La cuestión agraria en los años treinta. La nueva historia política y otras tendencias. (2017)

CAPÍTULO 8

La cuestión agraria en los años treinta. La nueva historia política y otras tendencias* RICARDO ROBLEDO HERNÁNDEZ Universidad de Salamanca y Universitat Pompeu Fabra

Cualquier valoración de la reforma agraria republicana tiene que aclarar previamente de qué reforma estamos hablando, pues si nos referimos a los asentamientos de comunidades de campesinos sujetos a la Ley de Bases de septiembre de 1932 no se iniciaron hasta trece meses después y fueron muy limitados antes de marzo de 1936 (incluso en Andalucía) de modo que aunque no tuvieron efectos sociales relevantes sí tuvieron un alto coste político: unos se sintieron perjudicados al creer inmutable el status de la propiedad mientras que otros acabaron desencantados. En términos económicos el conjunto de medidas de la política agraria republicana afectó plenamente tanto a la tierra como el trabajo; ante economías agrarias tan poco capitalizadas como la de los años treinta (suele calificárselas de orgánicas avanzadas), el proceso reformista repercutía en la totalidad del sector agrario sobre todo en la España del sur. Sin duda el mercado de la tierra fue más duramente afectado en las regiones latifundistas aunque el Inventario de Fincas Expropiables incluyó a todas las provincias españolas. Y en todas trascendieron los cambios en el uso de la tierra (legislación sobre arrendamientos o rabassa). Por último, ninguna población se libró, en teoría, de la regu-

* Investigación acogida al proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR 201340760-R.

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lación del mercado de trabajo que por primera vez concedía determinados derechos a los trabajadores del campo1. Está claro que la modificación de los derechos de la tierra y del trabajo es algo más que la alteración de los factores de producción, pues cambian a la vez las relaciones sociales o los intereses políticos. La Segunda República se convierte en el período que favoreció el surgimiento de expectativas, formas de organización social y de conflictividad que resultaron novedosas en la sociedad agraria. Esta consideración sobrepasa el enfoque habitual de la reforma agraria desde arriba que tiende a ser negativo, algo que la misma brevedad del régimen republicano y su violenta interrupción tienden a favorecer. Abundan, en efecto, los juicios poco positivos de las medidas reformistas efectuados desde ideologías dispares como se expone más adelante. El espacio disponible no permite dar cuenta de las opiniones discrepantes que desde la historia económica y social se han efectuado sobre la reforma agraria republicana tal como presenté en mi intervención en el Congreso y que expondré en un próximo trabajo2. Por eso he preferido centrarme en las que mantiene la historia política neo revisionista3. Previamente se presenta el panorama de las publicaciones sobre la reforma agraria en los últimos años teniendo en cuenta que solo se detallan las referencias específicas pues no hay publicación sobre la República que no incorpore algún apartado sobre la reforma agraria4.

1.

PUBLICACIONES SOBRE LA REFORMA AGRARIA, 1996-2015: UN RECUENTO

Como se puede comprobar en la extensa bibliografía disponible, no son escasas las publicaciones de los últimos años sobre la reforma agraria o sobre su impacto social y político. Inicio mi análisis bibliográfico en 1996, pues en esa fecha expuse una amplia panorámica de la reforma agraria, ahora disponible en la red, que por primera vez articulaba, con las referencias disponibles hasta entonces, la complejidad de la reforma5. No es el momento de hacer un estado de la cuestión, en parte efectuado por Sergio Riesco6, sino de mencionar algunas obras que tienen a mi juicio especial significado para comprender el alcance reformista. Entre ellas cabe mencionar las tesis doctorales de 1 Si prescindimos de otros proyectos como el de la política hidráulica, una definición comprensiva de la reforma agraria de la Segunda República que he propuesto hace tiempo es la del conjunto de medidas que bien por la vía de los decretos o por la de las leyes alteró de forma global, por primera vez desde las Cortes de Cádiz, las relaciones laborales y el mercado de arrendamientos, limitó la autonomía del propietario con la intensificación de cultivos y expropió, temporalmente o no, latifundios para el asentamiento de comunidades de campesinos al tiempo que revisó la reforma agraria liberal en lo concerniente a la abolición de los señoríos, venta de comunales y formas de cesión como foros y rabassa. 2 Robledo y González, 2015. 3 Sobre los planteamientos del neo revisionismo en la historia contemporánea española, véanse Robledo, 2014b, 2015a y 2015b. El «nuevo revisionismo» es el término que utilizo para denominar al grupo de los nuevos historiadores políticos. Lo empleo por comodidad expositiva (y no como apartheid) pues permite referirme a historiadores que no opinan necesariamente al unísono y quieren distinguirse con razón de la metodología de Pío Moa. Es una denominación que aglutina la revisión académica de la historia de la Segunda República desde el ángulo del liberalismo conservador (a veces muy conservador) más que desde el socialdemócrata. 4 Por ejemplo, Sánchez Pérez (coord.), 2013. 5 Robledo, 1996. 6 Riesco Roche, 2009a, y 2013.

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Riesco y Espinosa que han analizado el desarrollo de la reforma en Cáceres y Badajoz respectivamente, es decir las provincias que concentraron la mayor parte de los asentamientos tutelados por el IRA en la primavera de 1936. Podríamos decir que la reforma agraria española se inició en Extremadura con el Decreto de 20 de marzo de 1936. La región extremeña fue también la única que necesitó contar con la figura de un Gobierno General a cargo del galleguista Peña Novo. La aportación principal del libro de Francisco Espinosa es presentar la historia política de la reforma agraria en Badajoz durante los meses del Frente Popular donde destaca la gran invasión de fincas del 25 de marzo de 1936, posiblemente el acontecimiento más singular de la reforma agraria republicana7. No hay necesidad de idealizar la reforma y ocultar los problemas financieros a los que tuvieron que enfrentarse diversas comunidades de campesinos u otros desajustes, igual que la mayor o menor implicación de los ingenieros, pero, sin necesidad de edulcorar el proceso reformista, no eran problemas irresolubles, al contrario. El conflicto principal no iba a estar en la mayor o menos flexibilidad del IRA sino en «la escalada fascista» que no fue respuesta a la ocupación de fincas, sino que, como argumenta Espinosa, estaba en marcha tras las elecciones de febrero. Un año antes del libro de Espinosa se había publicado la tesis doctoral de Sergio Riesco8, en la que cabe destacar la importancia concedida a la reivindicación de comunales y a las medidas de intensificación de cultivos, la reforma agraria antes de la reforma. La investigación contradice el juicio negativo que mereció la reforma por acabar supuestamente con la riqueza regional extremeña de los pastos y la ganadería. Había algo más que reparto pues cabía incluso la política de repoblación forestal y cuando se produjo la gran oleada de roturaciones en marzo de 1936 la superficie de aprovechamientos espontáneos afectada no llegó al 2%. Sergio Riesco demuestra la falacia del «repliegue ganadero» que más que defensa medioambiental avant la lettre era muestra del boicot al reformismo agrario republicano. En ambas publicaciones el estudio de la reforma traspasa la línea de julio de 1936 bien para exponer la represión franquista y el extendido fenómeno de las incautaciones violentas o bien para explicar la paradoja del régimen que nació para acabar con el «desorden» republicano de la reforma agraria y durante un tiempo convivió con las comunidades de campesinos instalados por el IRA. Tras estas investigaciones todas las provincias afectadas por la ley de bases de 1932 cuentan ya con una o varias monografías, aunque nuestro conocimiento sea muy desigual pues para más de una provincia solo disponemos de algún aspecto de la reforma, normalmente el relacionado con los problemas del mercado laboral. Sin duda la provincia española más analizada es Jaén gracias a Francisco Cobo y L. Garrido. Donde más se nota la escasez de investigaciones es en Almería, Huelva y en Toledo. Esta última provincia fue, después de Extremadura, en la que más campesinos se asentaron durante el Frente Popular (10.153), casi igual que en toda Andalucía (11.733). Además se trata de un espacio en el que la disputa de los comunales contaba con una larga tradición (el caso de los Montes de Toledo) y todo hace presumir que la llegada de la República dio cauce 7 8

Espinosa Maestre, 2007. Riesco Roche, 2006.

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a la lucha por el comunal, un aspecto importante en la historia social de la República. Por otra parte llama la atención la extraordinaria violencia durante el primer Bienio en las comarcas no latifundistas de esa provincia9. El tema de los comunales —de cuyo proceso de rescate dio cuenta en su día Tuñón de Lara10— no surgió por concesión al influjo de las doctrinas de Costa o porque se tratara de un problema «esencialmente ideológico»11. Está presente desde los primeros momentos de la llegada del régimen y a diferencia de otras bases de la ley de reforma agraria, la relativa a los comunales suscitó la unanimidad. También crecieron las expectativas de la gente. Como ha comentado Riesco, las reclamaciones de los comunales cumplieron la función de los Cuadernos de quejas (Cahiers de doléances) del campesinado francés con siglo y medio de retraso. Lo que ocurre es que allí cristalizaron en una revolución que acabó con el feudalismo mientras que aquí fueron silenciados por una contrarrevolución. Ahora bien, el hecho de que la Guerra Civil pusiera fin a la discusión del proyecto de ley de rescate de comunales no quiere decir que no tuviera algún grado de aplicación. Al contrario. Los años de la República fueron aquellos en los que se alteró el uso oligárquico de los espacios comunales, se cuestionó su privatización y hubo oportunidad de aliviar el paro y el hambre de los necesitados con la adjudicación de tierra comunal12. Las últimas investigaciones —entre las que destacan las tesis doctorales de José Serrano Álvarez y de Francisco J. Lambán — lo confirman13. En el primer caso se cuenta con varias publicaciones centradas en la provincia leonesa14. Las roturaciones que se autorizaron en León, una provincia políticamente conservadora, fueron compatibles con los derechos posesorios colectivos. No se trataba de medidas «socializantes» aunque apuntaban hacia un modelo de desarrollo rural distinto al orden liberal impuesto en el campo. Serrano se ha inspirado en Thompson para avalar la idea de que la defensa del comunal estaba avalada por una conciencia del común o «economía moral». En cuanto a Lambán cabe decir que estamos ante la primera tesis que plantea la reforma agraria en todas sus dimensiones para una provincia de la España no latifundista. En lo relativo a los comunales conviene resaltar la importancia que adquiere el decreto de 26 de octubre de 1931 de deslinde de bienes comunales que en varios pueblos de Aragón dio cobertura legal a la recuperación del comunal; la presión desde abajo del pequeño campesino era muy fuerte exigiendo deslindes, presionando en Madrid, y tendría su cenit en 1936 cuando Ejea de los Caballeros se convirtió en epicentro del movimiento comunalista. Las reivindicaciones antiguas cobraban así nueva vida con la formulación propia de los sindicatos de clase15. La explotación sistemática de los expedientes de rescate de comunales que están empezando a efectuar Iriarte y Lana16 seguro que ofrecerá nuevas pautas de interpretación no solo del período republicano sino también de cómo tuvo lugar la

Torrejón, 2008. Tuñón de Lara, 1985c, págs. 187-194. 11 Malefakis, 1971: 274-275. 12 Robledo, 1996 y 2011. 13 Serrano Álvarez, 2006 y Lambán, 2014. 14 Serrano Álvarez, 2005 y 2014. 15 Sabio, 2002, pág. 208. 16 Iriarte y Lana, 2013 9

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implantación del capitalismo agrario en España. A ello ayudará también la renovación teórica de la literatura inspirada en E. Ostrom y otros autores17. Si el libro de Malefakis no es buena guía para el tema de los comunales, tampoco lo es siempre para el análisis de las tensiones sociales y políticas. Ya Tuñón de Lara apuntó que su investigación «dominaba la cúspide pero no los niveles de base ni los intermedios»18. Su influjo, sin duda, ha ido menguando pues en este casi medio siglo transcurrido desde su publicación se han renovado profundamente los planteamientos de la historia agraria o de la historia política que Malefakis no ha tenido en cuenta apenas como se advierte en su último libro que básicamente es una recopilación de estudios19. La habilidad de Malefakis para explotar los datos cuantitativos (Catastro, Censo Agrario, Inventario fincas expropiables y otros) debe contrapesarse con sus juicios menos afortunados sobre los agentes sociales en momentos conflictivos como la huelga campesina de 1934 o el período del Frente Popular. Opino que en estos casos puede haber pesado la influencia de algunos de sus acreedores intelectuales, como Juan J. Linz20. Aunque he discrepado del enfoque que Rey Reguillo utiliza en Paisanos en lucha, también he reconocido el análisis minucioso que hace de las actitudes del campesinado para conocer cómo se desarrolló la convivencia o se gestó la intolerancia en los pueblos21. El empleo de los argumentos de la teoría política al que acuden este y otros autores ha impulsado diversos estudios que analizan la acción colectiva y los movimientos sociales. Carlos Gil ha desgranado preciosos testimonios que hacen comprensible el sentido que adquirieron las «luchas pueblerinas» durante la República22. La regulación del mercado laboral ocupa un lugar central para entender la conflictividad rural y las oscilaciones del voto campesino según ha expuesto repetidas veces Francisco Cobo. Fue el profundo malestar político del campesinado familiar de las provincias castellanas, extremeñas o de Andalucía Oriental, motivado por la aplicación de la legislación laboral y la actividad huelguística de los jornaleros, el que condicionó la opción hacia la derechización política. De este modo se fue consolidando un amplio frente que proclamaba el deseo de poner fin a la experiencia democrática republicana23. La comparación del caso español en el contexto europeo de entreguerras también ha sido investigada oportunamente24. Por mi parte, he efectuado varias observaciones críticas a varios de los planteamientos de Francisco Cobo25. Lana y Laborda, 2013. Tuñón de Lara, 1981, pág. 19. 19 Malefakis, 2014. 20 «Con Juan Linz he pasado tantas horas fructíferas discutiendo los problemas de España, que difícilmente sé ya donde terminan sus opiniones y donde comienzan las mías», confiesa en el prólogo Malefakis, 1971, pág. 9. Con esto no trato de descalificar la obra de nadie (como reconocen varios especialistas en el número extraordinario de la Revista de Estudios Políticos de 2014), sino simplemente dejar constancia de que, en mi opinión ―discutible, por supuesto―, hay enfoques que no propician un buen acercamiento a la realidad conflictiva de los años treinta si lo que predomina es, por ejemplo, la teoría de la modernización como plantilla de la evolución histórica. 21 No tiene sentido repetir aquí lo expuesto en mi reseña y contrarréplica, aparecidas en Historia Agraria, nº 53 (2011), págs. 215-221, y nº 54 (2011), págs. 239-246. 22 Gil Andrés, 2013. 23 Cobo Romero, 2000, 2003a y b, 2011 y 2013. 24 Cobo Romero, 2012. 25 Robledo, 2014a, págs. 82-86. 17 18

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Vista la intensidad de los enfrentamientos que reflejan diversas monografías así como el juicio lapidario del gobernador Peña Novo para Extremadura —«ambas clases están íntimamente convencidas de que solo el aniquilamiento de la clase contraria puede resolver el problema»26 — no estamos tan alejados del concepto de lucha de clases que es como tituló Jacques Maurice uno de sus capítulos27. En este mismo sentido cabe integrar el papel desempeñado por las distintas fuerzas de orden público, en especial de la Guardia Civil. Setenta y cinco víctimas mortales fueron causadas por la Benemérita en los pueblos durante los diez primeros meses de la República28. La conocida y trágica trilogía de Castilblanco29, Casas Viejas30 y Yeste31 muestra la complejidad del conflicto agrario, si bien, como ocurrió en el primer pueblo o en Castellar de Santiago32, Palacios Rubios33, Corral de Almaguer34, etc., el desenlace sangriento se debió en muchas ocasiones a disputas por la regulación del mercado laboral y cuestiones salariales. En el último pueblo citado los enfrentamientos, que en septiembre de 1931 acabaron con la muerte de cinco obreros por la Benemérita, subieron de intensidad al no respetarse la promesa de cinco pesetas de salario, cifra que conviene tener en cuenta para contrastar con las docecatorce que aireaba Gil Robles en sus intervenciones parlamentarias. Resulta inevitable citar el pueblo contiguo de Villa de Don Fadrique, bajo la influencia del PCE igual que el anterior y con desenlace igualmente sangriento35. La huelga campesina de junio de 1934 estudiada en su día por Tuñón, Macarro o Bizcarrondo36 figura en nuestro recuento con la monografía del pueblo extremeño de Alconchel donde la intervención de la Guardia Civil en una reunión de obreros causó tres muertos37. Después de la primera represión, la participación en la huelga fue motivo para otra segunda represión a partir julio de 1936. De los treinta y un detenidos en 1934 la mitad serían fusilados. Mucho menos violento fue el resultado en Albacete, con la peculiaridad de que los pueblos afines al sector caballerista no secundaron la huelga38. Imposible detallar más referencias locales que en parte pueden verse en Preston39. Finalmente la publicación de la tesis de López Esteve ha confirmado el carácter central que 26

«Informe sobre la situación de las provincias de Badajoz y Cáceres», en CDMH, PS Madrid, legs. 662

y 695. Maurice, 1990. González Calleja, 2014, pág. 113. El total fueron 103; he descontado las correspondientes a las capitales de provincia, aunque algunas víctimas pudieran atribuirse a cuestiones agrarias. En esta investigación se demuestra cómo la Guardia Civil actuaba como «una tropa en plena guerra». Su inadecuado armamento y la desconfianza frente a los nuevos derechos de manifestación y sindicación explican las masacres agrarias. Observaciones complementarias, en Robledo, 2015b. Apreciaciones distintas pueden encontrarse en Blaney, 2012. 29 Jiménez de Asúa et alii, 2011. 30 Gutiérrez Molina, 2015. 31 Requena Gallego, 1983. 32 Además de Malefakis, 1971 y Ladrón de Guevara, 2010, véanse Rey Reguillo, 2008, págs. 197-198, y Preston, 2011, págs. 61-62. 33 Robledo y Espinoza, 2007. 34 Bonnet, 2012. 35 Fernández Gutiérrez, 2008. 36 Tuñón de Lara, 1981; Macarro Vera, 1991, y Bizcarrondo, 2008. 37 Lopez Leitón, 2014. 38 Requena Gallego, 1998. 39 Preston, 2011, págs. 93-118. 27 28

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tuvo la movilización campesina en la revolución de octubre en Cataluña, sobre todo en las zonas agrícolas donde la Unió de Rabassaires era la fuerza hegemónica40. La aspiración de la mayoría de los payeses —en una acción insurreccional que incluía también la lucha anticlerical— no iba contra el principio de la propiedad privada de la tierra, pero la práctica social y política erosionó la estructura de la propiedad y las relaciones sociales. Solo así se entiende la dureza de la represión. Las limitaciones de espacio impiden extenderme en otros aspectos. Confío al menos que la sistematización de la bibliografía aparecida en los últimos años —tarea no siempre fácil por la dispersión de publicaciones locales— ayude a los investigadores41.

2. LOS NUEVOS HISTORIADORES POLÍTICOS Y LA REFORMA AGRARIA42 Son frecuentes las críticas efectuadas por estos historiadores a las explicaciones basadas en los factores estructurales por creer que las responsabilidades individuales o de grupo en los actos concretos de violencia suelen escudarse de forma genérica en factores como la desigualdad, la pobreza o el hambre. La denominación de «historia estructural» resulta bastante imprecisa por no decir equívoca, sobre todo si pensamos en la alternativa del antónimo «historia coyuntural». ¿Se refieren acaso a la historia económica? Quiero creer que el juicio negativo, que yo compartiría con los nuevos historiadores políticos se basa en la interpretación simplista de que la economía determina mecánicamente la conciencia, correlación que no sé si alguien defiende hoy. Pero hay algo más cuando se pide poner en primer plano los factores políticos y relegar o excluir los factores «estructurales» especialmente cuando las críticas se acompañan de la etiqueta de «marxismo clásico» o similar, por ejemplo, «historia estructural y de clase»43. Hoy puede estar ocurriendo lo mismo a propósito del libro —más moderado de lo que se cree— de Thomas Piketty (El Capital en el siglo XXI) cuando los conservadores norteamericanos, uno tras otro, lo tildan de marxista por la importancia que concede al análisis de la desigualdad de la riqueza44. El mayor auge de la nueva historia revisionista española se ha producido en una coyuntura en la que los factores materiales («para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más», escribían Marx-Engels en La ideología alemana) tienen un peso considerable. La recesión económica, las altas tasas de desemLópez Esteve, 2013. En mi contribución al Homenaje a Ángel García Sanz, en curso de edición, presento una versión de este capítulo en la que amplío esta bibliografía y la estructura en diez apartados: 1. Cuestión agraria. Obras generales; 2. Monografías locales o regionales; 3. Fuentes. Estadística; 4. Las ideas de los reformadores; 5. Reforma desde arriba y aplicación de la reforma; 6. Violencia y movilización política; 7. Sindicalismo y mercado de trabajo; 8. Bienes comunales; 9. Arrendamientos, foros y rabassas, y 10. Reforma agraria liberal y Señoríos. Así puede apreciarse la intensidad de la investigación según los temas. 42 Agradezco las observaciones de José Luis Ledesma y Fernando del Rey, sin atribuirles los defectos que el lector pueda encontrar en estas páginas. 43 Rey Reguillo, 2011a (réplica a la reseña de Ricardo Robledo en Historia Agraria, nº 54 [agosto 2011], pág. 241). 44 The Wall Street Journal da un paso más y opina que la propuesta de fiscalidad progresiva traería los males del estalinismo (Paul Krugman, «El pánico a Piketty», El País, sección Negocios, 4-V-2014, pág. 21). 40 41

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pleo, las medidas de austeridad, etc. han complicado dramáticamente la supervivencia de los más desfavorecidos. Por otra parte, crece la preocupación por el incremento de la desigualdad, que no solo recorta las posibilidades de crecimiento económico y por tanto del potencial empleo, sino que está amenazando la cohesión social. Es normal que el presente llame a la puerta del historiador y lo haga más sensible a la hipótesis de que la violencia o «la erosión de la legitimidad del régimen político» están muy condicionadas, igual que ayer, por el difícil panorama socioeconómico45. En la España de 1931, pese a los cambios sociales y a la disminución de la población activa agraria, la cuestión agraria no había perdido su lugar central, especialmente en lo que atañe a la desigualdad de la propiedad. Ciertamente se había modificado la composición de las élites agrarias al tiempo que los colonos de las casas aristocráticas habían adquirido varias de sus fincas con la ayuda de préstamos diversos (cuyos intereses estuvieron pagando décadas después de la Guerra Civil). Sin embargo, tanto el recambio de élites como el número de los nuevos pequeños propietarios (hipotecados) no fueron suficientes para corregir de forma sustancial la gran desigualdad en el acceso a la propiedad. Unas pocas decenas de grandes terratenientes (no necesariamente nobles) o sociedades concentraban un poder económico excepcional. Tan solo contando las fincas que superaban las 5.000 hectáreas trece propietarios de Cáceres poseían 133.621 hectáreas, quince en Badajoz sumaban 104.690, cuarenta en Andalucía llegaban a casi 600.000. Este panorama es el que hacía de España un caso llamativo después del reformismo agrario que siguió a la Gran Guerra. Una vez que Mussolini había frenado la reforma italiana, confesaba el católico social Severino Aznar, España seguía siendo el único país europeo que se apartaba de la «cruzada mundial contra la concentración de la propiedad […] el único país de Europa que tiene un régimen agrario lamentable sin que lo advierta y sin que haga esfuerzo alguno por sacudirlo»46. Salvo los georgistas, cualquier político o escritor, por conservador que fuera, se iba a mostrar en 1931 partidario de alguna clase de reforma agraria que por fin iba acometer un régimen republicano encumbrado especialmente gracias al voto urbano. La reforma agraria que avalaron los mejores economistas e ingenieros se planteó para paliar las consecuencias del paro forzoso, principal factor de desestabilización sociopolítica que los reformistas asociaban al predominio de la gran explotación. El peligro que temían los gobernantes en el verano en 1931 es que ardiera Andalucía como refleja la anotación de Azaña del 21 de julio de 1931 en sus Diarios. Y cuando llegue el Frente Popular, no fueron las huelgas políticas prerrevolucionarias, como dice Payne, las que movilizaron a los pueblos andaluces, sino el malestar del paro obrero que canalizaban, claro, los sindicatos47. Carece de todo fundamento, aunque se repita una y otra vez como verdad establecida, que los republicanos y socialistas plantearon la reforma agraria por cuestiones ideológicas más que económicas, como afirma Macarro48. Teniendo en cuenta la grave situación de desempleo y la intervención de economistas de la talla de Flores de

González Calleja, 2013. Aznar, 1930: 82. 47 Caro Cancela, 2014. 48 Macarro Vera, 2000. La insensatez de la reforma y otras descalificaciones por el estilo se multiplican en el estudio que resume la tesis fundamental (Macarro Vera, 2011). 45 46

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Lemus para remediarlo en el anteproyecto de reforma agraria, esa afirmación casi roza el despropósito. Que para solucionar el grave problema social en Extremadura se nombrase como gobernador general a un galleguista ya sugiere por dónde iba el radicalismo. La descalificación de la reforma agraria como un disparate, término utilizado varias veces por Macarro, parece apoyarse en un hecho cierto —el fuerte incremento de los rendimientos por hectárea en el campo español y particularmente en el andaluz que haría superflua la reforma—, pero ignora otros dos elementales: que eso no ocurre por activo agrario y, sobre todo, que los beneficios de ese crecimiento económico no se distribuyen tampoco, como ocurre hoy, de forma equitativa. Es decir, la reforma seguía siendo una opción válida. Además, la argumentación se basa en ridiculizar la ignorancia de los reformistas agrarios a niveles algo grotescos, como suponer que Pascual Carrión desconocía que en la Europa Atlántica lloviera más que en España. «Don Pascual Carrión —sentencia Macarro— no entendió el marco histórico en el que nació»49. Se acepta que hubo progreso agrario en España, pero se llama casi tontos a los ingenieros agrónomos, que algo debieron de influir en aquel progreso, y que, como Carrión, Alcaraz, Vázquez Humasqué, Vergara Doncel, etc., participaron en la reforma agraria. Es quizá muy arriesgado suponer que esos ingenieros agrónomos, igual que los que efectuaban los planes de aplicación para el asentamiento de las comunidades de campesinos, desconocían la calidad del suelo, no sabían calcular la carga ganadera o la necesidad de respetar el arbolado de la dehesa. Fue la capacidad de intensificar la producción bruta, mediante el empleo del factor de producción más barato que era el trabajo, la que animó de forma coherente en términos económicos y sociales el proyecto reformista. Macarro descarta que hubiera reacción de los patronos con una caricatura contra la política reformista —«los propietarios españoles, con tal de acabar con la República, decidieron dejar de cultivar sus tierras al precio de arruinarse a sí mismos. Caso sin parangón histórico en la conciencia de clase» —, pero tal reacción fue la habitual, como demuestran todas las monografías que conozco de las provincias latifundistas, varias de las cuales se citan en la bibliografía. Por otra parte, es obvio que el gran propietario puede dejar de cultivar parte de sus posesiones sin arruinarse. Lo que no «salía a cuenta» en los cortijos, como explicó hace ya casi medio siglo Martínez Alier, sí era rentable en las pequeñas parcelas de los ruedos por la cantidad o calidad del trabajo familiar incorporado. Para eso se proyectó precisamente la reforma. La tendencia iconoclasta de la República le lleva a Macarro a relacionar el fracaso de los asentamientos con la tendencia al oportunismo de los jornaleros: «¿desde cuándo los desposeídos, en una situación revolucionaria o de reforma radical, se han sumado a ella para trabajar más o arriesgarse a cobrar menos?»50. Sin embargo, que hubiera remisos a formar parte de las comunidades de campesinos no permite deducir que hubiera siempre un empleo alternativo por el que cobraran más. Las estadísticas de paro lo desmienten, y los campesinos que protagonizaron las invasiones de fincas en la primavera de 1936,

49 Macarro Vera, 2000, pág. 215, nota 79, y especialmente págs. 195-237, donde se concentran juicios muy discutibles sobre la cultura y reforma agrarias. Para una actualización del pensamiento de Carrión (que fue denunciado por la Falange valenciana por «comunista», encarcelado e inhabilitado) y su utilidad hoy, véase Pan Montojo, 2007. Sobre los ingenieros, Pan Montojo, 2005. 50 Macarro Vera, 2011, pág. 129.

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acogiéndose al decreto de 20 de marzo y formando comunidades, lo que querían (¿conviene recordarlo?) era trabajar todo lo posible para efectuar cuanto antes las labores de barbecho que las frecuentes lluvias habían impedido. ¿En dónde se basa este panorama de ingenieros ignorantes, patronos respetuosos y jornaleros perezosos? Digámoslo sin rodeos: en una utilización defectuosa de las fuentes por su intención selectiva y sesgada que va en contra, a menudo, del planteamiento del autor que se cita. Es incorrecto por otra parte que los asentamientos de comunidades se llevaban a cabo sin informes de los ingenieros, los llamados planes de aplicación, porque los socialistas desconfiaban de los técnicos51. Este error podría atribuirse, pensando piadosamente, a la precipitación del investigador, pero cuando el autor conoce publicaciones que se basan en esos planes de aplicación de los ingenieros, el error podría merecer otro nombre52. La idea que se quiere transmitir —«mientras menos técnicos, mejor» para que sean los obreros quienes decidan— no se corresponde con la realidad. Lo que se ha hecho es convertir en norma de actuación la desconfianza de los socialistas en 1932, que por otra parte era fundada53. Macarro, cuya obra sirve de referente a los nuevos historiadores políticos en temas agrarios, utiliza a menudo el procedimiento de citas interesadas, que le permiten fundamentar tesis que son radicalmente opuestas a las de los autores citados. Yo he sido crítico, como lo fueron antes Malefakis o Maurice, con la estructura de la Ley de Bases de septiembre de 1932 o del IRA, pero no me puede utilizar para ocultar a quién correspondió principalmente el fracaso de la reforma y el inicio de la Guerra Civil54. El mismo procedimiento ha seguido con Sigler de forma poco correcta, como, por ejemplo, al sacar de contexto una inspección del alcalde pedáneo de Casas Viejas sobre las fincas de Espera mezclando ambos términos municipales y mutilando su explicación sobre la realidad de aquella «inspección»; la impresión de Sigler sobre las dificultades de los asentamientos se desvirtúa con tal de descalificar la reforma55. Me consta que no somos los únicos damnificados por esta forma de proceder. En resumen, con el recurso de citas descontextualizadas y otros errores de interpretación se construye el relato desmitificador de la reforma agraria. No entro a valorar otras partes más políticas del relato, si bien estoy en desacuerdo con su tesis que comparten la mayoría de los nuevos historiadores políticos: la República no fue entendida por los republicanos, sobre todo los socialistas, como una democracia, sino como una revolución, que por tanto excluía la aceptación de la hipotética victoria de los antirrepublicanos56. Macarro Vera, 2000, págs. 220-222, y 2011. Macarro cita a Robledo, 1997, donde se relacionan los distintos planes de aplicación de los ingenieros. Igualmente conoce, y cita la monografía de López Ontiveros y Mata Olmo, 1993, que tiene como apéndices tales planes. 53 Testimonios sobre ingenieros que por sistema no aceptan peonadas aunque se ajusten al decreto de laboreo forzoso, en Robledo, 2004, pág. 805. La hostilidad de una parte de los ingenieros al proyecto de reforma, en Pan Montojo, 2005, págs. 265-299. 54 Robledo, 1996 y 2008, págs. 245 y 275. 55 Macarro Vera, 2000, pág. 234. Este autor da a entender en páginas siguientes que extrae esa conclusión de la tesis de Sígler, lo que es totalmente falso, como me ha comunicado Sigler y se documenta en Sígler, 1995. 56 Macarro Vera, 2000, pág. 13. 51 52

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La tesis de Macarro sobre «las insensateces de las reformas sustentadas en objetivos ideológicos» que conducían a la «irracionalidad económica»57 se prolonga en las consideraciones sobre la política socialista del mercado de trabajo (jurados mixtos, laboreo forzoso, ley términos municipales, etc.) asumiendo el dogma de un Largo Caballero revolucionario. Nada que ver con lo expuesto veinte años atrás al analizar la huelga de 193458. El tema es de gran envergadura y repercute, además, inevitablemente en la arena política. Solo cabe exponer alguna pincelada crítica sobre la idea de que el control del mercado de trabajo por los socialistas acarreó los efectos contrarios pues «al no ser fruto de una doctrina económica mínimamente elaborada, nunca pensó en el mercado como conjunto, sino solo en el laboral, creyendo que la intervención de este solventaba las disfunciones de aquel»59. Como en otras ocasiones no existe o pasa a un muy segundo plano la hostilidad de las derechas a cualquier tipo de regulación. La idea que se ha generalizado es la del despropósito de la política de Largo Caballero que al propiciar el alza salarial arruinó a los agricultores. Se trata del mismo argumento defendido por Gil Robles en septiembre de 1932 según el cual se estaban produciendo graves pérdidas de explotación tanto en Sevilla como en Salamanca60. Hay, al menos, dos críticas que pueden hacerse, una que podríamos encuadrar en la política macro y la otra en la micro. La primera se refiere a la existencia de un modelo industrialista, de larga tradición en Cataluña, que pensando en la conquista del mercado interior o en la estabilidad social necesitaba contar con políticas de demanda, es decir con el fortalecimiento del poder de compra de los agricultores. No era viable una situación donde los necesitados trabajaran con afán heroico «por tres míseros reales y un gazpacho», como decía E. Huguet del Villar. Para corregir esta situación el Fomento del Trabajo Nacional proponía en abril de 1931 que había que mejorar la suerte del bracero andaluz y elevar los salarios misérrimos del interior de España llevando a efecto los planes de política agraria para poder sostener el modelo económico61. Es decir, la política de elevación de salarios no era una «irracionalidad económica» instigada por la lucha de clases sino que encajaba en un modelo de desarrollo no agrarista, que, ciertamente, no era solo una cuestión interesada de la patronal catalana62. En cuanto a la política micro, los socialistas como Prieto pedían paciencia y sacrificios a los trabajadores en sus reivindicaciones, pero no está asegurado que aceptar salarios bajos sirva para crear automáticamente empleo, como nos enseña tenazmente la realidad. El estudio de las contabilidades agrarias demuestra que habría grandes explotaciones que verían mermados sus beneficios, pero no por ello necesariamente tendrían que arruinarse. El caso de Fernán Núñez lo demuestra. El intervencionismo republicano se percibió «agresivo» porque rompió las tradicionales reglas de juego. Obligó a patronos y obreros a compartir la mesa de negociación y a discutir sobre condiciones de Macarro Vera, 2011. Macarro Vera, 1991. 59 Macarro Vera, 2000, pág. 193. 60 Gil Robles, 1971, págs. 152-164. Las cuentas están hechas dando por supuesto que los salarios eran a 12-14 pesetas y que se cumplían las bases de trabajo, cosa que la investigación sobre Salamanca demuestra que no es cierto. Véase Robledo y Espinoza, 2007. Datos de 5-6 pesetas diarios, en Rey Reguillo, 2008, pág. 190. 61 «El paro forzoso en Barcelona», El Trabajo Nacional, abril 1931, cit. en Cabrera, 1983, pág. 308. 62 Robledo, 1993. 57 58

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trabajo que, allí donde se respetaran las bases de trabajo, pusieron en aprieto el margen de explotación de pequeñas-medianas explotaciones, especialmente si estaban dedicadas a cultivar cereal, cuya cotización debió sostenerse ―inútilmente, por cierto― mediante precios políticos que consumieron más recursos que la reforma agraria. Pero lo que se discutió en muchas bases no fue solo que la empresa agraria pudiera o no soportar alzas salariales, con la consecuente quiebra. Lo que no se toleró o resultó difícil de comprender fue la aparición de unas nuevas relaciones de poder con unas reglas de juego hasta entonces inéditas en el campo. Más o menos como ocurre hoy, los patronos prometían trabajo con tal de que no hubiera regulación: «ni Bases ni Bolsa [de trabajo]»63. Estaban bien los sindicatos cuando eran los católicos, pero no se aguantaba, como decía el administrador de Fernán Núñez en 1936, actuar «bajo la férula de la Casa del Pueblo»64. A diferencia de los países de su entorno, hubo que esperar a 1931 para disfrutar de los derechos sindicales necesarios para la negociación colectiva acomodándose España a la institucionalización de las políticas sociales de otros países65. Es imposible ahora efectuar un balance de la política laboral socialista durante el primer bienio. Cabría al menos tener en cuenta, a la hora de verter descalificaciones, en qué dirección iban las políticas de regulación del mercado laboral (horarios, jurados mixtos, representación sindical…), que hoy se encuadrarían en las políticas del amenazado estado de bienestar, y adónde iban las ideas corporativistas de Gil Robles. Esto no quiere decir que no hubiera desajustes y errores en aquella legislación de modo que, por ejemplo, ya en 1932 la Ley de términos municipales no se cumplía administrativamente, cuando se cumpliera, a nivel municipal sino provincial. Ahora bien, existe una cierta contradicción entre la descalificación de la política reformista del primer bienio y al mismo tiempo afirmar que la llegada de lerrouxistas y cedistas no la alteró «hasta bien entrado el año 1935». En efecto, ha sido Fernando del Rey quien más ha insistido en la continuidad de la política sociolaboral y de la reforma agraria hasta una fecha imprecisa de 193566. Si dejamos de lado la incongruencia (al menos la Ley de Términos Municipales, restringida ya por Largo Caballero, fue anulada en mayo de 1934), no sabemos exactamente en qué momento de 1935 se habría producido la ruptura. Pongamos que la reacción de las derechas llegó cuando obligaron a dimitir a Giménez Fernández, en abril de 1935, o cuando Velayos sacó adelante la ley de contrarreforma agraria, en julio de 1935. ¿Cuál es el resultado de este nuevo acotamiento? El buen comportamiento de los conservadores frente al innato revolucionarismo la izquierda. En concreto, que la reacción de las derechas, en especial de la CEDA, se limitaría en toda la República a unos ocho-diez meses, pues a partir de febrero del 36 o bien la revolución estaba en marcha o bien, para algunos neo revisionistas, el caos allanó el camino al golpe militar. ¿Pero no hubo acaso una huelga campesina en junio del 34? La versión de la nueva historia revisionista la deja López Martínez y Gil Bracero, 1997, pág. 306. Robledo y Gallo, 2007. 65 Barrio, 2014, págs. 124, 130, 135 y 170-190. 66 Rey Reguillo, 1996, pág. 399 y 2013b, pág. 37. Igualmente Townson, 2013, pág. 179. Entre las varias monografías que demuestran todo lo contrario (cómo los conservadores buscan recuperar de inmediato el terreno perdido a través de la violencia institucional), véase López Martínez, 1995a, págs. 311-366 y 1995b, págs. 119-144). Y en lo relativo al orden público el Estado lo endureció. Véase González Calleja, 2014, págs. 223-258. 63 64

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sin argumentos objetivos, para echarla en los brazos del socialismo revolucionario que se había impuesto a la línea más moderada. Creo que es erróneo suponer que los gobiernos de centro derecha aceleraran la reforma agraria67. Los hechos fueron: 1) la Ley de Amnistía de abril de 1934 supuso en la práctica la paralización de las expropiaciones68; 2) la llegada al poder de la CEDA en octubre de 1934 limitó la reforma a meras ocupaciones temporales, y 3) las expropiaciones definitivas acordadas por el IRA se convirtieron en temporales en enero de 1935. Y todo resulta coherente con la actitud de esa derecha, la minoría agraria liderada por Gil Robles, que obstaculizó cuanto pudo la ley de septiembre de 1932 (y luego, sus sucesores, la ley de arrendamientos de Giménez Fernández). Sin negar que hubo en el segundo bienio leyes de acuerdo con las Cortes Constituyentes o ministros nada reaccionarios (no hay que fijarse más que en Filiberto Villalobos y ver cómo lo trató Gil Robles69), o el caso más conocido de Giménez Fernández, resulta algo peregrino que se pretenda hacer pasar a la historia como ejecutoras ejemplares de la reforma agraria a las fuerzas conservadoras de centro-derecha, buena parte de las cuales la boicotearon cuanto pudieron. Townson o Tusell, cuando editó a Giménez Fernández, dicen algo parecido. En cuanto a los salarios, la comparación de varias bases de trabajo aprobadas por los jurados mixtos en 1934 para faenas idénticas, supone disminuciones del 20% o más70. Aunque no se centren expresamente en el período republicano, resultan de indudable interés las investigaciones de López Estudillo71. Finalmente, la descalificación republicana se ha extendido también a la política triguera, asunto sobre el que solo ha opinado Ranzato. Es sabido que el período del Frente Popular suele condensar todos los males que para este historiador se concretaban en «el desmantelamiento del sistema democrático-capitalista […] [dada] su orientación hacia un antiliberalismo, un dirigismo, un estatalismo, muy radicales»72. Para demostrarlo 67 Quizá fuera el primero en consultar las Actas del Consejo Ejecutivo del IRA y demostrar que el éxito de la política de obstrucción de las derechas fue tal que las primeras expropiaciones solo pudieron llevarse a cabo el 31 de julio de 1933, pero no los asentamientos de comunidades de campesinos que debieron realizarse convocadas ya las elecciones de noviembre. Es obvio que cualquier comparación cuantitativa beneficia al encargado de aplicar la ley por primera vez, aunque fuera restrictivamente (Robledo, 1996 y 2012). Numerosas investigaciones regionales dan cuenta del retroceso social del segundo bienio, varias de ellas resumidas en Preston, 2011. Para Townson, 2012, págs. 179-180, sus referencias son Macarro y Rey Reguillo. 68 El IRA se había incautado de unas ochocientas fincas de los encartados con motivo de la Ley de agosto de 1932 y cuando llegó la Ley de Amnistía se devolvieron. 69 Juliá Díaz, 2007. 70 Robledo, 1996, pág. 311 y López Martínez, 1995a, pág. 171. La heterogeneidad de actividades agrarias y territorios hace discutibles las cifras agregadas. Con estas reservas, los salarios reales agrarios —después de la subida inicial que documenta, por ejemplo, Rey Reguillo, 2008, pág. 190— se estancaron en 1934 y subieron ligeramente en 1935, pero como los precios disminuyeron, parte del crecimiento de los salarios se debió sencillamente a la deflación, (Comín Comín, 2011, pág. 63). Otras estimaciones como las de Bringas, 2000, pág. 96, informan de un retroceso de los salarios del 4% respecto a 1931, que aumentaría sin duda al compararlos con los de 1933. La media de los salarios-hora de varias provincias procedentes del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España (datos proporcionados por M. Vilar) también indica un leve retroceso en 1935 respecto al año anterior. En fin, concluyamos con un testimonio poco parcial: en enero de 1934 la Federación de Propietarios de Andalucía pedía a sus afiliados que no abusaran de los jornaleros que, debido a la escasez de trabajo, se ofrecen por salarios muy bajos (Florencio Puntas, 1988). En el mismo sentido, véase la información del Boletín de la ACNP, nº 179-180, septiembre-octubre 1934. 71 López Estudillo, 2011 y 2012. 72 Ranzato, 2014, págs. 297-298. La idea de Ranzato sobre la violencia del Frente Popular como causa directa de la guerra se critica fundadamente en Ledesma, 2013, pág. 332.

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pone como ejemplo a Ruiz-Funes, ministro de Agricultura a quien en un mitin del 7 de julio de 1936 se le ocurrió afirmar que la libertad del mercado de trigo no debía perder de vista que la economía agraria tenía que someterse a la acción intervencionista del Estado. Ahora bien, resulta que todos los ministros hasta abril del 36, fueran de derechas o de izquierdas, colaboraron en llenar la Gaceta con decretos que intervenían fuertemente el mercado triguero, o dicho de forma simplista eran antiliberales. La excepción fue RuizFunes que lo liberalizó, justamente lo contrario que le atribuye Ranzato. Y es que es complicado hacer deducciones hilvanando frases procedentes de los mítines. El ejemplo, como prueba del radicalismo hacia una economía intervenida, resulta contraproducente, pues por primera vez durante la República (y antes de su llegada) se acabó con un intervencionismo que había propiciado situaciones de corrupción como ocurrió en las elecciones de 1936 en Salamanca en las que el Bloque Agrario —al que estaba adscrito Gil Robles— consiguió votos a cambio de comprar trigo73. Toda la red intervencionista que envolvía el mercado triguero (fijaciones de precios, tasas, Juntas Locales de Tenedores de trigo, Juntas Locales de Contratación, etc.) se rompió gracias al Decreto de 8 de abril de 1936 que restableció la libertad de contratación de trigo y harinas y suprimió el régimen de tasas y las guías de circulación. «La verdad de todos conocida —se declaraba en el Decreto— es que el reciente y complicado aparato de intervención del Estado en el mercado de trigo no ha pasado de ser una ficción en la mayoría de los casos». Con la llegada del Frente Popular, la política de Ruiz-Funes se apartó totalmente de la de sus predecesores y combinó la liberalización del mercado triguero (éxito que le reconocieron hasta sus enemigos) con un intervencionismo en el mercado de la tierra, estrategia nada alejada de lo que aconsejaba no hace mucho la FAO74. Sin embargo, según Ranzato el ministro Ruiz-Funes estaba en la senda de desmantelar la economía capitalista en España…

3.

NOTA PARA CONCLUIR

En los veinte años últimos se han publicado cerca de cien títulos, de muy distinto fuste, relativos a la cuestión agraria durante 1931-1936. Aunque haya obras generales que tengan algún apartado dedicado a los conflictos agrarios, nada tiene que ver con los cientos de publicaciones que deben de haber visto la luz en el mismo período desde una perspectiva política. De todos modos, no se pueden hacer compartimentos estancos; un buen conocimiento de la historia política es buena guía para la historia social o agraria y a la inversa. Por eso me parece muy discutible que la nueva historia revisionista marque su territorio con el descrédito de facto (que no siempre de intenciones) de los argumentos «estructurales» o económicos.

Robledo y Espinoza, 2007, pág. 39. Mejorar el funcionamiento de los mercados de factores, llevando al mínimo la intervención pública en los mercados de productos, es lo que proponía textualmente la FAO: Política de desarrollo agrícola: conceptos y principios, Roma, FAO, 2004, pág. 555 [www.fao.org/docrep/007/y5673s/ y5673s00.htm]. La evolución del precio del trigo de abril a junio de 1936, en Agricultura, nº 91, julio 1936, pág. 463. 73 74

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Se especula a veces sobre si el espacio decisivo en el que se jugó la suerte de la República se desarrolló más bien en la ciudad que en el campo. Como en otros dilemas por el estilo resulta arriesgado decantarse por una única respuesta sin distinguir tiempo y espacio. Y, por supuesto, no todo el espacio rural era homogéneo según se demostró con las opciones que tomaron los campesinos castellanos o los andaluces ante el golpe militar del 18 de julio. Que la cuestión agraria tuvo una centralidad en el devenir republicano parece indudable. Por primera vez desde la crisis del Antiguo Régimen bajó fuertemente la renta de la tierra; también subieron los salarios (con desempleo). Pero los cambios afectaban a algo más que la distribución de la renta. El poder sindical se fortaleció de un modo que se percibió como abusivo mientras que bastantes municipios tuvieron gobiernos que cuestionaron el uso de los recursos comunes; las oportunidades de acción colectiva se incrementaron, etc. En conclusión, la reforma agraria respondió a la necesidad de corregir la desigualdad económica y social, y nada más desigual que el paro forzoso, aunque las medidas para remediarlo no siempre fueron acertadas y tuvieron que ser revisadas. Pero es indudable que el reformismo republicano favoreció la creación de nuevas redes sociales y potenció sus expectativas mientras los grandes terratenientes perdieron rentas políticas, además de las económicas. Este cambio de escenario fue difícil de asumir desde 1931 y cuando llegó la primavera del Frente Popular la intensificación de la reforma y la presión política o sindical alimentaron el bulo de la revolución, una tapadera del golpe militar que llevaba bastantes meses en marcha.

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