas en 1973 –como recordó Dinter Koniecki9, acabara aupándose a la secretaria general del partido. No paro en el apoyo político al PSOE las ayudas que la socialdemocracia alemana; el apoyo económico alemán fue constante durante todo el periodo transicional. A través de la fundación Friedrich Ebert y del Instituto de Técnicas Electorales S.A, dirigido por Alfonso Guerra, los alemanes pagaban las sedes provinciales y a las ciento cuatro personas que tenían contratadas. Según Antonio Muñoz Sánchez el PSOE recibió entre los 2.7 millones de marcos y los 20 millones de dólares. Mucha de la ayuda económica alemana se basaba en la evasión de impuestos, lo que provocó el conocido como "escándalo Flack”. Pero no fue sólo el SPD alemán el que ayudó económicamente al PSOE; los sindicatos estadounidenses aportaron 200 millones a la UGT para que financiara su campaña ante las elecciones sindicales. Se ha comentado que muy ligada a la Fundación Frederick Ebert estaba la CIA, incluso se llegó a plantear la cuestión en el Bundestag alemán. Esta hipótesis no ha podido ser confirmada, aunque existen más que razonables sospechas de que fuera así. En cualquier caso algo oscuro tuvo que existir en las relaciones entre el PSOE, el SDP y otros partidos socialdemócratas e instituciones. De lo contrario no se entiende como los 9

Representante de la Fundación Friedrich Ebert

archivos del PSOE relacionados con este período están cerrados a cal y canto para los investigadores. Lo que no puede negarse es que el PSOE se lanzó a los brazos de la socialdemocracia alemana, en parte debido a que Mitterrand prefería tener como interlocutores de la oposición a Carrillo y Tierno Galván. También desde el interior recibió ayudas, en este caso mediáticas, que sirvieron para convertirlo en el principal partido de la oposición. La práctica mayoría de los periódicos, y en especial El País, realizaban constantes ataques hacia aquellos que criticaban la estrategia de reforma pactada, incluso contra miembros del sector crítico del PSOE. La ayuda alemana y norteamericana puede que sea la explicación a muchas de las políticas que seguiría el PSOE cuando alcanzó el poder: el pucherazo del referéndum sobre la OTAN, después de haber dicho OTAN NO, pasando posteriormente al OTAN DE ENTRADA NO para terminar con un OTAN SÍ; las políticas económicas liberales, lo que no le diferencia en absoluto del PP; o que llegara a firmar leyes totalmente antidemocráticas como el tratado ACTA (Acuerdo Comercial Anti Falsificación) o el cambio del artículo 135 de la Constitución, para mayor regocijo de la señora Merkel. A estas ayudas se unió la complacencia de las autoridades franquistas que permitía que camparan a sus anchas, aún estando ilegalizados, González y otros miembros de la dirección. Según declaraciones del capitán del SECED Manuel Fernández Morán, llegaron a Suresnes ayudados por el Servicio Central de Presidencia del Gobierno, o lo que es lo mismo de los servicios de inteligencia. Posteriormente dos miembros del SECED, Andrés Cassinello y José Faura se entrevistan con Felipe González y Alfonso Guerra. El comisario Manuel Ballesteros en declaraciones efectuadas a la periodista Pilar Urbano le confesó el trato que recibía el PSOE por parte de los cuerpos de seguridad del Estado: A los socialistas no se les detenía. Estando yo en la Brigada Social esa era la indicación de los mandos. Más aún; la policía no sólo miraba para otro lado, haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a pasar la valija con la propaganda y los documentos del partido […]. Como recompensa, cuando el PSOE alcanzó el poder, Ballesteros fue nombrado jefe del MULC (Mando Unitario de Lucha Antiterrorista). El PSOE jamás fue perseguido por las autoridades, de esta forma no tuvo el más mínimo problema en celebrar en diciembre de 1976 su congreso en un hotel de Madrid. En marzo de ese mismo año había celebrado su congreso la UGT, que prácticamente no tenía afiliados, mientras se celebraba el congreso todos los miembros de la Junta Democrática eran encarcelados. Para mayor abundancia respecto a lo expuesto, leamos las palabras de Gregorio Morán en una entrevista concedida en 2013: los servicios secretos de Franco tenían dos obsesiones: el PCE y Gil Robles. Cualquier conexión democristiana era más peligrosa –para los servicios secretos- que los socialistas. Al PSOE no le hacían ni puto caso […] Ahora le gente se inventa la clandestinidad donde no la hubo. Yo asisto como periodista al XXVII Congreso del PSOE que se celebró en Madrid en diciembre de 1976. El

partido aún no era legal. Pero ellos celebraron tranquilamente su congreso en un hotel madrileño. Allí vi a Olof Palme, a Willy Brandt; a Altamirano, el chileno… Y la policía no entró a detener a nadie. Quizás ahora podamos entender porque Felipe González dijo aquella famosa frase: yo soy socialista antes que marxista, una incongruencia tan grande como decir: yo soy católico antes que cristiano; para justificar el abandono del marxismo por parte del PSOE. Este abandono fue algo más que una mera estrategia electoral, era un convencimiento ideológico. Felipe González no abandonó el marxismo por la simple razón de que nunca fue marxista. En mayo de 1979, el socialista Francisco Bustelo escribió un duro artículo sobre la actitud del PSOE durante la Transición. Acusó a los dirigentes del PSOE de hacer una Constitución por consenso; de reconocer la Monarquía, y de avalar democráticamente a la derecha franquista. PCE La estrategia que finalmente llevó a cabo el PCE, o mejor podríamos decir Santiago Carrillo, durante la Transición es el final de una serie de pasos que habían comenzado veinte años atrás. En 1956 se estableció que había que ejercer una política de “Reconciliación nacional”; esto conllevaba que había que abstenerse de exigir la disolución total de las fuerzas represoras franquistas y el juicio y depuración de los responsables de las violaciones de los derechos humanos por parte del franquismo. Esta idea de “reconciliación” propició que, cuando el PCE creó la Junta Democrática, estuvieran presentes en ella personajes tan poco democráticos como Calvo Serer o Carlos Hugo de Borbón, de ahí a la reforma pactada solo había un paso. La reforma pactada es consecuencia de la resolución del Comité Central reunido los días 25 y 26 de julio de 1977, lo que vino en llamarse “concentración democrática”, buscando un pacto con todas las fuerzas políticas para democratizar las instituciones del Estado. No es de extrañar que bajo esta premisa el PCE fuera el mayor defensor de los Pactos de la Moncloa. Todo este proceso no se hizo con el consenso de todo el partido. Ejemplo de ello fue la expulsión del partido de Fernando Claudín –que fue uno de los introductores del eurocomunismo en el PCE-, Jorge Semprún y Francesc Vicens; aunque su expulsión se debiera más a una lucha por el control del partido que a discrepancias sobre la estrategia a seguir, como demuestra que muchas de las tesis de Claudín fueron asumidas posteriormente por el PCE. Dentro de esta marcha atrás de determinados signos ideológicos que iban intrínsecamente unidos al ADN del PCE, está la asunción del eurocomunismo, creyendo que con eso se podría obtener la cuota de poder político que habían obtenido el PCF y sobre todo el PCI. Que era el eurocomunismo explica muy bien el recordado Manuel Vázquez Montalbán, para él el eurocomunismo era parte de la historia de obsolescencia

[…] una ruina contemporánea ideológica10. Dentro de la política eurocomunista estaba la aceptación de bases militares extranjeras en territorio español, así lo justificaba: El Partido Comunista y sus representantes han reiterado muchas veces su actitud en principio opuesta a todo género de bases militares extranjeras. Pero teniendo en cuenta las realidades de la situación internacional, nuestro partido está dispuesto a aceptar las bases norteamericanas en España. (citado MONEDERO, 2013: 81) Con tal de obtener una imagen que alejara al PCE de los recuerdos de la guerra, y evitar que los españoles siguieran viendo a los comunistas como diablos con cuernos y rabo, no se dudó en intentar borrar el propio pasado del partido. El que fuera coordinador general de IU, Gerardo Iglesias en una entrevista reconoció que se avergonzaba que tras la disolución del maquis, nunca se volviera a mencionar en el PCE a esos hombres que se jugaron la vida, y en muchos casos la perdieron, por luchar por la libertad. Otro de los cambios a efectuar para ese lavado de imagen que se pretendía, era parar la calle. Adolfo Suárez necesitaba, debido a la desastrosa situación económica por la que estaba atravesando el país, hacer unos pactos sociales que le apoyaran, para eso necesitaba un sindicato –CCOO era el único que realmente tenía fuerza- que parara las huelgas y las movilizaciones. CCOO estaba controlado por el PCE, y éste se avino sin ningún tipo de cortapisas a aceptar la proposición de Suárez con tal de obtener la legalización. A Carrillo nunca le importó lo que pudieran pensar las bases del partido que estaban en España, su desprecio por aquellos que estuvieron jugándose la vida por conseguir una democracia real, se materializa en un artículo que escribió en 1973 en Hora de Madrid: las grandes masas obreras no tienen una conciencia revolucionaria tan elevada que estén dispuesto a afrontar los peligros de la represión… y la lucha violenta contra el poder… esta idea es totalmente falsa. (citado por GONZÁLEZ DE ANDRÉS) Cabría preguntarse qué sabría él de a lo que estábamos dispuestos los militantes del interior, estando cómodamente instalado en su residencia de París. Como reconoce López Salinas fue un error aceptar la reforma negociada, al tranquilizar la calle todas las maniobras políticas las dirigió Suárez con el apoyo de Felipe González. La iniciativa del cambio dejó de estar en el pueblo: Ocurría, sin embargo, que nuestro partido de lucha y de gobierno, había cometido el grave error de primar excesivamente la política “por arriba”, la institucional, en detrimento claro de su presencia en la calle. (LÓPEZ SALINAS, 2000: 9) Todas las concesiones que hizo el PCE, se acentuaron tras la primera entrevista que mantuvieron Adolfo Suárez y Carrillo el 22 de febrero de 1976. Carrillo no tuvo pudor en conceder todo lo que se le pidiera. Su obsesión era no ser ninguneado en el nuevo espectro político. Su mayor deseo era obtener, aunque fuera mínima, una cierta cuota de poder. No tenía otra ambición que la de obtener unos pocos escaños para sus dirigentes. No importaba si para lograrlo había que renegar de todo lo que había defendido y por lo que se había luchado durante el franquismo. 10

Cita tomada de Juan C. Monedero, 2013: 81)

Como colofón a esta postura de concesiones, en la reunión del Comité Central de los días 14 y 15 de abril de 1977 el PCE aceptó la bandera borbónica y la monarquía. Según declaraciones de Gerardo Iglesias, durante la reunión José Mª Armero hizo llegar a Carrillo un escrito de Suárez en que le decía claramente que o admitían la corona y la bandera o el PCE no sería legalizado. A pesar de que ninguna de estas cuestiones estaba en el orden del día, fue aprobado sin ningún voto en contra o abstención. Esta aceptación fue indignante para muchos militantes de base, y más que se produjera un 14 de abril, fecha tan significada para el republicanismo. En el IX Congreso celebrado en 1978, con una buena dosis de cinismo, Carrillo dijo que la asunción de la bandera era una decisión normal. Para Carrillo debía de ser normal traicionar el espíritu republicano del PCE. Esta táctica política tuvo mucho que ver con la grave crisis que padeció el PCE en 1982, que estuvo a punto de provocar su disolución. El moderado discurso del PCE provocó que muchos no soportaran más el ver como un partido que había sido el adalid de la lucha antifranquista se convirtiera en poco más que un partido con simples miras electoralistas. Ejemplo de ello es que el PSUC, que mantuvo un discurso más radical, obtuvo el 18,4% de los votos, mientras que el PCE solamente llegaba al 9%. Esa no fue la única causa de la profunda crisis orgánica del PCE. El potenciar la política institucional sobre el trabajo de base en los movimientos sociales le arrebató buena parte del sustrato social en que se asentaba; que se vio aún más deteriorada al cambiar la estructura sectorial con la que había funcionado en la clandestinidad, por una estructura territorial que diluía toda la labor de base que se había venido realizando. Y no menos importante fue la total falta de democracia interna, intrínsecamente ligada al “caudillismo” con el que Carrillo dirigía el partido. Prueba de este personalismo es que el abandono del leninismo lo anunció Carrillo en una rueda de prensa durante una gira que realizó por Estados Unidos sin haber sido previamente debatido: Desde su vuelta a España, éste [Carrillo] había tenido un propósito obsesivo: asentar su autoridad sobre una organización que apenas conocía por los informas que le llegaban a París. (RODRÍGUEZ LÓPEZ: 137) Carrillo era eurocomunista fuera del partido y estalinista dentro de él. Muchos defendieron, y aún hoy lo hacen, que la política que siguió el PCE era la única posible, Juan Blanco Andrade, veterano dirigente del partido, como muchos otros, piensa lo contrario: ¿Qué el PCE podía haber elegido otra línea política distinta? Claro que sí, de responder lo contrario estaríamos concluyendo que el PCE estaba condenado irreductiblemente a romperse en pedazos, en la medida que esa liquidación fue resultado de su línea política y de la forma en que se impuso […], había muchas políticas posibles que desarrollar, y se optó sólo por una de ellas […] la dirección del partido terminó creyendo que eso de la correlación de fuerzas era algo estático y que convenía sumarse al proyecto del Gobierno por miedo a quedarse marginado, y para intentar encauzarlo en la dirección del proyecto propio, obviando el hecho de que cuando uno negocia con el poder es más fácil que el poder le cambie a uno que cambiar el poder. (ANDRADE, 2009)

23-F Es tradición de los borbones inmiscuirse en cuestiones políticas que no son de su incumbencia. El último ejemplo lo tenemos en Alfonso XIII que alentó y apoyó el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923, y que acabó con el periodo conocido como Restauración. También es costumbre de los monarcas de la dinastía de los borbones hacer que caigan las personas del gobierno cuando estas no son de su total agrado. A esta actividad, durante el reinado de Alfonso XIII, se la conocía como “borbonear”; es lo que hizo el abuelo de Juan Carlos I cuando el general Primo de Rivera ya no era útil para sus intereses. Tras la caída de Primo de Rivera, Alfonso XIII intentó volver paulatinamente al régimen pseudodemocrático anterior al golpe de Estado; primero con el general Berenguer, luego con el almirante Aznar que fue el encargado de preparar la convocatoria de elecciones. La similitud del proceso que puso en marcha Alfonso XIII con el que se abrió a la muerte de Franco es muy alta. Pero en aquella ocasión la clase política de la oposición y el pueblo no lo permitieron. Esto fue lo que ocurrió en el 23-F, un nuevo borboneo, en este caso protagonizado por Juan Carlos I en contra de Adolfo Suárez. Los graves problemas sociales, políticos y económicos por los que atravesaba España, hacían que Adolfo Suárez –que cada vez estaba más distanciado del monarca- ya no fuera útil a los intereses de Juan Carlos I: conseguir una mayor cohesión de la derecha y consolidar la monarquía. A lo anterior habría que añadir que la reticencia de Suárez a que España entrara en la OTAN le hacía ser personaje non grato a Estados Unidos –que conocían con bastante antelación que se estaba preparando un golpe de Estado-, y veían con buenos ojos la figura de Felipe González más proclive a sus intereses; como se demostró posteriormente. En definitiva Suárez ya no servía y había que eliminarlo políticamente. El objetivo de la eliminación de Suárez se llevó a cabo con éxito, como también el de consolidar el papel del rey como máximo valedor de la democracia –en esto último tuvieron mucho que ver los medios de comunicación, que desde ese mismo momento, hasta la actualidad, fomentaron, con todos los medios a su alcance, la figura mítica del rey como salvador de la democracia al parar el golpe. De lo que ocurrió el 23-F y en las semanas anteriores quedan muchas incógnitas por despejar: -

El papel que jugaron el rey, el CESID, los civiles implicados en la trama, la participación de miembros de UCD y el PSOE.

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El que solamente se juzgara a treinta y tres de los doscientos guardias civiles que irrumpieron en el Congreso.

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El porqué no se procesó a los tenientes generales de la División Acorazada.

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Por qué Felipe González concedió beneficios penitenciarios e indultos a la mayoría de los condenados por los tribunales, como Miláns del Bosch, Tejero, Armada, o Pardo Zancada; y que siguieran percibiendo el 80% de su sueldo.

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Por qué Juan Carlos I tardó siete horas en comparecer ante el país.

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Por qué no se pueden escuchar las cintas que se grabaron esa noche, y por qué no se desclasifican los documentos relativos a toda la trama.

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Por qué de las ciento catorce personas que aparecían en las conversaciones grabadas en las investigaciones posteriores, más ciento veintisiete miembros de las fuerzas de seguridad y veintitrés civiles –según declaración del ministro de Defensa Oliart, al Congreso- solo fueron sometidos a juicio treinta y tres.

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Por qué en el pleno del Congreso celebrado el 17 de marzo de 1981, dedicado exclusivamente al golpe, se negó la entrada a la televisión, la prensa y los invitados.

Demasiadas preguntas sin contestar, demasiados agujeros negros; y todo para evitar que saliera a la luz toda la verdad sobre el proceso anterior al golpe, y sobre lo ocurrido aquella noche de febrero. Quizás algunas incógnitas queden despejadas con los testimonios de personas que fueron testigos de los hechos y las consideraciones de algunos historiadores y periodistas que han investigado sobre el tema. Aún no se sabe a ciencia cierta cuál fue la participación del rey en el golpe, pero las insinuaciones posteriores de personas que estuvieron muy cerca de él en esas fechas (es mejor no saberlo todo –el jefe del CESID, Cassinello-; el que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla – el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos-; lo mejor para la estabilidad de la democracia es que no se sepa nunca el contenido de las cintas grabadas en el Congreso – el ministro del Interior, Rosón-) solo pueden señalar a su persona y a su entorno. (MONEDERO, 2013: 152) Iñaqui Anasagasti recuerda que Sabino Fernández Campos, le comentó que el rey, en conversación con Armada, tras el tiroteo, le espetó: ¡Qué coño es eso de la intimidación! ¡Eso no estaba previsto! ¡Quiero saber urgentemente lo que está pasando ahora mismo allí! Según el mismo Anasagasti, cuando concluyó el fallido golpe de Estado, Miláns del Bosch dijo: El rey nos ha engañado, nosotros hemos avanzado y él se ha echado atrás. Lo mismo que hizo su abuelo con el general Primo de Rivera. Una periodista nada sospechosa de de simpatizar con la izquierda, como es Pilar Urbano, refiriéndose al papel del rey en el 23-F, comentó: El rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha. Si observamos a quienes benefició el golpe quizás nos sirva para continuar despejando incógnitas, aunque aún es más lo que desconocemos del 23-F que lo sabemos de él. El primer beneficiado fue el rey que vio consolidada su figura, convirtiéndose en un “héroe” nacional; el Ejército al que le fue notablemente aumentado su presupuesto; los empresarios que lograron que CCOO y UGT firmaran el Acuerdo Nacional de Empleo. ¿Quién salió perjudicado?; el pueblo español al que se le acababa imponiendo la democracia que surgió de la Transición.

Tratamiento historiográfico y enseñanza de la Transición Durante la Transición se intentó por todos los medios ocultar la verdad sobre lo que había ocurrido durante la guerra civil y el franquismo. Se ponían todo tipo de trabas a los investigadores que intentaban escribir una historia veraz sobre lo acaecido entre 1931 y 1975. Para evitar este acceso se siguió ejecutando la Ley de Secretos Oficiales franquista – aún hoy siguen sin desclasificarse documentos del periodo 1936-1975-. Otra táctica era provocar su desaparición, como ocurrió con los archivos del SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno) que siguen en paradero desconocido. También se recurrió a su simple y llana destrucción, que fue lo que pasó con los archivos del Movimiento Nacional, que fueron quemados por orden de Martín Villa, en 1977. Esta actitud no solo fue puesta en práctica en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco. En 1980 fue nombrado ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva –historiador oficial del franquismo, y antiguo censor- que se cuido con extremado celo de no abrir archivos o facilitar la labor investigadora de los pocos que osaron intentar levantar el velo de la ignorancia sobre el pasado más reciente. A este intento de dejar en el olvido la historia de España comprendida entre la Guerra Civil y 1977, se le unieron algunos historiadores a los que no importó, y les sigue sin importar, que se sepa la verdad de lo ocurrido durante la Transición. La Transición es un claro ejemplo de fabricación del pasado por intereses políticos. Dentro de estos historiadores “políticamente correctos”, y que desgraciadamente aún son mayoría, cabe citar a Javier Tusell, Álvarez Junco, Santos Juliá, Jorge B. Millán, Ricardo García Cárcel. Como señala Ortiz Heras: siguen predominando los clichés estereotipados y las fórmulas “políticamente correctas” que hacen difícil cualquier interpretación crítica con el proceso español. (ORTIZ HERAS, 2003: 297). Algunas de las interpretaciones que hacen estos historiadores son que la Transición se llevó a efecto sin traumas y nos legó una democracia consolidada; que la sociedad española era mayoritariamente reformista; que una serie de personajes del franquismo, con el rey a la cabeza, fueron los que llevaron a los españoles a la democracia, como si hubiera sido un regalo; que no había oposición en las calles y en las fábricas, y lo que ya raya en la ciencia-ficción, que no hubo un pacto del olvido. Afortunadamente antes estas indignas e insostenibles versiones historiográficas de la Transición, otros historiadores –más de los que se piensa Juan Carlos Monedero-, como Josep Fontana, Fernando Hernández Sánchez, Vicenç Navarro, Francisco Espinosa, Alberto Reig Tapia, y solo cito a unos pocos, han desmontado con trabajos impecables estas tesis maniqueas. No son políticamente correctos pero son historiadores con mayúsculas. Desgraciadamente esta teoría de la Transición se ha traspasado a las aulas. Es vergonzoso el tratamiento que se da en los libros de texto de E.S.O y Bachiller, por lo que no es de extrañar que cuando se les pregunta a los alumnos, de esos tramos educativos, sobre el periodo transcurrido desde la proclamación de la República a nuestros días, su desconocimiento haga sonrojar al que les pregunta. No me extenderé

en este tema que trató ampliamente el profesor Fernando Hernández Sánchez en el cuaderno nº 7 de esta misma colección, La enseñanza de la Transición en la España actual: un agujero negro en las aulas. Conclusiones La aceptación de la versión oficial sobre la Transición es, en gran medida, la causa del porqué tenemos una democracia de bajo nivel, donde aún perduran vestigios del pasado pre-democrático. El que se sigan manteniendo discursos sobre el ejemplar proceso transicional tiene como único objetivo asentar una posición política y económica que sigue dividiendo a la sociedad en estratos bien definidos. Consecuencia también de las actuaciones que tuvieron durante la Transición los poderes públicos y los principales partidos de la oposición, es que en España se produjera una desmovilización social que ha permitido que las clases dominantes continúen siendo las que marcan las reglas del juego. Esto también ha conllevado una incultura política generalizada. Afortunadamente el movimiento 15-M parece que ha devuelto a la ciudadanía parte de esas ganas de que hubo durante la Transición de que tiene que ser el pueblo el que tome las riendas de su destino. Es necesario por pura gimnasia democrática revisar críticamente todo el periodo de la Transición. A partir de esta revisión se podrá ir hacia un nuevo proceso constituyente que sirva para devolverle a los ciudadanos el protagonizo que se les arrebató tras la muerte del dictador. Aunque solamente fuese por honrar la memoria de todas las personas que dejaron sus vidas por intentar conseguir una sociedad más justa y más libre, es imprescindible que reescribamos nuestra historia. Se lo debemos.

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