LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ANTE LA AMENAZA DEL CRIMEN ORGANIZADO (2006‐2012): INICIATIVA MÉRIDA

Ponencia en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), 2012: Patricia Baranda C.

LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ANTE LA AMENAZA DEL CRIMEN ORGANIZADO (2006‐2012): INICIATIVA MÉRIDA La relación México-Estados Unidos se caracterizó por la desconfianza y los conflictos ocasionales desde 1846, cuando Estados Unidos declaró la guerra a México, dadas sus aspiraciones expansionistas, por lo que ambos países lucharon durante dos años. Al término del enfrentamiento, México perdió más de la mitad de su territorio. Desde entonces, la nación mexicana ha sido extremadamente sensible a temas de soberanía, seguridad y a cualquier indicio de que Estados Unidos se inmiscuya en sus asuntos internos. Esto explica el porqué las Fuerzas Armadas (FFAA), principalmente el Ejército, han visto con recelo, distancia y como enemigo al vecino país, de ahí que la defensa mexicana estuviera orientada hacia el norte para proteger la nación de cualquier invasión futura. Las tradicionales sensibilidades históricas entre uno y el otro lado de la frontera han determinado la relación --mal comprendida desde los círculos gubernamentales-, definiéndola en un marco de cooperación y conflicto, donde ha solido pesar más el conflicto, sobre todo en los medios de comunicación y en tiempos electorales, que la cooperación. Sin embargo, las circunstancias han cambiando, dada la dinámica internacional, el auge de los flujos comerciales, migratorios, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense –marcó un nuevo paradigma en la concepción de seguridad-, el surgimiento de actores no estatales que han incidido en un cambio cualitativo en cuanto al tipo de amenazas a la seguridad. De lo que resulta un cambio cuantitativo y cualitativo en los vínculos entre México y Estados Unidos, que se ha hecho manifiesto en el campo económico-comercial, recuérdese la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 –institucionalizó las relaciones comerciales entre ambos países, pero también dio los indicios de un mayor acercamiento en el ámbito de seguridad--; en el campo de la seguridad se firmaron los Acuerdos de Fronteras Inteligentes (FI), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN), y la Iniciativa Mérida (IM), esta última,

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objeto de nuestro estudio, ha dado la pauta para un entendimiento más estrecho en términos de seguridad, considerando la amenaza en común: crimen organizado. Este análisis intenta disipar el entresijo de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, por lo que se presentan breves antecedentes; posteriormente se plantea el cambio cualitativo de la cooperación tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11 o 11-S); y de ahí el análisis se avoca a la Iniciativa Mérida como un marco de cooperación inédito. Antecedentes La seguridad de Estados Unidos está vinculada con la estabilidad del Caribe y América Latina. El surgimiento de un México hostil no ha sido una causa de preocupación grave para la Unión Americana. Pese a ello, su tamaño, proximidad, antecedentes migratorios, nacionalismo e incluso antiamericanismo han mantenido la importancia y, ocasionalmente, hecho difíciles las relaciones bilaterales inevitables. Bajo esta óptica, tras la revolución mexicana, los gobiernos revolucionarios se dieron cuenta que no sería posible ni optimo movilizar fuerzas capaces de derrotar una nueva agresión militar estadounidense si ésta llegara a presentarse. Por tanto, el pensamiento estratégico y la política exterior mexicanos se desarrollaron en una dirección no militar, por lo que el régimen optó por respaldarse en la opinión internacional a fin de contener a su vecino del norte. De ahí la decisión de basar la seguridad nacional en principios mundialmente aceptados1, en oposición a toda forma de intervención, y no en su capacidad militar. A principios de los años cuarenta en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se dio entre ambos países una colaboración estrecha para defender América del Norte ante la amenaza del fascismo. Ambas naciones formaron la Comisión Conjunta de Defensa México-Estados Unidos (JMUSDC, por sus siglas en inglés) para elaborar un plan de defensa integral que coordinara las actividades de ambos ejércitos. La Comisión

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La autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; la lucha por la paz y seguridad internacionales. Consúltese: Artículo 89, fracción X, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

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administró un Programa de Préstamo y Arrendamiento con un capital de 40 millones de dólares que ayudó a financiar la modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas, lo que condujo al envío de un escuadrón aéreo mexicano a las Filipinas en 1945 –el famoso Escuadrón 201-. Este acontecimiento simbolizó tanto la transformación de México, al poner fin a su aislacionismo ante el escenario internacional, como de las instituciones militares, las cuales se convirtieron en una fuerza profesional. No obstante, esa naciente relación militar nunca se consolidó y para mediados de la década de los años cincuenta, se volvió insignificante. Sin embargo, desde nuestra perspectiva es el antecedente de Mérida en términos de cooperación militar. En el contexto de la Guerra Fría, las prioridades estratégicas de Estados Unidos en el continente se centraron en proteger el acceso y tránsito en la región mediante el uso sin restricciones del canal de Panamá; en mantener una pequeña presencia militar en varias bases en el Caribe; en no perder el suministro de materias primas esenciales, petróleo; y en lograr que la región compartiera su postura anticomunista en los foros internacionales. En otras palabras, pretendía evitar que algún país americano se aliara con la Unión Soviética, para alcanzar este objetivo, el presidente Kennedy creó la Alianza para el Progreso, marco que sirvió para una estrecha cooperación militar con América Latina, en este sentido, México sólo aceptó los fondos del programa internacional de Educación y Entrenamiento Militar (IMET, por sus siglas en inglés). 2 El enfoque de la seguridad nacional mexicano se había redundado en estabilidad interna. Sin embargo en la década de los noventa México avanzó hacia una nueva condición influida por la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América de Norte

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Entre 1950 y 1993, Estados Unidos destinos 6.7 millones de dólares para que 2,061 estudiantes militares –oficiales en su mayoría—recibirán instrucción profesional o adiestramiento técnico en Estados Unidos. Otros más estudiaron en la escuela de las Américas Cohen programas relacionados con las operaciones de combate al narcotráfico. El primer sistema militar estadounidense importante que México adquirió comercialmente fue el F-5 “Freedom Fighter”, un avión multipropósito, en 1981. Posteriormente se adquirieron aviones de carga C-130, un sistema T-33 para adiestrar pilotos y varios servicios de adiestramiento en el área técnica y de mantenimiento. A medida que aumentaron los intereses militares de México, la Oficina de Enlace Militar (MLO, por sus siglas en inglés) ordenó la venta de fragatas y equipo para visión nocturna estadounidenses a la Armada y al Ejército mexicanos. En: Cope, John A., “En busca de la convergencia: Las relaciones militares entre México y Estados Unidos en el umbral del siglo XXI”, en: Aguayo, Quezada Sergio y John Bailey (coord.), Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición, Siglo XXI, México, 1997, pp. 237.

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(TLCAN), el levantamiento armado en Chiapas, los desórdenes internos de índole económica y política, y las amenazas internacionales tal como el crimen organizado. Este panorama desafiante para la seguridad y la creciente competitividad del sistema económico internacional impulsaron a Estados Unidos a forjar alianzas con sus vecinos con quienes compartía intereses. De ahí que colaborara en los esfuerzos multilaterales por combatir la degradación ambiental y el tráfico ilícito de drogas, promover la democratización, las operaciones de paz, y fortalecer los mecanismos de seguridad hemisférica. Un momento cumbre de la relación entre México y Estados Unidos en la década de los noventa se dio en octubre de 1995, cuando el secretario de Defensa visitó México por primera vez. El viaje de William Perry, organizado a raíz de una invitación del general Cervantes –secretario mexicano de Defensa-, fue considerado por el gobierno norteamericano un paso natural tras la firma del TLCAN. El principal objetivo de la visita fue generar mayor cooperación militar para combatir el tráfico de drogas a través de la frontera. Asimismo, marcó un hito en los intentos de Estados Unidos por superar la histórica desconfianza de su vecino del sur para avanzar hacia una nueva relación estratégica basada en la apertura, confianza y cooperación. También el viaje permitió ver claramente el compromiso del gobierno de Clinton para mejorar las relaciones de defensa.3 Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de Norteamérica surgió un nuevo paradigma de seguridad en todos sus sentidos, incluyendo las relaciones internacionales, lo cual evidentemente tuvo repercusiones en todo el orbe. México siendo su vecino no pudo prescindir, muy por el contrario de forma directa o indirecta ha sido partícipe de este paradigma tanto al interior como en la relación con su vecino del norte. 3

La percepción norteamericana hacia su vecino del sur en términos de defensa la resume uno de los pocos expertos estadounidenses en la materia que estudió el ejército mexicano, el coronel Stephen Wager, quien escribió su opinión sobre ese ejército respecto al cambio (1994): “El ejército no tiene en alta estima los cambios. Los líderes militares han dependido enormemente de valores y principios tradicionales, más que de enfoques innovadores, para abordar viejos problemas. La Constitución de 1917 nombró las fuerzas armadas protectoras de la soberanía nacional y eso seguirá siendo su misión. Para cumplirla, intentarán asegurarse de que siempre haya ‛una distancia segura’ frente al poderoso vecino del norte”. Ídem, p. 257.

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Bajo la nueva lógica de cooperación se suscribieron iniciativas con la aspiración de estrechar la relación y promover un ambiente de confianza y coordinación eficientes de cara a los retos que impone la propia dinámica internacional. De esta forma llegamos a la Iniciativa Mérida, la cual parte de la reunión entre George W. Bush y el entonces presidente electo Felipe Calderón, el 9 de noviembre de 2006, en Washington, donde perfilaron el tema de la seguridad como la mayor prioridad para ambos gobiernos. De ahí ambos mandatarios acordaron la visita de Bush del 12 al 14 de marzo de 2007 en Mérida, Yucatán, donde sentaron las bases para una estrategia conjunta con el fin de combatir el crimen organizado. Asimismo, junto con sus respectivos equipos trazaron las líneas de cooperación, de intercambio de información, de ayuda económica y material contra las amenazas compartidas. Lo que abordaremos más adelante. Crimen Organizado: una realidad compartida Desde finales de los años ochenta, los traficantes de drogas han convertido a México no sólo en país “trampolín” o de tránsito de narcóticos provenientes de América del Sur hacia Estados Unidos, sino en un país productor y consumidor. Los narcotraficantes mexicanos aumentaron su poder por efecto de la guerra a las drogas en Colombia y en general en los Andes. El gran negocio, la exportación a Estados Unidos, apoyada por comerciantes mexicanos súbditos de los colombianos en esos años, sufrió una metamorfosis: los mexicanos se volvieron los dueños y monopolizadores para abastecer a los consumidores de cocaína en el país del norte, calculados entre 1.5 y 2 millones de personas. En el informe del Government Accountability Office (GAO) de 2006 estimaba que ingresan a Estados Unidos un promedio de 275 toneladas de cocaína al año, y que sólo son capturadas 36 en México. De igual manera ha aumentado la exportación de mariguana y de metanfetaminas de México a Estados Unidos. De éstas, las capturas en la frontera en el año 2000 fueron de 500 kilos, mientras en el 2006 ascendió a 2 mil 700 kilos. Así, los cárteles mexicanos se han convertido en las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. Entre otras causas que explican el aumento del problema, no sólo en México sino en el resto del continente, encontramos: en su mayoría los gobiernos latinoamericanos 5

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no cuentan con la fortaleza ni eficacia institucional para enfrentar el crimen organizado; las leyes son inconsistentes; los distintos sistemas judiciales dejan mucho que desear; hay falta de control en las fronteras físicas, por ejemplo la México-Guatemala; falta de profesionalidad de los cuerpos policíacos; falta de adecuación de los sistemas de doctrina y entrenamiento de las Fuerzas Armadas; la falta de servicios de inteligencia efectivos; control financiero; falta de coordinación interinstitucional por desconfianza mutua, etc. A esto se suma una débil cooperación internacional para combatir dicho flagelo. Es así que el crimen organizado se vuelve cada vez más invisible y al mismo tiempo aumenta su capacidad de penetración en el Estado a través de la corrupción. Esta amenaza está en todos lados, corrompe todo, y justifica una nueva política integral de cooperación.4 En México, durante el sexenio de Vicente Fox, fueron detenidas 60 mil personas por delitos contra la salud, de las cuales sólo 15 fueron líderes de los cárteles; 50 capturados pertenecían a las estructuras financieras y se capturó sólo a 71 sicarios. En otras palabras, la mayoría de los detenidos pertenecen a la cadena inferior de distribución o son campesinos cultivadores. En el 2006 se perpetraron 2 mil asesinatos relacionados con las drogas. Por otra parte, cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006 heredó una condición de seguridad deteriorada, caracterizada por: a) control del narcotráfico de diversos territorios del país; b) una guerra entre los cárteles de la droga causante de altos niveles de violencia; c) renuencia del gobierno de Fox para usar la fuerza pública; d) conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera; e) flujo constante de drogas hacia Estados Unidos, que no se vio afectado por las políticas antidrogas de Fox; f) aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México, sobre todo a partir de la década de los noventa. Frente a este panorama y en un contexto de crisis de legitimidad interna por su triunfo cuestionado en la elección de 2006, Calderón decidió lanzar una campaña de combate directo a los grupos criminales con el apoyo del Ejército. De esta forma, a sólo Cfr., Benítez, Manaut Raúl, “Pros y contras de la Iniciativa Mérida”, Reforma, México, DF, No. 715, 9 de diciembre de 2007, pp. 13 y 14. 4

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11 días de comenzar su gobierno, se realizó el primero de una serie de operativos territoriales contra el narcotráfico en Michoacán, de donde es originario el Presidente. El objetivo del operativo, según el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, era “proporcionar los niveles de seguridad que hicieran viable la vida ciudadana”. Evidentemente, este ataque frontal a los grupos delictivos no buscaba erradicar totalmente la producción y el tráfico de drogas sino tratar de evitar el impacto desestabilizador del fenómeno y la afectación social que genera. El propio procurador, en ese entonces, Medina Mora señaló en una entrevista televisiva en 2008 que el objetivo de la guerra contra el crimen organizado –de la cual se retractó hace un par de años el Presidente, señalándola como combate en vez de guerra- no era “terminar con el narcotráfico sino convertirlo en un problema de seguridad pública”, en lugar de seguridad nacional en el que se había convertido. En esta lógica, durante 2007 la administración Calderón continuó con los operativos policiaco-militares en varios estados del país: Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Chihuahua y Guerrero. De hecho, a raíz del operativo en Michoacán comenzó a crecer la ola de violencia en estados que no presentaban tal fenómeno de manera importante como Sonora, Nuevo León, Veracruz y Tabasco.5 Con base en lo anterior revisamos la encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA, 2011), la cual nos ayuda a identificar los niveles de violencia, sus efectos y el respaldo a la estrategia implementada por el gobierno calderonista. La encuesta se aboca a los estados Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León, que presentan una intensidad alta de violencia; Jalisco un nivel medio; el Estado de México y el Distrito Federal un nivel bajo. A continuación señalamos algunas cifras que esta encuesta especializada arroja en torno a ciertos cuestionamientos6 de nuestro interés:

Cfr. Chabat, Jorge, “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo malo y lo peor”, p. 33, en: Alvarado, Arturo y Serrano, Mónica (coord.), XV Seguridad Nacional y Seguridad Interior, COLMEX, México, 2010, pp. 361. 6Con un total de 7,416 entrevistas a nivel nacional, con un margen de error de estimación teórico, es de +/--‐ 1.1% con un 95% de confianza. La encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA, 2011) del proyecto de investigación multiinstucional realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE), Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión, S.C. (SIMO) y el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). Llevó a cabo la encuesta tanto a nivel nacional como en los estados de 5

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De la pregunta si el gobierno está ganando la guerra o no contra el narcotráfico, las respuestas son: sí, nacional 26%; Michoacán 40%; Nuevo León 35%; no, nacional 53%; DF 65%; Edo. Méx. 61%; 56% Chihuahua; ni ganado ni perdiendo, Jalisco 27%, Nuevo León 21%; Chihuahua 22%. Sobre la medida para combatir el narcotráfico por medio del uso de la fuerza, el nivel de aprobación es: Chihuahua y Nuevo León 47%; Guerrero 39%; Edo. Méx. 34%; el más bajo es el DF 27%; nacional, 37%. De que el gobierno federal fortalezca la seguridad pública o combata al narcotráfico las respuestas son: nacional-fortalecer 55%; Jalisco 74%; DF y Edo.Méx. 68%; Michoacán 66%; Nuevo León 52%, Chihuahua 32%; combatir, nacional 42%, Chihuahua 67%; Nuevo León 66%; Guerrero 47%. La balanza da mayor peso a fortalecer la seguridad pública, no obstante en los estados que representan la frontera norte, dada las dimensiones de la violencia dan mayor peso al combate al flagelo que ha puesto en entredicho la seguridad de esos territorios. Sobre las causas que propiciaron la lucha frontal a los grupos criminales se señalan: 1) la gente lo demandaba, 2) el narcotráfico controla más regiones; 3) el aumento de la violencia; 4) legitimidad de Calderón; 5) sector privado lo solicitó; 6) presión de EEUU; 7) no sabe. Los números arrojan en un intervalo del 44% (Nuevo León) a 25% (estados del centro del país) como causas el aumento de la violencia y el control de regiones por parte de los criminales. Respecto a la preocupación por la ola de violencia relacionada con el narcotráfico resulta: nacional 80%; Nuevo León 92%; Michoacán 88%; Edo. Méx. 83%; DF, 80%; Chihuahua 60%. Las cifras lo demuestran, la preocupación es alta. Sobre los grupos que han ayudado a combatir los efectos de la violencia vinculada con el narcotráfico se consideran al Ejército, Marina, empresariado, Iglesia, policía federal, ONG, de los que destaca el ejército al arrojar la siguiente cifra: nacional

Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nuevo León cuyo criterio de selección de estos estados fueron los niveles de violencia (de los más altos a los más bajos) 6 asociada al narcotráfico entre ellos. Con base en la misma consideramos algunos de sus resultados para evidenciar la situación de inseguridad que percibe la ciudadanía y su percepción respecto a las medidas del gobierno para combatir el narcotráfico, los cuales son importantes para nuestra investigación.Consúltese en: Benítez, Manaut Raúl, Azucena Cháidez et. Al., Encuesta de Ciudadanía, Democracia Y Narcoviolencia (Cidena, 2011), México, Septiembre 2011, pp. 199.

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57%; Nuevo León 80%; Michoacán 70%; Jalisco 63%; Edo. Méx. 54%; DF 50%; Chihuahua 46%. Lo que comprueba la hipótesis señalada por diversos especialistas y el propio gobierno en relación al respaldo y confianza en la institución castrense en su labor de defender al Estado mexicano. Para cotejar estas cifras, consúltese el mapa del Anexo I, cuya fuente es la Procuraduría General de la República. Como efectos del contexto anterior, las sociedades residentes de esas zonas, principalmente las fronterizas, se han visto en la necesidad de limitar sus actividades cotidianas, asegurar sus casas con protectores, cámaras, entre otras medidas (quienes tienes ciertos recursos y no pueden partir), en casos extremos han tenido que migrar ya sea al interior del país o hacia Estados Unidos como el caso de un alto número de población de Ciudad Juárez. Ante tal panorama el temor de Estados Unidos es que la ola de violencia traspase la frontera y surta efecto en su territorio, por ello el énfasis en la aceptación de la corresponsabilidad con el gobierno mexicano en el combate al flagelo del crimen organizado por medios como la Iniciativa Mérida. Iniciativa Mérida: nueva etapa de cooperación Las propuestas presentadas por la administración Obama dentro de la Iniciativa Mérida en 2009 continuaron centrándose en proporcionar equipo y capacitación a las fuerzas de seguridad mexicanas. Sin poner énfasis en el fortalecimiento a las instituciones civiles e implementar reformas estructurales en los sistemas de policía y justicia mexicanos. Durante su primera visita a México como presidente en abril de 2009, Obama declaró que las medidas para enfrentar a los narcotraficantes tendrían que ser más agresivas, afirmando que “es por eso que hemos adoptado los siguientes pasos:

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acelerar nuestros esfuerzos con el fin de implementar la Iniciativa Mérida, para darle a México el equipo de inspección y las aeronaves militares necesarias”.7 De tal forma que la medición de resultados y, por tanto, el éxito de la estrategia Mérida, se da a partir de la cantidad de drogas incautadas y el número de traficantes detenidos, dejando de lado la realización de transformaciones dentro de las instituciones nacionales para obtener un resultado a largo plazo en materia de seguridad. Diversos miembros del gobierno han hablado de una estrategia que pondría menos énfasis en el desmantelamiento de las organizaciones traficantes de droga y la interrupción de sus negocios para fortalecer a las instituciones mexicanas y combatir la corrupción, pilar fundamental del problema. En 2009 Carlos Pascual, entonces embajador de Estados Unidos en México, señaló que en el futuro el tipo de trabajo que había de hacerse estaba en el campo de la inteligencia, del fortalecimiento institucional, de la capacitación, de aprendizajes compartidos y así sucesivamente. Congruente con esta postura, desde hace varios años, The Washington Office on Latin America (WOLA) ha argumentado que la estrategia de Estados Unidos debe tener un cambio cualitativo para surtir efectos en el combate al tráfico de drogas, flagelo que está poniendo en tela de juicio la seguridad nacional del vecino del sur. El apoyo del gobierno de Obama a los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico ha sido claro, aunque repetitivo, tomando en cuenta la repetición de estrategias que únicamente proporcionan equipo y tecnología sofisticados. La cooperación contra el tráfico de drogas ha surtido efecto con la entrega a México de cerca de 5 mil 700 millones de pesos (US$ 465 millones) en equipo, entrenamiento, programas de mejoramiento y construcción de capacidades dentro del marco de la Iniciativa Mérida desde el 2008 hasta 2011, considerando sus cuatro pilares: 1) Interrumpir la capacidad de operación del crimen organizado; 2) Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho; 3) Crear una estructura a fronteriza del

Meyer, Maureen, “Obama y la Iniciativa Mérida: ¿El inicio de un cambio o continuidad de la fallida guerra contra las drogas?”, en: Bénitez, Manaut Raúl, et. Al. (eds.), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), México, 2009, pp. 69. 7

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siglo 21; 4) Construir comunidades fuertes y resistentes. Lo que ha dado como resultado: Sociedad fortalecida: 1) México y los Estados Unidos han establecido grupos de trabajo bilaterales para trabajar en contra del lavado de dinero y el contrabando de armas; 2) la Oficina de Implementación Bilateral de la Iniciativa Mérida fue establecida para dar seguimiento a la transferencia de equipo, actividades conjuntas y programas de entrenamiento. La oficina cuenta con personal estadounidense y mexicano. Tecnología equipo: Para promover la movilidad de las operaciones antinarcóticos se han dado 11 helicópteros -ocho helicópteros Bell 412 para el ejército y tres helicópteros Black Hawk UH-60M para la Secretaria de Seguridad Pública (SSP)-, transferidos a las fuerzas de seguridad mexicanas. Herramientas para reprimir las actividades de las organizaciones criminales han sido entregadas por los Estados Unidos: 318 máquinas poligráficas, 49 vehículos de inspección no intrusiva (seis con fondos anteriores a Mérida), 13 vehículos blindados, equipo biométrico para la agencia de inmigración mexicana, software de rastreo de casos para la Procuraduría General de la República (PGR). Aplicación de la ley. Sesenta adiestradores de perros han sido capacitados por expertos estadounidenses y 114 perros han sido donados, formando equipos caninos enfocados en la interdicción de narcóticos armas de fuego y municiones8. Aumento del intercambio de información entre México y los Estados Unidos ha contribuido al retiro de 29 líderes de los cárteles de drogas.9 8

Un perro entrenado entregado a México bajo la Iniciativa Mérida jugó un papel fundamental en el decomiso de 29.5 millones de pesos (US$ 2.4 millones) en efectivo. El 16 de junio de 2011, inspectores de aduanas mexicanos encontraron el efectivo enrollado y embutido en carretes de cable telefónico con destino a Venezuela. El perro alertó a su entrenador sobre el contenido sospechoso de los carretes en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ante el uso efectivo de los perros, equipo y capacitación suministrados con recursos de la Iniciativa Mérida contra los grupos transnacionales del crimen, dijo Feeley, encargado de negocios de la embajada de EUA en México: “Ciertamente, una de las mejores maneras de atacar a las organizaciones criminales es interrumpir sus movimientos ilegales de dinero en efectivo. Y cuando se trata de detectar grandes cantidades de dinero en efectivo, el mejor amigo del hombre realmente es un perro bien entrenado”. Redacción Ágora, Perro policía ayuda a encontrar $2.4 millones, Ágora Revista, US-NORTHCOM, Vol. 4, No. 4, 2011, p.6. 9 Por citar algunos: Jesús Méndez-Vargas alias“El Chango”, uno de los líderes de la familia michoacana (3 de julio, 2011); Antonio Acosta-Hernández alias “El Diego” (29 de julio, 2011) y Jesús Enrique RejónAguilar alias “Mamito”, líder de los Zetas (3 de julio, 2011).

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Entrenamiento y educación. Estados Unidos ha entrenado a instructores correccionales y penitenciarios mexicanos a través del programa Entrenar a Entrenadores en Nuevo México y Colorado con nuevas técnicas para, la detención, clasificación

y

transporte

de

presos.

Asimismo,

expertos

mexicanos

y

estadounidenses han entrenado a 4,500 investigadores educados en la universidad en la recolección y el procesamiento de evidencia para la Policía Federal. En su nueva academia, el Sistema Penitenciario Federal ha capacitado a 1,800 empleados de correccionales y penitenciarias. Más de 10,000 fiscales y personal de justicia mexicanos han sido capacitados por oficiales estadounidense sobre cómo funciona el sistema judicial acusatorio.10 Las extradiciones de los traficantes de drogas han aumentado en 2007, la administración Calderón deportó 15 líderes de los cárteles más buscados por los Estados Unidos, lo que representó el nivel más alto de deportaciones a la fecha. Sin embargo, muchos analistas concuerdan en que la única manera de combatir el tráfico de drogas en México será reduciendo el consumo y haciendo las reformas pertinentes en el sistema de justicia y político. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) continuo reestructurando a la Policía Federal triplicando su tamaño, de 11, 000 en 2006 a 35,000 recientemente. Reformas judiciales. En septiembre, la administración Calderón propuso al Congreso la legislación del código de proceso criminal federal. Las reformas deberían establecer un sistema de justicia que promueva el debido proceso, la transparencia, métodos de resolución alternativos y mejore las capacidades dentro del sector judicial. Lavado de dinero. Se creó una unidad especializada dentro de la PGR para investigar y perseguir casos de lavado de dinero, restringir las cantidades de efectivo denominadas en dólares estadounidenses que reciben los bancos mexicanos. Estas regulaciones intentan mitigar los riesgos de lavado de dinero vinculado a las organizaciones criminales.

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Cfr. Redacción Ágora, Iniciativa Mérida, Ágora Revista, US-NORTHCOM, Vol. 4, No. 4, 2011, pp. 3637.

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Medidas anticorrupción. Se diseñó un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) como agencia responsable para vigilar las nuevas leyes que requieren del fortalecimiento de la exanimación de los oficiales, incluyendo el uso del polígrafo y la revisión de sus antecedentes. En este mismo sentido, creó el Centro de Evaluación y Control de la Verdad mejor conocido como Control de Confianza. Estos esfuerzos, combinados con el liderazgo de la PGR, han tenido un impacto positivo; en 2011, alrededor de 40 oficiales de alto rango y cientos más empleados fueron despedidos de su servicio debido a acusaciones de corrupción.11 Por lo anterior, la iniciativa Mérida es considerada como el punto decisivo en las relaciones bilaterales. Es la primera vez que EEUU proporciona tan substancial apoyo militar y policial a México -antes de esta Iniciativa, México recibía un promedio de 30 millones de dólares en apoyo a través de su Agencia para el Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley-. Lo inédito de la Iniciativa Mérida (IM) se debe a varias razones: busca colocar los problemas del crimen organizado, el tráfico de drogas y la violencia asociada con ambos dentro de un contexto transnacional. A diferencia de las experiencias pasadas, cuando ambos países se culpaban uno al otro por no hacer lo suficiente para detener el consumo, producción o trasiego de drogas ilegales, la IM reconoce que cada nación debe compartir la responsabilidad de tratar los problemas de seguridad pública y salud pública asociada con las drogas ilegales, y el mejor enfoque para manejar éstos de manera cooperativa; también, pone en evidencia la primera vez que el gobierno de México solicita asistencia a su vecino del norte para reforzar su capacidad institucional y responder al crimen organizado. En este sentido, en el pasado la cooperación entre ambos países se limitaba en enviar equipo y capacitación para las unidades especializadas policiales y militares mexicanos, ahora la IM va más allá al incluir capacitación y ayuda administrativa para las instancias de procuración de justicia en México.

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Cfr. México, International Narcotics Control Strategy Report, Drug and Chemical Control, Vol. I, March 2012, pp. 317-321, en: http://www.state.gov/documents/organization/184314.pdf

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Para concluir podemos decir que la Iniciativa Mérida es un mecanismo de cooperación trascendente por los factores ya mencionados, lo que da la pauta a una nueva etapa de colaboración en materia de seguridad entre ambos vecinos. Sin embargo, la reducción del consumo en los Estados Unidos sería la manera más efectiva de combatir el tráfico de drogas, y por el lado mexicano la reforma judicial y de los cuerpos policiacos. Mientras que la demanda continúe constante los cárteles continuarán fortaleciendo su “negocio”. Estos esfuerzos proveerán oportunidades en la cooperación bilateral, por lo que difícilmente se vislumbra falta de continuidad a la nueva etapa de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, quizás la etiqueta cambie –Iniciativa Mérida- pero no así su contenido, por el contrario es posible que se fortalezca. Fuentes consultadas Aguayo, Quezada Sergio y John Bailey (coord.), Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición, Siglo XXI, México, 1997, pp. 346. Alvarado, Arturo, y Serrano, Mónica (coord.), Los grandes problemas de México. XV Seguridad Nacional y Seguridad Interior, Colegio de México (COLMEX), México, 2010, pp. 361. Astorga, Luis A., Drogas sin fronteras, Grijalbo, México, 2003, pp. 378. Astorga, Luis A., Mitología del “narcotraficante” en México, Plaza y Valdés, UNAM, 2ª, México, 2004, pp. 150. Azis, Nassif Alberto y Alonso S. Jorge (cords.) Globalización, poderes y seguridad nacional, Tomo I, Porrúa, México, 2005. pp. 431. Benítez, Manaut Raúl, “México 1920-1945. La expropiación petrolera y la reinserción de México al sistema internacional”, en: Herrera, Reyes Agustín y San Martín, Tejedo Lorea (comp.), México a cincuenta años de la expropiación petrolera, Coordinación de Humanidades, UNAM, México, 1989, pp. 97-108. Bénitez, Manaut Raúl, et. Al. (eds.), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), México, 2009, pp. 406. Benítez, Manaut Raúl, Azucena Cháidez et. Al., Encuesta de Ciudadanía, Democracia Y Narcoviolencia (Cidena, 2011), México, Septiembre 2011, pp. 199. Benítez, Manaut Raúl, “Pros y contras de la Iniciativa Mérida”, Reforma, México, DF, No. 715, 9 de diciembre de 2007, pp. 13 y 14. Carrasco, Araizaga Jorge, “La militarización”, Proceso, México, febrero 11 de 2007, No. 1580, pp. 6-11. 14

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Anexo I

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