La iniciativa del gobierno frente al movimiento laboral (1981)

LA INICIATIVA DEL GOBIERNO FRENTE AL MOVIMIENTO LABORAL1 Denis Sulmont 1981 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Durante los meses de mayo y junio, el movimiento sindical atraviesa una fase de relativo repliegue y descoordinación, que contrasta con las iniciativas y los inflexibles avances del gobierno en la aplicación de su política consecuente con los intereses del gran capital. El “desembalse” de los 212 Decretos Legislativos promulgados a media dos de junio asienta el marco legal de esta política, aún cuando en el campo laboral están pendientes dos leyes decisivas: huelgas y estabilidad laboral. Las consecuencias mismas de dicha política laboral sobre los trabajadores, la persistencia de la inflación, las nuevas alzas provocadas por las medidas del gobierno a fines de mayo y junio, el no cumplimiento de las promesas de generación de empleo, las amenazas que sienten los trabajadores de las empresas estatales sometidas a los intereses del capital privado, van configurando un panorama de tensión social latente, que puede a corto plazo reactivar fuertemente el movimiento sindical. En lo inmediato, el gobierno logra neutralizar en parte la ola de movimientos regionales, aplica en forma particularmente agresiva la ley anti-terrorista en provincias, otorga algunas concesiones a los sectores más organizados, e infla al máximo el “tripartismo”. El régimen apunta a alejar a la masa de trabajadores de las organizaciones clasistas, dotarse de una base sindical propia y restringir la fuerza del movimiento sindical mediante una nueva Ley de Huelgas. TRABAJADORES FRENTE A LOS MUNICIPIOS Dos amplios sectores de trabajadores en lucha confluyeron a las calles de Lima a fines de mayo: los municipales y los vendedores ambulantes, ambos enfrentando la política anti-popular de la derecha en los municipios. Los empleados municipales, organizados en la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUNP), iniciaron su huelga el 14 de mayo, exigiendo la discusión de su pliego de re clamos y la derogatoria del D.S. 200-80-PCM (art. 7o. y 8o.) que prohíbe las negociaciones colectivas a los trabajadores estatales, A esta huelga, que se radicalizó por la intransigencia del Municipio y por las acciones represivas, se sumó la marcha de sacrificio de los obreros del Municipio de Trujillo, exigiendo la reposición de 443 despedidos. El día 29 junto con los obreros de Trujillo recién llegados a Lima, los empleados municipales se movilizaron hacia el Congreso, enfrentando el hostigamiento de la policía. Este día los empleados acordaron en Asamblea suspender la huelga, al haber obtenido la apertura del Trato Directo. El 2 de junio le tocó a la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (FENAOMP) realizar un paro de 48 horas en apoyo a los despedidos de Trujillo. Los ambulantes de Lima también estuvieron en pie de lucha contra el Municipio que acordó realizar su desalojo del centro para reubicarlos en Polvos Azules y Amazonas. Frente a esta perspectiva, la Federación Departamental de Vendedores Ambulantes de Lima (FEDEVAL) impulsó una movilización y organizó una marcha en el centro de 1

Publicado en Cuadernos Laborales, N° 7, Mayo-Junio de 1981.

1

Lima (FEDEVAL), impulsó una movilización y organizó una marcha en el centro de Lima que coincidió con la de los municipales el 29 de mayo. El desalojo se produjo con un gran despliegue policial, el 8 de junio. El día 11, se realizó otra movilización donde resultó agredido violentamente por la fuerza publica el Diputado Hugo Blanco. LA HUELGA DE HUANZALA Y EL FRENTE MINERO El 11 de junio los mineros de Santa Luisa de Huanzalá, quienes habían venido a Lima en marcha de sacrificio, regresaron a su centro de trabajo luego de tres meses de huelga, con un saldo negativo de seis dirigentes despedidos y sin solución a la mayoría de sus demandas. Este conflicto tiene como antecedente la realización de un mitin de amas de casa a principios de marzo, protestando contra el desabastecimiento de la mercantil. En lugar de resolver el problema, las autoridades provocaron una represión que costó una vida y varios heridos. Por su parte el sindicato reclamaba la solución de una serie de puntos: en particular el pase del personal contratado a la planilla de la empresa (además de unos 800 trabajadores estables, dicha empresa, la MITSUI SMELTING. emplea casi 400 trabajadores mediante contratos, muchos de los cuales realizan labores de producción mineral en forma directa.). Así, el sindicato inició una huelga el 6 de marzo a lo que la empresa respondió cancelando a 9 trabajadores estables y a 20 contratados. La huelga se radicalizó y unos 450 trabajadores realizaron una marcha de sacrificio que luego de ser detenida en Huacho logró llegar a Lima. Uno de los dirigentes que quedaba en la mina para coordinar acciones sindicales fue detenido y violentamente maltratado bajo falsas acusaciones de terrorismo. En Lima a pesar de varias movilizaciones, el sindicato no logró concesiones ni de parte de la empresa ni del Ministerio de Trabajo. La huelga entonces quedó 1 aislada, levantándose en las condiciones que señalamos. Otras bases mineras de la pequeña y mediana minería sostuvieron también paros y huelgas: Santander, Minas Canarias, San Vicente de Chanchamayo, El Pilar (Mina Laura) y Algamarca, entre otras. El Sindicato de la Refinería de Cobre de Ilo (perteneciente a Minero-Perú) inició la preparación de su pliego de re clamos, En este caso, además de las reivindicaciones inmediatas, se plantea la necesidad de una movilización regional para defender el futuro de la planta perteneciente a MINEROPERU, la cual está por la política de re privatización que la hace más vulnerable a los intereses de la Southern. A pesar del desconocimiento de su Comité Directivo por las Autoridades de Trabajo, la Federación de Trabajadores Metalúrgicos y Mineros ha tenido nuevas afiliaciones: los sindicatos del área de Ho, Colquijilca, empleados de Millotingo y Cata Acari, y tres contratas de Cuajone. Si embargo el frente minero tiene fisuras importantes: por un lado el aislamiento práctico y la crisis orgánica de la Federación de Centromin, y por otro lado el avance de posiciones de Acción Popular en bases de la gran minería del sur (Toquepala y Cerro con secuencia de los despidos sistemáticos de los dirigentes clasistas y de la política laboral discriminatoria del régimen, además del no perfilamiento de la unidad de las posiciones de izquierda en el terreno sindical. Debe resaltar- se aquí los efectos de dicha poli tica discriminatoria, evidenciada por 2

concesiones importantes a la gran minería, mientras que en la pequeña y mediana minería, se aplica más bien la mano dura y el amedrentamiento mediante el uso de la ley anti-terrorista y de la persecución policial. ¿CALMA SINDICAL MOMENTANEA? Luego de la gran ola de huelgas de los tres primeros meses del presente año, el período mayo- junio aparece como relativamente tranquilo. En mayo las huelgas ocasionan la pérdida de 900,000 horas/hombres, contra dos millones en abril. El paro de 48 horas acordado sin fecha en el VI Congreso de la CGTP, principalmente para impulsar la reposición de los despedidos no se realizó. Sólo la FEB presionó por sus propios despedidos mediante la amenaza de un paro para el 27 de mayo, lo que concluyó con la reposición de los 220 bancarios despedidos a raíz del paro del 19 de julio de 1977. En el caso de los otros sectores laborales, hasta mediados de junio, la Comisión Tripartita resolvió la reposición de sólo 48 trabajadores (sobre un total de 1,896 expedientes): ESAL, INDECO, CUVI SA, y REISER CURIONI, aparte de los 13 bancarios. La demora evidente a la solución de los casos atendidos por la Tripartita será probablemente la causa de una reactivación de la lucha sindical en las próximas semanas. A nivel regional, el Gobierno logró desactivar momentáneamente la confluencia de las luchas que se habían dado en loa meses anteriores instalando “Comisiones Sectoriales”, negociador principalmente con autoridades apristas y acción-populistas retrocediendo parcialmente en so política como fue en el caso d Chimbote. Sin embargo, las fuerzas sociales que impulsan estas reivindicaciones no han obtenido casi nada hasta ahora, incluso en el caso de chimbote, la amenaza sobre el futuro de la empresa SIDERPERU sigue vigente. La calma a este nivel puede considerarse como muy momentánea. En el caso de Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac y otros departamentos, el Gobierno trata de seguir neutralizando las luchas regionales creando un clima de terror al amparo del famoso D.L.46. A nivel sectorial, aparte de lo ya mencionado, las principales luchas del movimiento en el período que analizamos han sido movilizaciones de los trabajadores postales (19 de mayo), gráficos (25-26 de mayo), ferroviarios (2.5 de mayo) y empleados del Banco de la Nación, en especial en provincias (25-26 de junio). A nivel de fábricas destacaron las luchas de La Moderna, SOLGAS, Oxford, National, Toyota, Vidrios Hartinger y Textil Peruana, entre otras. Es necesario seña también la constitución del Frente Unitario de Defensa del Agro (FUDAN) en mayo, con la finalidad de enfrentar la política agraria del régimen, en especial la amenaza que se cierne sobre las cooperativas. Este frente está integrado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Central de Empresas Campesinas del Perú, la Federación Nacional de Cooperativas Cafetaleras y algunos sindicatos de Cooperativas. Dichas organizaciones realizaron un importante mitin en Lima el 24 de junio, día del Campesino.

3

LA LOGICA DE LA POLITICA LABORAL Los últimos dos meses permiten entender con creciente claridad la lógica de conjunto de la política del Gobierno frente a los trabajadores. Esta política se enmarca evidentemente en su política económica, que tiene dos rasgos principales: en primer lugar el abrir la economía peruana al mercado internacional, optan do por la liberalización del comercio exterior y priorizando las exportaciones de nuestros recursos naturales. En segundo lugar, una redefinición de la actividad empresarial del Estado, cortando los subsidios a las empresas públicas y convirtiéndolas en sociedades anónimas. Con este ánimo privatista, el Estado tiende a renunciar a toda función social. Las consecuencias de este modelo económico hoy vigente en Chile y Argentina y aplicado sistemáticamente por el equipo Ulloa-Kuczynski-Rotondo, son fatales para los trabajadores. La opción de plena apertura al merado internacional, además de favorecer a las transnacionales y al gran capital financiero internacional, significa desproteger a la industria nacional, afectando el empleo y los salarios de los trabajadores urbanoindustriales. Los salarios de estos trabajadores pierden importancia como generadores de demanda interna, y además deben reducirse al mínimo para hacer frente a la competencia internacional. Al extremo, esta lógica lleva a la instalación de las “zonas francas”, previstas por El Ministerio de Industrias, donde las empresas transnacionales no tendrían que sujetarse a la legislación laboral del país. Según este modelo, —ya diseñado en el último desembalse legislativo— los trabajadores de las empresas estatales estarían sujetos a la misma lógica, implicando entre otras cosas, la proliferación de la modalidad de explotación de los trabajadores mediante los contra tos. Por otra parte, dicho modelo lleva a una creciente discriminación entre empresas de punta, altamente productivas, donde es posible mayores concesiones a un puñado de trabajadores que pueden gozar de una estabilidad laboral muy relativa, y el resto de las actividades económicas subalternas o de refugio, donde los trabajadores están subremunerados. La magnitud de la sobre explotación, en situación de estancamiento en relación a la dinámica del gran capital, lleva a una dispersión de la clase trabajadora, hace aún más vulnerable su acción sindical y sus conquistas laborales, arrastrando a una parte creciente de esta clase a una extrema pobreza. Frente a esta situación, el régimen no tiene más que soluciones “parches”, corno el Fondo Provisional de Apoyo al Empleo (que institucionaliza el subempleo o la sub-remuneración), y los “cupones para la ex trema pobreza” (9 mil soles trimestrales para medio millón de personas) que ni siquiera están puestos en práctica. En este contexto la política laboral inspirada del “Tripartismo” aparece como una especie de fachada de “engaña muchachos”. La nueva Ley Orgánica de Trabajo (D.L. No. 140) pretende institucionalizar dicho Tripartismo a partir del Ministerio de Trabajo. Pero para todo el resto del aparato del Estado, no existe ninguna concertación, y más bien se refuerza el centralismo autoritario en torno al Primer Ministro. Las decisiones estratégicas se toman totalmente al margen de la concertación social, y la política laboral cumple una clara función de amortiguación de los conflictos, sin margen de decisión. Según el Ministerio de Trabajo, la Comisión Tripartita tenía fundamentalmente cuatro objetivos: concertar el marco legal de trabajo (proyectos-base sobre huelga y estabilidad laboral), concertar la política de precios y salarios para evitar la inflación (propuesta Webb-Grados), concertar la solución de los principales conflictos laborales y resolver los expedientes de despedidos. Si hacemos un balance sobre el cumplimiento de estos objetivos, aparece muy claro lo estrecho de la concertación.

4

En lo que se refiere a la concertación de la legislación del Trabajo la polémica se da principalmente en torno a la Ley de Huelgas y la de Estabilidad Laboral fuera del ámbito de la Tripartita. Al proyecto totalmente antihuelgas de los diputados AP, respondió un proyecto menos reglamentarista de Grados Bertorini, quien declaró a fines de mayo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que ambos proyectos no eran antagónicos y apuntaban al mismo fin. También el Ministro de Trabajo elaboró un Proyecto de Estabilidad Laboral (proponiendo una estabilidad relativa al año), mientras que el Ministro Rotondo presentó un Proyectó de Ley de Industrias que consagra totalmente la inestabilidad, además de anunciar la creación de las zonas francas. En cuanto a la concertación para evitar la inflación, la liberalización del control de los precios de bienes de consumo básico, entre otras razones, ha determinado un ritmo del aumento del costo de vida que desde ya puede preverse como mayor que el del año pasado, e incluso que el “récord” de 1978, o sea entre 70 ú 80 o/o. En lo que se refiere a la resolución de los principales conflictos tampoco puede considerarse como decisiva la concertación en la Tripartita. Esta en realidad sólo ha sido operativa respecto de los, expedientes de los despedidos. Como hemos visto, en unos 5 meses de trabajo sólo se han re suelto menos de 50 casos, que dando por procesar más de 1,500 expedientes. A este ritmo, se necesitaría varios años para terminar con este asunto. Lo extremadamente limitado de la concertación en el ámbito laboral y en el asentamiento de la llamada “dictadura civil”, llevó al gobierno a buscar algún contra peso mediante el llamado a una concertación entre los partidos y el presidente de la república, para mejorar el nivel de vida de los peruanos. Existen sin embargo graves dificultades en cuanto a la posibilidad de convertir el “diálogo” en tablado entre el presidente y las organizaciones políticas en un verdadero “pacto social”. La implementación y propagandización de su política labor y el mantenimiento de las expectativas en torno a sus promesas electorales, además de algunas concesiones parciales y una política de clientelismo especialmente en la Administración y la Empresas Públicas, permiten al Gobierno y al Partido Acción Popular impulsar una base sindical propia, anunciando en forma cada vez más decidida la creación de una nueva Central Populista. Con ello, el régimen apunta a dividir aún más el frente sindical y preparar la próxima dación de medidas que recorten el alcance de la acción sindical. Se perfila así la lógica de conjunto de la política laboral del régimen actual. El Gobierno impulsa una racionalización privatista y transnacional del capital que choca con los intereses laborales populares y regionales. Pero como su poder des cansa en un caudal electoral necesita dar concesiones en forma parcial y discriminatoria fomentando y aprovechando la división del movimiento sindical e implementar mecanismos de amortiguación mediante la concertación que tienen que ser parciales. D ahí que el Gobierno tenga que combinar esta política con ingredientes de otro tipo: el clientelaje político, la acusación de terrorismo a dirigentes sindicales la ilegalización de huelgas y otros mecanismos clásicos de represión, tratando de no excederse para no deteriorar su figura democrática. Los problemas económicos (inflación, no solución del problema del empleo, déficit fiscal. y agotamiento de las reservas internacionales) van estrechando el margen de maniobra del Gobierno, y sólo el sólido respaldo del capital financiero internacional le permite postergar una nueva crisis aguda.

5

En la coyuntura actual, la política laboral del Gobierno tendrá éxito mientras el frente sindical político de los trabajadores siga entrampado en divisiones subalternas y carezca de mayores iniciativas. Todos los esfuerzos que se den en el movimiento sindical para superar esta situación tienen en este sentido una importancia fundamental. Si no prosperan, el Gobierno seguirá teniendo la iniciativa.

6