La insurrección de abril no fue solo una fiesta

Oswaldo Viteri, “El Corazón de la Ciudad”, Ensamblaje 2005, 160 x 160 cms.

La insurrección de abril no fue solo una fiesta franklin ramírez gallegos

Taller El Colectivo Julio, 2005

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Indice

Instantáneas de la insurrección (digresión introductoria)

1. Derecho a la resistencia 2. El gutierrato: hipótesis sobre un emergente régimen político 3. El desborde ciudadano en cuatro episodios • • • •

El m o m e n to pa n -po lí ti c o : la g u e rra pa r ti d is ta El d e s pe g u e d e la c rí ti c a c iu d a d a n a : la ‘a lta so c ie d a d c i vil’ Po d e r e s lo c a le s y ‘a lta so c ie d a d c i vil’: ¿c o n flu e n c ia vir tu o sa ? Po lí ti c o s ru ti n a rio s y d e s b o r d a d o s: la a u to -c o n vo c a to ria c iu d a d a n a

4. Inéditos repertorios de protesta: la protesta forajida - Lo s e s c ra c h e s: e n tre la a c c ió n d i re c ta y e l a ju s ti c ia m ie n to c iu d a d a n o • Me d io s a lte r n a ti vo s y a u to -c o n vo c a c ió n • La s a c c io n e s d e pr o te s ta : té c n i c a s d e la vi d a c o ti d ia n a y r e pe r to rio s via je r o s - 19 d e a b ril: la c o n fr o n ta c ió n in te r m i n a b le - Mié r c o le s 20: so b e ra n ía e s c in d i d a , r e sis te n c ia vio le n ta y d e rr o c a m ie n to pr e si d e n c ia l • El e s pa c io -tie m po d e la pr o te s ta • Ma r c h a n te s: ¿d e in e xpe r to s y c la se m e d ie r o s a ‘m a n i fe s ta n te s tra d i c io n a le s’? • An ti po lí ti c o s, d e m ó c ra ta s y a g ra via d o s 5. Continuidades y contagios: no todo se hizo la víspera 6. Y sin embargo es nuevo… las particularidades de la insurrección de abril 7. Lo que no fue: alucinaciones interpretativas sobre la insurrección de abril 8. Democratizaciones intempestivas y ‘forma insurrección’: entre la legitimidad, el vacío hegemónico y el escepticismo político

Anexo 1: La protesta. ¿Cuándo, cómo, quién y dónde?

Anexo 2: Focos de protesta en Quito (mapa) 3

Instantáneas de la insurrección* (digresión introductoria)

La h u ma n a os cu r i dad de las ca lles

Un inesperado y estruendoso ruido anunciaba la súbita presencia de un grupo completamente dispar de personas frente a la residencia de la esposa del presidente del Ecuador. Era la noche del Jueves 13 de Abril. Expresando una curiosa y algo atávica mezcla de ira y alegría, un tumulto inclasificable de jóvenes, no tan jóvenes, amigos, completos desconocidos, curiosos, furiosos, entusiastas, y vaya a saberse quiénes más embargados de qué emociones, manifestaba mediante animados coros improvisados, discordantes bocinazos, o simples y destemplados gritos, su completo rechazo a la podredumbre de la política institucionalizada en el país encar nada en el gobier no de tur no. Eran cerca de las doce de la noche. Los rostros y los cuerpos de los manifestantes se perdían en la oscuridad nunca completamente alumbrada por la luz de los postes eléctricos. “Forajidos”, apenas atinó a llamarles el presidente Lucio Gutiérrez a la mañana siguiente. Por supuesto, aquel acto público, aquella escandalosa condena moral llevada a cabo de manera improvisada y durante la noche, no podía sino ser contestada por la pretendida autoridad con un desdeñoso rechazo. Para nadie fue motivo de sorpresa esta inmediata y mecánica respuesta de Gutiérrez. El sentido político y los alcances de esa extraña y no planificada acción colectiva que, quién lo hubiera calculado, junto al plantón frente a la Corte Suprema de Justicia realizado horas antes, marcaría el punto de partida de siete intensas y arremolinadas noches de desvelo y manifestación que decantaron en su destitución, superaba con creces el horizonte de entendimiento del presidente. Gutiérrez, como muchos otros, no entendía absolutamente nada de lo que se estaba gestando. Y, claro, no se podía esperar otra cosa. Pero sería muy impreciso pensar que esta imposibilidad de comprensión vino determinada exclusivamente por el alcance de las dotes de interpretación política de quien es hoy un ex-presidente más del Ecuador. La reacción de Gutiérrez cuando todo empezaba (“yo también les voy a meter un juicio a estos forajidos”, declaró públicamente), no respondía a su peculiar o estrictamente individual modo de entender a la política. Lejos de ello, la completa incapacidad para interpretar y dimensionar esa intervención ciudadana que, sin ser registrada por la lente de las cámaras de televisión hacía totalmente público el oprobio, se explicaba por el lugar o el punto de mira desde donde era enunciada la amenazante reprimenda dirigida a las sombras que lo injuriaron frente a su hogar. Desde la dirigencia de un gobierno utilizando al estado y a toda su estructura legal y burocrática para adelantar y defender intereses privados, y desde las filas de un partido político diseñado exclusivamente para acceder al gobierno y sostenerse allí mediante un sórdido y burdo ejercicio de fuerza, en suma, desde el poder político seudo-democrático tal y como ha sido institucionalizado en Ecuador desde 1979, por supuesto que no se podía esperar sino un desdeñoso gesto de incomprensión frente al coraje festivo de ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su derecho a la crítica y al disentimiento. No era el individuo Gutiérrez el que no podía entender los primeros signos de la insurrección de Abril: era el sistema político ecuatoriano, desde el que esta persona pensaba y actuaba, el que no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Con seguridad, Gutiérrez no prestó demasiada atención a la palabra que escogió para desacreditar a ese curioso gesto de indignación pública manifestado en la noche del 13 de Abril. La atención a la palabra, el cuidado de su uso, no han sido precisamente las tareas mejor asumidas por los políticos ecuatorianos. “Forajido”. ¿Qué es lo que designa concretamente este epíteto? Literalmente nada. Decir que una persona es forajida, es simplemente situarla afuera de lo que se considere nor mal. Se trata de un adjetivo que, al meramente aludir a un más allá o a una exterioridad de una nor ma, no afir ma contenido alguno: el afuera de la nor ma al que alude en tono de condena el adjetivo forajido, es enunciado simplemente por negación. Las cualidades, los atributos, la peculiaridad de este afuera jamás son nombradas o siquiera insinuadas.

Álvaro Campuzano Arteta.

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Julio Villalba®

Desde el poder ilegítimo tristemente normalizado en Ecuador, decir que un grupo de personas son “forajidas” es declarar lo evidente: que se las rechaza sin estar en capacidad de decir algo sobre ellas o de describir y comprender en algún grado, aunque fuere mínimo, sus acciones. ¿Qué podría haber divisado la mirada turbia del poder corporativista en el comportamiento de las personas que, impulsadas por una indignación ética, simplemente no podían, no resistían, permanecer en el sosiego privado de sus hogares durante las noches abril, optando en lugar de ello por el inquietante desvelo de la vida pública? Obviamente que desde esa mirada que sólo sabe de cálculo estratégico y lealtad mafiosa, este comportamiento ético y gratuito, esta forma aguerrida y gozosa de política, sólo podía aparecer como un enigma absoluto. Ajenas al escándalo monótono que constituye el día a día de la versión empobrecida de la política en Ecuador, las acciones de las personas que se tomaron las calles de Quito en Abril, no podrían haber sido visibilizadas desde el gobierno –y esto, con independencia de quién fuere el presidente– sino apenas como movimientos insignificantes, raros a lo sumo, de sombras fundiéndose con la opacidad de la noche. En la destellante luz de la televisión tampoco se podía ver nada de lo que acontecía en las calles cuando comenzaba la insurrección. E incluso hasta hoy, los grandes medios de comunicación, con exóticas y esporádicas excepciones, se han limitado a reutilizar el epíteto vacío, “forajidos”, adornándolo con cursilerías que disimulan bastante mal su incapacidad para formular alguna interpretación, medianamente sustantiva, de lo que sucedió durante las varias noches de insubordinación ciudadana en Quito. Las personas –cada una de ellas– que presionaron para que se destituya a Lucio Gutiérrez con su cuerpo imposible de silenciar expuesto a la intemperie, habitaron fugazmente en un espacio que el poder político y mediático no pudo, y jamás habría podido, nombrar o ver. Es únicamente en la memoria de ese afuera de calles a la noche donde las palabras huecas (“forajidos”, “el noble y leal pueblo de Quito”) se desvanecen hasta desaparecer, y se reactiva la emoción en movimiento de cuerpos humanos insubordinados. Desde ese lugar irrepresentable, incognoscible, no televisable, quienes fueron torpe y simplificadamente llamados “forajidos”, ejercieron una voluntad de ser aquello que no tiene y no quiere tener una for ma definida: situadas en el afuera, sin poder ser representadas o concebidas desde el nefasto orden político nor malizado en el Ecuador, los y las insurrectas de Abril irrumpieron en la vida pública como una multitud de for ma escurridiza y sin per files claros. Es precisamente allí, en el desasosegante gozo de noches de desvelo que escapa a la comprensión del poder, es en el abismo de sombras fundiéndose con presencias humanas de contor nos brumosos, donde se gestó lo más promisorio de la insurrección ciudadana de Abril.

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Elo gio de la po lí ti ca me n or

La seudo-democracia imperante en nuestra historia contemporánea carga el peso muerto del pasado. Tanto las patéticamente grandilocuentes alocuciones de las autoridades públicas, como la prepotencia característica de los dirigentes de los partidos políticos, tienen un dejo inconfundible de ese tufo a naftalina proveniente del viejo ambiente aristocrático que se impuso con la institucionalización del estado liberal plutocrático a inicios del siglo XX. Del mismo modo, la deshumanización de la pobreza material de las clases desposeídas efectuado tanto por el m a r ke tin g político de las actuales maquinarias electorales, como por el clientelismo de las autoridades electas o en campaña, reeditan en clave modernizada la vieja democracia de ofrecimientos desde el balcón que pervirtió el espacio público en Ecuador durante cuatro décadas. La plutocracia vigente durante las primeras décadas del siglo pasado y el populismo que se extendió desde los treintas hasta los setentas, actuando como espectros de melancolía, han entrampado a las tendencias democráticas insinuadas desde 1979 en un recurrente retorno al pasado. Para quienes sólo alcanzan a pensar desde el canon de la enmohecida pero todavía activa política elitista y clientelar de nuestro país, a parte de la destitución del presidente –que, por lo demás, poco o nada ha reconfigurado en el nivel partidario y estatal de la política– los gestos peculiares de la insurrección de Abril que no fueron televisados ni tampoco narrados en la gran prensa, no tienen ni la menor importancia. La multiplicidad de eventos menores, singulares, irrepetibles que proliferaron mientras la ciudadanía se movilizaba en la noche, son perfectamente prescindibles para los analistas ocupados únicamente en lo que llaman con reverencia “la Política”. Pero lo más insignificante, lo que aparece apenas como un gesto trivial para la mirada cargada de pasado, es justamente lo que la mirada instalada en el movimiento incierto del presente reconoce como lo fundamental. Durante la noche del Domingo 17 de Abril ocurrió un evento político menor. Hacia esa fecha habían transcurrido ya cuatro noches de movilización ciudadana y distintas formas de expresión pública y creativa de indignación ética se habían sucedido unas a otras. En medio de esta agitación, las decisiones y las palabras televisadas del presidente se disolvían como fragmentos rotos de sonido en medio del caudaloso ruido público bullendo en las calles. Como una marea amorfa, la presencia ruidosa de las personas movilizadas en la ciudad arrasaba y destruía el retruécano de las palabras televisadas de la vieja política. Una intensa e indefinida sensación de expectativa de cambio recorría las calles. El Domingo 17 a la noche, en el parque de La Alameda, donde se habían congregado un gran número de manifestantes –muchos, muchísimos de ellos, blandiendo la bandera del Ecuador–, este anhelo difuso hallaba expresión en varios y entreverados coros de vituperio al presidente, a los congresistas, y en el fondo, a todos los representantes del orden político vigente. En un momento dado, progresiva y espontáneamente, causando una vaga sorpresa, del ininteligible sonido de voces interferidas unas con otras, emergió un coro unificado. Se trataba de una barra futbolera que, acompasada por un ritmo de percusión muy básico y acelerado, repetía un estribillo corto: PA-PA, PA-PA, PA-PA-PA, ¡que se pare Guayaquil! PA-PA, PA-PA, PA-PA-PA, ¡que se pare Guayaquil! La acentuada rapidez del ritmo de la percusión, y la extremada concisión del coro gritado al unísono por la multitud, abruptamente dotaba de una fuerza explosiva a la emoción de la protesta. Habiéndose auto-convocado prescindiendo de toda estructura partidaria, los y las ciudadanas desde Quito incitaban a que en Guayaquil la gente salga también a las calles. Lo que resonaba en esta euforia articulada bajo un canto creado en los estadios de fútbol era el anhelo de una insurrección ciudadana nacional. Nadie lo planificó así, pero ninguno deseaba otra cosa: el coro llamando a Guayaquil, se trastocó en un coro nacional: PA-PA, PA-PA, PA-PA-PA, ¡que se pare el Ecuador!... Durante la rítmica y evanescente confluencia de voces, los cientos de banderas que flameaban irregularmente en esa noche adquirieron la fuerza simbólica del poder constituyente. A la fugacidad de esta euforia le siguieron algunos minutos de relativa calma. Como un interludio en el que la fuerza colectiva se arremansaba, por algunos momentos predominó un murmullo bajo. Fue un tiempo de apaciguamiento y contención de fuerzas. Pero no de inactividad: de entre la aparente quietud de la multitud, lo inesperado se agazapaba aguardando el momento adecuado para emerger de nuevo. 6

Paco Salazar®

En el extremo sur del parque La Alameda, donde ocurría esta concentración, se yergue un monumento a Simón Bolívar. Se trata de un bajorrelieve en el que se destacan un conjunto de hombres, desnudos o recubiertos de capas, marchando en combate y portando espadas y escudos; sobre éstos, tres figuras humanas gigantes y aladas, conducen la mirada hacia arriba y hacia delante; y en la cúspide, Simón Bolívar sobre su caballo, con el brazo derecho en alto, comanda la batalla a la que se dirigen hombres y semi-dioses. La referencia cultural greco-latina, y la altisonante épica del monumento son, por lo demás, bastante obvias y simples. Al carácter intrínsecamente trillado del monumento, se suma el hecho de que, como efecto del empobrecimiento del espacio público, a través de las décadas su carga simbólica ha perdido toda fuerza, pasando o a ser desapercibido entre la combustión de los buses, o peor aún, a ser asociado directamente con la pétrea quietud y la vacua grandilocuencia propia de la politiquería seudo-democrática. Como en cualquier otro día, seguramente ninguno de los presentes en la concentración en el parque de La Alameda prestó ni la menor atención al monumento. Sin embargo, fue precisamente en ese lugar desertificado de carga simbólica donde lo imprevisto irrumpió con renovado brío. Persistía aquel murmullo contenido que siguió al estallido colectivo, en el que, curiosamente, se fundieron la emoción del fútbol con la de la insurrección nacional, cuando a lo lejos, una sombra apenas visible cuyos contornos dibujaban la figura de un joven rockero de pelo largo, apareció cargando una bandera y escalando ágil y decididamente el seco monumento. Desplazándose con desparpajo y astucia, pisoteando con sus botes a semi-dioses alados, la sombra se acercaba, siempre con la bandera en mano, al punto más alto del monumento donde se hallaba, solitario, Simón Bolívar. Inmediatamente, las intenciones del improvisado escalador urbano, quien súbitamente dotaba de movimiento y destruía toda la tediosa pompa del estático monumento, se hicieron claras para todas y todos los presentes. Con su irrespeto a la solemnidad propia de la prepotente politiquería republicana, la sombra intentaba situar la bandera tricolor de nuevo en manos del libertador. El discreto murmullo colectivo se trastocó entonces en una encendida aclamación de complicidad. Al primer escalador le siguieron algunos otros: el espacio público era recuperado. Durante los intensos minutos durante los cuales el amarillo, azul y rojo flameaban sostenidos por Bolívar, la inusitada y frágil imagen producida frente a los espectadores activaba el mito plebeyo de la república democrática. Situado junto a los insurrectos, el libertador de América, des-monumentalizado, absurda e inexplicablemente vivo y presente, se desplazaba en cabalgata, a inicios del siglo XXI y quién sabe hacia dónde, sobre el aire nocturno de la ciudad.

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So br e la pr e sen te pu bli ca ción Pensado desde la humana oscuridad de las calles, el análisis socio-político que nos propone a continuación Franklin Ramírez-Gallegos, comparte ese anti-épico gusto por la incertidumbre de los insurrectos de abril. En abierto desafío a “la consagración de la estabilidad y la predeciblilidad del orden como objetivo prioritario de la política” propia del neo-liberalismo, la interpretación sistemática que elabora el autor porta una clara provocación política. El esfuerzo riguroso por elaborar una comprensión sustantiva sobre el último evento político de mayor trascendencia en el Ecuador, se orienta a abrir nuevas posibilidades para pensar y materializar una forma radical de democracia. Derruyendo los clichés de los grandes medios de comunicación, y desafiando lecturas simplificadoras elaboradas no sólo desde la derecha sino también desde cierta izquierda, Ramírez-Gallegos enmarca cuidadosamente su análisis en el contexto político ecuatoriano y regional, discerniendo en los gestos de la política menor practicados durante las noches de desvelo en la ciudad de Quito, insinuaciones de desarrollo de una ciudadanía activa y combativa, con capacidad de regular y asediar a “los partidos y sus grandes barones”, e incluso de sustituirlos. Es precisamente en el reconocimiento del potencial p o lí ti c o de la insurrección de abril donde radica el mayor aporte que nos ofrece Ramírez-Gallegos. Y es que si las imágenes de la insurrección desbordan el campo visual tanto de los grandes medios de comunicación como de los intérpretes tradicionales de “la Política”, al ofrecer una alternativa frente a esta limitación cognitiva, debemos ser especialmente cuidadosos en evitar confinar al evento de abril dentro del espacio extra-mundano y estetizado de la anti-política. “Escepticismo y desconfianza anti-partidaria, cuando no conducen a formas políticamente peligrosas de antipoliticismo, tampoco son combustible suficiente para un proceso ampliado de comprensión y organización sociales que permita proyectar una nueva, y radical, forma de política democrática”. Si en efecto, como argumenta consistentemente Ramírez-Gallegos, “la insurrección de abril no fue sólo una fiesta”, nos queda por explorar los modos mediante los cuales el carácter intempestivo, las for mas inasibles y brumosas, y el espíritu gozoso y no sujeto a control de la movilización ciudadana, sin perder todos estos atributos, pueda a su vez alimentar la gestación de vías de transfor mación del sistema político. Asumiendo esta tarea pendiente, esperamos que el público lector encuentre en esta publicación una caja de herramientas para la reflexión y la intervención política.

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Nota introductoria

Este texto surgió en las calles. Las discusiones improvisadas, con anónimos y conocidos marchantes en medio de las protestas nocturnas de abril, fueron el estímulo para ensayar una aproximación más sistemática y documentada a los sucesos y las consecuencias políticas de la tercera insurrección ciudadana en el Ecuador en menos de nueve años. La organización general de este ensayo recoge, en cierta forma, este tránsito: va del análisis de los contextos y formas de la revuelta a una discusión sobre sus márgenes de legitimidad política. Para el efecto, en un nivel descriptivo, he hecho un uso libre de las teorías de la movilización de recursos y de los procesos enmarcadores –escuelas contemporáneas de la sociología de la protesta y los movimientos sociales- para dar paso, desde una perspectiva que articula categorías normativas con herramientas sociológicas, a una evaluación crítica de la legitimidad del ejercicio de la protesta así como de sus intempestivas derivas democráticas. El libro está, entonces, compuesto de ocho partes. La primera sitúa y enfatiza las particularidades de los sucesos de abril, dentro del más largo ciclo insurreccional abierto con las movilizaciones de febrero de 1997, a fin de reflexionar sobre las situaciones en las cuales el ejercicio de la resistencia y la insurrección se justifican dentro de un Estado de derecho. La segunda esboza una hipótesis sobre las características del régimen político abierto con la llegada de Lucio Gutiérrez al poder en enero del 2003; con el sostén informativo provisto por investigaciones periodísticas e institucionales abiertas luego de la caída de su gobierno, sostengo que el mandato del Partido Sociedad Patriótica tiene muchas semejanzas de familia con el extenso y arbitrario período de gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. Sugiero, pues, la imagen del gutierrato como un fujimorato incipiente. Los capítulos tres y cuatro se centran en la explicación del contexto de oportunidad en que tomó cuerpo la protesta ciudadana y en la descripción de las príncipales formas y características que ella adoptó. La tercera parte, en efecto, procura ubicar el proceso político que permitió la progresiva ‘autonomización’ de la movilización social y su deprendimiento del tutelaje de los partidos políticos. El cuarto momento del texto, el más extenso, traza un retrato de los inéditos repertorios de protesta que surgieron en las noches de abril. Se enfatiza en las posibilidades que abrió la radio, así como una estructura descentralizada de comunicación, para posibilitar la dinámica de auto-convocatoria ciudadana y para la invención de innovadores formas de contestación social. ‘Escraches’, ‘cacerolazos’, ‘cantos futboleros’, ‘tablazos’, etc., emergieron como tácticas de la vida cotidiana que, al pasar a la esfera pública, permitieron un rápido y eficaz contagio de las acciones de desacato al ordenamiento político. Los nuevos espacios, la peculiar estructura temporal de las dinámicas de resistencia civil y el intenso protagonismo de mujeres y jóvenes de las clases medias son también objeto de análisis en estas páginas del libro. Este segmento finaliza con una alusión a los enmarcados ideológicos y discursivos desde los cuales los manifestantes justificaron su participación en la rebelión de abril. Los dos siguientes capítulos pretenden dar cuenta de las continuidades y rupturas abiertas por las dinámicas de protesta urbana que dieron fin al gutierrato. Con ello se pretende tomar distancia de las representaciones que asignan un carácter puramente espontáneo e improvisado a las jornadas de abril, a fin de situarlas en el más amplio contexto de un ciclo de alta conflictividad socio-política, a nivel nacional y regional, en la última década (quinta parte ). Por otro lado se insiste en las particularidades de su contexto de emergencia, de sus motivaciones, de sus formas y de las respuestas autoritarias del poder, en relación con los anteriores derrocamientos presidenciales (capítulo seis). El séptimo momento del texto discute y toma abierta distancia de las principales interpretaciones que se han levantado -en el espectro político que va del institucionalismo liberal a las posiciones de izquierda, pasando por ciertas alucinaciones de las burguesías regionales- sobre las acciones de abril. Se insiste en la necesidad de no reducir la densidad sociológica del evento a las motivaciones más o menos legítimas, de una categoría social, las clases medias, y de observar las crisis políticas como un momento heurístico particularmente relevante para capturar la complejidad y la diversidad social. El libro cierra con una te st de la legitmidad política de la insurrección de abril –anclado en las reflexiones de la filosofía política contemporánea sobre el lugar de la insurrección, la resistencia y/o la desobediencia civiles en el marco de sociedades democráticas. A partir de tal evaluación normativa, y en el marco del ciclo de desacato político abierto con la primera destitución presidencial en 1997, se sostiene que en el ordenamiento político ecuatoriano se ha instalado una forma intempes9

tiva de ejercicio de la soberanía popular desde la que se establece un modo radical de control democrático de las elites políticas: la ‘forma insurrección’. Esta se habría consolidado en el marco una intensa conflictividad entre los principales bloques de poder del país, en torno de las orientaciones, costos y beneficios de las políticas de ajuste estructural. Tal proceso aceleró la erosión de las bases institucionales del estado ecuatoriano y dio lugar a un extenso período de transición y vacío hegemónicos que ha precipitado el desgaste de las instancias representativas de la política y la incipiente emergencia de impulsos participativos. El carácter anti-político de estos últimos, sin embargo, no parecería alcanzar para la consolidación de un nuevo conjunto de actores sociales capaces de impulsar radicales procesos de innovación democrática en el país. Si bien el texto tiene una línea argumentativa general, cada una de sus partes puede ser leída de modo independiente si el lector así lo juzga necesario. Parte del trabajo investigativo sobre el que se han construido las interpretaciones aquí desarrolladas se presentan, a modo de anexos, en la parte final del texto. Una matriz de la protesta en la cual se especifica cronológicamente las acciones, los/as protagonistas y los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos de abril. Es con base en esta información, que el libro termina con un mapa catastral de la ciudad de Quito en el cual se visualiza los principales focos de la rebelión. Este mapa permite ver la evolución de la protesta, los distintos lugares de la misma y resalta aquellos que se convirtieron en íconos de la insurrección. La in su rr e c c ió n d e a b ril n o fu e so lo u n a fie s ta aparece, en suma, en el marco de la iniciativa conjunta de los miembros del Ta lle r-e l-Co le c ti v o por documentar, en un formato multimedia y con una mirada transdisciplinaria, las particulares formas que tomaron las acciones contestatarias de abril a fin de contribuir a los procesos colectivos de reflexión y deliberación constituidos bajo su estímulo. Este ensayo es, entonces, un producto, entre otros, del trabajo con que El Colectivo quiere abrir un espacio de intervención analítica, abiertamente inspirado en la necesidad de practicar, pensar y dar forma a una sociedad radicalmente democrática. Sus contenidos específicos así como la estructura general del texto son, sin embargo, exclusiva responsabilidad de su autor y no comprometen en modo alguno a sus diversos integrantes. Versiones preliminares, y mucho menos extensas, de este texto fueron presentadas en talleres de reflexión en el Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), en el Grupo Democracia y Desarrollo Local (GDDL), y en el Centro de Investigaciones CIUDAD. Agradezco la apertura de tales espacios puesto que allí surgieron muchas críticas y sugerencias que he incorporado o discutido con amplitud a lo largo del texto. Del mismo modo, fueron en extremo sugerentes los intercambios que mantuve con Marc Saint-Upéry, Virgilio Hernández, Pablo Estefanoni, Ximena Sorucco, Sandra Arenas y en La Paz-Bolivia, con el estimulante espacio de debate intelectual que mantiene la gente de La Comuna cada lunes. Agradeceres especiales a mi padre, Franklin Ramírez Pazmiño, por su prolija lectura de diversas versiones del texto, y para todo el personal del Colectivo, sobre todo, a Alvaro Campuzano quien además de introducir este libro, hizo un riguroso trabajo de edición, a Pabel Muñoz, por la atenta lectura del texto y por que me permitió incorporar su ‘memoria de los escraches’ dentro del cuerpo general del libro, a Vanessa Hogan por la revisión final del impreso, y a Estefanía Rivas por sus exquisitas creaciones y diseños y por todo lo que inventan sus largos dedos.

franklin ramírez gallegos

El autor del libro es sociólogo, actualmente realiza su investigación doctoral, Universidad Paris VIII-CSU, en Colombia, Bolivia y Ecuador sobre ‘Movimientos sociales, participación política y democracia’.

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1. Derecho a la resistencia1

“la iglesia que más ilumina es la iglesia que arde” (paredes de san blas, abril, quito)

En la ciudad de Quito, durante el mes de abril de 2005, 10 días de protesta ciudadana y resistencia civil al gobierno inconstitucional del coronel Lucio Gutiérrez dejaron como saldo su destitución por el Congreso Nacional, su demanda de asilo político al Brasil, una importante pero ambigua repercusión en los países de la subregión así como en las organizaciones internacionales que los articulan, un evidente malestar del gobierno estadounidense por la pérdida de su ‘mejor aliado’ y una mayor desconfianza y escepticismo sociales con los principales actores del proceso político que conducen la sucesión presidencial ecuatoriana. Las destituciones presidenciales no son ya una novedad en la reciente historia política del Ecuador. En los últimos ocho años, tres presidentes han sido depuestos tras grandes movilizaciones ciudadanas. En todas estas ocasiones, el desenlace final de los hechos ha colocado, en distintas combinaciones, a las maniobras del legislativo, al sostenimiento militar al presidente, y a las declaraciones de la Embajada estadounidense en el epicentro de unas explicaciones que no podrán abstenerse de insinuar hipótesis conspirativas. Las recientes movilizaciones del abril quiteño, sin embargo, tienen una especificidad que va más allá de la caída presidencial y de los juegos palaciegos propios de toda sucesión. A diferencia tanto de la destitución de Abdalá Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones sociales se configuraron en torno a las directrices e intereses políticos de partidos y movimientos (sobre todo la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, Conaie) establecidos, y de un modo contrario al derrocamiento de Jamil Mahuad en enero de 2000, cuando el protagonismo y los habituales modos de protesta del movimiento indígena, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, y de unas incipientes asambleas populares se enlazaron, en un carácter ‘putchista’, con mandos medios del ejército, la jornadas de abril 2005 aparecen como resultado del progresivo desborde ciudadano de la tutela partidista y bajo inéditas formas de acción e inusitados repertorios de protesta urbanos. El tercer derrocamiento presidencial en menos de 10 años ha sido fruto, entonces, de un movimiento sin ninguna dirección política organizada. Aún más, la frustrante experiencia de las anteriores destituciones, cuando los partidos políticos organizaron y capitalizaron el nuevo reparto institucional sin modificar en lo más mínimo el modo de funcionamiento del orden político, parecería haber jugado a favor de una movilización ciudadana que cuestionó, de modo radical, la representatividad del conjunto de la clase política y de las mismas representaciones sociales y no se limitó a propiciar la caída y la sustitución presidencial. El desborde ciudadano de los partidos y movimientos, la ausencia de cualquier liderazgo y dirección política estructurada, el carácter autónomo y autoconvocado de las protestas, sus originales formas de concreción pública y su marcado carácter antipartidario aparecen entonces como los trazos específicos de una movilización social que, como nunca antes, deja pulverizada la legitimidad del sistema político y resquebrajados los márgenes de acción del Congreso y de los partidos políticos. La intensidad de este cuestionamiento está profundamente ligada con la pluralidad y heterogeneidad de voces que convergieron en la revuelta de abril. No sólo estuvieron allí sectores ligados con una defensa de la institucionalidad liberaldemocrática, ni tampoco aquellos concernidos con propósitos autogestionarios que claman por una democratización radical del orden político, por la vía de la intervención directa y asamblearia en la vida pública, también fueron partícipes de la movilización algunos sectores permeados por ideologías convencionales y reaccionarias ancladas en los imaginarios del orden colonial del poder e informadas por un sentido racializado de la jerarquía, así como otras expresiones

1 Para la elaboración general del texto se han empleado diversas fuentes periodísticas (El Comercio, El Universo, El Hoy, Tintají, Ultimas Noticias, Revista Vistazo, Ecuador Inmediato) y portales virtuales, entrevistas a activistas y participantes en las jornadas de protesta, y observación 'in situ' en los días de movilización (sobre todo entre el 16 y el 24 de abril).

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sociales que serán francamente autoritarias y antidemocráticas de la política. Entreverándose perspectivas de izquierda y de derecha, tanto la traición del presidente a la agenda de cambio con que fue electo así como los desaires del régimen a la ciudad de Quito activaron igualmente las reservas morales de la ciudadanía y contribuyeron al exacerbamiento de la protesta. Los signos políticos del proceso son entonces difíciles de establecer: la multitud de 100 cabezas guarda para sí los secretos de su intempestivo trayecto. Sin embargo, determinar cuándo emerge un ciclo de protesta, muchas veces, revela más sobre sus causas y motivaciones que explorarlas en el discurso y la intención política de sus protagonistas2. Así, los trayectos de la multitud empezaron a caminarse en medio del período de mayor visibilidad del proceso de desinstitucionalización del sistema democrático que el Ecuador haya vivido durante los últimos veinte y seis años de regímenes civiles casi continuos. El gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez desnudó en efecto, a plena luz del día, el funcionamiento de la democracia que existe realmente. Los modos de operación de la clase política, a la que en inicio Gutiérrez no pertenecía pero de la que asimiló fácilmente su modus operandi, quedaron expuestos de modo impúdico a raíz de la disputa partidista por el control de la Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones estatales. El desacato de la Constitución, el uso instrumental de la ley, la arbitrariedad en el uso del poder estatal provenían en el régimen de Gutiérrez, y provienen en el Ecuador, del centro mismo del sistema político y se reproducen con el obsesivo fin de atender agendas e intereses privados. Es cuando se visibilizó patentemente ese estado de cosas, y aún bajo razones, propósitos y medios divergentes, que tomó cuerpo la insurrección de abril. Las situaciones en las cuales los derechos a la resistencia y a la insurrección se justifican son múltiples y no se reducen a los casos extremos de regímenes puramente tiránicos, de arbitrariedad manifiesta, o de disolución de la sociedad política por invasión de un Estado extranjero. Desde Locke, en el Se g u n d o Tra ta d o d e l Go b ie r n o Ci v il 3, se menciona que en el cuadro de un Estado de Derecho, la rebelión popular está justificada cuando el poder Legislativo ha sido desnaturalizado por el abuso recurrente del poder del Ejecutivo. La libre formación de la soberanía popular es insidiosamente alterada cuando los poderes fácticos instrumentalizan legisladores y electores por medio de procedimientos extralegales que deforman el proceso deliberativo de construcción de la voluntad general (compra y corrupción de diputados, manipulación clientelar, alteración de modalidades de elección del legislativo, negligencia e incapacidad de hacer aplicar las leyes). Bajo tales condiciones la legitimidad del gobierno se halla derruida desde sus raíces mismas. Y así mismo, la ciudadanía tiene el derecho a la resistencia cuando cualquiera de los poderes del Estado, o todos ellos, rompen la confianza que aquella le había depositado4. Esto sucede cuando el ejecutivo o el legislativo violan los derechos fundamentales de aquellos que los eligieron al disponer arbitrariamente de sus vidas, sus libertades y sus riquezas5. Así, cuando se derruyen las bases para el ejercicio de la soberanía y la potencia popular, la insurrección ciudadana toma cuerpo y se legitima. Esta emerge entonces como la manifestación periódica de la soberanía y la potencia popular. Más aún, incluso si la insurrección se opone a la estabilidad de la Constitución, la funda, la prepara, la somete a pruebas mayores y exige de ella reparación y adaptación a los tiempos. Por medio de la insurrección popular se defienden y conquistan derechos, se desafían el orden y las relaciones de dominación imperantes y se asientan las condiciones para activar el poder y la capacidad constituyente de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, como sostiene E. Balibar6, la insurrección

2 Como sugiere Charles Tilly, cuando se estudian la emergencia y desenvolvimiento de los movimientos sociales el cúando explica el por qué (Ver: “Social Movements as Political Struggle”, July 1997, draft article for the Enciclopedia of American Social Movements, Columbia University). 3 John Locke (1690), The Second Treatise of Governement, (reedición), en Two Treatises of Governement, P. Laslett (ed.), Cambridge University Press, 1988, p. 265-428. 4 Breach of Trust, en el original. 5 La sociología y la historia contemporáneas nos han enseñado además acerca de una serie de mecanismos que, aún sin funcionar como restricciones jurídicas, bloquean la formación libre de la soberanía popular en las democracias modernas: el monopolio efectivo, a pesar de cierta apertura a la participación popular, que las burocracias partidistas ejercen sobre la formación de la opinión y la gestión estatal; la sistemática exclusión del espacio público institucional de los sectores dominados; la profundamente injusta gestión de la ilegalidad que tiende a penalizar, de modo desproporcionado, las formas de delincuencia propias de los sectores populares en relación con aquellas de las capas dominantes, etc.Ver Yves Sintomer, 1998, Aux limites du pouvoir démocratique: désobéissance civile et droit à la résistance, pp. 85-104, in Actuel Marx No. 24, deuxième semestre, PUF, Paris. 6 E. Balibar , 2002, Droit de cité, Quadrige, PUF, Paris, pp. 17-23 y 175-205.

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constituye una dimensión fundamental de la ciudadanía, que no es únicamente un ‘estatuto’ o una ‘institución’ sino una práctica colectiva. Las jornadas del abril quiteño estuvieron signadas precisamente por el ejercicio del derecho a la insurrección y a la resistencia cívica frente a un orden político cuya arbitrariedad, ya descifrada por la ciudadanía, proviene de los mismos operadores del sistema, también identificados. No se trata, únicamente, de una reacción episódica ante un mal gobierno. Se trata de una contestación generalizada a la política, tal y como esta ha operado hasta ahora, que contiene a su vez una difusa demanda para su refundación. Las contradicciones y límites de tal perspectiva deben buscarse, desde ya, en la compleja interacción entre los partidos políticos y los asedios ciudadanos. Los partidos han demostrado, en esta y otras coyunturas críticas para sus intereses, una altísima capacidad para conservar sus estrategias de control de la gestión estatal y prescindir así de los impulsos ciudadanos. Frente a este hecho, las orientaciones organizativas que la ciudadanía adopte como medio para enfrentar tal escenario político podrían redundar en una situación paradójica en la que las más valiosas características de los días de la insurrección -espontaneidad, autonomía, antipartidismo e inorganicidad- se constituyan en restricciones de muy compleja resolución.

2. El gutierrato: hipótesis sobre un emergente régimen político En el Ecuador, por debajo de los marcos normativos e institucionales que regulan el orden democrático y las relaciones entre los principales poderes y actores políticos funcionan, con tanta o más eficacia y regularidad, un conjunto de reglas no escritas ni formalizadas que, no obstante, debido a su reiteración y perdurabilidad en el tiempo, estructuran y modulan tanto los modos de operación, las estrategias y las decisiones políticas de actores e instituciones como sus formas de vinculación con la sociedad. Las pragmáticas del poder se hallan entonces condicionadas y limitadas, más que por la legalidad constitucional, por una rígida ‘gramática pública’ -cuyos axiomas centrales son el patrimonialismo, el clientelismo, el prebendalismo, el corporativismo y una relación utilitaria con la ley- instituida desde los centros mismos del sistema político, es decir, los principales partidos, como un sólido corpus de prácticas y saberes en extremo resistente a la crítica. Hacer política legítima en el país implica, de este modo, más que un mínimo apego a una ética de las responsabilidades públicas, una sofisticada capacidad de someter la acción política a los (muy laxos) límites formales del institucionalismo constitucional sin reducir, por ello, el margen de oportunidad que brinda la disponibilidad de los instrumentos de poder asociados a tal corpus político. El político profesional lo es tal cuando su modo de operación política logra equilibrar el apego al mundo de las apariencias de la dogmática democrática y la efectiva utilización de las mecánicas y redes de poder político tal y como este se ha constituido. El sostenimiento de tal equilibrio reposa, sobre todo, en una economía de disculpas y chantajes mutuos, sostenida en muy altos umbrales de tolerancia al desborde de la ley, entre los principales operadores del sistema político. En el ir y venir entre los límites institucionales y la r e a l po li tik ha tomado forma un ordenamiento repleto de jerarquías, privilegios y espacios de poder privados desde el que se sostienen las principales líneas de dominación y exclusión política en el Ecuador. La volátil y efímera voluntad reformista del coronel Gutiérrez no pudo sino reproducir y desenvolverse dentro de las reglas de ese ordenamiento político. El ex presidente, invitado de última hora al juego democrático, aprendió con facilidad las maneras y los modos de hacer política de sus viejos anfitriones, los partidos tradicionales. Estos toleraron al o u tsi d e r mientras tales prácticas políticas, aquellas que ellos mismos habían forjado, no fueron empleadas en contra de los espacios y bastiones estatales en que reposa su poder. Cuando así lo intentó, los principales operadores del sistema, junto con sectores medios adeptos a la defensa de la institucionalidad democrática, hicieron saber al coronel que el olvido del mundo de la formalidad democrática puede tener altos costos. Gutiérrez, advenedizo al fin, confió en la infinita laxitud de la economía de las moralidades políticas y extravió el precario balance entre el poder -como pura expresión de recursos de fuerza y presión- y la norma -como uno de sus intermitentes niveles de regulación pública. Sumergido en el juego de los tramposos espejos de los forcejeos partidistas no pudo ver además que, en los patios traseros de la política, ello provocaba la activación de las reservas éticas de la ciudadanía que terminaría por forzar su salida política. 13

Gutiérrez operó desde un inicio y sucumbió bajo el imperio de esa rígida gramática pública que estructura el campo, los recursos y las formas de acción política de cada uno de los actores o “sujetos sujetados”, podríamos decir con Althusser- que se desenvuelven al interior y en los entornos de la institucionalidad política. La inescapabilidad de sus reglas no le fue nunca ajena ¿Por qué entonces sugerir que en el Gobierno del coronel se expresó un emergente régimen político? Lo emergente, en la sociología de la cultura de herencia gramsciana de Raymond Williams, remite a la idea de ciertos procesos sociales que implican la formación de movimientos de innovación, político culturales, en los que lo nuevo se desprende, sin nunca conseguirlo del todo, de lo viejo. La novedad está repleta de fragmentos de aquello de lo que parece distinguirse; más que de una ruptura proviene de un efecto de herencia. Se decanta, entonces, en el tiempo largo. Ahí la dificultad para distinguir entre lo que ya ha sido y lo que emerge. Cuando las ciencias sociales peruanas hablaron, casi a fines de los noventas, del fujimirato hacían referencia a la emergencia y estabilización de un régimen político, nacido al inicio de esa década y hundido con el cierre del siglo, que supuso una singular manera de gobierno que aceleró, y supo legitimar los vicios de la democracia latinoamericana mientras constituía novedosos mecanismos y dispositivos de gobernabilidad autoritaria y de control psico-social de las masas. Genuina combinación de anti-política, personalismo e hipnosis colectiva por televisión, articulada en clave de inteligencia militar, el fujimorato aparecía como “la primera dictadura posmodernista de la región”7, diseñada para perpetuarse, y de tal solidez que su fin poco tuvo que ver incluso “con los conocidos escenarios de salida de un gobierno autoritario”8. Lo emergente, pues, supo consolidarse en el tiempo y dibujar una forma de hacer política que quiso hacer escuela en la región. El fujimorato fue entonces un régimen en toda la extensión del término: instituyó una gramática política y moral y un entorno legal a la medida de su proyecto político y forjó las lealtades sociales necesarias para su prolongado sostenimiento. Su fantasma aún ronda en la Plaza de Armas. Al hablar del gutierrato se hace, entonces, alusión a esa particular forma de gobierno inaugurada en el Perú en el curso de los años noventa. Es claro que el derrocado gobierno del coronel no contó, afortunadamente, con la perversa pero eficaz ingeniería autoritaria del fujimorato -Gilmar Gutiérrez, Óscar Ayerve y Bolívar González no alcanzan en su conjunto a rozar, siquiera, la macabra inteligencia de Vladimiro Montesinos. Es claro también que en el Ecuador el sistema de partidos no colapsó con el advenimiento al poder de Gutiérrez, lejos de eso, y que apenas si empezó a desplegar su mecánica de dominio político, pues carecía del tiempo suficiente para desarrollar a plenitud su proyecto. Todo ello no implica, sin embargo, que no existan indicios de que tales propósitos efectivamente existieron y que el estilo y las maniobras de su gobierno no fueron el resultado aleatorio de una coyuntura (de un país de coyunturas) en que debió desenvolverse y sobrevivir de cualquier modo. No se trata tampoco de advertir sobre la existencia de un elaborado plan de copamiento del espacio político -que si lo hubo en el caso peruano: otra vez Montesinos- pero sí de enfatizar en la existencia de un conjunto regular de tácticas y estrategias que prefiguraron emergentes prácticas políticas, que bien pudieron configurarse como un régimen, en el ordenamiento democrático ecuatoriano. Este cuasi régimen político estaría caracterizado entonces por la articulación de: a) una gestión autoritaria de la política: bloqueo e intervención en el equilibrio e independencia de los poderes estatales y ejercicio de gobierno al filo de la legalidad; b) una concepción ‘seguritaria’ de la política, en clave militar, articulada con una acción clientelar diseñada para contener, cooptar y desmovilizar posibles adversarios; c) una apelación a las virtuosidades de lo popular como forma de polarizar la escena política y simular un enfrentamiento a ciertas oligarquías; y d) un cerrado círculo de decisión, en clave de familia ampliada y endogamia castrense9, desde el que empezaba a proyectarse un nuevo polo político, y que dejó como pírrico saldo la desinstitucionalización de amplias zonas de la política pública así como sospechas bien fundadas de corrupción en los ‘funcionarios-parientes’10.

7 Ver Carlos Ivan Degregori, 2000, La Década de la Antipolítica. Auge y huída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 8 Ver, Romeo Grompone, 2000, El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario, Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 9 Debo la expresión a una, ya vieja, conversación con Fredy 'tributrón' Rivera. 10 Tales elementos, cabe remarcarlo, son una caracterización provisional que deberá ser extendida y debidamente documentada en otro espacio.

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A excepción del punto b), los demás factores no han sido invento del gutierrato. En distintas intensidades y frecuencias, y ya sea en el nivel nacional o local de la política gubernamental en el Ecuador, los diversos actores políticos del país han contribuido a su estabilización en el campo político. Sus expresiones, más o menos grotescas, son bastante conocidas y basta abrir cualquier periódico, cualquier día de la semana, en cualquier rincón de país, para encontrar referencias a ellos. Fue en la sólida conexión entre decisiones de gobierno, política pública e inteligencia militar -la razón de estado en su dimensión seguritaria de protección-disuasión-contención del enemigo- que el gutierrato tomó cuerpo, encontró su fuerza y quiso dejar un nuevo axioma para la gramática pública de la democracia ecuatoriana. Este elemento emergió, y quiso desprenderse, de las otras herencias políticas. La importancia estratégica que adquirió la información militar en todo tipo de decisiones políticas no solo devino de la procedencia profesional y de la formación castrense del ex presidente y su círculo íntimo. Proviene de una lectura, por lo demás correcta, de las sólidas inercias facciosas y conspirativas con que se desenvuelven los principales actores políticos nacionales desde hace, al menos, una década. En efecto, desde el tiempo de las disputas entre neoliberales ortodoxos (Dahik) y neoliberales patrimoniales (León Febres Cordero, LFC), no ha cesado de tomar forma en el Ecuador una dinámica de alta conflictividad y fragmentación política entre los principales grupos económicos, élites políticas, y sectores dominantes en el curso del proceso de implementación de la agenda de reforma estructural de la economía. El reordenamiento neoliberal ha estimulado, en efecto, intensas disputas por las orientaciones y el control de segmentos estratégicos del estado entre fracciones dominantes que, a pesar de una cierta prédica pro mercantil, han visto en él un recurso de poder clave para contener adversarios y activar favorables dinámicas de acumulación. Esta prolongada fase de conflictividad política habría estimulado entonces comportamientos facciosos y desleales con las estructuras de autoridad en que se sostiene el ordenamiento democrático, y deja siempre abierta la posibilidad de una recomposición de las líneas de poder y gobierno a medida que el Ejecutivo entra en el inevitable espiral de desgaste, propio de los presidencialismos latinoamericanos en tiempos de ajuste estructural. Gutiérrez conocía bien esta dinámica: participó de cerca en los dos derrocamientos presidenciales precedentes11. No dejó nunca de ver incluso entre sus colaboradores más cercanos a posibles detractores políticos. Esta paranoia explica, en parte, el proceder secretista con que se tomaron múltiples decisiones así como la configuración familística de sectores claves de la administración pública. El nepotismo se combinó con una suerte de ‘endogamia castrense’, a saber, una inédita presencia en funciones de gobierno de militares en servicio activo y pasivo, muchos de ellos amigos y compañeros de promoción del ex presidente, que resquebrajó la institucionalidad y la estructura jerárquica de las FFAA puso en duda el tan elogiado profesionalismo de sus miembros. La repartición clientelar de nombramientos burocráticos, sobre la base de la plataforma familiar-castrense, terminó por funcionar a la vez como un efectivo mecanismo de construcción y ampliación de la base social de Sociedad Patriótica (PSP) el partido fundado para la participación electoral de 200212. Los dispositivos de inteligencia militar empezaron a desplegarse como un mecanismo de ‘segurización’ del poder presidencial y no como la matriz pensante de un proyecto político expansivo (como lo fue en el fujimorato). En cualquier caso, el régimen nunca dejaría de utilizar los mecanismos de información y la prospectiva militar, así como las más bajas armas policiales del poder (espionaje, interferencias, amedrentamientos, etc.), en el curso de su gestión. No fueron escasos los atentados a figuras de la oposición y amenazas a los medios de comunicación, que las autoridades nunca se esforzaron por esclarecer. Los servicios de inteligencia policial intervinieron así en ciertas coyunturas conflictivas y, progresivamente, en otras tareas funcionales al poder: con su caída se ha destapado ya una verdadera red de espionaje policial montada para hostigar a los detractores del régimen. El fujimontesinismo había generado sus aprendices.

11 En 1997, Lucio Gutiérrez era edecán del ex presidente Abdalá Bucaram; y en el 2000 fue el cabecilla de la insurrección indígena militar que terminó por expulsar del poder al entonces presidente Jamil Mahuad. 12 Así lo reconoció públicamente Rodrigo Braganza, ex militar y dirigente de Sociedad Patriótica, en el programa de televisión 30 minutos plus de Teleamazonas Quito en la primera semana de mayo (jueves 5). La investigación periodística en la que se basó tal programa señaló además que, según datos oficiales, en el período 2002-2004 se incrementaron 14 500 puestos burocráticos (en gobiernos anteriores el promedio era de 2.500 nuevos funcionarios), la mayoría de ellos sin procedimientos de concurso público, lo que hace suponer que se trataba de cuotas políticas, y sobre todo en instituciones como Petroecuador, Pacifictel, el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Bienestar Social, Aduanas y Andinatel. Muchas de estas contrataciones se efectuaron a través de terciarizadoras privadas -que retenían una parte del salario del nuevo empleado. Braganza señaló además que, en los últimos seis meses del régimen, se registraron más de 300 desafiliaciones de 'militantes' defraudados por que no se les adjudicó cargo alguno.

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La rápida neutralización, división y cooptación de las organizaciones del movimiento indígena13 deben ser leídas precisamente como efecto de tácticas de contención militar de posibles adversarios. La redistribución clientelar de recursos no operó de modo arbitrario. Ex funcionarios del Ministerio de Bienestar Social (Programa de Selección de Beneficiarios -Selben- y de Operación Rescate Infantil (ORI)) han señalado que fueron removidos de sus cargos por rehusarse a mover los cronogramas de las encuestas destinadas a identificar beneficiarios14. Con esa información se buscaba constituir las bases del gutierrato y patrocinar candidatos oficialistas. Tales clientelas quedaban después disponibles para ser utilizadas a favor del régimen, tal y como pudo apreciarse en los últimos meses de su mandato cuando se multiplicaron mítines e inéditas contramarchas montadas por el oficialismo. La estrategia se completaba con una política de subsidios, compensaciones y exoneraciones con otros sectores populares con cierta capacidad de presión corporativa (cooperativas de taxis, de buses, e indígenas evangélicos, por ejemplo) y agresivas campañas mediáticas. La desinstitucionalización de la política social avanzaba así mientras se consolidaba el clientelismo disuasivo del gutierrato. El clientelismo del régimen ha sido equivocadamente interpretado por ciertos sectores en su mayoría pero no exclusivamente provenientes de la burguesía costeña como prácticas -semejantes a las del venezolano Hugo Chávez- que alentaron a los sectores marginales de la sociedad contra los notables y contra las élites productivas de país. La gestión política y económica del gobierno de Gutiérrez tuvo, sin embargo, poco que ver con la que implementa el gobierno venezolano y su discurso anti oligárquico funcionó más bien como una cortina de humo para avanzar en su progresiva estrategia de penetración y recomposición de las alianzas entre nuevas y viejas élites financieras y para dar continuidad de manera rígida a las políticas fondomonetaristas15. Las bases gutierristas, además, nunca se colocaron en una posición beligerante con los ‘notables costeños’. Se podrá objetar, y con cierta razón, que la recomposición de alianzas entre distintas fracciones de las élites dominantes, propiciada en torno y/o a través del régimen, fue una consecuencia no prevista de las disputas partidarias, de las que Gutiérrez casi siempre salió victorioso, por el control de las principales instituciones del Estado. La desesperación por su supervivencia política lo habría empujado a pactar, a cualquier costo, con diversas facciones de tales élites a las que terminaba de enfrentar cada vez que la coyuntura política le exigía reestructurar sus alianzas. Aún al admitir el carácter algo fortuito de tales nexos, es evidente que -incluso antes de la ruptura del gobierno con Pachakutik y el movimiento indio16- el núcleo duro de sus alianzas siempre giró en torno del apoyo de las élites económicas, tradicionales o emergentes, y de sus expresiones partidarias. Pasar del apoyo de los caciques socialcristianos a una firme coalición con el partido del bananero más rico del país y con el bucaramismo, ligado a influyentes sectores comerciales y exportadores, revela que las elecciones del gutierrato no fueron puro efecto de las circunstancias. Ahí su signo político reaccionario y conservador. Su ofensiva contra el líder socialcristiano León Febres Cordero -que tanto despistó al Movimiento Popular Democrático (MPD), a los socialistas, y a otras agrupaciones de izquierda que le extendieron su apoyo político- escondía el apuntalamiento de nuevas fracciones dominantes con las que, al final de su mandato, mantenía ya conexiones más estables desde las que se proyectaba, para el

13 Reconocer ello no implica dejar de observar la debilidad política de las organizaciones indígenas -antes, en el transcurso y después de su paso por el poder- y su responsabilidad (disponibilidad) en la eficacia de la estrategia clientelar de régimen. 14 Programa 30 minutos plus, Teleamazonas, 6 de mayo 2005 (ver http:// www. teleamazonas.com/ 30minutos.htm) 15 Los mecanismos clientelares del gutierrato nada tienen que ver tampoco con la política redistributiva del gobierno venezolano que ha implicado un redireccionamiento, sistemático y organizado, de las políticas sociales y el gasto público hacia los sectores históricamente más desfavorecidos de la sociedad (Ver: Gregory Wilpert, 2002, “Countercoup. Venezuela: the Nation that Refused to Roll Over for the Oil Baron”, www.counterpunch.org) 16 La alianza del Partido Sociedad Patriótica y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, brazo político del movimiento indio, se estableció como una respuesta para la participación electoral de fines de 2002, en vista del fracaso de los intentos de unidad de la centro izquierda. A estos dos partidos se sumó el Movimiento Popular Democrático, la formación política más a la izquierda del espectro partidario ecuatoriano. Se trataba entonces de una coalición inédita de movimientos populares y partidos de izquierda que, a lo largo de los noventa, fueron la fracción más movilizada contra el proceso de ajuste estructural y la política pro estadounidense de los gobiernos nacionales. Su triunfo en la segunda vuelta electoral, por sobre el multimillonario Álvaro Noboa, fue vista con sorpresa y estupor por los sectores dominantes. Sin embargo, las ofertas de campaña así como la posibilidad de instaurar un co-gobierno, en que el movimiento indio tenga efectiva capacidad de decisión, fueron rápidamente disueltas por el presidente y su círculo cercano -sostenidos en el carácter presidencialista del régimen político nacional. La alianza terminó en agosto de 2003, pasados siete meses de su arribo al poder, cuando el movimiento había perdido todo margen de acción política y las diferencias programáticas con Gutiérrez eran irresolubles. Para un detalle de tal ciclo político, ver: F. Ramírez Gallegos, 2003, “El paso de Pachakutik y los movimientos por el poder”, OSAL, No. 11, Buenos Aires, CLACSO.

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mediano plazo, una alternancia electoral dentro de un nuevo polo político (PSP - Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)17 y, eventualmente, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN). Su ataque a LFC posibilitaba también la utilización de una retórica de polarización ‘pueblooligarquía’ desde la que se pretendía anclar la legitimidad del régimen. Finalmente, y sobre todo, esta ofensiva lo inmunizaba del más peligroso adversario que cualquier político ecuatoriano puede tener. La volatilidad de las alianzas parlamentarias del gobierno se asentaba, no obstante, en la estabilidad del respaldo norteamericano a su régimen. La cercanía al eje Bush-Uribe le otorgaba un sólido recurso de poder y negociación con los demás actores políticos y le abría márgenes de maniobra frente a las multilaterales de crédito y desarrollo. Ello, y la preocupación por reforzar constantemente el respaldo político de las FFAA afirman la centralidad de la seguridad en el diseño de la gestión política del gutierrato. Su autoritarismo provenía, ante todo, de la consistencia con que manejó, en su beneficio, tales factores estructurales de poder en la democracia ecuatoriana -señal inequívoca a su vez del desmantelamiento de la soberanía popular en que tal democracia se desenvuelve. El atropello del Estado de derecho, del orden constitucional y de la autonomía de las demás funciones estatales que Gutiérrez propició supo aprovechar y nunca trató de evitar, si bien hablan de la arbitrariedad y del autoritarismo del régimen, trascienden su existencia y remiten sobre todo a la precariedad hegemónica del orden político y al predominio de los imperativos sistémicos y homeostáticos que, fijados desde la lógica de la gobernabilidad presidencialista, conducen el funcionamiento democrático del país desde las reformas constitucionales de 1998. En efecto, desde entonces la estabilidad del juego democrático ha quedado restringida a las negociaciones e intereses de círculos partidarios que operan por fuera de todo mecanismo público de rendición de cuentas. El gutierrato aceleró y supo jugar exitosamente en tal escenario. Fue su gobierno que consagró la degradada lógica de las ‘mayorías móviles’18 como la forma privilegiada de abrir márgenes de gobernabilidad para sus iniciativas. La debilidad del ejecutivo quedaba disimulada ante su nada virtuosa habilidad para establecer pactos puntuales con diferentes partidos en función de específicos intercambios. La democracia de los partidos se imponía así, una vez más, ante una sociedad que, no obstante, y a pesar de la inexistencia de mecanismos explícitos de control y participación política, sabe ya como fijar límites a sus gobernantes. Fue la irrupción de la sociedad la que, en efecto, privó la oportunidad de consolidación del gutierrato justo cuando mejor se movía en la gramática del poder político ecuatoriano: sus recursos de poder estuvieron prácticamente intactos hasta el día mismo de su derrocamiento19; sus bases y formas políticas no han sido aún desmanteladas. Dividido y clientelizado el movimiento indio así como otros sectores populares, y contenido Febres Cordero, el cuerpo de inteligencia militar creía que el escenario político estaba bajo control. No contó, sin embargo, con la intempestiva protesta de ciudadanos indignados, sobre todo de clases medias y sin ninguna pertenencia organizativa, en contra de un régimen que, al igual que el fujimorato, traicionó el discurso político20 que lo llevó al poder y no tuvo límites éticos para ejercerlo en función de un oscuro proyecto político. Política ‘seguritaria’, clientelismo disuasivo, militarización de la gestión pública, mayorías móviles -además de los sedimentos para la posible formación de una nueva constelación política- pue-

17 Evidencias surgidas luego de la caída del régimen confirman los sólidos nexos, sobre todo, entre el roldosismo y el PSP. El Comercio del 10 de junio 2005 recoge declaraciones del legislador de PRE Ernesto Valle y de otras fuentes cercanas a tales partidos, que señalaron que Bucaram y Gutiérrez "seguirán liderando a sus partidos y apuntarán a que participen juntos en la próxima contienda electoral, sobre todo para lograr un importante número de diputados, porque se han dado cuenta de que el Congreso, a pesar de su desprestigio, es clave para el sostenimiento o caída de un Gobierno". Se trataría entonces de una alianza interregional de fuerzas políticas, de base populista, que permitiría disputar el electorado a los partidos políticos tradicionales cuya base regional es bastante acotada. 18 Así se denominó en el gobierno de Gutiérrez a la estrategia para alcanzar mayorías partidarias en el seno del poder legislativo. Con diversa intensidad, esta lógica ha predominado en el país desde hace más de una década tanto para abrir espacios de gobierno como para clausurarlos y hacer oposición política. 19 Dos días antes de su caída, la gestión del gobierno de Gutiérrez conservaba un margen de aceptación cercano al 30%. 20 Su oferta electoral tomaba distancia del catequismo neoliberal e incluía la lucha contra la corrupción; la reducción de la pobreza; el aumento de la inversión pública en salud y educación; la despolitización de la justicia; la promoción de las "cinco seguridades" (seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, seguridad ambiental y seguridad alimentaria); y la estimulación de la competitividad. En lo internacional, enfatizó en que el Ecuador no se involucraría en el conflicto colombiano y que consideraría los peligros de una integración indiscriminada al ALCA. Ninguno de estos elementos fueron convertidos en políticas de gobierno.

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den ser así las emergentes prácticas que hereda a un campo político que se alimenta, mientras los travestiza, de perversas mecánicas de poder. Aparece así la figura de un populismo autoritario endogámico de derecha que permite sugerir, en suma, la representación del gutierrato como una suerte de fujimorato incipiente.

3. El desborde ciudadano en cuatro episodios

Cuatro momentos sitúan el contexto de oportunidad en que tomó cuerpo la insurrección de la ciudadanía quiteña. Situarlos da cuenta de la progresiva formación del malestar ciudadano ante la totalidad de la clase política y del radical desmarcamiento que de ella, y de cualquier liderazgo social tradicional, tomó la protesta de la multitud en las noches de abril. Es precisamente en el desborde frente a la forma instituida de hacer y entender a la política en el Ecuador donde reside la singularidad de este evento. En lo que sigue narro, entonces, una serie episódica de la autonomización de las protestas ciudadanas con relación al tutelaje de las representaciones políticas tradicionales. Tal narración permitirá, al mismo tiempo, observar algunas de las fracturas que fueron abriéndose en el gutierrato hasta propiciar su caída. El mo men to pan -po lí ti co: la gue r r a par ti dis ta Cuando un orden político tiene como principal meta la disputa y el control del poder estatal y cuando sus principales protagonistas, los partidos políticos, actúan exclusivamente en función de una racionalidad estratégica de aniquilamiento y uso de enemigos y amigos, es inevitable que el orden legal sea un recurso adicional en la lucha faccional de poderes desprovistos de algo más que fuerza y astucia. La instrumentalización de la Constitución es el efecto agregado de un sistema político cuyo único fin es reproducir y proteger intereses privados por medio de la manipulación de las instituciones públicas. Tal ha sido el caso del Ecuador durante los 26 años de regímenes civiles. La actuación del gobierno gutierrista permitió aprehender una ‘gramática pública’ -cuyas reglas centrales son el clientelismo, el patrimonialismo, el prebendalismo, el corporativismo y una relación instrumental con la ley- largamente instalada en el ordenamiento político. Gramática, o un conjunto de reglas no escritas de juego político, de la cual los principales partidos, y las oligarquías privadas que los conducen han medrado y han llegado a propagarlas y normalizarlas, sin mayores resistencias, bajo los deshilachados ropajes del discurso democrático. Pero Gutiérrez deshizo las últimas costuras del sistema: la élite política y sus aprendices quedaron entonces desnudados. Así sucedió en relación con las disputas del oficialismo y la oposición por el control de los principales organismos del Estado. En noviembre 2004, cuando la oposición legislativa (compuesta por tres partidos, dos de los cuales fueron en su momento aliados del régimen, el derechista Partido Social Cristiano (PSC) y el brazo político del movimiento indio Pachakutik) fracasó en el intento de enjuiciamiento político al Presidente -por acusaciones de uso indebido de dineros públicos y cohecho- y la inmediata arremetida gubernamental para capturar el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los demás organismos de control constitucional, toda la sociedad pudo ver a piel descubierta el funcionamiento de los mecanismos clientelares y prebendarios con que actuaba el gobierno. El gutierrato forjó, para el efecto, una mayoría -compuesta por diputados (convertidos en) independientes, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) del ex presidente Abdalá Bucaram, el izquierdista partido pro chino Movimiento Popular Democrático (MPD), y el Partido de Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN) del millonario bananero de mismo nombre- que, atropellar toda la normativa constitucional, consiguió colocar a los allegados del régimen al mando de tales instituciones. Así, en la primera semana de diciembre la mayoría oficialista destituyó por mayoría simple a 32 magistrados y, luego de confusos episodios, nombró a un militante roldosista y amigo personal de Abdalá Bucaram como presidente de la CSJ. La preservación de ciertos márgenes de gobernabilidad se colocaba, una vez más en la historia política del país, por encima de la vigencia de la institucionalidad democrática. 18

Desde entonces se instala en la escena pública una verdadera batalla partidista entre la coalición ‘populista autoritaria’, liderada por el régimen, y la ‘coalición del e s ta b lish m e n t’, bajo la égida del PSC y la Izquierda Democrática (ID) y el respaldo de Pachakutik. Una verdadera guerra sucia se desenvuelve, desde la arena legislativa, por estabilizar o recomponer la correlación resquebrajada de fuerzas por las polémicas decisiones del 8 de diciembre: la política quedaba reducida a la pura lógica de la preservación o el viraje de la mayoría. Amenazas, golpes bajos, difamaciones e intentos de sobornos derruyen toda táctica de persuasión y argumentación racional de diferencias. En ese juego, Gutiérrez fue nítido vencedor, resistió todos los embates del e s ta b lish m e n t. Ya no era apenas un aprendiz. Este episodio revelaba, en toda su magnitud, el férreo control partidario de la justicia y, más aún, el arbitrario dominio que la clase política ha ejercido sobre las instituciones democráticas a costa de cualquier garantía procedimental para el ejercicio de la soberanía popular. El des pe gue de la cr í ti ca ciu da da n a: la ‘al ta so cie dad ci vil’ La repartición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del Tribunal Constitucional (TC), y del Consejo de la Judicatura entre el régimen y sus aliados aparecía no solo como una radical contra ofensiva para contener los intentos desestabilizadores de la oposición legislativa, sino como una estrategia para el definitivo desplazamiento de los dos más grandes partidos políticos del país (la ID y el PSC) del control de aquellas instituciones. La justificación política del gobierno articulaba las promesas de ‘despartidización’ de la justicia, caballo de batalla en la campaña presidencial de Gutiérrez, con una retórica antioligárquica dirigida, en lo fundamental, contra el líder social cristiano, León Febres Cordero (LFC), quien a lo largo de estos años ha utilizado el poder judicial como principal recurso de poder para disuadir y someter a sus adversarios políticos e incidir en decisiones judiciales claves para las lógicas de acumulación de su circuito empresarial. Aún cuando la confrontación con LFC sedujo a algunos sectores de la población y mejoró la imagen del régimen, no consiguió ocultar que la politización de la justicia seguía intacta y que las maniobras del oficialismo sólo habían sustituido a la ‘coalición del e s ta b lish m e n t’ por la ‘coalición del populismo autoritario’ en el control del poder judicial. Las críticas del e s ta b lish m e n t político ante la inconstitucionalidad de las maniobras fueron inmediatas pero carecían de la fuerza moral y de la credibilidad necesarias para movilizar a la opinión pública. Este fue el escenario propicio para la emergencia y el protagonismo de, lo que se podría denominar, la ‘alta sociedad civil’ en la movilización crítica de la opinión ciudadana ante las acciones del populismo autoritario. Esta ‘alta sociedad civil’ está compuesta por dos conjuntos de actores. Por un lado, los dirigentes de ciertas cámaras empresariales de Quito y Guayaquil -cuya presencia en el escenario político no es ninguna novedad. Y por otro lado, por una serie de organismos no gubernamentales, en sus diversos programas y proyectos, (Participación Ciudadana (PC), Ruptura 25, Corporación Latinoamericana de Desarrollo (CLD), entre otros) concernidos con temas de control institucional y afirmación de la cultura democrática; financiados por fundaciones norteamericanas y otras fuentes de la cooperación internacional; con frágiles nexos con otras organizaciones populares y movimientos sociales; y conducidos por líderes de alto capital simbólico y cultural (prestigio educativo, estatus social, competencias lingüísticas, blanco mestizos, etc.), y provenientes de círculos académicos y redes profesionales de alto nivel, que los sitúan como parte de los sectores medio altos de la sociedad. Articular un discurso de defensa de la institucionalidad democrática liberal, además de las obvias demandas ante los organismos pertinentes a nivel nacional e internacional, estos actores efectuaron originales, pero muy acotadas, acciones simbólicas de protesta (‘bocinazos’ y plantones ante la CSJ, por ejemplo). La cobertura y el lugar privilegiado que ciertos medios de comunicación concedieron a estos actores dejaba entrever su afinidad con los contenidos y el tono de su reclamo, que prefiguraba además su ingreso ‘por lo alto’ a la escena política21. La intensa movilización mediática de un discurso de defensa de la institucionalidad democrá-

21 El importante espacio mediático ocupado por específicas figuras de la 'alta sociedad civil' (PC y R-25, sobre todo), incluso antes de los sucesos de abril, contrasta con la frágil atención que los medios prestaron a otros sectores populares y juveniles organizados en similar actitud crítica al régimen. Su alto capital simbólico y sus influyentes nexos sociales explicarían, entre otros factores, tal protagonismo.

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tica22 por parte de un nuevo conjunto de actores sociales distantes del orden político aparecía, a pesar de su débil resonancia en otros sectores de la población, como un cuestionamiento, prácticamente inédito, de una gramática de actuación política que el ex mandatario llevó a sus extremos más groseros pero que ha sido desarrollada por todos los partidos y actores políticos que se han desenvuelto en las arenas oficiales de la política a lo largo del último período casi continuo de regímenes civiles. La credibilidad de un puñado de nuevos líderes de la alta sociedad civil, entre diversos líderes de opinión y sectores políticos de oposición, contribuyó a la extensión de su reclamo y a la visibilización, sobre todo en la capital del país, de un polo cívico de defensa de la constitucionalidad democrática. Ello no fue suficiente, sin embargo, para activar mayores adhesiones en una población que nunca se había desgarrado las vestiduras por la democracia. Po de r es lo ca les y al ta so cie dad ci vil: ¿con fluen cia vir tuo sa? El gobierno presentaba el reclamo como una demanda de las oligarquías partidistas tradicionales despojadas de sus bastiones de poder. Lo contenía además conforme a la exaltación de la política económica del régimen (estabilidad macro económica sin ‘paquetazo’, a saber, sin elevación de precios en servicios estratégicos como el gas y la gasolina). La propaganda oficialista televisada inundó, con estos argumentos, los hogares ecuatorianos. Incluso, algunos sectores de izquierda impulsaron una visión similar del problema: la batalla legal por el control de la CSJ no era más que la reedición de pugnas interoligárquicas. Mientras tanto, la movilización de la alta sociedad civil parecía sintonizar cada vez más con los esfuerzos que, a nivel del poder legislativo, hacía la oposición para buscar las vías políticas y jurídicas necesarias para restaurar el ordenamiento político anterior al 8 de diciembre de 2004. La ‘coalición populista autoritaria’ mantenía, sin embargo, el pleno control de los principales poderes del estado y de las instituciones de control constitucional. No existía fisura alguna en el bloque de poder. La vía puramente institucional de modificación del escenario político parecía del todo inviable. En medio de un ambiente enrarecido por una serie de violentos atentados a figuras visibles de la oposición, las agendas cívicas y las agendas de los partidos políticos opositores del oficialismo seguían acercándose. No se trataba, sin embargo, de una convergencia intelectual, de cosmovisiones o de proyectos políticos. Operó, más bien, una suerte de afinidad electiva, de encuentro fortuito. Los partidos requerían de los discursos, las figuras y las reservas morales de los agentes de la alta sociedad civil, a fin de incrementar su margen de credibilidad, y estos necesitaban una mayor capacidad de movilización, disponible en los partidos, a fin de que su reclamo encontrara más amplio eco. El rol de los poderes locales fue clave en este acercamiento. Los alcaldes de las tres ciudades principales del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, convocaron a muchas marchas en las que tuvieron el respaldo activo de las organizaciones de la alta sociedad civil, además de otras agrupaciones, sociales y políticas de medios; intelectuales y ciudadanos desvinculados. El tono de las marchas fue, no obstante, distinto. La convocatoria del Alcalde Jaime Nebot (PSC) a la marcha cívica de Guayaquil en enero 2005 tenía como enmarcado discursivo la serie de incumplimientos del Gobierno nacional con la ciudad, sobre todo en materia de seguridad ciudadana: solo se expresaba marginalmente la crítica a los abusos de poder del régimen. Por el contrario, las marchas de Cuenca y Quito (el 16 de febrero) convocadas por los alcaldes de la ID tuvieron, desde sus inicios, un tono de confrontación con el Gobierno por la pulverización del Estado de derecho al que el oficialismo había conducido al país. Las tres marchas tuvieron una multitudinaria concurrencia. A la convocatoria del alcalde Moncayo, expresada dentro de la Asamblea de Quito, se sumaron otras organizaciones políticas y sociales (Pachakutik, Coordinadora Política de Mujeres, Foro Urbano, Consejo de Educación Superior, diversas universidades, etc.) que exigieron además la dis-

22 Aún cuando no es el lugar para extender esta digresión, diferencio el discurso institucional de la democracia de la concepción puramente juridicista de esta (ciertamente presente pero no dominante en algunos sectores de la alta sociedad civil). A grosso modo, en la primera el conflicto político es presentado como parte normal de los juegos de poder y de la pérdida de legitimidad del sistema político y debe ser resuelto dentro de los canales institucionales que el orden democrático fija para el efecto; en la segunda, la misma posibilidad del conflicto es negada por cuanto rebasa y atenta el orden jurídico existente, las relaciones de poder se licuan, y disuelven, en la legalidad constitucional.Ver Franklin Ramírez G, 2002, El llorón de Taura. Culturas políticas del conflicto en el Ecuador, Tesis de Maestría en Ciencias Políticas, Universidad Internacional de Andalucía, España, inédita.

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cusión de una agenda más amplia que incluyera el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC), la reactivación productiva, la lucha contra la pobreza, la defensa de la soberanía y una reforma política integral23. Desde un inicio, entonces, los sentidos políticos de la Asamblea estuvieron en disputa. El liderazgo del proceso se centró, no obstante, en la figuras de los dirigentes locales de Quito y Pichincha, y de su partido, y se encarriló fundamentalmente en torno al tema de la reestructuración de la Corte. Ello hizo que varias organizaciones sociales autónomas se mantuvieran distantes de la convocatoria; en Cuenca sucedía igual cosa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) manifestó incluso que solo se trataba de un pugna entre dos constelaciones políticas tradicionales, “que se disputan los despojos de la institucionalidad estatal”, y que evitaban discutir temas más trascendentes para el futuro del país. Sectores radicales de la izquierda eran igualmente críticos de la convocatoria -se sentían además en cierta forma identificados con las medidas anti febrescorderista del régimen- y preferían guardar distancia con sus auspiciantes. Tales factores incidieron en la escasa participación de los sectores populares en este momento inicial de movilización social24. Aún así la convocatoria fue masiva: se calcularon más de 200 mil personas. Los poderes locales de Pichincha y Quito, bastiones de la Izquierda Democrática, demostraban así la contundencia de su reclamo al régimen, y la alta sociedad civil celebraba también la resonancia que su reclamo adquiría en la opinión pública y en nuevos sectores sociales25. El gobierno, por su parte, respondía con contra marchas arregladas a través a sus redes clientelares: tales mítines incluían, por lo general, pagos, regalos y espectáculos para los asistentes. En el otro lado de su estrategia, a través de un elaborado juego con la opinión pública, Gutiérrez afirmaba la repartición de las principales instituciones del país entre los integrantes de la coalición del ‘populismo autoritario’ mientras conminaba a su partido a votar por la destitución de la CSJ en el seno del Parlamento26. Gutiérrez sabía que tal operación no era posible pues el presidente del legislativo, perteneciente al PRE y por tanto parte del bloque oficialista, se encargaba de boicotear de forma reiterada las convocatorias. Todo estaba fríamente calculado. Esta maniobra debilitó la ofensiva de los poderes locales y sus aliados. Po lí ti co s r u ti n a r io s y des bo r da do s: la au to -co n v o ca ció n ciu da da n a Entre las marchas del 16 de febrero y el derrocamiento presidencial del 20 de abril se sucedieron muchos acontecimientos. Las acciones del polo cívico de defensa de la institucionalidad democrática y de los partidos de oposición continuaban en sus respectivos andariveles. La confluencia en torno a la Asamblea de Quito, liderada desde los poderes locales, parecía consolidar a este espacio como el eje articulador del malestar y la protesta ciudadanas. Una y otra vez se demandaba la restauración del orden constitucional en el Ecuador. Quito se afirmaba, de a poco, como el centro de la oposición política al régimen gutierrista. La implicación de otras ciudades -Cuenca, Riobamba, Ibarra, sobre todo- en tal dinámica nunca llegó a tener los niveles de lo sucedido en Quito. El gobierno se mantenía, no obstante, inamovible en su estrategia de copamiento de las principales instituciones del Estado. Ni siquiera el informe desfavorable de un observador de las Naciones Unidas sobre la situación de inconstitucionalidad con la que la mayoría oficialista había ejecutado cambios en la función judicial persuadió al régimen para una reorientación de sus acciones. Las tibias declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos sobre la caótica situación de la justicia en el país dejaban ver que, aunque con ciertas reticencias más bien de forma, su apoyo al presidente continuaba intacto. Los partidos de oposición, mientras tanto, hacían vanos esfuerzos por modificar la correlación de fuerzas en el escenario legislativo. La mayoría oficialista se mantenía compacta aún a pesar de

23 Ver 'Manifiesto de las organizaciones convocantes a la Asamblea de Quito', febrero 2005, Convergencia cívica por la democracia, reproducido en Revista La Tendencia, No. 2, marzo 2005, Quito. 24 Por ejemplo, según señala Pablo Ospina, "el ambiente en los barrios del sur de Quito era de no apoyar una movilización que tuviera la más mínima oportunidad de ser interpretada como un apoyo a los partidos políticos tradicionales" (p. 1). Ver, El abril que se llevó al coronel que no murió en el intento, inédito. 25 Ver el editorial de César Montúfar, dirigente de Participación Ciudadana y uno de las principales figuras de la oposición al régimen, publicado en El Comercio en los días siguientes al 16 de febrero, día de la contundente protesta ciudadana en Quito. 26 Tal fue parte del mensaje emitido por el ex presidente la noche del 10 de abril en una cadena nacional de televisión.

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las promesas que varios legisladores hicieran ante distintos medios de opinión para modificar, con su voto, la estructuración de la CSJ. Por su parte, el Gobierno reconocía la posibilidad de una consulta popular como mecanismo para destrabar la situación de la justicia. Con ello buscaba, y conseguía, ganar tiempo. A ello contribuyeron los partidos opositores en la medida en que no se ponían de acuerdo sobre los mecanismos para constituir la nueva Corte. No estaban dispuestos, aún a pesar de la crítica coyuntura, a admitir una ‘transición’ que sea desfavorable a sus intereses. Los cálculos partidistas se hacían otra vez visibles en medio del creciente repudio ciudadano por la degradación e incompetencia de la clase política nacional. Al interior del poder judicial, por otra parte, varios magistrados solicitaban a Castro Dáger, el roldosista que presidía la CSJ, que se abstenga de emitir un pronunciamiento sobre la condición de los juicios penales que enfrentaba su coideario y amigo Abdalá Bucaram. Castro Dáger hizo caso omiso a tales pronunciamientos. El retorno del ex presidente, exilado en Panamá desde donde fraguó el pacto con el gobierno, era inminente. La continuidad de ciertos actos de violencia política, las denuncias de persecución policial por parte de ciertas figuras de la oposición, así como intentos de regular las libertades de expresión encendían más aún la condena al régimen. Varios editorialistas, radiodifusores y, en menor grado, conductores de televisión, hablaban ya del Presidente Gutiérrez como de un dictador y advertían las derivas fascistoides de su régimen. Tal vocabulario político no había sido utilizado desde los días del autoritario gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional, presidido por Febres Cordero entre 1984 y 1988. El malestar ciudadano se canalizaba, cada vez con más dificultades y disputas, por medio de la Asamblea de Quito y de las fuerzas políticas que la dirigían. Los problemas de ‘excesos de hegemonismo’ local de la ID y los métodos poco participativos y deliberantes con que sus líderes conducían la Asamblea deslegitimaban progresivamente tal espacio. Para fines de marzo, en efecto, se apreciaron ya grandes fisuras y dubitaciones en su interior: había la sensación de que las acciones de la Asamblea se supeditaban en exceso a las negociaciones políticas en el Congreso Nacional y a los intereses partidistas de los líderes locales de la ID. Más aún, empezaba a gestarse un ambiente en que la resolución del problema de la CSJ no era ya la principal demanda social: se planteaba la salida del presidente y de todos los políticos. Eran las voces de sectores independientes y más radicales que empezaban a escucharse cada vez con más nitidez. En esos mismos días aparece una primera señal de fractura en el bloque ‘populista autoritario’: el PRIAN del millonario Álvaro Noboa no vota con sus aliados por la designación del nuevo fiscal general de la nación. El Congreso pudo negar así la terna enviada por el Ejecutivo. Dolorosa derrota para el régimen que intentó desesperadas maniobras para evitarlo: decretó, a última hora, un feriado en las vísperas de Semana Santa del que debió desistir por la desobediencia de los poderes locales y las cámaras, e incluso intentó expedir un Estado de emergencia del que fue disuadido, esta vez, por su Ministro de Defensa27. La Fiscalía constituía la pieza faltante en la estrategia gubernamental de copamiento político de todas las instituciones estatales. Con este episodio se hacía evidente que el bloque oficialista se mantenía bajo un equilibrio precario donde cada decisión y cada recurso institucional en juego suponían tensas negociaciones que no podían encontrar siempre un punto de equilibrio. Los intereses de cada uno de los aliados del régimen estaban demasiado estructurados como para permitirle puntos de inflexión y márgenes de actuación autónoma. La tesis -bastante extendida en estos meses- de la excesiva ‘concentración de poder’ en el Ejecutivo no daba cuenta de la compleja estrategia de distribución del poder estatal sobre la que Gutiérrez asentaba su mandato. Tanto los grandes aliados como los pequeños partidos (socialismo, MPD, CFP) además del bloque de independientes, habían accedido a ocupar franjas de poder en los diversos organismos del estado. Se puede decir incluso que, quizá nunca antes los recursos de poder estatal estuvieron tan repartidos como en los días del gutierrato. ¿Acaso ahí residió su mayor debilidad? Ciertamente. El retorno de Bucaram en los primeros días de abril fue el costo que el gobierno tuvo que pagar por la estratégica alianza con el PRE en el Congreso28. Esta misma alianza lo había

27 Ver “El Ejército temía la debacle” (A. Reyes y D. Barreto), pp. A-20, en periódico El Comercio, Suplemento Especial La rebelión en Quito, 24 de abril 2005. 28 Al romper toda base de legalidad, Santiago Castro Dáger (el ‘Pichi’ como lo llamaban sus allegados) emitió el 31 de marzo una providencia por medio de la cual declaró la nulidad de los juicios penales contra Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik, tres ex mandatarios con muchas diferencias entre sí pero una característica en común: los tres eran prófugos de la justicia ecuatoriana. Amparados en esta resolución los ex presidentes regresaron al país entre el 1° y el 3 de abril.

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ya salvado del juicio político planteado por el e s ta b lish m e n t. La presencia de Bucaram en el país, sin afrontar un solo juicio, aceleró la indignación contra el régimen. Ello fue particularmente notorio en Quito. La ciudad capital fue el escenario principal de las protestas que lo derrocaron en febrero de 1997 y, pese a sus ocho años de autoexilio, no parecía haber olvidado, así como en otras ciudades del país, los actos de corrupción que precipitaron su caída. La imagen de dudosa moralidad del líder del PRE se proyectaba hacia los círculos presidenciales. Las promesas de campaña del gutierrato de traer a los corruptos para someterlos a juicios justos quedaban en el piso. Ciertos sectores populares empezaban también a tomar distancia del régimen. La sensación de traición e impunidad en la población de Quito, de otras ciudades como Cuenca, Ibarra, Riobamba y de algunos otros lugares de país aumentaban día tras día: la resistencia ciudadana al presidente tenía claros perfiles antibucaramistas. En la intensificación del malestar ciudadano con el régimen se articulaban entonces la demanda por la restauración del Estado de derecho y un fuerte sentimiento de agravio por el retorno de Bucaram a la vida política del país. La dirección de la Asamblea de Quito, mientras tanto, se hacía más compleja y aumentaban las presiones de otras fuerzas sociales por elevar el tono de las protestas y ampliar su agenda política. La Asamblea de los Pueblos -surgida en el curso del derrocamiento del ex presidente Jamil Mahuad en enero de 2000 y compuesta por pequeñas organizaciones sociales de izquierda, líderes afines a la Conaie, y otras instancias asociativasefectuaron convocatorias paralelas y con una agenda distinta. Lo mismo sucedía con otros sectores. El prefecto de Pichincha y el alcalde de Quito realizaron, aún así, una convocatoria a un paro provincial de 24 horas desde las 00h00 del 13 de abril. El mismo manifiesto de la convocación fue criticado por algunos sectores por que no incluía la demanda de destitución del presidente. Otras tres provincias de la Sierra central se sumaron a la medida de hecho. En la Costa el apoyo fue mínimo. Si bien tal medida parecía el mecanismo más idóneo para encausar la cólera ciudadana, las contradicciones y pujas políticas entre las dos autoridades seccionales de la ID y las dudas sobre si condicionar las acciones de protesta a la evolución de las negociaciones en el seno del legislativo (el intento por destituir a los magistrados de la CSJ volvió a fracasar el martes 12, debido a las maniobras del oficialismo) o al apoyo de Guayaquil debilitaron a la vez la intensidad del paro y el liderazgo de los poderes locales y de las demás figuras políticas y sociales que giraban en su torno. Un sector de las cámaras retiró su apoyo a la paralización. El alcalde Moncayo, y el prefecto González y otros líderes sociales fueron increpados por el exceso de protagonismo y la falta de contundencia en la dirección de las manifestaciones. La conducción de las Asambleas de Quito y Pichincha hacía crecer entonces la sensación de que los intereses partidarios habían, otra vez, primado sobre las demandas ciudadanas. Los modos verticales, cerrados y convencionales con que el ‘moderno’ partido de las clases medias quiteñas la ID había enfrentado la conducción de la crisis política no hicieron sino evidenciar la caducidad, distancia y rigidez con que las estructuras partidarias del e s ta b lish m e n t conducen su relación con la sociedad. La iniciativa de Participación Ciudadana (PC), por su parte, de hacer una lectura de la Constitución en la av. Amazonas en medio de la jornada de protesta del 13 de abril, a la que el alcalde asistió, pasó casi desapercibida y no sintonizaba con el espíritu mucho más beligerante de amplios sectores ciudadanos. La cercanía a los poderes locales había dejado descolocados a múltiples segmentos de la alta sociedad civil. Algunos de ellos debieron revisar y modificar sus agendas en el curso de la rebelión; efectuaron incluso acciones más extremas29. Diversas organizaciones radicalizaban también sus acciones en distintos puntos de la ciudad (tomas de la Catedral, del TC y un canal de TV). Segmentos de la izquierda radical y sectores populares iban sumándose progresivamente a la revuelta en las calles. Los sectores movilizados fueron, a lo largo de esa jornada, excesivamente reprimidos por las fuerzas policiales. Los errores estratégicos del régimen para contener las protestas se hicieron visibles desde un inicio. En el Azuay, la paralización tenía ciertos resultados. La contra marcha organizada por el régimen en el centro histórico de Quito, al ritmo de la tecnocumbia, y las declaraciones del secretario de Comunicación felicitaba al pueblo de Quito por “el escaso respaldo a los llamados de la ID” fueron percibidas como una provocación adicional que aceleró la indignación de los quiteños. El gobierno se percibía como el gran ganador de la jornada.

29 Es el caso de Ruptura 25, que días antes de la paralización del 13 de abril había solicitado ya la renuncia del presidente y se había desmarcado, en cierto grado, de las convocaciones oficiales de las protestas. Participaron también en la toma de TC.

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Más tarde, en una cadena nacional de televisión, Gutiérrez acusaba a los partidos de oposición de buscar réditos con las protestas e invitaba a debatir un nuevo proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial propuesto por el Gobierno. Al privilegiar nuevamente la preservación de la coalición ‘populista autoritaria’ el régimen dejaba la situación como al inicio. Desde ese miércoles 13 de abril, al finalizar la tarde, toda acción o símbolo enviado desde el poder activaría sin pausa las reservas morales de los residentes en Quito y los empujaría a inventar, por su propia iniciativa, una inédita serie de actos e íconos de protesta que no han terminado de sucederse semanas después del derrocamiento del presidente. La estructura del malestar ciudadano se consolidaba por oleadas, de cada vez más rápido impulso, con cada maniobra que el régimen emprendía. Así es como el viernes 15, en una decisión inesperada y cuando las movilizaciones nocturnas habían desbordado las expectativas, el Gobierno Nacional decretó un Estado de Emergencia solo para la ciudad de Quito y destituyó a la Corte Suprema de Justicia. El diario El Co m e r c io hablaba de “Un golpe de Estado a medias”. La ciudadanía desobedeció la medida. El ejército desistió de salir a las calles. Se hablaba de fisuras en las relaciones entre el presidente y las Fuerzas Armadas. En esos días ningún representante político, ni social, podía ya pretender encausar o dirigir la protesta. Bastó con que la radiodifusora, Radio La Luna, abriera sus micrófonos a los ciudadanos para que estos expresaran su malestar y sus propuestas de resistencia/desobediencia cívica frente al gobierno. Otras radioemisoras replicaron la medida. Una lluvia de propuestas surgió con el planteamiento de no desacelerar la lucha contra el régimen y de hacerlo sin tener en cuenta ningún tipo de liderazgo tradicional. Una llamada de una mujer quiteña expresaba su enojo y su frustración por los atropellos del régimen y la complicidad de las élites políticas dio forma al ‘cacerolazo’ convocado para la noche del 13 en la av. los Shyris. Más de 5.000 personas acudieron. Durante 10 días las acciones se repitieron y se innovaron en diversos puntos de la ciudad. No se pedía únicamente la reorganización de las Cortes: la consigna ‘que se vayan todos’, ya escuchada en la protesta argentina de 2001, incluía al presidente y a los legisladores. La vía institucional y partidocrática de acción política estaba clausurada. Las acciones emprendidas irían, en más, todas en su contra. Una suerte de maximalismo ético identitario dio así forma a un inusitado y radical ciclo de protestas en una población que ya había visto que el derrocamiento de otros presidentes apenas había implicado recambios al interior de las mismas élites políticas. La imaginación ciudadana desbordaba entonces a las rutinas del poder y de las élites dominantes y hacía evidente que para la supervivencia de la democracia se requiere algo más que recursos, astucia y fuerza. En suma, el desborde ciudadano, la emergencia de una protesta ajena al tutelaje de partidos y movimientos, es decir, el carácter autónomo de la revuelta de abril emergió a raíz de una feroz disputa partidista -que desnudó, en toda su obscenidad, la decadencia de la clase política- por el control de las instituciones estatales (episodio A) y se vio estimulada por la persistente crítica civil a la descomposición del orden democrático (episodio B). La arrogante e ilegítima solidez de la ‘coalición populista autoritaria’ -ilegitimidad acelerada con el retorno de Bucaram- en su estrategia de mantener a cualquier precio la disputa en el seno del poder legislativo y evitar así cualquier cambio y los fallidos intentos de conducción política del malestar ciudadano de parte de los poderes locales en colaboración con diversas instancias de la alta sociedad civil (episodio C) intensificaron y radicalizaron el descontento ciudadano con toda la estructura de representación política y social. La disponibilidad de un medio de comunicación crítico al régimen (La Luna), permitió a su vez la expresión autónoma, veloz y descentralizada de la protesta. La progresiva apertura e identificación de otros medios de comunicación con el malestar ciudadano, a medida que avanzaban las manifestaciones, facilitaron también su intensificación y el cabal cumplimiento de algunas de sus metas (episodio D). Cuando las coaliciones sociopolíticas que sostienen una determinada causa o demanda social son poco permeables, a los ciudadanos les queda la posibilidad de movilizar en su favor a ciertos sectores de la opinión pública; si estos acogen favorablemente tales demandas, aquellos habrán dado un gran paso para incidir en el proceso político30.

29 Es el caso de Ruptura 25, que días antes de la paralización del 13 de abril había solicitado ya la renuncia del presidente y se había desmarcado, en cierto grado, de las convocaciones oficiales de las protestas. Participaron también en la toma de TC. 30 En términos sociológicos el papel que cumplió la radioemisora La Luna en la propagación de la protesta no es, para nada, excepcional. Las teorías de la movilización de recursos y el proceso político otorgan, en efecto, un lugar privilegiado al rol de los medios de comunicación en las posibilidades de incidencia de los movimientos sociales en el sistema democrático.Ver al respecto Pedro Ibarra (ed.), Social Movements and Democracy, 2003, Palgrave Macmillan, New York.

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4. Inéditos repertorios de contestación: la protesta “forajida”

El primer ‘cacerolazo’ tomó por sorpresa a todo el mundo. Ni el gobierno, ni los políticos, ni los medios de comunicación dominantes reaccionaron a tiempo. Había una total desconexión entre lo que empezaba a suceder en las calles y los convencionales modos de percibir a la vida política. Cuando un grupo de manifestantes se condujo hacia el domicilio de la familia presidencial, ubicado en un barrio de clase media alta de Quito, para cantar, saltar, pitar, y gritar consignas contra el régimen -en el primer ‘escrache’ político que se recuerde en el país- el desconcierto fue mayor. La mañana siguiente, el jueves 14, el presidente apenas pudo tachar de “forajidos”31 a los, sobre todo, jóvenes que protestaron ante su casa. Esa etiqueta fue incorporada y resignificada, de inmediato, por la ciudadanía alzada: “todos somos forajidos”. La protesta tenía ya nombre propio: se aseguraban así los sentidos de solidaridad e identificación colectivos que caracterizarían el espíritu de las jornadas siguientes. Era el último recurso que le hacía falta a la movilización para consagrar su carácter autónomo. La protesta ciudadana se tomó entonces la ciudad de Quito entre el miércoles 13 y el viernes 22 de abril. Desde ahí, y gracias al peso simbólico de la capital del país, todo el país fue implicado. El pueblo de Quito había hecho posible la destitución del presidente alterando así el paisaje político nacional, no sabemos hasta cuando, por la vía de un inédito repertorio de acciones y discursos de contestación al poder que prefigura la emergencia de nuevos agentes sociales urbanos, más o menos inconsistentes, y conectados de un modo diverso con la vida política del Ecuador. Las inusitadas formas de la convocatoria, la diversa composición de los marchantes, sus tácticas de acción crítica que catapultan las dinámicas de la vida cotidiana hacia los espacios públicos, los cambiantes lugares y tiempos de la protesta, y un insospechado sentido autogestionario y/o de acción política directa, articulado con un fuerte sentido de identidad local, permiten ubicar los trazos de un inédito repertorio de resistencia e insurrección civil que, con certeza, incidirá a futuro en la configuración y orientaciones de otras dinámicas de acción colectiva contestataria en el país. La morfología de la ‘protesta forajida’ de las noches de abril puede delinearse, entonces, a través de cuatro elementos: auto-convocatoria, tácticas cotidianas de protesta, nuevos espacios y tiempos de movilización e inédita composición social (clase, generación, género) de los marchantes. El cuadro se completa con una descripción de los enmarcados ideológicos y discursivos que justificaron la eclosión de la acción colectiva.

31 Las declaraciones textuales de Gutiérrez fueron: "Voy a poner juicio penal a esos forajidos que no eran del pueblo. A mí que me vengan a importunar y no a mi familia...que con mi familia no se metan." (Diario La Hora, B-3, 14 abril 2005, Quito).

Los escraches: entre la acción directa y el ajusticiamiento ciudadano* Las movilizaciones de abril vieron emerger a los escraches como un nuevo repertorio de proteta urbana. Los escraches son una forma de escarnio público que se desarrolló en Argentina a fines de la década de los noventa, cuando la joven organización política (HIJOS) manifestaba contra la impunidad de los crímenes cometidos en la dictadura militar de los años setenta y ochenta. HIJOS es una agrupación que aglutina a los hijos de los desaparecidos en la Argentina. Nació en el año 1994 y desde 1998 inició un conjunto de acciones pacíficas frente a las residencias de los principales responsables de la dictadura en demanda de reparación y justicia, y denunciaba las atrocidades cometidas y encubier tas por los personajes “escrachados”. Los escraches se convir tieron así en una forma de protesta con poderosos efectos para activar la memoria colectiva sobre los abusos cometidos por la dictadura. Progresivamente, y en otros escenarios de conflictividad, otros grupos organizados y ciudadanos han empleado los escraches como una forma de manifestación pública de su repudio a cier tos personajes y acciones políticas. En las jornadas previas y posteriores a la renuncia

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de De la Rúa, en 2001, los escraches se multiplicaron contra figuras del menemismo, banqueros, políticos y jueces. Esta forma de protesta fue adoptada también en los días de la rebelión de abril por diversos grupos, sobre todo, de jóvenes quiteños. Fue precisamante, el escrache al domicilio privado del ex presidente el que dio el nombre a la poderosa acción colectiva que terminó por defenestrar a Gutiérrez: los forajidos. Qui­to,­13­de­abril­de­2005­­­­­ A las 00h00 del miércoles 13 de abril se inició la paralización de Pichincha. La jornada se inauguró con la quema de llantas y la presencia de maquinaria pesada en las afueras del edificio de las cámaras de la producción. Al medio día la televisión mostraba imágenes de pequeñas concentraciones dispersas por toda la ciudad. A partir de ello se realizaron dos lecturas: la oficialista, la más difundida en los medios, hablaba del fracaso de la protesta; y la de sus convocantes, que señalaba que los objetivos se habían alcanzado: “Se buscó paralizar la ciudad y eso es lo que se ha logrado”. A esas alturas, las autoridades locales y otros líderes del paro dispusieron de un momentáneo repliegue a fin de convocar a una concentración, a las 15h00, en las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este parecía ser el real termómetro de su convocatoria. Aún cuando la convocatoria parecía no tener mucha fuerza, la policía, ante la orden de no permitir concentración alguna, hizo un excesivo despliegue de fuerza. Los manifestantes, que llegaban por tres flancos (avenida 10 de agosto norte, 10 de agosto sur -edificio del Consejo Provincial- y avenida patria), fueron repelidos y obligados a retroceder varias cuadras. Ello provocó la disolución de la manifestación y, aparentemente, el fin del paro de 24 horas. La­Lu­na La radioemisora La Luna se puso, entonces, al servicio de la paralización. La Luna y su director de noticias, Paco Velasco, conocían muy bien a Gutiérrez pues fueron, irónicamente, uno de los soportes del coronel en su carrera para llegar a la Presidencia.Velasco apoyó la alianza indígena-militar que propulsó un discurso nacionalista y de izquierda en el curso de la campaña electoral. De ahí que, para La Luna y Velasco, el coronel no era sólo un presidente incapaz sino sobre todo, un traidor de las causas impulsadas por el movimiento indígena y los sectores populares a lo largo de la última década. La Luna no sólo abrió sus micrófonos el día de la paralización, estuvo cercana a la Asamblea de Quito y fue la voz informativa de la oposición en los días anteriores. El día de la paralización, sin embargo, la emisora suspendió su programación habitual y puso a disposición del público las líneas telefónicas a fin de que las llamadas ciudadanas informen sobre la dimensión de las protestas y expresen su descontento. Las llamadas recibidas a partir de las 16h00 canalizaban demandas y pronunciamientos entrecortados para denunciar la excesiva represión. Los nuevos actores de la protesta empezaban así a emerger: estudiantes de universidades privadas, oficinistas, colegiales, y muchas mujeres, para quienes la violencia era desmesurada. Se trataba de sectores sociales que plegaron a las marchas por su cercanía con el alcalde de Quito y el prefecto de la provincia, ambos de la Izquierda Democrática, partido social demócrata con importante aceptación en las clases medias de la ciudad. El­ca­ce­ro­la­zo­de­la­no­che­del­13­de­abril­ Luego de que las llamadas a La Luna insinuarían la realización de un “cacerolazo”, la ‘voz se pasó’ entre llamadas telefónicas, conversaciones entre vecinos, mensajes electrónicos y, sobre todo, mensajes de celular: “HOY CACEROLAZO A LAS 9 PM EN LA SHYRIS, PARA QUE SE VAYA EL DICTADOR”, “A LAS 9 EN LA TRIBUNA DE LOS SHYRIS TRAE TU CACEROLA”. Fue así como a las 21:30 en la Tribuna de los Shyris se congregaron más de cinco mil personas para manifestar en contra del régimen. El ruido de las cacerolas y los cánticos futboleros daban un ritmo de ‘batucada’ que contagiaba a los asistentes. Cuando llegó Paco Velasco fue llevado a los graderíos de la tribuna apareciendo como líder involuntario de la protesta. Con él allí, tomó fuerza la idea de marchar hacia la Corte Suprema de Justicia. A esas alturas, la acción colectiva era mucho más fuerte de lo que todos habían esperado. El Alcalde, el Prefecto y otros líderes políticos no aparecieron en el lugar. Por primera vez en 26 años de democracia formal la ciudadanía había roto las tutelas partidistas y se había auto-convocado a una jornada de protesta. La marcha a la Corte fue, para muchos, su primera participación y expresión política en las calles. El ruido de las cacerolas y los gritos llenaban de ánimo a los marchistas. Se caminaba con cierta despreo-

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cupación. Pero, al llegar al edificio de la Suprema, los marchantes -que oscilaban entre los 10 y los 70 años- fueron recibidos violentamente por la policía. Ello provocó pánico pero también encendió la rabia de los manifestantes; los jóvenes se apostaron entonces frente a la policía en señal de no estar dispuestos a retroceder ante la represión. Inmediatamente se activaron formas de auto control colectivo que exigían prudencia. La multitud permaneció por cerca de una hora frente al edificio de la Corte; allí se resolvió retornar a la avenida de los Shyris a fin de decidir la hora de la concentración del día siguiente. El­fin­del­‘ca­ce­ro­la­zo’:­el­es­cra­che­que­le­pu­so­nom­bre­a­la­in­su­rrec­ción­de­abril­ La convocatoria para el día siguiente, 14 de abril, había sido fijada para las 20h00. Aún así, varios jóvenes -indignados por la represión policial- sugirieron la idea de hacer una caravana motorizada hacia el barrio residencial donde se encuentra el domicilio de la familia Gutiérrez-Bohórquez con el objeto de pitar y hacer escándalo en los alrededores del sector. Al llegar allí los jóvenes decidieron, no sólo hacer sonar su claxon, sino además gritar consignas en las afueras del inmueble. La escasa custodia policial (dos efectivos) no supo cómo reaccionar. Uno de los policías permaneció al interior de la vivienda mientras el otro salió para intentar dispersar la movilización; al constatar que el número de gente era significativo decidió no actuar. El carácter intempestivo e improvisado de la protesta resultaba un efectivo mecanismo que descolocaba a la acción represiva. El grupo de manifestantes permaneció apostado en las afueras de la vivienda, entre mucho ruido y provocación, por cerca de una hora. Aún si el ambiente era totalmente pacífico, por momentos se percibía la inquietud de los vecinos mientras entre los manifestantes rondaba la idea de dejar una huella mayor. Un sub-grupo de jóvenes tomó entonces rumbo hacia un medio televisivo (Ecuavisa) a fin de repetir la acción y presionar al canal a cubrir los hechos. El primer escrache de la historia política del país se había ejecutado. Se­cue­las­y­re­pe­ti­ción­de­la­pro­tes­ta Al medio día del jueves 14 los noticieros abrían su emisión con las impresiones de Gutiérrez sobre la jornada de la víspera. El entonces presidente arremetió contra la Izquierda Democrática, el alcalde Quito y el prefecto de la provincia; minimizó los hechos, amenazó a aquellos que intenten involucran a su familia en las protestas, y calificó de “forajidos” a quienes se manifestaron en su residencia. Esa misma tarde, radio La Luna continuó con sus micrófonos abiertos y entre las llamadas que recibió destacó la de una mujer adulta que dijo:“ yo también soy forajida...”. Esta llamada le dio identificación a la protesta:“...todos somos forajidos” sería la consigna y la auto-representación colectiva que perduraría en los días siguientes. Luego de esta intervención, la mayoría de las miles de llamadas que recibió la radio esa semana iniciaban con esta ‘tarjeta de presentación’: “soy el/la forajido/a...con cédula de identidad 1713278408 y...”. El escrache en la casa de Gutiérrez no sólo terminó por bautizar a la protesta, también demostró haber llamado la atención de los “escrachados” y de los medios de comunicación. Por ello, la medida se repitió en al menos cinco ocasiones. Los escraches se realizaron en las afueras de la residencia de la Ministra de Comercio Exterior Ivonne Baki, del entonces presidente de la Corte de Justicia ‘Pichi’ Castro, de los diputados Vicente Olmedo y Carlos Vallejo y, durante los últimos días de protesta, una vez conocido el paradero de Gutiérrez, del embajador del Brasil. Las acciones y consignas se repetían: afrentas contra estos personajes, denuncias de sus actos más deleznables, solicitud de su dimisión o rectificaciones. En todos los casos se contó con el apoyo de los vecinos del lugar; éstos, lejos de molestarse, daban las pistas necesarias y confirmaban la ubicación de la vivienda, o se unían a la protesta. Los escarches tomaban así forma y se legitimaban a medida que transcurría la insurrección. Se trata, en cierto modo, de un emergente medio de vigilancia y ajusticiamiento ciudadano en un país en que la impunidad alimenta la reproducción de una política degradada. * Esta parte del texto ha sido elaborada por Pabel Muñoz, sociólogo, profesor de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la PUCE y de la UASB.

i) Me dios al ter n a ti vos y au to-con vo ca to r ia. Entre el 8 de diciembre, día en que la coalición ‘populista autoritaria’ reestructuró inconstitucionalmente la Corte Suprema de Justicia, y el 13 de abril, cuando el paro provincial no tuvo los efectos esperados, el malestar ciudadano por las arbitrariedades del poder político había quedado entrampado entre aisladas iniciativas colectivas e individuales y el protagonismo de los poderes lo27

cales en su expresión partidista. La posibilidad de poner el enojo en común, de ser escuchado y escuchar a los muchos -ahí uno de los elementos claves del espacio público en la versión de H. Arendt-, de socializar la frustración y exponer las probables vías colectivas de su superación, vino dada por la apertura de los micrófonos de Radio La Luna a la expresión del descontento ciudadano. El malestar represado encontraba así, rápidamente, un vehículo de expresión pública. El ‘cacerolazo’ de la noche del miércoles 13, el ‘reventón’, el ‘tablazo’, el ‘rollazo’, el ‘pitazo’, el ‘yucazo’, ‘el mochilazo’, etc., de las siguientes noches, surgieron como iniciativas individuales de múltiples radioescuchas que atentos al espacio comunicativo abierto por Radio La Luna -y su conductor Paco Velasco, de larga trayectoria en medios alternativos de comunicación- formulaban innovadoras propuestas de resistencia colectiva al degradado orden político dominante. Podría calcularse más de 9.000 llamadas telefónicas (6.000 hasta el día domingo 17 según el propio Velasco) y cientos de visitas de habitantes de la ciudad de Quito a la radiodifusora, durante diez días consecutivos, con el objeto de expresar públicamente su lectura de los acontecimientos, sus más íntimos sentimientos de rechazo al presidente y a la clase política en general, y sus ideas para la continuación de las jornadas de protesta. Cada uno, luego de dar su nombre y su número de cédula de identidad -para desmentir las acusaciones del régimen que afirmaban que se trataba de una manifestación minúscula y conducida por políticos tradicionales- llamaban a crear nuevas formas de rebelión. La (hasta ese entonces frustrada) voluntad de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos era entonces el poco costoso combustible que alimentó ininterrumpidamente la rebelión de Quito. Además de abrir los micrófonos a la ciudadanía, la radioemisora sacó al aire diversas caricaturas musicales sobre el gutierrato y sobre la insurrección ciudadana. Ya en los otros derrocamientos presidenciales se había escuchado esta mordaz, alegre e irónica forma de contestación al poder. Otras radioemisoras fueron sumándose, de a poco, a la dinámica de protesta. La infraestructura comunicativa de las auto-convocatorias cotidianas se completaba con las cadenas de llamadas y mensajes vía celular y con el uso activo del internet (se crearon algunas páginas web para expresarse e informar de los acontecimientos de esos días), el correo electrónico y el ‘boca a boca’. La efectividad y los bajos costos de movilización de estas microestructuras sociales, insertas en la cotidianidad de los ciudadanos, incrementaba con facilidad la eficiencia de las convocatorias. Estas vías fueron utilizadas además para reportar a todos los manifestantes los sucesos, iniciativas y propuestas que surgían cada día. Una parte importante del activismo de esos días fue, en efecto, la figura del ‘reportero radial improvisado’ que al informar a La Luna, a través de llamadas desde su celular, sobre los acontecimientos en distintos puntos de la ciudad hacían saber al resto de manifestantes del carácter genuinamente colectivo de sus acciones: éstas no eran aisladas, otros las replicaban en diversos barrios. Fotógrafos y camarógrafos particulares documentaron también el desenvolvimiento de las acciones. Un inmenso archivo gráfico de la protesta se iba mostrando (en sitios web y reuniones) mientras ésta acontecía. El sentido de conexión y solidaridad colectivas se iba así afirmando. Más todavía cuando esas mismas llamadas sirvieron para burlar los piquetes policiales o para rescatar a los heridos que las acciones represivas dejaron como saldo. El régimen solo pudo reaccionar con amenazas e intentos represivos, una y otra vez contenidos por la ciudadanía, sobre la radioemisora: se intentó incendiar el edificio de la radio pero los manifestantes pagados para el efecto fueron disuadidos por la muchedumbre que hizo vigilias en sus alrededores cada noche; se cortó sus líneas telefónicas -rápidamente sustituidas por los celulares prestados por la ciudadanía- y se saboteó electrónicamente su señal, ante lo cual decenas de radiodifusoras de todo el país le abrieron sus canales. La descentrada plataforma comunicativa que posibilitó la eficacia de las auto-convocatorias ciudadanas no aisló únicamente a los centralizados aparatos de conducción política (líderes y partidos tradicionales) sino que desnudó también la complicidad de la televisión en la reproducción del orden político. Los límites cognositivos e intereses político-económicos de los canales de televisión quedaron evidenciados ante una cobertura que nunca quiso, ni sabía cómo, mostrar la magnitud, extensión y contundencia de la protesta ciudadana. La red de ‘reporteros improvisados’ informó más y mejor sobre lo que sucedía en las calles. La ciudadanía, protagonista de la insurrección, constataba que en los canales de televisión seguían contando sólo los ‘barones de la política’. La durísima represión policial apenas si era denunciada. La realidad de la TV no era la que la gente estaba viviendo cada noche. El repudio a los canales, expresada en varias amenazas a los reporteros y camarógrafos de diversos medios y en la misma invitación a boicotearlos, formó también parte de las inéditas acciones de las noches de abril. De este modo, y al igual que en los levantamientos indígenas de años anteriores, la radio y otros medios alternativos de comunicación se colocaron en el centro de nuevas formas de convocatoria e información sociales. La distancia, e incluso la confrontación, entre radio y televisión en el desenvolvimiento de los sucesos de abril ha sido tan grande que pueden ser visulizadas dentro de campos de 28

poder contrarios. La radio, al ser oral, de bajo costo, con fuertes anclajes locales, y al poseer flexibles forma de emisión aparece como un especio privilegiado para el desarrollo de otras formas de hacer política. Si a ella se articula el cada vez más extendido uso de internet y de los celulares, estaríamos frente a la conformación de un espacio de resistencia al bloque hegemónico, de carácter global, pertrechado en la televisión. El supuesto dominio cognitivo y cultural de ésta ha sido, desde siempre en el Ecuador, contra balanceado por un amplio uso de la radio, en sus emisoras nacionales y locales. El protagonismo que tuvo La Luna en los días de abril no fue fruto, únicamente, de su contestación al régimen; debe ser situado dentro de tales tendencias de consumo cultural en el país. ii) Las ac cio n es de pr o tes ta: tác ti cas de la vi da co ti dia n a y r e per to r ios via je r os En las grandes movilizaciones vividas en la ciudad en años pasados, las lógicas y formas de acción colectiva del movimiento indígena marcaron el ritmo y el escenario de las protestas sociales. El corte de carreteras y el arribo de los indígenas a las diversas ciudades grandes e intermedias de la sierra trazaban el entorno y prefiguraban las acciones posibles de los actores urbanos solidarios con las movilizaciones indígenas. La ‘ocupación’ indígena de las ciudades suponía unas específicas rutinas de acción social a los que los sectores urbanos (militantes, sindicatos, estudiantes, ong, ambientalistas, etc.) se sumaban, sobre todo, por la vía de la preparación logística para la permanencia de los caminantes en los diversos lugares ocupados, y por la presencia y respaldo en las marchas por ellos encabezadas. Las acciones asociadas a este repertorio de la protesta indígena aparecen ahora desgastadas. La ocupación de la Catedral realizada el 10 de abril por sectores cercanos a tales experiencias de movilización (Foro Urbano), y que habían incluso participado en las tomas de los años noventa, apenas tuvieron eco en la ciudadanía. Su tono solemne y su registro rutinario poco tenían que ver con las acciones pacíficas, intempestivas y celebratorias con las que la protesta urbana de las noches de abril tomó por sorpresa a la sociedad y al poder. En efecto, estamos frente al surgimiento de nuevos repertorios de acción colectiva, pacífica y festiva, diseñados y convocados, a través de la radioemisora La Luna, por una pluralidad de iniciativas ciudadanas profunda y deliberadamente distanciadas y contrarias de toda estructura política formal (partidos, políticos, sindicatos, movimientos sociales, gremios, etc.), y que buscan, constituirse progresivamente en asambleas vecinales, concejos populares, o foros ciudadanos de discusión. El carácter solemne y el tono grave de otros ciclos de protesta fueron efectivamente desplazados por un festivo repertorio donde la música, los cantos, los saltos, y las consignas aparecieron como el registro predominante para el rechazo a las acciones autoritarias del gobierno gutierrista. Apenas si quedaron remanentes de los coros y estribillos heredados de las rutinas de protesta de los años setenta y ochenta -’símbolos duros’ de la cultura de la protesta de las organizaciones de izquierda en toda Latinoamérica- y de las más originales acciones del movimiento indígena. Los cantos y consignas provenían, en gran parte, de ‘las partituras de las tribus futboleras’ que se han multiplicado en los años recientes en torno a la selección nacional y a los diversos equipos locales. El emblemático ‘sí se puede’32 fue coreado más de una vez en las concentraciones ciudadanas; los manifestantes vestían la camiseta amarilla del equipo nacional; se adaptaron también otros gritos de guerra de las barras bravas de los equipos capitalinos. Rock, ská, cumbia, y ritmos más tropicales se escucharon en cada manifestación. Cientos de jóvenes ‘pogearon’ (bailar y saltar mientras chocan sus cuerpos) y gritaron contra el régimen, mientras madres, abuelas, niños aplaudían, agitaban sus banderas, pitaban, hacían ruido, y expresaban por todos los medios posibles su indignación y enojo. Secretarias, oficinistas, estudiantes imprimían papeles con la leyenda “soy forajido” que, después, servirían para encender las fogatas con que se contuvieron los efectos de los gases lacrimógenos. Cada tanto la multitud coreaba el himno nacional en señal de su unidad y como medio de contención de posibles agresiones de las fuerzas represivas o de agentes infiltrados. La protesta tomaba así la forma de una fiesta pública en la que el licor, los chistes y los rumores no estaban ausentes.

32 El 'sí se puede' surgió en el curso de las eliminatorias al mundial de japón 2002 durante el partido que se jugó en Quito entre la selección de Brasil y Ecuador. El grito, que buscaba sobrepasar los complejos de los futbolistas locales al enfrentarse a equipos a los que nunca había ganado, se volvió la insignia del proceso clasificatorio. Ese día Ecuador ganó. Ver “Como insulina al diabético. La selección de fútbol a la nación ecuatoriana”, 2002, F. Ramírez y J. Ramírez, Revista Iconos No. 12 , Flacso, Quito)

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‘Cacerolazo’, ‘reventón’, ‘tablazo’, ‘rollazo’, ‘golpe de estadio’, ‘pitazos’, ‘mochilazo’ fueron las originales formas de una estrategia de protesta sin-estratega-único y compuesta por múltiples expresiones espontáneas de creatividad ciudadana. Era la multitud, desde la articulación de sus particulares subjetividades, la que esbozaba partituras de contestación al poder que no dejaban de sorprender con la creación de nuevas piezas. Miércoles 13: golpear las ollas (cacerolazo); jueves 14: inflar globos y reventarlos (reventón); viernes 15: golpear tablas, maderos y cucharas de palo (tablazo); sábado 16: empapelar casas, automóviles, árboles, etc., con papel higiénico para limpiar “la cagada de los políticos” (rollazo); domingo 17: invitar a los asistentes de dos partidos del campeonato nacional de fútbol realizados ese día a protestar al inicio, en el intermedio y al final del juego (golpe de estadio); martes 19 y miércoles 20: propiciar la movilización de los estudiantes colegiales (mochilazo); todos los días: pitazos, bocinazos, papeles en improvisados cantos y conciertos contra el régimen y los políticos. Todas estas acciones convergían en producir la bulla, el sonido, el ruido incesante del enojo; la consigna parecía ser la de no bajar el volumen, no apagar la voz33. El escándalo. Ollas, tablas, papeles, pitos y bocinas, rumores, el fútbol, elementos todos reapropiados de la vida cotidiana de miles de mujeres, jóvenes y familias, principalmente ‘clasemedieros’34, eran subvertidos y politizados en las arenas públicas al ser utilizados como instrumentos y símbolos de la resistencia ciudadana ante la arbitrariedad del poder. Ahí la eficacia de la movilización de abril: la reivindicación política se alimentaba de las “tácticas de la vida cotidiana” que, ya en el espacio público de las calles, podían contagiar y expandirse con suma facilidad y rapidez y, más aún, evitar le neutralización y represión de la protesta desde el poder estatal. Se vieron también acciones directas como los ‘escraches’ en el domicilio particular del presidente, en el de otros políticos y en el local de ciertos medios35, propiciadas por jóvenes manifestantes que, en medio de la noche, desviaban su ruta de protesta e improvisaban ruidosos plantones. Estas acciones, no obstante, fueron más bien poco frecuentes por la existencia de unos ciertos mecanismos de auto-regulación interna de la protesta: algunos manifestantes que solicitaron, más de una vez, ayuda monetaria para reproducir material impreso fueron disuadidos por los demás a fin de evitar el desprestigio de la movilización al que el gobierno le apostó con fuerza hasta el último día de su mandato. En lo fundamental, y sobre todo en los primeros días, primó la voluntad de conservar un perfil contestatario alejado de cualquier forma de violencia. ‘Cacerolazos’, ‘escraches’, consignas como ‘que se vayan todos’, y demás acciones parecen haberse contagiado de otros procesos de protesta ciudadana y lucha popular en el subcontinente: el caso argentino aparece, sobre todo, como modulador de los repertorios de acción colectiva que han viajado y han contagiado a los nóveles manifestantes de la capital del Ecuador. Tres o cuatro días antes de la caída de Gutiérrez, y como parte de la misma dinámica de organización de la protesta social, empezaron a convocarse diversas iniciativas asamblearias, de carácter territorial (vecinales, barriales) o sectorial (estudiantes, mujeres, etc.), que se constituyeron en espacios de análisis y deliberación de la coyuntura y de las acciones que debían emprenderse en los días siguientes. ‘Ollas populares’, ‘parlamentos soberanos’, y ‘foros de discusión’ aparecieron así como parte de las tácticas de contestación al régimen y como una respuesta, en acto, al dilema planteado por el repudio total a la clase política. En el imaginario de la protesta, las asambleas populares surgían como única alternativa al pretendido desmantelamiento de toda la estructura de representación política. Si en ciertos barrios populares de la ciudad existe una tradición asambleísta más o menos consolidada, para los sectores medios se trataba de una práctica casi desconocida. Las semanas posteriores a la caída del gutierrato no han visto menguar tal figura organizativa. Las convocatorias se hicieron desde y en los mismos lugares de la protesta; las emisiones de La Luna servían también de canal y propagación de tales dinámicas. El activismo militante de la radio le otorgaba, a estas alturas, un nítido perfil de liderazgo de la revuelta -aunque éste se sostenía, paradójicamente, en rechazar la posibilidad de cualquier liderazgo.

33 En otros contextos estos mismos recursos de protesta tienen significados diversos. Los 'cacerolazos', por ejemplo, de Santiago de Chile en 1973, de Caracas en 1989, o de Buenos Aires en el 2001, querían denunciar la situación de extrema precariedad de la población urbana como efecto de las políticas económicas de los gobiernos de turno. Ese no fue el sentido de las cacerolas en las noches del abril quiteño. 34 Uso este término para resaltar el carácter ambiguo y problemático de la categoría 'clase media' así como de las identificaciones colectivas que se desarrollan en su torno. 35 En la noche del miércoles 13, un grupo de jóvenes que participaba en el 'escrache' a la casa del Presidente se dirigió a Ecuavisa y, utilizando los mismos medios ruidosos, conminaron al canal de televisión a cubrir lo que estaba sucediendo en ese preciso instante en diversos puntos de la ciudad.

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19 de abril: La confrontación interminable La larga noche del 19 al 20 fue particularmente pródiga en la combinación de las acciones propias a la inédita ‘protesta forajida’ y aquellas provenientes de viejas tradiciones de contestación urbana.Todo comenzó con una masiva concentración: diversas fuentes hablan de más de 120.000 personas, en la extensa explanada de la Cruz del Papa en el parque La Carolina, ubicado en la principal zona comercial del norte de Quito. Un radioescucha de La Luna fue, otra vez, el propiciador de la convocatoria. En el lugar se cantaba, se recolectaban firmas para solicitar la derogatoria de Gutiérrez, se realizaban manifestaciones artísticas, se hacían fogatas, se bailaba, se aplaudía. Nada estaba muy coordinado; se improvisaba. Una vez más, eran iniciativas particulares que tenían más o menos eco en el resto. Nadie podía, aún cuando lo quisiera, intentar liderar la convocatoria o conducir la marcha. Delegaciones de estudiantes universitarios, de asociaciones de barrios, burócratas (aquellos que habían eludido los chantajes del régimen), jubilados, amas de casa y sus hijos, mujeres, colegiales, monjas, oenegeistas, intelectuales, profesores, profesionales liberales, cajeros de bancos y supermercados, extranjeros, periodistas, todos con miles de banderas del Ecuador, claveles, insignias de forajidos, pancartas, cámaras de fotos, filmadoras, se daban cita a las 17h00 y, luego de esperar durante una hora y media la llegada de más manifestantes y cantar las notas del Himno Nacional y del Himno a Quito (algo que se hizo por primera vez el sábado en la noche al caminar hacia el palacio presidencial), procedían a caminar hacia Carondelet con el convencimiento de que era posible echar a Gutiérrez del poder: “vamooo ecuatoriano, que esta noooche lo vamo a botaaar” era el canto insignia (también extraído de los rituales futboleros) de la jornada. Las largas calles de la ciudad (Amazonas, Patria, 10 de Agosto) estaban colmadas por ciudadanos indignados. Ligeras tensiones se dieron en el momento de elegir el trayecto al llegar a la Av. Patria. Se sabía que en el parque El Arbolito estaban concentrados un grupo de indígenas evangélicos movilizados por el Ministerio de Bienestar Social para defender al régimen y contener las marchas contra el régimen. La cabeza de la marcha decidió evitar la confrontación con ellos y proseguir por la Av. 10 de agosto donde, a la altura del Consejo Provincial, estaba un inmenso contingente policial que, de inmediato, empezó una feroz represión con gases lacrimógenos y tanques de agua. La multitud comenzó, en parte, a retirarse y, en parte, a dispersarse por las diversas calles y vías que conducen y rodean al Palacio Presidencial, en todo el Quito colonial. Un grupo importante permaneció en la 10 de Agosto y resistió toda la noche, y las primeras horas de la madrugada, la embestida policial. Grupos de 50 o 100 manifestantes, mientras tanto, esquivaban los piquetes policiales y aprovechaban las intermitencias de la represión para penetrar por las empinadas calles que conducen al centro histórico, siempre pendientes de las novedades de la radio, y armados de pañuelos, tabacos, sal, bicarbonato para reducir los efectos de los gases. Otros grupos ingresaban a los alrededores de Palacio por el flanco sur luego de tomar el camino que sube desde La Marín. A medianoche todas las manzanas que circundan el Palacio Presidencial estaban rodeadas por grupos de manifestantes que, desarmados, trataban una y otra vez de romper los cercos policiales, lo que intensificaba su desmedida represión. Los habitantes de los barrios aledaños a Carondelet, sectores populares, intervenían decididamente en las acciones: arrojaban periódicos y papeles desde sus ventanas para que los manifestantes enciendan fogatas que los protegían del efecto cada vez más fuerte de los gases; hacían además antorchas y se las entregaban a los pequeños grupos que seguían penetrando hacia el centro el palacio presidencial; abrían las puertas de sus casas en caso de que la persecución policial exigiera un mejor resguardo; y colocaban sus radios o equipos de sonido, en los balcones y a todo volumen, para que la gente pueda escuchar los reportes de las ‘radioemisoras activistas’ (La Luna, Tarqui, Democracia, sobre todo). En cada esquina había una hoguera en cuyos alrededores los manifestantes esperaban la hora de atacar nuevamente el camino a Palacio. Se mantenían en contacto, por celular, con los otros grupos dispersos por toda la zona. A esas alturas nadie se movía.Todo estaba muy tenso. Las noticias eran confusas. Solo pudo confirmarse la primera muerte: un periodista chileno-ecuatoriano había fallecido víctima de un paro respiratorio producto de los gases. La indignación y la rabia eran generales. En los dos derrocamientos anteriores no había habido ni un solo muerto. El Ecuador se destacaba por una tradición de represión blanda. Ello marcaba ya una gran diferencia con aquellas jornadas de contestación. Las multitudes dispersas y divididas cantaron, otra vez, el Himno Nacional y con su estremecedor grito de ‘asesinos, asesinos’ dirigido a los policías, persistieron en su desvelo. Escenas de confrontación violenta comenzaban a aparecer en diversos puntos del ‘Quito histórico’. Por ello, a las dos de la mañana las fuerzas de orden lanzaron una nueva ofensiva e hicieron retroceder varias cuadras a los manifestantes. Algunos retornaron, desanimados, hacia el lugar donde toda la confrontación inició (la av. 10 de Agosto, en los bajos del Edif. Benálcazar 1000). Ahí el combate proseguía. Los rumores se multiplicaban. Se hablaba de más muertos,

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de cientos de heridos y asfixiados. El tono pacífico y alegre con que inició la jornada se había esfumado de todo. Hacia las tres de la mañana los enfrentamientos entre policías y manifestantes continuaban. El ambiente se enrareció cuando circularon informaciones sobre la posible ofensiva de policías a caballo; peor aún cuando un grupo de taxistas empezó a aparcar sus coches detrás de los manifestantes con la clara intención de ‘cerrar la pinza’ y favorecer la acción represiva. Los ciudadanos expulsaron violentamente a los taxistas; habían múltiples indicios de su colaboración con el régimen (en vista de un acuerdo para reducir impuestos para la importación de automóviles). A esa altura de la madrugada se informó además que el gobierno había contratado más de 200 buses que trasladarían a ‘simpatizantes leales’ desde la Costa (Manabí, Guayas y los Ríos, sobre todo) y de la Amazonía (El Tena) para que en la mañana siguiente arriben a la capital a sostener al Presidente. El anuncio de Renán Borbúa, primo de Gutiérrez, fue leído como una declaratoria de guerra a la ciudad. Fue el último agravio que su gobierno hizo a la ciudad. El gobierno no había calculado bien la extrema sensibilidad de la ciudadanía y de las mismas fuerzas represoras ante los excesos generados en esa noche interminable. Los poderes locales anunciaban, ya desde la madrugada del 20, que Quito debía ser sitiada para evitar el ingreso de las huestes contratadas por el gutierrato. Prefecto y Alcalde anunciaron que buses, camiones, tractores y todo el transporte público pesado sería movilizado hacia las periferias de la ciudad para formar diques de contención y cavar zanjas que bloqueen el paso de los buses gobiernistas; invitaban además a que los ciudadanos de los valles colindantes con la capital contribuyan a cerrarla al paso de los ‘invasores’. Todos los barrios fueron convocados a proteger la ciudad.

Miércoles 20: Soberanía escindida, resistencia violenta y derrocamiento presidencial Desde tempranas horas del miércoles la ciudad amaneció tensa y sitiada. Las noticias de la represión nocturna conmocionaron a la ciudadanía. El Ministro de Educación suspendió las clases sólo a primera hora del día. Grave error: los estudiantes quedaban así disponibles para las movilizaciones. Unos continuaron en la lógica de las marchas pacíficas de los primeros días. Otros, sobre todo los alumnos de los colegios públicos, lideraron los enfrentamientos con la policía. Había que acabar con la tarea inconclusa de la jornada anterior, penetrar a Carondelet y destituir al presidente, y contener lo que se percibía como la ‘invasión’ costeña a Quito. La ciudad de Quito defendió entonces su espacio de la agresión de los fuerzas contratadas por el gobierno nacional. Clases medias y populares, confundidas, resistieron la embestida. Todas las entradas de la ciudad fueron bloqueadas entre los moradores y la municipalidad. “El propio alcalde Moncayo armó barricadas en el peaje de la autopista Rumiñahui”36. Llamadas a La Luna informaban, sin embargo, que miembros de la Policía Nacional y del Ejército despejaban el camino y permitían el ingreso de las personas traídas para respaldar al régimen. La policía Metropolitana (municipal) apenas si podía contener esa contraofensiva. A esa altura se había configurado un claro escenario de soberanía escindida. Hubo enfrentamientos entre ambos ‘bandos’ en diversos puntos de la ciudad.Verdaderas batallas campales. La gente quemaba llantas, tiraba basura, se amotinaba y atravesaba sus autos en calles y avenidas para bloquear el ingreso de los buses y camiones en que llegaban las huestes gutierristas. Había que resistir y expulsar a los invasores. Se emplearon entonces, de lado y lado, palos, piedras, picos, machetes, e incluso armas de fuego. Nadie retrocedió un metro. Algunos grupos de contra-manifestantes lograron llegar hasta el parque del Arbolito y de ahí se dispersaron hacia diversos puntos claves en el combate: la Presidencia, el Ministerio de Bienestar Social, el Congreso. Otros, los menos, que no pudieron ingresar por el Valle de los Chillos, efectuaron ciertos ataques a vehículos, tiendas y micromercados. Otros, los más, fueron contenidos, desarmados, humillados y obligados a confesar los motivos de su presencia en la ciudad. “Vinimos por algo de plata, no sabíamos qué teníamos que hacer, ni cuánto nos iban a dar”37. Ni ellos, y menos aún las fuerzas del orden que les abrieron paso, imaginaron que los quiteños iban a combatir con tal intensidad. La violencia de la resistencia y de las confrontaciones no tenía precedentes en el nuevo ciclo democrático del país.

36 Ver “El enojo se volcó a las calles” (G. Paz y Miño), pp. A-16, en periódico El Comercio, Suplemento Especial La rebelión en Quito, 24 de abril 2005. 37 Ver: www.hoy.com.ec

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Bandas paramilitares contratadas por el Subsecretario de Bienestar Social, por su parte, dispararon sobre la multitud que pedía la salida de los gutierristas. Las oficinas del Ministerio fueron incendiadas y saqueadas a fin de hacer desaparecer sus principales archivos. La multitud no esquivó el combate y fue a la caza de las huestes gutierristas. La televisión ya mostraba estas inéditas imágenes a todo el país. La violencia parecía no tener control: una mujer -Tomasa Morán, veinte años, venida de Vinces- moría atropellada por una vehículo militar que resguardaba al camión que la había transportado hacia la capital. Era la segunda víctima de las jornadas de protesta. Demasiado para un país como el Ecuador. Los claveles y los cantos desaparecieron del todo; primó la pura lógica de la fuerza. Cada golpe era respondido con otro. Se anunciaban otros muertos y cientos de heridos. Cerca del medio día el Comandante en Jefe de la Policía nacional renunciaba con el argumento de que no podía seguir reprimiendo a la ciudadanía. Era la clarinada que anunciaba el fin del régimen. La magnitud de la violencia empezaba a desgranar el dispositivo del poder. Mientras tanto, las movilizaciones avanzaban hacia el palacio presidencial. Muchos cercos policiales habían sido rotos por los estudiantes en medio de un arsenal de gases lacrimógenos. Los piquetes militares empezaban a ‘ceder’ sin mayores confrontaciones. Miles de ciudadanos seguían sumándose a la multitud que quería derribar al Presidente. En un último intento, y luego de la presencia de la embajadora norteamericana en Carondelet, el gobierno anunció que conminaba a Abdalá Bucaram a salir del país y que destituía a Bolívar González de la subsecretaría de Bienestar Social. Era ya muy tarde: en el Congreso el bloque opositor cambiaba la sede de reunión, y consolidaba los votos para cesar a Gutiérrez por ‘abandono del cargo’. Hacia las dos de la tarde el Comando Conjunto de las FF.AA anunciaba que las tres ramas retiraban el respaldo al régimen. La insurrección no terminó, sin embargo, ahí. Miles de personas finalmente habían ingresado y querían permanecer en los alrededores del Palacio Presidencial. Fueron testigos entonces de la fuga en un helicóptero militar (probablemente una pantalla para cubrir la salida real en automóvil) del ex presidente. La escena se repetía. Gutiérrez había sido derrocado del poder por la presión social y, sin embargo, entre la ciudadanía todavía movilizada no había a quien vitorear. Se rechazaron, más bien, con vehemencia los intentos de ciertos grupos de la izquierda tradicional por abanderar el proceso. En el otro lado de la urbe un importante grupo de ciudadanos invadía, mitad a pie, mitad en automóviles, la pista del aeropuerto internacional Mariscal Sucre para evitar que Gutiérrez fugue del país. Más tarde, otros, se desplazarían a la sede diplomática de la Embajada del Brasil y a la residencia particular del Embajador ante los rumores de que Gutiérrez había solicitado ya el asilo político en dicho país. La vigilia en la Embajada, que llegó a intimidar a los diplomáticos, duró hasta la noche del sábado 23. Durante las primeras horas del domingo, y camuflado con ropas de policía, Gutiérrez abandonaba la residencia del embajador para tomar el vuelo que lo conduciría a Brasilia. Otro grupo de ciudadanos seguía, a su vez, instalado en los alrededores de Radio La Luna. Ese había sido el punto de encuentro y convergencia, en algún momento de cada jornada de protesta, de cientos de manifestantes. A esas alturas el ambiente estaba ya mucho más relajado y se empezaba a festejar la destitución presidencial forzada por la multitud. Paco Velasco continuaba incitando a la movilización permanente y a la organización de asambleas populares en toda la ciudad. Manifestantes más enardecidos, por su parte, se tomaron las instalaciones del edificio de CIESPAL donde los diputados posesionaban al vicepresidente Alfredo Palacio como nuevo Presidente Constitucional del Ecuador. Su objetivo era hacer realidad la consigna ‘que se vayan todos’. Luego de la posesión presidencial y ante la extraña ausencia de seguridad policial y militar, varios diputados y el nuevo Presidente permanecieron como rehenes de la multitud, escondidos y sin poder salir de sus oficinas. Dos legisladores fueron capturados por los manifestantes. Uno de ellos debió firmar su renuncia ante el temor de mayores agresiones. Palacio fue conducido por los manifestantes a los exteriores del edificio “para que se comprometiera ante la muchedumbre a disolver el Congreso”38. Grupos infiltrados cercanos a las brigadas ‘de choque’ del PRE (conocidos como Cero Corrupción) fueron identificados como causantes de actos delincuenciales contra oficinas, diputados y manifestantes. Por fuera de estos actos violentos, se trataba de expresiones extremas del profundo espíritu anti-político que gobernó la protesta ciudadana en las noches de abril. El Presidente y los legisladores se mantuvieron, aún así, encerrados por más de cuatro horas al interior del edificio. No se sabía nada de las cúpulas militares. Al finalizar la tarde, un grupo de jóvenes se instaló en una Asamblea Popular, en el mismo auditorio de Ciespal, para desconocer al poder legislativo y estructurar el mandato ciudadano para el nuevo gobierno. La democracia representativa estaba bajo la mira; re-emergieron también voces contra el TLC y el Plan Colombia. El espíritu de la vigilancia ciudadana tomaba cuerpo en sus formas más radicales. La desconfianza en la transición institucional era la norma. No había ingenuidad alguna, se trataba de una insurrección escéptica.

38 Ver “Nos salvamos de puro milagro” (Luis Moncayo), pp. A-18, en periódico El Comercio, Suplemento Especial La rebelión en Quito, 24 de abril 2005.

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El viernes 22 de abril el escenario político no terminaba de estabilizarse. La ciudadanía seguía vigilante. Las llamadas a la radio La Luna continuaban: unas para celebrar el fin del régimen gutierrista, otras para pedir que la movilización no desmaye. Rumores de un contra-golpe dirigido por el mismo Gutiérrez activaron, de inmediato, los mecanismos de la ‘protesta forajida’. Múltiples grupos volvieron a las calles para manifestar frente a las sedes de la OEA y de la embajada norteamericana, a fin de demandar el reconocimiento internacional del proceso político que había conducido a la instauración del nuevo gobierno. La jornada cerraba con una convocatoria a festejar la “dignidad del pueblo quiteño” en la Av. de los Shyris. En otras ciudades del país grupos pro-gutierristas organizaban marchas y actos de repudio a lo que consideran un golpe de estado. Tales expresiones no terminaron de sucederse hasta casi un mes después de la caída del coronel Gutiérrez. Ciertos cantones del litoral (en Manabí, Guayas) y ciudades de la amazonía, ligados al aparato clientelar del gutierrato, son los epicentros de tales manifestaciones. En tanto, en Quito, múltiples asambleas ciudadanas se han instalado con la intención de organizar formas de vigilancia social sobre las acciones del nuevo gobierno y del congreso nacional, y exigir que las acciones del anterior régimen no queden en la impunidad. Se levanta, entonces, un confuso discurso que combina un profundo escepticismo y desconfianza con el desenlace político de la insurrección y una nítida voluntad de intervenir directamente en la vida pública del país.

Tanto en la noche del sábado 16 de abril como en la larguísima jornada que inició el martes 19 en la tarde y finalizó, si cabe el término, a las 03h00 del miércoles 20, y a lo largo de ese día -último del gutierrato-, se efectuaron marchas hacia el palacio presidencial, concentraciones masivas, plantones, bloqueos de calles y avenidas, y fuertes confrontaciones con los cuerpos represivos del Estado. Las familias, mujeres, niños y jóvenes, apenas socializados en la cultura de la protesta, se mezclaron y cedieron la posta a manifestantes más expertos -estudiantes de los colegios públicos tradicionalmente beligerantes, burócratas, militantes de izquierda, universitarios, vecinos de los barrios céntricos y otros sectores populares- y conocedores de las rutinas de la protesta y la contención policial. Sectores familiarizados con los rituales de la contestación, y que habían permanecido distantes a su inicial dinámica, debieron sumarse, en efecto, ante la contundencia y dimensión que adquirían cada día las movilizaciones. Los dos días últimos del gutierrato fueron, en efecto, particularmente pródigos en escenas de represión, violencia y enfrentamientos civiles sin precedentes. Tal desenlace de la protesta precipitó la caída del régimen. Las formas de la protesta forajida, entonces, no dispusieron únicamente de iniciativas originales. A los nuevos repertorios se articularon tradicionales modos de protesta y contestación política ‘desde abajo’. Finalmente, la rebelión, y este es otro de los rasgos originales de los repertorios de acción de las noches de abril, se extendió más allá de la destitución del coronel Gutiérrez. La intempestiva toma de la pista del aeropuerto, por parte de cientos de manifestantes a pie y en automóviles, con el fin de evitar que pueda despegar el avión que conduciría al ex presidente al exilio; el furioso amotinamiento, que buscaba hacer carne la consigna ‘que se vayan todos’, en el edificio donde sesionaba el Congreso Nacional y al que acudió el nuevo presidente a posesionarse; y los diversos plantones en la Embajada de Brasil a fin de manifestar el repudio a la decisión brasilera de ofrecer asilo político a Gutiérrez, en la Embajada de Estados Unidos y en las oficinas de la OEA para hacer presión sobre las instancias de decisión internacional para el reconocimiento del proceso político que condujo a la destitución presidencial, ponían en evidencia que la destitución de Gutiérrez formaba parte de un real cuestionamiento global a la clase política y que la ciudadanía procedía, en medio de una extrema indignación, con pleno ‘conocimiento de causa’. El desenlace de las destituciones anteriores les había dado ya las pistas para intuir que el asedio a Carondelet no era suficiente: para contener y contestar al poder es imprescindible ampliar las tácticas y lugares de protesta.

iii) El es pa cio-tiem po de la pr o tes ta. Los horarios inusuales de convocatoria -las noches, las madrugadas-, la ocupación de nuevos espacios de movilización -no ya únicamente los alrededores de los edificios símbolos del poder- además de una suerte de ‘foquismo urbano’, a saber, la dispersión de los focos de protesta en distintos barrios de la ciudad -lo que impidió una efectiva represión policial- fueron también unos inéditos componentes de la ‘protesta forajida’. No se trataba más de las tradicionales huelgas diurnas de los sindicatos públicos, que suspendían la jornada laboral para organizar convocatorias masivas que, progresivamente, se dirigirían hacia un punto prefijado, por lo general algún ministerio o el mismo palacio de gobierno. Por el contrario, la inusual hora de las convocatorias permitía, precisamente, ejercer el derecho a la resistencia sin suspender la jornada de trabajo. 34

Los puntos de la protesta se habían diversificado hacia distintos sectores de la ciudad: sobre todo el redondel de la Villaflora, Conocoto, San Carlos, Cotocollao, la tribuna de los Shyris, la Radio La Luna, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, los muy blindados alrededores de Carondelet, y en los días finales del régimen, todos los accesos a la ciudad. De acuerdo al levantamiento realizado, se puede sugerir que -a excepción del extremo norte de Quito (Calderón y Carapungo)- fue, sobre todo, en las múltiples centralidades de la ciudad donde más se movilizó la ciudadanía. En sus periferias, por el contrario, se registró una muy escasa dinámica de movilización y organización social39. La dispersión de la protesta poco tuvo que ver con las movilizaciones masivas que obligan a los activistas a largos períodos de permanencia. Las manifestaciones se constituyeron, más bien, en torno de específicos puntos de irradiación, de escalas medias y pequeñas, a los que los ciudadanos acudían durante lapsos de dos o tres horas, entrando y saliendo, en una lógica de relevos imprevistos y espontáneos e incluso de rotación entre diversos espacios de protesta. Tales características hablan a las claras del predominio de sectores medios en las jornadas de protesta del abril quiteño. El carácter nocturno de la movilización no ponía en riesgo ni el empleo ni los estudios de los manifestantes. La normalidad laboral estaba así garantizada. Las entradas y salidas, y la misma rotación entre concentración y concentración, estaban asociadas con la facilidad de los desplazamientos efectuados, en su mayoría, en automóviles particulares. Estos se utilizaron incluso en alguna de ‘las marchas’ hacia el palacio de gobierno: inusual paisaje de una protesta en que los manifestantes aparcan sus coches cuatro o cinco cuadras antes del lugar donde están ubicados los piquetes policiales que correteaban a otros sublevados. Nocturnidad y rotación se asocian también a las habituales prácticas festivas de fin de semana -la “cultura de la noche”- de los jóvenes, quizás el grupo más visible en la insurrección de abril. Dejar que la noche se consuma mientras ruedan entre lugar y lugar, una suerte de ‘zapping de la fiesta’, buscando ambiente y encontrando amigos: nuevamente, las tácticas de la vida cotidiana se traslapaban con, o se desplazaban hacia, imprevisibles repertorios de protesta. Era evidente, en cualquier caso, que la insurrección de abril fabricó sus particulares espacios políticos y sus específicas trayectorias espacio-temporales. En muchos casos se producía una resignificación política de lugares que, en otros contextos, tienen usos distintos. Es el caso de la ‘Tribuna de los Shyris’, un inmenso graderío situado en medio de una de las modernas y más amplias avenidas del norte moderno de la capital, habitualmente utilizada para conciertos populares, festejos futbolísticos, o desfiles oficiales y paradas militares. En las noches de abril fue, por el contrario, un reiterado punto de encuentro y convocatoria de las acciones de protesta ciudadanía; se produjeron diversos plantones y desde ahí iniciaron diversas marchas hacia la Corte Suprema o hacia el palacio presidencial. El día 20, último de gutierrato, allí se dieron cita, sin necesidad de mayor convocatoria, algunos grupos de estudiantes que posteriormente encabezarían los enfrentamientos contra las fuerzas oficialistas. Los usos de los espacio de la urbe se alteraron a través de la protesta. Tales variaciones no eran, sin embargo, arbitrarias. Un habitual espacio de concentraciones festivas se tornaba en y era apropiado como un nuevo lugar para demostraciones políticas colectivas40. Estas eran, en cierta forma, también moldeadas por los espacios ocupados: ello explica en parte que allí se hayan reiterado acciones celebratorias como formas de protesta. Es evidente la forma en que específicos lugares, como un conjunto de significaciones colectivas inscritas en el espacio, tuvieron una importancia clave en el desenvolvimiento de las acciones contestatarias41.

iv) Mar ch an tes: ¿de in ex per tos y cla se me die r os a ‘ma n i fes tan tes tr a di cio n a les’? Mucho se ha hablado en la opinión pública sobre la mayoritaria presencia de ciudadanos de clase media en las protestas de abril. Ese fue incluso uno de los principales argumentos del régimen

39 Ver mapa de la protesta, Anexo II. 40 Igual cosa puede decirse de las manifestaciones en los alrededores de Radio La Luna, donde habitualmente se efectúan conciertos musicales y, en las jornadas de abril, éstos se articularon como parte de demostraciones políticas de solidaridad con la radioemisora y de repudio al régimen. 41 Ver al respecto, Javier Auyero, September 2, 2004, “Spaces and places as sites and objects of politics”, Prepared for the Oxford Handbook of Contextual Political Studies, edited by Robert Goodin and Charles Tilly. (Documento de internet).

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para deslegitimar la movilización social: la protesta provenía únicamente de grupos oligárquicos y de clase media (“los aniñados”). La imprecisión estadística y ambigüedad sociológica de tal categoría no permite, en este espacio, mayor exactitud. No existen, además, investigaciones sistemáticas que faciliten el seguimiento de las evoluciones contemporáneas de este segmento social. Ciertas pistas pueden, sin embargo, ayudar a determinar quienes protagonizaron tan original y eficaz, pero inorgánico y disperso, movimiento ciudadano. En primer lugar cabe agregar que fue evidente que ni los sectores más pudientes ni los más empobrecidos de la ciudad tuvieron una participación destacada en las movilizaciones. Las razones de ello difieren para cada sector. Los más ricos utilizan otros recursos de presión política más directos e invisibles (una de las razones de la fragilidad democrática en el país) y carecen de una tradición de movilización pública. Los sectores excluidos, por el contrario, fueron el eje de la política clientelar del gutierrismo. La estrategia asistencialista y benefactora del régimen en Quito específicamente pasaba por las manos del cuñado del presidente, Napoleón Villa, quien montó un eficaz sistema de distribución de recursos, favores, víveres y festejos para tales sectores42. Lo mismo hizo, con las organizaciones indígenas en otras provincias de la sierra, el inefable Subsecretario de Bienestar Social, Bolívar González. La política social estaba pensada en clave militar: desmovilizar y contener a posibles adversarios. Tales clientelas eran, después, fácilmente manipulables a favor del régimen, tal y como pudo apreciarse en el último día del gutierrato43. Si bien ello no les convertía en bases leales al régimen si era un factor para desincentivar su posible movilización social. Se puede sugerir por otro lado, que durante el primer momento de la protesta, mientras el eje del conflicto político giró en torno del problema de la inconstitucionalidad de la nueva Corte Suprema de Justicia fueron sobre todo los sectores medios (la ‘alta sociedad civil’) quienes protagonizaron las expresiones de descontento. Sin embargo, a medida que el espacio del conflicto se amplió, con la absolución de Bucaram y otros agravios del régimen a la ciudad, también se extendió el espectro social de los manifestantes; así como el radio de difuminación de las protestas -al observar el mapa de los focos de la protesta en Quito (anexo II) se observa que estos se amplíaron, día a día, del centro moderno a diveros puntos en el sur, norte y centro de la ciudad. Igual cosa se puede decir en relación a los distintos momentos de la protesta: cuando los plantones y marchas se tornaron en beligerantes confrontaciones con la policía no predominaron los mismos rostros. Resultaría, así, inexacto reducir la composición de la multitudinaria marcha del 19 de abril, y de los protagonistas de las posteriores confrontaciones de a lo largo del miércoles 20, a los sectores medios. En estas jornadas la presencia de sectores populares y sociales con mayor trayectoria organizativa, fue notoria y decisiva; sus reivindicaciones, perfiladas en términos ideológicos, se hicieron escuchar con vigor en la esfera pública44. Una tercera pista alude a la frágil presencia del sindicalismo, de los gremios de educadores, de las tradicionales organizaciones estudiantiles y de las organizaciones indígenas. Tal ausencia habla a las claras de la baja intervención de los sectores populares organizados en las jornadas de protesta; y a su vez esto, contrasta con la emergencia de nuevas organizaciones y figuras políticas jóvenes, provenientes de universidades privadas, distantes de esas formas de representación así como de aquellas de carácter partidista. Fue evidente que la magnitud de la protesta obligó a varios de estos sectores a intervenir en las movilizaciones. Al inicio se mostraron distantes frente a una expresión pública que veían como propia de las clases medias y altas, pero progresivamente debieron sumarse. Era una cuestión de estrategia política y mínima coherencia organizativa y cohesión interna. Así por ejemplo, la FESE (Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador), hegemonizada por sectores afines al co-gobiernista MPD, no salió a las calles en las primeras semanas de abril, Y, es más, ante la inminen-

42 El gobierno cooptó así a diversas organizaciones populares en Quito. El 6 de abril, por ejemplo, se reunía la Asamblea Popular de Quito conformada por representantes de comunidades y barrios que no han sido atendidos por los poderes locales de Quito- liderada por el Presidente de la Federación de Barrios del Sur y la Unión de Comerciantes del Sur en la sede del Ministerio de Bienestar Social a fin de hacer frente a la Asamblea de Quito y respaldar al régimen (Ver La Hora, 7 de abril 2005, Quito). 43 Miles de ecuatorianos desempleados y empobrecidos fueron transportados a Quito, para defender al Presidente en sus últimas horas de gobierno, con la promesa de diez dólares y un almuerzo. Luego de la jornada del 20 de abril terminaron linchados, encarcelados o abandonados a su suerte. 44 Consignas contra el ALCA, contra el Plan Colombia y contra la implantación norteamericana de la base de Manta llegaron a hegemonizar, por ejemplo, el campo de la retórica contestataria desplegado en los salones de CIESPAL la tarde y noche del 20 de abril.

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cia del paro de la ciudad del 13 de abril, llegó incluso a plantear el 7 de ese mes, la extraña exigencia (considerando su tradición de ininterrumpida presencia en todas las luchas) de la inmediata reanudación de las clases suspendidas por el Ministerio. Para el jueves 14, con la rebelión en auge, la FESE estaba ya en las calles45 gritando a la vez consignas contra el régimen y contra el alcalde de Quito46. Una cuarta señal, precisamente, tiene que ver con las universidades movilizadas. Profesores y estudiantes de la Universidad Católica, de la Universidad Salesiana, y de la Politécnica Nacional, donde estudian sectores que van de la clase media-alta a la clase media-baja, fueron mucho más activos que aquellos pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador, que acoge sobre todo a estudiantes de bajos recursos. Esta pista puede ser, de todos modos, confusa puesto que habida cuenta de la colaboración del MPD con el gobierno, y del control que aquel partido ejerce sobre múltiples facultades de la Universidad Central, pudo haber ocurrido que la movilización estudiantil se hizo sin contar con los estamentos directivos de la vieja Casona. Algo similar puede decirse de la importante presencia de los colegiales en las jornadas de abril. Miles de adolescentes de colegios privados y públicos alternaron su participación en las calles. Aquellos fueron más visibles en las primeras jornadas de protesta; éstos en las últimas. Su presencia fue notoria, sobre todo, en la mañana del miércoles 20, pocas horas antes de la caída del régimen. Chocaron durante horas en las inmediaciones del palacio con una policía que no bajaba la guardia y, en otros puntos, con los contra-manifestantes. Las acciones de resistencia civil establecidas en los días de la protesta permiten ubicar dos pistas adicionales sobre qué sectores de la población que se movilizaron. La primera es obvia: por más que la posesión y el uso de celulares, internet y automóviles se haya ampliado a bastos sectores de la ciudadanía, siguen siendo artefactos a los que acceden, mayoritariamente, estratos medios y altos de la ciudad. La segunda resulta más interesante: la conversión de las tácticas de la vida cotidiana en plataforma de los modos de contestación al régimen, permitió la inusual y contundente presencia de familias enteras, de parejas y, sobre todo, de mujeres y adolescentes en todas las jornadas de rebelión. La participación de las mujeres fue, sobre todo, inmensa. La protesta no tuvo, entonces, un monopolio ni masculino, ni adulto. Los marchantes fueron, en su gran mayoría, ciudadanos inexpertos y sin previos aprendizajes en las artes de la movilización y la lucha callejera; poco sabían de gases, trayectos y tácticas de contención. Aún así no desistieron. La insurrección de abril estuvo protagonizada entonces por sectores medios sin pertenencias organizativas ni partidistas, a los que progresivamente se fueron sumando sectores populares y militantes de organizaciones sociales y políticas más o menos radicales. Fue desde su particularidad, desde sus razones subjetivas y desde su individual indignación que cada uno se volcó a la protesta. Gran parte de los movilizados tuvieron en abril su primera experiencia en manifestaciones de esta índole -sobre todo colegiales, mujeres y familias; y provinieron de un amplio espectro de universos ideológicos, experiencias y culturas políticas. La multitud de mil cabezas.

An ti po lí ti cos, de mó cr a tas y agr a via dos

Los enmarcados ideológicos de la rebelión, a saber, los diversos discursos que justificaron y dieron forma a la protesta colectiva emprendida en abril combinaron, en modos muy contradictorios, versiones radicalmente anti-partidistas y anti-institucionales de la política, con elementos provenientes de una emergente retórica institucional de la democracia. Los dos polos que modelaron la discursividad de la insurrección están barnizados por un cierto sentido de recomposición moral de la política y un sentido de agravio sobre la identidad quiteña. ‘Que se vayan todos’. Un anti-partidismo extremo fue el cemento unificador de las protestas de abril. Toda la clase política, sin excepción, fue condenada en cada una de las acciones emprendidas durante los diez días de rebelión. La antinomia ‘sociedad vs. políticos’ trazó las

45 De mismo modo, el Frente Popular (la Unión Nacional de Educadores, UNE, y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE) también liderado por el MPD debió hacer declaraciones contra el régimen el día 16 de abril, aún cuando tal partido formaba aún parte de la coalición populista autoritaria, luego del decreto del Estado de emergencia por parte del gobierno. 46 Ver declaraciones del presidente de la FESE, D. Navarrete, en el Diario La Hora, 8 y 19 de abril 2005.

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fronteras del conflicto. De ahí el incesante ataque al Congreso, síntoma de la política nacional, y a los partidos políticos. Su revocatoria fue exigida con la misma fuerza que la destitución de Gutiérrez. Las representaciones sociales también fueron puestas bajo cuestión. Ningún tipo de liderazgo fue admitido ni será tolerado. La idea misma de la representación no tuvo asidero en un discurso en que la utopía de la autogestión societal se coloca en el centro de una refundación justa de la República sin partidos. Desde el polo anti-partidista se expresa un deseo de que la política se haga ahora desde las calles y los barrios, desde las universidades y las asambleas: la democracia directa aparece como única forma de participación política admisible. Mientras llegue ese día, la ciudadanía jugaría el rol de vigilante y fiscalizadora de las acciones de los políticos. La figura de las veedurías sociales toma cuerpo entonces como forma de canalizar la dinámica asamblearia en boga. El presupuesto de estas ideas y deseos es el de que la ética y las virtudes morales están sólo del lado de la sociedad. He ahí el fermento de unas ciertas expresiones simples y autoritarias de recomposición de la política. ‘Por la reestructuración del orden democrático’. Un nítido discurso de defensa de la institucionalidad de la democracia liberal representativa catapultó las acciones emprendidas y se situó, también, en el centro de la conflictividad política contra el régimen gutierrista. La disputa por la destitución de la Corte Suprema de Justicia fue nombrada como un proceso de recuperación del orden constitucional y lucha contra el autoritarismo político. El binomio democracia-dictadura dibujó las fronteras de los actores en conflicto. La representación del presidente Gutiérrez como un dictador copó la opinión pública y fue alimentándose a medida que aquel sostenía arbitrarias decisiones (el propio Gutiérrez entró en este juego discursivo y se auto-denominó ‘dictócrata’47). Desde el polo democrático-institucionalista, las vías institucionales, a nivel nacional e internacional, para recomponer la desestructuración del Estado de derecho fueron los canales privilegiados de resolución del problema. De ahí la centralidad de la arena legislativa, el predominio de la retórica jurídica y el énfasis en la presión social sobre las diversas instituciones de control del Estado. El malestar por la impunidad y la injusticia imperantes se articuló, en el horizonte de la rebelión social, con la restitución del orden constitucional y la vigencia de los derechos ciudadanos. La separación, el equilibrio y la autoregulación de los poderes del Estado se colocaban así como la orientación normativa por la disputa democrática en la sociedad. ¡Viva la democracia! Un inédito respaldo y valoración, en público, del sistema democrático emergió e impulsó a la protesta colectiva en Quito. Las reservas morales de la multitud, la indignación ciudadana, se expresaron, entonces, en un repudio generalizado de la política y/o en una voluntad de recuperar la institucionalidad democrática. Nepotismo, corrupción, traición e impunidad deslegitimaron un orden político habituado a funcionar desde la pura fuerza y la astucia. El malestar ético y el intenso sentimiento de injusticia, fueron alimentándose por lo que se percibía como actos de provocación, y desafío a la ciudad y al pueblo de Quito por parte del gobierno (el retorno de Bucaram, al estado de emergencia, y a la ‘invasión’ de las huestes gutierristas). Se activó entonces un maniqueo discurso de afirmación identitaria de la ‘quiteñidad’ que recuperó la memoria del pasado rebelde y libertario de la ciudad -asociado con las primeras revueltas independentistas y luchas anticoloniales que allí tuvieron su origen- y puso por delante la ficticia imagen de una ciudadanía (por esencia) digna, insurgente, civilizada y democrática48. La celebración de la identidad local fue, es, el desenlace lógico de la recomposición de un imaginario combativo y una representación virtuosa -de peligrosas consecuencias para las conflictivas dinámicas regionales del país- del pueblo de Quito luego de la caída del régimen. En suma, las noches de abril vieron emerger un inédito conjunto de acciones de protesta urbana, particula res y dispersas, de nítido origen societal y marcado carácter antipartidario, que afir ma ron el de re cho a la re sistencia civil en un contexto de marcado autoritarismo del gobier no na cional, de siste má tico atropello a las instituciones democrá ticas, a las liberta des civiles y, por ende, a las ba ses procedimentales mínimas para el ejercicio de la soberanía popular.

47 “Soy un dictócrata: dictador con las oligarquías y demócrata con el pueblo” había dicho semanas antes de su caída el presidente para esquivar las acusaciones de dictador que empezaban a endilgarle ciertos sectores de la opinión pública. 48 Un caso ilustrativo es el texto “Quito rebelde: lo promisorio y lo incierto”, de Jaime Breihl, publicado en el Quincenario Tintají, pp.8, segunda quincena de abril 2005, Quito.

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5. Continuidades y contagios: no todo se hizo la víspera La insurrección de abril emergió sin vanguardia ni bandera. La protesta puso en las calles a mujeres y hombres sin mayores adscripciones organizativas ni trayectorias militantes. Antipatías difusas y malestares concretos fueron todo el combustible que necesitó la movilización para prenderse. El, los, movimientos sociales no caminaron con la multitud en las noches de abril; y si acaso lo hicieron, fueron sus fragmentos, sus restos. Protesta sin movimiento. Rebelión acéfala. Pura batalla social. Con tal sui géneris figura en mente resulta difícil no afirmar el carácter intempestivo, improvisado y espontáneo de la revuelta de abril. Tal representación esconde, sin embargo, los efectos de experiencia y aprendizaje políticos que, otras jornadas de protesta y diversas dinámicas organizativas, pudieron haber tenido para la activación de estas movilizaciones. Al poner en evidencia estos factores no sólo se matiza la representación ‘espontaneista’ de la insurrección sino que se dan luces para entender por qué ésta tuvo como sede, sobre todo, a la capital del país y como protagonistas a sus sectores medios. Cuatro elementos deben ser resaltados para tales propósitos. Un o. La memoria y la experiencia colectivas que los habitantes de Quito han recreado con relación a las acciones desplegadas en las dos anteriores destituciones presidenciales en las que diversos colectivos organizados -el movimiento indígena sobre todo, las organizaciones de mujeres además- y ciudadanos aislados de clases medias -sobre todo en el derrocamiento de Bucaram en 1997- tuvieron un papel clave. Si bien no puede hablarse de un acumulado de luchas sociales que se reactiva en determinadas coyunturas, si puede sugerirse que existe un efecto de aprendizaje en relación con anteriores ciclos de protesta que ha posibilitado, en parte, el despegue, la renovación y la ampliación de las tácticas de contestación política. Las mismas acciones y modalidades de agitación y convocatoria de la radioemisora La Luna fueron ya utilizadas, en formatos muy similares (llamadas al aire, caricaturas musicales, invitación a manifestar), en esas ocasiones. Dos. Muchos de los militantes y jóvenes manifestantes han tenido ya una activa participación en el ciclo de marchas ‘anti-global’ que tuvieron lugar en Quito en años pasados (‘Pueblos Indígenas contra el TLC’, ‘En contra de Cumbre de las Américas’, ‘Foro Social de las Américas’), y están por lo tanto familiarizados con el nuevo repertorio de acciones moldeados, a nivel global, desde las luchas de Seattle en 1999 y que, en cierto modo, se reprodujeron en las noches de abril. Tr es. ‘Cacerolazos’, ‘escraches’, ‘asambleas vecinales’, consignas anti-políticas, y otras acciones directas parecen haberse extendido y aprehendido de otros procesos de protesta ciudadana y lucha popular en el subcontinente: el caso argentino, sobre todo, aparece como fuente de unos repertorios de acción colectiva que han viajado y han contagiado, vía TV e Internet, a los manifestantes, principalmente de las capas medias, de la capital del Ecuador. La misma forma con que múltiples manifestantes han nombrado a los ‘escraches’, tal y como se los denomina en Argentina, delata los viajes y contagios de los modos de protesta de otras latitudes. Cua tr o. La discreta pero constante presencia de ciertas iniciativas organizativas -asentadas en la ciudad de Quito- con incidencia en el espectro de ‘lo social’ y en los ‘subsuelos de la política’49 y provenientes ya sea de pequeños grupos de izquierda compuestos por nóveles militantes universitarios y/o de redes de organizaciones no gubernamentales, más o menos vinculadas con movimientos sociales (indígenas, mujeres, ambientalistas) y con otras dinámicas asociativas en la ciudad y el país. Algunos de estos sectores apoyaron, en un inicio, al gobierno de Gutiérrez en vista de su alianza con el movimiento indígena. Con el rompimiento de la alianza, su acción crítica contra el régimen se intensificó notablemente. Se le reclamó sobre todo su excesivo acercamiento al eje BushUribe, la continuidad de las políticas neoliberales, y la negociación indiscriminada del TLC: todos ellos elementos contra los que Gutiérrez se había pronunciado en sus discursos de campaña. La sensación de traición, en estos sectores, fue grande; y su participación en las calles creció a medida que la contestación se intensificaba. Las demandas radical-democráticas de acción y participación directa de la multitud en la vida política emergen, en parte, de estos segmentos sociales. Otros factores que contribuyeron al progresivo rechazo al régimen en la ciudad, aluden a las recurrentes acciones

49 Luis Tapia hace referencia con tal expresión a ámbitos de baja visibilidad pública. Ver “Subsuelo político”, en G. Linera, R. Gutiérrez, R. Prada y L. Tapia, 2001, Pluriverso. Teoría política boliviana, Muela Del Diablo, La Paz.

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de protesta, a lo largo de 2004, de los jubilados en nombre de unas pensiones dignas, y de los jóvenes colegiales por el carné estudiantil y tarifas de transporte reducidas. Dentro de este mismo espectro organizativo despuntan una serie de ONG (ambientalistas, de género, de derechos humanos, de la niñez, de desarrollo social, de defensa de la diversidad, etc.), y más específicamente sus dirigentes y activistas, que ya desde el proceso constituyente de 1998, habían desplegado una plataforma de defensa y ampliación de los derechos de ciudadanía y de participación política. Se trata de sectores medios, profesionales y universitarios, más o menos politizados, más o menos radicalizados, y con fuertes nexos con dinámicas similares a nivel regional y global. Sus fuertes vínculos con diversas agencias estatales y con la misma cooperación internacional les coloca de frente a las perversidades de deficientes dinámicas gubernativas. Así, aún cuando la demanda por la restauración de la institucionalidad pudo haber penetrado en este campo, en ellos estaba ya incubado un cierto discurso de ampliación democrática que fue movilizado en las noches de abril: la crítica democrática no emergió con los tiempos del gutierrato. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos fueron, por ejemplo, especialmente críticas frente a las derivas autoritarias del régimen. El radio de acción de tales iniciativas organizativas se extiende desde Quito, capital política y administrativa del país, lo que les da una especial cercanía a los juegos y arbitrariedades del poder. Allí reside la centralidad de las dinámicas de protesta desatadas en las capitales -así como la mayor propensión y celeridad para su contagio. En suma, si bien en las noches de abril los movimientos sociales apenas si pudieron caminar junto a la multitud y si bien las tácticas de protesta desbordaron los tradicionales esquemas de contestación social, no puede decirse que todo fue inventado la víspera. La insurrección de abril bebe del trabajo organizativo y crítico desplegado a lo largo de estos quince años por distintas dinámicas organizativas dentro y fuera del país. Cuánto de ello, y cómo, arribó a los inexpertos y ‘clasemedieros’ manifestantes quiteños es algo que queda para estudios específicos. Cabe sugerir, apenas, que se trataría de aprendizajes y contagios, lentos y casi imperceptibles, que modulan en el tiempo discursos y prácticas de contestación política. Así, en lugar de oponer la protesta social -acéfala y des coordinada- a las acciones contenciosas, preparadas y conducidas, de los movimientos sociales cabe preguntarse si aquella ha tenido lugar en escenarios donde el trabajo de éstos no se ha desplegado50.

6. Y sin embargo es nuevo...las particularidades de la insurrección de abril

Desde el primer levantamiento indígena de 1990, símbolo del inicio de un intenso ciclo de protesta popular a lo largo de los años noventa en Ecuador, hasta las noches contestatarias de abril, muchas cosas han cambiado. En primer lugar, es la primera vez en quince años que las dinámicas de movilización social no giran en torno a, o no están lideradas por, el movimiento indígena que había sido el actor hegemónico del campo de la protesta popular hasta antes de su presencia en la alianza gobiernista durante el primer semestre del 2003. En los dos derrocamientos presidenciales anteriores, las organizaciones indígenas tuvieron un rol protagónico tanto en la convocatoria como en el despliegue concreto de las acciones de contestación. En las jornadas de abril, al contrario, las diversas organizaciones de movimiento indio ni si quiera consiguieron bloquear rutas o movilizarse en las provincias donde han sido, tradicionalmente, más fuertes. La presencia de algunos de sus dirigentes en las convocatorias del 16 de febrero y del 13 de abril51 aparecía más como una estrategia de visibilización pú-

50 Si se comparan los ciclos de protesta registrados en los últimos cinco años en países como Argentina, Bolivia y Ecuador -en todos ellos con desenlaces extremos que incluyen la destitución presidencial y altas dosis de violencia política- con aquellas más aisladas dinámicas de protesta de países como Perú, Colombia o Chile, es notoria la prolongada ausencia, en estos últimos, aunque por distintas razones, del trabajo crítico de movimientos sociales autónomos. 51 Según el Quincenario Tintají tal día, en el parque de El Arbolito, se dio una demostración de 1000 indígenas, la única en los días de la insurrección, que decidieron retornar a sus comunidades ante los intentos de personas vinculadas al Consejo Provincial para que marchen junto con los simpatizantes de la izquierda Democrática (“De la rebelión a la salida negociada”, pp. 6 y 7).

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blica que, de todos modos, no conseguía ocultar la debilidad y el fraccionamiento de sus organizaciones52. Las capacidades organizativas y beligerantes del movimiento quedaron, sin duda, en extremo resentidas luego de su paso por el gobierno y tras los efectos de la política de contención clientelar que éste desplegó, sin mayores resistencias, sobre sus diversas organizaciones, dirigencias y bases53. Esta ausencia explicaría, en parte, el hecho de que las acciones contestatarias se hayan concentrado en Quito: el movimiento indio desarrolló una alta capacidad de movilización social, sobre todo, a nivel de la Sierra y el Oriente del país que facilitaba la propagación de la protesta a múltiples zonas y ciudades a nivel nacional. Ante su fragilidad organizativa, el levantamiento ciudadano fue en extremo acotado y localizado en la capital del país sin mayores posibilidades de contagio, si quiera, regional. En cualquier caso, se trataría del fin de un ciclo de alto protagonismo político e intensa movilización indígena en el Ecuador. No se trata de anticipar el ocaso del movimiento, pero si de sugerir que, en adelante, su hegemonía en el campo popular o su centralidad en el espectro electoral de la ‘nueva izquierda ecuatoriana’ podrían verse intensamente debilitados, obligándolo a repensar su política de alianzas y sus modos de relacionamiento con diversos actores sociales y políticos que no estarán, ya más, dispuestos a situarse bajo su manto. Ello abriría, además, la opción de que se abra un nuevo momento de resistencia y conflictividad social caracterizada por la emergencia de nuevos actores y nuevas demandas, los sectores medios organizados por ejemplo, que podrán o no articularse con las reivindicaciones indígenas o de otros sectores populares. En suma, comenzando por el movimiento indígena, ningún otro movimiento social o político lideró la protesta ciudadana; incluso puede decirse que es contra cualquier expresión de aquellos que se legitimó y afirmó la ‘marcha de los trasnochados’: que se vayan todos. Por otro lado, a diferencia de otros ciclos de protesta y, sobre todo, de las jornadas de contestación que finalizaron con la destitución de dos presidentes, Bucaram y Mahuad, la insurrección de abril no se activó ni tomó fuerza, en lo fundamental, en relación con demandas redistributivas, es decir, cuestionamientos relativos a las políticas económicas, al encarecimiento de las condiciones de vida, a medidas recesivas, o al ajuste de precios y/o salarios. Las motivaciones y la misma propagación de la protesta giraron más bien en torno a críticas propiamente políticas y éticas contra el régimen y la clase política en su conjunto. Un fuerte sentido de injusticia, de impunidad, de traición y de agravio alimentó el malestar ciudadano, incluso antes de diciembre del año pasado, y propició las posteriores movilizaciones del mes de abril. Esta vez no fue la economía, fueron las ambiguas y paradójicas reservas morales de la sociedad las que propiciaron la insurrección ciudadana.La aparente estabilidad de la economía nacional, en un contexto de altos precios del petróleo a nivel internacional y del continuo ingreso de las remesas migratorias, habría sido el escenario propicio para la ausencia de reivindicaciones económicas y para el protagonismo de los sectores medios en las jornadas de abril. El énfasis en lo político y lo ético, no obstante, deja fuera de lugar cualquier crítica sustantiva de los perniciosos efectos de las políticas neoliberales, de las que el gutierrato jamás se apartó, en el empobrecimiento de amplios sectores sociales y en la fragilidad del aparato productivo. En ese sentido, en el Ecuador, y concretamente en Quito, se recuperaron las memorias de anteriores derrocamientos pero no, o aún no, como en el caso de los levantamientos en Bolivia, la memoria de las diversas crisis sociales desatadas en el marco de las políticas de ajuste estructural. En tercer lugar, en abril, el tiempo de la protesta y de la movilización social se extendió más allá del derrocamiento presidencial: no sólo fueron las intempestivas acciones para evitar la fuga del ex presidente, presionar a los órganos internacionales o asediar al nuevo mandatario y al Congreso, sino la configuración de diversas iniciativas asamblearias en varios puntos de la ciudad y desde diferentes sectores sociales. La política no fue devuelta, de modo inmediato, a las arenas oficiales. Circula aún, cada vez de modo más tenue, ‘por lo bajo’. Un nítido efecto de ‘empoderamiento’ ciudadano y voluntad constituyente parecerían emerger en los individuos y los colectivos sociales que participaron del derrocamiento presidencial, precisamente, por que éste fue posible, y lo fue gracias a su autodeterminación

52 Dirigentes de la Ecuarrunari, la principal organización indígena de la región Sierra de país, fueron abucheados y rechazados cuando intentaron sumarse a las protestas nocturnas iniciadas el 13 de abril (Ver Ultimas Noticias, 21 de abril 2005, Quito). 53 Los frágiles mecanismos de coordinación política entre el partido (Pachakutik) y el movimiento social (liderado por la Conaie), aún antes de los días de gobierno, y la progresiva asimilación de las principales reglas de la gramática pública de la democracia ecuatoriana por parte de sus elites y dirigentes -clientelismo y corporativismo sobre todo- aparecen como los factores de oportunidad sobre los que operó con éxito la ofensiva del régimen y su capacidad de cooptación de sus organizaciones.

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como multitud activa que no espera nada más del sistema político. Resta por saber si podrán sostenerse en el tiempo como estructuras políticas alternativas, basadas en la idea de la participación política directa, desde las cuales habrá de reconstruirse o deslegitimarse, más aún, la democracia representativa y sus mecanismos delegativos. Finalmente, el nivel y las formas de represión y violencia política con que el régimen quiso contener la revuelta no se comparan con las estrategias disuasivas empleadas en otras jornadas de protesta y, en particular, en las otras sublevaciones sociales que desembocaron en un derrocamiento del jefe de estado. Tampoco es comparable la disposición para la lucha y el combate sociales demostrados por la ciudadanía en Quito. La diferencia reside no sólo en el inmenso despliegue de fuerza policial y militar en las jornadas de protesta, sino en la forma en que tal dispositivo represivo fue desobedecido y contestado por la ciudadanía contribuyendo así a la exacerbación, extensión y beligerancia de la revuelta. Así, los operativos de contención de las protestas, coordinados directamente por el círculo presidencial54, combinaron dos tipos de estrategias: el normal despliegue del aparato represivo (instrumentos legales y policiales con el recurrente uso de inteligencia militar) y la organización de contra-marchas con civiles movilizados por el régimen, desde diversas provincias del país, a cambio de un módico pago o de un futuro intercambio de favores55. Indígenas evangélicos y jóvenes costeños desempleados fueron los principales grupos desplazados para la defensa del régimen. Según las propias declaraciones policiales (El Co m e r c io , 10-06-2005) en los quince días de protesta, se utilizaron más de 1600 bombas lacrimógenas para contener a los manifestantes. Datos de la Defensoría del Pueblo hablan de la utilización de 5000 bombas en la semana del 13 al 20 (antes se habrían utilizado 600). Todos los cuerpos de la policía fueron movilizados: Inteligencia de Pichincha, Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Carondelet estuvo rodeado de concertinas y tanquetas y vigilado por no menos de 500 uniformados cada día. En instituciones como el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia el dispositivo represivo fue casi el mismo. Un muerto por asfixia, una joven que perdió la vista en uno de sus ojos a causa de una bomba, un deceso por atropello (una mujer contratada para las marchas de apoyo al régimen), dos heridos graves por tiros de fuego (disparados por manifestantes-paramilitares contratados por el Ministerio de Bienestar Social) y cientos de asfixiados, heridos y presos fueron el resultado del excesivo uso de la fuerza en los últimos días del gutierrato. Los operativos anti-protesta, no obstante, provocaron la reacción ciudadana. Cuando el viernes 15 de abril, en la noche, el régimen decreta un Estado de Emergencia sólo para Quito, los ciudadanos continúan, en cada vez mayor número, con acciones de contestación en toda la ciudad. El decreto, visto como una provocación innecesaria, fue entonces conscientemente desobedecido. La protesta pacífica sobrepasó la estrategia del régimen; diversas organizaciones de derechos humanos lograron interponer además un amparo. El gobierno debió retirar la medida al día siguiente; el Estado de sitio duró doce horas. De igual modo, el arribo de manifestantes desde Manabí y Guayas, pagados por el partido de gobierno para marchar en respaldo al presidente, desencadenó desde la madrugada del miércoles 20 de abril una furiosa reacción de la población quiteña, respaldada por los poderes locales, en defensa de lo que se consideraba una invasión y un nuevo agravio a su ciudad. Múltiples y violentos enfrentamientos entre civiles se sucedieron como consecuencia de ello en varios puntos de la ciudad. La muerte por asfixia del periodista chileno-ecuatoriano en la noche del 19 exacerbó también el malestar y el repudio ciudadano al gobierno. En las dos destituciones presidenciales anteriores no se registraron desenlaces fatales. El Ecuador se precia de muy bajos niveles de violencia política. Existe, además, una suerte de tradición institucional de auto-contención en las fuerzas del orden,

54 El operativo anti-marcha del 19 de abril fue dirigido, desde una suite del Hotel Marriot, por el diputado y hermano del presidente, Gilmar Gutiérrez, por el también diputado independiente Vicente Olmedo (ya destituido), por el vocal del Tribunal Constitucional,Víctor Hugo Sicouret, quienes se mantenían en contacto directo con el ministro de gobierno, Oscar Ayerve, y con el mismo presidente Gutiérrez, encerrados en Carondelet. Esa noche la disposición fue de "defender el Palacio como sea y a cualquier costo" (Ver El Comercio, A-2, 20 de abril 2005).55 Esta última estrategia, jamás empleada por otro gobierno en los últimos años de regímenes civiles, había sido ya empleada a lo largo del gutierrato como forma de evidenciar el apoyo popular al régimen -muchas veces incluían presentaciones artísticas, distribución de regalos y oferta de obras; la utilizó además, como táctica disuasiva, en circunstancias en que sus opositores organizaban manifestaciones en su contra. 55 Esta última estrategia, jamás empleada por otro gobierno en los últimos años de regímenes civiles, había sido ya empleada a lo largo del gutierrato como forma de evidenciar el apoyo popular al régimen -muchas veces incluían presentaciones artísticas, distribución de regalos y oferta de obras; la utilizó además, como táctica disuasiva, en circunstancias en que sus opositores organizaban manifestaciones en su contra.

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sobre todo a nivel militar, para evitar confrontar y disparar sobre la población civil. La renuncia del Comandante en Jefe de la Policía y el retiro del respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al presidente Gutiérrez se justificaron, entre otros elementos, como una forma de evitar más enfrentamientos violentos. Fue precisamente ese exceso de violenciael que determinó el fin del gutierrato. El dispositivo represivo, en suma, jamás consiguió aplacar las acciones de contestación ciudadana; en su lugar, las encendió y facilitó su rápida propagación.

7. Lo que no fue: alucinaciones interpretativas56sobre la insurrección de abril La pluralidad de reivindicaciones políticas, universos ideológicos, demandas sociales, prejuicios culturales y motivaciones particulares -tales son los rostros polimorfos de las multitudes en sublevación- que atravesaron a las jornadas de abril, motivaron una serie de interpretaciones que, como trazo general, reducen la complejidad del proceso dentro de un signo político unívoco y lo restringen a las motivaciones de algunos de sus protagonistas. Se puede hablar de tres alucinaciones interpretativas / ideológicas, provenientes de diferentes campos políticos, sobre los sentidos de la movilización de abril; cada una de ellas resalta aspectos reales pero muy parciales y ambivalentes del proceso, mientras afirma un conjunto de valores propios de su universo político. En primer término, la alucinación del liberalismo político optimista ve en las movilizaciones la expresión de una profunda adhesión de la clase media quiteña por los valores del liberalismo democrático, la defensa de la ley y, por tanto, de su rechazo al populismo autoritario y a la corrupción. Ello explicaría también el carácter cívico y pacífico de sus reclamos. En base a esta representación se ha levantado, desde el establisment político y la opinión pública dominante, una imagen virtuosa de la protesta. Sin embargo, no todo es tan prístino. Aunque, en efecto, existe una comprensión creciente -y no exclusivamente en las clases medias ‘cultas’- del valor de la institucionalidad democrática formal y de la necesidad de procedimientos impersonales de regulación política, esta interpretación esconde que gran parte de esta misma clase media contribuye a la reproducción de las dinámicas patrimonialistas y familísticas en la economía y la política. Esta clase media es capaz de reconocer y pronunciarse contra la corrupción del sistema político pero no hace lo mismo con la del universo empresarial, y además, como segmento socio-cultural está atravesada por prácticas e imaginarios jerárquicos, racistas y de explotación con los sectores subalternos así como por vínculos patriarcales y masculinistas en sus relaciones de género. La cultura política de las clases medias está repleta, entonces, de valores y prácticas anti o i-liberales y provenientes de otros órdenes discursivos y políticos. Los modales refinados y las buenas formas con que proceden -y desde los que se diferenciarían de los arribismos de bucaramistas o gutierristas “mal educados”- no debe hacer olvidar que los valores del liberalismo democrático van más allá de la defensa “civilizada” de las instituciones políticas y de un cierto apego a la ley. Por lo demás, no fueron únicamente motivaciones de tipo institucional-democrático las que impulsaron a esas clases medias a movilizarse; agravios identitarios y prejuicios culturales alimentaron también sus marcos de justificación de la protesta. Tales articulaciones explican, por otro lado, que parte de estos sectores se hayan involucrado en acciones beligerantes de contestación. No todo fue cantar y bailar. Las clases medias no actuaron, pues, de un modo tan democrático ni tan cordial como ciertos liberales bienpensantes lo desean. Menos que eso, ¿o, acaso, las ilustradas y demócratas clases medias de Quito se abstuvieron de gritar (y desear) en las calles ‘que se vayan todos’? Por otro lado, la alucinación de una cierta izquierda desplazada del centro del escenario de protesta ve en las movilizaciones de abril, únicamente, la reacción conservadora de la cultura política de las clases medias y medias-altas de la ciudad ante lo que percibían como una degradación ética, esté-

56 Algunas de las ideas que surgen a continuación son producto de un intercambio virtual de ideas con Marc Saint-Upéry luego del derrocamiento presidencial.

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tica y racial de las capas dirigentes de la sociedad. Al igual que en el derrocamiento de Abdalá Bucaram, la clase media habría expresado en las calles tanto su descontento ante la estética ‘chola’, vulgar, ‘chabacana’, que el presidente y sus íntimos habrían instalado en la escena política, como su repudio a la emergencia de sectores políticos ajenos a los círculos tradicionales de poder -élites blancas de buena familia. Gutiérrez habría sido repudiado, entonces, por ser un amazónico arribista, de piel obscura y modales grotescos. En esta interpretación, las demandas de justicia, el rechazo a la corrupción y a la desinstitucionalización del régimen democrático habrían funcionado apenas como narraciones públicas debajo de las cuales se encuentran las ‘verdaderas’ razones del descontento ciudadano: un profundo sentido de racismo, regionalismo y clasismo57. Si esas hubiesen sido las principales motivaciones de los clasemedieros marchantes de las noches de abril, ¿por qué no se expresaron con anterioridad al 8 de diciembre, o desde ese mismo día? ¿Por qué no lo hicieron a raíz de uno de tantos ‘deslices estéticos’ de la familia presidencial? Si bien es común a la cultura teórica-epistemológica de una cierta izquierda, no solo en el Ecuador, tomar a las justificaciones de los actores apenas como la expresión travestida de las relaciones de poder en que están insertos o como un velo que disfraza sus reales intereses58 de ahí la misión del militante o del teórico de vanguardia de develar la falsa conciencia del pueblo- en este caso se evidencia también un cierto extrañamiento, en el doble sentido del tér mino, por la ausencia de los habituales ‘sujetos de la protesta’ en las calles (indígenas, sectores populares, obreros) y por la for ma en que motivaciones ético-políticas, y no fundamentalmente económicas, propiciaron un tal nivel de participación y resistencia en múltiples sectores de la población. No se trata de negar la existencia de actores y motivaciones reaccionarias en las jor nadas de abril, sino de evitar la extensión de dichas características al conjunto de la clase media y al conjunto de las razones que propiciaron la movilización ciudadana. Ello sería no solo un error de apreciación sociológica, pues se ha visto que en la revuelta hubo mucho más que racistas indignados, o de registro histórico, ya que las razones para las rebeliones son múltiples y nadie tiene el monopolio de la indignación y de la capacidad de acción críticas, sino también de horizonte político: ¿conviene descalificar la participación pública y la disponibilidad para la lucha, la politización, de sectores que tradicionalmente han minusvalorado la importancia del conflicto social y apenas si han visto la política desde la televisión? La presencia activa de las clases medias en las calles ha sido, ciertamente, incómoda para ciertos sectores de la confundida izquierda quiteña. Por último, existen algunos indicios que señalan la existencia de una alucinación de sectores de la burguesía oligárquico-reaccionaria, en particular costeña, pero no únicamente, que ha interpretado los acontecimientos así: el pueblo responsable y respetable (la clase empresarial, media y alta, sectores para-empresariales, y sus súbditos) ha echado al caudillo populista -réplica ecuatoriana del presidente venezolano Hugo Chávez- que alentaba las turbas ignorantes contra unas élites productivas que, si se las dejaría acumular en paz, podrían asegurar la prosperidad del país y distribuir parcelas de bienestar a las masas con su habitual modo paternal-caritativo. Para este segmento interpretativo, el combustible de las movilizaciones fue el temor oligárquico al empoderamiento de las masas propiciado por el populismo gutierrista. Nada más lejos que eso. La gestión política del gobierno de Gutiérrez tuvo muy poco que ver con la que implementa el gobierno venezolano -si acaso, apenas existieron semejanzas de procedencia social y política y coincidencias discursivas que finalizaron cuando Gutiérrez se instaló en el poder- y su discurso antioligárquico funcionó más bien como una forma de encubrimiento en su estrategia de penetración y recomposición de las alianzas entre nuevas y viejas élites. Por lo demás, las turbas gutierristas jamás se colocaron en una posición de bloqueo de las actividades productivas de los ‘notables costeños’. Si acaso, y tal vez era ello lo que más les incomodaba, el oficialismo estaba debilitando desde el aparato gubernamental a las viejas redes clientelares construidas en torno al PSC. Nunca hubo un desafío de clase; únicamente empezaba a verificar una cierta disputa por las lealtades de las bases. En suma, es desde el virtuosismo, la mezquindad y/o el temeroso pragmatismo de las clases medias, y medias altas, que ha tratado de homogenizarse a la multiplicidad de motivaciones, discur-

57 Un ejemplo, por demás ilustrativo, al respecto es la entrevista a Erika Silva, “Forajidos, identidad y democracia”, publicada en el Quincenario Tintají, pp. 7, abril 2005, Quito. 58 Ver la crítica que en este sentido realiza Luc Boltansky a las sociologías críticas en Le nouvel esprit du capitalisme, 1999, Gallimard, Paris; y en El amor y la justicia como comptencias. Tres ensayos de sociología de la acción, 2000, Amorrortu Editores, Buenos Aires (1990).

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sos y actores que caracterizaron la insurrección de la multitud en abril. Peligroso giro. Las crisis son, por el contrario, momentos heurísticos particularmente relevantes por cuanto “...se quiebra la superficie de homogeneización cognitiva y cultural dominante y aparece la diversidad social”59. La densidad sociológica de ella no permite, precisamente, inscribir un sentido político unívoco desde lo que hizo e inspiró a un determinado grupo social a movilizarse. La participación en la vida pública no es, además, una consecuencia inmediata o natural del éxito/fracaso individual en la vida privada60. Los sentidos de la acción colectiva contestataria y de sus efectos se inscriben, más bien, en la particularidad de los ciclos históricos de corto y mediano plazo de la vida política del país, y en las tramas organizativas, las decisiones individuales, los vínculos subjetivos, los nexos sociales, y la fluidez de las interrelaciones estratégicas con ‘el adversario’. La reflexión sobre la legitimidad y las consecuencias de tales acciones puede ser un mejor instrumento para captar sus significados y evaluar los rendimientos políticos de su eclosión para el ordenamiento democrático.

8. Democratizaciones intempestivas y forma insurrección: entre la legitimidad, el vacío hegemónico y el escepticismo político

Mucho se ha discutido sobre la legalidad de la destitución presidencial de abril. El gobierno norteamericano, la OEA, algunos países vecinos, los residuos del gutierrismo y otros actores políticos nacionales levantaron con fuerza la bandera de la dudosa juridicidad con que fue resuelta la nueva crisis política y pusieron así en cuestión el reconocimiento político del nuevo régimen en el Ecuador. Las respuestas locales fueron varias. Unas asumieron que, efectivamente, la destitución presidencial por abandono del cargo -tal fue la resolución legislativa que posibilitó la sucesión- ha sido tan inconstitucional como la de los dos derrocamientos anteriores por cuanto Gutiérrez jamás abandonó el Palacio presidencial. Otras han planteado que desde el momento en que el defenestrado régimen se puso al margen de la Constitución existió en el país un vacío de poder democrático legítimo que fue finalmente resuelto por el Congreso Nacional por la vía de la sucesión. Otras versiones, por su parte, enfatizan que la revocatoria al mandato presidencial provino de una revuelta popular, catapultada por la deslegitimación política del régimen, y que la resolución legal del Congreso apenas si consagró lo actuado en las calles61. Cada uno de estos argumentos tiene algo de razón y la discusión puede prolongarse. Es claro, no obstante, que tal ambigüedad jurídica revela la forma en que la política de las calles puso ésta vez las condiciones y los tiempos para la acción legislativa: los factores estructurales de poder, y sus asientos legales, debieron ajustarse a las circunstancias políticas propiciadas por el desborde ciudadano. Más que en la legalidad de la destitución, entonces, cabe insistir en la discusión sobre la legitimidad de la insurrección y la resistencia ciudadana. Es cierto, ya ha sido dicho, que si las mínimas bases para el ejercicio de la soberanía popular no están aseguradas y, por el contrario, son sistemáticamente pulverizadas desde los mismos centros de la institucionalidad política, la insurrección popular será, en toda su extensión, un legítimo derecho democrático que la sociedad se otorga a sí misma en cuanto ejercicio particular y colectivo de su soberanía y de su capacidad de auto-determinación política.

59 Luis Tapia, 2002, La condición multisocietal: multiculturalidad, pluralismo, modernidad, pp. 71, Muela del Diablo, La Paz. 60 Ver Albert Hirshman, 1983, Bonheur privé, action publique, Fayard, Paris. 61 Algunas posiciones sobre el tema pueden ser encontradas en los artículos de Fabián Corral, “Deslegitmación política”, A-5, El Comercio, 28 de abril 2005; Alfredo Pinargote “Nube Rosada”, pp. 12, Revista Vistazo No. 905, 28 abril 2005; Seminario Tintají, abril 2005.

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Las fuentes de legitimidad de una insurrección no devienen, no obstante, única y automáticamente de la negatividad del campo político en que germina. Las formas y los medios (a) con que se concreta la insurrección, la oportunidad (b) en medio de la que surge y la responsabilidad (c) ética y política con que la asumen cada uno de sus protagonistas contribuyen también al reconocimiento y validación del acto insurreccional y de las consecuencias políticas y legales que de él se derivan. ¿Se reunieron las condiciones para el efecto en la insurrección de abril? a) Empecemos por las formas. A lo largo del texto se ha hablado, indistintamente, de insurrección, resistencia, rebelión, contestación o desobediencia para hacer referencia a las jornadas de abril. Todas estas denominaciones procuran evitar, enfáticamente, que aquellas sean apreciadas, apenas, como un ejercicio de oposición civil al régimen. La oposición pertenece al mundo de la institucionalidad partidista y la estrategia política. Desde allí, y aún en sus formulaciones más extremas, la oposición no puede abarcar una crítica totalizadora. Únicamente, la insurrección o la resistencia sociales poseen la suficiente exterioridad y, en consecuencia, están en capacidad de desplegarse contra el poder como un todo. Abril tuvo esa marca y desde ahí se abre su margen de legitimidad. El fin no justifica, sin embargo, cualquier medio. Sabemos ya cómo han terminado los intentos de liberación autoritaria de pueblos, clases y naciones. En esa constatación reside la importancia de pensar la forma en que se articulan medios y fines en toda acción contestataria. No cualquier trayecto conduce al ejercicio democrático del poder constituyente. J. Habermas y otros62 han insistido en la necesidad de diferenciar la insurrección (rebelión) o resistencia (contestación) de la desobediencia civil. Al hacerlo, buscan reflexionar sobre la especificidad y eficacia de las luchas políticas existentes en las sociedades democráticas contemporáneas. Ello significa, en primer término, asumir que aún cuando las vigentes democracias representativas están atravesadas por relaciones de dominación, no se reducen a ellas y, por tanto, el derecho a la resistencia no puede justificar las mismas acciones que en regímenes tiránicos o dictatoriales. La desobediencia civil deviene entonces en una forma privilegiada de contestación radical no violenta que se efectúa en nombre de principios y derechos que están de antemano reconocidos en el orden político-constitucional existente (aún cuando no estén necesariamente garantizados). La trasgresión de tales derechos y principios legitima la desobediencia civil pero su existencia, a su vez, marca los márgenes dentro de los cuales la sociedad debe auto-limitar sus acciones de resistencia. Desde una perspectiva democrática son, en efecto, los procedimientos libres, igualitarios y deliberados (deliberativos), y no el supuesto conocimiento que algunas vanguardias afirmen tener del bien común o de las mejores vías de transformación social, los que otorgan validez a las formas de contestación desplegadas por la multitud. Las formas de contestación, en suma, no pueden situarse por encima de la justicia, el derecho y los procedimientos de regulación democrática. Un análisis indiferenciado de la insurrección puede perder de vista, entonces, tales condiciones de validez de las resistencias contemporáneas. Ello no implica, según Habermas, que incluso en el mejor de los mundos posibles, la desobediencia civil es legítima y enriquecería la vida política. A pesar de esta última tesis, es evidente que el privilegio que el filósofo alemán otorga a la desobediencia civil deja por fuera la posibilidad de formas más radicales de contestación. Su excesiva confianza en los principios constitucionales como reguladores de los juegos de poder y del desenvolvimiento estatal, le impide ver la extrema contingencia con que de hecho se legitima el orden político. En este margen de contingencia que, en muchas sociedades democráticas, incluye formas arbitrarias y estructuradas de dominación y desigualdad, se abre la legítima posibilidad de experimentación con múltiples formas de resistencia y contestación que no tendrían cómo colocarse al interior de los umbrales del orden legal. El abril quiteño fue pródigo en acciones de resistencia y contestación que abarcaron, y rebasaron, formas de desobediencia civil. Aún teniendo en mente la distinción habermasiana puede decirse que la sociedad ejerció su derecho a la insurrección bajo diferentes modalidades. Primó, es cierto, y se valorizó la acción política no violenta como modo de rechazo a la arbitrariedad del poder. El altísimo protagonismo de las mujeres en las noches de abril simboliza, como en diversas movilizaciones que han conducido a través de la historia, la hegemonía de formas no agresivas de lucha social. No predominaron tampoco los saqueos ni los excesos vandálicos -aún a pesar de que durante varias horas se vivió un virtual vacío de poder y de deserción de las fun-

62 Ver : J. Habermas, 1997, Droit et démocratie, Paris, Gallimard ; y J. Cohen y A. Arato, 1992, “Civil disobedience and civil society”, in Civil Society and Political Theory, Cambridge, MIT Press.

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ciones de seguridad pública por parte de las fuerzas del orden (desde la noche del 19 y a lo largo del día 20). Y, hasta donde fue posible, se contuvieron y desincentivaron los enfrentamientos físicos y la violencia gratuita63. El imperativo de auto-limitación de la insurrección no provenía, únicamente, de que ella se efectuaba en nombre de ciertos principios democráticos trasgredidos por el régimen, o de un repentino legalismo ciudadano, lejos de eso, era el resultado de una cierta coherencia estratégica que sabía que allí residía su fuerza, política y moral, y que cualquier desborde suponía entrar en la lógica de la provocación y el desprestigio al que el poder le apostó, en vano, desde un principio. En consecuencia, las acciones puntuales de desobediencia cívica, como las de la noche del miércoles 13 cuando hubo órdenes de desocupar los alrededores de la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, las de la noche del viernes 15 cuando el gobierno decretó el estado de emergencia, conservaron el tono de desafío pacífico pero activo ante los peligrosos arbitrios del poder. Tales acciones fueron en extremo eficaces; el Ejército no pudo hacer efectivo el decreto presidencial: no había ningún desborde a ser reprimido. La misma perspectiva democrática de la resistencia se observó cuando los modos de convocatoria y la estructuración de las motivaciones para la acción crítica estuvieron atravesados por un llamado a la opinión pública. La dinámica insurreccional se desplegó a partir de un nítido elemento de comunicación política y deliberación colectiva, y no desde las iluminaciones de vanguardias auto-proclamadas: las formas de protesta se negociaron y se argumentaron, públicamente, a través de radioemisora La Luna y, en menor medida, de la creación de diversas páginas web. Múltiples propuestas fueron descartadas o asumidas64 según como los intercambios dialógicos, a partir de las llamadas y visitas a la radio, persuadían a los manifestantes. Desde los micrófonos, entonces, un espontáneo procedimiento deliberativo reguló y dio forma a la contestatación ciudadana de abril, dejando en evidencia que el campo político no está saturado de puras relaciones de fuerza y manipulación65. No obstante, en la medida que la “no-violencia es un valor político y no meta-físico”66 no tiene un carácter absoluto y depende de las específicas condiciones en que se levanta la movilización social y se ejerce su poder constituyente. En abril, la progresiva ampliación y radicalización de los objetivos de la protesta se correspondieron con la inmovilidad y enclaustramiento del poder sobre sí mismo. Con los partidos fuera del tablero, el escenario político colocaba frente a frente la potencia del régimen y la potencia de la movilización. Las condiciones se degradaron entonces hacia un ambiente de desmedida represión y, paulatinamente, de confrontación civil que el régimen nunca pretendió desmontar. La multitud debió resistir y contestar a los embates policiales y a lo que percibieron como una invasión de las huestes gutierristas a la ciudad y como una pura confrontación entre bandas rivales -y nunca como un expresión del uso legítimo de la violencia estatal. Hubo choques, enfrentamientos, heridos y muertos: violencia política to u t c o u rt. La disposición para el combate social no fue absorbida por el carácter cívico y pacífico de la protesta. Se habló ya de que, horas antes de la destitución presidencial, un escenario de ‘soberanía escindida’ -el gobierno nacional versus la ciudad de Quito- y en tal imagen se condensa el desbordamiento del orden normativo con que finalizaron las noches de abril. Aún así, las acciones de defensa y resistencia ciudadanas, en la medida en que respondían a un dispositivo autoritario y violento desatado desde la cima del orden político, son legítimas. Si se examinan en el mismo contexto, no obstante, ciertos intentos de justicia por mano propia (dirigida en contra de los manifestantes contratados por el régimen), agresiones físicas (en Ciespal) y vejámenes morales o de violencia simbólica (en clave de racismo, o de regionalismo) desproporcionados, el balance es

63 En los extremos contrarios, y como elocuente expresión del reprimido y civilizado moralismo burgués de las buenas formas y el respeto de lo ajeno que atraviesa a las clases medias quiteñas, se llegó incluso a disuadir la reproducción de los inofensivos 'escraches' a los domicilios de diversos políticos. 64 Paco Velasco y los reporteros de La Luna contuvieron, muchas veces, las interpelaciones racistas y regionalistas con que múltiples radioescuchas justificaban y alentaban a la movilización ciudadana. Estos niveles de ponderación y tolerancia se diluyeron, sin embargo, cuando las intervenciones ciudadanas (si bien escasas) se pronunciaban en contra de la agitación política del país o insinuaban cierto apoyo el régimen. Ahí, quizás, uno de los límites de la racionalidad argumentativa que guió las acciones de abril. 65 Ello constituye una primer indicio para advertir cuán sesgados pueden estar los análisis del 'realismo político' (weberianos, schmittianos, y marxistas confundidos) dominantes en el medio. Fernando Bustamante ha sido, desde hace tiempo ya, uno de los más lúcidos exponentes de este tipo de análisis.Ver, sobre todo, “La política ecuatoriana: el juego de clientes y caciques”, junio 2004, Revista Gestión No. 120, pp. 70-72, Dinediciones, Quito. 66 Sintomer, pp. 101, ob. Cit.

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menos equilibrado. En varias ocasiones, en efecto, los mecanismos espontáneos de auto-limitación de la protesta fueron rebasados, y solo pudieron reconstituirse en el límite de situaciones muy complejas67. Por lo demás, solo gracias a los bajos umbrales de tolerancia a cualquier tipo de excesos represivos y de violencia, en la sociedad y en las mismas fuerzas del orden ecuatorianas, se pudo activar un último recurso de regulación de una eventual aceleración del espiral de violencia en el desenlace del conflicto. La dominante retórica de la resistencia civilizada y pacífica del “heroico pueblo de Quito”68 pierde de vista esta dimensión constitutiva de los eventos. No cabe ocultarlo: la insurrección de abril no fue sólo una fiesta. b) Pasemos revista ahora a analizar al tiempo o la oportunidad política del evento. La revuelta se dio, sin dudas, en medio de una situación de extrema emergencia. No sólo que se había ya sobrepasado el límite en la degradación del Estado de derecho, más allá del cual sólo restaba la definitiva supresión de los derechos ciudadanos y/o el sostenimiento del régimen por la pura fuerza, sino que además los canales institucionales de resolución de la crisis estaban del todo sellados, anulándose unos a otros, y la insistencia en su viabilidad únicamente hubiese exacerbado la dinámica de confrontación desleal entre los actores políticos y carcomido, más aún, las estrechas bases de reconocimiento de cualquier instancia de regulación institucional de la política. Podría argumentarse, en este sentido, que la contestación ciudadana pudo haber sucedido antes y asumir un carácter preventivo que evite lo irreparable. Tal vez. Tal vez incluso las protestas que antecedieron abril tuvieron ese carácter. Pero en condiciones en que el autismo del poder solo le permite reconocer las señales que él mismo forja (encuestas, contra-marchas) y en que las razones de Estado están blindadas, policial e institucionalmente, contra los recursos morales de la crítica pública, entonces, la contestación civil solo puede tener un carácter intempestivo. Allí radica el sentido de oportunidad y la contundencia de la insurrección de abril: mientras más tarde, mayor es la urgencia. c) Resta por tratar la cuestión de si la insurrección de abril ha sido un acto políticamente responsable. Ello remite, en un primer nivel, a observar la implicación de cada ciudadano en la dinámica misma de una acción política colectiva. Sin dirección ni centro organizativo de por medio, es decir, sin la posibilidad de contar con estímulos selectivos garantizados por algún empresario de la movilización69 (movimiento, asociación, partido), la participación en las jornadas de abril dependió por completo de decisiones particulares que, sin embargo, fueron convergiendo hacia la producción de una acción colectiva sobre cuya base se asentó la posibilidad de transformar el curso de las cosas. En las noches de abril, no fueron pocas las ocasiones en que unos manifestantes conminaban a otros a no desertar de los lugares de la protesta: se evidenciaba así la certeza de que únicamente por medio de la acción de masa era factible cumplir con el cometido de dar fin al gutierrato70. Una opción primordialmente subjetiva, cuya recompensa residía en la misma posibilidad de formar parte de la contestación71, no quedó así restringida a una manifestación individual de indignación

67 Ver, por ejemplo, las declaraciones de Lucho Corral sobre los acontecimientos en Ciespal. Según él confiesa fue en extremo complicado disuadir a enfurecidos manifestantes, que impedían violentamente la movilización del Presidente Palacio y de otros legisladores, para que bajen el tono de sus reclamos y vuelvan a sus deliberaciones a fin de consolidar el proceso de las asambleas populares. La aparición de un canal de televisión fue clave para el efecto. (Entrevista “Mandato popular a ritmo de churo”, pp. 8-9, Quicenario Tintají, abril 2005, Quito). 68 Tal narrativa se ha consolidado como la 'versión oficial/dominante' de la movilización ciudadana. Desde ella, el establishment político y los medios hegemónicos han establecido la arbitraria frontera entre 'buenos' y 'malos' forajidos. O, para ser más precisos, entre los forajidos (cultos, pacíficos y demócratas) y aquellos identificados como vándalos/anarcos (más radicales) como las dos figuras claves de las jornadas de abril. Es obvio imaginar qué figura quedó consagrada políticamente y cual finalizó en el estigma. Los líderes socialcristianos (el alcalde guayaquileño J. Nebot y su mentor, LFC) reforzaron esta representación al advertir que no tolerarían los excesos anarquistas de los manifestantes que "no son los forajidos". 69 Según las teorías de la acción racional, la participación individual en acciones colectivas depende de la existencia de beneficios específicos, provistos por alguna estructura organizacional, para militantes y activistas. La participación pública deviene entonces en un acto fundamentalmente instrumental. 70 Desde la noche del sábado 16, y sobre todo en la noche del 19 de abril, se escuchaban en las calles repetidos comentarios alusivos al poder del colectivo: "hoy le sacamos a este"; "con este gentío, le botamos porque le botamos"; "hay que sacarle ya, somos más", entre otros. 71 Las acciones orientadas hacia lo público forman parte, muchas veces, de todo un conjunto de actividades humanas, que incluyen la búsqueda de la solidaridad, el conocimiento, la belleza, la salud, y que tienen por trazo común portar en ellas mismas su recompensa. En tal tipo de actividades desaparece entonces cualquier nítida diferenciación entre costo y beneficio (Ver A. Hirshman, ob. cit, pp. 149).

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sino que se conectó con un fuerte sentido de compromiso colectivo en torno a la causa común de derrocar al régimen. El denso componente de voluntad individual, la irreductibilidad de lo subjetivo, no funcionó como un afuera de lo político, sino como la contrapartida necesaria para contener la amenaza de la arbitrariedad del poder, a saber, “el equivalente democrático del estado de excepción”72. El segundo nivel en la comprensión del grado de responsabilidad política de la insurrección ciudadana remite a saber si ésta asumió sus propias consecuencias. La pregunta es válida tanto para cada uno de los manifestantes como para los efectos que de ella se derivan para el conjunto del espacio político. La libre implicación en la acción colectiva tiene su contra cara en la asunción particular de las amenazas y riesgos que la rebelión implica para quienes toman partido. Cada uno acepta, ello es obvio, los peligros de su participación. Así fue. En el campo político, el inmediato efecto de la insurrección, el derrocamiento presidencial -no por intempestivo, inintencionado-, obligaba a la multitud a posicionarse frente al reconocimiento de una sucesión constitucional que debía operar por la vía de los canales institucionales y las decisiones partidarias que repudiaba. No había alternativa que plantear en su lugar. Los límites del ‘que se vayan todos’ se hacían manifiestos mientras colocaban a la sociedad frente a un principio de realismo político del que tan alejada se mantuvo en esos días. El traspaso de poder fue admitido entonces sin vítores ni unanimidades. Sólo unos pocos aplaudieron la transición73. La legitimidad del nuevo gobierno se dio por omisión, por defecto, o por resignación. El cuadro de desgaste de la política institucional se completaba con la inalterable hostilidad social hacia la reinstalación de las sesiones del legislativo. En esa abstención se verifica, no obstante, el ambiguo empoderamiento social que ha resultado de la rebelión. Ahí reside otra, la última, de sus consecuencias para el campo político: el auto-impuesto desafío, ético y organizativo, de hacer de la ciudadanía activa un nuevo medio de regulación y producción democrática que, en su asedio al mundo de los partidos y sus grandes barones, gobierne junto con ellos o los sustituya. La difusa dinámica asamblearia que se ha instalado en múltiples lugares de la sociedad acusa recibo de tal desafío. Dicha responsabilidad política no ha sido entonces eludida; tampoco se puede hablar, no obstante, de una asunción plena y homogénea del reto participativo. Su impulso ha sido suficiente, de momento, para estimular nuevas convocatorias, rearticular militancias y espacios organizativos en repliegue, y sostener instancias asociativas en marcha. Sus perspectivas, metodologías políticas y composición social parecen representativas de la dispersa multitud que ocupó las calles de Quito en abril. Aún así, algo las liga: un extremo escepticismo y desconfianza con la política institucional y una voluntad de ejercer sobre ella diversos modos de control social. El ‘que se vayan todos’ se habría traducido, por medio de la más o menos ingenua intuición de que las cosas pueden ser hechas de otro modo, en un ‘no más de lo mismo’. La posibilidad de hacer efectivo ese tránsito radica, además de una cierta apertura del sistema político, en la consistencia organizativa de las asambleas ciudadanas. ¿Es el escepticismo anti-partidista un recurso moral y normativo suficiente para sostenerlas en el tiempo? Parece difícil. En cualquier caso, la desigual y emergente dinámica asamblearia pone de manifiesto que, al menos en una primera instancia, la acción contestataria ha tomado la forma de asociaciones deliberativas desde las que se pretende participar en la vida política de país. El espacio público no ha sido desocupado; el inmediato repliegue a la normalidad de lo privado, que ocurrió en los derrocamientos anteriores, deberá esperar. De la c a lle a lo s fo r o s: un giro responsable, aunque incierto y seguramente insuficiente, se perfila como un posible resultado de la insurrección de abril. El test de legitimidad política de la revuelta quiteña arroja, en suma, un balance globalmente favorable en lo que concierne a su oportunidad política y a la aceptación, tanto en términos individuales como en su trama de interacciones colectivas, de las consecuencias legales y políticas del proceso insurreccional. Ética de las convicciones y ética de las responsabilidades no parecieron desajustadas entre sí. El balance es más complejo, sin embargo, cuando se hace referencia a los me-

72 E. Balibar, 2002, Droit de cité, pp. 21-22, PUF, Paris. 73 Múltiples sectores afines al ex presidente, por su parte, expresaron públicamente su rechazo a la destitución y su disgusto con una revuelta percibida como 'quiteño-céntrica'. ¿Es ello un argumento para rebatir la legitimidad de la insurrección? Muy parcialmente. Los reclamos provenían de actores articulados dentro de las redes clientelar-burocráticas del gutierrato y no levantaron una crítica substantiva o procedimental de los sucesos. La consistencia de su lealtad política con el ex presidente ha sido, además, en extremo precaria: transcurrida dos meses de su caída tales manifestaciones prácticamente han desaparecido, o se han activado frágilmente en relación a las declaraciones de ex presidente. Por otro lado, legitimidad no debe ser confundida con unanimidad: aquella reposa en unas ciertas formas, contenidos y procedimientos -de ahí el recurso a su evaluación interna- y ésta en la lógica de lo mayoritario, de la opinión pública como fabricación, como producto de la encuesta.

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dios de su despliegue: la desobediencia cívica, el carácter pacífico y la autolimitación de la protesta fueron rebasadas por agresiones, enfrentamientos y combates entre oficialistas y manifestantes, con un repudiable saldo de víctimas para los bajos márgenes de tolerancia a la violencia en el país. La contestación y la resistencia aparecen, en cualquier caso, como el efecto político de la indignación moral de la multitud frente a la respuesta autoritaria del poder. Los marcos constitucionales lejos están de contener todo el juego político democrático. La evaluación interna de la legitimidad política de la insurrección la afirman como un derecho conquistado por la ciudadanía, en el curso de un ciclo de desacato y asedio a las figuras dominantes del ordenamiento político abierto con el primer derrocamiento presidencial de 1997, y como una forma intempestiva de ejercicio de la soberanía popular -sin lugar, sin duración, sin orden- desde el que se ha establecido una fo r m a ra d i c a l d e c o n tr o l d e m o c rá ti c o d e la s é li te s políticas. Más aún, en el marco de tres procesos de movilización ciudadana que han tenido como desenlace un derrocamiento presidencial (1997, 2000, 2005), parecería pertinente afirmar que la ‘forma-insurrección’74 se ha instalado en el ordenamiento democrático ecuatoriano como una rutina de acción colectiva participativa extrema que se expresa en momentos de franca degradación de la política institucional -pero que condensa dinámicas más estructurales de exclusión y subordinación política de amplios sectores sociales. Su dimensión rutinaria, así como su carácter radical-participativo, devienen tanto de su reiteración en el vigente ciclo político como de diversas regularidades sociológicas que comprenden: (a) la articulación episódica (b) de movimientos, colectivos y ciudadanos, frustrados e insatisfechos (c) en torno de objetivos políticos que se van delineando y acotando en el curso mismo (d) de específicas acciones de contestación (e) que se radicalizan a medida que el poder trata de disolverlos y que (f) terminan por ampliar y desbordar el campo institucional de la política, (g) sin conseguir, sin embargo, su plena reconstitución75. Los efectos de la dinámica insurreccional sobre el campo de lo instituido poseen también una ciertas recurrencias. Se opera, en efecto, (a) un tipo de presión social episódica que incluye (b) la recomposición de las relaciones de fuerza y las líneas de poder entre los principales actores del sistema, (c) la emergencia más o menos inconsistente de nuevos actores sociales y políticos, (d) la apertura de procesos y/o agendas de cambio político -que van de reformas políticas parciales a la convocatoria de procesos constituyentes- y (e) la evanescente incorporación de la dimensión ético-normativa de la democracia dentro de un campo político colonizado por la pura pragmática del poder. La consolidación de la ‘forma insurrección’ no se corresponde, sin embargo, con el pleno establecimiento de un campo de organizaciones, movimientos y partidos, políticamente articulados, capaces de convertir tal dinámica de presión episódica en acumulados políticos e institucionales desde los cuales posibilitar una efectiva redistribución del poder político y social que siente las bases para subvertir los términos de la dominación estructural sobre los sectores excluidos de la sociedad, y deje emerger el carácter emancipatorio de la democracia de la jaula de la perversa ‘gramática pública’ en que ésta está contenido.

74 Podría argumentarse, desde una perspectiva substancialista de la política (del tipo spinoziano), que la expresión de la potencia del poder constituyente es, de por sí, un contenido / un sentido inmanente ("voluntad de poder de una libertad insatisfecha", "imaginario radical trastocador de órdenes", "fuerzas creativas de la multitud", etc.). En un intento de levantar una mirada constructivista del problema, y bajo el manto de un prudente pesimismo, sostengo más bien que cabe observar las regularidades sociológicas de la acción política constituyente presentes en la sucesión de insurrecciones y derrocamiento presidenciales en el Ecuador de la última década. Llamo la atención, entonces, respecto de las figuras, los contornos, la forma con que ha tomado cuerpo la acción colectiva radical-democrática, para enfatizar un específico modo de actuación política que, aún en la agregación de momentos de desborde de lo instituido y de afirmación de la soberanía popular, no termina de instaurar un nítido conjunto de agenciamientos sociales en la esfera pública ni de dibujar los trazos de la recomposición del orden. No creo, en suma, que el 'medio sea el mensaje' pero tampoco niego que la forma-insurrección esté vaciada de importantes indicios democráticos. Concedámoslo: 'en el medio está, una parte, del mensaje'. 75 Esto último estaría ligado al hecho de que la 'forma insurrección' no basta por sí sola, si quiera, para desencadenar las destituciones presidenciales. A su lado se ha configurado el 'dispositivo derrocamiento', que incluye en diversos grados, la intervención, más o menos conspirativa, de diversos actores y partidos políticos, la venia de la embajada norteamericana, y la decisión dirimente de las Fuerzas Armadas. No ha sido el objeto de este texto concentrarse a la vez en los dos niveles de análisis, pero -a modo de ilustración de la utilidad de su diferenciación- puede sugerirse que en diversas combinaciones, y con distintas intensidades, ambos estuvieron presentes en los tres derrocamientos presidenciales: Forma insurrección Alta Medio Alta

Destitución A. Bucaram: 1997 Destitución J. Mahuad: 2000 Destitución L. Gutiérrez: 2005

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Dispositivo derrocamiento Alto Alto Bajo

Aún así, la ‘forma-insurrección’ habría incidido, en el curso de las jornadas de abril, en el tránsito entre unos incipientes, fragmentados y volátiles impulsos participativos y la formación de ciertas dinámicas deliberativas y asociativas (asambleas y colectivos) que pueden relacionarse e incidir en modos diversos con el proceso democrático ecuatoriano. Si logran preservar ciertos márgenes de autonomía frente al sistema de partidos, afirmar principios de apertura política y desplegar formas horizontales de toma de decisiones podrán colocarse como espacios para el robustecimiento del tejido organizativo; para el desarrollo de procesos de formación política radicalmente alternativos; para una más sólida participación pública de un conjunto de ciudadanos que apenas empiezan a interesarse en los asuntos colectivos; y, para el establecimiento de procesos de innovación democrática que, incluyendo nuevas voces y nuevos actores, amplíen los canales de decisión y rompan los privilegios políticos que las estructuras representativas actualmente existentes otorgan a específicos sectores. Es más probable, sin embargo, que la dinámica asamblearia, en su esfuerzo por vigilar e incidir en el cumplimiento de las demandas societales de renovación política, se vea insertada en negociaciones directas con agencias estatales, líderes y partidos, bajo formatos comunicativos establecidos ‘por lo alto’, y disuelva de este modo sus impulsos organizativos dentro de nexos neo-corporativos, que no modifican los tradicionales esquemas de intermediación institucional, con el estado. A través del nítido establecimiento de la ‘forma insurrección’ se verificaría, en cualquier caso, el surgimiento de una suerte de cuarto poder ciudadano intermitente o de un poder constituyente menguado caracterizado por la expansión de su conciencia de soberanía política76 y de su potencia como colectivo auto-producido, pero sin todas las capacidades y competencias, organizativas, estratégicas e ideológicas, para dar lugar a sostenidas dinámicas de acción colectiva y/o para prefigurar y constituir órdenes alternos. Tal limitación le deja en la opción, no por minimalista menos trascendente, de marcar difusos límites ético-políticos por fuera de los cuales a la clase política le resulta cada vez más difícil moverse. Del poder de control popular radical no se deriva, pues, una efectiva dinámica constituyente -ni si quiera en el alegre sentido, que proyecta Negri, de una primacía continua del movimiento de invención de las libertades por sobre el poder establecido- sino unos volátiles indicios de los trayectos que las élites no pueden continuar caminando a menos que estén dispuestas a remplazar sus ya exiguos pisos de legitimidad por cada vez mayores dosis de dominio coercitivo. No estamos frente a la imagen negrista del poder constituyente -en cuanto capacidad de movilización colectiva parasino ante la más foucaultiana imagen del poder y gobierno modernos que -derrocando, impidiendo, des-constituyendo- consigue delimitar el campo de probabilidades en que se desenvuelven los otros77 (las élites políticas); enunciar aquello que ya no se puede hacer. Las intempestivas democratizaciones abiertas por la ‘forma insurrección’ dejan claro que la comprensión de la política en la democracia ecuatoriana contemporánea pasa por la observación de una dialéctica entre la dominación y el “poder constituyente”. No se trata de oponer aquello que, de modo evidente, proviene de la dominación social frente a un orden político fundamentalmente igualitario y libre: Weber demostró de manera implacable la persistencia de la dominación al interior mismo de todo campo político. Se trata, más bien, de situar las diversas formas en que se expresa la dialéctica del poder constituyente y de la dominación y de reconocerla como algo que atraviesa transversalmente los dominios de la economía, la sociedad, y la política78. En términos normativos ello permite sostener que el ordenamiento político nacional no puede continuar reproduciéndose de espaldas (presidencialismos tecnocráticos) o a través (populismos autoritarios) o en contra (neoliberalismos mafiosos) de la sociedad, en un modo tal que termina siempre por reforzar las líneas de dominación social; y permite también poner en cuestión el obstinado privilegio acordado a la estabilidad política como perspectiva de un ordenamiento institucional que, para el efecto, ha debido replegarse sobre sí mismo evitando cualquier proceso de innovación y redistribución del poder estatal.

76 Se sugiere aquí esta hipótesis: más que una cultura política democrática (del tipo imaginado por el funcionalismo politológico que va de Almond y Verba en los años setenta, al Latinobarómetro del nuevo siglo), vendría desarrollándose en el país y la región una más clara comprensión ciudadana de uno de los principales fundamentos normativos de la democracia: el pueblo es el soberano político. Veinte y seis años de regímenes electorales, tres derrocamientos presidenciales, el surgimiento de nuevos sujetos políticos (el movimiento indio), así como la irradiación de diversos experimentos de democratización 'por lo bajo' a nivel regional y global habrían incidido en tal configuración. 77 Según M. Foucault, el poder y gobierno modernos se desenvuelven por medio de "modos de acción, más o menos pensados y calculados, destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos" (1988:15), en “El sujeto y el poder”, Revista Mexicana de Sociología, pp. 3-20. 78 Ver Yves Sintomer, 1999, La démocratie impossible? Politique et modernité chez Weber et Habermas, La Découverte, Paris.

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No cabe ya, en efecto, perseverar en la consagración de la estabilidad y la predecibilidad del orden como objetivo prioritario de la política. La impostura de la certidumbre, que exigen y aplauden los mercados financieros, se ha levantado al costo de la exclusión política y social de la ciudadanía en la producción de la democracia. Y es que fueron los imperativos de la gobernabilidad, elevados a principio constitucional en el Ecuador desde 1998, los que encerraron la política entre la majestuosa voluntad presidencial y el mundillo de los partidos y sus cúpulas con el declarado propósito de asegurar las más amplias y estables condiciones de gobierno a los diversos inquilinos de Carondelet. El óptimo funcionamiento del sistema político ha dependido desde entonces de la capacidad y de la voluntad de los partidos para formar mayorías y establecer pactos. En un momento en que la sociedad parecía emerger a la vida pública -luego de la consolidación del movimiento indio y el derrocamiento de Bucaram- la lógica de la gobernabilidad supeditó la estabilidad estatal a los incestuosos diálogos entre una clase política poco virtuosa, con escasa credibilidad y un apoyo social supeditado a sus recursos clientelares. Se consolidaba entonces la ficción de que, en democracia, la legitimidad social es una pura función de la estabilidad (legalidad) institucional y la eficiencia del régimen. Para la sociedad solo quedarían favores, papeletas y encuestas de opinión. La función estatal de legitimación e integración de la comunidad política se restringía de este modo a las negociaciones de la clase política consigo misma, erosionando las bases de reconocimiento y confianza social hacia el estado79. La democracia representativa se consagraba así, en su más débil versión, como un régimen de alternancia electoral dominado por las élites políticas. La preponderancia, primero, y la obsolescencia de los principios de la gobernabilidad y la degeneración de su práctica política, después, se sitúan en medio de un escenario, abierto a mediados de la década de los noventa, de alta disputa y fragmentación política entre los principales grupos económicos, élites políticas, y sectores dominantes (constantes cambios de alineamiento, clivages regionales, querellas familiares) en el curso del proceso de gestión política de la agenda de reforma estructural de la economía. Tras el aparente consenso ‘modernizador’, el reordenamiento neoliberal no ha conseguido desactivar, y más bien ha estimulado, intensas disputas por las orientaciones y el control de segmentos estratégicos del estado entre fracciones dominantes que, a pesar de un discurso anti-estatista, han visto en él un factor determinante para contener adversarios y activar dinámicas de acumulación en su favor. A las fracturas políticas ‘por lo alto’ debe agregarse la intensa conflictividad social desatada ‘desde abajo’ por parte de diversos movimientos sociales, articulados en torno del movimiento indio, en función de transformaciones incluyentes del sistema político y de la contestación al proceso de ajuste estructural. Las fracturas (regionales, económicas, sociales) entre grupos económicos y al interior de la clase política, y la intensa conflictividad social entre bloques de poder han contribuido en la escasa institucionalización del estado de derecho y de los marcos normativos de la democracia y han profundizado la debilidad del estado para coordinar, bajo mínimos consensos, políticas nacionales incluyentes. De ahí el carácter conflictivo, tortuoso y discontinuo de la implementación de la agenda de reforma estructural, que ha tenido como principal sostén a las inercias institucionales de las tecnocracias económicas sólidamente blindadas del desorden político por las organizaciones multilaterales de préstamo y desarrollo. Esta fase puede caracterizarse, entonces, como un largo período de transición y ausencia de hegemonía política. Tal caracterización señala la inexistencia de redes político-sociales capaces de establecer una modalidad de conducción gubernativa y ejercicio de poder que se ejerza y tenga como base una dinámica articulatoria en torno de proyectos societales consentidos y reconocidos como propios por amplios sectores de la población80. El estado y sus élites tienen cada vez más dificultades para asimilar a la sociedad en torno de determinada perspectiva de organización social81; el elemento del consenso tiende a ser regularmente sobrepasado por decisiones impuestas, juegos de fuerza e impulsos coercitivos. La precariedad constitucional, la imposibilidad de construir instituciones públicas durade-

79 Para una crítica de la relación entre gobernabilidad y legitimación política ver, Alvaro García Linera, 2002, "El ocaso del ciclo estatal", pp. 163-164, en Democratizaciones plebeyas, Muela del Diablo editores, Comuna, La Paz - Bolivia. 80 Para una ampliación de este análisis ver: Franklin Ramírez G, "Ecuador: crisis, security and democracy", 2005, (con Fredy Rivera), en The Andes in Focus. Security, Democracy, and Economic Reform in the Andes, Edited by Russell Crandall, Guadalupe Paz, and Riordan Roett, Western Hemisphere Program, Johns Hopkins University -SAIS, febrero. 81 Es ilustrativo observar que, a diferencia de países como Argentina, Bolivia, Perú donde el neoliberalismo llegó a ser extensamente reconocido, en el Ecuador siempre ha estado en el centro de las querellas políticas.

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ras, la deficiente gestión y capacidad distributiva de los diversos gobiernos y el consecuente repliegue de las élites tradicionales, y de los sectores emergentes, hacia el control de sus feudos locales, hacen del estado una débil estructura política82 desde la cual construir campos hegemónicos y líneas consensuadas de ejercicio político. El vacío hegemónico expresa, y acelera, la ausencia de un centro ordenador del sistema político, la fragilidad de la infraestructura institucional del Estado, la recurrencia de tendencias conflictivas de cada vez más compleja regulación, una intensa incertidumbre estratégica entre los principales actores políticos, y fuertes invocaciones al orden83. El arribo de Gutiérrez al gobierno, su ejercicio, y su posterior derrocamiento escenifican precisamente dichos elementos y dejan ver el carácter estructurador de las hondas largas de la ausencia hegemónica. Así, la alianza indígena-militar que lo llevó al poder recogía los acumulados sociales de más de una década de intenso protagonismo del movimiento social y aprovechaba, a la vez, las divisiones y fracturas políticas en las clases dominantes. Estas, no obstante, supieron rápidamente penetrar la coalición y doblegarla: la fase ‘post-ajuste’ que prometía instaurar el discurso de campaña de la alianza indígena-militar se vio disuelta en la realpolitk gutierrista, a saber, su acercamiento a la agenda Bush, a los predicados del Fondo y a los grupos dominantes nacionales. El juego de poder se sustentó desde entonces en volátiles alianzas con los partidos, tradicionales y emergentes, ligados a los específicos intereses de tales grupos privados. El centro político se instauraba y se desvanecía con la misma velocidad con que el gobierno forjaba y alteraba, en el legislativo, acuerdos episódicos en función de preservar sus márgenes de acción en torno a su subsistencia y a estratégicas decisiones de política pública. La funesta táctica de las ‘mayorías móviles’ se consagró entonces como la forma privilegiada, y la consecuencia extrema, de la pretensión de estabilizar el orden político desde el imperativo de la gobernabilidad. Ante la ausencia de actores de vocación y capacidad hegemónica en el nivel nacional, el juego democrático queda confinado en las tranzas e intereses de oligarquías partidarias sin ningún público al que rendir cuentas. Cada nueva iniciativa gubernativa reactiva el escenario de negociaciones políticas y de reacomodo de fuerzas, de resolución siempre insospechada, y eleva los costos y la complejidad de su mantenimiento ante nuevos momentos de decisión pública. Tales decisiones, lógicamente, rara vez son oportunas y facilitan por tanto el surgimiento de una dispersa conflictividad social, de muy laxo procesamiento, ante los diversos segmentos de la administración pública. Actores políticos y sociales se mueven, entonces, en un campo de interacciones estratégicas altamente inciertas y deben acudir a todo tipo de maniobras y recursos, aún si no son leales con el régimen democrático, para satisfacer sus expectativas. Mientras esta configuración se preserva en el tiempo, la disputa política se vuelve más facciosa e incentiva, en los principales actores políticos -ejecutivo y legislativo- la propensión a anteponer, a cualquier precio, “los intereses asociados a su posición y a la reproducción de su posición frente a los intereses de sus supuestos mandantes”84. Sin canales expresos de participación política, los gobernados quedan sometidos a tal condición, así como a la de espectadores absortos de una maquinaria institucional auto-suficiente, mientras acumulan malestar, desconfianza y frustraciones múltiples con una clase política a la que, de todos modos, están obligados a confiarse en las urnas una vez cada tanto. Ya en el poder, todo giro y contorsión es posible; ningún representante tiene suficientes constricciones, ni institucionales ni políticas, para ser fiel a los discursos y programas que lo llevaron al ejercicio de gobierno. La delegación ciudadana del poder gira en su pura confiscación. Hasta hace poco, ello implicaba el regular imperio de las voluntades, siempre más que menos, arbitrarias de los políticos y sus particulares compromisos de campaña. Pero esto modus operandi es directamente desafiado desde el momento en que difusos aprendizajes democráticos catapultan a las calles a ciudadanos indignados. Desde allí se regula y contiene a la política. Ésta no puede ya reproducirse desde sus puros impulsos internos.

82 De un modo contrario a Gramsci, y de la mano de Perry Anderson, sostengo que la hegemonía no sólo se construye en/desde la sociedad civil, sino que el aparato estatal condensa posibilidades de ejercicio hegemónico -incluso en su dimensión represiva, el manejo de la política carcelaria por ejemplo, se expresan valores, normas y sentidos desde los que se organiza y se legitima el orden político. Paradójicamente, en el Ecuador, es el mismo proceso de ajuste y reforma estatal que ha debilitado las estructuras institucionales de ejercicio del poder hegemónico de las elites: mientras el neoliberalismo avanzaba se desajustaban las bases estatales desde las cuales aquellas podían legitimar el nuevo ordenamiento social. 83 Ver García Linera, ob. cit. 84 P. Bourdieu, 2001, "Movilización política y revoluciones simbólicas" (1993), pp. 54., en El campo político, Plural Editores, La Paz, Bolivia.

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Aún así, cuando el malestar estalla y la resistencia ciudadana desafía el monopolio de los delegados, e incluso si determinados actores y prácticas políticas son efectivamente expulsados, alterados o sometidos a crítica pública, la radicalidad de la protesta no consigue traducirse en formaciones sociales y/o bloques políticos capaces de llevar al extremo las consecuencias de sus lúcidas intuiciones. Queda, paradójicamente, en la voluntad de recicladas élites la posibilidad de transformar las reglas de un campo político del que provienen y del que toman prestado su protagonismo público. Al igual que en la movilización de abril, en otras partes del mundo, los movimientos nacidos de la rebelión contra el monopolio de los políticos han sido, muy a menudo, inestables y frágiles y terminan sometidos a figuras políticas, por ellos mismos catapultadas, o a coaliciones partidistas con piel de oveja85. Escepticismo y desconfianza anti-partidaria, cuando no conducen a formas políticamente peligrosas de antipoliticismo, tampoco son combustible suficiente para un proceso ampliado de comprensión y organización sociales que permita proyectar una nueva, y radical, forma de política democrática. Menos aún en medio de las inercias institucionales y los recursos de poder con que élites y partidos dominantes cuentan para inmunizarse y absorber86 a la crítica pública, y para capitalizar de algún modo las diversas e inorgánicas expresiones de organización ciudadana. Ello resulta todavía más complejo en un país como el Ecuador en que se puede acelerar el desdibujamiento de los alineamientos políticos e intensificarse las fracturas regionales y sectoriales en el marco de una incierta transición política catapultada, en lo fundamental, desde procesos incubados en la ciudad capital, a los que el resto del país mira distante y desconfiado.En efecto, si bien la insurrección de abril tuvo repercusiones sistémicas no fue un proceso nacional: su interpelación no alcanza a incluir a todos los actores sociales ni a otras partes del país y eso es lo que se está poniendo de manifiesto con el bloqueo a la 'agenda de abril' de parte de fuerzas políticas y regionales influyentes en el nuevo gobierno. Queda, sin embargo, para las mentes críticas más lúcidas, para los espíritus más impregnados de imaginación democrática y para los militantes y organizaciones progresistas más convencidos de sus perspectivas y del carácter incluyente de sus luchas la responsabilidad de crear líneas de colaboración y experimentación colectivas con las advenedizas asambleas populares y los recién comprometidos ciudadanos -arrojados a la vida pública en las jornadas de abril- a fin de afirmar el derecho a la resistencia contra un orden social globalmente injusto y de imaginar, a nivel teórico y práctico, las potenciales alternativas para subvertirlo.

k. Quito - La Paz, abril-mayo 2005

85 Bourdieu habla en este sentido de las revoluciones civiles de Europa del Este al final de los años ochenta (ob. cit); los casos de Argentina y Bolivia, ya en el vigente siglo XXI, dejan ver como las revueltas sociales, del 2001 y del 2003 respectivamente, terminaron por promover liderazgos individuales de los que ha dependido, con suertes diversas, la promoción de las agendas políticas emanadas de tales procesos de lucha. 86 La transformación de los liderazgos ciudadanos en figuras del nuevo poder estatal o en muy probables candidaturas partidarias -sobre todo a nivel de los protagonistas de la alta sociedad civil- al margen de cualquier proceso de consolidación de dinámicas asociativas, dan cuenta no sólo de la vitalidad de las 'tácticas del poder' sino también de las gaseosas expresiones de lo anti-político

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ANEXO 1 LA PROTESTA ¿Cuándo, cómo, quién y dónde? ( Dia rio La Ho ra , Ul ti m a s No ti c ia s, El Un i v e r so , El Co m e r c io ) Fecha

Acciones

Protagonistas

Lugar

05 abril

Paro Nacional / represión

Asamblea de Quito 5000 personas

Consejo Provincial CCE

Ocupación CSJ (llevan rebaño de ovejas y burros). Enfrentamientos con la policía. Intercambio de rehenes.

1000 funcionarios judiciales

CSJ: Amazonas y Naciones Unidas

Contra-marcha (pro-gobierno)

400 manifestantes (80% hombres) llegan desde Sto. Domingo y Esmeraldas

CSJ

Marcha / represión

Asamblea de Quito Estudiantes PUCE

CCE – 10 de agosto

Asamblea (pro-gobierno) Se opone a Asamblea de Quito

Asamblea Popular de Quito (representantes de comunas y barrios desatendidas por Municipio y prefectura), Unión de Comerciantes del Sur, Federación barrios del Sur.

Ministerio de Bienestar Social

07 abril

Desobedecer suspensión de clases (pro-gobierno)

FESE y profesores

11 abril

Toma de la Catedral (hasta el 13 de abril)

Foro Urbano, Seguro Campesino, Mujeres por la vida, universitarios (60 personas)

Plaza Grande

Plantón

CONFEUASSC Mujeres por la Vida, Jóvenes Universitarios.

Plaza Independencia

Toma Trbnl. Constitucional

Estudiantes de Derecho PUCE

TC

Paro

CEOSL Cámara nacional de microempresarios

Asamblea de Jóvenes (vs. Presidente, TLC, CN, CSJ)

Ruptura 25, jóvenes de Quito, Guayaquil, y Esmeraldas

CCE

Marcha hacia CSJ y MAG

UPS (Universidad Politécnica Salesiana)

CSJ, MAG: Amazonas y Orellana

Concentración (pro-gobierno)

Ciudadanía

Barrios Lucha de los Pobres, y Mitad del Mundo

Colecta de un centavo para comprar renuncia a Gutiérrez

Ciudadanía, Ruptura 25

Parque Calderón

Marcha (devolución de Dirección de Educ. Bilingüe), apoyo Ass. de Quito

CONAIE (300 manifestantes)

Parque el Arbolito, Ministerio Educación

Paro, concentración y Marcha Represión

Asamblea de Quito, UCE, PUCE, CEOLS, Empleados Municipales Empleados Consejo Prov.

CCE, 10 de agosto, Consejo Provincial La Alameda, CSJ, Calderón, Mariana de Jesús

Manifestaciones, quema de llantas, concentraciones

Moradores

Villa flora y Adm. Municipal de Sur, Chillogallo, la Marín, Pza. Sto. Domingo

06 abril

12 abril

13 abril

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Contra-marchas (pro-gobierno)

Agrupaciones indígenas Cero Corrupción, otros

Guayaquil y Chile, MBS, Pza. Independencia

Plantón Represión: ejército

Moradores

Punte río Chiche, la Y de Pifo

Platón + quema de llantas

Dirigentes barriales y empleados municipales

Triángulo de San Rafael

Fiesta en Carondelet (noche): por fracaso de marcha y reelección (gobiernistas)

Gobierno

Plaza Grande

Marcha de las cacerolas vacías (noche)

Ciudadanía

Recorrido hasta la tribuna de los Shyris, Iñaquito

Plantón, quema monigotes

Ciudadanía, empleados judiciales

Inmediaciones CSJ

‘Escraches’

Grupo de jóvenes

Batán alto, Federico Páez y Francisco Arízaga (casa de Gutiérrez)

Tomas, ‘escarches

Grupo de jóvenes

Telerama, Ecuavisa

Marcha - Plantón

CONAIE

Parque el Arbolito

Paralización Transporte Municipal Suspensión de clases Amenazas del gobierno / MBS, para evitar cobertura

En contra del Universo (denuncia) Seguro Social Campesino, Asoc. de volqueteros del Azuay, servidores judiciales, transportistas, ONG, miembros de la ID.

Cuenca y otros cantones

Cacerolazos, globazo, pitazo

Moradores, ciudadanos

UCE, Seminario Mayor, Parque Italia, Amazonas, Cotocollao, Villaflora, El Pintado, Carapungo, La Gasca, Rodrigo de Chávez, los Shyris, Cdla. México

Marcha de antorchas

Judiciales, ciudadanos

CSJ

Manifestaciones, plantones Represión

Estudiantes Colegio Mejía, FESE, Colegio Central Técnico

Calles Vargas, Arenas, 10 de Agosto

Plantón

Ciudadanía

Swisshotel

‘Escrache’

Grupos de jóvenes

Urbanización la Colina, Cumbayá

Plantón

Ciudadanía

Iglesia de la Concepción, La Prensa, Teleamazonas

Tablazo, cacerolazo, biciletazo

Ciudadanos

La Floresta, Obelisco de la Vicentina, Parque Inglés, Occidental, San Carlos, Cotocollao, Carapungo (parque lineal), La Luna, Parque del Turismo en San Golquí, Av. Los Shyris, Villa Flora, Av. Napo, Luluncoto

Entierro de la Constitución

700 judiciales

Trébol

Provincia Azuay paralizada.

Chimborazo: paralización sin contundencia 14 abril

15 abril

AGD, MBS

Contra-marchas (pro gobierno)

56

16 abril

17 abril

Demanda de renuncia

Concejo de Quito

Plaza Grande

Reventón (globos reventados)

Ciudadanía

Villa Flora hasta la tribuna del Sur

Declamatoria de Estado de Emergencia para Quito: represión

Gobierno Nacional

Vigilia en radio la Luna

Ciudadanía

Av. América

Cuenca: protestas

Ciudadanía

Centro Histórico

Latacunga: protestas

Ciudadanía

Centro: parque Vicente León

Ambato: Marcha

Jóvenes

‘Pitazos’, todo el día ‘Rollazo’, concentraciones

Ciudadanía

Av. De Los Shyris Radio La Luna Sur de Quito

Marchas hacia Carondelet

Ciudadanía

Desde diversos puntos

Concentraciones

Ciudadanía

Ciudadela Atahualpa

Enfrentamientos

Manifestantes y contra-manifestantes

Plaza Grande

Declaración contra actitud dictatorial del régimen

Frente Popular (UNE + FEUE)

Ibarra: manifestaciones frente a la Gobernación

Ciudadanía

Parque Pedro Moncayo

Plantón, vigilia frente a Congreso

Ciudadanía

Av. Gran Colombia BCE / CN

Protestas en Estadios de fútbol (‘golpe de estadio’)

Ciudadanía

Estadios Ponciano, y Atahualpa

Marcha pro-gobierno

18 abril

Centro Histórico

Cuenca: Cacerolazo, escobazo

Convoca el Prefecto Convoca el Alcalde

Riobamba: Manifestaciones

Ciudadanía

Cayambe: manifestaciones

Grupos Indígenas

Manifestaciones Represión (10 detenidos, 5 heridos)

Estudiantes secundarios y universitarios

Av. América, 10 de agosto, Floresta

Manifestaciones

Ciudadanía

Solanda, carapungo

Toma de las puertas de la catedral; desalojo rápido

Federación de Comerciantes Minoristas (FIDECOMIC)

Plaza Grande, Calle Venezuela

Manifestación

FESE

Consejo Provincia (Arenas y 10 de Agosto)

Manifestaciones

Ciudadanía Estudiantes

La Luna, Los Shyris Labrador

Escarches

Grupos de jóvenes

Casas de Carlos Vallejo y Vicente Olmedo

Protestas, ‘cuadernazo’

Estudiantes de la Politécnica

Universidad Politécnica

Plantón

Ciudadanía

Radio La Luna

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19 abril

Contra-marcha (pro-gobierno)

300 personas / empleados públicos

Plaza San Francisco

Plantón (vs. Caravana pro-gobierno)

Ciudadanía

Madrid y Toledo

Enfrentamientos, represión

FRIU* vs. policía

Av. 10 de Agosto

Guayaquil: marcha, manifestaciones, caravana motorizada

Asamblea de la Ciudad, ciudadanía

Parque centenario, Malecón, Estadio Modelo, Ciudadela Universitaria

Guayaquil: caravana pro gobierno

Gente de Renán Borbúa

Cuenca: manifestaciones

FEUE

Centro

Machala: manifestaciones

Ciudadanía

Parque Central Juan Montalvo

Tulcán: marchas

Ciudadanía

Parque de la Independencia

Gran marcha

100.000 personas

Cruz del Papa

Piquetes y plantones

Ciudadanía

Toda la calle Flores, García Moreno, matovelle…:todo el centro histórico

Marcha hacia Carondelet

Estudiantes del Montúfar

Calle Napo / Chimbacalle

Represión: 500 policías en el Centro Histórico; 40 asfixiados; 15 heridos

20 abril

Consejo Provincial, Av. Guayaquil, Olmedo

Contra-marcha (pro-gobierno)

1.500 indígenas / FEINE

Parque del Arbolito Plaza San Francisco

Manifestación y marcha

Estudiantes (mochilazo)

Av. Los Shyris

Plantón Embajada de Brasil

Ciudadanía

Av. 12 de Octubre Amazonas y Colón

Bloqueo de vías Automóviles, quema de llantas

Ciudadanía / EMSAT (Municipio)

Panamericana Sur (Parroquia Tambillo)

Ciudadanía

Vía a los Chillos, Monjas, Guamaní, Altura del Edén del Valle (loma de Puengasí)

Enfrentamientos, agresiones violencia

Manifestantes y contra-manifestantes

Trébol, Vía Conquistadores (Guápulo), Cumbayá,

Represión

Policía protege a gutierristas

Eloy Alfaro y Granados (Camposanto), Arenal, Puente del Río Chiche Av. Gran Colombia

Contra-marchas

Manifestantes pagados del Oriente y de Manabí Protegidos por policía

El Arbolito

Enfrentamientos, agresiones disparos, francotiradores, violencia

Manifestantes y contra-manifestantes

Ministerio de Bienestar Social (Plaza y Robles)

Toma de la pista del aeropuerto

Ciudadanía

Aeropuerto

Avión de Taca requisado

Ciudadanía y periodistas

Aeropuerto

Toma del Congreso

Manifestantes y grupos de la Juventud Revolucionaria de Ecuador (JRE)

Edif. Banco Central

Cantos y ocupación

Curas franciscanos (burlan cerco policial)

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Plaza de la Independencia

Toma de CIESPAL

Ciudadanía

Av. Almagro

Saldo de la represión de los días 19 y 20: 3 muertos, 3 heridos de bala, 63 personas con síntoma de asfixia, 37 heridos con impacto de bombas lacrimógenas y por traumas y caídas y dos emergencias médicas. Entrada de buses pro-lucios

Av. Eloy Alfaro

Debate sobre crisis política

El Girón de Universidad Técnica Salesiana

Concentración de estudiantes del Benalcázar y 24 de Mayo

Tribuna de los Shyris

Llegan buses pro-lucios

Coliseo General Rumiñahui

Instalaciones querían ser tomadas por pro-lucios

Universidad Politécnica Nacional

Enfrentamientos entre pro-lucios y “forajidos”

Trébol

Saqueo de supermercado

Ciudadanía

Bloqueo del paso con autos 21 abril

Valle de los Chillos Peaje General Rumiñahui

Ciudadanía

Embajada Brasil (Av. 12 de Octubre)

Vigilia

Estudiantes FACSO (UCE)

Embajada Brasil (Av. 12 de Octubre)

Marcha

Ciudadanía

Av. América, Av. Patria, Embaj. USA, Embaj. Brasil

Vigilia Pitazos

22 abril

Manifestaciones gutierristas 23 abril

Varios puntos del país: Amazonía, Guayas, Los Ríos Ciudadanía

Vigilia

*Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria.

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Embajada Brasil (Av. 12 de Octubre)

ANEXO 2 FOCOS DE PROTESTAS POR DIAS

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