La inseguridad en México. Deficiencias gubernamentales y propuestas de mejora

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La inseguridad en México. Deficiencias gubernamentales y propuestas de mejora
Alberto Espejel Espinoza

El tema de la seguridad es de suma importancia para las democracias. En México es el tema que más preocupa a los ciudadanos, como se aprecia en la siguiente lámina, superando el tema de la crisis económica, el desempleo, la pobreza e, incluso, la corrupción.

Tabla 1. ¿Principal problema del país?

Fuente: Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México.

Se trata de un problema de grueso calado y tratarlo no es sencillo. Supone la puesta en marcha de enfoques integrales, del uso eficiente de recursos materiales y humanos, de una visión a largo plazo. Hoy atravesamos por una aguda crisis de seguridad. En México, los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional han errado la estrategia de seguridad a nivel federal, de eso no cabe duda. Han alimentado el crecimiento de penas, policía, ejército, represión y cárceles, incluso para los jóvenes y el resultado ha sido un desmedido aumento de la violencia. Las cifras de incidencia delictiva ofrecen un primer indicador de los resultados obtenidos. El problema de la violencia en México creció de forma estratosférica en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado han aumentado considerablemente, como se aprecia en la siguiente tabla, de 2,766 en 2007 a 16,603 en 2011. Ahora bien, el panorama en el primer año (Dic. 2012-Dic. 2013) de gobierno de Peña Nieto no es nada halagador, ya que la cifra ha ascendido a 21, 728 homicidios dolosos. Es decir, un promedio de 49 asesinatos al día.

Tabla 2. Homicidios dolosos (2007-2013)

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, como apunta la Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México y como muestra la siguiente lámina, de igual forma han aumentado progresivamente el secuestro y la extorsión de 2006 a 2013.

Fuente: México Unido contra la Delincuencia.

Otro aspecto que llama la atención es el enorme gasto que se ha dado a dependencias del sector seguridad dentro del sexenio de Felipe Calderón. Tan solo en 2009 se gastaron 104 mil 907 millones de pesos para el funcionamiento de las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General y Secretaría de Seguridad Pública federal. Un monto que equivale a más de la mitad de lo que se destina a la Secretaría de Educación Pública. Esta es una tendencia creciente como se aprecia en la siguiente lámina.

Con Peña Nieto el gasto en la SEMAR se incrementó, el gasto en la SEDENA y la Policía Federal se mantuvieron intactos, mientras que el gasto de la ahora incorporada SSP a la Secretaría de Gobernación disminuyó sólo 10,000 millones de pesos.
Aunado a esto, como retrató en 2012 Human Rights Watch en su informe "Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México", la estrategia de seguridad ha fracasado pues no logró reducir la violencia, además de que ha generado un aumento de violaciones a los derechos humanos.
Así, conocemos los síntomas del conflicto social constituidos por hechos objetivos y verificables como son, el aumento del número de delitos, entre ellos los homicidios dolosos. El problema es que en México se ataca solamente esos síntomas, no las causas. La visión que han enarbolado los gobiernos federales del PAN y el PRI mantienen la idea del criminal como un ser utilitarista cuyo único interés es el de maximizar sus ganancias económicas a costa de cualquier vida, lo anterior pasa por alto los aspectos culturales y estructurales que han mostrado sendos trabajos en las ciencias sociales.
Desde las Ciencias Sociales, del amplio espectro de esfuerzos para comprender o encontrar explicaciones relativamente convincentes a la violencia existen tres grandes perspectivas de análisis: la perspectiva utilitarista, estructural-funcionalista y culturalista.
Así pues, para la perspectiva utilitarista la violencia es fruto de un cálculo de acción instrumental, se trata de la utilización deliberada de la fuerza para alcanzar determinados fines: sea el robo de un objeto u obtener el mercado de la droga (Briceño-León, 2007: 121).
Mientras que para la perspectiva estructural-funcionalista la violencia es resultado de una situación en que el sistema social no es capaz de cumplir con las expectativas despertadas en los actores, acto seguido, la violencia se convierte o aparece como la expresión de dicho desacoplamiento. (Galindo, 2009). Así pues, se debe a la anomia, la desorganización o la pobreza y marginación social de ciertos grupos.
Finalmente, la perspectiva culturalista plantea que la violencia es también un fenómeno relacionado con la cultura. Esto es, también puede ser el resultado de un proceso de socialización, por ende, cabe resaltar a la familia, la escuela y los medios de comunicación, pues los tres defienden y fortalecen las actitudes y los valores de la sociedad, cualquiera que estos sean, incluyendo los valores agresivos.
Así pues, necesitamos una estrategia integral que intenté conciliar las tres maneras de explicar la violencia. Bajo esta idea y siguiendo lo dicho por la UNAM y el Centro Internacional de la Prevención de la Criminalidad, planteo los siguientes puntos que podrían ayudar a atacar las diversas causas de la violencia.

En virtud de que la problemática de la seguridad presenta aspectos jurídicos, sociales, económicos, políticos y de colaboración regional, lo primero que se requiere es de un buen diagnóstico, transparente, participativo e incluyente.
Si se examina con cuidado el problema de la seguridad no se le puede desvincular de otros graves problemas que tiene México, tales como la pobreza, el desempleo, así como la falta de oportunidades en amplias capas de la población.
Si hoy no se les ofrece oportunidades de realización personal a los jóvenes, serán los más susceptibles de caer en problemas de drogadicción o de ser reclutados por organizaciones del crimen organizado. Hay que entender que los jóvenes no representan peligro alguno; sino que son los jóvenes los que están en peligro. Hoy deberíamos gastar más dinero para mantener a los jóvenes en las escuelas, no en las cárceles. Hoy tenemos 7 millones de jóvenes que, dado que no estudian ni trabajan, se encuentran en gran peligro.
Se necesitan mayores recursos fiscales para invertir más en aspectos sociales. Una buena forma de obtenerlos es evitar la impunidad tributaria a través de la evasión fiscal. Hoy los grupos empresariales más fuertes y los sectores de más altos ingresos del país pagan pocos impuestos comparados con otros países similares a México. Televisa (5.4%), Bimbo (2.3%), Telmex (6.5%), Walt Mart (2.1%), Femsa (3.8%) y otras empresas pagan menos impuestos de los que deberían pagar. Muchas de ellas apenas superan el 5% mientras que un empleado que gana 5 mil pesos paga el 10.5 por ciento; si percibe 10 mil tiene que pagar 20.9, y si supera los 50 mil pesos mensuales debe contribuir con 25.4 por ciento. Aunado a ello debe existir un combate frontal a la corrupción pública-privada, evitando la entrega de contratos jugosos con los cuales a la larga salen más caros los rescates. Así pues, con un ataque a la impunidad tributaria y la corrupción público-privada el Estado contaría con mayores recursos para inversiones sociales.
Una gran cantidad de los delitos que se cometen no son obra de ni están vinculados a la delincuencia organizada. Las políticas y las intervenciones penales deben distinguir los formatos delictivos y atenderlos de manera diferente. Es esencial que se atiendan la violencia intrafamiliar y al maltrato infantil, así como los conflictos interpersonales y comunitarios.
Al crimen organizado, en sus diversas manifestaciones, hay que atacarlo frontalmente. Pero este ataque no debe generar olas de violencia. Una acción frontal contra el crimen organizado es la lucha ante el lavado de dinero, más allá de atrapar peces gordos tirando balazos por doquier. Las huellas de dicho lavado quedan en diversas instituciones como bancos y aseguradoras, en algunas grandes constructoras e inmobiliarias, y hasta ahora los resultados son magros. En 2007, se dictaron solamente cuatro sentencias; en 2008 28, en 2009 19, y la mayoría de los casos no fueron relevantes. La cifra del probable lavado de dinero puede oscilar en alrededor de 40,000 millones de dólares anuales.
Las Fuerzas Armadas no fueron instruidas para funciones de seguridad pública. Están realizando labores que no le son propias, por ende nuestras Fuerzas Armadas deben regresar a los cuarteles apenas sea posible y mientras más pronto mejor.
Es urgente contar con policías altamente profesionales -eficaces, honestas y respetuosas de los derechos humanos-, lo cual es impensable si no se otorgan a todos los agentes policiales del país, salario y prestaciones laborales decorosos, que les permitan vivir sin angustias económicas, y, de igual forma, es impensable si no se instaura una carrera profesional en la que se les capacite profundamente. Hay que crear mecanismos de control ciudadano para los cuerpos policiales.
La crisis de la readaptación social y la reinserción social en México muestra que la política criminológica del endurecimiento de las penas no ha revertido el problema de inseguridad. Por el contrario, ha colapsado las cárceles públicas y, de igual forma, las privadas. Debemos tener claro que la prisión preventiva debe ser sólo para casos plenamente justificados, debe ser un último recurso únicamente para los delitos violentos y sólo con fines de readaptación y reinserción social.
La manera más eficaz de trabajar para reducir la delincuencia es por medio de la gestión local. Ningún ámbito de gobierno tiene tanta capacidad de interacción con la vida comunitaria como el municipal. Un gobierno inteligente establecería una oficina de planeación para la prevención del delito, sostendría un proceso de planeación permanente y en marcha, e incrementaría la inversión en programas para la juventud en riesgo, contra la violencia y para tener un servicio de policía inteligente.

Para concluir

Las causas de la violencia en México pueden ser englobadas en dos grupos de problemas. En primer lugar, en las debilidades e insuficiencias técnicas de las instituciones policiales, de procuración y de administración de justicia, y de reinserción social, así como en su precaria coordinación y organización, aunadas a la corrupción que en parte de ellas anida. En segundo lugar, se encuentra la falta de oportunidades de educación, salud, vivienda, empleo, recreación y bienestar general en amplias capas de la población.
Por lo que toca a los partidos que han gobernado a nivel nacional, han implementado un discurso triunfalista que esconde la realidad. Su estrategia anclada en la perspectiva utilitarista no nos sacará del problema en el que estamos metidos, pues combaten los efectos y no las causas de la violencia.
Y esto, es un problema político, ya que si algo comparten los gobiernos emanados del PAN (2000-2012) y el actual gobierno del PRI es enarbolar el proyecto político neoliberal, para el cual es más importante la mano dura que la prevención y los aspectos estructurales. Basta con que uno vuelva a mirar el debate presidencial de 2006 y le quedará claro que desde ese momento Calderón plantó clara su idea de guerra contra el narco, más allá de la retórica, bajo las palabras "cadena perpetua a los secuestradores… que no vuelvan a ver la calle… mano firme".
Vale igual recordar la forma en que gobernó Peña Nieto el EDOMEX y los magros resultado que heredó en materia de seguridad para percatarse de que en sus manos no está la solución, pues la inteligencia no es algo que le sea propio ni a él, ni a su gobierno. Por ejemplo, colocó en la Unidad de Inteligencia Financiera encargada de atacar el lavado de dinero desde la SHCP a Alberto Bazbaz Sacal, el mismo que defendió a Raúl Salinas de Gortari y a Miguel Sacal, alias el Gentlelman de las Lomas, a través de su despacho Moreno y Bazbaz; el mismo que como procurador General de Justicia del Estado de México, dejó pendiente el esclarecimiento de 600 feminicidios en la entidad y tuvo que renunciar al asumir que el resultado que presentó sobre la muerte de Paulette Gebara Farah generó polémica, pérdida de credibilidad y confianza; es decir, Peña Nieto colocó en una de las áreas estratégicas contra el crimen organizado a una persona incapaz que, además, defiende empresarios y políticos corruptos desde su despacho legal.
De hecho, nuestro país ha comenzado a entrar en una segunda fase de la estrategia seguridad neoliberal, la que tiene que ver con la privatización de las cárceles, lo cual es sumamente grave ya que sale más caro y es igual o menos eficiente que una cárcel pública. No olvidemos que fue una propuesta de campaña de Gabriel Quadri y Enrique Peña Nieto. Muy a pesar de las recomendaciones que se han vertido desde la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que afirman que las cárceles privadas sufren de la misma ingobernabilidad que las públicas, que "existe un patrón bien documentado de que el personal de esas cárceles privadas está mal capacitado y tiene bajos salarios", por lo cual la privatización "resulta un negocio que agrava el problema penitenciario a futuro".
Así pues, la errada estrategia de seguridad que se ha implementado en México muestra claramente que la política importa. Desentendernos de la política tiene consecuencias sociales y económicas palpables, la inseguridad es uno de esos ejemplos; pero de igual forma lo son que paguemos altos precios por telefonía local, móvil e internet; o lo costoso que hoy resulta asistir a un concierto o ir al cine; e incluso la socialización de las pérdidas por los costosos rescates bancarios, ferrocarrileros y azucareros y, seguramente pronto, hasta de líneas de metro. Así pues, insisto, desentenderse de la política tiene costos sociales y económicos graves. Muchas gracias.


Ponencia presentada en el Quinto Congreso Nacional Multidisciplinario, CONAM5. Crisis del Pensamiento ante el orden del Caos. Hacía una crítica de los discursos dominantes, dentro de la mesa Mass media y consciencia social, el día 22 de septiembre de 2014 en la Universidad de Guanajuato.
Candidato a doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec. Miembro del Cuerpo Académico Multidisciplinario de Política y Sociedad (CAMPYS) de la misma universidad. Integrante de la revista Posibilidad Política.