La crisis de la democracia participativa y el ejercicio de la contrademocracia

July 27, 2017 | Autor: C. Santiváñez | Categoría: Social Movements (Political Science), Representative Democracy, Direct Action, Contrademocracia
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Descripción

La crisis de la democracia representativa, las limitaciones de la democracia participativa y el ejercicio de la contrademocracia Por Carlos Eduardo Santiváñez Limache Resumen La transición de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia ha implicado la reconfiguración del escenario político nacional. Con un partido en el gobierno que comenzó como movimiento social, se fomenta la participación de movimientos sociales para ejercer una vida política más democrática. Sin embargo las propuestas de control social en la nueva Constitución Política del Estado podrían ser un arma de doble filo, ya que si bien por un lado permitirían consolidar el ejercicio de la democracia participativa de forma más eficiente, también podrían ser una puerta abierta que permita al Estado ingresar en la dirección de los movimientos sociales y las agrupaciones ciudadanas. Como una respuesta a tal situación, se propone considerar la contrademocracia como una alternativa que implica una actitud de desconfianza constante del pueblo hacia sus mandatarios. Palabras clave: Movimientos sociales, democracia representativa, democracia participativa, contrademocracia.

La vida política de Bolivia se caracteriza por la constante presencia y acción de los movimientos sociales, ya sean urbanos o rurales. De hecho, el ascenso del MAS al poder fue posible gracias al apoyo conjunto de varios movimientos sociales a lo largo del país, e incluso el MAS fue fundado como un instrumento político del movimiento cocalero del trópico. Sin embargo, la consolidación de este partido en el poder no llegó a satisfacer las demandas de los distintos sectores sociales (incremento salarial para los obreros, reconocimiento de territorios indígenas, mayor acceso a la educación y salud para las comunidades indígenas, entre varias otras). Pero pese a no haber podido brindar soluciones a los distintos problemas, el gobierno del MAS reconfiguró de todas formas el espacio político de participación popular. En este sentido, el gobierno de turno expone un discurso integrador de los movimientos sociales donde asegura fomentar la participación de los mismos, pero en realidad esta reconfiguración, sustentada en la democracia participativa, implica una oportunidad de intromisión del Estado en los movimientos sociales.

Antecedentes La mayor participación de los movimientos sociales en el espacio político hace evidente la ineficiencia de la gestión pública del MAS, como también la crisis de la democracia representativa. Zegada (2011) argumenta que este proceso se debe a un déficit histórico de la representación democrática que ocurrió no solo en Bolivia, sino en América del Sur y que fue implementada de forma inmediata luego de los procesos de independencia. El problema ocurre al momento de considerar quienes estaban habilitados para participar en la vida democrática, ya que se trataba de una porción reducida de la población (hombres criollos profesionales, básicamente). Una mayor involucración de la población llegaría recién durante la década de los 50 con la iniciativa de sufragio universal impulsada por el MNR y donde además se crearía la COB (Central Obrera Boliviana), que pasaría a ser un movimiento sindical con cierta participación en el gobierno. Pero esta participación se vio interrumpida por las

dictaduras militares durante la segunda mitad de la década del 60 y toda la década siguiente. Con el “retorno a la democracia” en 1982, el sistema democrático de partidos volvió a verse como la forma más coherente de decisión política. Además, los movimientos sociales sufrieron una ardua represión durante la década de dictaduras militares y necesitaban reorganizarse. Sin embargo, estos partidos no llegaban a cumplir con las funciones de representación, mediación, gestión pública, etc. Esto originó un descontento general por parte de la población y desembocó en la emergencia de varios movimientos sociales que comenzaron a efectuar sus demandas al Estado usando el espacio público, en palabras de María Teresa Zegada: “De esta manera, a raíz del divorcio entre el sistema de partidos y la sociedad, las organizaciones sociales optaron por recurrir a formas de auto representación social en el espacio político para buscar la atención a sus demandas a través de medidas de presión abiertas contra el Estado y desestimando los canales de mediación institucional establecidos por el sistema de partidos, lo cual le restó aún más legitimidad al sistema de representación.” (2011: 26)

En este sentido, el sistema de partidos dejó de ser visto como la única alternativa para el cumplimiento de las demandas de los distintos sectores de la sociedad y las iniciativas propias fueron cobrando más popularidad y dando origen a nuevos colectivos de organización.1

El Estado Plurinacional y la transformación del espacio político Si nos trasladamos al momento de ascenso del MAS al poder, es importante aclarar que este proceso no hubiera sido posible sin el apoyo de movimientos sociales tanto urbanos como campesinos. En este sentido dos sucesos relativamente recientes a las elecciones de 2005 determinaron el éxito del MAS: la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003). Durante estos conflictos, los miembros de las clases populares en las ciudades y las organizaciones indígenas en las zonas rurales, fueron los protagonistas. Se trataba de nuevos actores políticos que no conseguían 1 Es importante aclarar, sin embargo, que el sistema de partidos no ha quedado obsoleto y que sigue siendo el sistema democrático por defecto. En todo caso, la ruptura de la sociedad civil respecto a la política de representación ha originado un sistema hibrido donde coexisten tanto formas de democracia representativa, como también de democracia participativa, pero volveré a este tema posteriormente.

representación bajo ningún partido tradicional y por lo tanto el surgimiento del MAS pudo interpelar a un conglomerado extenso de distintos sectores de la población que previamente se habían visto relegados de la vida política. Lo paradójico aquí es que si bien los movimientos sociales evidencian la crisis de la democracia representativa, la consolidación del MAS en el poder se llevó a cabo mediante un proceso electoral tradicional y característico de la democracia representativa. Sin embargo, con el “Proceso de Cambio” el MAS prometía realizar cambios estructurales en las instituciones políticas y fomentar la participación popular. En este sentido, la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado consistió un proceso importante para la posterior reconfiguración del espacio político nacional. Una forma efectiva para consolidar la mayor participación popular es vinculando a los integrantes de sectores previamente excluidos en el control de la gestión pública. En este sentido el artículo 11 sostiene que “Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.” Y en el artículo 12. II. Se habla del control social como una función estatal. Entonces, de modo aparente, la CPE moviliza recursos y establece artículos para garantizar una mayor involucración de la sociedad civil mediante la democracia participativa y el Control Social. Es así que se puede ver que el gobierno promueve la democracia participativa sin abandonar las nociones tradicionales de democracia representativa; pero aquí surgen las siguientes preguntas: ¿La mayor participación de los movimientos sociales garantiza una mejor vida democrática? ¿No existe el riesgo de que el Estado termine absorbiendo a dichos movimientos e imponiendo su poder sobre la sociedad bajo una fachada “democrática”? Según Komadina (2011) existe una complejidad de teorías sociológicas que definen tanto un sentido “positivo” del control social como uno “negativo”. Un control social “positivo” implica que la acción de control se ejerce desde la sociedad civil hacia el Estado para consolidar el bien común; mientras que un control social “negativo” consiste en la vigilancia y control del Estado hacia la sociedad para fortalecer y

legitimar su poder tanto mediante mecanismos represivos como también mecanismos disciplinarios. Entonces, el Control Social termina siendo un arma de doble filo en el sentido de que si bien podría permitir al pueblo un mayor control de la administración pública para consolidar una gestión más eficiente, también podría ser un mecanismo del Estado para ingresar en la mayoría (si no es que en todos) los espacios de deliberación autónoma y “desde abajo”. Si así fuera el caso, los movimientos sociales terminarían siendo cooptados por el Estado y sus demandas y actos de protesta terminarían teniendo un carácter más superficial. La situación por lo tanto es la siguiente: ni la democracia representativa ni la democracia participativa son elementos capaces de satisfacer plenamente las demandas del pueblo. La primera debido a que los representantes nunca llegan a comunicar las necesidades de los representados, y si lo hicieran en realidad están cumpliendo con intereses de su clase. La segunda democracia podría ser capaz de generar espacios de mayor control de la gestión pública pero el riesgo es que el Estado extienda su poder a estas organizaciones y así perderían autonomía. ¿Entonces qué alternativa nos queda? Una respuesta puede ser la contrademocracia.

La contrademocracia como propuesta La idea de contrademocracia es un concepto formulado por Pierre Rosanvallon (2007). Según el autor es necesario fomentar una actitud de desconfianza de parte de la sociedad civil hacia los gobernadores. Las manifestaciones de desconfianza organizada conforman políticamente un sistema de control hacia los gobiernos. En este sentido, es importante aclarar que el ejercicio de la contrademocracia no implica oponerse a la democracia formal: “Esta contrademocracia no es lo contrario de la democracia; es más bien una forma de la democracia que se contrapone a la otra, es la democracia de los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral.” (:27)

Entonces la propuesta no consiste en ir contra la democracia, sino más bien ir más allá de esta y ejercer la soberanía del pueblo en espacios que estén tanto por dentro como por fuera de lo institucional. Para consolidar esta actitud de desconfianza el autor plantea tres modalidades de la misma: los poderes de control (vigilancia), las formas de obstrucción (denuncia), la puesta a prueba a través de un juicio (calificación). Es así que el pueblo pasa a tener un rol triple frente a la gestión pública: como pueblo-controlador, como pueblo-veto y como pueblo-juez. Lo interesante de esta proposición es que estas modalidades de organización se realizan por fuera de la intervención estatal, por lo tanto la susceptibilidad de interferencia por parte del Estado ya no es una preocupación y estas formas de organización adquieren un carácter más legítimo. Se plantea consolidar un contrapoder que efectúe tareas de vigilancia hacia los gobiernos. Una forma complementaria de soberanía que permita el control sobre la gestión pública. La contrademocracia, por lo tanto no consiste en simplemente una revisión superficial de la gestión o una auditoría publica, Komadina (2011) argumenta que: “se trataría más bien de un conjunto de prácticas no institucionalizadas, ancladas directamente en el espacio social (acaso por ello más democráticas) y que están encarnadas en una multitud de actores: los movimientos sociales, los medios de comunicación, los sindicatos, asociaciones profesionales, los grupos religiosos, etc.” (:50)

Entonces es en este tipo de espacios donde se puede ejercer una democracia que vaya más allá de la democracia participativa (que termina siendo una forma más de intervención estatal) y que se legitima en la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Estos actos de protesta no institucionalizados o la participación política no convencional, serían, según Contreras-Ibáñez et al. (2005) “aquellos actos menos institucionalizados (que) están menos influidos por el ambiente sociopolítico y dependen más de percepciones y evaluaciones individuales y colectivas sobre las posibilidades del cambio social.” Es aquí donde el rol de los movimientos sociales cobra un nuevo sentido, ya que el nuevo espacio de protesta tiene que separarse cada vez más de lo institucional para continuar siendo legítimo.

Además, el hecho de que estos actos puedan estar menos influidos por el ambiente sociopolítico implica que demuestran un malestar constante y no una simple reacción a algún conflicto del momento. En ese sentido no es correcto decir que estamos en una era de apatía política; ya que las formas de participación no convencional se multiplican: participación en huelgas, manifestaciones, mítines, recolecciones de firmas, etc. Es decir, se trata de la ampliación del concepto de ciudadanía a través del ejercicio de formas no oficiales del mismo.

Conclusiones En primer lugar, la participación cada vez mayor de los movimientos sociales hace evidente que la democracia representativa está en una etapa de crisis. Entonces el discurso del Estado se apropia de la idea de fomentar la democracia representativa, pero esto se debe a que el Control Social podría ser una herramienta funcional al Estado, que le permita al intervenir en espacios previamente autónomos, como por ejemplo el ingreso de dirigentes afines al gobierno en los movimientos sociales. Además, es necesario observar que el régimen tradicional de representación todavía no está extinto y por lo tanto la configuración política en el marco del Estado Plurinacional se caracteriza por poseer una combinación de democracia representativa y democracia participativa, (la Constitución Política del Estado también menciona el sistema comunitario, pero eso es sólo un rasgo aparente y que la implementación del mismo sería un tema de estudio aparte). Entonces, como una respuesta ante la reconfiguración del espacio político está la contrademocracia, que consistiría en fomentar una relación de desconfianza por parte de la sociedad civil hacia el Estado y la gestión pública en general. Mediante la contrademocracia, la población tendría un rol más activo frente al desempeño del gobierno, ya que cumpliría con las funciones de control de la gestión, veto y calificación de la misma. Esta propuesta le permite a los movimientos sociales mantener su autonomía como también fomenta la organización de nuevos movimientos desde abajo. Así se podría hablar de una nueva etapa democrática que trascienda las limitaciones que posee la democracia participativa.

Bibliografía CONTRERAS-IBÁÑEZ, Carlos; CORREA, Fredi y GARCÍA, Luis. 2005 “Participación política no convencional: culturas de protesta vs. culturas institucionales” en Revista Polis vol. I, Nº1, pp. 181-210. ESTADO PURINACIONAL DE BOLIVIA 2008 Nueva Constitución Política del Estado. Repac: La Paz. GARCÍA LINERA, Álvaro (Coordinador). 2010 Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Cuarta edición. Plural: La Paz. KOMADINA, Jorge. 2011

“Los poderes de control. Materiales para el debate sobre la democracia participativa” en Revista Traspatios Nº2/Marzo 2011, La transformación del Estado y del campo político en Bolivia, pp. 39-61. Plural: La Paz.

ROSANVALLON, Pierre. 2007

La Contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. Primera edición. Manantial: Buenos Aires.

ZEGADA, María Teresa. 2011

“(Re) significaciones de la democracia en Bolivia en el Siglo XXI” en Revista Traspatios Nº2/Marzo 2011, La transformación del Estado y del campo político en Bolivia, pp. 21-37. Plural: La Paz.

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