García Llorens, Mariel. La democracia extractiva: Estado, corporaciones y comunidades en el caso Majaz. Informe final de beca CLACSO. Lima, 2010 (manuscrito)
La democracia extractiva: Estado, corporaciones y comunidades en el caso Majaz Por: Mariel García Llorens* En el Perú de las últimas dos décadas, como parte de las reformas estructurales neoliberales iniciadas por el gobierno de Fujimori, se ha otorgado a las actividades de extracción de minerales e hidrocarburos un rol preminente en la economía nacional1. Si bien existen diferencias en la forma política de los gobiernos subsecuentes, es clara la continuidad en el plano económico. El grueso de las políticas del actual gobierno de Alan García (2006-2011) está dirigido a la atracción de grandes capitales y a generar las condiciones propicias para la inversión en el país, básicamente sin reconfigurar su posición de exportador de materias primas, de las cuales la minería es la actividad principal. El contexto mundial, cuya tendencia es hacia una mayor y creciente demanda de recursos minerales, determinó hasta mediados de 2008 el periodo más largo de crecimiento económico sostenido de la historia peruana contemporánea. Fueron seis años en los que las exportaciones crecieron hasta representar nueve veces más del total de 1990 (de 3,280 a 31,529 millones de dólares). La minería representó en promedio el 50% de ese crecimiento y actualmente, constituye incluso el 60% del total de exportaciones. La participación de la minería en el PBI no resulta tan significativa (4%), pero el proceso extractivo tiene conexiones con otros sectores (transporte, servicios) con lo cual el valor que genera en la economía es importante2. La minería a gran escala, es intensiva en capital, no así en mano de obra. Por lo tanto, el mencionado crecimiento económico no se ha traducido en una significativa reducción de la pobreza ni en la mejora de condiciones de vida de la mayoría de ciudadanos, menos aún en las vidas de aquellos que habitan en zonas aledañas a los grandes proyectos mineros. Esta actividad ha generado drásticos cambios territoriales y transformaciones en las dinámicas sociales. Dicho de otra manera, las desigualdades son más extremas alrededor de los proyectos mineros, lo cual tiene un correlato directo en el aumento de tensiones entre la población local – que mira pero no participa–, la empresa transnacional y el Estado – en su férrea defensa del actual modelo económico-.
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Comunicadora social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría en Estudios Culturales en la misma universidad. Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente inicio estudios de Doctorado en Antropología Sociocultural en la Universidad de California en Davis.
[email protected]. Agradezco a Luis Voysest por su apoyo en el trabajo de campo y en el diálogo de las ideas generadas en él. Agradezco también el apoyo de Emma Gómez de Cooperacción por permitirme participar en talleres organizados con las comunidades y a Bruno Revesz (CIPCA) por sus comentarios al texto. Finalmente, mi agradecimiento especial a todas las personas que accedieron a ser entrevistadas para la realización de esta investigación. 1 Defino al neoliberalismo como una serie de presupuestos sobre la política económica nacional que defiende el libre mercado como la mejor fórmula para el crecimiento económico, la incorporación en la globalización y para el equilibrio de las instituciones, en donde el papel del Estado se reduce a la administración del orden y los recursos. Es decir, se asume que el mercado se regula a sí mismo y que no requiere de la intervención del Estado. 2 Si bien la crisis financiera mundial afectó la economía dada la dependencia en las fluctuaciones del mercado internacional de minerales, los efectos han sido limitados comparados con los ocurridos en otros países.
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Paralelamente al crecimiento económico sostenido básicamente por la industria extractiva exportadora, se ha generado múltiples disputas locales en torno al acceso y uso de los recursos naturales y la distribución de sus beneficios. Los llamados conflictos socioambientales han pasado de ser 14 al inicio del gobierno actual (julio de 2006) a 132 (septiembre de 2009)3. Los conflictos aumentan en directa relación a los nuevos proyectos minero- energéticos en curso, y han tendido a ser cada vez más radicales y violentos en el periodo de gobierno actual, en el cual se enmarca esta investigación. Son las comunidades campesinas y nativas quienes hoy en día “se han constituido como el principal actor social o grupo de resistencia al avance de la minería y otras actividades extractivas, lideradas por la inversión transnacional” (De Echave et. al. 2009b:17)4. En efecto, la expansión de proyectos mineros nunca ocurre en “espacios vacíos” sino que su avance se da en tierras que son propiedad de otros, que le asignan a dichos territorios otros significados culturales e históricos y que desarrollan en ellos otras estrategias de vida (Bebbington 2007b). En el Perú, las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal como personas jurídicas, son propietarias de sus tierras y se organizan de manera autónoma5. El Estado, por su parte, ejerce la soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales son patrimonio de la nación6. Por lo tanto, es el Estado quien tiene, el “dominio eminente”, es decir, la potestad de decidir y regular cómo los privados aprovechan los recursos naturales que se hallan en el subsuelo, ya sea petróleo, minerales o gas natural. Para extraer recursos minerales una empresa debe solicitar una concesión al Estado. Las actividades de exploración y explotación están supeditadas a la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, la empresa debe acreditar la propiedad de la tierra (habiéndola comprado a sus anteriores dueños) o acordar con las comunidades el desarrollo de sus actividades. Es decir, actualmente no puede haber explotación sin el previo consentimiento o “licencia social” de quienes tienen derechos superficiales sobre los territorios a ser aprovechados. Es aquí que se inician las tensiones y entrampamientos: en varias ocasiones, las comunidades se oponen a dicha explotación. El caso Majaz representa uno de los escenarios emblemáticos de esta coyuntura en el Perú, en la que, como en otras partes del mundo, existen dos redes en pugna por el uso de los recursos (Bebbington 2007c). La primera – y dominante– está formada por mineros (corporación ZijinMonterrico Metals y el proyecto Río Blanco, conocido también como Majaz), inversionistas, bolsas de valores internacionales, el Poder Ejecutivo y sus ministerios, gran parte de la prensa, entre otros. La segunda red agrupa a dos comunidades (Segunda y Cajas y Yanta) y a tres gobiernos locales (Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa en la región Piura) como principales afectados, Frentes de Defensa, rondas campesinas, organizaciones comunales, ambientalistas, ONG locales e internacionales y sectores de la iglesia católica, entre otros. En 3
Entiendo como conflicto socioambiental un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades en torno al control, uso y/o acceso al territorio y sus recursos naturales son contradictorios y ello puede derivar en el desencadenamiento de la violencia. Fuente: Defensoría del Pueblo. 4 En algunos casos las comunidades pueden estar a favor de la minería, como en el caso La Oroya y la empresa Doe Run. Ver: http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,103140/Itemid,/ 5 Artículos 88° y 89° de la Constitución Política del Perú. 6 Artículo 66° de la Constitución y Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
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ambas redes, las conexiones trascienden las fronteras de lo local y lo nacional; la disputa se libra, entonces, en diferentes espacios y niveles. El objetivo del estudio consiste en analizar, a partir de este caso, un tipo de tensión política cada vez más frecuente en el Perú: la generada en torno al uso del territorio y los recursos naturales; indagar sobre los proyectos societales enfrentados en Estados donde aparentemente la política se subordina a los intereses empresariales. Considero que este caso puede servir para ilustrar dicha problemática porque a diferencia de otras partes del país de larga tradición minera, se trata de un espacio geográfico regional en el que no existe todavía explotación a gran escala, aunque sí grandes extensiones de terreno concesionadas a diferentes empresas para dichos fines. En términos generales, lo que está en juego es la entrada de la minería a la región Piura. Para quienes se oponen al proyecto Río Blanco, el rechazo es total; no se trata de un conflicto redistributivo en el que se negocia la mejor manera de entrada de la mina. Sin embargo, el Estado apuesta por el impulso de dicha actividad. Es decir, se trata de posiciones antagónicas difícilmente negociables, en las que no solo se enfrentan sectores mayoritarios de la población local al Estado sino también se fractura el aparato estatal: son los gobiernos municipales quienes lideran la lucha. Es así que este caso permite observar claramente la competencia entre – cuando menos– dos proyectos (de desarrollo) geográficos diferentes sobre un mismo territorio (Bebbington, 2007b: 24). Dicho de otra manera, el caso Majaz sirve de ejemplo para entender el carácter político y conflictivo de la gestión ambiental, que a la vez hace evidentes los límites y contradicciones de la democracia neoliberal actual. Se trata de una reflexión sobre el poder. Son dos los aportes específicos de este ensayo. En primer lugar, este análisis profundiza el discurso y actuación del Estado y sus relaciones con el resto de actores enfrentados por la definición de la propiedad y uso de los territorios, en suma, por la elección de un tipo de desarrollo. En segundo lugar, incorpora la perspectiva del análisis crítico del discurso a fin de dar nuevos elementos para pensar la democracia, sus límites y contradicciones desde el campo de lo simbólico. Dada la centralidad que hoy en día tiene la industria extractiva en la economía peruana, las relaciones que se generan entre el Estado y el resto de actores involucrados, permiten analizar el estado de la democracia actual: qué intereses priman, qué discursos cobran vigencia, el lugar que ocupan unos y otros y cómo ello se traduce en acciones concretas en la política. La presente investigación está dividida en dos partes. En la primera, ubico el caso estudiado en el contexto más amplio de las reformas estructurales neoliberales llevadas a cabo en el país; describo los hitos principales del conflicto y las actuaciones desplegadas en él por el Estado en sus diferentes niveles y su relación con otros actores, hasta llegar al gobierno actual. En la segunda parte, realizo un análisis teórico a partir de dos categorías que considero sirven para representar las partes enfrentadas: la clase capitalista transnacional y los internamente excluidos (Sklair 2003; Ubilluz 2009). El ensayo termina con un análisis sobre las relaciones de poder presentes en Majaz y una reflexión general sobre la democracia y los límites de la nación en el contexto peruano en tiempos de globalización.
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Una mirada temporal al caso Majaz y los hitos en el conflicto La gestación de esta disputa se remonta a inicios de los años 2000, cuando la empresa minera “junior” Monterrico Metals de origen británico, a través de su subsidiaria Rio Blanco Copper Limited, empieza trabajos de exploración en la sierra de la región Piura, cerca a la frontera con Ecuador. Piura se encuentra a 1034 km de Lima, ciudad capital del Perú y el principal centro político y económico del país. La zona en conflicto se ubica a su vez a más de 200 km de la ciudad de Piura, capital de la región (ver mapa 1). Mapa 1. Ubicación del caso Majaz.
Elaboración: Bruno Monteferri.
Se trata de una zona de páramos que forman lagunas que a su vez generan dos cuencas hidrográficas que abastecen de agua a valles agrícolas y ciudades de Piura así como de la región vecina de Cajamarca. Las actividades de la población son la agricultura, la ganadería y el turismo esotérico, ya que estas lagunas (Las Huaringas) son consideradas sagradas por los curanderos (shamanes) del norte. La población local tiene la preocupación de que la entrada de la actividad minera afecte el abastecimiento tanto de agua como de alimentos en los próximos años y se perjudique su economía y medios de vida.
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Los derechos mineros adquiridos se encontraban superpuestos a tierras de dos comunidades, Yanta y Segunda y Cajas, las cuales tienen la mayor parte de sus territorios dentro de la jurisdicción de dos provincias distintas. Yanta forma parte del distrito de Pacaipampa, en la provincia de Ayabaca. Segunda y Cajas forma parte del distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba. Las comunidades, tienen derechos legales sobre sus tierras y la empresa requería comprar estas tierras o conseguir la licencia social para su explotación. Las áreas concesionadas se encuentran en zona fronteriza. La legislación peruana no permite propiedad extranjera dentro de los 50 kilómetros de frontera nacional, salvo que la inversión privada de capitales extranjeros sea considerada de “interés nacional”7. Es por ello que en el 2003, el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo declaró de “necesidad pública” este proyecto de inversión privada, dado que “mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento de bienestar colectivo de la zona de incidencia de las actividades mineras” (Decreto Supremo N°023-2003-EM). En ese momento, se trataba de ocho derechos mineros que cubrían un total de 6,472 hectáreas y la empresa no había acreditado tener la licencia social de las comunidades8. El antagonismo entre las diferentes posiciones asumidas por el Estado (Ejecutivo y gobiernos locales), la empresa minera y las comunidades no tardó en hacerse evidente y continúa hasta hoy. Han transcurridos ya siete años con diferentes ciclos de conflictividad, en los que la resistencia ha tomado diversas formas y ha involucrado a gran número de actores locales, nacionales e internacionales. Han ocurrido desde enfrentamientos físicos en el espacio local hasta millonarias demandas en cortes internacionales. Los actores se han valido de recursos económicos, coercitivos, comunicacionales y legales en este proceso. Se viene librando una disputa en el campo de lo simbólico, en la definición de la interpretación de la realidad, que primará en este caso. Para entender el momento actual del caso analizado y las articulaciones de los diferentes actores y posiciones enfrentadas, es necesario presentar algunos elementos de la política que entran en juego así como los hitos más importantes del conflicto. Las reformas estructurales neoliberales y las “buenas prácticas” que las acompañan
Al inicio de la década de 1990, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori se instauró una nueva Constitución (1993), vigente hasta hoy, la cual permitió llevar a cabo un paquete de reformas estructurales neoliberales orientadas a impulsar el crecimiento económico, en medio de la mayor crisis económica e hiperinflación vividas en el país. En ellas, se dio una significativa promoción de la inversión privada en el país y en particular, de las actividades extractivas. El paquete económico estuvo acompañado de mayores garantías a la propiedad privada, el fortalecimiento de la legislación ambiental y de nuevos mecanismos de participación
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Artículo 71° de la Constitución Política del Perú. La empresa había presentado un permiso de las comunidades carente de valor por haber sido otorgado sin cumplir con los procesos de la toma de decisiones comunales y de las mayorías requeridas. 8
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ciudadana9. Con el impulso a la participación y la preparación del proceso de descentralización política se buscaba asegurar la gobernabilidad y un clima políticamente estable para la llegada de inversiones privadas transnacionales. Dicho de otra manera, estas reformas eran parte de las “buenas prácticas” impulsadas por las agencias multilaterales globales para complementar el programa económico del llamado Consenso de Washington10. Las nuevas reglas de juego, que configurarán el momento actual, pusieron entonces en el centro a la promoción de la gran inversión, sin descuidar la protección de la propiedad privada, el cuidado del medio ambiente y complementando el funcionamiento de un Estado mínimo con la participación y vigilancia ciudadanas. Pero las reformas aquí iniciadas tardaron en organizarse, asentarse, y en ser apropiadas culturalmente. Así, la inversión avanzó sin mayores contratiempos antes de que se iniciasen los choques entre unos y otros actores y se hicieran evidentes en la práctica los límites de este modelo. Trade-offs del desarrollo: ampliación de la participación ciudadana y de la oposición a la minería
Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) continuó la profundización de las reformas neoliberales. A la par, dio un gran impulso a la democracia participativa y al proceso de descentralización política, los cuales eran temas fundamentales de la agenda global de los organismos internacionales y de la labor de las ONG locales. El discurso imperante consistía en un crecimiento económico acompañado de una democracia en la que se ampliaba la participación de la sociedad civil organizada junto con los gobiernos locales en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus localidades. Había que empoderar a los actores locales y hacerlos partícipes de su desarrollo. Se dio un gran énfasis en la planificación y la elaboración de planes estratégicos de desarrollo local a nivel de todos los gobiernos subnacionales. La mayoría de conflictos durante este gobierno tuvieron que ver justamente con la implementación de las reformas participativas en el ámbito local: en buena medida consistían en la oposición de parte de la población a la gestión de sus alcaldes, al uso del presupuesto participativo, etc. En relación a conflictos relacionados a privatizaciones de servicios públicos o proyectos mineros, su postura fue flexible; en algunos casos, el gobierno se inclinaba por favorecer la postura proinversión y en otros cedió frente a las demandas formuladas por la población respecto a lo que ocurría en sus espacios locales. Se empezaba entonces a mostrar la dificultad y creciente contradicción de un impulso paralelo desde el gobierno al crecimiento económico, a través de proyectos de gran envergadura decididos a nivel central, y a la participación ciudadana en las decisiones en escala subnacional. Para elites e inversionistas transnacionales, el que en algunos casos Toledo cediera ante la presión popular en detrimento del apoyo a la inversión privada, fue visto como un rasgo de debilidad en el mando y calificado de un retroceso en la modernización del país. Uno de estos casos, marcará la historia siguiente de Majaz.
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En 1992 ocurre la Cumbre de Rio de Janeiro (ONU) y el discurso ambientalista empezó a ser incorporado con mucho mayor énfasis en las políticas públicas. 10 Conversación personal con María Isabel Remy.
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El caso de Tambogrande fue el primer intento de una empresa transnacional (Manhattan Minerals Corporation) de realizar un proyecto minero en la región Piura. El territorio en disputa estaba habitado, lo cual implicaba el desplazamiento de todo un pueblo, que además llevaba a cabo una agricultura de exportación exitosa, apoyada durante varios años por inversiones del Banco Mundial en el manejo de agua (Bebbington 2007c: 62-63). El conflicto tuvo enfrentamientos violentos, luego un gran apoyo mediático y de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales. En pleno auge de apoyo estatal a la participación local, la estrategia de esta red de defensa fue la realización de un referéndum en la zona para saber si su población estaba de acuerdo o no con el ingreso de la minera. El “No” a la minería fue contundente (93%). Al respecto es importante mencionar que la Ley de participación y control ciudadanos (Ley N° 26300) señala que es competencia de los organismos electorales (JNE y ONPE) la convocatoria a referéndum. La opción de la consulta popular se menciona, pero no aparece detallado su procedimiento. El mecanismo también estaba contemplado en la Constitución y en la Ley de Bases de la Descentralización pero no había sido reglamentado. Es decir, caía en una “zona gris” sujeta a diferentes interpretaciones. Es así que fue “reapropiado por sectores descontentos como recurso colectivo que reta a las elites y la institucionalidad oficial” (Remy 2008: 98). Por tanto, si bien la consulta no era legal, adquirió legitimidad política por el gran apoyo recibido tanto por la población local, cuya inmensa mayoría se pronunció por el “No” a la minería, las redes de aliados nacionales e internacionales y ciertos medios de comunicación. Sus resultados fueron respetados por el gobierno y por la empresa, la que en el 2003, finalmente se retiró11. La posibilidad de que una red antiminera (formada por sectores mayoritarios de las comunidades afectadas, ONG, sectores de la iglesia católica, aliados nacionales e internacionales) se impusiera sobre el interés empresarial y del gobierno es quizás lo más distintivo del caso peruano, si lo comparamos con otros casos en el mundo. En el Perú, los opuestos a la minería tienen la capacidad para articular intereses y organizar coaliciones que, en ocasiones son capaces de vencer a las poderosas coaliciones prominería. Entonces, lo peculiar no es que los promineros sean poderosos; lo son en todas partes. Lo peculiar es que los antimineros también lo son. Y que a veces ganan12. Así, este novedoso y aparentemente exitoso modelo de consulta local fue luego replicado en otras partes del mundo con similares problemas (Bebbington 2007b, Martínez Alier 2009). Sin embargo, los grupos económicos y medios de comunicación dominantes reclamaron al jefe de Estado poner “mano firme” en el respeto al “principio de autoridad” y al “estado de derecho”. En este complejo contexto se inicia el caso Majaz. La inadecuada estrategia comunitaria de la empresa Monterrico Metals generó desde un principio el rechazo de su presencia en territorios comunales. En dos ocasiones – 2004 y 2005 respectivamente– hubo marchas hacia el campamento minero que terminaron en enfrentamientos entre comuneros, agentes de seguridad de la empresa y la policía nacional con saldos mortales. En el segundo enfrentamiento, 32 11
Es importante señalar que si bien se consideró un éxito en la lucha frente al capital transnacional, trajo también como consecuencia indirecta otro problema complejo y de difícil regulación: la minería informal. 12 Conversación personal con Raúl Hernández Asensio.
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personas fueron secuestradas – sin procedimiento legal de por medio – por tres días en el campamento minero y sufrieron torturas por parte de las fuerzas del orden y la empresa de seguridad (Forza). Ello fue denunciado en su momento y negado por el gobierno, aunque como veremos más adelante, recientemente ha sido confirmado. Al respecto, dos de los entrevistados comentan lo siguiente: “el gobierno públicamente anuncia que no hubo torturas, [...] que los policías no torturan, sin embargo, hay una serie de ataques por parte del tema de opinión pública, dirigidos a todas las personas que participaron [...] o eran chilenos, o están en contra de la propiedad privada o son terroristas o narcotraficantes, entonces empezó un ataque mediático tan fuerte [que mostró que] hay una coalición entre la empresa minera, el gobierno y algunos medios de comunicación…”(periodista presente en la marcha; énfasis propio) “Una cosa que todavía no se termina de dar explicaciones a la gente es quién pagaba a esos efectivos policiales, ¿no? Si esos efectivos policiales son principalmente para dar seguridad a la ciudadanía o para dar seguridad a empresas privadas […]” (Rodolfo Aquino, Radio Cutivalú)
Este episodio da cuenta de cómo, a pesar del discurso participacionista y descentralista del gobierno de turno, el Estado tuvo un manejo poco dialogante en determinadas protestas, específicamente con aquellas que se oponían a la inversión privada. De igual forma, se hizo muy evidente para los campesinos la posición de defensa de la empresa y de los capitales extranjeros que asumió el Estado frente a la propia población. El gobierno les ofreció diálogo, pero envió en su lugar a las fuerzas policiales especiales, aquellas preparadas para la lucha antiterrorista, a proteger la propiedad privada13. Inclusive, la empresa inició procesos legales a más de treinta manifestantes por ser autores intelectuales de los disturbios en el campamento y por el delito de secuestro a trabajadores de la mina. En el plano mediático, a lo largo del año continuaron los ataques por parte del gobierno y por parte de la empresa y otros sectores de la sociedad a todo el que se oponía a este proyecto minero. El presidente Toledo resaltó el aporte de la inversión minera en la reducción de la pobreza y declaró “a mis amigos ronderos les digo que el diálogo está abierto, pero no impidan el desarrollo de los pueblos pobres”14. Minería era para el mandatario sinónimo de desarrollo. Desde algunos de los principales medios de comunicación nacionales se realizó la denuncia de una supuesta “Red del terror y narcotráfico” acusando a representantes de la iglesia, municipalidades, comuneros y ronderos de formar parte de ella y de planificar el ataque a las instalaciones15. Como consecuencia, el Poder Judicial inició investigaciones a miembros de la Iglesia y a las autoridades locales. Todos estos acontecimientos marcarán el desarrollo del conflicto y el cierre de posiciones a favor o en contra de la minería. Retomando el título de esta sección, el trade-off de la ampliación de la participación como política de desarrollo que contribuya a la gobernabilidad (y al clima propicio para las 13
En el comunicado del MEM se menciona que los comuneros han iniciado una marcha “con el objeto manifiesto de expulsar a la empresa Majaz” que se trata de un “grupo de ciudadanos que ha decidido rechazar el diálogo y ha optado por la amenaza e inminente daño a trabajadores y bienes de propiedad privada” y se hace un llamado a la “cordura y reflexión” (Correo, 28 de julio 2005). 14 El Tiempo 2005 (Piura) 20 de agosto y Correo 2005 (Piura) 20 de agosto. 15 El Comercio 2005 (Lima) 7 de agosto; programa “Panorama” (Panamericana Televisión), octubre de 2005.
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inversiones), fue justamente una mayor – o más visible – oposición al modelo. Ahora los campesinos y gobiernos locales, entre otros, contaban con mecanismos para expresar su descontento. Este exceso de violencia dio cuenta también de que el discurso participacionista e inclusivo se presentaba como diverso en tanto no se cuestionase su base capitalista. Una diversidad de color pero no de fondo. Cambio de gobierno y de estrategia en el conflicto: la consulta vecinal y el perro del hortelano
Alan García del partido Aprista, y actual Presidente, resultó ganador de la contienda electoral de 2006, en segunda vuelta. En estas elecciones el mapa político mostró patrones geográficos de votación claramente diferenciados. Lima, ciudad capital, y la costa votaron por el candidato aprista (“El cambio responsable”). El resto del país, que aglutina a la sierra y la selva y a los sectores sociales pobres, rurales y en muchos casos mal atendidos por el Estado en los últimos tiempos –a pesar de la creación de programas sociales ad hoc –, eligió a Ollanta Humala, del partido Nacionalista y su “Futuro para todos”; opción que fue calificada de radical y antisistema por la prensa dominante (García Llorens 2006)16. Era también la segunda vez que Alan García asumía la Presidencia. En su primer mandato (1985-1990), gobernó en una alianza tácita con los grupos empresariales familiares más importantes, como el Grupo Romero. Su gobierno acabó en la peor crisis e hiperinflación de las últimas décadas debido a la estatización de la banca que él promovió en dicha época. Parte de su discurso como candidato en el 2006 fue el no volver a cometer los errores del pasado17. En vistas de que el candidato opositor era percibido como una amenaza al orden dominante en tanto parecía aglutinar las demandas de los diversos sectores postergados, García llegó al poder gracias al apoyo de grupos empresariales y de las elites, entre ellos, el Grupo Romero, el más poderoso grupo nacional, que financió parte de su campaña18. García recibió el país en un momento en el que la profundización de las reformas neoliberales, a la par de las reformas participativas y la ampliación de derechos en la población, generaba múltiples tensiones. Dicho de otro modo: se empezaban a hacer visibles los límites de un crecimiento económico acompañado por una profundización de la democracia. Ello se expresaba tanto en la división del voto, como en los crecientes conflictos a lo largo del territorio en torno a proyectos minero energéticos en exploración y explotación; en buena cuenta, en desacuerdo sobre el uso del territorio y sobre modelos de desarrollo. El Presidente buscaba dar claras señales al empresariado de su apoyo a la economía de mercado vigente y atender la creciente conflictividad social. Durante el primer año de gobierno, en el que 16
Este candidato fue considerado una amenaza a la democracia, debido a su discurso reivindicativo y que proponía cambios en el modelo económico. Dado su origen militar, afloró en los grupos de poder el miedo a las expropiaciones a la propiedad privada que ocurrieron durante la dictadura militar en los años setenta. 17 En palabras de García “Somos un partido que ha aprendido de sus errores, […]. Con la experiencia de todos esos dolores y horrores en la espalda yo les digo que no les fallaré.” (Mitin de campaña, 1 de junio 2006). 18
Poder 360° (Lima) 17 de mayo en < http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=1852> acceso 26 de octubre de 2009
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el respaldo político estuvo más cohesionado, la estrategia fue dar un gran peso al análisis, prevención y negociación de conflictos. Este encargo le fue dado al entonces Primer Ministro, Jorge del Castillo. Como señala Víctor Caballero, ex director de la unidad de prevención y resolución de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros “[Existía] un clima de descontento muy grande que había generado cantidad de movilizaciones en Cusco, en Puno, en Piura, en Pucallpa, en la selva, que le hacía peligrar lo que para el gobierno era lo más importante. Esto había puesto en peligro digamos la gobernabilidad, entendida como un clima de paz social y también afectaba las posibles inversiones que el gobierno intentaba captar.”
Dado que la gobernabilidad era entendida como la paz social necesaria para las inversiones, la estrategia consistió en la realización de mesas de diálogo ad hoc en las diferentes tensiones por el uso de recursos y territorios. Ello funcionó en algunos casos, sin embargo, no en Majaz. La consulta vecinal y el rotundo NO a la minería
Cuando García era candidato tuvo opiniones diametralmente diferentes sobre este conflicto en sus dos visitas de campaña a la región Piura. En un mitin llevado a cabo en Ayabaca, García mencionó: “la voluntad democrática de la población debe primar, decidir cuál será el destino de su tierra, agrícola o minera. [...] No permitiré que ninguna mina se enseñoree ni domine al pueblo de Ayabaca” (Correo, 3 de febrero 2006). Sin embargo, como el mismo diario reseña, tres meses después y ad portas de la segunda vuelta electoral, el discurso del entonces candidato había cambiado completamente al declarar que: “hay proyectos mineros que sí pueden hacerse, como Río Blanco” (Correo, 31 de mayo 2006). Frente a estas señales contradictorias por parte del gobierno, y luego de los hechos violentos de la marcha de 2005, así como de la constante movilización, lo que se había iniciado como dos comunidades protestando en un espacio alejado de la serranía norteña peruana, se había ya constituido en un movimiento social liderado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), liderado por el alcalde de San Ignacio, de la región vecina de Cajamarca, la cual también se vería afectada por la minería. Integraban este frente los alcaldes, comunidades campesinas y rondas campesinas. Las ONG de la Red Muqui de apoyo al caso Tambogrande, se constituyeron en el comité técnico de este movimiento. Ahora el Estado tenía que negociar con un movimiento social que contaba con apoyo local, nacional y global, a través de redes ambientalistas, indigenistas y de derechos humanos. En el plano internacional, la organización inglesa Peru Support Group envió una misión para indagar sobre lo que estaba ocurriendo en Perú, dado que la única propietaria de la mina hasta ese momento era Monterrico Metals, de origen británico. La delegación viajó con el consentimiento de la empresa y en marzo de 2007 presentó su informe en el parlamento británico, el cual luego fue publicado y difundido en Lima y en Piura19. Algunas de sus conclusiones más críticas respecto al papel del Estado fueron:
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En Londres, manifestantes de diversas nacionalidades protestaron contra el proyecto minero el 3 de abril frente a la sede de la empresa al mes de la presentación del Informe. Fuente: Defensoría del Pueblo.
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“la situación es la siguiente: el Ministerio [de Energía y Minas] responde a las demandas y preocupaciones de la empresa, no a las de las poblaciones locales; el Ministerio respeta los derechos de concesión de la empresa, pero no los derechos de superficie de las comunidades; el Ministerio responde al plan del proyecto de la compañía y no a los planes de desarrollo de los gobiernos locales; el Ministerio ignora las quejas presentadas por las comunidades, pero decide reconocer los derechos de superficie de la empresa; el Poder Judicial inició acciones legales contra miembros de la población local por protestar y producir daños a la propiedad (hallando a algunos culpables y suspendiéndoles la sentencia), pero no halló culpable alguno por la muerte de dos campesinos; la policía ha defendido el campo de exploración contra la población; y el Ministerio, para todos los fines y propósitos, desestima los hallazgos de la Defensoría del Pueblo, de la que podría decirse que es el actor más neutral de todo este conflicto.” (Bebbington 2007: 68)
La Defensoría del Pueblo también preparó un informe que daba cuenta de irregularidades en la actuación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la evaluación ambiental del proyecto Río Blanco y demostraba la ilegalidad de la permanencia de la mina en territorio comunal. El plazo para realizar actividades de exploración había vencido en el 2006. El MEM, sin mayores reparos y sin tomar en cuenta ningún informe, suscribió un Convenio de Estabilidad Jurídica con la empresa minera20. El Estado se comprometía a no variar (ni aumentar) el impuesto a la renta ni tampoco los regímenes de contratación de trabajadores por los siguientes diez años. Esta fórmula legal no eximía a la minera de culminar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y demás requisitos para iniciar la explotación pero fue una clara señal del respaldo político del Estado a este proyecto. La situación, por ende, devenía cada vez más compleja para los gobiernos locales y comunidades opuestas a la minería. La empresa continuaba en tierras comunales e incluso había construido una escuela a fin de ganar su confianza y los procesos judiciales a campesinos seguían su curso. Se hacía evidente además que las marchas no lograban tener mayor efecto. El FDSFNP decidió, entonces, seguir la estrategia aplicada en Tambogrande y realizar una consulta vecinal respecto a la entrada de la minería en los tres distritos afectados. Es decir, los gobiernos locales se apropiaron del discurso participacionista impulsado por las agencias de desarrollo y plantearon que “nuestros vecinos den a conocer, de manera transparente y democrática, su opinión respecto de la realización de la actividad minera en nuestras localidades”21. A lo largo del año se realizaron los preparativos para dicho fin: se dieron ordenanzas municipales que creaban el mecanismo consultivo en las municipalidades convocantes, se solicitó al organismo electoral nacional (ONPE) los padrones electorales, entre otros. Se programó la realización de la consulta para el mes de setiembre. El Ejecutivo desplegó sus diversos aparatos estatales para intentar frenar dicha consulta. El Presidente subrayó que “los territorios ricos en recursos mineros no son propiedad de unas cuantas comunidades campesinas, sino de los 28 millones de peruanos”. Acusó de “agitadores 20
La respuesta del entonces ministro, Juan Valdivieso, a Peru Support Group fue que su institución no tomaría en cuenta informes realizados por instituciones privadas. Correo 2007 (Piura) 19 de mayo. El convenio de Estabilidad Jurídica fue aprobado por Resolución Ministerial N° 361-2007-MEM-DM, publicada el 4 de agosto 2007. 21 Comunicado de las Municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa. El Tiempo 2007 (Piura) 16 de agosto.
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comunistas” a quienes apoyaban la realización de la consulta: “los que antes eran rojos ahora se han convertido en verdes”22. El MEM aclaró también que las municipalidades no podían invadir competencias “pretendiendo decidir sobre aspectos que atañen a la soberanía que el Estado tiene sobre el manejo de los recursos naturales.”23 El MEM incluso llegó a asegurar que detrás de la consulta existían intereses económicos externos y que las ONG ambientalistas “buscan enfrentar a la población con el gobierno, además de postergar el desarrollo del país”24. Incluso preparó un spot radial en contra de dicho evento, el cual fue difundido en radios locales25. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que dicha consulta no solo no tendría validez sino que era ilegal realizarla, porque de acuerdo a la ley, las municipalidades no tenían las facultades para ello. Por lo tanto, procedió a enjuiciar a los alcaldes promotores26. En el ámbito de la región Piura, el presidente regional, quien es compañero de partido del Presidente de la República, estuvo de acuerdo en la ilegalidad de la consulta vecinal, pero a la vez, propuso que se hiciera una a nivel de toda la región al año siguiente: “van a hacer una consulta solamente en una provincia cuando la minería va a traer adelanto, progreso, inversiones y que va a propiciar el desarrollo integral de toda la región” (Correo, 11 de agosto 2007). A ello respondió uno de los dirigentes ronderiles que “la explotación no será en Piura ni en Sullana sino en nuestro territorio. Si el JNE faculta una consulta regional entonces también tendrán que valer nuestra consulta porque por qué va a valer más la regional que la nuestra que somos del pueblo donde está el agua y donde nos va a afectar” (El Tiempo, 4 de setiembre 2007). Mientras el Ejecutivo y los organismos electorales cerraron filas y obstaculizaron el desarrollo de la consulta, alcaldes de la región y asociaciones municipales así como otras comunidades además de miembros del Congreso y otras redes de organizaciones, manifestaron su apoyo a dicho proceso en la prensa nacional y regional27. En el nivel local, la campaña a favor y en contra de la consulta se libraba a través de las radios. La mayoría apoyaba la realización de la consulta, sin embargo, una en particular, acusada de ser comprada por la mina (radio Centinela), se dedicaba a difamar y atacar a quienes la promovían. El panorama se encontraba dividido a grandes rasgos, entre por un lado el aparato ejecutivo del Estado y la empresa, y por el otro, el nivel local del propio Estado, instituciones de la sociedad civil y organizaciones sociales locales y la gran mayoría – aunque no toda- la población.
22
El Comercio 2007 (Lima) 6 de setiembre. Comunicado del MEM. Correo 2007 (Piura) 21 de agosto. 24 El Tiempo 2007 (Piura) 4 de setiembre. 25 El spot empezaba así: “Ciudadano, comprende, las municipalidades no están facultadas para convocar consultas dignas de ser tomadas en cuenta, según ya lo ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. (…)Ten presente que (…) la Defensoría del Pueblo ya la calificó de improcedente. Pues nadie puede vetar a un reglón de nuestra economía, como es el de la minería. ¡Reflexiona ciudadano! La democracia no permite que tres pequeños distritos pretendan decidir en nombre de cerca de dos millones de habitantes que constituyen la región.” Sin embargo, la Defensoría había declarado que se trataba de un mecanismo no vinculante pero válido. (Fuente: Radio Cutivalú; énfasis propio) 26 El Tiempo 2007 (Piura) 2 de setiembre. 27 Entre agosto y setiembre de 2007, se publicaron en diarios locales 12 pronunciamientos. En contra de la realización de la consulta estuvieron el MEM, el JNE, la empresa minera y el nuevo frente prominería y a favor, redes y mancomunidades de municipalidades, grupos de la sociedad civil, frentes e instituciones sociales. 23
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En este contexto polarizado se llevó a cabo la consulta vecinal el 16 de setiembre, en los gobiernos locales de los distritos de Pacaipampa, Carmen de la Frontera y Ayabaca 28. La pregunta de la consulta era la siguiente: “¿Está de acuerdo con que se realice actividad minera en su distrito?” La participación en la consulta en los tres distritos superó el 50% de inscritos en los padrones electorales (en Pacaipampa participó el 71.5%, en Carmen de la Frontera el 59.3%). El resultado de la consulta fue un contundente NO a la minería (93%), y por lo tanto, fue mayoritario el rechazo al ingreso del proyecto Río Blanco. Este fue el momento en el que el conflicto tuvo mayor visibilidad en los medios de comunicación nacionales, a pesar de ser un conflicto que se remonta a inicios de la década del 2000. El resultado de la consulta generó polémica e hizo evidente el conflicto entre las diferentes concepciones sobre medio ambiente, territorio y desarrollo de los involucrados. En la mayoría de medios de comunicación la consulta fue presentada como un acto violento y disruptivo del orden democrático y sus promotores fueron acusados de manipular a la población, a pesar de haberse llevado a cabo de manera pacífica y organizada. A la vez, en la región Piura, en diferentes ciudades, una ONG (y no un gobierno local) promovió una consulta paralela, en la que la mayor parte de la población se pronunció a favor de la minería29. Como señaló uno de los entrevistados, el éxito o fracaso del proceso “era un asunto de interpretación dependiendo de quién esté interpretando” (Rodolfo Aquino, Radio Cutivalú; énfasis propio). La legitimidad de la consulta no la otorgaba su legalidad o falta de ella, sino el respaldo político que pudiera generarse en torno a ella. Por tanto, a diferencia de Tambogrande, los resultados de la consulta no significaron una solución definitiva al problema, sino que por el contrario, hicieron más evidente la distancia entre las posiciones de las redes enfrentadas. Mostraron la capacidad de organización y la fuerza de la red antiminera y sus conexiones desde lo local hacia lo global. Mostraron también, en sucesivas acciones políticas, la prevalencia de una posición del gobierno alineada con los grandes capitales – a pesar de algunas instancias como la Defensoría del Pueblo, y determinados congresistas y funcionarios que manifestaron posiciones más dialogantes–, así como la desconexión entre Estado y población, entre representantes y representados. Tres últimos puntos a comentar aquí: lo que paralelamente ocurre en la empresa minera, las mesas de diálogo – sin diálogo –promovidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el proyecto de ley que envía el Ejecutivo para declarar de interés nacional 20 proyectos mineros, entre los cuales se encontraba Río Blanco. En medio de todo este movimiento, a un mes de la consulta, la empresa junior Monterrico Metals vendió en la bolsa en Londres la mayoría de sus acciones a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development (en adelante Zijin) 30. Esta se hizo acreedora del proyecto minero Río Blanco sin estar al tanto de los pasivos sociales generados por “la suma de errores que había cometido una empresa, o sea que llega a hacer dinero. Todo el mundo sabía 28
Para ver más sobre la consulta ir a: http://www.consultavecinal.com Correo 2007 (Piura) 17 de setiembre. 30 La compañía china Zijin compró más del 50% de acciones de Monterrico Metals, convirtiéndose en dueña de minera Majaz y del proyecto Río Blanco. 29
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que [Monterrico Metals] era una empresa, les llaman juniors, algunos le llaman pirata. […] Es decir que hacen una pequeña inversión y descubren el yacimiento de su vida, y lo venden” (Víctor Caballero, ex responsable de la unidad de prevención y negociación de conflictos de la PCM). Los empresarios chinos efectuaron dos tipos de acciones para intentar frenar la consulta. Por un lado, ofrecieron un fondo de 80 millones de dólares para las dos comunidades campesinas directamente afectadas (Yanta y Segunda y Cajas) a cambio del permiso de explotación del proyecto Río Blanco. Esta medida generó mayores suspicacias entre las comunidades, las cuales rechazaron el ofrecimiento. Por otro, apareció un frente paralelo, el Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas, compuesto por trabajadores ocasionales de la mina y favorable a dicha inversión. Se inició así la fractura social en el espacio local31. La PCM organizó dos mesas de diálogo: la primera, a seis días de la consulta y de manera imprevista; las autoridades locales y los dirigentes de las comunidades no asistieron. La segunda, post consulta. Ambas debían realizarse en la ciudad de Piura y no en las provincias afectadas, cuando parte del reclamo a las autoridades municipales locales era que el Ejecutivo conociera la zona, observara su geografía y valor como páramo y fuente de agua. En las dos ocasiones, en la agenda de la PCM no figuraba discutir la entrada o no de la minería sino las condiciones para que esta actividad se diera. Es decir, el único punto que para el gobierno no estaba en discusión coincidía exactamente con el que pedían las comunidades y su frente de defensa y que ahora tenían resultados del sentir de la población local que validaban su postura. Para la PCM, la presencia y operaciones de la mina era asunto de competencia del MEM y del Poder Judicial. Tampoco se podía hablar de los resultados de la consulta porque esta no era vinculante ni reconocida por la ley. Además, solo podían participar en calidad de autoridades municipales los alcaldes de la región Piura y no el alcalde de San Ignacio (región Cajamarca) y líder del FDSFNP, porque lo que estaba en discusión era la inversión minera en Piura32. En síntesis: en las mesas de diálogo solo se podía debatir lo que el poder Ejecutivo definiese como negociable. Se envió a representantes que no tenían las facultades para discutir aquellos puntos que habían sido permanentemente la agenda de las comunidades y del FDSFNP y además, se fragmentó la demanda: cada región (Piura y Cajamarca) debía decidir en su momento, a pesar de que los efectos de la minería impactarían en toda la cuenca hidrográfica y valles de ambas regiones. Paralelo a las mesas de diálogo, el Ejecutivo llevó a cabo otra estrategia. Pocos días luego de la consulta, envió al Congreso una propuesta para que 20 megaproyectos mineros fueran declarados “de interés nacional”, haciendo transparente su apoyo a las empresas mineras. Esta iniciativa fue remitida con carácter de urgente y exponía como motivos “agilizar la ejecución impostergable de ciertos proyectos mineros, en cumplimiento de los fines de utilización de los recursos naturales al servicio de la Nación”33. Para el Estado, además de Majaz otros 15 proyectos no habían podido iniciarse por protestas sociales, en algunos casos salariales (de trabajadores de las minas), en otros por la contaminación ya existente y algunos, como el caso 31
El Tiempo 2007 (Piura) 18 de agosto. El Tiempo 2007(Piura) 11 de setiembre y La República 2007 (Piura) 29 de octubre. 33 Gestión 2007 (Lima) 25 de setiembre. 32
García Llorens, Mariel. La democracia extractiva: Estado, corporaciones y comunidades en el caso Majaz. Informe final de beca CLACSO. Lima, 2010 (manuscrito)
de Majaz, por “intransigencia” de los dirigentes comunales y gobiernos locales. Todo ello generaba grandes pérdidas de ingresos al país. Hacia fines de año era evidente que ni la estrategia del diálogo ni la del cargamontón contra el movimiento social en Majaz, estaban dando resultado. Era necesario buscar una nueva estrategia. El Presidente tenía la necesidad de articular un discurso de abierto apoyo a la economía de mercado acompañado de una clara determinación frente a un país que parecía desbordarse debido al malestar social y a las desigualdades persistentes, luego de más de una década de gobierno neoliberal. En su agenda internacional, en el 2008 debía terminar el proceso de adecuación del país al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y avanzar en la negociación de otro similar con China, país del cual provenían ahora los mayores inversionistas de Majaz. Incluso, algunos entrevistados mencionan que el Presidente, desde una gestión patrimonialista del Estado, se comprometió con el gobierno chino a que este proyecto iniciara su explotación antes del fin de su mandato. En breve, García debía establecer una determinada identidad que lo identificase con los grupos de poder. El perro del hortelano34
En cada momento histórico existen discursos dominantes, emergentes y residuales ya que las posiciones que ocupan se deben a una serie de interrelaciones y dinámicas internas a dicho periodo (Williams 2000: 144). Pero ningún orden dominante, en tanto modo de producción, orden social y cultura, puede llegar a incorporar todo lo existente sino que se trata de articulaciones contingentes, hegemonías temporales (Williams 2000: 147). Pensar las tensiones políticas desde esta perspectiva, permite observar que todo orden de las cosas es fruto de procesos históricos en los que determinadas ideas y prácticas se vuelven hegemónicas y que depende del propio ejercicio discursivo (o agencia) de los actores el que un cierto sistema se mantenga o varíe. Es así que desde los inicios del conflicto analizado, el discurso dominante en líneas generales ha sido el de la defensa de la economía de mercado. Lo que ha variado son sus articulaciones con otros significantes. Conforme ha ido evolucionando, a la par de varios otros conflictos en el país, – los cuales han ido mostrando las grietas y límites del modelo neoliberal –, el discurso del Ejecutivo y de los grupos económicos se ha ido radicalizando y deviniendo cada vez más visiblemente autoritario. Ello tiene su más clara manifestación en el pensamiento del “perro del hortelano”, elaborado por Alan García, actual Presidente del Perú. Entre octubre del 2007 y marzo de 2008, Alan García escribió tres artículos de opinión en uno de los diarios de mayor circulación en la capital, el más antiguo y considerado de lectura obligatoria por las elites económicas y políticas35. Estos artículos giraron en torno a tres temas: la puesta en valor de los recursos económicos del país, el rol de los actores que participan o no en ella y la función del Estado. 34
Parte de estas ideas han sido desarrolladas en otro ensayo actualmente en prensa. Ver: García Llorens 2009. El diario El Comercio encabeza un poderoso grupo de comunicación. Es el medio de referencia frente al cual el resto de la prensa informativa establece su posición. Al publicar los artículos ahí, se esperaba, como ocurrió, que otros medios editorializaran el tema, buscaran especialistas para debatirlo y se generaran corrientes de opinión. 35
García Llorens, Mariel. La democracia extractiva: Estado, corporaciones y comunidades en el caso Majaz. Informe final de beca CLACSO. Lima, 2010 (manuscrito)
De acuerdo al dicho que proviene de una obra de teatro del dramaturgo español del siglo XVII, Lope de Vega, el perro del hortelano es el que no come ni deja comer. Así, en estos artículos todo aquel que se manifieste en contra de la imposición de los intereses capitalistas se ha convertido hoy en día en un perro del hortelano, en un enemigo de la democracia y el progreso del país. Entre estos enemigos, el Presidente colocó a dos grupos de actores: los intelectuales y agitadores y, en segundo lugar, los llamados “ignorantes”. El primer grupo es descrito como “antiminero, pluriculturalista y patriotero”. “Cuando voy a la ciudad de Ilo y veo su desarrollo urbano, que es el más avanzado del Perú, sé que es producto de la minería y de la pesquería y me duele comparar eso con el pueblo de Ayabaca, que tiene más recursos mineros […], pero que vive la mayor pobreza. Y es que allí el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. […]”
El Presidente mencionó específicamente a Ayabaca, uno de los tres distritos enfrentados al proyecto Río Blanco. La primera manifestación de este discurso ocurre luego de la consulta vecinal y la sucesión de acontecimientos ya narrada sobre el caso Majaz. Hasta ese momento, en ningún otro conflicto el gobierno había movilizado tantos recursos, estrategias y sectores y sin embargo, nada se había resuelto. Los gobiernos locales, las comunidades, las ONG y los ambientalistas empezaban a ser un problema grave para el avance de la economía de mercado. Si concebimos que la realidad social se construye discursivamente, el discurso vendría a ser entonces “una práctica articulatoria que constituye y organiza a las relaciones sociales” (Laclau y Mouffe 1987: 109). Por tanto, no existe nada fuera de él, en tanto es el nombramiento de las cosas y prácticas sociales el que las introduce en el orden simbólico36. Así, lo que hizo el Presidente en esta serie de escritos fue articular una cadena de significantes que hasta ese momento no iban unidos: entre los fantasmas del imaginario político peruano, no se encontraba todavía el ser ambientalista. Sin embargo, Martínez Alier señala que algo que une a todos los ambientalistas es el “poderoso lobby antiecologista, tal vez más fuerte en el Sur que en el Norte. […] los ambientalistas son atacados muchas veces por los empresarios y por el gobierno […] como siervos de extranjeros que buscan parar el desarrollo económico” (2009:32). Entonces, este nuevo enemigo, el ambientalista, obedeciendo a ideologías engañosas, se encarga de manipular a las masas ignorantes en contra del crecimiento del país. Fueron llamados “ignorantes” y “manipulados” los pescadores artesanales, las comunidades campesinas, los nativos selváticos y los profesores, entre otros, es decir, aquellos sectores más pobres o desfavorecidos por el sistema a los que apeló para ganar votos durante su campaña electoral. El discurso del perro del hortelano acuñado por el Presidente, que ha sido reproducido por los medios de comunicación dominantes y ha permeado los diferentes niveles del aparato estatal, cristalizó e hizo explícitos elementos racistas y reaccionarios ya presentes en el imaginario colectivo peruano articulándolos a una concepción del Estado que limita su función a la administración del orden y de los recursos. Se trata de un discurso que se asume como correcto al margen de cualquier duda y en el que la democracia va quedando reducida a lo que dictan el 36
No se niega la existencia externa al pensamiento de los hechos y cosas, pero su constitución como objetos y la especificidad de estos depende de su articulación en el discurso.
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mercado y el saber tecnocrático. En síntesis, este discurso ilustra el momento más duro de la imposición de un modelo de gobierno neoliberal en el país. El efecto de este discurso en el caso específico analizado, consistió en que ser ambientalista o defender el medio ambiente se convirtió nada menos que un delito de terrorismo. Las autoridades locales, dirigentes sociales y ambientalistas que apoyaron la convocatoria de la consulta fueron acusados de “terrorismo” por una asociación vinculada a la minera y actualmente son procesados en lo que se considera un acto de intimidación y desmovilización de las comunidades37. Es decir, estas acusaciones y acciones legales hicieron evidente el carácter material de la estructura discursiva (Laclau y Mouffe 1987:123). García no solo nombró en una nueva articulación diferentes elementos ya presentes en nuestra sociedad a fin de exaltar este único camino del desarrollo y definir a sus enemigos. El otro lado de la construcción de enemigos se refiere a la construcción de la propia identidad. Como señala Mouffe, toda identidad es construida a partir de diferencias jerarquizadas. Toda identidad necesita a su “exterior constitutivo” (1999:15). Entonces al delimitar ese “ellos” se delimita también un “nosotros”, que marca los límites de la nación moderna propuesta por el mandatario. Sin embargo, “las identidades son en realidad el resultado de procesos de identificación, y que jamás pueden ser completamente estables” (Mouffe 2007:25). En este momento para el Presidente resultó necesario resaltar hasta dónde iba el “nosotros”- nación. Las ideas del Presidente generaron diversas reacciones. Lo sorprendente fue que contaron con considerable apoyo, se reavivó una especie de euforia intolerante entre las elites; la división entre primitivos y modernos dejó de ser “políticamente incorrecta”. Por parte de quienes fueron considerados perros del hortelano, se perdió también la confianza y credibilidad del gobierno. Fue evidente que el diálogo no era posible; que el antagonismo era ineludible. Como menciona uno de los dirigentes ronderos entrevistados: “[…] pero está encendiendo el fuego el señor Alan García, peor enciende el fuego. Porque, ¿dónde está el respeto a todas las personas? Como gobernante no puede soltar eso, no somos perros del hortelano, somos personas, somos ciudadanos.” (Servando Aponte, dirigente comunal)
Inclusive, para muchos grupos afectados por este discurso y que no conocían el dicho de tradición española del que provenía la metáfora, simplemente se les llamó perros. Resalto: el Presidente de la nación los llamó perros. La clase capitalista transnacional y los internamente excluidos Paso ahora a analizar más detenidamente lo que ha sido descrito hasta este punto. En este conflicto, tenemos en líneas generales a dos redes enfrentadas: por un lado el poder Ejecutivo y sus aparatos estatales, la empresa minera y otros grupos económicos locales y transnacionales. Por otro, sectores mayoritarios de las comunidades, gobiernos locales, organizaciones
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La República 2008 (Lima) 21 de julio, 25 de julio y 5 de agosto.
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campesinas, ONG, Frentes de defensa y otras organizaciones nacionales e internacionales (en particular, defensores de derechos humanos y ambientalistas). En ningún caso son identidades completamente suturadas; existen posturas ambiguas o incluso divergentes en ambas. Por ejemplo, del lado del Estado, la Defensoría del Pueblo se distingue por su actuación, si se quiere neutral. En las comunidades, existen sectores minoritarios prominería, los cuales son invisibilizados o acusados en el espacio local de ser comprados por la empresa o el gobierno en la propia acción dominante de las redes que se oponen al ingreso de dicha actividad extractiva. Por tanto, se trata de coaliciones más bien heterogéneas, atravesadas por una serie de mediaciones políticas, en las que en un momento dado se articulan una serie de intereses que polarizan el campo de lo social. En este caso, sin tener un poder equivalente, la red antiminería ha logrado mantener su visibilidad a lo largo del conflicto y aunque no ha frenado el proceso cuando menos ha ralentizado el inicio de la explotación minera. Para poder avanzar en el análisis, sin embargo, me referiré a estas dos redes, como dos conjuntos medianamente estables y antagónicos entre sí. Las categorías de análisis aquí utilizadas – la clase capitalista transnacional y los internamente excluidos- funcionan como metáforas o imágenes que contribuyen a ilustrar y caracterizar la problemática narrada y los diferentes discursos que compiten en ella. La pospolítica peruana y la clase capitalista transnacional
Mientras que en parte de la región andina se discuten los alcances del llamado “giro progresista” - si este significa o no el quiebre del modelo neoliberal en auge a lo largo de los años noventa y qué participación tienen en él movimientos sociales y grupos tradicionalmente marginados -, en la política peruana, a nivel de tomadores de decisiones, aun hoy en día, permanece vigente y en una posición dominante un discurso más bien conservador. Se asume una única y correcta forma política a seguir para modernizarse e incorporarse a la globalización: la democracia liberal y su correlato de economía de mercado. Esta doctrina se manifiesta en la actuación del Estado peruano a lo largo de las dos últimas décadas. Más aun, en el actual gobierno, en el que tanto la alta conflictividad interna así como la reciente crisis mundial hacen evidentes los límites de este orden, lejos de cuestionarlo, por el contrario, su defensa se ha vuelto casi dogmática. Como hemos visto, ello tiene su más clara manifestación en el discurso del perro del hortelano. Quien no está de acuerdo se convierte en un enemigo del sistema, que se resiste al avance del progreso. Lo político deja de manifestarse como una lucha entre la izquierda y la derecha; para expresarse desde un registro moral; “nos enfrentamos así a una lucha entre “bien y mal”” (Mouffe 2007: 12-13). Siguiendo a Sklair, a la cabeza de este modelo se halla una nueva clase capitalista transnacional que toma la forma de una “triple alianza” entre la burguesía local, las corporaciones transnacionales y la burocracia estatal pro-capitalista “particularmente en aquellas sociedades marcadas por la inversión extranjera orientada a la exportación”, como es el caso del Perú (2003: 171). En el caso Majaz y desde los actores específicos analizados, este grupo estaría
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formado por el Presidente, el aparato Ejecutivo- la burocracia procapitalista-, la empresa transnacional y grupos empresariales locales. Por su parte Martínez Alier menciona que, en los países del sur, entre los cuales se encuentra el Perú, “existe en general una pauta de cooperación entre los altos cargos del estado y las empresas privadas extranjeras respecto al uso de los recursos naturales dentro del territorio nacional” así como en la formulación de políticas ambientales (2009: 252-253). Como señala Sklair, la clase capitalista transnacional “concibe que sus intereses y los del sistema capitalista global al que sirven coinciden totalmente con los del desarrollo nacional” en cada país en el que se despliegan (Sklair 2003: 172). Sin embargo, lo que subyace en esta formación es el privilegio de los intereses del capital sobre los del trabajo, y la subsecuente descalificación de “algunas prácticas políticas locales por comparación con las nuevas e idealizadas prácticas transnacionales” orientadas al consumo y a la creación de una “mentalidad compradora” (Sklair 2003: 94). El Estado ha actuado desde tres frentes : 1. el del discurso y la construcción “oficial” de la realidad en la opinión pública (“la policía no tortura”, los ambientalistas son comunistas, los campesinos que protestan están siendo manipulados por intereses ajenos, la consulta es ilegal, entre otros mensajes); 2. desde lo legal (juicio a alcaldes promotores de la consulta, normas que brindan garantías a la inversión de la empresa transnacional o que declaran de “interés nacional” la realización de algunos proyectos mineros); y finalmente, desde el poder coercitivo de las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes. La empresa transnacional ha desplegado diversas estrategias. En el plano discursivo, se ha mostrado siempre abierta al diálogo pero mediante radios locales (Centinela) y trabajadores ocasionales, ha llegado incluso a acusar de terrorismo a diversos dirigentes comunales. Ha constituido un frente paralelo al frente de defensa (FDSFNP) que es favorable a la inversión y que está integrado por algunos de sus trabajadores. Asimismo ha ofrecido directamente dinero a las comunidades (80 millones de dólares) y ha construido una escuela en dicho espacio local. Finalmente, en una clara privatización del poder coercitivo del Estado, ha reprimido a manifestantes. De acuerdo a los entrevistados, también emplea a la policía local en sus “días de franco”, es decir, en sus días libres, como seguridad del campamento minero. Falta entonces una pieza clave: la burguesía local, con quien normalmente negocian los grupos transnacionales y son estas las que interceden con los gobiernos nacionales. El grupo Romero y el momento actual del conflicto
Es sabido en el ambiente financiero que en este nuevo gobierno, Alan García, a diferencia de sus antecesores, desayuna todos los lunes con Dionisio Romero, el pater familia del Grupo Romero, el más poderoso del país. Al Presidente “le gusta tener una relación personal, directa, constante con los que mandan. Como dijo este último en los ochenta: “Yo quiero reunirme con los que mandan”. Ese eslogan aún guía su pensamiento y acción.” (Durand 2009:45). Por su parte, “toda corporación o grupo busca una cercanía con el Estado, busca sacar normas que lo favorezcan. El Grupo Romero también se ha distinguido por tener presencia en el más
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alto nivel.” (Durand 2009: 38). Esta corporación ha reconocido haber financiado parte de la campaña presidencial aprista. El Grupo Romero, representante del “capitalismo familiar moderno” presente en varios países de América Latina, es de origen norteño y específicamente proviene de la región estudiada (Piura) en la que actualmente desarrolla grandes proyectos agrícolas. El partido de gobierno también tiene un origen costeño-norteño y una importante presencia en dicho espacio. De hecho, el partido Aprista, fundado en 1919, es el único partido de larga historia y de militancia extendida en el país38. El Presidente del gobierno regional de Piura es aprista. Desde cuando menos fines de 2008, este grupo ha estado viendo posibilidades de ingreso en el sector minería, justamente al proyecto Río Blanco (Romero 2009). De acuerdo a lo referido por algunos entrevistados, así como lo observado en la prensa local, “la empresa minera habría aprobado la venta de hasta el 20% de sus acciones a Agropecuaria las Huaringas” filial del Grupo Romero, condicionando la opción de compra a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental39. El Consorcio Zijin –corporación china– quien es actualmente el titular de dicho proyecto, ha buscado al grupo económico más poderoso del país (burguesía local) para que pueda interceder en el nivel más alto con el Ejecutivo (burocracia procapitalista) para que “facilite” el proceso y en el nivel local logre la licencia social dado su conocimiento y presencia actual en la región Piura. Al inicio de este conflicto, hace ya más de siete años, la concesión en disputa equivalía a casi 7 mil hectáreas. La corporación china Zijin, en el 2008 compró otros veintisiete derechos mineros a la Compañía Mayarí. De esta manera, el proyecto minero Río Blanco cuenta actualmente con 35 derechos mineros lo que equivalen a más de 28 mil hectáreas, es decir, 4.4 veces más grande que la concesión inicial. De estas, la mayor parte se encuentra en Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, ocupando aproximadamente el 30% del distrito40. Dado que estos derechos se encuentran en zona de frontera, nuevamente mediante decreto supremo N°0242008-DE, el ahora gobierno de Alan García declaró de necesidad pública esta inversión extranjera41. Para el trabajo de campo elegí la provincia de Huancabamba, una de las directamente afectadas por el proyecto minero. En el estado actual del conflicto (2008-2009), es en ella donde se pueden apreciar mayores interacciones entre representantes del Estado en sus diferentes dependencias y otros actores involucrados. En la provincia de Ayabaca, la posición antiminería se encuentra cohesionada y sostenida no solo por la comunidad sino por los gobiernos distrital y provincial, y por el momento la empresa minera se ha retirado. En Huancabamba por el 38
Actualmente algunos analistas políticos, así como facciones críticas dentro del mismo partido, consideran que “el APRA corre el riesgo de convertirse en una agencia de empleos” al abandonar su ideología y acomodarse en cada época al modelo imperante (Manrique 2009:10). De todas formas, lo que importa en este caso es que tiene la fuerza de movilizar personas y recursos en diversas partes del país, especialmente en la costa norte. 39 El Tiempo 2009 (Piura) 23 de julio y 26 de julio. 40 Se trata de un proyecto binacional: Monterrico Metals, de la cual ahora el principal accionista es el Consorcio Zijin, posee la minera RIOBLAN en Ecuador con la cual colinda este proyecto. El 20% de acciones negociado con el Grupo Romero resulta una oferta atractiva. En: http://www.cooperaccion.org.pe/modulo/boletin/boletin_117.pdf 41 El Tiempo 2008 (Piura) 28 de diciembre.
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contrario, el gobierno provincial no muestra una posición clara, la población parece estar dividida, existe una fuerte presencia policial y nuevas estrategias desplegadas por la empresa minera – a pesar de que en la ciudad capital aparentemente se ha retirado-. Las estrategias se concentran en esta localidad y en particular en el distrito de Carmen de la Frontera por dos motivos. En esta provincia, lejos de la ciudad, en los territorios comunales de Segunda y Cajas, se concentra la mayor parte de la concesión minera y el campamento minero. En segundo lugar, se ha determinado como la mejor ruta de acceso al mismo y se requiere “allanar el camino” para instalar la carretera que facilite el transporte del mineral. Desde fines del 2008, ha entrado un nuevo actor a la escena local: la ONG Integrando. A pesar de que quienes dirigen la ONG niegan el vínculo, las donaciones recibidas para los proyectos de desarrollo que realizan en la zona provienen de empresas del Grupo Romero (Agrícola del Chira y Alicorp). Dado el fracaso de la estrategia comunitaria de la minera Río Blanco, la nueva forma de conseguir la licencia social, a través de Integrando, es enganchar a los comuneros en actividades económicas. En el último tiempo Integrando viene constituyendo empresas comunales de mínimo 20 socios entre los comuneros, con lo cual tiene ya unas 500 hectáreas en Huancabamba, en las cuales se siembra trigo duro que luego es comprado por Alicorp, la corporación de alimentos del Grupo Romero. A través de esta estrategia busca dividir a los comuneros e impedir su negativa en un futuro a la minería. Este escenario viene polarizando y polarizará más a los comuneros internamente. Marco Vargas Trelles, quien preside dicha ONG, es un aprista conocido en Piura y pariente del Presidente regional (aprista) César Trelles42. Dentro del gobierno regional, una figura clave es el gerente regional de Desarrollo Económico, Jimmy Torres, que al ser entrevistado mencionó que tenía a su cargo un “pequeño, mini, mini PCM [Presidencia del Consejo de Ministros]” entre varias otras obligaciones de promoción de la inversión en la región. Este joven aprista es además sobrino de Mercedes Cabanillas, actual congresista aprista y Ministra del Interior hasta mediados de este año y una de las personas de mayor confianza del Presidente de la República. Sobran palabras para interpretar estas relaciones – de parentesco- en el gobierno nacional y subnacional. Para las comunidades que llevan ya años buscando el retiro de la mina, la vinculación es evidente. Algunos dirigentes entrevistados mencionan que las camionetas que antes eran de la mina, ahora son de Integrando: “solo les han cambiado el logo”. Marco Vargas Trelles, director de Integrando y quien fuera parte del comité técnico de evaluación del proyecto Majaz, es además amigo del dueño y locutor de radio Centinela, Duber Mauriola, la cual lidera los ataques a todo quien se oponga a la mina43.
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Una anécdota contada por uno de los entrevistados que retrata la gran desconexión del Gobierno Regional, ubicado en la capital costeña de Piura de la zona en conflicto: “él se ha metido un día a decir en un discurso “que los nevados de Piura…” y en Piura no hay ni un solo nevado. Eso pues lo único que hace es que la gente se ría y le dé cólera pues no sabe ¿no? y bueno esa es la penosa realidad del Gobierno Regional”. 43 Durante el trabajo de campo pude constatar este tipo de opiniones escuchando dicha radio y observando la dinámica local. La camioneta de Integrando solía estar estacionada frente a la radio. Trelles y Mauriola, quien la población conoce como la burra chueca, pues cojea de una pierna, conversaban por las tardes fuera del local.
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Si bien el gobierno regional no tiene competencia respecto a la minería a gran escala, que es vista directamente por el MEM, de haber explotación la región recibiría Canon minero44. Al ser entrevistado el gerente regional mencionó que se ha demostrado en “países como Canadá y Francia que la minería puede perfectamente coexistir con la agricultura, por qué no podría hacerlo aquí”. Comentó que la empresa ha mostrado sus planes y maquetas – los cuales no han sido mostrados a la población afectada- porque “si el gobierno regional tuviera el presupuesto que tienen las ONG para hacer campañas informativas, el Presidente Trelles sería Presidente del Perú y no solo de la región”. Mencionó que su labor era escuchar a todas las partes involucradas en este problema y que el debate debía ser técnico y no político. “Si hay diez personas hay que ver lo que es mejor para las diez, no porque una grite más hay que hacerle caso en lo que ella quiere”, haciendo alusión a los gobiernos locales opuestos a la actividad minera. La pregunta en este caso sería entonces ¿quién grita más: el que desayuna con el Presidente o el que hace una marcha en una ciudad alejada de la capital? Queda entonces configurada la red de relaciones que apuestan por la minería y sus vínculos directos con el gobierno. Va quedando en evidencia también la privatización del Estado. Desde el discurso oficial se argumenta a favor de la minería como factor clave en el desarrollo, se defienden los recursos como propiedad de la nación y no de grupos locales opositores; ciertos proyectos mineros, como Río Blanco son declarados una necesidad pública. Sin embargo, a fin de cuentas estos serán explotados por un grupo inclusive menor que consiste en los empresarios privados de la industria extractiva. Con los convenios de estabilidad jurídica y las normas de repartición del Canon minero, las comunidades afectadas se verán beneficiadas solo indirectamente. Como menciona Durand “el problema no es la relación pueblo-gobierno solamente, es la relación corporaciones –gobierno en un momento en que se han dictado normas que han salido de fuentes privadas. La política económica se ha privatizado” (2009: 46).
Los internamente excluidos (o la sociedad política)
La segunda red estaría en la base constituida por los internamente excluidos del sistema, en este caso, las comunidades campesinas (Ubilluz 2009). Como señala Chatterjee la democracia liberal se sostiene en la propiedad privada y la sociedad civil, constituida por ciudadanos portadores de derechos. Sin embargo, en países como Perú gran parte de la población no es “plenamente ciudadana”, especialmente aquella pobre o rural (2007:182). Se trata entonces de grupos de población, que él llama la sociedad política, que interactúan con el Estado: son controlados por él, reciben políticas asistencialistas y reclaman otro tipo de derechos adquiridos, como la propiedad colectiva de las comunidades, los cuales son reconocidos, pero siempre sujetos a una nueva negociación en condiciones desiguales de poder. Es decir, pertenecen al orden sociopolítico actual pero sin tener una plena representación ante el Estado. Están excluidos al interior porque a la vez sostienen el sistema; son ese resto necesario para que el orden funcione 44
El Canon consiste en el 50% del impuesto a la renta que cada año paga la empresa minera. Se destina a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, en base a criterios de distribución de acuerdo a si la localidad está dentro del área de influencia directa o indirecta de las actividades extractivas de recursos no renovables. Las comunidades que viven sobre los recursos explotados no pueden ser expropiadas pero tampoco participan de las ganancias y administración de dichos recursos. Mientras que gobiernos locales de la región que no se verán afectados sí recibirían Canon, con lo cual están a favor de la explotación.
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(Ubilluz 2009). En el caso analizado, la expansión de la minería requiere apropiarse de las tierras comunales para producir capital y recursos energéticos que sostienen la economía de mercado, sin tener que traspasar la frontera de los “plenamente ciudadanos”. Esta sociedad política, ha recurrido a diferentes mecanismos para manifestar su rechazo a la presencia de la mina y la defensa del territorio como medio de vida. En enfrentamientos directos con funcionarios de la empresa y la policía nacional (2004-2005), en los cuales carecían de mayor apoyo. Ha ido perfeccionando sus estrategias y sumando esfuerzos con otras instituciones nacionales e internacionales, así como conociendo otras experiencias de lucha de grupos marginados en el país y fuera de él. Asimismo ha negociado desde los diferentes mecanismos que la democracia les ofrece: ha participado en mesas de diálogo y renunciado a ellas al observar el doble juego del estado (legislación ad hoc para la mina) y la falta de disposición para debatir los temas que ellos buscan; ha realizado una consulta vecinal y enjuiciado a la minera. Y es que a pesar de que actualmente la denominada clase capitalista transnacional califique esta oposición al avance de la economía de mercado como “premoderna” o “irracional” porque sus reivindicaciones no se expresan en el lenguaje de la sociedad civil, muy por el contrario, esta lucha está conectada con muchas otras similares alrededor del mundo. Su identidad, en tanto construcción discursiva, es flexible también y su resistencia se adapta a las condiciones de cada momento. En efecto, no es la primera vez que la expansión del modelo capitalista ha intentado incorporar estos territorios y disolver a las comunidades. La resistencia de las comunidades es “parte de una larga tradición de luchas” (De Echave et.al 2009:24-25). En las últimas dos décadas, los procesos de globalización, la firma de tratados de libre comercio, el cambio en el paradigma ambiental, así como otros procesos internos como la descentralización e inserción de mecanismos de democracia participativa han ocasionado una mayor presencia del Estado en las comunidades. Su efecto ha sido el avance de procesos de descampesinización y el fortalecimiento de organizaciones indígenas y campesinas. Por su parte, las municipalidades se han “ruralizado”, incorporando las necesidades de sus poblaciones rurales en la gestión. Las comunidades también están ahora más conectadas: las experiencias mineras en otras zonas han traído un aprendizaje intercomunal muy valioso, y han generado un discurso teñido de matices ecológicos y de protección ambiental. Son además conscientes de la presencia de recursos estratégicos en sus territorios y el poder de estos en su relación con el Estado. Tienen actualmente la capacidad para movilizar recursos simbólicos y sociales y realizar alianzas tácitas o explícitas con otros actores nacionales e internacionales, apelando particularmente a tres tipos de narrativas: el ambientalismo, los derechos humanos y los derechos indígenas. En efecto, el discurso ambiental fue asumido por los diferentes candidatos a los gobiernos locales afectados por este proyecto minero en las elecciones de 2006. Sin embargo, a pesar de no haberse iniciado aun la explotación del recurso, la actividad minera ya ha generado serios impactos en la cohesión social. En la observación de reuniones comunales se perciben niveles de desconfianza muy grandes frente a las instituciones del Estado. Se menciona también la creciente fractura social en Huancabamba entre quienes están en contra y a favor de la minería. La ONG Integrando ha logrado crear una división que desestabiliza la defensa del espacio frente a la entrada de la minera. Como señala Ismael Huayama, alcalde
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distrital de Carmen de la Frontera, “[…] esa es la primera contaminación que ha hecho este proyecto Río Blanco: la contaminación social y ya lo ha hecho, estamos peleándonos entre nosotros” (énfasis propio). Más allá de las grietas intercomunales, lo que moviliza a la mayoría de miembros de las comunidades es “un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento” (Martínez Alier 2009:27). La valoración que predomina es la de los territorios como medio de vida. Como menciona una señora campesina entrevistada: “la chacra nos mantiene, las lagunas nos curan, el cerro tiene las plantas, el naturismo. Sin tener esas plantas, no van a curar a la gente […] Abriendo los cerros todo se termina, ¿qué va a haber ahí? Se empobrecen las tierras”. Es también una defensa aparentemente no negociable, como señala Servando Aponte, dirigente comunal: “yo entiendo que la tierra es un cuerpo vivo y una vez que se malogra ni con diálogos, ni con leyes ni con nada, ni con armas, ni con nada se arregla.” En el plano internacional, las denuncias de torturas de la marcha campesina de 2005, cuyas pruebas fotográficas salieron a la luz pública a inicios del 2009, ha generado que Monterrico Metals sea denunciada en Inglaterra por un estudio jurídico especialista en derechos humanos (Leigh Day &Co), en representación de los campesinos detenidos y torturados. En julio pasado, esta firma logró en la corte inglesa el congelamiento de activos por 5 millones de euros de la compañía minera, hasta que se culmine la investigación45. En segundo lugar, el cineasta inglés Michael Watts ha realizado un documental, accesible en internet, llamado “Laguna Negra”, por las lagunas de la zona, en el que cuenta la historia de las torturas de dicho enfrentamiento46. Por tanto, mientras que el gobierno busca fragmentar la oposición y resolver el conflicto desde una solución técnica, el caso ha pasado al plano cultural y legal global. Mientras tanto, en Perú, la minera no ha retirado sus instalaciones de los territorios comunales, se mantiene el apoyo por parte del Ejecutivo al desarrollo de este proyecto y las acusaciones legales por terrorismo a los campesinos fueron solo recientemente archivadas. Es así que esta lucha -que sigue siendo la misma- la lucha por la tierra y particularmente por la decisión y gestión de su uso, se inscribe en un nuevo contexto, con nuevas herramientas y conexiones globales, facilitadas por las tecnologías de la información y se articula también en nuevos discursos. Conclusiones Quiero concluir con tres reflexiones: la construcción de la realidad, la democracia y la nación y sus límites. A lo largo de estas páginas he querido mostrar cómo en este conflicto, a modo de ejemplo de luchas similares en diferentes partes del mundo, se libra una batalla en el campo de lo simbólico que opera en diferentes espacios (la legislación, los medios de comunicación, las mesas de diálogo, las marchas y enfrentamientos) todos ellos articulados a través de discursos que buscan imponer una determinada lectura de la realidad.
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En acceso 25 de octubre 2009. 46 En acceso 25 de octubre 2009.
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Los que he llamado la clase capitalista transnacional buscan imponer un lenguaje único de valoración que equipara a los territorios con una mercancía, mientras que la sociedad política atribuye como principal valor el de ser un medio de vida. Las comunidades defienden su modo de vida – su modo de producción – agrario y sostenible, en el que las lagunas presentes en su territorio son tanto fuente de agua como de salud, desde sus propios saberes y prácticas curativas. Conciben el territorio de manera integral y se unen a comunidades y gobiernos locales de otras regiones del país que se verán afectados en tanto comparten una cuenca hidrográfica. El Estado por su parte busca fragmentar esta concepción, que la lucha aparezca como específica (de la región Piura y del sector minería) y no articulable con el resto de conflictos. Son significativas las ausencias en este conflicto de los Ministerios de Agricultura y Ambiente, a pesar de tratarse de un territorio que es actualmente agrícola, que tiene potencial de conservación y reservas de agua47. Es así que en vistas de que este antagonismo no tiene visos de solución con los actores actuales, se viene construyendo frentes y comités de rondas y comunidades paralelos para poder reiniciar el “diálogo” y que este sea favorable a la postura del Estado y el empresariado involucrados 48. Dicho de otra manera, las comunidades no solo no son representadas por el Estado sino que se intenta borrar su rastro desde el discurso, restarles legitimidad. Otra estrategia en curso es la de formar organizaciones políticas de cara a las próximas elecciones locales (2010) a fin de que quienes lleguen al poder tengan una postura favorable a la inversión minera. Paso entonces a la segunda reflexión. Lo explicado líneas arriba da cuenta de cómo el capitalismo va encontrando sus caminos para expandir las fronteras de la economía de mercado. La gobernabilidad es interpretada como un clima de paz para las inversiones. Así, la democracia resulta vacía: se trata de una serie de procedimientos que buscan asegurar las condiciones para el avance del mercado. La democracia se encarga de darle un revestimiento legítimo a este avance. Pero a lo largo de estas páginas he mostrado también que en el caso peruano las reformas neoliberales se dieron en un régimen autoritario. Lo que tendríamos entonces aquí es lo que Dargent (2009) describe como “demócratas precarios”, élites que se acomodan al poder independientemente de si es democrático o autoritario en tanto este coincida o esté dispuesto a favorecer sus intereses capitalistas. Siguiendo a Badiou (2003), la democracia puede interpretarse no como sistema sino como momento: como un acontecimiento que quiebre el orden existente introduciendo nuevos elementos, rearticulándolos. ¿Son las comunidades un lugar de resistencia al avance del capitalismo o un lugar de acontecimiento, en tanto son uno de los últimos espacios en los que se ejerce un interés colectivo y desde el cual podría producirse un nuevo orden?
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El actual ministro del Ambiente, Antonio Brack, fue consultor de la empresa minera Majaz. También realizó un documental sobre minería limpia financiado por ellos en su programa televisivo La Buena Tierra (canal del Estado). En acceso 26 de octubre 2009. 48 Los comuneros denuncian esta creación de frentes y rondas paralelas. El Director Territorial Policial de Piura, Walter Rivera Alva también entrevistado, menciona que la nueva ronda ya juramentó en presencia de la policía y está siendo inscrita en registros públicos. La nueva ronda no pertenece a la comunidad afectada por la minería, sino a una zona del sur de la provincia de Huancabamba. El General comentóque ellos realizan campañas de donación de víveres en la zona en conflicto, gracias a empresas como Alicorp (del Grupo Romero analizado aquí).
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Que el poder de la propiedad privada nos proteja del poder soberano. El estado moderno, ya sea democrático u autoritario – y todas sus posibles combinaciones – obtiene su legitimidad en la apelación a la voluntad de los pueblos. Todo gobierno afirma gobernar en nombre del pueblo, de la soberanía popular (Chatterjee 2007:173). Considero que la paradoja del sistema democrático liberal, consiste en que el poder soberano se termina utilizando solo en contra del pueblo, de todos esos grupos de población presentes en el territorio nacional que no son representados como ciudadanos ni tienen acceso a la propiedad privada. Dicho de otra manera, el pueblo del cual adquiere su mandato el Estado, es al final el afectado por su exceso de representación (Ubilluz 2009). Las comunidades piden ciudadanía, la posibilidad de libre determinación y de elegir el tipo de desarrollo a seguir. Para los “plenamente ciudadanos” (y el Estado y las empresas), esta demanda parecería irracional o excesiva, ya que el Estado ejerce la soberanía sobre todos los recursos naturales, incluidos los minerales. Así, en la teoría, todos estamos expuestos a esta regla y no habría por qué haber excepciones. Sin embargo, la democracia liberal se basa y defiende la propiedad privada. Es así que en el Perú, las ciudades (de los “plenamente ciudadanos”) gozan de regímenes especiales o excepcionales. Por más que existieran grandes recursos minerales debajo de las viviendas y edificios comerciales urbanos, estos no podrían ser explotados49. Entonces, en el momento actual, la frontera minero energética puede seguir expandiéndose en lugares aislados o “pobres”, y el Estado y las empresas transnacionales enfrentándose a comunidades y otros grupos de población no “plenamente ciudadanos”. Por lo tanto, la igualdad ante la ley es solo una ilusión: se realiza fuera de la frontera del “nosotros”. Es decir, actualmente, la frontera de la identidad dominante coincide con la del avance minero energético, aunque ello puede cambiar en el futuro. Frente a ello, las comunidades tienen dos opciones. La primera y promovida por el sistema es adaptarse a la propiedad privada individual abandonando sus derechos de propiedad colectiva 50. La opción emergente y opuesta por definición al orden existente, que implica o un camino de más largo plazo, que consistiría en identificar en las diferentes luchas que se libran actualmente en el territorio (visibles en la alta conflictividad) el elemento articulador/unificador común hacia la constitución de un nuevo orden. Cierro este ensayo volviendo al título. Hoy en día el régimen político en el Perú es formalmente democrático: existe una separación de poderes y ciertas reglas de juego establecidas. Pero, ¿qué tipo de democracia es? Sostengo que se trata de una democracia gobernada por el mercado, por lo que dicta el capital. Es una democracia extractiva porque se sostiene mayoritariamente en actividades de extracción de recursos naturales no renovables; actividades que sacan algo fuera del lugar donde estaba. 49
En el caso de la minería se establece que “Es prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana”. Artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92EM, publicado el 4 de junio de 1992) y Artículo 5 del Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 020-2008-EM, publicado el 2 abril de 2008). 50 Esta opción es promovida tanto por el Estado desde la promulgación de cuestionados decretos legislativos – ahora derogados- así como por especialistas que suscriben el modelo actual como Hernando de Soto (El misterio del capital y El misterio del Capital de los indígenas amazónicos). Accesible en
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Desde el discurso y prácticas neoliberales, en los que la tierra y el subsuelo son vistos como mercancías, se extrae un recurso valioso que generará riqueza para “todos los peruanos”. Parte de esa riqueza luego será distribuida en el espacio local de extracción, clasificado como rural y “pobre” e incluido en las políticas de desarrollo del Estado. Para las comunidades, que se conciben como parte de su espacio, es decir, están unidas a su entorno, lo que se extrae es su modo de vida. Dicho de otra manera, se posterga, -se impide- su presente por la promesa de un futuro desarrollo que además exigirá que vivan de otra manera, pues en el camino habrá transformado radicalmente su actual espacio y modo de vida.
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