\'La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - Jornada Técnica celebrada en el Archivo Histórico de Cuenca (España)\'.

Archivos Mª de la Almudena Serrano Mota

Directora del Archivo Histórico de Cuenca

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El pasado día 3 de noviembre se celebró en el Archivo Histórico de Cuenca una Jornada técnica dedicada al análisis de algunos aspectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, inaugurada por el Delegado de la JCCM en Cuenca, Rogelio Pardo Gabaldón.

Esta Jornada, organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CastillaLa Mancha, a la que asistieron prácticamente un centenar de personas (Administración del Estado, Administración Autonómica y Administración Local) contó con la participación de excelentes ponentes que analizaron aspectos relativos al Título I (Transparencia de la actividad pública) y Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). La panorámica histórica del derecho de acceso a la información en España fue expuesta por Daniel de Ocaña Lacal, archivero jefe del Tribunal Constitucional de España, con la ponencia inaugural que llevó por título: La relación entre el acceso a la información y la ciudadanía: breve panorámica sobre su evolución en España desde una perspectiva archivística, sobresaliendo la idea de que la transparencia cuenta con dos instrumentos que la garantizan: la publicidad y el acceso y cómo hoy la información no es igual a documentos, sino, en muchas ocasiones, esta información son los datos que las organizaciones manejan. Según Daniel de Ocaña, la LTAIPBG ha sufrido un "injustificable retraso en su tramitación"

Jornada Técnica

y en lo que a su contenido se refiere "se limita a cubrir el expediente cumpliendo en el grado mínimo posible". La crítica más acusada sobre la LTAIPBG deriva de que "entre los incumplimientos destaca su carácter supletorio frente a normas específicas" y que, en nuestro país, "el acceso a la información pública es objeto de una miríada de regulaciones legales y reglamentarias en muy diversos sectores" y "las consecuencias que tiene el amplio margen que se deja a las Comunidades Autónomas". Un repaso comparativo y actualizado por la normativa europea y española centraron gran parte de su intervención. Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, tituló su intervención: Retos de la nueva Ley de Transparencia para el sector público. En su brillante intervención trató de los aspectos generales de la ley (proceso de elaboración, fundamento constitucional, su tramitación como ley ordinaria y no ley orgánica) haciendo un repaso por la norma básica (CE) y las leyes autonómicas sobre transparencia, la modificación del artículo 37 de la LRJPAC (Ley 30/92), la entrada en vigor de la LTAIPBG, el ámbito subjetivo de aplicación de ésta y cómo afecta a la Administración del Estado y otros sujetos obligados a la publicidad activa (partidos políticos, organizaciones empresariales y entidades privadas según cuantía de la subvención que reciban), qué información institucional, organizativa y de planificación hay que publicar, siendo, sin duda, el tema que más preguntas suscitó lo relativo al derecho de acceso a la información pública (no obligación de motivar la solicitud) y qué se entiende por ésta, límites en el derecho de acceso, la ponderación de intereses y la protección de datos personales… Y, finalmente, dedicó unas palabras al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que hacía unos días fue abordado en el Consejo de Ministros. Un completo análisis que no dejó de generar dudas sobre si la LTAIPGB nos aclara situaciones o nos pone en otras más complicadas de resolver. Joaquín Meseguer Yebra, inspector general de Servicios del Ayuntamiento de Madrid, dio a su intervención el título El procedimiento de acceso a la información pública y analizó el contenido de este importante capítulo de la

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LTAIPBG: los sujetos pasivos y activos, el concepto de información pública, la solicitud de acceso, causas de inadmisión, su tramitación y resolución, el régimen disciplinario por el incumplimiento reiterado en la obligación de resolver las solicitudes de acceso, cuándo, cómo y el coste que tiene éste y la reclamación potestativa. La complejidad, actualidad e interés profesional llevó a una amplia participación de los asistentes. Antonio Ibáñez Pascual, jefe de Servicio de SIAU y Web Corporativa de la Consejería de Presidencia, Junta de Castilla y León intervino con la ponencia “Consideraciones prácticas de la Transparencia activa” centrando su intervención en porqué la transparencia, qué información hay que publicar, quién la debe publicar y dónde se debe hacer, cómo debe hacerse y la actualización necesaria de los datos que se publican que, necesariamente, deben ser claros, estructurados y entendibles para los interesados. En esta publicidad hay que pensar que estamos ante un gran cambio y que debemos pensar en el ciudadano y sus necesidades. Este último aspecto fue muy comentado en la Mesa redonda a la que se sumaron Carmen Mayoral Peña, secretaria de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la FEMP y Francisco Fernández Cuesta (Cuerpo Facultativo de Archiveros - Archivo General de la Administración) y en la que la práctica totalidad de las intervenciones se centraron en cómo afecta esta Ley al acceso de los ciudadanos a los archivos.

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