La institucionalización de la memoria en Colombia: más allá de la Ley de Justicia y Paz

Restrepo, E.M. y B. Bagley. La desmovilización de los paramilitares en Colombia: Entre el escepticismo y la esperanza. Editorial Uniandes and University of Miami, Bogota, 2011 ISBN: 978-958-695-605-5

Capitulo 18- La institucionalización de la memoria en Colombia: más allá de la Ley de Justicia y Paz Elvira María Restrepo y Catherine Slakmon

1- Introducción Este capítulo examina las dimensiones teóricas, empíricas y normativas del proceso de institucionalización de la memoria en el marco de la Ley de Justicia y Paz (LJP) y más allá de la misma. Los avances concretos de la investigación, documentación y divulgación de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los protagonistas del conflicto armado colombiano a través del proceso de LJP cumplen con una serie de objetivos prácticos y morales que merecen más atención y que son el objeto principal de este escrito. El capítulo está estructurado en dos partes. En la primera, proponemos un marco conceptual para entender los diferentes intereses políticos y jurídicos que han informado el debate y aplicación de la LJP. En la segunda examinamos los espacios y medidas que permiten documentar e institucionalizar las memorias individuales y colectivas de los crímenes y atrocidades del conflicto armado a través de la LJP y más allá de la misma. En particular, analizamos el valor de las versiones libres1 de los acogidos a LJP en la Fiscalía y examinamos las posibilidades de extender el alcance de la construcción de memoria histórica a partir de los esfuerzos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y de su Grupo de Memoria Histórica (GMH)2. También miramos el posible rol de una Comisión de la Verdad sugiriendo 1

La versión libre es la confesión completa y veraz de todos los hechos delictivos en los que el desmovilizado participó o de los que tenga conocimiento cierto durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. El Fiscal competente de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, le informará previamente y en presencia del abogado defensor su derecho al debido proceso, de tal forma que la confesión sea consciente, libre y voluntaria. (Decreto 3391/06 Art.9). 2 La CNRR es la entidad a cargo de las reparaciones y la reconciliación en el marco de la LJP. Como entidad a cargo de las reparaciones la CNRR coordina un Fondo de Reparación a las Víctimas que administra los recursos entregados con miras a la reparación. Entre sus funciones están garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos, hacer seguimiento y recomendar los criterios de las reparaciones con cargo al Fondo además de coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras. (Art. 54 LJP) En cuanto a la reconciliación la CNRR es la encargada de adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional (Art. 51 LJP). EL GMH esta encargado de documentar memoria histórica.

que ésta, aunque insuficiente por sí misma para superar un conflicto que continúa, es un instrumento adecuado para complementar la búsqueda de la verdad y para institucionalizar la memoria de manera que se contribuya con ello a hacer justicia, en el sentido amplio, para las víctimas del conflicto. Discutimos las condiciones existentes, tanto a nivel doméstico como internacional, para la creación de un instituto para la documentación y divulgación de la memoria sobre la historia y las atrocidades del conflicto armado colombiano, con la finalidad de rememorar, investigar, educar y prevenir la continuación del mismo o su repetición en el futuro. En suma, nuestra propuesta consiste en plantear unos lineamientos generales para un modelo de institución que permita aprovechar los resultados concretos de la LJP, pero también ir más allá, de manera que se puedan institucionalizar una memoria y una verdad que transciendan la LJP y que además sean dinámicas, a medida que avancen el proceso inaugurado por LJP, el conflicto y la eventual paz con el resto de los actores armados, especialmente con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]. Estimamos que el momento es propicio, ya que nos encontramos ante un hecho único como es la mayor desmovilización de actores de grupos armados al margen de la ley en la historia de Colombia, que incluye aproximadamente 52.000 ex combatientes3. Aun cuando algunos han cuestionado si el proceso que se adelanta con los paramilitares a través de la LJP es una verdadera transición, es imposible negar que lo que se inició como un proyecto de impunidad con las negociaciones iniciales entre la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno de Álvaro Uribe en Ralito en 2003, se traduce hoy en hechos y verdades irreversibles. En especial, la desmovilización colectiva de aproximadamente 32.000 paramilitares y el desmonte de la estructura militar de las AUC; la desmovilización individual de 20.000 ex combatientes de las FARC y otros grupos ilegales; una reducción notable de los principales índices de crímenes violentos, que entre 1980 y 2002 hicieron de Colombia uno de los países más violentos del mundo, y la revelación de hechos desconocidos sobre el conflicto enmarcados en una ley de justicia transicional (JT)4. La desmovilización masiva de uno de los principales protagonistas del conflicto y la cantidad de información que ha sido descubierta y revelada a través de las versiones libres de los desmovilizados, por sí mismas, permiten reflexiones importantes. Para superar un conflicto armado es necesario permitir unos compromisos (tradeoffs) entre los objetivos de la paz y los de la justicia, por un lado, y entre la justicia y la verdad, por el otro. La historia ha demostrado las limitaciones de sociedades en post conflicto para juzgar a todos los responsables de crímenes atroces, como ocurrió en la antigua Yugoslavia (ICTY) o en Ruanda (ICTR). Asimismo, podria pensarse que países que hicieron transición de la guerra a la paz sin compromisos claros entre estos objetivos, como ocurrió en Guatemala, tienen hoy mayores niveles de violencia que durante el conflicto. 5 En el caso colombiano, para lograr un importante avance en seguridad, fue 3

El Proceso de Ley de Justicia y Paz por medio del cual se han desmovilizado colectivamente más de 32.000 paramilitares y de manera individual unos 20.000 miembros de grupos al margen de la ley pertenecientes principalmente a las Farc. Ministerio de Defensa, 2009. 4 Una de estas verdades irreversibles es la revelación de evidencia sobre la financiación y apoyo directo a los paramilitares por parte de políticos, funcionarios públicos e individuos del sector privado conocida comúnmente como ''La Parapolítica". 5 Oficina de Naciones Unidas, PNUD Guatemala, ‘Informe estadístico de la violencia en Guatemala’, en: http://www.ocavi.com/docs_files/file_415.pdf.

necesario, en el marco del desarrollo del proceso que culmino con la LJP, convencer a los paramilitares de desmovilizarse, desarmarse y respetar las reglas de un juego político que se inició con las negociaciones entre los jefes de las AUC y el Gobierno Uribe en 2003. Dado que los paramilitares no estaban militarmente vencidos, como tampoco lo están las FARC, hubo que darles suficientes garantías para convencerlos inicialmente de que la desmovilizacion no seria demasiado onerosa para ellos y más adelante, que el castigo sería breve para ellos. En cualquiera de estos dos escenarios (sin castigo o con uno corto), en el proceso con los paramilitares se dieron compromisos entre justicia y paz. Por un lado se acordó un cierto nivel de impunidad para lograr la paz, que sin lugar a dudas constituye una negación de los derechos de las víctimas y sobrevivientes pues disminuye su derecho a la justicia e impone su forzosa aceptación de castigos cortos para los acogidos a LJP o ningún castigo para los 29.000 desmovilizados que no fueron judicializados y recientemente se hicieron acreedores del principio de oportunidad. No obstante, y a pesar del compromiso entre justicia y paz, la información conseguida en este marco de relativa impunidad a cambio de seguridad, indudablemente sirve a los fines mismos de la justicia dado que permite descubrir una verdad sobre los responsables y sobre las atrocidades cometidas, además de la localización de fosas comunes y cadáveres. Saber lo que pasó e identificar el lugar en donde se encuentran los restos de sus seres queridos en general permite que los sobrevivientes y familiares o amigos de las víctimas logren clausurar el pasado doloroso. El compromiso entre la justicia y la verdad constituye entonces un falso dilema en la medida en que el descubrimiento de la verdad avanza en la misma dirección que la justicia, incluido un fin moral más amplio, que en todo caso va más allá del castigo. Como recientemente se ha discutido en la literatura sobre justicia transicional6, ya no se trata de escoger entre paz (seguridad), justicia (castigo) o verdad (verdad histórica), sino, por el contrario, de lograr pasar de un escenario de guerra a uno de paz sostenible. Dado además que es un imposible moral escoger entre estos bienes, quizás la lección más importante que se puede derivar de la experiencia tardía de JT en Colombia es que no es necesario excluir ningún bien en el largo plazo, sino más bien encontrar el momento oportuno del proceso en que se debe priorizar uno sobre otro, de manera que al final no se sacrifiquen ni la paz ni la reconciliación por omisiones en la justicia o por la renuncia prematura a la búsqueda de la verdad. Partiendo del supuesto de que la LJP logró este equilibrio entre justicia y paz, por lo menos a nivel teórico7, nuestro interés es lograr un compromiso (tradeoff) entre justicia y verdad, de manera que la verdad que surja permita a las víctimas tener suficiente información y acceso a ella para empezar a cerrar su pasado doloroso. Con ello ademas se justificaría su concesión de un cierto nivel de impunidad como los castigos leves o el principio de oportunidad. 6

El dilema entre paz y justicia deja ser tal, para pasar a ser dos fines necesarios y complementarios en justicia transicional como lo analizan desde diferentes perspectivas varios autores. Ver de K. Ambos, J. Large, y M. Wierda, (eds.) Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Peace and Development, Berlin: Springer, 2009. 7 La sentencia de la Corte Constitucional C 370/2006 al modular la LJP aplicó el test de proporcionalidad de la Corte Constitucional alemana logrando establecer un aparente equilibrio entre justicia y paz. Ver Ambos, K. ‘The Legal Framework of Transitional Justice’, en K. Ambos, et al (eds.) Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Peace and Development, Berlin: Springer, 2009, pp. 51-2. Dicha modulación logró un compromiso entre justicia y paz de manera que actores ilegales armados como los paramilitares (o las Farc en un futuro), quienes no estaban derrotados al negociar, tuvieran suficientes garantías para desarmarse y desmovilizarse, sin que su salida fuese demasiado onerosa (justicia) para ellos a cambio de lograr paz (seguridad).

De todos los retos producto de los compromisos mutuos (tradeoffs) entre la paz la justicia y la verdad, nos interesa particularmente el procedimiento, investigación y documentación de la verdad a través de lo estipulado en LJP. A saber: ¿qué se está haciendo con toda esta información obtenida en las versiones libres y, en general, con los procesos de LJP adelantados por la Fiscalía? ¿Qué se puede hacer legalmente con ella y cómo se debe hacer? En síntesis, se pretende entender cómo maximizar la información resultante de las versiones libres de los paramilitares a través de LJP, teniendo claro que a pesar de ser verdades judiciales, benefician y complementan la verdad y por ello están al servicio de la justicia; pero también son cruciales para la reconstrucción de la verdad histórica. Pensamos que la verdad judicial, resultado de la investigación y el descubrimiento en el proceso de LJP, constituye un embrión de memorias individuales de una importancia inconmensurable para la reconciliación y para una paz sostenible en Colombia. Asimismo deberían ser las verdades históricas que surgen del GMH y de la CNRR. Con su documentación y (futura) divulgación se superarían falsos dilemas entre la justicia y la verdad y con ello se abriría la posibilidad de cumplirles a las víctimas con su derecho a la verdad que consagra la misma LJP. Por lo mismo, en lugar de debatir sobre si la desmovilización de los paramilitares en Colombia representa o no una transición, o si se debe privilegiar la justicia penal sobre otros elementos transicionales, como se ha hecho en Colombia hasta la fecha,8 es imperativo entrar en un debate quizás más productivo en el largo plazo, como sería una discusión para maximizar el alcance de la LJP y transcenderla de manera que se pueda lograr un buen balance entre justicia, verdad y reparaciones para con ello lograr paz (seguridad) y reconciliación (prevenir repetición). Muchos pensaran que dada la situación actual de un prolongado conflicto que no termina y ante el rearme o reagrupación de combatientes desmovilizados en algunos lugares del país (Ver capítulos Arias y Pérez) este todavía es un debate prematuro. Nosotras pensamos lo contrario, precisamente porque el conflicto ha sido largo, y justamente porque muchos de los paramilitares que se desmovilizaron han vuelto a delinquir o a reorganizarse, y porque las FARC continúan en guerra es que es imperativo empezar a archivar la memoria del conflicto de manera sistemática y siguiendo modelos y experiencias exitosos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Recuperar la memoria del conflicto permite visibilizar la violencia y con ello eventualmente evitar que las atrocidades se sigan repitiendo en el tiempo. Recoger evidencia fresca impide que muchas piezas se pierdan o degraden con el paso del tiempo. 2- Marco conceptual y contexto de la LJP Retos políticos y jurídicos La experiencia de Colombia con la justicia transicional es una de las más tardías en la región y también una con características inusuales dadas: la continuación del conflicto; la desmovilización de solo uno de los actores armados ilegales; y la expresa exclusión de la responsabilidad del estado en el marco legal que regula el

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Ver discusión al respecto en capítulo Orozco

proceso.9 A pesar de estas características problemáticas, que como se verá, han sido unas de las principales causas de críticas y controversias en torno al proceso de desmovilización de los paramilitares y de la aplicación de la misma ley, el marco legal de la LJP introdujo la justicia transicional al país. Con ello además, la LJP rompió una tradición histórica en Colombia en la que todos los procesos de paz con actores armados ilegales desde mediados del siglo XX, sin excepción, se habían realizado a través de amnistías o indultos para los combatientes y nunca con la finalidad de lograr verdad o justicia para las víctimas. 10 Como está claramente analizado en el capítulo de Uprimny, la LJP actual fue producto de intensas negociaciones y debates en el Congreso que involucraron propuestas de diferentes partidos políticos y representantes de las víctimas, de la Unión Europea y de ONG locales y extranjeras. Estos debates permitieron que lo pactado en las negociaciones iniciales entre los jefes de las AUC y el gobierno Uribe en 2003 sufriera modificaciones sustanciales. La versión actual de la Ley data de mayo de 2006 cuando la Corte Constitucional “modula”11 la Ley 975 de 2005 y modifica disposiciones claves para garantizar los derechos de las victimas en el marco de justicia transicional acordado en el Congreso. La transformación del marco legal, a medida que avanzaba la desmovilización de los paramilitares, de un instrumento de justicia restaurativa con impunidad total para los ex combatientes, fiel a la tradición histórica colombiana, a la actual LJP fue posible gracias a lo que Sikking denomina "estructuras políticas de oportunidad" tanto a nivel doméstico como internacional.12 Estas estructuras, significan que en Colombia existen suficientes normas, precedentes y parámetros para que un proceso de la importancia de la LJP esté por encima de mezquinos intereses políticos o leyes locales y logre estándares del legalismo global imperante. La estructura de oportunidad del orden interno más relevante es la tesis del "Bloque de Constitucionalidad" consistente en que: principios y normas de tratados internacionales, sin ser formalmente textos constitucionales, son reglas de valor constitucional para efectos de interpretación de los derechos y deberes constitucionales, y para efectos del control constitucional de las leyes (pueden declararse inconstitucionales leyes que vulneren una regla de tratado internacional). Dado que esta tesis se aplica a los tratados internacionales de Derechos Humanos, 9

Esta exclusión de responsabilidad del estado constituye uno de los grandes lunares de la LJP dado que existe evidencia contundente de violaciones a los derechos humanos por parte de sectores del estado. El más conocido es el escándalo de los "Falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales a civiles inocentes por parte miembros del Ejército Colombiano para aumentar el número de bajas o "positivos" en el conflicto armado. Ver M. Evans, ‘Body Count mentalities: Colombia’s ‘False Positives’ Scandal, Declassified’, enero 7 de 2009. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 266. Disponible en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB266/index.htm 10 Históricamente ha habido decenas de procesos de paz basados en amnistías o indultos con partidos políticos de oposición o facciones de los mismos (desde la independencia y hasta mediados siglo XX) o con actores armados ilegales que han luchado contra el estado (en el siglo XX). Muchos de estos han sido exitosos, aunque recientemente otros, en especial aquellos con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han fracasado hasta la fecha. La Ley 782 de 2002, que fue el primer intento de proceso de paz con los paramilitares que no estaban vinculados a crímenes de lesa humanidad, sigue esta misma tradición. En síntesis la política para lograr la paz con los actores armados ilegales fue hasta entrado el siglo XXI una de perdón y olvido. 11 Este término fue introducido por la propia Corte Constitucional para evitar que se pudiera pensar que la Corte estaba legislando al modificar la ley. 12 Ver K. Sikkink, ‘Transnational Dimensions of Judicialization’, en R. Sieder, et al. (eds.) The Judicialization of Politics in Latin America, New York; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución, las ONG y organizaciones que se opusieron al proyecto de ley inicial conocido como “Ley de alternatividad penal”, hicieron lobby en el Congreso y luego demandaron la ley ante la Corte Constitucional logrando que se aprobara una ley que incluyera además de justicia (castigo) para los perpetradores de crímenes atroces, todos los elementos de un instrumento de justicia transicional que permiten, entre otros, la búsqueda de la verdad. Ademas de los tropiezos jurídicos que tuvo la LJP vale la pena mencionar que entre expertos, funcionarios públicos y políticos inicialmente se debatió sobre si la LJP era o no un instrumento de justicia transicional.13 Aun cuando con el tiempo se ha ido superando esta polémica, y hoy por hoy, pocos dudan que la LJP sea un marco legal de naturaleza transicional; el debate sobre las implicaciones de la naturaleza transicional de la LJP no ha repercutido en su ejecución. Hasta la fecha se le ha dado un excesivo énfasis al componente penal de la LJP. Al exigirse justicia (castigo) como componente esencial para lograr la paz y la reconciliación en un proceso donde la masificación de los delitos de lesa humanidad es tal, y la cantidad de excombatientes y responsables de las atrocidades cometidas de tal magnitud, el sistema penal, de por si todavía precario, se ve ahogado y puede volverse irrelevante o colapsar, como ocurrió en los 80 cuando el cartel de Medellín intimidó y paralizó el sistema.14 Desde un punto de vista normativo se quiere destacar que aun cuando la LJP le da cierto predominio al componente penal, esta contiene otros componentes de justicia transicional, en especial, instrumentos para lograr verdad, memoria, reparaciones y reconciliación, que de alguna manera se han dejado de lado. La excesiva penalización de la LJP, promovida por quienes apoyan la justicia de vencedores, no solo olvida estos otros objetivos de la LJP, sino que en ultimas, imposibilita la obtención de la verdad para la mayoría de la víctimas dadas las características propias del proceso penal, a saber lentitud e incertidumbre de sus resultados, aun en países donde esta funciona óptimamente.15 La impunidad y el olvido, promovidas por otros sectores, también son inaceptables desde un punto de vista moral, dada la naturaleza de los crímenes cometidos, e inviables por la tesis del bloque de constitucionalidad que impera en el ordenamiento colombiano. Desde el ámbito del derecho internacional, Colombia es además parte del Tratado de Roma y con ello, la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional (CPI) se convierte en otra salvaguarda del proceso de LJP y de futuras negociaciones o procesos con los otros actores del conflicto armado colombiano.16 13

E.M. Restrepo, ‘Paramilitary Demobilization in Colombia: A Transitional Justice Experiment in the Midst of the Conflict?’, United Nations University Press, de próxima aparición. 14 E.M. Restrepo, Colombia Criminal Justice in Crisis. Fear and Distrust, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. 15 Piénsese como el contexto de los juicios de Núremberg, donde se condenaron millones de Nazis dada la capacidad de los países ‘víctimas’ de la Segunda Guerra Mundial, esta justicia de vencedores tuvo que ceder y decretar perdones masivos ante la imposibilidad de que condenas masivas sirvieran para resolver un problema político. Ver D. Cohen, ‘Transitional Justice in Divided Germany after 1945’, en J. Elster (ed.) Retribution and Reparation in the Transition to Democracy, Cambridge: University Press, 2006. 16 Aun cuando Colombia hizo una excepción de 7 años para aceptar la jurisdicción plena de la CPI, dado que en el momento de firmar el tratado se encontraba en un proceso de paz con las FARC, la excepción pierde vigencia

En cuanto a lo político se han tenido que superar otros obstáculos a raíz de otro debate, quizás más infructuoso que el anterior, donde se arguye que el proceso de desmovilización de los paramilitares no es una transición pues no hay paz en Colombia; la desmovilización de los paramilitares ha sido incompleta; y no ha habido reformas institucionales, entre otros.17 Estos debates, quizás bien intencionados, han sido perjudiciales, pues de manera fatalista han generado incertidumbre sobre un proceso que apenas comienza, o se han profundizado ambigüedades en su aplicación generando inseguridad jurídica. Las incertidumbres reaniman la guerra y les dan razones de fondo a los actores del conflicto para continuarla. Las ambigüedades, por su parte, han sido explotadas por actores con intereses diversos, piénsese por ejemplo en el juego de los congresistas involucrados en "la parapolítica" que renunciaron a su fuero parlamentario para ser juzgados por la Fiscalía. También han surgido problemas de mayor gravedad, como los frecuentes enfrentamientos entre sectores de la Fiscalía que no han respetado la competencia de la Unidad Nacional de Justicia y Paz (UNJP) de la misma Fiscalía y han aprovechado las versiones libres de los excombatientes acogidos a LJP para revivir casos pendientes que estaban “estancados” en sus respectivas unidades.18 Todo esto afecta la ejecución (enforcement) de la LJP, y en el largo plazo, erosiona los cimientos de un proceso que apenas inicia. En este contexto si se logran trascender las controversias anteriores, la LJP puede convertirse en una puerta de salida del conflicto. Se debe aprovechar el camino despejado por la LJP, no solo para abarcar todos los actores ilegales o responsables que no hacen hoy parte del proceso, en especial las FARC, sino ir más alla con miras a lograr un verdadero balance entre justicia retributiva y justicia como verdad. Justicia, verdad y la posibilidad de institucionalizar la memoria en el marco de la LJP. Examinados los debates generados en torno a la naturaleza y alcance de la LJP, por lo menos a nivel conceptual y normativo, queremos destacar que la LJP trata de conciliar los intereses de todas las partes involucradas en el proceso.19De esta manera regula bajo un procedimiento especial, la investigación y sanción penal de manera que los desmovilizados acogidos a LJP que confiesen plenamente delitos atroces se hagan beneficiarios de una pena alternativa, no mayor a 8 años, siempre y cuando no continúen delinquiendo. A su vez, y como parte de la pena tendrán que reparar a las víctimas ampliamente con sus bienes de origen lícito o ilícito, como ordenó la Corte Constitucional al modular la LJP.20 El hecho de que el beneficio de la

en Noviembre de 2009 cuando la CPI adquiere toda su competencia en Colombia para juzgar crímenes de guerra, además de los crímenes de lesa humanidad que no se quieran o puedan juzgar en Colombia. 17 Ver por ejemplo, C. Diaz, ‘Challenging Impunity from below: The Contested Ownership of Transitional Justice in Colombia’, en K. McEvoy y L. McGregor (eds) Transitional Justice from Below. Grassroots Activism and the Struggle for Change, Oxford; Portland, Or.: Hart, 2008. 18 Entrevista, fiscales UNJP, Fiscalía General de la Nación, Bogotá, Julio 2009. 19 Recuérdese que la LJP regula la desmovilización de todos los actores armados ilegales, es decir las Farc u otros grupos al margen de la Ley, no solo de los paramilitares. 20 Vale la pena recordar que la versión original de la LJP antes de pasar por el control de la Corte Constitucional, disponía que los paramilitares repararían a las víctimas con el producto de sus bienes de origen ilícito, lo que

pena alternativa se pierda por no confesar plenamente, y con ello se haga efectiva la sanción ordinaria de la ley penal, tiene de positivo que es un importante incentivo para lograr verdades individuales basadas en evidencia con valor forense o empírico. Lo que queremos destacar es que el componente justicia (castigo) de la LJP permite también avanzar en la verdad. Piénsese en el valor para la futura institucionalización de la memoria que surge de las versiones libres de los desmovilizados acogidos a la LJP. Según cifras del gobierno colombiano, aproximadamente 3,600 de los 31,670 paramilitares desmovilizados deben ser investigados por la Fiscalía. En estos 3,600 casos hubo serios indicios o declaraciones de los mismos desmovilizados que los vinculan como responsables de crímenes de lesa humanidad. En su informe consolidado de los primeros 4 años de aplicación de la LJP, la UNJP de la Fiscalía muestra que a Junio de 2009, se habían recibido 1,867 versiones libres de los paramilitares acogidos a LJP, de las cuales un 65% (1,215) estaban terminadas.21 Estas cifras coinciden con las de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas (UNHRHC) para este mismo año. Según la Fiscalía, estas versiones libres, han revelado poco más de 27,000 crímenes que afectan a más 40,000 víctimas. Aun cuando a la fecha (Junio 2009) solo existe una acusación, las versiones libres han revelado la localización de 2,000 fosas comunes y 2,439 cadáveres de los cuales 571 ya fueron identificados y entregados a sus familiares. Las versiones libres también han permitido la iniciación de 209 investigaciones penales contra políticos, especialmente alcaldes y ex alcaldes, pero también contra más de un tercio (102) miembros del Congreso, que aparentemente financiaron o colaboraron en el proyecto paramilitar, en lo que comúnmente se conoce como el escándalo de la “parapolítica”. Este constituye uno de los más importantes descubrimientos del proceso hasta la fecha, ya que revela la vinculación de altos funcionarios públicos y de políticos en el financiamiento y apoyo al proyecto paramilitar. También representa una de las investigaciones penales más grandes de las elites colombianas, la mayoría de los investigados pertenecen a partidos políticos que apoyaron la reelección del Presidente Álvaro Uribe. A raíz de este escándalo casi un tercio del Congreso Colombiano está detenido en la cárcel, mientras se adelantan las investigaciones criminales respectivas y un número considerable de estos parlamentarios, está en juicio (14) o ya fue condenado (9).22 Adicionalmente, y como parte de esta nueva ola de investigaciones penales contra políticos y funcionarios corruptos, se destapo otro grave escándalo, conocido en Colombia como los “Falsos positivos”. Hasta la fecha este nuevo escándalo, sin precedentes en el país, ha vinculado a 140 miembros de la Fuerza Pública y ha llevado a la destitución, por parte del mismo presidente Uribe de una decena de generales, coroneles y altas figuras del estamento militar por haber permitido, incluso por omisión, la ejecución extrajudicial de civiles inocentes para inflar el

constituía un incentivo perverso para incitar al “blanqueamiento” o legalización de su patrimonio mal habido, como de hecho muchos hicieron, para insolventarse y con ello no tener con que reparar a las víctimas. 21 Resultados del Informe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía en Verdad Abierta, Junio 2009. 22 Para una mirada a las cifras actualizadas de la situación de los congresistas y funcionarios públicos investigados o condenados por la “parapolítica”, ver: http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1856estadisticas.

número de bajas de “enemigos” en el conflicto armado.23 Todas estas verdades son producto directo o indirecto de la LJP. Se destaca también que se han cometido errores que de alguna manera disminuyen las posibilidades de obtener justicia y la obtención de verdad en el marco de la LJP. Durante la desmovilización colectiva de 31,671 paramilitares entre 2003 y 2006, por ejemplo hubo gran improvisación por parte del estado. Miembros de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), quienes supervisaron el proceso de desmovilización, sostienen que el Ejecutivo perdió oportunidades que en últimas entorpecieron la recolección de evidencia de otros paramilitares no desmovilizados o sus propios bloques y sobre crímenes desconocidos. Además por esta razón, la mayoría de los desmovilizados, aproximadamente 29,000, fueron dejados en libertad sin aportar nada al proceso. Aun cuando la Ley 1312 de 2009, recientemente sancionada, permite la aplicación del principio de oportunidad a estos casos pendientes, su verdadero impacto en el proceso es incierto y casi imposible en términos de justicia (castigo). Sinembargo, si esta ley se regula inteligentemente algunos de estos 29,000 desmovilizados pueden contribuir con la verdad a través de una Comisión de la Verdad como premio por limpiar su pasado oscuro. Con esto se compensaría la ausencia o imposibilidad de justicia por verdad. Además porque sería imposible o insostenible, en términos de recursos y tiempo, procesar a todos los responsables del conflicto armado colombiano.24 Ciertamente las verdades obtenidas gracias a las versiones libres y a la posible Comisión de la Verdad, son o serán de gran importancia para la futura reconciliación. No obstante lo dicho, es preciso resaltar que estas verdades solo representan una parte del rompecabezas en la obtención de la verdad. Por ello, y como se discute en la sección que sigue, una cosa es descubrir la verdad y otra ponerla al servicio de la memoria histórica del conflicto. 3-La institucionalización la memoria más allá de la LJP Los alcances del derecho a la verdad Toda esa verdad judicial aunque incompleta y fraccionada25 por ser casuística, es un importante recurso para construir memoria.26 Aun cuando, en general los 23

M. Evans, enero 7 de 2009, Op. Cit. y ‘Falsos Positivos Mortales’, en Verdad Abierta. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/50-rearmados/334-falsos-positivos-mortalessemana 24

Piénsese en el caso de la desnasificación que se dio luego de la derrota de Alemania, proceso en el cual se judicializaron y condenaron miles de nazis en Estados Unidos, Rusia, El Reino Unido, Francia y Alemania. Aun cuando este es quizás el único proceso de la historia en el que fue posible condenar a la mayoría de los responsables por los crímenes de guerra, dados los recursos y capacidad de los países que los juzgaron, pocos años después casi todos los condenados fueron puestos en libertad o sus penas fueron reducidas considerablemente. En Estados Unidos se creo un cuerpo, el " Board on Clemency for war Criminals" encargado de rebajar sustancialmente las condenas impuestas. Todo esto ocurrió en estos países por razones prácticas y de orden moral sin que hoy en día se cuestione la utilidad de los recursos invertidos en tal proceso. Ver D. Cohen, 2006, Op. Cit. 25 M. Scharf y N. Rodley, ‘International Law Principles on Accountability’, en C. Bassiouni (ed.) Post Conflict Justice, Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2002, p. 95.

expertos prefieren la verdad histórica proveniente de Comisiones de Verdad para crear una narrativa colectiva de la realidad,27 la verdad judicial es un excelente complemento ya que trae sus propias ventajas. Un ejemplo concreto de verdad judicial con resultados importantes en el proceso de LJP es la versión libre de Jorge Veloza, alias HH, hasta la fecha el paramilitar desmovilizado que más ha colaborado con LJP. HH confesó decenas de asesinatos a sindicalistas y mostró evidencia sobre la cooperación del sectores del Ejercito, como la del General Rito Alejo del Río (recientemente detenido), la financiación de los paramilitares por parte de empresas multinacionales como Chiquita Brands, y la ubicación exacta de cientos de cuerpos y fosas comunes.28 Muchos de los crímenes confesados por HH eran desconocidos hasta la fecha, así como la naturaleza del involucramiento de reconocidas multinacionales en el conflicto armado colombiano. Adicionalmente los archivos judiciales constituyen una mina de oro para los medios, las ONG y las comisiones de la verdad. En el caso particular de las versiones libres de LJP, estas han sido filmadas, idea que nació en Núremberg en 1945 para preservar la memoria. La filmación es una pieza central en la reconstrucción de la memoria. A la vez existe bastante información que los medios en Colombia han aportado dado su importante papel tanto en el descubrimiento como en la reconstrucción de la verdad del conflicto. En especial, la revista Semana en asociación con la ONG Fundación Ideas para la Paz (FIP), han desarrollado un sitio en el Internet denominado Verdad Abierta29, con información específica sobre todos los avances y detalles del proceso de LPJ. Además, este sitio les ha dado una voz a las víctimas al permitirles registrar muchos de sus testimonios y peticiones.30 Adicionalmente existen posibilidades para obtener mucha más información del conflicto, de las víctimas y de los crímenes, así como para la preservación de la memoria histórica provenientes del andamiaje no penal de la LJP que incluye el derecho de las víctimas a la verdad y a las reparaciones.31 En lo relativo a la verdad la LJP dispone expresamente que “la sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada”.32 En cuanto a las reparaciones, la LJP dispone que estas comprenden “…acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las 26

Para más detalles sobre la importancia y limitaciones de la verdad judicial ver E. M. Restrepo, 2010, Op. Cit. R. Mattarollo, ‘Truth Commissions’, en C. Bassiouni (ed.) Post Conflict Justice, Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2002. 28 HH era muy cercano a los hermanos Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ver Revista Semana, No. 1371, agosto 4 al 11 de 2008. Disponible en: http://www.semana.com/Sumario.aspx?IdEdi=1371 29 Ver Verdad Abierta. Página Web: http://www.verdadabierta.com/ 30 Un ejemplo de la voz de las víctimas promovido por Verdad Abierta está en su portal cuéntenos su historia en http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1879-formulario-historias 31 El artículo 1 de la Ley 975 de 2005 o LJP explícitamente habla de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y las reparaciones. Los artículos 6, 7, 8 y 45 regulan estos derechos. 32 Ley 975 de 2005 (LJP) artículo 7 en http://www.cnrr.org.co/interior_otros/pdf/ley_975_05.pdf 27

garantías de no repetición de las conductas”.33 En uno de los decretos reglamentarios se especifica que, “La reparación… podrá tener carácter individual, colectiva o simbólica, según lo establecido en la Ley 975 de 2005. En consecuencia, el carácter integral de la reparación no se establecerá en función exclusiva de las acciones de naturaleza económica”.34 La LJP explícitamente define que entre las reparaciones se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón 35 público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

En síntesis el componente no penal de la LJP es casi más amplio que el de la justicia, lo que contribuye a nuestra propuesta de reconstruir la memoria, que como se mostró, esta también expresamente regulada por la LJP.Asimismo y quizás de manera más importante para la legitimidad del proceso de institucionalización de la memoria, es crucial destacar que las víctimas que se han acogido a organizaciones de víctimas o que son parte de la LJP, tienen entre sus preferencias, además de las reparaciones, la obtención de la verdad. Basándonos en la encuesta realizada por Rettberg (ver capitulo Rettberg) se destaca que las víctimas otorgaron mayor importancia al cubrimiento de sus necesidades económicas (45,5%) y al establecimiento de la verdad sobre los hechos (44%) que al juzgamiento de los responsables (26,6%).36 Si se discriminan las preferencias de las víctimas para los tipos de reparación en casos de victimización propia, en algunos casos los porcentajes varían pero la verdad permanece con altos porcentajes. Asimismo hay variaciones en la predominancia de la preferencia por la verdad sobre otras por razones de género y lugar de residencia37. Al ser preguntados sobre la finalidad de los juicios contra los responsables, "…la mayoría de las personas (41,1%) opinó que éstos servían para conocer la verdad y 26,1% para permitir que las personas puedan volver a convivir…" y muy pocos (4.4%) querían venganza. Todo esto lleva a concluir que no solo la LJP tiene suficientes disposiciones para lograr la verdad, sino que las víctimas del conflicto tienen entre sus preferencias la obtención de la misma, incluso por encima de los logros de la justicia. Las comisiones de la verdad y la institucionalización de la memoria La encuesta de Rettberg también indaga sobre las comisiones de la verdad. A la pregunta sobre si habían escuchado hablar de comisiones de verdad, la mayoría de las personas encuestadas respondió negativamente. Sin embargo, quizás intuitivamente, la mayoría opinó que una comisión de verdad sería útil en su caso. Es más, al preguntárseles abiertamente acerca de otras formas para alcanzar la paz, 33

Ley 975 de 2005 (LJP) artículo 8 en http://www.cnrr.org.co/interior_otros/pdf/ley_975_05.pdf Decreto 3391/06 artículo 16. 35 Ley 975 de 2005 (LJP) artículos 8, 44 y 47-9 en http://www.cnrr.org.co/interior_otros/pdf/ley_975_05.pdf 36 El que los responsables pidieran perdón solo le interesa a un 5.1% de los encuestados por Rettberg. 37 Las audiencias públicas con asistencia de víctimas para las versiones libres de los paramilitares desmovilizados llevaban funcionando más de un año en el momento de la realización de la encuesta. Sin embargo, los tiempos en el establecimiento de los hechos que rodean las diferentes formas de victimización son lentos y dependen de una infraestructura precaria y de recursos—humanos y materiales—limitados. 34

las víctimas encuestadas sugirieron muchas veces diferentes aproximaciones a la verdad entre sus prioridades para superar el conflicto. La amplia definición de víctima que trae la LJP38 y el hecho de que hoy en día aproximadamente 140.000 víctimas se han inscrito al proceso son suficientes razones para no confinar la LJP a lo penal. Si se sigue por este camino se terminara por generar una bomba de tiempo que puede agravar el conflicto. Es claro que las expectativas y los derechos consagrados para las víctimas son inmensos y las prioridades dadas a la aplicación de la LJP en la actualidad son inversamente proporcionales a estos fines. Aun cuando la LJP no crea una Comisión de la Verdad, es importante destacar que la LJP no excluyó esta posibilidad en el futuro.39 Es más, la LJP explícitamente incluyó en la CNRR, agencia encargada de las reparaciones, un embrión de Comisión de Verdad, a saber el GMH. Entre los respetados integrantes de la CNRR, los miembros del GMH a la fecha han presentado dos importantes informes documentando dos atroces masacres perpetradas por los paramilitares: “Trujillo: Una Tragedia que no cesa” en Septiembre 2008 y “La Masacre del Salado: Esta guerra no era nuestra” un año después. El informe sobre la Masacre de Trujillo documenta las violentas estrategias de los paramilitares y su capacidad de esconder las dimensiones de los horrores cometidos al convertir ríos en fosas comunes, generalizar desapariciones y sembrar terror y crueldad con tácticas como el desmembramiento de personas vivas enfrente de sus familiares y amigos40. Este informe además revela los claros vínculos de los paramilitares con el narcotráfico. Su conclusión es que tragedias como la de Trujillo no cesan. Con ello cuestiona el alcance de la desmovilización de los paramilitares y de la transición mientras subsista el tráfico ilícito de drogas como gasolina del conflicto. El segundo informe sobre la Tragedia del Salado documenta la masacre de ese pueblo, en el departamento de Bolívar, ilustrando 42 masacres y 354 asesinatos.41 En este caso, todo un pueblo fue estigmatizado como simpatizante de la guerrilla "razón" por la cual 450 paramilitares cometieron estas masacres replicando la 38

“Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública….y sus familiares” Ley 975 de 2005, artículo 5 en http://www.cnrr.org.co/interior_otros/pdf/ley_975_05.pdf 39 La LJP específicamente estipula que los procesos judiciales bajo la LJP no excluyen la aplicación futura de otros mecanismos, no judiciales, para reconstruir la verdad. Ley 975 de 2005 , Art 7 inc. 2. 40 G. Sánchez, (coord.) ‘Trujillo: una Tragedia que no cesa’, Primer Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Bogotá: Taurus, Septiembre de 2008. 41 G. Sanchez, (coord.) ‘La Masacre del Salado: esta guerra no era nuestra’, Segundo Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Taurus, Septiembre de 2009.

sevicia de Trujillo. Más allá de las masacres, el informe revela como el Ejército Colombiano ignoró los llamados de la población inerme pidiendo ayuda para evitar la presencia de 450 paramilitares, y su complicidad al confinar a los habitantes en el pueblo lo que hubiera impedido o evitado la dimensión de esta tragedia. El informe le atribuye responsabilidad directa al Estado colombiano en la masacre del Salado. Con ello logra además difundir esta tragedia, y obligar por primera vez el estado colombiano a pedir disculpas públicas por su omisión y colisión en la tragedia del Salado. Finalmente, y como otro ejemplo que muestra que el marco legal de la LJP ha permitido ir más allá de la investigación judicial y de la mera recolección de memorias, es la reciente metodología creada por la CNRR y puesta a disposición de las víctimas para utilizar la memoria existente hasta la fecha de manera que las víctimas empiecen a superar sus penas.42 No obstante lo dicho, las comisiones de la verdad o similares tienen limitaciones inherentes a su naturaleza misma. Parafraseando a Ignatieff, las comisiones de verdad solo pueden reducir el número de mentiras que circulan sin cuestionamiento discusión en el discurso público.43 Además de la incapacidad para obtener justicia, las comisiones de la verdad no sirven necesariamente para prevenir que muchas de las violaciones documentadas se repitan, como ha ocurrido históricamente después de transiciones relativamente exitosas como la de Sudáfrica. A la vez en el caso colombiano vale la pena destacar que aun cuando las condiciones objetivas para que se de una Comisión de la verdad existen, hasta la fecha no hay una conciencia clara44, ni la voluntad política de extender el alcance de LJP. La Comision de la Verdad no se ha dado a pesar de los importantes logros de la CNRR, de la reintegración de muchos excombatientes a la sociedad y del logro de algunas reparaciones económicas a las víctimas. Las controversias anteriores y la ausencia de voluntad política le han restado legitimidad al proceso de LJP en especial en su componente no judicial. La legitimidad juega un papel esencial en el éxito de la JT para alcanzar una paz sostenible como lo sostienen los expertos en este tema. Desde la tradicional definición de Weber 45 donde una norma o institución es legítima cuando los gobernados creen en ella, hasta lo poco que se ha estudiado sobre legitimidad en el contexto de la JT, en donde la misma se analiza empíricamente en lugar de normativamente y a partir de percepciones en lugar de presunciones46, se asume que la legitimidad depende de la calidad de las instituciones (normas y agencias) a 42

Ver Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Grupo de Memoria Histórica http://memoriahistorica-cnrr.org.co/ y ‘Una caja Una caja de memoria para dignificar a las víctimas’, en Verdad Abierta, noviembre 10 de 2009. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1949-una-caja-dememoria-para-dignificar-a-las-victimas 43 M. Ignatieff, ‘Overview: Articles of Faith’, Index on Censorship, 5, Sep.- Oct., 1996, pp. 113. 44 Hay muchas excepciones como las propuestas por Uprimny para lograr a través de LJP hacer un especie de "reforma agraria" , así como propuestas institucionales recientes como la que propone la Corte Suprema colombiana de crear una Comisión de la Verdad. 45 M. Weber, ‘Economy and Society’, en G. Roth y C. Wittich (eds.) Economy and Society: an outline of interpretive sociology, Berkeley: University of California Press, 1978. 46 B.Oomen, ‘Justice Mechanisms and the Question of Legitimacy: The Example of Rwanda’s Multilayered Justice Mechanisms’, en K. Ambos, et al (eds.) Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Peace and Development, Berlin: Springer, 2009.

cargo del proceso. Por ende en los procesos transicionales no solo las instituciones que gobiernan el proceso deben ser legítimas en su capacidad de imputación, prevención y transparencia, sino que la sociedad tiene que percibir que son legítimas también. En el caso colombiano esta legitimidad es precaria pues todavía se debate la capacidad o competencia de las instituciones encargadas de LJP, incluso por disputas entre las mismas instituciones que la aplican como se ilustro en el caso de la Fiscalía. Aunque las víctimas prefieren LJP (cuando la conocen) que la justicia ordinaria, como lo muestra claramente la encuesta analizada en el capítulo de Rettberg, estas no tienen muy claro que es realmente la LJP. Aunque las victimas saben que la LJP les otorga generosos derechos no tienen para nada claro el papel de la memoria en su propia recuperación, pues esta ha estado prácticamente ausente de la cultura institucional colombiana en los sucesivos conflictos o tragedias del pasado.47 La ampliación de la reconstrucción de la memoria debe constituirse en un derecho de las víctimas como parte de su derecho a la verdad, pero esta verdad no debe simplemente significar la obtención de memoria histórica sino su uso. Se debe lograr que la memoria sirva para asegurar un mejor futuro al recordarles a todos el pasado funesto que hay que superar. Por lo dicho la memoria como institución cobra una importancia inusitada en el contexto actual. No solo como lugar físico para depositar lo que ya existe en el marco de la LJP, sino como institución educadora en justicia y paz y en derechos humanos a medida que el proceso de LJP avanza. La importancia de no olvidar jamás Día a día el proceso de LJP continúa produciendo una mina de información que constituye la materia prima para documentar las atrocidades cometidas y para conmemorar los cientos de miles de víctimas del conflicto. En efecto, las versiones libres de los ex combatientes y los testimonios de los sobrevivientes o testigos o familiares de las mismas se convierten en las principales piezas del rompecabezas de la memoria. No obstante, mientras eso se da, es imperativo desarrollar herramientas para organizar estas piezas sueltas de manera que se puedan poner al servicio de la memoria y del público en general. Por ello proponemos un modelo con las directrices preliminares para archivar, documentar y diseminar las memorias individuales y colectivas de las atrocidades del conflicto en Colombia, a partir de diferentes experiencias internacionales. Es preciso aclarar que las motivaciones que nos llevan a proponer tal modelo podrían ser cuestionadas. Por un lado surge la pregunta de: ¿cuál es el valor de recordar en el caso colombiano un pasado trágico que como la Tragedia de Trujillo todavía continúa o sigue demasiado presente? ¿Para qué y para quién es útil recrear sitios que le recuerden perpetuamente el horror del cual quizás preferiría no acordarse? La creación de lugares conmemorativos y de instituciones públicas o privadas 47

Excepcionalmente se creó en 2005 la Primera Comisión de la verdad, veinte años después de la Tragedia de la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en enfrentamientos entre estos y el Ejercito donde murieron más de 100 personas y entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de justicia en 1985.

encargadas del archivo, la documentación y la divulgación de las atrocidades de las guerras o conflictos responden generalmente a dos objetivos principales: recordar el pasado y prevenir su repetición. Los lugares conmemorativos y las instituciones que se encargan de rescatar la memoria sobre atrocidades del pasado sirven para recordar lo que ocurrió y para honrar a las víctimas y a los héroes. Al identificar a estas personas y documentar y estudiar su pasado como víctimas o héroes, y al recordar sus historias individuales y colectivas en archivos de acceso libre al público, no solo se les rinde homenaje sino que se logra revistar el pasado y con ello a empezar a reconstruir piezas del rompecabezas de la violencia y del conflicto. Como lo destaca McEwan: ….en las narraciones de las historias de vida de la gente común empezamos a entender la fuerza de la historia…las fuerzas sociales que son la llave para lograr la verdad y entender el pasado…Aquí el concepto de memoria representa más que una experiencia individual y transmite una experiencia social colectiva….48

Estas memorias individuales y colectivas constituyen un conjunto de conocimientos que pueden y deben servir para impedir la repetición de lo ocurrido en el futuro. Saber lo que ocurrió en el pasado y no olvidarlo jamás sirve para prevenir su repetición. Siguiendo este raciocinio, descubrir y documentar las causas y los responsables de las atrocidades cometidas y recordarle a la gente las ignominias del pasado logra que éstas no se olviden y, ojalá, que nadie se sienta inclinado a repetirlas. La investigación y la divulgación de las atrocidades también es preventiva en la medida en que influyen en el discurso histórico (como y cuales hechos deben registrarse) y expresan un rechazo formal hacia los abusos. Por ello, como lo afirma McEwan en su estudio sobre la sociedad Sudafricana post apartheid: “…si el repudio influencia no solamente los estándares legales, sino además el discurso público sobre la historia, la moral y la cultura, entonces se lograran impedir y prevenir abusos y atrocidades en el futuro”49. Este escrito demuestra también que los sitios conmemorativos constituyen una forma de reparación simbólica que favorece un nuevo discurso público y una cultura institucional que deslegitima la violencia estatal al ampliar la envergadura del repudio de los perpetradores individuales a uno de repudio general de todo un sistema de violencia. Al mismo tiempo que se colectiviza la culpa y se repudia el sistema de violencia, los sitios conmemorativos, los resultados de la información y las historias sobre las víctimas las individualizan y con ello se las humaniza. Los sobrevivientes y las víctimas asesinadas adquieren una cara: ya no constituyen una masa genérica y abstracta de desafortunados sino que se convierten en personas de verdad. Con ello las víctimas inocentes que han sufrido, los individuos que eran alguien y que le importaban a alguien, y los sobrevivientes “renacen”. Los lugares conmemorativos que se ubican en el lugar mismo de los hechos o masacres, o que incluyen objetos que pertenecían a las víctimas o incluso los instrumentos de tortura y asesinato, recrean nuestros vínculos con las víctimas 48

C. McEwan, ‘Building a Postcolonial Archive? Gender, Collective Memory and Citizenship in Post-apartheid South Africa’, Journal of Southern African Studies, Vol. 29, No. 3, Sept. 2003, p.57. (Traducción de las autoras). 49 Ibid, p. 58.

haciéndolas más tangibles y concretas, de manera que podamos sentir o revivir sus experiencias en nuestra propia piel. El Museo de Yad Vashem en Jerusalén, dedicado a la conmemoración de la Shoa (Holocausto) y a salvaguardar su memoria, es un ejemplo poderoso de institucionalización de la memoria, en particular el hall conmemorativo para los niños. Se trata de un espacio totalmente oscuro, de no ser por la incandescencia de una vela simbólica que se refleja en una serie de espejos y una voz impasible que repite mecánicamente una lista de los nombres y edades de todos los niños víctimas del Holocausto. Según muchos investigadores, esta exposición a la humanidad misma de las víctimas logra establecer gran empatía y una impresión duradera en quienes visitan el Museo. Esta impresión los alerta o motiva contra la pasividad frente a eventuales atrocidades. Como observa McEwan, La literatura sobre los testigos [de las atrocidades] demuestra que su habilidad para considerar a las víctimas como otros (bien sea por su distancia física, su afiliación política o su etnicidad) la cual de alguna manera justifica su inacción …[por el contrario] si las víctimas de los abusos y atrocidades pueden ser percibidas como seres humanos y ciudadanos ilegalmente privados de sus derechos por la violencia…se logra además formar una generación de eventuales testigos que podrían desarrollar importantes sentimientos de responsabilidad social frente a las atrocidades.50

Se considera que este es el momento oportuno para crear el Archivo o Museo de la Memoria en Colombia por cuatro razones principales. En primer lugar, porque permite ampliar la implementación de la LJP, como se explicó anteriormente.En segundo lugar, porque precisamente a raíz de la LJP se ha empezado a saber la verdad sobre una parte importante del conflicto armado, no solo sobre la dimensión de los delitos atroces contra la población civil, sino sobre la penetración del paramilitarismo en casi todas las esferas públicas (“parapolítica” y “falsos positivos”) y muchas del sector privado, a la manera de una verdadera mafia en el sentido Italiano.51 Esta verdad, ya pública y notoria, es por ello irreversible, pero al mismo tiempo insuficiente, si no se institucionaliza y disemina. En tercer lugar, porque toda esta información, tanto judicial como de memoria histórica que ha empezado a salir, tiene que preservarse y protegerse a medida que va surgiendo. La investigación y el registro de la memoria de las víctimas y de sus testimonios constituyen una carrera contra el tiempo a medida que los individuos desaparecen. El paso del tiempo puede corromper o destruir información valiosa como la contenida en las versiones libres que han sido grabadas por la UNJP de la Fiscalía. A la vez, su no organización y sistematización en archivos que permitan un fácil acceso y edición (dos temas que sobrepasan la capacidad actual de la Fiscalía), pueden hacer inservible esta evidencia a futuro, lo cual atentaría doblemente contra la justicia y contra la verdad o memoria histórica, cuando eventualmente se establezca una Comisión de la Verdad. Por último, el momento es apropiado, porque eso le daría gran legitimidad a un proceso que tiene una importancia más allá de la desmovilización de los 50 51

Ibid, p. 59. D. Gambetta, The Sicilian Mafia: The Business Of Private Protection, Harvard: University Press, 1996.

paramilitares. El posconflicto y la reconciliación solo son posibles si los instrumentos para superarlos son legítimos, y el Museo de la Memoria aquí propuesto tiene muchas virtudes para contribuir con ello. El modelo para el Museo de la Memoria La ambiciosa propuesta del Museo de la Memoria no es una novedad. Quizás los más conocidos sean las decenas de museos esparcidos por el mundo entero, que recrean el Holocausto de más de seis millones de judíos por parte de los nazis. Por ello, nos inspiramos en experiencias internacionales exitosas que recrean memoria y reconstruyen el pasado alrededor del mundo. La riqueza de los recursos de información sobre el Holocausto del Museo Yad Vashem en Israel constituye un modelo ejemplar de éxito en la investigación, documentación y divulgación de la memoria. La iniciativa comprende varias estructuras físicas que conforman un conjunto ultramoderno de alta tecnología lleno de objetos que pertenecían a las víctimas y a los lugares de cautiverio y ejecución, fotos, testimonios audiovisuales de sobrevivientes y colaboradores, artículos de prensa, listas de nombres, historias y expresiones artísticas que honran y conmemoran a las víctimas y a los héroes denominados como “Righteous Among the Nations”. La organización Yad Vashem asegura también la memoria de los héroes a través de eventos conmemorativos, por ejemplo, de las actividades en el marco del “día para recordar a los mártires y héroes de la Shoa”52, conferencias y grupos de discusión con estudiantes, y discursos y ceremonias con personalidades políticas como presidentes y primeros ministros. La iniciativa Yad Vashem incluye además una ambiciosa agenda de investigación y de estudios sobre el Holocausto, tanto en Israel como en diversos programas universitarios alrededor del mundo. La información resultante ha permitido por un lado la creación de numerosas y detalladas bases de datos sobre las víctimas, y por el otro la recopilación de informes científicos que analizan las circunstancias de los hechos y la responsabilidad y meritos de la sociedad civil, el régimen nazi, los países Aliados y la comunidad internacional en la perpetuación y destrucción de los objetivos del Holocausto. Este tipo de iniciativas solamente se llevarían a cabo cuando el conflicto colombiano culmine. En América Latina también existen iniciativas, unas pocas terminadas y otras tantas en construcción. La Ciudad de Rosario, por ejemplo, tiene el primer Museo de la Memoria de Argentina. Fue fundado en el 2001 y ha tenido un impacto pedagógico y cultural importante al ayudar a crear una memoria social colectiva que ha permitido crear una noción de identidad nacional53. En Buenos Aires también está el Museo de la Memoria que recreará, después de 32 años de la última dictadura militar, su funesto pasado. Aunque este museo no ha sido abierto al público todavía, simbólicamente ocupa el predio donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la 52

Ver : Yad Vashem ‘Children in the Holocaust: Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day 2009’. En: http://www1.yadvashem.org/yv/en/remembrance/2009/events.asp 53 E. Hidalgo, ‘The Memory that Builds the Future: Lessons from the Rosario Memory Museum’, en International Journal of the Inclusive Museum, Vol. 2, Issue 1, pp. 95 – 108.

Armada (ESMA) lugar donde se mantuvieron algunas de las víctimas de la dictadura54. Otro museo que puede ser digno de inspiración para Colombia es el Museo de la Memoria y la Tolerancia que se está construyendo en Ciudad de México. Además de ser una obra arquitectónica y artística de gran magnitud e importancia, como se puede ver en el modelo interactivo que aparece en el Internet55, este museo tiene como objetivo principal examinar conflictos y crímenes atroces alrededor del mundo para enseñar convivencia y educar en tolerancia. Hay en él un espacio “de compromisos altruistas” donde se busca que los visitantes adquieran verdaderos compromisos de orden económico o de cualquier otra índole para ayudar a construir paz. A la vez, tiene un salón con mucha luz y casi vacío que es el “Área de reflexión”, la cual busca sensibilizar a los visitantes. Estos espacios de sensibilización son importantes en sociedades como la colombiana, donde por años quienes viven en las ciudades y no han 'sentido' el conflicto armado, se distancian del mismo como si no tuvieran nada que ver con éste y, por eso mismo, no ayudan a superarlo. Guardadas proporciones, desde hace unos años, los estudiantes en la Universidad de Miami llevan a cabo una exposición anual, “The Tunnel of Opression”, en donde muestran a través de salas visual y auditivamente los horrores en los que ha incurrido la humanidad desde las guerras, pasando por el tráfico de niños, hasta enfermedades como la anorexia. Así introducen a sus visitantes a un espacio físico que busca sensibilizarlos y hacerlos reflexionar. En contraste, no existe hasta la fecha en Colombia una iniciativa para crear un Museo de la Memoria para el posconflicto a pesar de la cantidad de estudios e iniciativas para entender o superar el conflicto, que son innumerables y de gran importancia.56 Un lugar así eventualmente contribuiría a superar el conflicto actual, a través de la conmemoración, la educación, la documentación y preservación de la evidencia que con el tiempo se pierde o destruye. Mucho se ha hecho en algunas ciudades o localidades que organizan exposiciones de fotos o arte y violencia en el país. Es más, muchos de los mejores artistas colombianos han pintado la violencia, incluso desde hace décadas. Piénsese en el famoso cuadro “La Violencia” de Alejandro Obregón que trata del funesto periodo entre 1945 y 1960 que lleva ese mismo nombre. Lo que acá se propone pretende crear un lugar físico permanente en donde simbólicamente se encierre la guerra y se enseñe y se eduque a la gente para construir una paz duradera, a través del acceso público a toda la información existente sobre el conflicto y aquella que siga surgiendo. La idea es que el conflicto termine y no se repita jamás. Como objetivos puntuales de esta noble misión se requiere en primer lugar llevar a cabo un 'mapeo' de lo que existe a nivel nacional e internacional. Así se podrán identificar y organizar las mejores prácticas en materia de búsqueda de verdad, su 54

Ver http://www.metacafe.com/watch/1274811/museo_de_la_memoria_e_s_m_a/ Ver http://www.youtube.com/watch?v=CznMfe2EXqY 56 Para mencionar dos ejemplos valiosos en dos extremos están por un lado iniciativas como el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, financiado con recursos internacionales y por el otro, la Asociación de Mujeres Luz y Vida de Bucaramanga, que funciona con las uñas con recursos locales. 55

documentación y se podrán realizar esfuerzos conmemorativos que eduquen y sirvan para prevenir. Se deben también documentar algunas experiencias fallidas para entender por qué no todas las ‘Buenas Prácticas’ son fácilmente replicables. En segundo lugar, se requiere clasificar y organizar la información y los resultados existentes a través de unas bases de datos que recojan y sistematicen toda esta información para hacerla pública y de fácil acceso a través del Internet.57 Ello incluye no solo los resultados del proceso de LJP como tal, proveniente de las instituciones oficiales encargadas del mismo, sino encuestas e información cuantitativa y cualitativa proveniente de entidades privadas, educativas u ONG nacionales y extranjeras. En tercer lugar debe crearse un centro de documentación sobre crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, por el estilo del “Research and Documentation Centre de Sarajevo”58 o de las varias bases de datos sobre crímenes, testimonios, fotos y estudios del Holocausto del Museo Yad Vashem. También deben adjuntarse a este centro bases de datos existentes, por ejemplo las de desplazados, desaparecidos, secuestros, entre otras. Este centro único de documentación debe tener una sala de usuarios para el público y los investigadores, así como una biblioteca completa con todo tipo de recursos bibliográficos y audiovisuales que tengan relación con el conflicto armado colombiano. Los observatorios y otras entidades que se ocupan del seguimiento del conflicto o de la LJP deben tener vínculos con este centro.59 En cuarto lugar se deberá crear un centro audiovisual que permita la preservación de las versiones libres y audiencias que han sido grabadas de manera que las víctimas eventualmente puedan acceder a las mismas. Parte de este centro debe ocuparse de compilar información de los medios, tanto escritos como radiales y televisivos, en archivos de fácil acceso. La proyección y creación de documentales y películas sobre el conflicto o la violencia deben también ser incorporados. El cine y los documentales estimulan el debate público como otra manera de enfrentarse al pasado.60 Un quinto componente es obviamente la estructura física para la conmemoración, que debe contener salas de exposición permanentes del Museo donde los visitantes pasarán a ser testigos de décadas de violencia con las que hemos convivido y también salas de exposiciones transitorias. Estos espacios deben contener fotos, memorias, cronologías, documentales sobre el pasado, presente y futuro. La idea será educarse, sensibilizarse y eventualmente sembrar una semilla para que “algunos” tengan un papel proactivo en la superación del conflicto. Además, el museo debe tener espacios para exponer de manera permanente memoriales, muros con nombres de las víctimas, pirámides de fotos de las víctimas y de los 57

Un importante iniciativa en este sentido que debe incorporarse a este base ya existe en Colombia bajo el nombre de Verdad Abierta creado por la Revista Semana y de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Ver www.verdadabierta.com. 58 L. Rangelov and M. Theros. Rangelov, I. y Theros, M. ‘Transitional Justice in Bosnia and Herzegovina’, en Ambos, K., Large, J. y Wierda, M. (eds.) Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Peace and Development, Berlin: Springer, 2009, pp. 357-38. Ver también http://www.yadvashem.org/ 59 Existen varios Observatorios de violencia en Colombia. El Centro de Paz de Toledo, con sede en Bogotá, tiene indicadores valiosos sobre la LJP y le hace un seguimiento concienzudo e importante a la evolución de la LJP. 60 Ver por ejemplo el sitio de Internet de XY films de Bosnia Herzegovina en www.xyfilms.com

héroes, y espacios para reflexionar. También deben crearse salas especiales para conmemorar a los niños, a las mujeres y a los héroes. En cuanto a los niños el Museo Yad Vashem con su hall oscuro puede ser una fuente de inspiración. El conflicto colombiano no solo ha asesinado miles de niños, sino que les ha quitado su infancia (forzándolos a la guerra como niños combatientes) o mermándolos física (ej. minas antipersonales) o psicológicamente. Otro espacio debe conmemorar a las mujeres víctimas del desplazamiento y de la violencia física sexual y contra sus hijos, un tema, éste último, del que no se sabe tanto como se debiera. Es importante también tener espacio para destacar y hacer conocer a muchas organizaciones de héroes y heroínas que están ayudando a superar el conflicto, muchas de las cuales son desconocidas en su propia tierra. Aunque no pretendemos ser exhaustivas en este escrito sobre los detalles de un proyecto de tal envergadura, nuestro objetivo es promover la idea de manera que podamos empezar a trabajar arduamente en su implementación en un futuro, ojala cercano. 4- Conclusiones Pensamos que el Museo de la Memoria es una necesidad para una sociedad anestesiada por la violencia y para unas víctimas hastiadas de la guerra. Este proyecto requiere de respaldo y recursos tanto públicos como privados y de aceptación en Colombia y en el exterior. La consecución de recursos tanto a nivel nacional como internacional se verá facilitada si los objetivos del proyecto no están politizados. El Museo necesita además de un equipo de gestión con mucha imaginación, un buen arquitecto(a) e individuos de diferentes proveniencias y disciplinas para que sea legítimo y sirva como catalizador del dolor que han dejado tantos años de conflicto. Asimismo se espera que la visibilidad del conflicto ayude a prevenir que este se siga extendiendo indefinidamente en el tiempo. Quizás el primer obstáculo que es imperativo resolver es lograr la voluntad política del gobierno para luego empezar a superar otros, como la obtención de los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura. Después de tantas décadas de violencia existe entre diferentes sectores de Colombia el suficiente interés y madurez para superar el conflicto armado, como se demostró durante el proceso de creación de la LJP actual (ver capítulo de Uprimny en otros). A la vez, se podría decir que con el advenimiento de la LJP se ha superado la vieja tradición de otorgar amnistías incondicionales para los actores armados cuando estos han cometido crímenes de lesa humanidad, como es el caso de los actores armados al margen de la ley en Colombia. El proceso de la Ley de Justicia y Paz también demostró que el discurso del derecho internacional en Colombia o del legalismo globalizante ya es predominante en el país, así como lo es la adopción de estándares internacionales por parte de nuestras instituciones judiciales. Si a ello se suma la guardia constante con la que la CPI viene mirando el conflicto en Colombia, se podría pensar que un Museo de la Memoria como el propuesto, apoyado por el Estado, sería visto con muy buenos ojos por la comunidad internacional.

Por todo ello, cualquier gobernante futuro se verá abocado a apoyar, o por lo menos a no entorpecer este proyecto que además ayudará a legitimar, tanto en Colombia como en el exterior, el incompleto proceso de desmovilización de los paramilitares y afectará las posibles desmovilizaciones de los demás grupos al margen de la ley. El Museo de la Memoria debe expresar la convicción de que quienes no conocen su pasado están condenados a repetirlo y de que ningún crimen atroz del conflicto colombiano puede ser secreto, ni ser olvidado nunca.

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2009.

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