LA EVOLUCIÓN DEL KIRCHNERISMO (PFV/PJ) COMO ORGANIZACIÓN PARTIDARIA

LA EVOLUCIÓN DEL KIRCHNERISMO (PFV/PJ) COMO ORGANIZACIÓN PARTIDARIA1 Marcelo Souto Simão

En el presente ensayo busco describir la evolución del kirchnerismo como actor en el escenario político partidario argentino desde el año 2003. Mi unidad de análisis es el Frente para la Victoria, alianza electoral nacida en el contexto preelectoral del año 2002, por la cual Néstor Kirchner accedió a la Presidencia de la República en 25 de mayo de 2003. Me propongo a analizar el origen y la evolución de este actor, tomando como marco de referencia la teoría de partidos propuesta por Panebianco (1982). Tal ejercicio supone una adaptación del enfoque original, en la medida en que el FPV no es un partido, sino una alianza de partidos, que incluye desde su origen al Partido Justicialista, hoy su “socio mayoritario”, pero que también albergó, particularmente hasta el 2009, a una facción importante del radicalismo, además de diversas agrupaciones y partidos de izquierda. Considero que la teoría del autor italiano contribuye satisfactoriamente a comprender la trayectoria del FPV, interpretándola como un proceso de consolidación de una coalición dominante – el kirchnerismo – al interior de una organización partidaria – la alianza Frente para la Victoria. Debido a la preeminencia de Partido Justicialista en la composición de esta alianza, este proceso se ha superpuesto al de construcción de coaliciones al interior del Partido Justicialista. Al recorrer este período, observo que en los primeros años del Frente para la Victoria esta superposición ha sido menos clara que en la actualidad, cuando los límites del Frente para Victoria y el Partido Justicialista parecerían casi coincidir. Se podría objetar que la historia del kirchnerismo estuvo signada por el esfuerzo de consolidación de una organización partidaria propia – el Partido de la Victoria – cuyo nacimiento coincide temporalmente con el del Frente para la Victoria. En efecto, desde el año 2003, el Partido de la Victoria tiene reconocimiento en el orden nacional y actualmente la justicia electoral lo reconoce en 14 distritos argentinos. Desde el momento de su creación, su funcionamiento estuvo vinculado a la evolución del Frente para la Victoria, al que siempre estuvo integrado. Por otro lado, no es clara para mí la relación entre el Partido de la Victoria y la trayectoria política de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, líderes de la coalición dominante kirchnerista, afiliados al Partido Justicialista. ¿Por qué entonces no tomar al Partido Justicialista como unidad de análisis? Entre los años 2003 y 2009 – si no desde su origen – el Partido Justicialista se ha presentado a elecciones presidenciales en múltiples alianzas simultáneamente. Han convivido en su seno facciones y tendencias con distintos programas y comportamientos legislativos. Ello vuelve más complejo el mapeo de su trayectoria y admito mi discapacidad para tal emprendimiento. En contrapartida, no ha resultado difícil delimitar al Frente para la Victoria como actor electoral y constatar, en su interior, la presencia de las facciones mayoritarias del PJ. Atribuyo eso a la coincidencia de facto entre dos conceptos analíticamente distintos: la coalición dominante del PJ y la coalición 1

Ensayo elaborado como requisito para la aprobación de la disciplina Partidos Políticos y Comportamiento Electoral, del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Torcuato di Tella, año académico 2013, docente a cargo: Dr. Javier Zeaznik. Fecha de presentación: 9/6/2014.

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dominante del Frente para la Victoria. De 2003 a la fecha, empero, el kirchnerismo ha logrado construir y consolidar su posición dominante en ambas estructuras. En la adaptación del modelo de Panebianco que propongo, entiendo al Partido Justicialista – y a la facción “K” de la UCR, en su momento – como una organización patrocinadora del Frente para la Victoria. Analizo la evolución del FPV como si fuera la de un partido, indagando acerca de su origen, cohesión interna, estabilidad y mapa de poder con el intuito de acercar una caracterización de su grado de institucionalización y elaborar hipótesis acerca de su sustentabilidad en el sistema político argentino. Previo a concluir tal recorrido, evalúo la utilidad de los conceptos de clientelismo y populismo para comprender, explicar y conjeturar sobre el futuro del Frente para la Victoria y, pretensiosamente, de la democracia argentina. El origen del Frente para Victoria y la presidencia de Néstor Kirchner El Frente para la Victoria nace como organización en el contexto inmediatamente posterior a la crisis político institucional de año 2001, caracterizado por una elevada fragmentación y una fuerte crisis de legitimidad del sistema de partidos. La alianza electoral armada para los comicios presidenciales del año 2002 incorporaba, en ese momento, a una parte minoritaria del Partido Justicialista, encontrándose éste dividido además entre las candidaturas de Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. La candidatura de Néstor Kirchner contó con el apoyo del presidente interino Eduardo Duhalde y el vínculo de Duhalde con organizaciones de base territorial en el conurbano bonaerense posiblemente expliquen en gran medida el caudal de votos obtenido por el casi desconocido gobernador de Santa Cruz. La renuncia de Menem a la candidatura previo a la realización del ballotage arrojó a Néstor Kirchner al sillón de Rivadavia con un respaldo electoral de menos de 23% de los votos, al mismo tiempo en que otorgó al Frente para la Victoria la ventaja de desempeñarse como un partido en el gobierno. Panebianco afirma que la creación de un partido implica la distribución de un conjunto de incentivos organizativos y distingue “un tipo de incentivo colectivo (de identidad) y dos tipos de incentivos selectivos (material y de status)” (1982, 67-68). En su modelo de institucionalización, la organización partidaria atraviesa etapas que se caracterizarían, entre otras cosas, por la “transformación del sistema de incentivos de la organización: que pasan de ser (predominantemente) colectivos y de identidad a (predominantemente) selectivos y materiales, adoptando el tipo de retribuciones regulares propias de un cuerpo burocrático” (ídem, 309-310). Pero este tipo ideal no da cuenta de la peculiaridad del Frente para la Victoria, cuya origen prácticamente coincide con su comando del Poder Ejecutivo Nacional. Tal como lo destacan Moe y Howell (1999), los jefes del poder ejecutivo en regímenes presidencialistas gozan de “recursos unilaterales del presidente”, que les confieren ventajas en la distribución de recursos para la construcción de coaliciones gubernamentales. Entre ellos se incluyen los actos administrativos del Poder Ejecutivo – de los cuales se destaca el poder de designar y remover funcionarios –, la iniciativa legislativa de los presidentes para emitir normativas con jerarquía legal y para presentar proyectos de ley, el poder de veto sobre decisiones del Poder Legislativo y la capacidad de bloquear y/o dilatar la implementación de las decisiones del Poder Judicial. Analizando específicamente el caso argentino, Bonvecchi y Zelaznik identifican tres tipos de recursos presidenciales: institucionales, fiscales y partidarios. En la primera categoría, destacan el poder de designar y remover los 2

miembros del gabinete presidencial, el poder de vetar total o parcialmente las leyes y el poder de emitir decretos constitucionales (decretos de necesidad y urgencia). Los recursos partidarios del Poder Ejecutivo refieren al “contingente legislativo del presidente, la cohesión de los partidos políticos y la posición ideológica relativa del partido del presidente respecto del resto de los partidos políticos” (Bonvecchi y Zelaznik, 2010, 71). Los recursos fiscales corresponden a las transferencias intergubernamentales, que el líder del Poder Ejecutivo puede asignar con niveles variados de discrecionalidad. Al iniciar su presidencia, Néstor Kirchner parece haber hecho uso del poder de designación del gabinete presidencial como herramienta de gestión de las disputas horizontales entre líderes políticos. Su primer gabinete se caracterizó por la amplia presencia de individuos no afiliados al Frente para la Victoria, la mayoría de los cuales provenía de otras facciones del Partido Justicialista, pero también de individuos sin afiliación partidaria. De Luca (2011) interpreta este fenómeno como el resultado de un acuerdo intrapartidario, que yo, adaptando el modelo de Panebianco, propongo leer como la oferta de incentivos selectivos a miembros de la organización patrocinadora PJ. Mi interpretación se apoya en la gradual afiliación de las autoridades designadas a las filas del Frente para la Victoria y al hecho de que todos los reemplazos de autoridades ministeriales durante la gestión de Néstor Kirchner se hicieron a favor de miembros del FPV2. Entre los años 2003 y 2007, el líder de la coalición dominante del FPV – Néstor Kirchner – se habría valido de la prerrogativa presidencial de nombrar su gabinete como herramienta de gestión de la vida organizativa partidaria en lo que Panebianco denomina “las relaciones con el entorno” y el “reclutamiento” (1982, 84-87). También la emisión de decretos constitucionales durante este período pueden interpretarse como herramientas de gestión partidaria. La presidencia de Néstor Kirchner se destaca como el período durante el cual se emitió la mayor cantidad de decretos de necesidad y urgencia desde el regreso de la democracia3. Algunos de estos decretos estuvieron vinculados a la redistribución de funciones entre los Ministerios y Secretarías Ejecutivas, conllevando particularmente la acumulación de funciones en la Jefatura de Gabinete. Al concentrar en el Jefe de Gabinete de Ministros la política de comunicación social, bien como la difusión de la actividad del Poder Ejecutivo Nacional, Kirchner concentró el control sobre la comunicación interna del partido (en el gobierno, cumple destacar), otra dimensión de la vida organizativa destacada por Panebianco. Nuevamente en lo que refiere a las relaciones con el entorno, la estrategia de consolidación del kirchnerismo como coalición dominante del Frente para la Victoria implicó la construcción de alianzas con tres grupos del organizaciones del juego político local: los sindicatos, el sector empresario industrial y las asociaciones de 2

Los datos relativos al nombramiento de los gabinetes presidenciales, el uso de los decretos de necesidad y urgencia, la resistencia al veto legislativo y la iniciativa legislativa presidencial han sido analizados y presentados más detenidamente en mi trabajo final de la materia “Poder Ejecutivo y Administración Pública en Argentina”, con el Prof. Alejandro Bonvecchi y, por cuestiones de espacio, no se reproducen aquí. El referido trabajo se encuentra disponible para consultas. 3

Los 236 DNU que Bonvecchi y Zelaznik (2010) logran identificar durante la presidencia de Néstor Kirchner superan en un 41% y en un 52% los decretos de necesidad y urgencia sancionados durante la primera gestión de Menem y la presidencia de Duhalde, aunque, dada la corta duración de esta última, Kirchner se ubica como el segundo presidente del período democrático reciente que más intensivamente ha recurrido a este recurso.

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derechos humanos nacidas de la represión estatal durante la última dictadura. Estos tres casos pueden ser interpretados como un movimiento de reconciliación con sectores que en momentos pretéritos habían estado vinculados con el Partido Justicialista. Etchemendy (2013) da cuenta de la alianza kirchnerista con los sindicatos y el sector empresario industrial. La política macroeconómica caracterizada por un tipo de cambio “competitivo”, el aumento sostenido de los salarios reales y la recuperación de las negociaciones colectivas tripartitas permitieron al kirchnerismo incorporar a las bases de apoyo del Frente para la Victoria sectores sociales “traicionados” por el Partido Justicialista durante las presidencias de Menem. En el caso de los sindicatos, ello significó, durante la presidencia de Kirchner, la redistribución de poder entre las autoridades sindicales y una mayor concentración de la organización obrera, favoreciendo a aquellos individuos que durante la década de los noventa habían sido reticentes u opositores a la política oficial. A su vez, la política macroeconómica favoreció la reactivación de la actividad manufacturera, que, de la mano del incremento del poder adquisitivo vía aumento de los salarios reales, operó como polo dinamizador del crecimiento interno durante la mayor parte de la presidencia de Néstor Kirchner. En lo que refiere a las organizaciones de derechos humanos, la reapertura de los juicios a los crímenes de la última dictadura, el pago de indemnizaciones a las víctimas y a las familias de las víctimas del terrorismo de estado y una serie de actos simbólicos, tales como la retirada del cuadro de Videla de la galería de ex presidentes podría interpretarse como un acto de reconciliación histórica del Partido Justicialista con la juventud expulsada por Perón de la Plaza de Mayo en 1974. Alternativamente, propongo interpretarlas como parte de la política de alianzas del Frente para la Victoria, tendientes a lograr el apoyo de sectores alijados de su principal organización patrocinadora, el PJ. El análisis de Levitsky (2005) sobre la transformación del Partido Justicialista en un partido de base sindical a un partido de base clientelar, durante los años 1990 sugiere que el mismo razonamiento sería válido con respecto al PJ y las organizaciones sindicales. Pero, ¿cómo encuadrar estas políticas? ¿Tratan de la distribución de bienes colectivos o selectivos? Tal clasificación requeriría del análisis de los procesos de negociación y toma de decisiones en la implementación de estas políticas, que permitiera identificar los criterios de inclusión y/o exclusión de actores de la mesa de diálogo. Ello excede los alcances de este ensayo. De todos modos, contribuyeron a aumentar la credibilidad del programa de la coalición dominante frente a la sociedad – incentivo de identidad – a la vez que implicaron incentivos materiales y de status a ciertos actores que pasaron a apoyar al FPV, y, en este sentido, es verosímil afirmar que impactaron positivamente en la consolidación del Frente para la Victoria como organización partidaria. La financiación partidaria y el reclutamiento de nuevos miembros son otras dos actividades que Panebianco identifica como vitales en la organización de los partidos políticos. Al analizar conjuntamente estas dos dimensiones, mi argumento sugiere que el kirchnerismo se ha valido de su posición como líder del Poder Ejecutivo Nacional para consolidar su posición como coalición dominante del Frente para la Victoria. Es decir, ha sesgado la distribución de los recursos públicos de manera a consolidar su posición al interior del partido y, a la vez, la posición de su partido con respecto a los

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demás actores del arco político. Dicho sesgo ha sido más notable durante los primeros años de la organización partidaria, es decir, la presidencia de Néstor Kirchner. Calvo y Murillo (2008, 2012) ofrecen evidencias empíricas de la existencia de dicho sesgo, aunque lo atribuyen al Partido Justicialista, no al Frente para la Victoria. Mi argumento constituye, por ende, una extrapolación de sus análisis y corroborar su validez requiere de un análisis más sofisticado que el que aquí avanzo a título de hipótesis. Particularmente en los primeros años del kirchnerismo, la política de reclutamiento del Frente para la Victoria ha reproducido las prácticas de su principal organización patrocinadora, el PJ. Ello ha consistido en el fomento a la movilización partidaria mediante la distribución de incentivos materiales, que, tal como lo distinguen Calvo y Murillo (2012), pueden ser de por lo menos tres tipos: reparto directo de bienes materiales (handouts), reparto de empleos públicos (patronazgo) o inversión pública (pork). En cualquiera de estos tres casos, las redes de intermediarios partidarios (brokers) han sido el principal canal de reparto de estos incentivos selectivos. A diferencia de aquellos autores, propongo distinguir también entre los tipos de redes de acuerdo a estatuto de los intermediarios: jefes del poder ejecutivo subnacional, agentes burocráticos y asociaciones de la sociedad civil. En el primer caso, la política de reclutamiento del kirchnerismo habría apuntado, particularmente, a la cooptación de los intendentes, mediante el reparto de inversión pública. A este fin se habrían abierto los programas de financiamiento directo desde el Ministerio de Planificación dirigidas a las municipalidades, sorteando la necesidad de acuerdo político con los gobernadores. El segundo caso remite a la apertura de oficinas descentralizadas del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social para la implementación de programas nacionales. Estas oficinas habrían sido ocupadas por activistas del Frente para la Victoria – es decir, un incentivo selectivo mediante patronazgo – quienes a su vez se encargaban del reclutamiento de nuevos miembros vía el reparto directo de bienes materiales – planes asistenciales, canastas de alimentación, capacitación laboral, asistencia médica. Finalmente, un tercer mecanismo habría sido el reparto de bienes materiales a asociaciones de base territorial, técnicamente presentadas como programas basados en enfoques cooperativistas o de economía solidaria. Tal como argumentaré más adelante, la incidencia de estos dos últimos mecanismos de financiación de la actividad partidaria y reclutamiento de nuevos miembros parecería haber decrecido gradualmente, y de manera notoria durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, parecerían constituir prácticas heredadas del legado pejotista, reproducidas y perfeccionadas durante la presidencia de Néstor Kirchner. En tal medida, habrían desempeñado un rol relevante a la organización de la vida partidaria en sus primeros años. También se podría analizar como una “herencia” del Partido Justicialista el proceso de toma de decisiones al interior del Frente para la Victoria. Levitsky (2005) ha destacado la permeabilidad del PJ a la emergencia de líderes, vinculada a la ausencia de carreras estables, bien como la falta de normas de rendición de cuentas y reglas de tomas de decisión como características que han atravesado la vida institucional del PJ y, a su vez, favorecido su adaptación exitosa a cambios en el contexto político y social argentino. Durante los primeros años del Frente para la Victoria, estas características parecen haber conferido a Néstor Kirchner la posibilidad de manejar con amplio grado de discreción y de manera centralizada la mayor parte de las decisiones relevantes para la consolidación del FPV, que no estuvieron constreñidas por reglas formales por parte del PJ. Hay que reconocer que el hecho de que el FPV sea un

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alianza y no un partido, en sentido estricto, dificulta el análisis de esta dimensión de la vida partidaria en los términos propuestos originalmente por Panebianco. Pero hasta la implementación de la reforma electoral, el armado de las listas de candidatos del FPV en elecciones legislativas nacionales y provinciales, bien como los candidatos al poder ejecutivo provincial no ha obedecido a procedimientos formales, sino que estuvo sujeta al escrutinio y aprobación directa de Néstor Kirchner. En este sentido, el líder de la coalición dominante pareciera haber acumulado también, en el seno del Frente para la Victoria, el “poder del experto (…) que se deriva de la experiencia en el manejo de las relaciones político-organizativas” (Panebianco, 1982, 84), al punto de volverse indispensable para la continuidad de la organización. Al controlar las principales actividades vitales de la organización partidaria, el kirchnerismo parecería haber consolidado su posición como coalición dominante al interior del Frente para la Victoria durante la presidencia de Néstor Kirchner. Al acercarse las elecciones presidenciales de 2007, esta coalición parecería caracterizarse por un grado de cohesión moderado a alto, en el cual la existencia de tendencias divergentes no parecían exhibir un grado de organización que amenazara el liderazgo kirchnerista. Los compromisos en el vértice de la organización parecían basarse, fundamentalmente, en relaciones de colaboración entre el kirchnerismo y otras organizaciones. Al menos parcialmente, estas alianzas estaban basadas en el acceso a incentivos selectivos y, por ende, su estabilidad parecería condicionada al flujo de beneficios futuros. Pero no parecía haber, en ese momento, elementos que justificaran poner en duda la estabilidad coyuntural. El kirchnerismo lograra reunificar y lograr la adhesión de las asociaciones sindicales mayoritarias y éstas volvían a exhibir una tendencia creciente del número de afiliados. Contaba también con el apoyo de la Unión de Industrias Argentinas y de parte significativa del empresariado agrario, incluyendo a la Confederación Rural y la Federación Agraria. En el Congreso Nacional, el apoyo de una parte disidente del radicalismo – los “radicales K” –, bien como la adhesión de bloques de izquierda minoritarios habían contribuido para alcanzar tasas de éxito legislativo superiores al 75% en los dos últimos años de gestión. Los resultados de las elecciones nacionales del año 2007 parecerían convalidar la imagen de un Frente para la Victoria consolidado. Se eligieron a 121 diputados de la lista del FPV4 y en el senado nacional las 22 bancas ocupadas por el Frente para la Victoria representaron el 46% de las vacantes en juego, facilitando a esta organización la obtención de mayoría parlamentaria. Cristina Fernández de Kirchner fue elegida Presidente de la República en primera vuelta con el 45% de los votos y más de 20 puntos de ventaja con respecto al segundo contrincante más votado. Todo ello parecería converger con un mapa de poder organizativo que Panebianco atribuye a estructuras fuertemente institucionalizadas. Y, en convergencia con el modelo del teórico italiano, la aparente cohesión y estabilidad de la coalición kirchnerista en esta coyuntura habrían favorecido la adopción de una “estrategia de tipo expansivo por parte de la organización, y a un impulso de ésta a través de la colonización del entorno y de una elevada y continua movilización de los afiliados” (1982, 318). Crisis y transformación del kirchnerismo – 2007-2009 4

La cantidad de diputados nacionales electos del Frente para la Victoria en los comicios de 2007, 2009 y 2011 fueron tomados de Zelaznik (2011).

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Efectivamente, en los años subsiguientes el activismo militante kirchnerista se convertiría en un fenómeno visible, bien como el crecimiento de asociaciones partidarias como La Cámpora y de movimientos intelectuales adscriptos al kirchnerismo, como Carta Abierta. Pero buscaré señalar que esto no ha correspondido a un grado de fuerte institucionalización del Frente para la Victoria, sino más bien a su débil institucionalidad como organización partidaria. Argumentaré que las medidas llevadas cabo por Cristina Fernández de Kirchner han sido reactivas a un contexto en el que la precariedad de las alianzas sobre las que se basara el FPV puso en jaque la situación de su coalición dominante. Asimismo, propondré que las decisiones adoptadas por Cristina Fernández de Kirchner durante su primer mandato presidencial y, también, gran parte del segundo mandato, habrían conllevado el fortalecimiento de la institucionalidad del gobierno, pero no necesariamente la institucionalización del Frente para la Victoria como organización partidaria. Esto se debe al origen del Frente para la Victoria como un partido en el gobierno y la dependencia de su vida organizativa de los recursos propios del mandatario del Poder Ejecutivo Nacional. En tanto estrategia partidaria, las decisiones llevadas a cabo por CFK habrían implicado un cambio en la composición de la canasta de incentivos ofertada por el FPV a sus afiliados, reemplazando incentivos selectivos materiales por incentivos de identidad. Se trataría de un camino inverso al que, de acuerdo al modelo de Panebianco, caracterizaría la institucionalización de una organización partidaria. A su vez, empero, es consistente con la precariedad de sus alianzas, puesta en evidencia cuando la capacidad del gobierno en sostener los flujos de incentivos selectivos materiales se vio limitada por un contexto económico adverso. Argumentaré, no obstante, que paralelamente a este incremento del componente identitario en la canasta de incentivos se han logrado niveles inéditos de cohesión y estabilidad de coalición kirchnerista, lo que Panebianco considera ser un incentivo a la institucionalización. Ya en su primer año de gestión, Cristina Fernández de Kirchner debió enfrentarse con el estancamiento del crecimiento económico doméstico. Si bien la crisis internacional iniciada en el año 2007 ha contribuido a este resultado – al impactar negativamente las exportaciones industriales argentinas – el desempeño de la economía argentina durante la primera presidencia de CFK es también consecuencia de la política macroeconómica del período anterior. El aumento sostenido de los salarios reales y el uso de la política cambiaria como ancla inflacionaria contribuyeron a la gradual pérdida de competitividad de la industria nacional. Ésta también se explica por la ausencia de cambios significativos de un entramado productivo fuertemente dependiente de importaciones y con bajos niveles de inversión en la ampliación de la capacidad de producción y la innovación tecnológica (Souto Simao, 2013). La alianza con el sector manufacturero, tanto en su vertiente empresarial como sindical, implicó una intensificación de la puja distributiva tanto hacia adentro de la industria, como entre ésta y los demás sectores productivos, particularmente el sector agrario. La gestión de la relación con las organizaciones sindicales primó por la continuidad de las instancias institucionales recuperadas durante el primer kirchnerismo, específicamente, las negociaciones colectivas paritarias. Pero este mecanismo, basado en la unidad de la representación sindical, implicó el reconocimiento de tan solo parte de un movimiento sindical con intereses cada vez más heterogéneos. Se produjo así un quiebre al interior de las dos principales organizaciones sindicales – la CGT y la CTA – que se agudizaría durante el segundo mandato de CFK (Etchemendy, 2013). Consecuentemente, el rol de los sindicatos como organizaciones patrocinadoras del Frente para la Victoria fue reduciéndose gradualmente. Posiblemente con el fin de compensar este movimiento, se han intensificado esfuerzos de vinculación directa 7

entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el universo de los trabajadores, independientemente de la mediación sindical. Propongo interpretar en esta línea la revisión de los marcos regulatorios del empleo rural y de la actividad doméstica, actividades con predominio del trabajo informal. También así interpreto los actos discursivos dirigidos a cuestionar la transparencia y la legitimidad en la elección de las autoridades sindicales, bien como la gestión de los recursos de las obras sociales por parte de éstas. A su vez, se sostuvieron incrementos nominales superiores a la inflación estimada, hecho anunciado como un eje programático del Frente para la Victoria en de defensa de la clase trabajadora – pese a la creciente fragmentación de la representación sindical. También la relación con los empresarios de la industria se ha vuelto más conflictiva y estuvo acompañada por un aumento de la fragmentación tanto de la representación sectorial, como del apoyo al gobierno y al Frente para la Victoria. En el contexto de restricción externa, propongo tomar como hipótesis que el principal incentivo selectivo material ofrecido por el gobierno a la clase industrial ha sido el acceso al mercado de importaciones y a líneas de financiamiento extraordinarias. En ninguno de estos casos la red de distribución de incentivos ha sido propia del Frente de la Victoria en tanto organización partidaria, sino que se trata de parte de la máquina burocrática controlada por miembros altamente leales a la coalición dominante del FPV, destacadamente Guillermo Moreno y Débora Giorgi. En este sentido, el apoyo obtenido por el gobierno mediante el reparto de estos incentivos no puede ser trasladado de manera directa al Frente para la Victoria: el apoyo está condicionado a su mantenimiento como partido en el gobierno, es decir, es altamente precario. A su vez, su catalogación como componente programático de la plataforma del FPV – que podría interpretarse como un incentivo de identidad favorable al fortalecimiento organizativo – se ve dificultada por la opacidad de las decisiones tomadas en este ámbito. La “crisis con el campo” ha sido quizás el principal episodio en el que se constató la precariedad de las alianzas kirchneristas. Entre los meses de marzo y julio de 2008 no sólo se destruyeron las alianzas con parte del sector agrario que hasta entonces apoyaba al gobierno, como fue el caso de Alfredo de Angeli y la Federación Agraria, también se observó la consolidación de una facción al interior del Frente para la Victoria, abarcando al sindicalismo liderado por Hugo Moyano, a funcionarios del poder ejecutivo, incluyendo al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al Ministro de Economía, Martín Lousteau, y a gran parte de los miembros del “radicalismo K”. El vicepresidente Julio Cobos operó, en este contexto, como líder de la coalición opositora a la hegemonía kirchnerista en el seno de la organización partidaria. La capacidad de esta coalición opositora de incidir sobre las relaciones con las organizaciones del entorno y la comunicación interna y externa de la estructura partidaria han sido recursos que le permitieron catalizar un proceso de crisis en el interior del Frente para la Victoria. En menos de dos años, la organización había transitado de una aparente unión y estabilidad hacia una clara situación de división interna e inestabilidad de las alianzas. Propongo leer en este contexto la reforma electoral aprobada por el Congreso Nacional en el año 2009, que implicó la introducción de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Esta iniciativa legislativa llevada a cabo por el kirchnerismo puede interpretarse como parte de la estrategia de la coalición dominante del FPV para consolidar su posición hacia adentro de su espacio político, a la vez que conllevó el reordenamiento de la estructura de incentivos de todas las 8

organizaciones partidarias del sistema argentino. La nueva ley electoral restringió las posibilidades de alianza interpartidaria al nivel nacional al impedir la presencia de un mismo partido en más de una alianza electoral. A su vez, las elecciones primarias modificaron el cálculo estratégico para la definición de las listas de candidatos de cada alianza, restringiendo la discrecionalidad de las autoridades partidarias. Por cierto, el impacto de este mecanismo sólo se haría efectivo en el caso de haber fallado las instancias de decisión previas a la realización de las PASO. De todos modos, empero, significó un cambio cualitativo en el sistema electoral nacional al aumentar los incentivos a la institucionalización de los partidos políticos, entendidos en el sentido estricto de la legislación electoral nacional. En las conclusiones de mi ensayo, vuelvo sobre este punto para reflexionar sobre el futuro del sistema político partidario argentino y el proceso de consolidación democrática. El efecto de la reforma electoral sólo se haría sentir en los sufragios del año 2011. Frente a las elecciones legislativas del año 2009, la crisis interna del Frente para la Victoria lo impulsó a buscar la participación ciudadana a partir de una oferta predominantemente de bienes de identidad. Así propongo interpretar la presentación de las “candidaturas testimoniales”, en las que personalidades de elevada visibilidad pública y un discurso de elevada lealtad al kirchnerismo fueron invitadas a ocupar los primeros lugares de la lista de candidatos del Frente para la Victoria. Más que incentivos materiales, la estrategia electoral del FPV en esos comicios primó por la defensa de un “proyecto nacional y popular”. Se basó discursivamente en la necesidad de “defenderla y apoyarla a Cristina” en el conflictos contra el campo, contra Clarín, contra la oligarquía. Organizaciones como La Cámpora y Carta Abierta cobraron visibilidad en el escenario nacional y, desde aquella, se convocaba a la movilización a los “soldados del pingüino” – en alusión a Néstor Kirchner. Los resultados electorales pueden leerse tanto como indicador de la eficacia de este componente “programático”, como de la relevancia del menguante componente material en los incentivos selectivos ofertados por la coalición dominante del Frente para la Victoria. El FPV logró renovar tan solo 31 de las 60 bancas de diputados en juego en estos comicios, bajando de 121 a 87 el tamaño de su bloque, con respecto al año 2007. En el senado, el resultado fue similar. Así, los años 2010 y 2011 estuvieron signados por una constante necesidad de negociar con otras organizaciones partidarias a fines de obtener la necesaria mayoría legislativa. Ello se vio reflejado en un significativo descenso de la tasa de éxito legislativo de los proyectos de ley introducidos por el PEN: mientras durante los períodos legislativos 126 y 127, más de un 70% de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo han sido sancionados, en el período siguiente este porcentaje descendió a un 50%. Pero el análisis de las iniciativas legislativas también permite suponer que, pese a su menor presencia en el Congreso, el kirchnerismo parece haber resguardado una ventaja comparativa con respecto a los sectores opositores. En el año 2010, el número de proyectos de ley presentados en el Congreso aumentó un 30%, lo que se explica en gran parte por la mayor presencia en comisiones de sectores de la oposición. No obstante, la cantidad de proyectos sancionados descendió casi el 50%, reflejando una caída en la eficacia legislativa global. Ello podría tomarse como un indicador de lo que Panebianco refiere como competencia experta y el dominio del kirchnerismo sobre este recurso. La construcción de una identidad kirchnerista – 2009-2013

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Cuando ya se conocían los resultados legislativos electorales, en octubre de 2009, Cristina Fernández de Kirchner emitió un decreto de necesidad y urgencia por el cual creó la Asignación Universal por Hijo. Con ello, benefició directamente a los trabajadores informales y desocupados, cuyos ingresos no superaban el mínimo establecido por la normativa. Se podrían adjudicar a esta decisión y a la selección del decreto de necesidad y urgencia como mecanismo para implementarla a una plausible intención de Fernández de Kirchner de incorporar este segmento de la sociedad a su base de apoyo. La misma lectura podría realizarse del DNU 499/2011, emitido el 18 de abril de 2011, que amplió la cobertura de la AUH a las madres gestantes mediante la creación de la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social. El alcance masivo de la AUH y de la Asignación por embarazo, la destacable transparencia de los criterios para su adjudicación y la dificultad de vincular su otorgamiento a un comportamiento individual determinado desaconsejan la clasificación de estas medidas como ofertas de incentivos selectivos materiales tendientes a reclutar afiliados al FPV. Más apropiado parecería clasificarlas como una medida de institucionalización de las políticas distributivas estatales y, dada su autoría, un potencial bien de identidad favorable al estrechamiento de los vínculos entre la sociedad y el programa de políticas defendido por el Frente para la Victoria. Al sugerir esta lectura, sugiero que estas decisiones han tenido sobre la organización partidaria un efecto similar al de las decisiones tomadas en la relación con el sector sindical: aumento de los incentivos de identidad para afiliarse al FPV. En el caso de la AUH y la asignación por embarazo, es más claro el reemplazo de incentivos materiales por incentivos de identidad, puesto que estas medidas implicaron la terminación de varios programas de asistencia social, cuya implementación era mediada por redes partidarias territoriales. Destaco otros dos eventos de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner que, en mi argumento, ponen de relieve el incremento de componente identitario en la organización de la vida partidaria del Frente para la Victoria: la conmemoración del Bicentenario y la muerte de Néstor Kirchner, ambos en el segundo semestre de 2010. El primero contribuyó a la articulación discursiva de un mito fundacional, en el cual la coalición dominante del Frente para la Victoria figuraría como el actor responsable de la reparación de deudas históricas de la democracia argentina: la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, la recuperación de la identidad de los hijos de los desaparecidos, la recuperación de la libertad de expresión – por la promoción de la ley de medios – la recuperación del sistema institucional tras la crisis del 2001 y, fundamentalmente, la consolidación de la democracia. Pese a la invitación protocolar a los demás ex mandatarios del poder ejecutivo desde el regreso a la democracia, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner protagonizaron los actos de conmemoración y tan solo tuvieron que compartir dicho protagonismo, en algunos momento, con representantes del radicalismo. El reconocimiento a la presidencia del fallecido Raúl Alfonsín habrá sido uno de los principales obstáculos a la monopolización del enunciado refundacional por parte del Frente para la Victoria. La inesperada muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010 abriría otra ventana de oportunidad a la consolidación de una identidad kirchnerista. Las movilizaciones masivas organizadas durante su velatorio y la imagen de una Cristina viuda, encerrada en su luto, empero, han operado como incentivos de identidad, vinculados a un sentimiento de solidaridad que logró afectar a muchos ciudadanos no tan afines al kirchnerismo. En contrapartida, evidenció de manera violenta un clivaje social similar

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al que, décadas atrás, se observara con la muerte de Evita. La Argentina pareció dividirse entre los que festejaron la muerte de Kirchner y los que sufrían la pérdida de un líder. Si la muerte de Néstor Kirchner de ninguna manera puede clasificarse como una estrategia de gestión de la vida organizativa, la administración de la comunicación interna y externa luego de su muerte reflejan el dominio de Cristina Fernández de Kirchner sobre la organización partidaria en ese momento. Independientemente de las motivaciones de tal actitud, su silencio, reclusión y estricto luto solo fueron cuestionados por algunos sectores que desde antes del acontecimiento ya se oponían al FPV. No se dieron a conocer disputas internas al kirchnerismo en ese momento e incluso representantes de la oposición han exhibido posturas de respeto y, más raramente, admiración. Aunque se trata de una hipótesis de difícil contrastación empírica, considero que el fallecimiento de Néstor Kirchner ha jugado un rol determinante en el desempeño electoral del Frente para la Victoria en el año 2011. De ninguna manera ha sido el único factor, pero, empero, ha favorecido la apropiación por parte de la organización partidaria FPV los réditos de la política distributiva implementada por el gobierno. En otras palabras, ayudó a “borrar” por algún tiempo, la diferencia entre gobierno y partido. No sólo profundizó la polarización que se venía produciendo desde los primeros años de la presidencia de CFK, sino además que le introdujo un componente “demasiado humano”, como puede ser el duelo o la celebración de la muerte de un líder. Así, hizo creíble la ilusión de que, sin el Frente para la Victoria, ya no habría ni paritarias, ni asignación por hijo, ni jubilación. Pero, lo que más importa para el análisis de la organización partidaria, sin Cristina, no habría Frente para la Victoria. Y es posible que fuera cierto. Frente a los comicios del año 2011, la unidad del Frente para la Victoria parecía bastante menos ilusoria que en el año 2007. Para ello había contribuido la implementación de la AUH, que había restado recursos a la maquina partidaria territorial y centralizado su distribución en una administración pública sorprendentemente neutral. No obstante, el reparto de empleos públicos, la inversión en infraestructura y la implementación descentralizada de – una menor cantidad de – programas del Ministerio de Desarrollo Social seguían operando como mecanismo de financiación de la actividad partidaria y reclutamiento de afiliados. Consecuentemente, se habían reducido pero no eliminado la posibilidad de comportamiento oportunista por parte tanto de las estructuras intermedias del Frente para la Victoria, como de los propios electores. Si bien el conjunto de organizaciones patrocinadoras parecía más reducido – ya no incluía al “radicalismo K”, ni a parte del sindicalismo, ni a parte del empresariado industrial, ni al sector agrario – era también más estable, compuesta por sectores con mayor afinidad programática con el kirchnerismo. A su vez, el mapa de poder de la coalición kirchnerista se configuraba ahora por una base parlamentaria más chica, pero cohesiva, y por agrupaciones locales en parte vinculadas a las estructuras intermedias del partido, en parte comandadas directamente por miembros de la coalición dominante. Los cambios en el régimen electoral disminuyeron los incentivos de disidencia por parte de las estructuras intermedias, bajo el costo de exclusión de la alianza electoral. Así, por primera vez, el Frente para la Victoria fue la única alianza nacional que representaba al Partido Justicialista, tras el éxodo – ¿temporario? – de afiliados del PJ que pasaron a integrar el Frente Popular y el Compromiso Federal. Los resultados electorales convalidaron la renovación del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con el 54% de los votos válidos, y casi 40 puntos de ventaja sobre el segundo más votado.

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En la cámara de diputados, el FPV amplió su representación de 87 a 114 y, en el senado, de 31 a 32, lo que si bien significó la continuidad de la política de alianzas para lograr mayorías, mejoró significativamente la capacidad del kirchnerismo para sostener la iniciativa legislativa. ¿Sería un signo de una mayor institucionalidad? En el discurso de apertura de su segundo mandato, la frase elegida por Cristina Fernández de Kirchner para sintetizar su programa de gestión fue “sintonía fina”. Desde los sectores opositores, esto se leyó en su momento como una señal de apertura, particularmente en el campo económico, en el cual se anunciaban revisiones de las políticas de subsidio, tendientes a obtener un equilibrio fiscal y contener la espiral inflacionaria. Si ésta era la intención del gobierno, algo le hizo revisar el plan, demorando la implementación de estas acciones hasta el período actual. Entre los años 2011 y 2013, la “sintonía fina” pareció indicar, más bien, una intención de intensificación del rumbo iniciado durante la primera presidencia de CFK. Se persistió en el uso de la política cambiaria como ancla inflacionaria y como medida de contención de la fuga de reservas, se restringió el acceso al mercado de cambios y se intensificó el control de las importaciones. A su vez, se mantuvieron las negociaciones tripartitas y las paritarias como mecanismo de referencia de los salarios en el sector formal. Por primera vez, durante estos años, el poder ejecutivo tuvo que recurrir a la facultad de determinación por decreto de los incrementos salariales, poniendo en evidencia la imposibilidad de acuerdo entre las entidades representadas en la mesa de negociación (Etchemendy, 2013). Consecuentemente, se acentuó la fragmentación de las organizaciones sindicales y volvió a observarse un incremento de la conflictividad obrera. También en la relación con el empresariado manufacturero se hizo más visible el conflicto y quizás allí resida la explicación del mantenimiento de los subsidios, bien como de la administración del mercado de importaciones. La actualización de los montos jubilatorios y de las asignaciones familiares y por hijo buscaron compensar el aumento sostenido de la inflación, aunque ya no implicaron mejoras en términos de poder adquisitivo. Con fines a revertir el estancamiento de la actividad económica, Cristina Fernández de Kirchner lanzó el ProCreAr, un amplio programa de préstamos a la inversión inmobiliaria a tasas subsidiadas. Pese a los cuestionamientos hechos desde la oposición, la implementación de este programa parecería reproducir los patrones neutralidad burocrática de la Asignación Universal por Hijo. A su vez, empezaron a implementarse medidas de control de los precios minoristas, dirigidas a minorar el impacto de la inflación sobre los ciudadanos de menores ingresos. Ninguna de estas medidas resultaron eficaces para la reactivación de la economía, la generación de puestos de trabajo y la contención de la inflación. Pero en su diseño todas parecían consistentes con la identidad kirchnerista. De manera algo impresionista, el primer bienio de la segunda presidencia del Cristina Fernández de Kirchner pareció caracterizarse como un período en el que la oferta de incentivos selectivos materiales a sus afiliados se mantuvo constante con respecto a los últimos años de su primer mandato, si no ha disminuido. He argumentado que el incremento del reparto de bienes financiados con recursos públicos por una máquina burocrática relativamente neutral a la afiliación partidaria no debería, a mi criterio, considerarse como un incentivo selectivo material, sino interpretarse como un incentivo de identidad, en la medida en que genera apoyos en la sociedad a la implementación de estas políticas. En este sentido, si los resultados electorales de 2011 estuvieron influenciados, como he propuesto, por los eventos posteriores al fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿cómo interpretar los resultados de las elecciones

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de 2013? Ceteris paribus, la incapacidad de las políticas implementadas entre 2011 y 2013 para entregar los resultados prometidos por el programa kirchnerista, pese a la coherencia discursiva con la que fueron presentadas sus políticas, deberían conllevar la devaluación de sus incentivos de identidad, lo que a su vez debería reflejarse en una caída sensible del apoyo electoral. No obstante, en las elecciones legislativas del año 2013, el kirchnerismo logró mantener prácticamente inalterado el tamaño de su bancada legislativa, con un desempeño electoral similar al del año 2009. Si, como he argumentado, en aquella oportunidad esos resultados pueden interpretarse como un piso del voto programático kirchnerista, los del año 2013 podrían interpretarse de igual manera. Pero ahora parecerían más nítidos sus afinidades programáticas, con un historial de políticas relativamente consistente, aunque con resultados distintos de los muchas veces preconizados. A diferencia de entonces, el Frente la Victoria parecería responder, en el año 2013, a una coalición dominante menos dividida y más estable, aunque también más reducida. De manera similar a lo sucedido en 2011, las PASO contribuyeron a ello, al incentivar la salida de la facción liderada por Sergio Massa del seno del Partido Justicialista. Así, en los tiempos que corren, ya no resulta tan fácil distinguir el Frente para la Victoria de su principal organización patrocinadora, el PJ. ¿Podría esto interpretarse como un indicador de institucionalización? Y, en caso afirmativo, ¿cuáles podrían ser sus consecuencias sobre el sistema de partidos argentino y la consolidación de la democracia? Volveré sobre este punto en las conclusiones. Clientelismo y populismo: ¿conceptos útiles aquí? A lo largo de mi argumentación he evitado, intencionalmente, recurrir a dos términos frecuentemente utilizados en los análisis sobre el kirchnerismo: clientelismo y populismo. Mi decisión estuvo motivada no sólo por la polisemia de estos conceptos en la literatura del campo, sino también por la carga normativa negativa que suele estar asociada a ellos. Antes de concluir, sin embargo, intentaré dar cuenta de su limitada utilidad analítica para el argumento que he intentado construir. En términos estrictos, el clientelismo refiere a una relación entre líderes políticos y electores, en el cual éste intercambia su voto con miras a acceder a bienes y/o servicios financiados por el estado y a los cuales no podría acceder sin la intervención del líder político. Debe diferenciarse del voto comprado con recursos privados. Se distingue también del voto de cabresto (portugués) en la medida en que el elector decide intercambiar su voto. Pero, tal como lo destacan Auyero y Lapegna (2009), suele basarse en una relación de poder asimétrica desfavorable al elector, particularmente si este se encuentra en una situación de privación material. Pero aún cuando éste no sea un caso, la supervisión del voto individual requerida en una práctica clientelista pone en jaque el precepto democrático del voto libre. En las democracias contemporáneas, con relativo nivel de burocratización, sufragio masivo y voto secreto, el clientelismo debe superar varios obstáculos comunes a cualquier relación de principal-agente. En primer lugar, la oferta del bien por parte del líder político al elector debe ser creíble. Para ello, se requiere o bien la existencia de recursos públicos que puedan asignarse discrecionalmente o bien la ignorancia del elector sobre la inexistencia de estos recursos. Asimismo, el elector debe tener la posibilidad de ir a cobrar lo prometido. Por otro lado, dado que el voto es anterior a la recepción del beneficio, el líder político debe ser capaz de monitorear el voto de su

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cliente. En sistemas con voto secreto, esto requiere la violación de las reglas electorales, tales como la identificación de las cédulas con alguna marca personal u otras contravenciones. En sistemas con sufragio masivo, el costo del monitoreo de los votos individuales puede volver no redituable la relación. Bajo esta definición, el clientelismo en las democracias con estas características debería ser un fenómeno raro y su análisis, poco relevante. La mayoría de los autores que desarrollan este concepto se basan entonces en una definición ampliada del clientelismo. Desde un enfoque sociológico, Auyero y Lapegna (2009) observan que la relación clientelar no se asemeja a una transacción instantánea de mercado, sino que suele estar embebida en redes piramidales en las que se entremezclan cuatro tipos de relaciones sociales: intercambio, conflicto, dominación y prostitución. Tales redes están conformadas por patrones, promotores (brokers) y clientes, que interactúan de manera reiterada. Es el comportamiento reiterado lo que habilita el monitoreo del comportamiento político en cada eslabón de la cadena. Asimismo, en cada nivel se observan riesgos similares de comportamiento oportunista. Es aquí, en la explotación de las posibilidades de oportunismo, donde estos autores identifican la posibilidad de origen de surgimiento de acciones colectivas originadas en relaciones clientelares. Anclados en una corriente más institucionalista, la definición de Stokes et al. (2013) se toca, pero no coincide totalmente con la propuesta por Auyero y Lapegna. Para estos autores, el clientelismo es una subcategoría de política no programática, en la distribución de recursos está pautada por la ausencia de criterios públicos y/o la inobservancia de los criterios públicos existentes. Para que una política no programática caracterice clientelismo, es necesario que la entrega del recursos esté condicionada al apoyo político del individuo que lo recibe. Aquí, Stokes et al. distinguen dos tipos de clientelismo, según la condición del “cliente”. Si se trata de un miembro del partido, lo definen como patronazgo, que en general conlleva la entrega de trabajo como un promotor. Si por otro lado se trata de un individuo no afiliado, la relación clientelar debe distinguirse de acuerdo a si lo que se intercambia es la movilización o el voto del elector. En esta definición, queda excluida la distribución de recursos “con sesgo partidario”, que se produce cuando la transferencia de recursos no va dirigida a beneficiar individuos. En este caso, reconocen la posibilidad de que estos recursos transferidos a grupos de individuos vuelvan a repartirse individualmente, pero sin que ello esté condicionado al comportamiento electoral individual. Tampoco configuraría clientelismo la transferencia que se realice para la inversión pública (pork). La definición de Stokes et al. parecería ser más restrictiva, y también más precisa, que la de Auyero y Lapegna. Pero esta definición parece entrar en conflicto con la propuesta por Handlin (2012), quien analiza “políticas movilizatorias”. Destinadas a la construcción de apoyo político en las clases bajas, una característica de tales políticas sería el fomento a la creación de redes territoriales responsables de seleccionar a los beneficiarios. Hasta aquí, ello podría caracterizar lo que Stokes et al. denominan política con sesgo partidario con beneficios no condicionados. En este sentido, habría convergencia al considerar que “these programs are not clientelistic in the strict sense, in that they do not depend on a contingent direct exchange of benefits for votes (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Stokes, 2007). Rather, they represent a conceptually distinct means of abusing state power in the design and implementation of policies to maximize political advantage.” (Handlin, 2012, 1585)

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No obstante, en la medida en que la entrega del beneficio esté condicionada a la movilización, como parecería darse en uno de los casos de estudios analizado por Handlin, entonces sí Stokes et al. lo clasificarían como clientelismo. En el análisis de Calvo y Murillo (2012) sobre la incidencia del clientelismo como factor explicativo del voto en Argentina y Chile en el período reciente no tiene en cuenta la definición de Stokes et al., aunque sorprendentemente parece convergir con la de Handlin: “the critical question that distinguishes clientelistic from programmatic linkages is how recipients become eligible to access publicly provided benefits. In the former case, activist networks screen deserving from undeserving voters and mediate access to goods. In the latter case, the group of beneficiaries is defined by policy and access is independent from partisan distribution networks.” (Calvo y Murillo, 2012, 853)

Como he expuesto anteriormente, estos autores distinguen tres modalidades de clientelismo – inversión pública, patronazgo y entrega directa de bienes materiales. La primera de estas modalidades, como he destacado, está excluida en la definición de Stokes et al.. Por otro lado, la definición adoptada en Calvo y Murillo parecería compatible con la de Auyero y Lapegna. Este breve repaso por estos cuatro trabajos deberían dar cuenta de la dificultad de utilizar como eje estructurador de mi argumentación el concepto de clientelismo. Hubiese sido necesario primero definirlo y luego revisar los aportes de los demás trabajos que he citado a la luz de la definición elegida. Un camino menos costoso me parece posible en este momento, luego de haber desarrollado el argumento sin utilizar el concepto. Normativamente, el clientelismo definido en los términos de Stokes et al. es condenable. La financiación de empleo público para fines partidarios desequilibra el juego democrático y desvía recursos que deberían ser invertidos en el mejoramiento de la eficacia administrativa. La distribución de recursos condicionadas a la movilización o, peor, al voto, aunque sea voluntaria a nivel individual, puede implicar una distorsión de la percepción pública de los alcances de una fuerza política y, por ello, debería considerarse antidemocrática. También la distribución de la inversión pública de acuerdo a la orientación partidaria puede conllevar ventajas electorales a un partido y, aunque Stokes et al. no lo clasifiquen como clientelismo, pone en jaque la legitimidad del juego democrático. Ahora bien, en el análisis empírico que realizan para la Argentina, Calvo y Murillo encuentran que el clientelismo es un práctica común a los dos principales partidos argentinos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Y si sus resultados indican que se trata de una práctica más extendida en el seno del PJ, no me parecen útiles para explicar cómo desde el 2003 el Frente para la Victoria – y particularmente el kirchnerismo – ha podido consolidarse como un actor local. He destacado que en los primeros años del FPV tanto el PJ como la UCR se han desempeñado como sus organizaciones patrocinadoras. También he observado la exclusión de la UCR de la coalición kirchnerista hacia el año 2009, bien como el éxodo de una parte significativa de afiliados al PJ. Aunque mi argumento carece de mayor evidencia empírica, he sostenido que este proceso ha sido concomitante a una gradual reducción – aunque no la desaparición – de políticas de corte clientelista. Durante el mismo período, otras dos fuerzas analizadas por Calvo y Murillo – el ARI y el PRO – pese a la aparente independencia de políticas clientelistas y a la fortaleza del componente programático en la explicación del voto de sus electores, no han conocido un proceso

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de institucionalización similar al del FPV. Si el clientelismo y el sesgo partidario en el reparto de la inversión pública por parte del PJ y de la UCR han desempeñado un rol explicativo en la historia del kirchnerismo, no parecería ser el principal factor. El marco analítico ofrecido por Panebianco, basado en la distinción entre incentivos de identidad y materiales y en la gestión de la vida partidaria me han parecido una herramienta más adecuada para mi objeto de análisis. De todos modos, me parece pertinente plantear como hipótesis para futura investigación que Néstor Kirchner ha sido más clientelista que Cristina Fernández de Kirchner y que esto ha sido concomitante al proceso de fortalecimiento del aparato estatal argentino y, por ende, a la democracia. Con respecto al concepto de populismo, considero que pocos términos han sido tan ampliamente y, a la vez, tal poco rigurosamente utilizados en la ciencia política. Asimismo, abundan los trabajos que clasifican al peronismo como populista y varios son los que, como que por transitividad directa, usan el mismo término para describir al kirchnerismo. Entre ellos se encuentran el de Levitsky y Roberts (2011) quienes definen “populism as the top-down political mobilization of mass constituencies by personalistic leaders who challenge established political or economic elites on behalf of an ill-defined pueblo (…) although populists appeal to the por against an established elite, often including the economic elite, these appeals need not be left of center. Presidents Fernando Collor de Mello in Brazil, Alberto Fujimori in Peru, and more recently, Álvaro Uribe in Colombia (…) clearly had populist tendencies, in that they made unmediated mass appeals in opposition to the political establishment. (…) Leftist leaders who subordinate or bypass partisan intermediaries to appeal directly to mass constituencies – for example, Hugo Chávez and Rafael Correa – may be considered populist.” (Levitsky y Roberts, 2011, 5-6)

Basados en esta definición, los autores clasifican al kirchnerismo como un caso de “máquina populista”: “populist machines are established organizations that have survived years (and even decades) in opposition, including in some cases periods of authoritarian rules. However, these organizations are harnessed to the political project of a dominant personality who stands at the apex of vertically structured authority relations (…). They tend to be institutionalized via patronage linkages (…). Populist machines are flexible and pragmactic in their policy orientation. (…) We can thus locate the Kirchner government on the left even if the Peronist party cannot be categorized as such. Patron-client ties to popular constituencies provided continuity at the base of the party across these changes in leadership and programmatic orientation” (Levitsky y Roberts, 2011, 14)

En estos trechos se observa como la definición de máquina populista contradice el concepto de populismo, que supone la vinculación directa entre gobernante y gobernados, sin la mediación partidaria. En las máquinas populistas, es justamente la máquina partidaria la que asegura la base de apoyo al gobernante. Los ejemplos citados también generan dudas. ¿Qué significa “llamados masivos”? Si se restringe a actos discursivos, sería difícil distinguir a cualquier candidato a presidencia por este criterio. Si por otro lado requiere la movilización popular a las calles, vale recordar que la única movilización que pudo lograr Collor durante su presidencia fue en oposición a él. Más allá de estas imprecisiones, Levitsky y Roberts tienen más éxito en acercarse a una definición operacional que otros trabajos que he revisado (Hermet, 2001; Rosanvallon, 2006; Laclau, 2005). Común a todos ellos, están presentes las ideas de presencia de un liderazgo carismático, la alusión de este líder a un pueblo en oposición a un antipueblo y la consecuente tendencia a la polarización del discurso

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político. Se tratan de características que parecerían adecuadas para describir al kirchnerismo, aunque considero que más específicamente al período desde el año 2009 al presente. Este período coincide con los años en que, empero, se ha reducido el alcance de las prácticas clientelares del primer kirchnerismo, esencialmente a partir del reemplazo de múltiples planes por la Asignación Universal por Hijo. Se trata de una cuestión que habría que profundizar mediante un análisis empírico más riguroso. De ser correcto mi argumento, el populismo del kirchnerismo parecería vinculado no a la construcción de una red de apoyo popular vía relaciones de patronazgo y clientelismo, sino justamente como una estrategia alternativa a este tipo de vínculo, en otras palabras, al fortalecimiento de una identidad política y de un programa partidario. Y, si eso fuera correcto, ¿cuál serían las consecuencias para el sistema de partidos argentino y la consolidación democrática? Con esta reflexión concluyo mi ejercicio. Reflexiones finales – augurios post 2013 En tanto organización partidaria, el origen del Frente para la Victoria parece haberse dado más por la difusión – es decir, el apoyo de un conjunto variado de organizaciones preexistentes – que por penetración territorial. En sus primeros años, su fuente de legitimidad ha sido predominantemente externo, vinculado al patrocinio de sectores mayoritarios del Partido Justicialista, pero también de una facción de la Unión Cívica Radical, bien como del empresariado industrial, los sindicatos y de los movimientos de derechos humanos originados en el contexto de la última dictadura militar. Durante sus primeros años, la consolidación del kirchnerismo como coalición dominante de este espacio parece haber sido favorecida pela posición del FPV como partido en el gobierno, en la medida en que su unidad y estabilidad estuvo condicionada por la posibilidad de distribución de incentivos materiales. En cuanto el contexto macroeconómico restringió la posibilidad del gobierno de financiar la distribución de tales incentivos, la estrategia del kirchnerismo para asegurar su posición al interior del Frente para la Victoria parece haber sido la de la construcción de alianzas más homogéneas y estables, aunque más reducidas, bien como la de construcción de una identidad programática propia. Esto ha sido acompañado de la reforma del régimen electoral, a partir del cual los cambios en la configuración del Frente para la Victoria pasaron a reflejarse también en el Partido Justicialista, a tal punto que, hoy, parecería poco relevante distinguir entre estos dos actores. Desde este punto de vista, se podría decir que el Frente para la Victoria ha internalizado su fuente de legitimidad al fundirse con un Partido Justicialista “depurado”. A su vez, el Partido Justicialista parecería, hoy, más fuertemente vinculado al programa llevado a cabo por la coalición dominante del Frente para la Victoria. Esto podría leerse como un indicador de una mayor institucionalidad del PJ, donde el kirchnerismo representa, hoy, la coalición dominante. La unidad y la estabilidad del kirchnerismo como coalición dominante al seno del PJ parece vinculada a la capacidad de trasladar a este organismo los incentivos de identidad sobre los cuales ha construido su fortaleza. Tal como lo plantea Panebianco, ello parecería condicionado a su capacidad de sostener la credibilidad de su programa: “Una vez que una línea política ha sido formulada y aceptada por el partido, la capacidad de la élite para distribuir incentivos de identidad a sus seguidores, depende de la aplicación que se haga de aquélla: si la línea política pierde credibilidad, la propia identidad del partido se

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resquebraja, al menos hasta que no se adopte una línea política de recambio.” (Panebianco, 1982, 97)

Las decisiones tomadas por Cristina Fernández de Kirchner desde fines de 2013 – que podrían estar vinculadas a los resultados electorales de este año – parecerían apuntar a sostener o ampliar esa credibilidad. El reemplazo del presidente del Banco Central, el reconocimiento de niveles de inflación elevados, la devaluación abrupta y acuerdos salariales que implicaron una caída del salario real fueron en su momento leídos como componentes de una política de ajuste fiscal y destacados como evidencia de un “transformismo” del kirchnerismo. No obstante, fueron concomitantes al nombramiento de un economista heterodoxo al frente del Ministerio de Economía, a la convalidación de los controles de los precios y a la actualización de los montos de las asignaciones universales, a su vez ampliadas con la creación del Progresar. Más que transformismo, entonces, parecerían medidas que revisan la eficacia de decisiones anteriores y que reflejan un cambio de táctica, pero no de estrategia. Parecerían apuntar a construir condiciones de viabilidad para el sostenimiento de una política progresiva de redistribución de ingresos. La supervivencia del kirchnerismo como coalición dominante parece, entre otras cosas, vinculadas a la eficacia de las estas decisiones “sorprendentes” para permitir la entrega de los resultados prometidos. Otra dimensión insoslayable en cualquier pronóstico sobre el kirchnerismo remite a la figura de su líder. Hasta el presente, éste ha sido siempre el jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Frente a la imposibilidad de un nuevo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo se realinearán los equilibrios de poder existentes en el interior de esta coalición? Tan incierta como pueda ser la respuesta a este interrogante, hoy, a diferencia de hace cinco años, es muy probable que esta cuestión se dirima en el seno del Partido Justicialista, lo que de por sí confiere una mayor previsibilidad al sistema político argentino. Levitsky (2005) ha argumentado que la flexibilidad institucional del Partido Justicialista ha contribuido a la continuidad democrática durante la década de los 1990, pese a los conflictos de interés derivados de las reformas neoliberales. Su argumento no tiene en cuenta la crisis sin precedentes que se produjo en el país pocos años después, que si bien se produjo bajo un gobierno no peronista, estuvo directamente vinculada a las políticas implementadas por el Partido Justicialista. Tras la reforma electoral, los márgenes de maniobra del Partido Justicialista parecen más estrechos. Por otro lado, la actual coyuntura económica eleva los riesgos de un giro programático drástico al restringir la posibilidad de reparto de incentivos selectivos materiales. Mi lectura, es por lo tanto, distinta de la de Levitsky. Opino que la menor flexibilidad institucional hoy abre las puertas a un proceso democrático más estable, entre otras cosas porque se identifican más claramente los partidos políticos y el programa de uno de ellos, el FPV-PJ. El futuro del juego político en Argentina, hoy, parece ser el de un “gobierno de partidos” (Strom, 2000). La credibilidad de la identidad del FPV-PJ y la posición de este actor en el escenario político actual parece condicionada a su capacidad de entregar los resultados prometidos, lo que, a su vez, parece ser menos dependiente de su red de patronazgo. Vale recordar, aquí, que la UCR dispone de una red similar a la del PJ, pero no ha logrado construir una identidad partidaria creíble. Se podría pensar que la FAUnen se encuentra, actualmente, en un proceso similar al del FPV hace ocho años, con la crucial diferencia de no haberse desempeñado como partido de gobierno a nivel nacional. Es posible que esto haga con que la trayectoria del FAUnen no sea de la convergencia con la UCR, como en el caso del FPV con respecto al PJ. Otra 18

diferencia importante es que, populista o no, el FPV parece haber sido exitoso en establecer un clivaje capaz, a la vez, de movilizar a un segmento mayoritario de la sociedad y de fragmentar al otro polo ideológico. Si el PJ logra apropiarse de la identidad kirchnerista y sostener la credibilidad de su programa, el desafío al FAUnen o de cualquier otro partido/alianza que venga a conformarse parece ser el de proponer un clivaje alternativo, capaz de reorganizar las solidaridades individuales. De lo contrario, su destino electoral seguirá dependiente de los errores y/o ineptitud de su principal adversario y la estabilidad de la democracia, si llega al Poder Ejecutivo Nacional, de la cohesión y estabilidad de su coalición dominante. Referencias bibliográficas Auyero, Javier y Pablo Lapegna. 2009. “Patronage Politics and Contentious Collective Action: A Recursive Relationship”. Latin American Politics and Society 51 (3): 1-31. Bonvecchi, Alejandro y Javier Zelaznik. 2010. Recursos de Gobierno y Funcionamiento del Presidencialismo en Argentina, paper presentado en el Seminario Internacional “El parlamentarismo europeo y el presidencialismo latinoamericano cara a cara”, organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad, de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, y las Cortes de Aragón, 17 y 18 de marzo de 2010, Zaragoza, España. Calvo, Ernesto; Maria Victoria Murillo. 2008. “¿Quien reparte? Clientes partidarios en el mercado electoral argentino,” Desarrollo Económico, vol.47, No. 188 (JanuaryMarch). Calvo, Ernesto; María Victoria Murillo. 2012. “When Parties Meet Voters: Partisan Networks and Distributive Expectations in Argentina and Chile”. Comparative Political Studies 46 (7): 851- 882. De Luca, Miguel. 2011. “Del príncipe y sus secretarios. Cinco apuntes sobre gabinetes presidenciales en la Argentina reciente” en Malamud, Andrés y Miguel De Luca, La política en tiempos de los Kirchner, Buenos Aires: Eudeba. Etchemendy, S. 2013. “La “doble alianza” gobiernos-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012): orígenes, evidencia y perspectivas”, en Acuña, C.H., ¿Cuánto importan las instituciones?: Gobierno, Estado y actores en la política argentina. Buenos Aires: Siglo XXI. 291-324. Handlin, Samuel. 2012. “Social Protection and the Politicization of Class Cleavages During Latin America’s Turn Left”. Comparative Political Studies 46 (12): 15821609. Hermet, Guy. 2001. Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIX-XX siècle. Paris: Fayard. Laclau, Ernesto. 2005. La Razón Populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Levitsky, Steven y Kenneth Roberts (eds.). 2011. The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Levitsky, Steven. 2005. La Transformación del Justicialismo. Del Partido Sindical al Partido Clientelista, 1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, cap. 1 (pp. 1-42).

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