La dialéctica de la descolonización puertorriqueña
Descripción
La dialéctica de la descolonización puertorriqueña
Por: Carlos Rivera Lugo Se ha iniciado una nueva etapa en la historia de Puerto Rico cuya naturaleza, todo tiende a indicar, será radical en sus requerimientos y posibilidades. La vida se está encargando de dictarle empíricamente al pueblo puertorriqueño su única opción para enfrentarse exitosamente tanto a su presente como a su futuro. Dicha opción es la descolonización e independencia nacional. La base empírica del imperativo de la descolonización puertorriqueña está fundamentalmente determinada por la economía política de la Isla y su entorno regional e internacional. La descolonización e independencia nacional de Puerto Rico surge, quizás por primera vez, como una necesidad histórica. Ya lo había anticipado el subsecretario auxiliar de Comercio de Estados Unidos, Frederick T. Knickerbocker, en unos comentarios suyos en el simposio sobre “Puerto Rico y Estados Unidos” organizado en abril de 1980 en Washington, D. C. por el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Aunque sus palabras no fueron lo suficientemente aquilatadas en ese momento por los representantes de las tres tendencias en que se divide el debate sobre el status de Puerto Rico, algunos de los allí presentes sí fuimos impactados por lo que nos pareció la mayor y más sencillas de las verdades pronunciadas durante el transcurso del simposio. La posibilidad o probabilidad de éxito de las diferentes opciones en competencia -‐la autonomía, la independencia y la anexión-‐ dependerá más en las tendencias económicas actuales a nivel de Estados Unidos y el mundo, que en las particulares preferencias que en torno a ellas pueda expresar el pueblo puertorriqueño. En otras palabras, según Knickerbocker, lo que Puerto Rico quiere o puede hacer depende de lo que el contexto económico norteamericano e internacional permite o potencie. La realidad será la encargada de dictar las opciones posibles y probables. La contínua discusión de opciones ideales y apriorísticas no tiene eficacia práctica alguna y sólo tiene un efecto paralizante sobre cualquier proceso dilucidador del futuro de Puerto Rico. Las tan ventiladas fórmulas alternativas para la
descolonización de la Isla no son opciones reales mientras se ignore la dimensión económica de su viabilidad. Incluso, me atrevo a aseverar que, al no comprender lo anterior, los movimientos históricos tradicionales, incluyendo el independentismo, y sus respectivos discursos ideológicos se están viendo crecientemente superados por el contexto actual. Ahora bien: no se debe olvidar, a riesgo de caer en un vulgar reduccionismo economicista, que lo económico es parte de una totalidad social constituida por una pluralidad de dimensiones o un conjunto de procesos que interactúan activamente, condicionándose y modificándose unos a otros continuamente dentro de una unidad superior totalizadora en donde lo económico, sólo en última instancia, resulta ser determinante. El proceso histórico no es un resultado automático e inmediato de lo económico. Al fin y al cabo, los seres humanos hacemos la historia a partir de unas circunstancias existentes. La comprensión de este hecho irreductible cobra una importancia mayor en este instante en que la historia nos ha dejado huérfanos de imperios, utopías, teorías, ideologías y morales con la capacidad y credibilidad para dictarnos lo que hay que hacer. Ningún proceso social inevitable ni ideología mesiánica alguna hablará por nosotros. La historia nos ha dado la palabra. Por eso, si efectivamente a Puerto Rico se le presenta una coyuntura histórica que posibilita el tránsito de la colonia a la independencia, ésta está determinada por un conjunto de procesos dialécticamente entrelazados. Sin embargo, la descolonización no resultará automáticamente. Su realización, naturaleza y profundidad dependen de la articulación creativa de las fuerzas sociales y políticas, más las bases discursivas filosóficas, ideológicas y programáticas necesarias para la tarea histórica por delante. De lo contrario podríamos abortar las posibilidades radicales que encierra nuestro presente y futuro, presente que ya se ha tornado obsoleto y futuro que ya es inmediato. El sentido de nuestro futuro no está en una mera prolongación de las tendencias pasadas, sino que en la superación dialéctica de éstas.
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La mitología del ELA El establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952 no alteró fundamentalmente la naturaleza colonial de las relaciones existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos bajo las leyes orgánicas Foraker (1900) y Jones (1917). Si bien es cierto que las leyes públicas 600 y 447 y la Constitución del ELA recogen, a pesar de sus serias limitaciones, una medida no despreciable de principios democráticos y autonómicos, el alcance de éstas se verá crecientemente cancelado por la Ley de Relaciones Federales. Esta, en particular su sección novena, le permite al Congreso de Estados Unidos seguir legislando unilateralmente para Puerto Rico. En última instancia, el Congreso de Estados Unidos nunca demostró una clara intención de abdicar sustancial y permanentemente su autoridad plenaria sobre la Isla. El resultado fue la continuación de un régimen de tutelaje colonial, aunque modernizado, que incluyó un entendido político en el sentido de respetar cierta autonomía sobre asuntos locales que no conflija con la Constitución y leyes federales aplicables, similar a la autoridad reconocida a los estados federados. La determinación, en cada caso, de cuáles disposiciones constitucionales y leyes federales aplican a Puerto Rico se hará siguiendo un criterio fundamentalmente pragmático, dándole prioridad a las necesidades e intereses del gobierno federal. De ahí que se ha justificado el discrimen contra los ciudadanos puertorriqueños en el caso de algunos programas federales. Asimismo, en la práctica, el Congreso ha intervenido con la Constitución y leyes de Puerto Rico, por ejemplo, al imponer la supremacía de legislación federal que permite, para fines represivos, la interceptación de comunicaciones telefónicas en la Isla a pesar de su expresa prohibición en la Constitución del Estado Libre Asociado. Otra ilustración de su poder plenario bajo la Cláusula Territorial fue su decisión de eliminar la devolución de recaudaciones, en exceso de $10.50 por galón, sobre espíritus redestilados y licores producidos en Puerto Rico.
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Los llamados pilares comunes del nuevo arreglo (moneda, ciudadanía, mercado, defensa, relaciones exteriores y libertades individuales), lo eran más en las mentes de los políticos del patio que en la realidad de los hechos, ya que si poca fue la participación que se nos reconoció menos aún fue la autoridad concedida para intervenir en dichas esferas fundamentales de la llamada asociación entre nuestros dos países. Estuvo claro, desde un inicio, que éstas serían áreas de dominio exclusivo del gobierno de Estados Unidos. Desde su incepción misma en 1898, la relación desigual entre Puerto Rico y Estados Unidos ha estado fatalmente marcada por el hecho de un acto de fuerza antidemocrático: El gobierno de Washington obtuvo a Puerto Rico como botín de guerra. Como tal, nunca fue incorporado a Estados Unidos con igualdad de derechos ni le fue reconocido efectivamente en momento alguno sus derechos soberanos como nación caribeña y latinoamericana. El gobierno de Estados Unidos ha gobernado sobre la Isla con poderes plenarios, según los términos del tratado de cesión de 1898. El pleno reconocimiento de nuestros derechos, intereses y expectativas se verán continuamente relegados frente a los intereses económicos, geopolíticos y militares de Washington. Las leyes orgánicas Foraker y Jones sirvieron tan sólo de marco jurídico para la total orientación de la economía de Puerto Rico hacia la de Estados Unidos. Junto con ello, se cultivó la mitología de que cualquier deficiencia en el orden de nuestros derechos políticos y jurídicos, individuales y colectivos, estaba razonablemente compensado por generosas concesiones en el orden económico como, entre otros, el establecimiento de un mercado libre entre la Isla y Estados Unidos, la moneda norteamericana como moneda legal de Puerto Rico, la devolución de lo recaudado por concepto de derechos de aduana y otras contribuciones. El ex-‐juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, puntualiza que este quid pro quo colonial impuesto por Washington ayudará a difundir la idea que los valores de la libertad política y los del bienestar económico son mutuamente excluyentes, es
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decir, que no es posible en nuestras particulares circunstancias históricas optar por unos sin renunciar, al menos parcial o momentáneamente, a los otros. Esta idea ha permeado, durante el presente siglo, no sólo el quehacer de las élites políticas gobernantes en Puerto Rico sino que, además, la de ciertos sectores de la estructura de poder estadounidense. Estos últimos, con frecuencia, han lanzado advertencias en contra de peticiones de mayores poderes políticos y jurídicos, entendiendo que podrían afectar negativamente el disfrute continuado de determinados beneficios económicos del presente arreglo. No es en balde que el propio Trías Monge, uno de los fundadores del llamado Estado Libre Asociado, se ha visto forzado a reconocer que “a pesar de las profusas expresiones de Estados Unidos a favor de la libre determinación, a Puerto Rico nunca se le reconoció tal derecho fuera del campo retórico”. Estados Unidos posee hoy muchos más poderes sobre Puerto Rico que los que tenía, por ejemplo, en 1952, especialmente en el orden económico. Esto se debe fundamentalmente a cinco factores interactuantes: • En primer lugar, la tendencia durante las últimas décadas del desarrollo constitucional de Estados Unidos hacia una creciente concentración de poderes en el gobierno federal, en particular como producto de lo que se ha llamado la federalización de la economía nacional; • en segundo lugar, la dinámica absorbente de nuestra participación en el mercado común estadounidense, donde existe una tendencia a que se nos trate como si fuésemos un estado para efectos de legislación reguladora de la economía nacional norteamericana y del comercio interestatal e internacional, lo que en la práctica ha tenido como resultado la gradual incorporación relativa de Puerto Rico, como región colonial no plenamente integrada, al sistema económico-‐ constitucional de Estados Unidos; • en tercer lugar, la creciente extensión a Puerto Rico de legislación federal por la vía de la interpretación cada vez más expansiva de los derechos correspondientes a la ciudadanía norteamericana;
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• en cuarto lugar, la existencia de la Sección 9 de la Ley de Relaciones Federales que ha servido de vehículo para que el Congreso legisle unilateralmente para Puerto Rico en la misma extensión que lo hace para los estados; • y, en quinto lugar, la extrema dependencia que tiene la economía puertorriqueña de un flujo de recursos externos mayormente provenientes del capital privado norteamericano y del gobierno federal, lo que fue desplazando significativa y progresivamente el foco determinante de nuestros procesos decisionales económicos hacia Estados Unidos. Sobre lo anterior, el Informe Kreps sobre la situación económica de Puerto Rico concluyó: “En general, la relación presente entre Puerto Rico y Estados Unidos ha sido alterada y afectada por numerosas decisiones tomada por el gobierno federal con relación al Estado Libre Asociado. Actuando generalmente dentro de los límites de la relación convenida, según establecida por la Ley Pública 600 en 1950, cada decisión del Congreso o de la rama ejecutiva en la aplicación de política pública o de programas ha alterado la relación. La naturaleza general de la relación presente es una de gran influencia federal en la estructura social y económica del Estado Libre Asociado.” El estudio, que fue encomendado por el Presidente James Carter en 1977, advierte, además, que ésta gran influencia federal se limita a reflejar las prioridades políticas de Washington, que en muchas ocasiones no coinciden ni con las necesidades específicas o consideraciones políticas de Puerto Rico. La economía gueto La realidad descrita por el Informe Kreps se agravó mayormente a partir de 1974 cuando la estrategia, imperante en la Isla, de crecimiento económico dependiente se sostiene, en gran medida, por un flujo cada vez mayor de fondos federales. En el periodo que comprende entre 1970 a 1977, el valor bruto de las transferencias federales a Puerto Rico aumentó en un 270 por ciento, desde $839 millones a $3,108 millones.
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El valor de los desembolsos netos del gobierno federal a la Isla se multiplicó por cuatro durante ese mismo periodo, desde $608 millones a $2,381 millones. Para 1977, dichos desembolsos netos representaron el 30 por ciento de nuestro Producto Nacional Bruto. Entretanto, el valor bruto de las transferencias federales -‐en su mayor parte destinadas a individuos-‐ se multiplicó por seis durante los años de 1970 al 1977, desde $303 millones a $1,835 millones. Para 1983, los desembolsos federales de todo tipo alcanzaron la cifra de $4,756 millones, de los cuales $2,275 millones fueron pagos a individuos. Para el presente año fiscal, se estima que los desembolsos federales sobrepasen los $6,000 millones, de los cuales aproximadamente $2,400 serán transferencias a individuos. Esto sigue representando un 30 por ciento de nuestro Producto Nacional Bruto. Fue así que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos buscaron compensar los efectos a corto plazo del empobrecimiento económico y social, y la consiguiente marginación de un sector considerable de la sociedad puertorriqueña debido a la quiebra de los pilares de la estrategia económica del ELA, particularmente el énfasis puesto en la atracción de flujos masivos de capital norteamericano y en la oferta de unos costos de producción baratos, en especial, mano de obra y energía. Ante la pérdida del atractivo de Puerto Rico para los inversionistas norteamericanos, estos prefirieron ubicarse en otros países cuyos costos de producción más bajos le garantizarían una mayor rentabilidad a su capital. Con ello el capital norteamericano respondía, a su vez, a las nuevas características globales de la economía mundial. En Puerto Rico, la tasa de desempleo se incrementó de forma dramática, mientras que la tasa de crecimiento de la economía se redujo drásticamente. La dependencia crónica en las transferencias federales a individuos se ejemplifica elocuentemente por el hecho de que al presente más de una tercera parte de la población de la Isla vive en pobreza extrema y recibe cupones bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), según información suministrada por el Departamento de Servicios Sociales.
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La economía puertorriqueña se “guetoizó”, en palabras del economista boricua Elías Gutiérrez. Es decir, pasó a ser una economía estructuralmente deprimida, subdesarrollada, con altas tasas de desempleo, excesivamente abierta y dependiente de los cambios, decisiones y necesidades del capital extranjero. El contexto económico y social de Puerto Rico se caracterizará, asimismo, por una falta total de movilización de fuerzas productivas internas, el estancamiento del sector productivo y la creciente preeminencia de los sectores improductivos de la economía (las finanzas, el comercio y los servicios), un serio deterioro de los servicios públicos y de la infraestructura del país, una distribución cada vez más desigual de las riquezas y una marginalización de una porción significativa de la población, una baja tasa de participación laboral (menor que la existente en 1952), una situación de ahorro negativo y altas tasas de consumo conspicuo, una dependencia extrema en importaciones, un mercado de exportación igualmente dependiente, y un endeudamiento público y privado de los más altos de la América Latina (sobre $32,000 millones). Sin embargo, en 1982, los ingresos sobre inversiones sacadas de la economía de Puerto Rico totalizaron $4,700 millones de dólares. Puerto Rico seguía siendo, al menos para algunos, una empresa lucrativa. Fue Jaime Benitez, el ex-‐presidente de la Universidad de Puerto Rico, quien mejor definió la naturaleza del ELA y la razón de su legitimidad durante tantos años. El ELA es “el progreso que se vive”, sentenció con su acostumbrada elocuencia. Ahora bien: fue precisamente la incapacidad del ELA y su arreglo económico-‐jurídico, a partir de 1974, para impartir movimiento progresivo al sistema de producción, distribución y satisfacción de las necesidades humanas y sociales del pueblo puertorriqueño, lo que lo ha sumido en una seria crisis estructural. Dicho arreglo, en todas sus dimensiones política, económica, social, psicológica y jurídica, se ha convertido en un obstáculo para el progreso continuado y equilibrado de la sociedad puertorriqueña. Apenas queda margen de maniobra, dentro del actual arreglo, para impulsar soluciones profundas, eficaces e integrales a nuestros problemas. Sin embargo, hay quienes siguen contraponiendo el valor de la soberanía política al del desarrollo y bienestar económico.
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La gran miopía histórica del ELA fue pensar que una tasa alta de crecimiento anual basta para crear las bases de un desarrollo estructural autónomo. Los forjadores de su modelo de crecimiento dependiente pensaron que la forma más rápida y fácil para modernizar a Puerto Rico sería insertando a la Isla en el proceso de expansión del capital norteamericano durante la posguerra, aprovechando su ubicación estratégica y su mano de obra abundante y barata. Sin embargo, la realidad se ha encargado de demostrar que el desarrollo económico no puede reducirse meramente a garantizar un incremento continuado de la producción de bienes y servicios. Hay que ir más allá de los espejismos de la lógica operacional de la productividad y la valorización monetaria capitalista. Crisis de legitimación La legitimación del Estado y de la economía moderna requiere, además y sobretodo, de la satisfacción creciente de las necesidades humanas y sociales del pueblo. Según la conceptualización de Jurgen Habermas, existe una crisis de legitimación cuando la sociedad se muestra incapaz de satisfacer demandas y expectativas sociales en competencia. En el de Puerto Rico, se evidencia, asimismo, en la desintegración social y el desarrollo de una poco ortodoxa socioeconomía segmentada y escindida, un nuevo sistema de relaciones sociales con cuatro grandes grupos, que ha trascendido las caracterizaciones clásicas de las clases sociales en la sociedad capitalista: • un sector capitalista relativamente estable integrado no sólo por los dueños, jurídicamente hablando, de los medios de producción sino que, además, por el conjunto de aquellos que representan y administran el proceso decisional y de apropiación del capital; • un sector igualmente estable de trabajadores asalariados relativamente bien pagados, con buenas condiciones de trabajo y oportunidades de ascenso; • un tercer sector secundario de trabajadores asalariados cuyos empleos, fundamentalmente en el área de servicios, se caracterizan por
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la inestabilidad, salarios bajos, unas pobres condiciones de trabajo y limitadas oportunidades de ascenso; • y, finalmente, una infraclase o masa de subproletarios estructuralmente marginados que viven de un sueldo social o subsidio público. Aquellos cuyas opciones de progreso se ven limitadas en el marco de esta socioeconomía particionada, en particular los marginados, se consumen crecientemente en la frustración, el resentimiento y la conducta social hostil. Conscientes de que no cuentan con cauces efectivos para una integración eficaz de sus intereses y expectativas, empiezan a protagonizar una serie de conflictos sociales por cauces no tradicionales que resultan difíciles de regular. En un grado significativo, la creciente y alarmante tasa de delincuencia es sintomática de la alienación e insatisfacción, de estos sectores marginados, con el orden existente y un cuestionamiento del “contrato social” vigente. Este alto grado de conflictividad social no tradicional ha sido comparada por José Luis González y Juan M. García Passalacqua, con un verdadero estado de insurgencia, de los de abajo contra los que ellos perciben son los de arriba. Y no hay otra salida al crimen, sentencian ambos, que poner fin al estado colonial, proveerles un empleo significativo a los marginados y acabar con el estado de injusticia social que impone el crimen como medida de acción de estos sectores. Sin embargo, la miseria moderna no es patrimonio exclusivo de los marginados. La alienación del capitalismo moderno se desdobla. Aún los que trabajan sufren una forma moderna de la miseria: una pobre calidad de vida, una forma de privación más sublime, si se quiere, pero no menos onerosa. Este es el conocido síndrome del capitalismo moderno: pobreza en medio de la opulencia, una producción cada vez mayor de riqueza en marcado contraste con su distribución desigual y despilfarradora, y una creciente capacidad de consumo en medio del deterioro alarmante de los servicios públicos y del medio urbano.
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La muerte de la hegemonía económica de EE. UU. Igualmente en Estados Unidos vimos durante este periodo como su economía se sumió en un proceso de continuo deterioro, evidenciando problemas estructurales, no pasajeros o estrictamente cíclicos como, por ejemplo, su capacidad y eficiencia productiva. Perdió gran parte de su ventaja competitiva en la economía mundial. La economía norteamericana murió, según algunos prominentes economistas norteamericanos como Lestor Thurow, siendo reemplazada por la economía global. La recuperación iniciada en 1983 -‐y que parece haber llegado a su fin con la debacle del mercado financiero norteamericano el pasado 19 de octubre de 1987-‐ no parece haber sido más que un repunte cíclico de la economía, sin efecto significativo alguno sobre la naturaleza estructural de la crisis de reestructuración de la economía de Estados Unidos y sufragado a base de un déficit prolongado y alarmante en el presupuesto nacional y la balanza de pagos, al igual que en endeudamiento nacional sin precedentes. En todo caso, la economía política reaganiana parece sólo haber profundizado la crisis, dejándole a Estados Unidos, como el precio a pagar por la imaginería de una prosperidad artificial, la herencia de un endeudamiento nacional de sobre un trillón de dólares, convirtiendo a dicho país en el mayor deudor del mundo. Asimismo, deja como saldo un incremento en la desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, un aumento en el índice de pobreza, una reducción en la inversión de capital fijo, una reducción en la tasa de ahorros y un incremento en la deuda privada, un déficit nunca antes visto en la balanza de pagos y otro déficit igualmente desestabilizador en el presupuesto federal, la reducción del valor y, por ende, del valor adquisitivo del dólar, y, finalmente, un incremento en los gastos públicos, mayormente para fines militares. En fin, la administración del presidente Ronald Reagan parece haber embargado el futuro económico de Estados Unidos y el estándar de vida de sectores significativos de su pueblo. Cunde el temor, sino la
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certeza, de que la economía norteamericana se halla a la deriva y que Reagan ha dejado a Estados Unidos en las puertas de una nueva recesión. Economía global y descolonización La dependencia casi exclusiva de Puerto Rico del mercado norteamericano como mercado de exportación y fuente suplidora de su demanda de capital, se ha convertido, en el presente, en un serio obstáculo limitativo de sus opciones de desarrollo. si bien es cierto que la economía de Puerto Rico creció durante el pasado año fiscal a un ritmo aproximado de 5.5 por ciento y a pesar de las expectativas generales de que para el próximo año fiscal la tasa de crecimiento será de aproximadamente un 3 por ciento, no debe cundir la complacencia ni la euforia. Este crecimiento en la tasa de crecimiento se debió mas bien a factores coyunturales (los efectos del crecimiento de la economía norteamericana, la reducción en el precio del petróleo y en las tasas de interés, la devolución del dólar y su efecto positivo sobre la industria turística y la expansión significativa en el sector de la construcción promovida por el gobierno) que en nada han alterado las tendencias estructurales negativas de la economía “gueto”. La capacidad competitiva de Puerto Rico en la nueva economía mundial no podrá recuperarse si no modifica radicalmente su estructura económica, distributiva y normativa. Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana inmersa en un contexto económico global, cuyas características y requerimientos difieren marcadamente de aquellos de la economía mundial de la posguerra hegemonizada por Estados Unidos. Como muy bien señala David Lewis en su magnífico trabajo titulado Los Estados Unidos, el Caribe y Puerto Rico: La economía política de la descolonización, entre los factores estructurales que van minando la legitimación del ELA, se destaca la incapacidad de la economía política de la colonia para funcionar eficientemente y articular soluciones efectivas e integrales a los problemas dominantes de la Isla, desde el actual arreglo político, jurídico y económico. Prueba elocuente de ello lo
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constituye las dificultades que ha tenido el gobierno del ELA con el gobierno de Estados Unidos para asumir un mayor y más audaz protagonismo con relación a sus relaciones económicas internacionales. Un problema similar padecen también muchos estados en Estados Unidos, lo que ha dado lugar a demandas a favor de una redistribución de poderes y competencias, particularmente con relación a la economía y su participación en los mercados internacionales, entre el centro federal y la periferia estatal y territorial dentro del esquema constitucional norteamericano. Sólo así, entienden estos, estarán en capacidad de aprovechar mejor las oportunidades de una economía global más favorable a sus demandas. Y es que junto con la tendencia hacia la globalización de la economía internacional, se ha dado otra aparentemente opuesta en dirección a la viabilización creciente de economías regionales o coloniales que, rompiendo el marco estrecho de la economía nacional o metropolitana, exigen seguir sus propios rumbos. Para todos fines prácticos, son progresivamente economías nacionales limitadas por la ausencia de poderes soberanos y la imposición de una telaraña de políticas, leyes y reglamentos diseñados en función de las necesidades e intereses de las economías centrales o nacionales. La interdependencia global de los mercados ha acentuado, significativamente, la diferenciación de sus componentes particulares, la necesidad de redistribuir la carga decisional y, como resultado de lo anterior, ha abierto nuevos cauces para reivindicaciones autonomistas e independentistas de nuevo tipo. En este sentido, son las propias realidades internas y externas que nos sirven de contexto actual las que están internacionalizando a Puerto Rico y poniendo en jaque el arreglo colonial existente. Ya nos lo había dicho el Comité Interagencial nombrado por el presidente Carter para evaluar la situación económica de la Isla. El problema principal de Puerto Rico es la dependencia y su vulnerabilidad excesiva frente a factores exógenos, que no le permite responder efectivamente a las realidades insulares. Le faltan poderes para articular su propia política económica que le permita asumir una mayor responsabilidad por su
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desarrollo económico y potenciar su descolonización. El Contralor General de Estados Unidos se expresó de forma similar en un informe al Congreso: Los problemas socioeconómicos de Puerto Rico están entrelazados inextricablemente con la cuestión del status jurídico-‐ político de la Isla. ¿Un proceso de mutuadeterminación? Un número creciente de miembros de la élite formuladora de política pública en Washington, DC, particularmente vinculados a la rama ejecutiva, parecen estar de acuerdo. Sin obviar la importancia geopolítica de Puerto Rico para los intereses estratégicos de Estados Unidos -‐y precisamente debido a ella-‐, estos se preocupan por el costo económico, político y diplomático del actual arreglo para el gobierno federal. Se dice, incluso, que parecen estar de acuerdo en la deseabilidad de timonear al pueblo puertorriqueño hacia su descolonización y el establecimiento de un nuevo orden jurídico, político y económico más autónomo, que garantice igualmente los intereses militares de Estados Unidos aquí, a modo y semejanza de las repúblicas asociadas de Las Micronesias y las Islas Marshall. El Informe Borg de 1974, comisionado por el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, fue claro al advertir que la única alternativa al timoneo que tenía Washington era dejar que la cuestión del status siguiese a la deriva en la ilusión de que los puertorriqueños tomarían una decisión sobre el asunto antes de que la situación se tornas crítica. El mayor exponente de la anterior tesis ha sido Juan Manuel García Passalacqua, quien ha estremecido el debate político del país con sus enérgicos, imaginativos y documentados planteamientos. Su conclusión, revestida con una genial metáfora, de que todo está decidido ya en Washington y que la República viene el 12 de octubre de 1992, ha sido el centro del debate político de estadolibristas, anexionistas e independentistas. En un país que desconoce su pasado y que se enfrenta de día a día a su presente, resulta una verdadera hazaña histórica la protagonizada por García Passalacqua al conseguir que se piense en el futuro posible o probable con una sensación de inmediatez asombrosa.
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Sin embargo, me parece que si no distinguimos entre lo empíricamente fundamentado y lo simbólicamente presentado en la tesis de García Passalacqua, podríamos adjudicarle a ésta un determinismo ridículo que ciertamente no posee. Su tesis está basada en el análisis sistemático de una serie de estudios del gobierno federal e informaciones públicas y privadas a las que ha tenido acceso, lo que le ha llevado a concluir que existe un proceso en marca de timoneo norteamericano hacia la República Asociada. Este análisis ha sido documentado ad nauseam por García Passalacqua en la prensa del país y en los diversos foros a que tiene acceso. Por otra parte, la fecha adelantada por él para la llegada de la República Asociado debe aquilatarse como lo que es: un genial recurso metafórico con una fuerza tal que bien podría convertirse en una profecía autorealizable. García Passalacqua admite que la viabilidad del llamado timoneo depende del “entrejuego de sectores, factores y actores en los Estados Unidos y Puerto Rico”. Por ejemplo, en cuanto a Puerto Rico se refiere, no se puede pasar por alto la complejidad de la estructura de poder en Washington. Mientras que entre el sector de política exterior y seguridad nacional y los llamados tanques de ideas parece favorecerse la alteración del status quo y el timoneo hacia una “independencia”, aunque parcial o, lo que quizás sea igual, una mayor autonomía sin llegar a la independencia plena, a nivel del complejo militar-‐industrial y las multinacionales parece haber una predilección por dejar las cosas como están. En cuanto al congreso, a pesar de las dificultades tradicionales para generar algún tipo de consenso sobre el caso de Puerto Rico, se anticipa que a partir de diversos estudios y recomendaciones hechas por la Oficina del Contralor General, podría articularse un endoso para un nuevo arreglo con la Isla que no sea tan económicamente oneroso para el presupuesto nacional como el actual. A nivel internacional, varios gobiernos influyentes de la región latinoamericana (por ejemplo, Venezuela, Cosa Rica, México y Cuba), no ocultan su posición favorecedora de un cambio en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos que, si bien no resulte en una independencia plena, al menos le garantice a la Isla la soberanía
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suficiente para que en un futuro, no muy lejano, pueda soberana y libremente optar por la obtención de la totalidad de sus poderes. Esto le cerraría definitivamente la puerta a la anexión de la Isla a Estados Unidos, que tanto temen dichos países, y reafirmaría nuestro carácter latinoamericano y caribeño. El destranque del tranque Ahora bien: ¿qué pito tocará el pueblo puertorriqueño en este proceso? Me parece que no debe haber lugar a dudas sobre la esencialidad de la voluntad y la praxis del pueblo puertorriqueño en la actual coyuntura. Sin embargo, tampoco debemos pasar por alto el tranque político que ha caracterizado el proceso de descolonización de Puerto Rico durante los últimos veinticinco años. El punto muerto en que estamos empantanados tiene dos causas fundamentales. Por un lado, como bien señala Juan Mari Brás, el tranque político puertorriqueño en torno al status se debe a que todos los factores y tendencias envueltas en dicho problema se han ido cancelando entre si, de suerte que ninguno logra avanzar hacia sus objetivos. El resultado neto es el estancamiento del proceso descolonizador puertorriqueño. El tranque, producto de una tribalización ideológica de los integrantes de las tres tendencias políticas tradicionales del país, “ha conducido a una parálisis que amenaza desintegrarnos como pueblo, mientras avanzan hacia niveles catastróficos los más grandes problemas del país” subraya Mari Brás en su libro La Asamblea Constituyente: el destranque del tranque político puertorriqueño. Añade que la discusión sobre el status político de Puerto Rico, despojado de su vinculación real a los problemas sociales y económicos del país, “se ha convertido en un debate entre sordos, inconsecuente y absolutamente inocuo”. Altamente esclerotizadas y burocratizadas, las estructuras político-‐ partidistas actuales no ofrecen canales participativos efectivos y creativos, razón por la cual se generaliza una tendencia a la desafiliación y la atomización de la actividad política. Y ante esta situación, las etiquetas políticas e ideológicas tradicionales se tornan crecientemente en anacrónicas.
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En busca del “destranque del tranque”, el Colegio de Abogados de Puerto Rico se tomó la iniciativa de recomendar la convocatoria, mediante la afirmación unilateral de la voluntad soberana del pueblo puertorriqueño, de una Asamblea Constituyente que estudie la deseabilidad de revisar los términos de las relaciones existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos. La propuesta parte de la premisa de que no se debe esperar a que Estados Unidos le transfiera previamente todos los poderes soberanos, al pueblo de Puerto Rico, como lo han requerido en el pasado tanto el Comité Especial de Descolonización de la ONU y el propio Colegio de Abogados. Dicha demanda en favor de una transferencia previa de poderes, si bien fue definida como un prerrequisito procesal mínimo para garantizar la libre determinación en el caso de Puerto Rico, ha sido ignorada hasta ahora por el gobierno de Estados Unidos. Lo que se plantea entonces, en la alternativa, es que Puerto Rico se tome la iniciativa descolonizadora, sin ninguna clase de consulta previa a Washington. La Asamblea Constituyente será el resultado, según la propuesta, de un consenso procesal entre las tres tendencias políticas principales, las cuales definirán un proyecto de revisión de las actuales relaciones con Estados Unidos para posteriormente entrar en un proceso de negociación con el gobierno norteamericano. No empece la encomiable sensatez de la iniciativa tomada por el Colegio de Abogados, la misma no ha sido recogida oficialmente por ninguno de los tres partidos principales representados en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Cada cual le dirige sus respectivas objeciones desde su particular prisma ideológico tribal. Lo que me hace concluir que si dicha iniciativa o cualquier otra va a tener alguna posibilidad de éxito, se precisará la socialización y democratización de ésta. Nuestra sociedad civil ha estado cooptada por unas maquinarias políticas crecientemente insensibles a sus necesidades vitales. Precisamente una de las limitaciones más serias para el desarrollo de una mayor consciencia de la necesidad de un cambio radical en nuestro país está en la existencia de una estructura político-‐partidista altamente
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jerarquizada y burocratizada que no estimula la participación racional y activa del pueblo en los procesos decisionales fundamentales. El rescate de la política de manos de los “políticos” -‐es decir, los politiqueros-‐, la activación de la sociedad civil y la expansión y radicalización de la democracia hacia el desarrollo de una democracia participativa a todos los niveles de nuestra sociedad, se erige en un imperativo para la actual coyuntura. La descolonización para una parte sustancial de nuestro pueblo (particularmente, los trabajadores), se percibe como deseable sólo en la medida en que sea instrumental para posibilitar una transformación positiva de sus condiciones sociales y económicas de vida. Nadie se llame a engaño: no habrá descolonización sin una amplia participación popular. La descolonización se medirá a base de nuestra capacidad para agrupar fuerzas. El proceso de formación histórica de la sociedad puertorriqueña ha conformado diferentes y muchas veces conflictivas paradigmas o visiones de mundo entre los diversos grupos sociales que la integran. En la medida que el debate sobre el status colonial de Puerto Rico haga abstracción de esta objetiva diversidad social, cultural, racial y paradigmática de este “país de cuatro pisos”, ello también explica, en una medida significativa, la persistente falta de consenso y sentido de urgencia que ha mostrado el pueblo puertorriqueño con relación a la descolonización de la Isla. La política de la descolonización y la política de la subsistencia, aunque interrelacionadas en la totalidad social, han caminado hasta el momento por separado sin confluir a nivel de la vida cotidiana. Cualquier intento por descolonizar al país por otro camino que no sea el de su interrelación dialéctica con los problemas de la vida cotidiana, estará abocado al más rotundo fracaso. El fin de este desfase histórico es un factor endógeno imprescindible para abrirle paso a un proceso de descolonización en las particulares circunstancias histórico-‐sociales de Puerto Rico.
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Puerto Rico se enfrenta hoy, paradójicamente, a una coyuntura de cambio donde la independencia plena o parcial se presenta no sólo como opción posible y probable sino, sobretodo, como necesidad histórica ante las nuevas características del contexto económico mundial pero, a su vez, donde no se cuenta en la Isla con el sujeto o sujetos políticos y sociales que puedan organizar, impulsar y propiciar eficazmente dicho cambio. Si la independencia tiene hoy un problema este esta en la esclerotizada y tribalizada estructura político-‐partidista actual -‐y hay que admitir, lamentablemente, que el independentismo también es parte de dicho problema-‐ que obstaculiza el desarrollo de una nueva política, unas noveles formas organizativas y un moderno discurso. Se necesita urgentemente la superación de la situación marginal que ha padecido tradicionalmente la independencia como opción en el debate político insular. Para ello se requiere la articulación de un nuevo proyecto político nacional, no dirigido exclusivamente a representar y a motivar un solo sector del país sino a recoger los intereses y aspiraciones de la totalidad de aquellas fuerzas políticas y sociales que están a favor de la descolonización y la forja de una forma de vida nueva. Esta es la cuestión central de la coyuntura presente, de cuya resolución dependen todos los demás problemas contemporáneos. San Juan de Puerto Rico, 1988
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