La corrupción en la policía y su impacto en el buen gobierno de los países latinoamericanos

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La corrupción en la policía y su impacto en el buen gobierno de los países latinoamericanos Elkin Hernando Salcedo Santos1

Resumen El objetivo de este proyecto es identificar los factores sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos que promueven los actos de corrupción en la Policía de los países Latinoamericanos, así como la incidencia del fenómeno en el desarrollo, prosperidad, democracia y justicia de los mismos. Esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, Sampieri (2006) define, “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”. Así mismo, considerará en su desarrollo un enfoque mixto de la investigación que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El procedimiento será mediante cuatro fases. Con los resultados de la investigación se pretende generar conocimiento que permita orientar el entendimiento de la problemática, brindando a los interesados una serie de herramientas para la toma de decisiones en la lucha contra la corrupción y su impacto en el buen gobierno de los países de la región latinoamericana.

Abogado. Administrador Policial. Especialista en derecho procesal penal. Especialista en investigación criminal. Master (LL.M.) en crimen y justicia. Oficial de la Policía Nacional de Colombia. E-mail: [email protected] 1

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Palabras clave. Buen gobierno, desarrollo, corrupción, Policía, prosperidad, democracia, administración de justicia, países latinoamericanos.

Abstract The objective of this project is to identify the social, cultural, economic, political and legal factors that promote corruption in the Police of Latin American countries. It will also explore the impact this phenomenon has in the development, prosperity, democracy and justice of the Police of these countries. This research is exploratory-descriptive, in accordance with Sampieri (2006) definition: "Exploratory studies are performed, usually when the objective is to examine a topic or research problem rarely studied or that has not been addressed before." Also, it will be considered in its development a mixed research approach that involves a process of collecting, analyzing and linking qualitative and quantitative data in a single study or series of investigations to address a problem statement. (Hernandez Fernandez and Baptista, 2010). The process will consist of four phases. The results of the research aim to generate knowledge that will help the understanding of the problems, giving stakeholders a set of tools for decision making in the fight against corruption and its impact on corporate governance of the countries in Latin America.

Key words. Good governance, development, corruption, Police, prosperity, democracy, justice system, Latin american countries.

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Línea de investigación: Estado e instituciones públicas.

Problema. Con el propósito de realizar una descripción del problema se plantean tres interrogantes; el primero, se encuentra el enfoque al asunto en concreto, en segundo lugar, se tiene la explicación de las razones para seleccionar el tema y finalmente se observan algunas perspectivas que explican la relevancia del tema seleccionado para el desarrollo de la investigación. ¿Cuál es el problema concreto? Una de las definiciones más aceptadas sobre corrupción en la actualidad, es la que ofrece Transparencia Internacional (2014), refiriéndose a la misma como “el abuso del poder delegado para beneficio propio”. De igual manera establece que la corrupción se puede clasificar en grande, pequeña y política, dependiendo de la cantidad de dinero y el sector donde esta se desarrolle. Aunque no existe una definición establecida, debido a las diferencias políticas y legales de los países a nivel mundial, se pretende utilizar el concepto antes mencionado para determinar el punto de partida del presente documento; toda vez que el problema de investigación se centra en otro aspecto de la corrupción y no en su definición. Según el índice de percepción de corrupción en el sector público (Transparencia Internacional, 2013), los países latinoamericanos, ocupan el segundo puesto en el grado de afectación por el flagelo. Entre 177 países que hacen parte del estudio, Brasil ostenta el lugar 72, Perú está en el puesto 83, Colombia tiene la posición 94, Ecuador se ubica de 102, Argentina ocupa el lugar 106, Bolivia ocupa el puesto 107, Paraguay posee el rango 150. Probablemente el hemisferio latino no ocupa el primer lugar por dos razones: la primera

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porque no hay tantos países como en el continente africano; y la segunda porque países como Chile y Uruguay ocupan puestos muy privilegiados en la clasificación 22 y 19 respectivamente; en el mismo estudio los países obtienen una puntuación promedio de 36/100 en la escala de medición siendo cero (0) altamente corrupto y cien (100) muy limpio. Dicha percepción está enfocada en instituciones que se suponen han sido creadas para brindar un servicio a la sociedad, tales como el sistema judicial, sistema de impuestos, servicios médicos, empresas de servicios públicos, instituciones de educación, instituciones de registro y la policía. Esta información permite establecer claramente que los países enfrentan serios problemas en aspectos que están directamente relacionados con la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deben brindar las garantías de bienestar en el nivel y calidad de vida de la población. Estos factores se convierten en principales obstáculos para el ejercicio del buen gobierno y el equilibrio del Estado. Con el propósito de establecer una hoja de ruta para el desarrollo del presente proyecto, se estima conveniente tener en cuenta la aproximación que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la corrupción y su relación con los elementos que componen la esencia en el avance de una sociedad, de la siguiente manera (UNODC, 2014): La corrupción. Un crimen contra el desarrollo. Es comúnmente aceptado que la corrupción es penetrante, afectando países desarrollados y en desarrollo de la misma manera e indebidamente influenciando un amplio rango de las actividades del sector público y privado. Mientras las medidas en materia criminal y penal mantienen elementos centrales de las estrategias anticorrupción, ahora se entiende que la corrupción tiene con frecuencia sus raíces en

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lo profundo de factores sociales, culturales y económicos, los cuales deben ser también dirigidos si se quiere ganar la lucha contra la corrupción. También es reconocido que los efectos dañinos de la corrupción representan un serio obstáculo para mejorar el crecimiento económico y mejorar las vidas de los segmentos más pobres de la población en países en desarrollo y economías en transición. Agencias de desarrollo han venido a entender que la corrupción no solo erosiona la entrega actual de asistencia y ayuda, pero socava las metas fundamentales del desarrollo social y económico como tal. Más y más países observan el soborno y el amiguismo como un serio obstáculo en el camino para el desarrollo y están pidiendo a las Naciones Unidas asistirlos para alcanzar herramientas que disminuyan tales prácticas. En los países en desarrollo, la corrupción ha detenido el progreso nacional, social, económico y político. Los escasos recursos públicos son ubicados ineficientemente, ciudadanos competentes y honestos se sienten frustrados y el nivel de desconfianza de la población crece. Como consecuencia, la productividad es baja, la eficiencia administrativa es reducida y la legitimidad del orden político y económico es socavada. La efectividad de los esfuerzos en la parte de los países desarrollados para re direccionar los desbalances y cultivar el desarrollo es erosionado: el apoyo extranjero desaparece, proyectos quedan incompletos y finalmente los donantes pierden el compromiso. La corrupción también deteriora el desarrollo económico a través de transferencias de grandes sumas de dinero en direcciones que no se ocupan de la pobreza. Los fondos destinados para la ayuda e inversión fluyen a cuentas de servidores públicos corruptos, más allá de alcanzar la incautación oficial. El flujo contrario de capital a su vez conduce a la inestabilidad política y económica, pobre infraestructura, educación, salud y otros servicios y en general la tendencia a crear o perpetuar bajos estándares de vida.

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La corrupción. Un crimen contra la prosperidad. En muchos países, las personas que van a solicitar licencias de conducción, permisos de construcción y otros documentos de rutina han aprendido a esperar un “recargo” de los servidores públicos. Con frecuencia los sobornos se pagan para ganar contratos públicos, para comprar influencia política, para dejar a un lado inspecciones de seguridad, para desviar procedimientos y reglas complicadas que pueden causar demoras y para asegurar que las actividades criminales están protegidas de la interferencia de la policía y otros oficiales de la justicia penal. Las directas y mensurables consecuencias de la corrupción son aún más penetrantes y profundas que los ejemplos antes expuestos. Se ha establecido un amplio consenso entre académicos, expertos y políticos, basados en la conclusión de que la corrupción es uno de los principales obstáculos para la paz, estabilidad, desarrollo sostenido, democracia y derechos humanos a nivel global. La corrupción extendida pone en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades, socava los valores de la democracia y la moralidad y compromete el desarrollo social, económico y político. Las medidas de justicia penal reactiva ahora son complementadas por medidas económicas y sociales que tienden no sólo a disuadir la corrupción, pero también a prevenirla. El reconocimiento de que el sector público y privado son con frecuencia dos aspectos del mismo problema, ha llevado a estrategias que involucran no sólo a servidores públicos, pero también grandes empresas comerciales nacionales e internacionales, bancos e instituciones financieras, entidades no gubernamentales y, en muchas estrategias, sociedades civiles en general. Para abordar el soborno de

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servidores públicos, por ejemplo, los esfuerzos pueden ser dirigidos no sólo a la disuasión del pago y recibo del soborno, sino también reduciendo los incentivos para ofrecer en primer lugar.

La corrupción. Un crimen contra la justicia. La corrupción en un sistema de justicia es una de las áreas más críticas, requiriendo atención y enfoque en la lucha para mejorar la transparencia, fortalecer la integridad y salvaguardar los principios de los derechos humanos y el estado de derecho. Adherencia a las prácticas de buen gobierno generalmente, incluso dentro del sistema de justicia, es integral al crecimiento económico, la erradicación de la pobreza y el hambre, y el desarrollo sostenible. Transparencia a través del proceso judicial es ampliamente reconocido como un principio fundamental de buen gobierno y la base para los principios de responsabilidad. Este también opera como una revisión contra la mala administración y corrupción. Además, un sistema judicial transparente e independiente ayuda a promover toma de decisiones objetivas y justas, y establece la confianza pública a través del fomento del conocimiento, la participación significativa y el acceso del público en general. Independencia judicial y el derecho a una audiencia justa frente a un tribunal imparcial ha sido siempre relacionado como un derecho humano básico, fundamental al estado de derecho. Además, son considerados ingredientes vitales para la promoción de un clima de inversión y viabilidad económica. Ahora es ampliamente aceptado que la salvaguarda de la independencia judicial es esencial al estado de derecho, y hay un amplio acuerdo en cómo ir acerca de la promoción y protección de la independencia judicial. En términos de responsabilidad, en general, el poder judicial debe ser responsable sobre todo lo demás a la ley, en el sentido que las decisiones hechas están en concordancia con la ley y

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no están hechas arbitrariamente. Como otras ramas del gobierno, el sistema judicial debe también ser responsable al público en general al cual sirve. Cultivar una cultura de independencia, imparcialidad y responsabilidad entre jueces es un paso vital hacia el aseguramiento de la integridad general del sistema judicial. El desarrollo de códigos de conducta judicial u otras medidas institucionales pueden también proveer un importante medio de fomentar responsabilidad judicial, toda vez que ellos sirven como una guía y una medida de conducta judicial. Una fuerte e independiente asociación de jueces, mientras tanto, puede proveer un punto seguro de referencia para jueces, permitiéndoles interactuar con otras ramas del gobierno en una manera responsable y aún independiente. Finalmente, aunque, el sistema judicial debe ser responsable ante los ciudadanos, y la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación y las entidades no gubernamentales, deben jugar un rol mejorado en la exigencia y aseguramiento de la responsabilidad judicial.

La corrupción. Un crimen contra la democracia. Hay poca duda de que la corrupción impide el desarrollo económico, baja la proporción de la inversión privada para el PIB, y tiene un efecto negativo en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Por lo tanto, la corrupción representa un serio reto para el desarrollo. En la esfera política, la corrupción generalizada quebranta la democracia y el buen gobierno socavando los procesos democráticos formales, incluyendo las elecciones. Más generalmente, la corrupción erosiona la capacidad institucional de las entidades gubernamentales, se ignoran los procedimientos formales, los recursos son desviados para beneficio privado, y las

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oficinas públicas son pagadas a través de sobornos u otros medios de enriquecimiento. Al mismo tiempo, la corrupción menoscaba la legitimidad del gobierno y valores democráticos como la confianza pública y la tolerancia de las minorías o grupos sin poder, afectando de esta manera el cumplimiento de los derechos civiles y políticos. La corrupción puede debilitar las instituciones democráticas, tanto en democracias nuevas como de larga tradición. Cuando la corrupción es prevalente, aquellos en posiciones públicas fallan en tomar decisiones con los intereses de la sociedad en mente. Como resultado, la corrupción daña la legitimidad de un régimen democrático en los ojos del público y conduce a la pérdida del soporte público a las instituciones democráticas. La gente se siente desanimada para ejercer sus derechos civiles y políticos, así como de exigir que esos derechos sean respetados. La buena noticia es que parece existir una correlación inversa entre la democracia y la corrupción; fuertes, robustas instituciones democráticas dan como resultado menos corrupción en el sistema. El papel de las instituciones democráticas, incluyendo un sistema judicial independiente y medios de comunicación independientes, en concordancia con participación política activa, son cruciales para la lucha contra la corrupción. Después de observar esta aproximación general de la corrupción y como incide en los diferentes aspectos de desempeño evolutivo de una sociedad, se puede establecer claramente que existe una relación directa entre corrupción y buen gobierno. Razón por la cual parece relevante enlazar en este punto el concepto de buen gobierno. Según Rojas (2010) el concepto de buen gobierno hay que buscarlo en el estudio pionero del Banco Mundial sobre la situación de Desarrollo y Gobernanza en África (1992). Dicho informe aporta el término 'gobernanza' al hacer referencia a la capacidad de las fuerzas fácticas de un país para mantener y administrar el poder político, pero el concepto evoluciona y se

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transforma en torno a la capacidad de la administración pública para garantizar el desarrollo económico y social del Estado. Así mismo, Rojas (2013) quien cita a Agere (2000) manifiesta que “existe una relación del concepto (buen gobierno) con democracia, sociedad civil, participación popular, derechos humanos y sociales, y desarrollo sostenible, en otras palabras, promueve la creación de procesos en la administración pública que respondan a los diferentes grupos de interés”.

Sin

embargo, esto puede representar un reto bastante grande para los países en desarrollo, donde la calidad de vida y los medios de subsistencia de los grupos de interés se encuentran separados por brechas económicas y de desarrollo político, estableciendo una distancia muy grande entre las elites sociales y los grupos menos favorecidos. El mismo Agere (2010) realiza una explicación muy aterrizada de los elementos claves para alcanzar el buen gobierno, de la siguiente manera: responsabilidad, transparencia, participación de los actores, marco legal y jurídico, y lucha contra la corrupción. Este último concepto es el que interesa al presente proyecto, toda vez que conduce al núcleo del problema. Frente a la lucha contra la corrupción Agere (2010) sostiene que: La definición de corrupción cubre muchas formas del fenómeno tanto en el sector público como en el privado. Si se logra combatir la corrupción, se puede entender que hay un indicador clave de compromiso para el buen gobierno. Las manifestaciones de la corrupción estriban en lo individual, organizacional o institucional. Agere (2010) continúa explicando que en el contexto de Estado, la corrupción se refiere con más frecuencia a conductas ilegales o de otra manera criminales cometidas por entidades gubernamentales, o por miembros de esas organizaciones actuando en función de su empleo. En un país donde hay pobre

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gobernanza y corrupción se encuentran los mayores obstáculos para la búsqueda del desarrollo económico. Por ejemplo: -

Los sobornos incrementan los costos de los programas de desarrollo gubernamental y afectan los proyectos de pequeño mérito económico.

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La Corrupción menoscaba la capacidad de recaudación de impuestos, contribuyendo a debilidades fiscales y dificultades macro-económicas.

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Malversación de recursos de los propósitos para los cuales fueron creados, distorsionando la formulación de la política pública.

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El empleo de sobornos para lograr acceder a los servicios públicos deteriora la prioridad de asignación establecida, beneficiando a un grupo muy pequeño de personas a expensas de otras muchas.

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La corrupción generalizada trae al gobierno muy mala fama y ánima el cinismo sobre la política y la política pública. (p.8) Cuando se trata de la administración pública, la fragilidad de la misma se refleja en la

disminución de la probidad de los servidores públicos y la inadecuada vigilancia legislativa del gobierno. Además, la corrupción erosiona la autoridad y la efectividad de las instituciones públicas. Mejoras, por lo tanto, en la efectividad y transparencia de las políticas económicas y reformas administrativas pueden contribuir poderosamente a la lucha contra la corrupción así como habilitar el buen gobierno. Después de hacer esta pequeña pero necesaria revisión de los conceptos de corrupción y buen gobierno así como las variables que surgen a primera vista sobre el impacto que pueden causar en el desarrollo de un país; es momento de hacer la transición al tercer elemento que hace parte de la presente propuesta de investigación: La Policía.

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Cuando se hace referencia a la institución policial, inevitablemente se debe revisar en la historia, el inicio de la esencia de las culturas organizadas, como una manera de ejercer control o autoridad por parte de aquellos, que temporalmente, poseían el poder. Desde entonces se puede afirmar que el ejercicio del servicio policial, directa o indirectamente tiene incidencia en la vida de los ciudadanos. Y por tal razón, indudablemente se identifica como un fin esencial del Estado, brindar condiciones de seguridad y convivencia a todos los miembros de la sociedad. Para definir el concepto de la policía, Jar (1999) echa mano de la definición que la Grand Enciclopédie (1910, p.200) recoge: No se conoce apenas sociedad un poco organizada sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad interior, que reprima y prevenga los delitos contra las personas y propiedades y, por otra parte, asegure la obediencia a los representantes del Estado y la aplicación de las disposiciones dictadas por los jefes. Por supuesto, a través del tiempo las sociedades han evolucionado y con ellas también la institución policial. El fenómeno de la corrupción la ha estado acompañando desde sus orígenes, mutando de forma y manifestaciones, de acuerdo al momento histórico, político, económico, social y cultural. Actualmente, después de los sistemas parlamentarios y el sistema judicial, la policía ocupa el tercer puesto en el índice de percepción más alto frente a la corrupción. En parte, se debe a que los miembros de la institución policial, por la naturaleza de su servicio, están en permanente contacto con la ciudadanía, haciendo que los factores determinantes o provocadores de conductas de corrupción sean más altos en los funcionarios policiales. Por otra parte, es inevitable hacer la analogía policía – sociedad, teniendo

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presente que la sociedad tiene a la policía que se merece, partiendo de la base que los insumos del recurso humano provienen de la misma sociedad. Es decir, que si una sociedad no cuenta con agentes de policía preparados, entrenados y fortalecidos de la manera indicada para enfrentar los elementos facilitadores de conductas de corrupción, seguramente va a ser muy difícil prevenir, disuadir, evitar y contrarrestar el flagelo dentro de las filas. Para tener una idea del estado del fenómeno actualmente, es posible remitirse al Barómetro Internacional de Corrupción (Transparencia Internacional, 2013), cuando se pregunta a las personas que han tenido contacto directo con miembros que integran las entidades antes relacionadas, si han pagado algún soborno de alguna manera, la Policía ocupa el primer puesto con el 31% por ciento de las personas afectadas por el fenómeno. Sin embargo, el soborno es solo una de las manifestaciones del problema. Se convierte en una situación más compleja cuando la dinámica delictiva implica escenarios de países en conflicto interno, o que se encuentran en transición democrática, o donde el narcotráfico, el crimen organizado y grupos al margen de la ley tienen acceso a las autoridades del Estado, penetrando sus instituciones y por ende se deslegitima la naturaleza de servicio y protección a la sociedad. Los costos de la corrupción en la policía pueden llegar a ser muy altos, no sólo económicamente, sino que además tiene un impacto negativo en el tejido social de un país que está directamente relacionado con la evolución y desarrollo de la población, de igual manera con la prosperidad, la justicia y la democracia de una nación. Es claro que la corrupción en la policía puede surgir de las actividades diarias que se convierten en rutina en el ejercicio de sus funciones. Entre otras, el uso de la violencia para alcanzar sus metas burocráticas puede ser una influencia en el espectro de posibilidades de

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ejercer la corrupción. Sin embargo, al desarrollar búsqueda de información sobre investigación académica del papel y comportamientos de la policía, se puede establecer que es casi nula. En el caso particular colombiano, se puede tener en cuenta como un punto de inflexión trascendental para el desarrollo del país, la participación de la policía en la debacle ocurrida a partir del asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán el 09 de abril de 1948, en dicha época los integrantes de la policía ingresaban a la institución de acuerdo a la filiación política del gobernante de turno, se hace claridad que el espectro reflejaba una posición bipartidista tradicional entre conservadores y liberales, haciendo que la unidad institucional se debilitara por que se encontraban miembros dentro de la organización fieles a uno u otro partido, sin tener en cuenta la imparcialidad que debe caracterizar a una institución que brinda servicio a la comunidad, de manera que cuando se detona la ola de violencia en el país, la policía cumplió un papel de acelerador en el deterioro del mantenimiento del orden público, los agentes del orden salieron a las calles a hacer parte de la muchedumbre que saqueaba los negocios, quemaban la infraestructura pública, los medios de transporte y hasta se cometieron asesinatos; si se observan los registros históricos del momento se vislumbra un escenario desolador en el que Bogotá, la ciudad capital y promotora de desarrollo del país, quedó reducida a cenizas y con miles de cuerpos sin vida en las calles. La institución policial tal como existía en el momento desapareció legalmente, a través de un decreto presidencial, dando como resultado la reorganización de un cuerpo armado de naturaleza civil, pero bajo la influencia de un modelo castrense chileno que a su vez tiene sus raíces en la formación de los cuerpos alemanes de seguridad; en este aparte, se puede encontrar la explicación de la dinámica

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organizacional de la actual policía colombiana, incluyendo su entrenamiento, costumbres, uniformes, protocolos operacionales y sobre todo su psicología colectiva. Pero, regresando al punto histórico, es importante resaltar que la manera en que se recuperó el control de la situación del “Bogotazo” fue a través de la intervención del ejército. Este hecho demuestra la crisis institucional del país en el momento, y del cual Colombia no ha logrado superar hasta el momento. En un país donde las fuerzas militares deben ejercer sus operaciones en el interior del país y no en la defensa de la soberanía de la nación, para lo cual están legalmente constituidas en la Carta Magna, representa un obstáculo para el avance a una sociedad civilizada como se puede observar en países desarrollados. La explicación radica en que se presenta una falta de identidad en el ejercicio de las funciones, donde en ocasiones el Ejército cumple funciones policivas y la policía termina desarrollando operaciones netamente militares; además, en ese ejercicio, se termina desarrollando una economía de guerra que posiblemente puede ser enfocada de mejor manera a la seguridad ciudadana. Sin embargo, al interior de la Policía Nacional Colombiana se ha presentado un interés muy particular en el tratamiento de la corrupción, bajo los lineamientos de una voluntad de gobierno que ha incluido el tema como una política de Estado. Esta dinámica se orienta bajo el concepto elaborado por la Comisión Australiana del Servicio Público (citado por el Departamento Nacional de Planeación, 2010) en el que se identifica claramente que “la gobernabilidad del sector público contempla (...) un conjunto de responsabilidades y prácticas, políticas y procedimientos (...) que proveen una directiva estratégica, aseguran el logro de objetivos, controlan el riesgo, y utilizan los recursos con responsabilidad y rendición de cuentas” (p.468). Al tener en cuenta esta visión se puede detectar que la meta gubernamental es propender por el fortalecimiento de un esquema de

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buen gobierno, con la pretensión de mejorar el desempeño en la administración de los recursos públicos. Dicha perspectiva representa un buen punto de partida teórico para el desarrollo de la Nación. Sin embargo, es pertinente continuar con el planteamiento del problema señalando que en el estudio del fenómeno de la corrupción policial se pueden identificar problemas estructurales de carácter interno en la organización relacionada con la subordinación del Estado como lo manifiesta Campero (2012), en el caso de la policía boliviana, que se vio inmersa en la participación de protestas en el año 2012, debido a la implementación de algunos impuestos por parte del gobierno que afectaron directamente sus condiciones laborales y económicas, de paso aprovecharon para denunciar, según los participantes de las revueltas, las inequidades internas, que se presentan en ese momento en la institución, específicamente sobre el sistema de ascensos en la cúpula de la organización según la conveniencia del gobernante de turno, sin tener en cuenta los objetivos institucionales, y argumentando que los niveles básicos o de inferior rango de la institución se veían relegados y sobre todo mal remunerados. Una vez más, el ejército sale a las calles, pero la solución resulta ser más dañina que el problema en sí, pues se incrementó el nivel de violencia por el uso excesivo de la fuerza, dando como resultado varios muertos de la policía, del ejército y personas civiles. Este tipo de situaciones tienen un impacto negativo bastante fuerte en el desarrollo del país, toda vez que mientras se escribe el presente proyecto, en Bolivia, se vive una tensión frente a las huelgas que de nuevo protagonizan los policías, cuyo génesis se centra en los desbalances internos relacionados con el sistema de remuneración y condiciones de bienestar inequitativos entre los mandos y el personal de subalternos de la organización. Esto genera una

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crisis en materia de orden público, pero a su vez genera una crisis de seguridad institucional del Estado y específicamente de la organización policial, la cual está establecida para generar las condiciones de tranquilidad, seguridad y convivencia en una sociedad. Impactando directamente en la percepción o sensación de seguridad de la ciudadanía, de igual manera generando un ambiente de vulnerabilidad frente a la delincuencia y por lo tanto una proclividad al incremento de las actividades delictivas. El interrogante no resuelto, y que poco se trata en este tipo de situaciones, es si las razones que motivan las protestas de los agentes policiales, están o no relacionadas con actos de corrupción, enmarcando la situación dentro de la definición establecida por Transparencia Internacional y que fue mencionada al principio del planteamiento del problema. Otro caso de estudio, que puede servir como una valiosa fuente de información, para observar otra perspectiva del problema y así establecer las incidencias de las condiciones políticas de un país en el comportamiento de la corrupción en la entidad policial está relacionado con la situación presentada el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador. En este escenario los policías también salen a las calles a protestar como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno de turno para hacer ajustes salariales, estos ajustes desmejoran las condiciones de los miembros de la policía, provocando bloqueos de vías y manifestaciones masivas. El presidente decide atender el caso personalmente; cuando esto sucede, las circunstancias se tornan un poco más oscuras, toda vez que en ese momento salen a relucir algunas teorías de conspiración de golpe de estado por parte de los policías, según lo manifiesta dramáticamente el señor presidente de manera abierta a los medios de comunicación. Finalmente, la organización policial se dividió en dos, haciendo que la toma del control se hiciera por parte de los miembros de policía que no apoyaban la manifestación. Aunque en la actualidad no se ha logrado establecer con claridad la cuestión

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sobre si se trató de un intento de golpe de estado o una revuelta gremial, es claro que a raíz de esta situación, el presidente tomó algunas decisiones que cambiaron el escenario institucional del país. Según lo describe Luna (2011) de la siguiente manera: En primer lugar, se da una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado que posibilita a las Fuerzas Armadas colaborar con el control de la seguridad ciudadana – que antes era potestad exclusiva de la policía nacional. En segundo lugar, el control de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado como la Secretaria Nacional de Inteligencia y el Ministerio Coordinador de Seguridad ha retornado a manos de personal militar y retirado de la policía. Tercero, el Ministerio de Gobierno ha cambiado su denominación a Ministerio del Interior con lo cual la policía quedó adscrita a este ministerio, mediante decreto presidencial, perdiendo autonomía. En la actualidad se hace más común hablar de una sociedad civilizada, entendiendo la interpretación del término hacia lo civil, es decir donde el tema militar hace parte de la historia, y sobre todo muy relevante en el hemisferio sur, el cual ha estado lleno de tribulaciones político-militares en torno a su desarrollo social, económico, democrático y especialmente donde las instituciones que representan autoridad tienen una tendencia a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Teniendo en cuenta este argumento, sería interesante desarrollar algún tipo exploración en el campo de acción de dos temas principales: primero, cuáles son las consecuencias para el país que las fuerzas militares adquieran este tipo de facultades y segundo como se refleja esto en el desempeño institucional de la policía frente a sus ciudadanos.

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Continuando con el análisis en la región latinoamericana, Venezuela es el uno de los países en que los ciudadanos perciben a la policía como la institución más corrupta por encima de los partidos políticos y los empleados públicos. La corrupción en la policía ocupa el primer puesto, según lo establece el Barómetro Global de la Corrupción (Transparencia Internacional, 2013) determinando que el 65% de los venezolanos encuestados advierten un incremento en la corrupción. Después de realizar una encuesta a 114.000 personas en 107 países se llega a la conclusión que los venezolanos estiman a la Policía como la institución más corrupta, con una apreciación de 4,4 puntos de 5, siendo 5 una valoración en el rango de extremadamente corrupta. Frente a la complicada situación presentada Olivares (2012) hace una aproximación sobre los elementos que componen la problemática de la siguiente manera: La injerencia política en los cuerpos policiales, la corrupción en la que incurren la mayoría de los funcionarios, el militarismo como filosofía, la falta de seguridad social, un nivel educativo en el que sólo 3% tiene grado universitario, los bajos salarios y una dotación inadecuada para enfrentarse a la delincuencia son algunos de los males que acompañan al funcionario policial en su particular batalla diaria. Esta conclusión presenta un espectro bastante heterogéneo de elementos endógenos y exógenos que influyen en la complejidad de la problemática. Entre los factores externos a la institución y que a todas luces no dependen de su autonomía, se encuentran, entre otras, la influencia política y asignación de un presupuesto importante que permita satisfacer las necesidades logísticas, de entrenamiento o capacitación y prestaciones sociales en general que son vitales para el normal funcionamiento de cualquier organización. Por otro lado, se encuentran factores internos, que definitivamente pueden ser solucionados o mejorados por

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los mismos miembros de la institución empezando por los mandos directivos, tales como la buena administración del recurso económico que se destine para la activación de la maquina policial, desarrollo de una doctrina que se acerque más a los preceptos de una sociedad moderna que se enfoca día a día al ejercicio de los derechos humanos en una forma liberal y sin regímenes autoritarios, así como el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la actitud del funcionario frente a su cliente final que es el ciudadano. Después de hacer un análisis somero de la problemática, se pueden encontrar varios puntos comunes en la región, que convergen en factores sociales, políticos, económicos, históricos y culturales que inciden en la gestación, alimentación, desarrollo y en algunos casos, no pocos, el fortalecimiento de la corrupción en la institución que representa un baluarte para la identidad y soberanía de los pueblos latinos. Aunque es claro que cada país presenta un esquema particular que individualiza el fenómeno en cada una de las naciones afectando de esta manera el desarrollo económico, la prosperidad, la administración de justicia y la democracia; también es evidente que en un mundo globalizado como el de hoy, cualquier circunstancia que afecte negativamente a un país vecino, inevitablemente repercute en la cotidianidad de toda la región. Así, se plantea el problema de la corrupción en la policía y su impacto en el ejercicio del buen gobierno en los países de Latinoamérica. ¿Porque se ha escogido este tema?. De manera personal, la motivación se centra en la idea de que los colombianos merecen mejorar su calidad de vida, disminuir las diferencias sociales, incrementar las oportunidades de empleo y sobre todo vivir en un país que brinde las garantías de

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tranquilidad, seguridad y convivencia pacífica, teniendo siempre presente el respeto por los derechos humanos. Como se mencionó en el planteamiento del problema, todos estos elementos están directamente relacionados con el desarrollo, la prosperidad, la democracia, y la administración de justicia en una nación. Estos últimos conceptos, al mismo tiempo, dinamizan el ejercicio del buen gobierno. Pero en un mundo globalizado, no es suficiente con que un país despliegue sus mejores esfuerzos para alcanzar los niveles de sostenibilidad adecuados, si sus vecinos presentan una problemática que inevitablemente va a impactar el desempeño del desarrollo, especialmente en la región latinoamericana. Ahora bien, uno de los facilitadores de la dinámica de buen gobierno, y porque no decirlo, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad es la seguridad pública. Tudela (2007) argumenta de manera clara la forma como la misma seguridad pública se ve amenazada por fenómenos como la corrupción, así: La seguridad es una aspiración individual y social. Ella es fundamental para el desarrollo y realización de la persona y la sociedad. Ambas necesitan redes de protección de diferentes tipos, coberturas y escalas. Sin embargo, aún a pesar de la existencia de éstas, las preocupaciones y la insatisfacción son recurrentes y se acrecientan, particularmente en el escenario de la modernidad y de una mayor conciencia sobre los riesgos y peligros actuales, que desafían la eficacia y suficiencia de los sistemas públicos de seguridad. El Estado ha implementado, a través de la historia, instituciones que permitan el ejercicio de las libertades individuales y colectivas de sus asociados, siendo la policía por naturaleza, diseñada a cumplir con ese fin. De esta manera la relación policía-sociedad

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conforma un binomio trascendental para los fines de un Estado Democrático de Derecho, siendo esta la configuración de las naciones del hemisferio sur. En este punto se plantea la cuestión sobre el estudio de las causas y efectos de la penetración de la corrupción en la organización establecida fundamentalmente para (…) servir a la sociedad, proteger vidas y bienes; defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación; emplear la paz contra la violencia y el desorden y respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres. (Policía Nacional de Colombia, 1910). Logrando establecer que si bien es cierto el fenómeno es tan antiguo como la misma organización no se le ha brindado la importancia que merece. Y es que los estudios sobre corrupción en la policía a nivel latinoamericano son bastante escasos en comparación con otras instituciones como el ejército u otras entidades administrativas, y se dificulta aún más cuando se trata de encontrar información sobre la corrupción en la policía y su impacto en el desarrollo de una nación. Algunos autores han dado ciertas explicaciones sobre la escasa atención brindada a la policía por parte de la sociedad, por ejemplo, para Bayley (citado por Jar, 2010), (…) tres serían las razones de tal abandono. La primera, no haber considerado a la Policía como actor decisivo en los eventos históricos más trascendentales de la historia, al estimar los científicos sociales que se estaba ante actividades profesionales rutinarias de escaso prestigio, a diferencia de la imagen heroica con que se representaba a los militares; en ese sentido, el mismo Bayley justifica esa situación tanto en el sistema de reclutamiento de los policías entre las clases más bajas de la sociedad como en el uso de la violencia en conflictos internos, lo que le confiere un carácter más bien sórdido y poco honorable.

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Las otras dos serían: una larga tradición de secreto en sus actuaciones —Lapierre (1973) afirma que «la Policía está más dispuesta a recoger informaciones sobre otros grupos que a darlas sobre ella misma»—, considerada como una imprescindible necesidad funcional, y, por último, los juicios y reacciones que la misma genera ante la comunidad científica. Respecto a esta última cuestión hay que decir que los mismos suelen ser contradictorios, al estar condicionados tanto por sentimientos de afecto, más o menos sinceros o interesados, como por prejuicios ideológicos o partidistas, lo que provoca enfoques ya sean apologéticos o descalificadores, lo que, en uno y otro caso, impide la necesaria neutralidad que debe exigirse a todo análisis que se precie de riguroso. En la mayoría de los Estados que se consideran orientados por un sistema democrático existe la influencia del concepto estado social de derecho, el cual se establece técnicamente en la Constitución de cada país, entendido como la configuración del aparato estatal al servicio de la sociedad. Es decir, que las instituciones políticas, administrativas y jurídicas del gobierno y las personas que las integran, en teoría deben enfocar sus conocimientos, intereses, principios éticos y morales para fortalecer los valores democráticos y la promoción por el respeto de los derechos humanos de la sociedad colombiana (García, 2010). En un modelo de Estado Social de Derecho, el ciudadano tiene la prevalencia frente a sus gobernantes, y estos últimos se deben a los primeros, anteponiendo el interés general sobre el particular. Sin embargo, en la región se evidencia una crisis de seguridad jurídica y en algunos casos política, en la que el interés particular y la cultura del cómo voy yo (CVY) se ha convertido en una dinámica tan natural, que hasta el ciudadano del común con expresiones de conformismo como “desde que roben pero que dejen trabajar” se ha transformado en una realidad colectiva. La situación sube el nivel de complejidad cuando

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una institución vital del Estado como es la Policía, establecida para promover la tranquilidad, seguridad y convivencia en una sociedad democrática, se convierte en parte del problema, afectando gravemente los preceptos de sostenibilidad, desarrollo, prosperidad y administración de justicia de un pueblo. Naranjo (2013) señala que existen cuatro monstruos que amenazan las instituciones de un país, el primero es la inefectividad del propio Estado para dar soluciones en materia de seguridad a los ciudadanos; el segundo es la corrupción dentro de las corporaciones (policíacas), que no resuelven los problemas y que generan desconfianza en la ciudadanía y peor aún, un sentimiento de desprecio a las autoridades;

el tercero es la incapacidad emocional para estar enterado del estado de ánimo del ciudadano para poder cumplir y hacer cumplir la ley, es decir tener instituciones solidarias en el combate al delito; el cuarto de los monstruos lo representa haberse quedado anclado en el pasado y no dar soluciones a la sociedad.
 Frente a esta visión de los problemas que afectan el buen gobierno en un país, es pertinente señalar varios aspectos: (i) Se hace más evidente el discernimiento sobre la responsabilidad del Estado en el tratamiento del fenómeno, es este el llamado a tomar las medidas necesarias para que se generen políticas a nivel social, cultural, económico y jurídico para prevenir, disuadir, contrarrestar y mitigar los efectos de la corrupción; (ii) indudablemente la organización policial tiene la facultad para desarrollar políticas institucionales a nivel interno, como ejemplo se puede tener en cuenta el enfoque tomado por el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Policía Nacional de Colombia (Oficina de Planeación, 2014) que:

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Tiene como objetivo establecer los lineamientos para identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar el tratamiento de los riesgos asociados a la corrupción y/o atención al ciudadano que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. De otra parte, con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, identificamos los parámetros que se deben tener en cuenta para definir acciones de tratamiento que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y/o disminuir su impacto, realizando a su vez el seguimiento a la ejecución de las acciones planificadas y analizar su eficacia.

El objetivo del plan anticorrupción se encuentra alineado con el plan nacional de desarrollo colombiano, enfatizando en la identificación y tratamiento del riesgo como un método para mitigar y contrarrestar el impacto de la corrupción dentro de las filas de la organización. A pesar de que se hace un diagnóstico interno de los factores que pueden influir en la aparición del fenómeno, y que se ha diseñado un mapa de riesgos con actividades específicas de acuerdo a la misión operativa o administrativa de cada una de las Direcciones o Unidades de la institución. Se puede ampliar el estudio para establecer con mayor claridad las posibles consecuencias socio-económicas de la corrupción en el desarrollo del país. Sin embargo, como se explica en el planteamiento del problema concreto, el hecho de que haya voluntad gubernamental para trabajar en la transparencia institucional y se piense en mecanismos de lucha anticorrupción, es una señal de evolución frente al ejercicio del buen gobierno y que a todas luces representa un avance significativo en la proyección de un país con índices más bajos de corrupción impactando de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos.

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Es un modelo que vale la pena estudiar con detalle, con el propósito de fortalecerlo y si es posible, replicarlo a los demás países de la región, sin olvidar el estudio paralelo de las realidades sociales, culturales, políticas y económicas que representa cada Estado.

Pregunta de investigación. ¿Cómo los actos de corrupción en la Policía impactan en el desarrollo, la prosperidad, la justicia y la democracia en los países de Latinoamérica?

El objetivo de este proyecto es identificar los factores sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos que promueven los actos de corrupción en la Policía de los países Latinoamericanos, así como la incidencia del fenómeno en el desarrollo, prosperidad, democracia y justicia, incluyendo posibles soluciones que fortalezcan el ejercicio del buen gobierno en la región.

¿Por qué es la pregunta de investigación relevante para el debate académico? Identificando los factores que favorecen la corrupción en la policía y su impacto en el pobre ejercicio del gobierno y la administración pública, se puede estar en la capacidad de proyectar un espectro de soluciones y recomendaciones. Se pueden debatir medidas anticorrupción. Se genera inquietud en los diferentes actores de la sociedad que pueden influir en la lucha contra el flagelo, tales como la empresa privada, medios de comunicación, sociedad civil, entidades gubernamentales y la policía. Se alimenta la producción de conocimiento en la interpretación de las

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realidades socio-políticas del cono sur con respecto al buen gobierno. Se incrementan las oportunidades para que las sociedades entiendan a sus instituciones policiales y se generen vínculos de interacción que dinamicen o aceleren los procesos de desarrollo. A través del estudio del problema, se pueden priorizar áreas de preocupación y establecer áreas que requieren particular atención. Finalmente se brinda mayor conocimiento para mejorar los estándares de anticorrupción en las fuerzas de policía (Mustafa, 2013) no sólo en Colombia, sino en la región y a su vez con una tendencia global para aquellos países que lo necesitan.

¿Dónde está el vacío en la literatura que se intenta orientar?. En este aspecto Mustafa (2013) ha desarrollado algunas reflexiones, empezando por la falta de definición y estudio de la corrupción policial así: A pesar de la percepción pública extendida de que la corrupción en la policía es rampante, hay una escasez de investigación sistemática y comparativa a nivel mundial relacionada a las vulnerabilidades de las fuerzas de policía a los actos de corrupción. Una parte del problema se presenta porque no hay claridad, ni concertación en lo que puede entenderse o constituirse en corrupción policial. Se presentan dificultades para una definición firme debido a la subjetividad del tema. Por ejemplo, la aceptación de un soborno en dinero por no capturar a alguien puede representar corrupción para casi todas las personas. Aun así, la aceptación del mismo oficial de una taza de café gratis por parte del agradecido dueño de una cafetería que se puede sentir ofendido si el oficial rehúsa una muestra de agradecimiento, especialmente en países donde la entrega de regalos es una parte inherente de la cultura, es menos nítido. Dada la subjetividad inherente en el asunto, no es sorprendente que los estudiosos se encuentren en desacuerdo sobre lo que constituye corrupción en las fuerzas policiacas.

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James Q. Wilson (1963) hizo una clara distinción entre acciones criminales, como el robo, y acciones de corrupción que constituyen abuso de autoridad, como la aceptación de sobornos. La definición de Roebuck y Barker (1974), apoyada por Jon Quah (2007), lo enuncia más ampliamente como “cualquier tipo de comportamiento proscrito en el que toma parte un agente de la ley que recibe o espera recibir, por virtud de su posición oficial, una actual o potencial ganancia o recompensa material no autorizada”. De la misma manera, Ivkovic (1973) dice que un acto corrupto envuelve el abuso de autoridad para una ganancia personal, mientras que Kleining (1996) extiende la noción al abuso para la ventaja departamental o divisional. Es el acto de corrupción como tal, no la ganancia personal para el oficial, el que lesiona a la sociedad, señala Kleining (1996). Sin embargo, es la ganancia personal en sí que conduce al oficial a cometer el nocivo acto de corrupción y continúa haciéndolo. Según la definición de Transparencia Internacional, se concibe la corrupción como “el abuso del poder confiado para ganancia personal” de esta manera provee una definición similar pero condensada de la versión ofrecida por Roebuck y Barker (1974). Punch (1995), por otro lado, anota que un acto corrupto puede involucrar el uso ilegal de medios para alcanzar una meta legítima o “aprobada”: la falsificación de evidencia para procesar a un criminal que se presume culpable en una “causa noble de corrupción”. Newburn (1999) resalta la dificultad de crear una buena definición de corrupción debido nada más que a su naturaleza. Tallando el discurso hacia una sola definición para todos los casos es, sin duda, ni posible ni útil. Porque la corrupción en la Policía tomará muchas formas y ocurre en diferentes situaciones y culturas, es más

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pragmático aceptar una definición amplia que permita promover una discusión saludable. En esta exploración, se puede establecer una manifestación del fenómeno que parece ser muy común en las instituciones policiales, y está relacionada con el ejercicio de la corrupción en relación directa con actos del servicio. Esta tendencia, permite establecer que hay una delgada línea entre el abuso del poder y el ejercicio del deber para justificar la obtención de un fin laboral o netamente operativo. En este aspecto, es importante resaltar que la información al respecto sigue siendo escasa para lograr interpretar el compromiso de los actores en un marco de subordinación jerárquica, en la que los mandos en todos los niveles (alto, medio y básico) se ven envueltos en actos de corrupción de manera homogénea. Por otro lado, Andvig & Fjeldstag (2008) al hacer una revisión histórica también establecen la relación de los factores de violencia con la motivación de algunos autores para generar algún tipo de reflexión sobre las reformas en la institución policial como un mecanismo para aportar al desarrollo de un país, así: Durante los años sesentas, sin embargo, algunos observadores y profesionales fueron juiciosamente conscientes del papel de la policía y el sistema judicial en el desarrollo de los países. La pregunta sobre cuál es la relación entre brotes de violencia y desarrollo puede ser resuelta como una situación de supervivencia entre antiguas y nuevas clases políticas sin distinción. De igual forma se logra establecer que científicos sociales aplicaron teorías de “modernización” para analizar esa relación. Por ejemplo, estas relaciones fueron sutilmente tratadas en el libro de Samuel Huntington, El Orden Político en sociedades cambiantes (1968). Huntington enlazó la corrupción con la violencia –como también el comportamiento de la policía – a fuerzas similares de profundo cambio económico y social tal como Emile Durkheim (1897) una vez lo hizo con el crimen y el suicidio. Además, a

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manera de ejemplo, el rol de la policía en India fue objeto de un análisis de modernización extenso por parte de David Bayley (1969) en el volumen La Policía y el desarrollo Político en India. La realidad policial en la región es diversa. La literatura y los estudios que ayudan a formular un panorama más o menos consistente y fiel a la realidad policial en la región es escasa. Pero, aún a pesar esto, ella representa una invitación a la reflexión, en especial cuando la interrogante de fondo tiene que ver las condiciones, limitaciones y oportunidades para el desarrollo de modelos de policías democráticas y eficientes. Este es el caso, por ejemplo, del estudio llevado a cabo por el Instituto Max Planck que facilita la comparación entre las policías de la región (Ambos et al 2003). Como señala Gómez (2003: 3), ser consciente de que se necesita un modelo policial implica inmediatamente meditar sobre la policía que se quiere. Más allá de los componentes constitucionales, administrativos y procesales que circunscriben la actividad policial, se debe reconocer que toda descripción y análisis persigue destacar ciertos rasgos. En este caso, aquí no se hace una diferencia. Por cierto toda comparación tiende a esconder u ocultar particularidades y especificidades que pueden ser útiles para entender ciertas situaciones en cada realidad. En general, las caracterizaciones suelen tomar como marco de referencia la comparación con los modelos de organización policial en países anglosajones, en especial Estados Unidos, Canadá y Europa. Esto tiene enormes consecuencias, por cuanto en este contexto domina, naturalmente, un etnocentrismo que en la mayoría de los casos oculta diferencias importantes (Vogler, 2003). No es posible señalar que en América Latina existe un modelo de policía. No hay una concepción estatal y reflexión uniforme sobre la organización de la policía democrática, moderna y eficaz. Lo que no significa

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que el tema no se haya instalado en el debate público y que no exista diversidad de opiniones. En cuanto a estructura, en términos generales, existen países que se caracterizan por la gran proliferación de fuerzas policiales que carecen de toda coordinación entre sí, como es el caso de Argentina, Venezuela y México donde, además de cuerpos policiales que responden al gobierno central, existen los que responden al ejecutivo de los estados y a los municipios. Pero también países como Colombia, El Salvador, Perú, Bolivia y Guatemala donde existe un único cuerpo predominante. En el enfoque anterior se invita a revisar los modelos de las instituciones policiales, entre los países desarrollados y aquellos que están en desarrollo. Frente a este punto, la apreciación personal es que puede resultar útil tal comparación, siempre y cuando no se desconozcan las realidades sociales que rodean cada uno de los escenarios. Es decir, que la problemática socio-política, económica y cultural de un modelo pude variar radicalmente la concepción de las medidas a tomar para hacer reformas de fondo dentro de las instituciones policiales. Puede existir la tendencia de emular casos de éxito, cuando la solución puede estar en el estudio detallado de las malas prácticas, para después mejorarlas o no volver a cometer los mismos errores. En el mismo segmento, se hace también la comparación de la estructura orgánica o dependencia política de algunas policías en países en Latinoamérica y el Caribe. Al respecto se abre el interrogante de la conveniencia de tener varias policías en un solo país o tener una policía para todo el territorio nacional. Este punto es muy importante a tener en cuenta para el desarrollo investigativo del presente proyecto. Otro vacío que se encuentra frente al tema propuesto, es la falta de organizaciones que se dediquen específicamente al estudio de la corrupción en la policía y su impacto en el Estado. A manera de ejemplo, se encuentra la organización Transparencia Internacional Programa de Seguridad y Defensa del Reino Unido (2014), establecido en Londres, el cual

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se ha convertido en un actor con autoridad en el empoderamiento de la sociedad civil, el sector privado, y los gobiernos para promover mayor transparencia y reducir la corrupción en transferencia de armamento así como en las entidades de defensa y seguridad. El programa trabaja en la generación de relaciones entre las compañías dedicadas al sector defensa, gobiernos, sociedad civil, OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte) y otras organizaciones, instituciones académicas, y grupos de reflexión para reducir los niveles de corrupción en la industria de defensa. Este tipo de modelos pueden ser útiles para establecer un marco de referencia para los países Latinoamericanos, sin desconocer las realidades socio-políticas de la región y sus diferencias con los países europeos.

¿Cuáles son las sub-preguntas o hipótesis que son relevantes para responder la pregunta de investigación?. Se puede resolver el problema planteado si se realiza un enfoque a la creación de reformas sistemáticas dirigidas a la debilidad subyacente en el establecimiento de políticas por parte de las instituciones policiales, la administración y los sistemas políticos, generando un ambiente propicio para la eliminación de la corrupción y además del desarrollo de estrategias anti-corrupción nacionales específicas, enfocadas a facilitar la promoción del buen gobierno. De esta manera surgen algunos interrogantes que pueden servir para estructurar la hipótesis antes planteada, de la siguiente manera: -

¿Cuál es la viabilidad del fomento del liberalismo económico, es decir, la propiedad privada, más inversión y mayor igualdad entre las clases sociales, específicamente el incremento de la clase media y la disminución de la clase baja o menos favorecida?

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-

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¿Existe pluralismo político en los países de la región, es decir, la participación del pueblo en el proceso del desarrollo, en la descentralización de la autoridad desde el centro de la democracia?

-

¿Cómo es la participación o papel que desempeña la Policía frente al ejercicio de la democracia en un estado social de derecho o estado de derecho según la dinámica del país?

- ¿Cuáles son los factores que impiden el ejercicio del voto electoral por parte de los miembros de la institución policial en algunas sociedades democráticas? - ¿El libre ejercicio del voto de los funcionarios policiales tiene alguna incidencia en el comportamiento de la corrupción? -

¿Cómo la policía contribuye al desarrollo social el cual incluye el Estado de Derecho, protección de Derechos Humanos, un sistema judicial independiente y al ejercicio de la libertad de prensa?

-

¿Existe responsabilidad administrativa en la Policía y en los Estados, es decir, hay eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios, se trabaja en pro de la transparencia, menos corrupción y fomento económico?

-

¿Cuáles pueden ser las reformas en el sector público y especialmente en la Policía, teniendo en cuenta una planeación estratégica y una administración del cambio?

-

¿Existen estrategias estándar para reducir la corrupción en la Policía?

-

¿Cómo las reformas en la institución policial dependen de factores exógenos a la misma?

- ¿Existe alguna esperanza de éxito en la realización de reformas dirigidas a reducir la corrupción en la Policía, sin importar que no sean democracias relativamente prósperas? - ¿Cuál es la incidencia de la sociedad civil, el sector privado, y la administración

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gubernamental en la práctica de corrupción en la Policía? - ¿Cómo influyen los sistemas jurídicos en el colectivo social frente al comportamiento de la corrupción en la organización policial? - ¿Cómo influye la existencia de una sola policía en el buen gobierno de un país? - ¿Cómo influye la existencia de varias policías para un solo país en el buen gobierno del mismo? - ¿Cuál es el comportamiento de la corrupción en un modelo unitario policial frente a un modelo múltiple policial? - ¿Qué impacto tiene en el ejercicio del buen gobierno de una nación la esencia militar (gendarmería) de algunos países de la región, frente a los modelos de policía con una naturaleza completamente civil? - ¿Cómo actúa la corrupción en una policía con orientación militar dentro de un estado democrático? - ¿Cómo actúa la corrupción en una policía con una orientación completamente civil? Los interrogantes anteriores surgen después de hacer una revisión de los escenarios presentados dentro del proyecto, aunque algunos tienen más proximidad a la pregunta nuclear del mismo, algunas otras preguntas pueden servir como soporte para la generación de conocimiento, o por lo menos, inquietudes para posteriores investigaciones. Pero finalmente todas están relacionadas con el interrogante del impacto hacia el buen gobierno de los países de la región.

Perspectiva teórica.

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Es importante revisar una definición muy concreta y clara del concepto de perspectiva teórica, así: Las teorías (…) nos proveen de diferentes perspectivas con las cuales ver nuestro mundo social. Una perspectiva es simplemente a una forma de ver el mundo. Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas o principios diseñados para responder una pregunta o explicar un fenómeno particular; esta nos brinda una perspectiva. Las teorías sociológicas nos ayudan a explicar y predecir el mundo social en el que vivimos (Knox, Mooney & Schacht, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, se ha seleccionado la perspectiva funcionalista para la elaboración del presente proyecto de investigación.

Esta perspectiva teórica fue escogida teniendo en cuenta los siguientes elementos: De acuerdo al funcionalismo, la sociedad es un sistema interconectado de partes que trabajan juntas en armonía para mantener un estado de balance y equilibrio social para el conjunto. Por ejemplo, cada una de las instituciones sociales contribuye importantes funciones para la sociedad: la familia provee un contexto de reproducción, nutrición, y socialización infantil; la educación ofrece una forma de transmitir habilidades sociales, conocimiento, y cultura para su juventud; la política provee unos medios para gobernar a los miembros de la sociedad; la economía provee para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios; y la religión provee la guía moral para la salida a un poder superior. La perspectiva funcionalista enfatiza la interconexión de la sociedad y como cada parte influencia y es influenciada por otras partes (Knox, Mooney & Schacht, 2009). El modelo teórico ayuda a responder la pregunta, toda vez que para el desarrollo del presente proyecto de investigación se plantean tres elementos que constituyen el

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fundamento para un fin, el cual es el buen gobierno. Dichos elementos son: el Estado, la sociedad y la policía. El Estado se configura como el promotor y dinamizador del desarrollo, democracia, administración de justicia y prosperidad de la nación. La sociedad, como el receptor y razón de ser de la actuación del Estado a través de sus instituciones. Por último, la policía, como una de las instituciones del Estado, encargada de proveer las condiciones de tranquilidad, seguridad y convivencia de los miembros de la sociedad. Además, aparece la corrupción como una variable que afecta a todas las instituciones del Estado, a la sociedad y a la policía. La corrupción en la Policía, se establece como objeto de estudio interrelacionado con el impacto negativo que impide la creación de una realidad social con niveles y calidad de vida ideales para los miembros de la sociedad de los países en Latinoamérica. Con la explicación anterior se puede vislumbrar la interconexión que existe entre los elementos de la sociedad que son objeto de estudio, y como cada uno de ellos influencia inevitablemente a los otros entre sí. Al estudiar dicha dinámica, se obtiene como resultado la producción de conocimiento que propende por entender y mejorar una realidad social.

¿Cuáles son los principales supuestos a este respecto? El principal supuesto es explicado por Jar (1999) de una manera muy específica, como se demuestra a continuación: En un sistema democrático, el mantenimiento del orden debe entenderse como un equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales y el establecimiento de cauces de resolución de los conflictos inherentes a toda sociedad compleja, lo que implica enfrentarse a problemas en situaciones de permanente conflictividad y la prevención

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de los mismos. Es por eso que Martín (1990) considera que el policía, sobre todo en situaciones de crisis, es un profesional que está en buena disposición para reducir o evitar las consecuencias de la desintegración social, para lo cual ha de usar de todos los medios a su alcance de cara a generar en esa misma sociedad el civismo necesario para su normal funcionamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, no se concibe a una institución policial corrupta, porque va a afectar gravemente el ejercicio del buen gobierno en un país, y socavando los niveles de vida de sus ciudadanos. Otro supuesto está relacionado a la interconexión existente entre las realidades sociales de cada uno de los países de la región latinoamericana. Si bien es cierto pueden ser diferentes, la dinámica de cada país influye inevitablemente en la del otro, y en un mundo globalizado se hace cada vez más evidente dicha unión.

Método Esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, Sampieri (2006) define, “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”. Así mismo, considerará en su desarrollo un enfoque mixto de la investigación que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.

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El instrumento que se utilice será diseñado considerando las variables de inclusión que se identifiquen con ayuda de la perspectiva teórica propuesta y que permitan abordar criterios de análisis frente a los actos de corrupción derivados de los factores sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos que promueven los actos de corrupción en la Policía de los países Latinoamericanos, así como la incidencia del fenómeno en el desarrollo, prosperidad, democracia y justicia, incluyendo posibles soluciones que fortalezcan el ejercicio del buen gobierno en la región. Como ejemplo se tuvo como referencia para su adaptación la información contenida en Pedagogía de la Delincuencia Juvenil de Garrido (1995), el modelo propuesto por Morales, Vargas, Ortiz y Rojas, así como la ficha de Moreno y Vega (2009). El instrumento tuvo adaptaciones de acuerdo con la revisión teórica de los factores de riesgo individuales, familiares y ambientales, que finalmente definieron 138 ítems con 12 categorías, que fueron: 1) información socio-demográfica, 2) información salud física y mental, 3) Información familiar, 4) información del colegio, 5) información amigos-iguales, 6) información sexual, 7) historia de conducta, 8) información toxicológica, 9) información habilidades sociales, 10) Ansiedad, 11) Hostilidad – impulsividad y 12) auto-concepto, con las que se cubrían los factores de riesgo individuales, familiares y ambientales. El instrumento se sometió a una revisión por jueces expertos que involucraron cinco profesionales de la psicología (con experiencia en pedagogía, ambientes educativos e intervención con adolescentes infractores), docentes, coordinadores y directivas de la institución educativa pública de la localidad de los Mártires. Estos últimos dieron la aprobación

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final del instrumento para su aplicación. Los criterios bajo los cuales se dio la validación son: coherencia2, sintaxis3, semántica4 y relevancia5. El procedimiento de la investigación girará en torno a las siguientes fases: Fase uno, realizar la conceptualización de los criterios de actos de corrupción derivados de los factores sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos que promueven los actos de corrupción en la Policía de los países Latinoamericanos, así como la incidencia del fenómeno en el desarrollo, prosperidad, democracia y justicia, incluyendo posibles soluciones que fortalezcan el ejercicio del buen gobierno en la región. En esta fase también se generará el proceso de acercamiento y sustentación del proyecto de investigación en la institución policial y otras entidades públicas y privadas relacionadas con el tema, a fin de obtener los respectivos permisos para acceder a la información. La fase dos, refiere la adaptación del instrumento junto con la validación de los ítems por jueces expertos. Fase tres, la aplicación de los instrumentos. La fase cuatro, se concentrará en la descripción y análisis de los resultados respecto de la información recolectada mediante los instrumentos y fuentes consultadas.

Datos relevantes u otras fuentes de información Entre las principales fuentes de información están: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, específicamente su página de internet que provee herramientas y recursos para el conocimiento de la anti2

Si tiene conexión lógica con el tema y el objetivo Si la ordenación de las palabras y la relación mutua entre las mismas en la construcción de las oraciones es adecuada al objetivo 4 Si las palabras empleadas son adecuadas, en cuanto al significado en cada frase del instrumento 5 Si el ítem es importante, si se debe tener en cuenta. 3

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corrupción denominada TRACK (Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge). El portal presenta la librería legal en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC (United Nations Convention Against Corrupción), ofreciendo acceso a una base de datos de legislación y jurisprudencia relevante para UNCAC de alrededor de 175 Estados sistematizados en concordancia con los requerimientos de la Convención. (UNODC, 2014)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Es el organismo mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 177 países y territorios, trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo. Mientras que fortalecen su capacidad local, los países aprovechan los conocimientos del personal del PNUD y de su amplio círculo de asociados para obtener resultados concretos. (PNUD, 2014)

La red de investigación Anti-corrupción, ACRN (Anti-Corruption Research Network), establecida por Transparencia Internacional en 2010, brinda un punto abierto de encuentro global para investigadores de disciplinas anfitrionas para presentar los últimos hallazgos e intercambio de ideas e información con compañeros y profesionales. Este ofrece una plataforma on-line y un boletín trimestral de investigación para que investigadores anti-corrupción presenten sus últimos hallazgos. La ACRN por lo tanto provee un punto de entrada eficiente al conocimiento académico en anticorrupción base para formuladores de políticas y expertos nacionales. Además, la ACRN ayuda a estimular y fomentar nueva, investigación innovadora para orientar los vacíos del

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conocimiento y asuntos que surgen en el campo de anti-corrupción. En particular, promueve el compromiso de nuevos investigadores trabajando en gobernanza y anti-corrupción. (ACRN, 2010)

Transparencia Internacional (1993), es una de las fuentes más mencionadas durante el desarrollo del presente proyecto de investigación, se trata de una organización que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Es la entidad más representativa en materia de investigación del fenómeno, con estudios como el índice de percepción de corrupción, el barómetro global de corrupción y reporte global de corrupción entre otros. De esta manera se convierte en herramienta útil para el diseño de estrategias en el tratamiento del fenómeno para todos aquellos que se interesen por el mismo.

Contenido El buen gobierno en los países de Latinoamérica no es una utopía, sin embargo, existen factores que socavan el desarrollo, la prosperidad, la democracia y la administración de justicia en la región, por tal razón evitan la eficiencia y la eficacia del Estado para mejorar la calidad de vida de sus asociados. La Policía en un Estado, es un protagonista trascendental en el desarrollo, pero a pesar de esto, en Latinoamérica no se le ha dado el reconocimiento e importancia que merece, comparado con los países desarrollados. Los estudios sobre dicha institución son escasos, redundando en la ignorancia y falta de afecto por parte de la sociedad hacia la organización y en algunos casos abuso de poder por parte de la policía. Si el estudio de la policía en los Estados latinoamericanos es escaso, la investigación sobre la corrupción en la policía, es prácticamente nulo. Cuando se desconocen a fondo las causas, comportamientos y consecuencias del fenómeno, así como el impacto negativo del

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mismo sobre el tejido social de una nación, el retraso de los países se vuelve un obstáculo bastante complejo de superar. Se va a producir conocimiento sobre la institución policial y su relevancia en el desarrollo de una Nación en el contexto Latinoamericano. Se obtienen elementos de interpretación del fenómeno para proponer cambios en la organización policial enfocados a estrategias internas y externas que permitan mejorar la efectividad y eficacia en el servicio a la sociedad. Se establece la interrelación que existe entre la presencia de corrupción en la policía y su influencia en el desarrollo, prosperidad, democracia y administración de justicia en los países latinoamericanos. Se generan propuestas de lucha contra la corrupción en la región enfocadas, naturalmente, a proveer herramientas de toma de decisiones a los gobernantes y expertos en buen gobierno.

Estructura El buen gobierno en Latinoamérica. Condiciones de transparencia, responsabilidad y lucha contra la corrupción en los Estados Latinoamericanos. La policía en Latinoamérica su estructura y organización actual. El caso colombiano. El caso venezolano. El caso ecuatoriano. El caso peruano. El caso brasilero. El caso Boliviano. El caso chileno. El caso paraguayo. El caso uruguayo. El caso argentino. La policía y su relación con la prosperidad, el desarrollo, la economía, y la administración de justicia en la región latinoamericana. La corrupción en la policía de los países latinoamericanos. Manifestaciones, causas, comportamiento del fenómeno y medidas tomadas por los países para disuadir, prevenir y contrarrestar el efecto.

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