La ciudad en la Sombra segunda edición 2013
Descripción
Universidad Piloto de Colombia Presidente José María Cifuentes Páez Rectora Patricia Piedrahíta Castillo Director General de Publicaciones Andrés Lobo-Guerrero Campagnoli Director de Publicaciones y Comunicación Gráfica Rodrigo Lobo-Guerrero Sarmiento Director de Investigaciones Mauricio Hernández Tascón Coordinador de Publicaciones Diego Ramírez Bernal Directora Maestría en Gestión Urbana Mayerly Rosa Villar Lozano
© La ciudad en la sombra Barrios y luchas populares en Bogotá 1950 • 1977
Autor Alfonso Torres Carrillo ISBN 978-958-8537-66-5 Segunda edición - Maestría en Gestión Urbana Universidad Piloto de Colombia Bogotá, Colombia - 2013 Diseño de portada y Diagramación Departamento de Publicaciones y Comunicación Gráfica de la UPC. Fotografías Portada Creditos Impresión Pendiente Primera edición - © CINEP Carrera 5 No. 33A-08 Santafé de Bogotá, D.C., Colombia ISBN 958-644-024-9 La obra literaria publicada expresa exclusivamente la opinión de sus respectivos autores, de manera que no representan el pensamiento de la Universidad Piloto de Colombia. Cada uno de los autores, suscribió con la Universidad una autorización o contrato de cesión de derechos y una carta de originalidad sobre su aporte, por tanto, los autores asumen la responsabilidad sobre el contenido de esta publicación.
Contenido
Prefacio a la segunda edición Prólogo Introducción
13 17 19
CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ 1958-1974
25
Los migrantes se toman Bogotá
27
Proceso de urbanización en Colombia y crecimiento acelerado de Bogotá
29
Una nueva realidad
34
La penuria de la vivienda
35
Capítulo 1
Solucionando el problema por sí mismos: 1. La consecución del terreno
38
El mercado comercial de suelo urbano
39
Mercado Estatal
39
Mercado Pirata
40
Los barrios de invasión
42
Un crecimiento clandestino pero tolerado
44
Solucionando el problema por sí mismos: 2. La construcción de la vivienda
48
Producción por encargo
48
Producción capitalista privada
48
Producción capitalista desvalorizada del Estado
49
La autoconstrucción
49
Haciendo la casa
52
Una ciudad de campesinos
53
Trabajar para sobrevivir
57
Los que no consiguieron trabajo
64
Ingresos y costo de vida
66
Sobrevivir en la pobreza
71
Contenido 75
Concertar desde los barrios
77
Presentación
78
Vida nueva, problemas viejos
81
La solución doméstica de los problemas
85
Esfuerzo colectivo y presión legal al Estado
87
Las obras parroquiales
88
El acueducto y alcantarillado
90
La energía eléctrica
90
Pavimentación y arreglo de vías
91
La escuela y los espacios públicos
92
Otras necesidades solucionadas
94
Estudio de caso: el barrio San Rafael Suroriental
94
La ocupación inicial
95
La consecución de servicios
97
La escuela, la salud y la recreación
98
La religiosidad y la política
100
Los intentos asociativos
100
La Federación de Barrios del Sur
102
La Junta Pro defensa de barrios de Suroriente
104
Etapas y rasgos de la colonización urbana
109
Capítulo 2
La ciudad en la Sombra en imágenes
117
La invasión de terrenos
119
Presentación
120
La magnitud de las invasiones
123
Las Colinas
128
El barrio Policarpa
128
Las primeras fases de la ocupación
Capítulo 3
Contenido El viernes sangriento
133
La consolidación del barrio
136
Organización interna y consecución de servicios
137
Otras invasiones relacionadas con la Central Nacional Provivienda
141
El Quindío
141
Atahualpa y Camilo Torres
143
Nuevo Chile y Salvador Allende
144
La Central Nacional Provivienda
146
Invasiones independientes de CENAPROV
151
Santa Rosa y El Consuelo - Rocío
151
Otras invasiones “independientes”
154
La invasión de terrenos urbanos en retrospectiva
156
La preparación
157
La ocupación inicial
157
La consolidación
158
La legalización
159
Movilizarse por el derecho a la ciudad
161
La protesta urbana durante el Frente Nacional
163
Las modalidades de protesta
166
Paros cívicos y bloqueo de vías
167
La resistencia a desalojos
168
Manifestaciones públicas
169
Otras formas de protesta
170
Los motivos de los conflictos y sus resultados
171
Los intentos de desalojo
171
El transporte
172
Otras reivindicaciones
176
Los resultados
176
La trayectoria de la protesta urbana
179
Contra la Avenida de los Cerros
183
Capítulo 4
Contenido 184
Una iniciativa con varios contradictores
190
Los vaivenes de los Comités y la ruptura liberal
194
Ascenso y caída del Plan Cerros (diciembre 1973-agosto 1974)
196
Balance de la lucha contra la Avenida de los Cerros
198
Significado de la protesta urbana durante el Frente Nacional
Capítulo 5
201
La gestión guberna-mental del conflicto urbano
203
Presentación
204
Estado y Política Urbana
205
Legislación y política urbana durante el Frente Nacional
208
Los Barrios en la política urbana del Distrito Especial de Bogotá
209
Las políticas distritales de vivienda
211
Del rechazo a la aceptación de los asentamientos ilegales
212
Los cambios en el perímetro urbano y sanitario
213
Cambios en las normas de especificación de urbanización y construcción
214
La normalización de barrios “ilegales”. El caso de Las Colinas.
218
La Junta de Acción Comunal
221
El clientelismo en los barrios
223
Conclusiones
227
Bibliografía
Prefacio
a la segunda edición
H
an pasado dos décadas desde la primera vez que este libro fue publicado por iniciativa del equipo urbano del CINEP. Hasta entonces, su contenido era parte de mi tesis de maestría en historia realizada en la Universidad Nacional de Colombia y había empezado a ser consultada por investigadores de diferentes disciplinas que querían tener una visión de conjunto de la historia de la formación de los barrios populares bogotanos, así como de las luchas de sus pobladores por el derecho a la ciudad desde mediados del siglo XX. Una vez publicado, el libro encontró acogida, no solo entre historiadores, sino también entre investigadores de otros campos disciplinares e interdisciplinares como la antropología, la sociología, la geografía y la gestión urbanas y los estudios sobre hábitat popular, así como entre profesionales del trabajo social. En ello tuvieron una generosa responsabilidad algunos destacados científicos sociales que lo citaron en sus publicaciones, los usaron en sus cursos o lo recomendaron a sus estudiantes, entre quienes destaco a los historiadores Mauricio Archila, Fernán González, Fabio Zambrano y Alberto Flórez, al antropólogo Julián Arturo, a la socióloga Martha Cecilia García, al urbanista Thierry Lulle y al investigador – creador Arturo Alape. De ese modo, La ciudad en la sombra fue vendiéndose poco a poco hasta que se agotó una década después de haber sido publicado. De ahí en adelante, las bibliotecas públicas y universitarias, los centros de documentación y las fotocopias fueron las únicas posibilidades para ser consultado por investigadores, estudiantes universitarios e integrantes de organizaciones comunitarias que querían darle un contexto más amplio a la historia de sus barrios. Por eso, valoro positivamente y agradezco la iniciativa de la coordinadora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, Angélica Camargo, de publicar nuevamente el libro en el contexto de la conmemoración de los 25 años de creación del programa y 50 años del centro universitario, y como reconocimiento de su aporte al conocimiento y reflexión de la realidad urbana del país. La decisión de sacar a la luz esta segunda edición de libro también fue ocasión para hacer una revisión general del texto y la incorporación de un capitulo nuevo sobre la gestión gubernamental de las problemáticas urbanas
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y demandas que dieron origen a la acción colectiva que se analiza en los capítulos precedentes. A la vez, aprovecho este prefacio para hacer un balance de los que han sido reconocidos como aportes del libro en el contexto de los estudios sociales de la ciudad, los cuales – por lo demás - han tenido un gran impulso y desarrollo en las dos últimas décadas, profundizando y ampliando los alcances de la investigación. Pese a los desarrollos gestados por la llamada Nueva Historia en Colombia en los campos de la historia económica, demográfica y social, al comenzar la década de los ochenta del siglo pasado, no existía lo que hoy podemos llamar una historia urbana, mucho menos una historia de los sectores populares de las ciudades colombianas. Hasta ese entonces, solo existían pocas experiencias de lo que posteriormente se llamaría investigación urbana: el estudio pionero del padre Camilo Torres Restrepo sobre la proletarización de Bogotá, escrito en 1958; en la década del sesenta, Ramiro Cardona había publicado varios estudios sobre migración y crecimiento de barrios “marginales”; en la década de los setenta y comienzos de la siguiente, aparecen los primeros trabajos sobre política y luchas urbanas desde una perspectiva marxista. Con el anuncio y realización del Primer Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, proliferaron investigaciones sobre esta singular forma de protesta social desarrollada principalmente en contextos urbanos, tales como las de Medófilo Medina (1977), Delgado (1978), Alape (1980), Carrillo (1981), Ungar (1981), Fonseca (1982), Santana (1982 y 1985), Camargo y Giraldo (1986) y López (1987). La mayoría de estos estudios privilegió el análisis de los factores objetivos y de las coyunturas específicas en la explicación de sus causas y de sus efectos sobre el sistema político nacional. Aunque había estudios monográficos sobre algunas luchas por el suelo urbano y por la vivienda, en algunas ciudades como Cali y Bogotá (Arango, 1981; Mosquera, 1982, y Sáenz, 1985), otros autores empezaban a visibilizar los barrios populares como objeto de conocimiento social (Zamudio Clavijo, 1983; Vargas, 1985; Janssen, 1984), no existía una mirada de conjunto de estas formas y escenarios de acción colectiva de los pobladores populares. La investigación que dio origen al presente libro quería llenar esos vacíos desde una perspectiva de historia social crítica, influida especialmente por la llamada historiografía marxista inglesa, que invitaba a una “historia desde abajo” que no perdiera la visión de conjunto y contextual de las luchas sociales. Además, el trabajo hacía eco de los debates y aportes provenientes de los que posteriormente se llamarían estudios culturales latinoamericanos, en particular los estudios sobre la relación cultura – comunicación realizados por investigadores como Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero y Guillermo Sunkel. También tenía como referencia los trabajos de Manuel Castells, que buscaban interpretar los conflictos y las luchas urbanas en clave de las contradicciones de la sociedad y la ciudad capitalistas. Esta conjunción de perspectivas, junto con la consulta de fuentes convencionales (estadísticas, legislación, archivos, prensa) y no convencionales
(orales, archivos de baúl y de juntas de acción comunal), me permitió elaborar una visión articulada de los procesos de migración, de incorporación a la ciudad de invención de estrategias de sobrevivencia y de construcción paulatina de sus viviendas y de sus barrios; dinámicas colectivas, en las que se combinaron prácticas de ayuda mutua, solidaridad, negociación, movilización y presión frente a las autoridades de la ciudad por parte de los pobladores urbanos. La comprensión de esta combinación de prácticas, que a la larga resultaron muy eficaces, así como de la configuración de identidades sociales como sectores singulares de la ciudad, con sus propios rasgos idiosincráticos, narrativas, símbolos y rituales, se alimentaron de las perspectivas de análisis cultural que hasta ahora comenzaban a emplearse en la historiografía colombiana. De este modo, las prácticas del rebusque, del convite para echar la plancha, las redes entre vecinos, la realización de bazares y reinados locales, las relaciones clientelares con los partidos políticos, la realización de marchas, tomas de entidades públicas y otras formas de protesta, fueron vistas en su conjunto, como expresiones de un proceso de formación de unos sujetos colectivos emergentes que asumían formas particulares en cada asentamiento popular. Esta representación de conjunto y procesual en las luchas de los migrantes y los habitantes de los barrios populares por el derecho a la ciudad, en la que inciden distintos factores (económicos, sociales, políticos y culturales) y convergen diferentes escalas temporales (de larga, mediana y corta duración) y espaciales (nacionales, distritales y locales), fue – a mi juicio – la que hizo que primero la tesis y luego el libro tuvieran acogida entre investigadores y profesionales interesados en comprender la dinámica contemporánea de la ciudad de Bogotá. A partir de la década de los noventa, el interés por el estudio de los pobladores urbanos, sus historias, sus luchas y sus prácticas socioculturales se expandió: inicialmente, desde la emergente antropología urbana, gracias al liderazgo de Julián Arturo, quien realizó varios seminarios sobre lo urbano y quien, en 1994, coordinó la publicación del libro “Pobladores urbanos” (2 volúmenes) que contenía trabajos de 30 investigadores, provenientes de diferentes disciplinas sociales que expresaban el naciente interés por temas como el poblamiento, la vida cotidiana de los territorios barriales, las culturas populares, las identidades juveniles y los habitantes de la calle. Para el caso de Bogotá, también contribuyeron a la expansión de los estudios y publicaciones sobre la ciudad y sus pobladores dinámicas como: la realización de trabajos de grado en programas de pregrado y posgrado de historia, antropología y sociología; la creación, en 1995, del Observatorio de Cultura Urbana dentro del Instituto Distrital de Cultura y Turismo; el interés por los problemas urbanos por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, como el CINEP y Foro por Colombia; la realización, por parte de la Alcaldía, de 4 versiones del Concurso de historias barriales y veredales (el cual se replicó en algunas localidades), que permitió la emergencia de cronistas locales e historiadores barriales; la realización de historias de algunas
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localidades como Usaquén, Tunjuelito y San Cristóbal (Zambrano, 2000 y 2004; Contreras y Garzón, 1999). Finalmente, en el contexto del surgimiento y la consolidación de muchas experiencias organizativas populares surgidas desde fines de la década del setenta, se realizaron investigaciones participativas, historias locales y trabajos sobre memoria colectiva local, barrial y organizativa. Este tipo de investigaciones “comprometidas” con los procesos asociativos y las luchas urbanas ha permitido documentar la visión de los propios pobladores sobre su historia, sus territorios y sus proyectos de futuro (Franco, 2008). Gracias a esta proliferación de estudios sobre la ciudad y sus habitantes, 20 años después de la publicación de la primera edición de La ciudad en la sombra, contamos con una mirada más completa y profunda de los procesos de migración – desplazamiento hacia la ciudad, invasión de terrenos (Tamayo, 2009), formación de barrios y localidades populares, consecución de bienes y servicios colectivos, movilizaciones, formas de organización (Alonso, Hataya y Jaramillo, 1997; Barragán y otros, 2004; Torres, 2007), culturas e identidades colectivas y políticas urbanas (García y Zamudio, 1997). Tal vez, el próximo desafío intelectual sea la realización de estudios comparativos y miradas de conjunto sobre la acción colectiva y las dinámicas organizativas de los pobladores populares a escala nacional y latinoamericana, dado que ya existen abundantes estudios de caso y balances críticos en ciudades como Lima, México, Sao Paulo y Buenos Aires. Un buen antecedente al respecto es el libro Las ciudades hablan. Identidades y movimientos sociales en seis metrópolis latinoamericanas, coordinado por Tomás R. Villasante (1994), en el que además se construye un modelo analítico y metodológico para el abordaje de la acción colectiva popular.
Prólogo
“
Inevitablemente, todos nosotros formulamos por escrito la historia de nuestro tiempo cuando volvemos la vista hacia el pasado y, en cierta medida, luchamos en las batallas de hoy con trajes de la época” (Eric J. Hobsbawm, Los Ecos de la Marsellesa. Barcelona: Ed. Crítica, 1992, p. 15) Nada más acertado para retratar el esfuerzo de Alfonso Torres, y de los historiadores en general, que la sugestiva imagen propuesta por el historiador Eric Hobsbawm: luchamos las batallas de hoy con trajes de la época. Esta es, además, otra forma de citar el aforismo común entre el gremio de estudiosos del pasado: toda historia es siempre presente. El libro que hoy prologamos nos hace volver la mirada sobre un sector de pobladores de la ciudad de Bogotá, para entenderlos y entenderla mejor. Se trata de los migrantes pobres, quiénes a “las malas” o a “las buenas”, aunque en realidad casi siempre acudiendo a estas últimas, se apropiaron de terrenos baldíos o inutilizados. Aquellos que con gran despliegue de ingenio popular y escasa ayuda estatal equiparon los espacios trazados por ellos mismos, rebuscaron sus viviendas y afrontaron la larga travesía por los vericuetos burocráticos hasta conseguir la legalización de sus barrios. Por ello, hoy habitan en los mapas oficiales del Distrito Capital espacios que anteayer eran potreros y ayer zonas de invasión o meros proyectos de urbanización pirata. Los conflictos actuales, por lo menos en lo que al caso urbano se refiere, no son diferentes a los de los años sesenta o setenta. Y para llamar la atención sobre ellos, el historiador no necesita vestirse de ruana y alpargatas: basta con una mirada atenta y desprevenida a la que hay que agregarle fuertes dosis de investigación documental y de prensa. Pero esto es algo que no puede hacerse solamente desde los escritorios. Hay que ir a oír las historias que los sectores populares cuentan. Porque ellos también cuentan... Esta es la óptica que adopta Alfonso Torres, y desde ella nos ofrece una historia muy parecida a la que todos, de una forma u otra, vivimos cotidianamente. Hay, por supuesto, referencias a invasiones de tierras, heroicas gestas en defensa de lo conquistado, movilizaciones a los centros de poder o ingeniosas tácticas de resistencia a la represión oficial. Pero esos son instantes, lúcidos con seguridad, de una historia mucho más gris y menos apoteósica: la de los convites dominicales, el petitorio a la autoridad de turno, la “lagarteada” al gamonal local, la espera por los “auxilios” que no llegan
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y los bazares organizados con consentimiento del cura párroco. Una historia de todos los días, que no por ello podemos despreciar. Su trascendencia no reside en el destello épico que muestra, sino en la forma velada en que esconde tensiones latentes entre mecanismos de dominación y formas de resistencia. Allí radica el trabajo del investigador: trascender la crónica para señalar los hilos sutiles de esas contradicciones. Esa es mi lectura del texto, que por demás es agradable y fácil de digerir. Quedan, como en toda investigación, cabos por atar que seguramente animarán la búsqueda hacia el futuro. De ellos quisiera señalar algunos que me parecen especialmente pertinentes para fortalecer el trabajo que Alfonso Torres nos lega. El primero tiene que ver con el necesario contraste con otras ciudades del país y de América Latina. ¿Por qué la gente en Bogotá optó por arreglar de una manera pacífica lo que sólo pudo hacerse a través de procesos conflictivos en ciudades como Cali o Barranquilla? Animando el debate, Torres avanza en el sentido de ponderar la sensación de bienestar de los pobladores urbanos en contraposición al pasado rural. Otro aspecto importante es el que atañe a las diferentes estrategias de lucha popular que se suscitan en un mismo espacio urbano. Siguiendo una serie de análisis paralelos, es necesario desentrañar las motivaciones en otras movilizaciones diferentes a las de los pobladores aquí reseñadas, tales como las de los sindicalistas, los vendedores ambulantes, los activistas políticos, los devotos religiosos, los estudiantes o los asistentes a los estadios. Todo ello remite, por último, a la inquietud que atraviesa el texto en su conjunto y que, obviamente, no tiene una respuesta definitiva: ¿qué tanto marcaron las luchas urbanas, abiertas o veladas, la identidad de los pobladores capitalinos? Es cierto, como concluye el autor, que “el barrio popular urbano se volvió el referente por excelencia del sentido de pertenencia social del anónimo migrante”, lo difícil es establecer si este sentido de pertenencia marca la identidad de los habitantes o ella se gesta en otras pertenencias, como las del trabajo, la recreación o la militancia, por mencionar algunas. Estos cabos sueltos no demeritan el trabajo de Alfonso Torres. Por el contrario, resaltan la validez de su acercamiento. Son una invitación a seguir tejiendo historias sabiendo que afortunadamente no partimos de cero. En últimas, bien puede éste ser el sentido final de su esfuerzo: hacemos saber que tenemos un buen trecho andado y que contamos con una cuidadosa aproximación al pasado de los pobladores pobres de la capital; pasado que sigue siendo pan de cada día para muchos bogotanos.
Mauricio Archila Neira
Santafé de Bogotá, marzo de 1993.
Introducción
La problemática urbana, especialmente los movimientos y luchas sociales asociadas a lo urbano, fue objeto de notable interés por parte de los investigadores sociales colombianos a partir de 1977, año de realización del primer Paro Cívico Nacional que tuvo como principal escenario la ciudad de Bogotá. Durante los años ochenta, abundan los estudios sobre las luchas, los movimientos y los paros cívicos acaecidos a partir de la década de 1970. En contraste, no tuvieron la misma acogida los periodos anteriores ni otras formas de acción colectiva urbana menos espectaculares, pero más articuladas al tejido social citadino e indispensables para la comprensión histórica de la construcción de los actores urbanos contemporáneos. El vacío es más notorio para las décadas del 50 y del 60, época en la cual el proceso migratorio, iniciado a comienzos del siglo, se agudiza por el recrudecimiento de la violencia rural y por la atracción ejercida por la industrialización en las grandes ciudades. Van a ser precisamente éstas los principales centros de recepción de migrantes, formándose a sus alrededores asentamientos populares ilegales que, poco a poco, fueron convirtiéndose en epicentros de conflictos con el Estado. Es por ese entonces que se generalizan las ocupaciones de hecho de terrenos urbanos, acciones que causan alarma y consternación entre las clases privilegiadas de las grandes urbes. El mismo presidente Alberto LIeras Camargo hacía eco de tales preocupaciones en el año 1961: Como el fenómeno de urbanización ha continuado acentuándose... la angustiosa situación de estos nuevos contingentes humanos ha degenerado fácilmente en numerosos intentos de invasión a los predios ajenos, como ha ocurrido en Cali, Barranquilla, Cartagena y aún en la propia capital de la República. La alarma del Presidente era justificada. Millones de campesinos luchaban por ganar un espacio en las ciudades y por conseguir los servicios básicos para su sobrevivencia individual y colectiva. El fenómeno de aparición y crecimiento de barrios populares caracteriza la dinámica interna de las grandes ciudades colombianas, en particular Bogotá, principal centro receptor de migrantes del país en el siglo XX. Para Orlando Sáenz, durante el periodo del Frente Nacional “las luchas de los sectores populares por el suelo urbano, la vivienda y los servicios
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públicos básicos, no sólo registraron un notable aumento cuantitativo sino que experimentaron un decisivo cambio cualitativo que marcó una nueva etapa del movimiento popular en Colombia” (Sáenz, 1985: 9). A pesar de haberse convertido en un lugar común, referirse a la generalización de invasiones urbanas y de movilizaciones en los barrios populares en demanda de una adecuada infraestructura urbana durante el Frente Nacional, no existe ningún estudio sistemático sobre las luchas urbanas en tal período. En este sentido, y conscientes de la importancia que reviste el conocimiento de las luchas barriales para la comprensión de la constitución misma de los sujetos populares urbanos y para los movimientos populares en general, he realizado un balance de las luchas protagonizadas por los habitantes de los asentamientos populares bogotanos entre 1958 y 1977, año del Primer Paro Cívico Nacional. La escogencia de la ciudad de Bogotá no obedece tanto a razones de orden práctico –accesibilidad a fuentes– sino a la relevancia de la problemática de estudio: la capital de la República fue la mayor receptora de migrantes y el lugar donde se vivieron con mayor intensidad los mecanismos y formas de lucha en los barrios populares, ante la incapacidad de la Administración Distrital para dotarlos de los elementales servicios públicos y sociales, derechos que disfrutaban habitantes de los sectores ya consolidados de la ciudad. Para el periodo de estudio, los barrios fueron el principal escenario de las luchas de los migrantes por el derecho a la ciudad. Estas unidades territoriales, cuyo origen se remonta a la formación misma de Santafé de Bogotá, fueron la referencia central del sentido de pertenencia citadina de los recién llegados y el lugar donde se desarrolló la mayor parte de sus estrategias familiares y colectivas para solucionar sus necesidades, definir sus intereses y conseguir sus derechos como ciudadanos. Las formas que asumieron esas luchas no siempre fueron la movilización pública, sino que combinaron un conjunto de tácticas de resistencia cotidiana y de acción comunitaria, con la presión negociada con las autoridades, la protesta abierta y la generación de asociaciones y redes comunales locales. Por ello, en este libro acuño el concepto de luchas barriales y tomo distancia frente a otras categorías que no dan cuenta de la singularidad del campo de lucha social durante el periodo estudiado. Las luchas barriales se diferencian de conceptos utilizados por otros investigadores para referirse a modalidades más visibles – permanentes o puntuales– de la acción colectiva de los pobladores urbanos como: movimientos sociales urbanos (Castells, 1982), movimiento urbano popular (Álvarez, 1998), protesta urbana (Medina, 1984), luchas urbanas (García, 2000) y acción colectiva urbana (Torres, 2007) Bajo el concepto de luchas barriales comprendo aquellos mecanismos, permanentes o coyunturales, espontáneos u organizados, individuales o colectivos, asumidos por los habitantes de los asentamientos populares para solucionar problemas cuyo origen está en las contradicciones asociadas a la organización colectiva del modo de vida. Incluyo, por tanto, las tácticas cotidianas
a nivel familiar y las prácticas colectivas concertadas o conflictivas, gestadas en el espacio barrial, tendientes a la consecución y dotación de vivienda, la construcción de la infraestructura de servicios comunales o a la defensa de los bienes y servicios ya conseguidos. La preocupación por analizar estas expresiones de impugnación, resistencia y negociación protagonizadas desde los barrios populares, en su adecuado contexto, me llevó a realizar una síntesis global del proceso demográfico del país y de la ciudad de Bogotá entre 1958 y 1974. En los capítulos 1 y 2 del libro se analizan los mecanismos asumidos por los habitantes de los barrios para hacerse al suelo urbano, construir sus viviendas y garantizar los ingresos para sobrevivir; así mismo, se abordan las estrategias colectivas más usuales para dotar al barrio de los servicios básicos por la vía del esfuerzo propio y la concertación con las autoridades distritales. Los casos en los que fue necesaria la confrontación abierta de los habitantes de los barrios con el Estado para satisfacer sus demandas son el objeto de estudio de los capítulos 3 y 4. En el tercero, se hace un balance y un análisis de la dinámica de las invasiones de terreno, dado su impacto político en ese periodo y su significación para el conjunto de luchas populares. Como fue la única modalidad de lucha que alcanzó niveles de organización estable, también se estudian los alcances y limitaciones de la acción de la Central Nacional Provivienda (CENAPROV), surgida en 1959 con el propósito de aglutinar a los destechados del país. En el capítulo 4 se presentan otras modalidades de protesta manifiesta en los barrios, que van desde la marcha a las empresas y la resistencia pacífica a los desalojos hasta los paros cívicos y el enfrentamiento organizado de varios barrios con la Administración Distrital. Analizadas las modalidades, los motivos y resultados de las luchas, se compara su comportamiento con el de otros movimientos sociales acaecidos en el escenario urbano en la misma época. Por último, se interpretan los alcances y significado de la protesta barrial durante el período de estudio. El capítulo 5, incorporado para esta segunda edición, se ocupa de las estrategias y medidas específicas que adoptó la administración distrital para enfrentar el problema de la proliferación de barrios populares, así como de sus organizaciones y sus luchas. La política combinó la generación de nuevas normatividades, la definición de una política de vivienda para la ciudad, la flexibilización de las normas sobre barrios “subnormales” y la institucionalización del clientelismo como mediación principal entre los pobladores y el gobierno distrital. En cuanto al uso de fuentes, encontré las dificultades propias del estudio de otras luchas y movimientos de carácter popular a las que se sumaron las limitaciones de una investigación individual, sin más recursos que el tiempo libre dejado por las actividades laborales. Junto con la información bibliográfica disponible sobre el período y sobre la modalidad de lucha estudiada, acudí a la información contenida en la documentación oficial referente a los barrios, así
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como a la prensa nacional y local. También acudí a fuentes provenientes de los protagonistas de las luchas, principalmente testimonios orales y comunicados, petitorios y escritos facilitados por algunos habitantes y dirigentes barriales de la época. Para finalizar, quisiera hacer algunas consideraciones sobre las particularidades del uso de la fuente oral y sobre las dificultades encontradas en el acceso a algunos archivos claves para el estudio de las luchas barriales. Usada ya por otras disciplinas sociales, la fuente oral empezó sólo en tiempos recientes a ser utilizada por la historia en sus investigaciones. Tal vez esta desconfianza por la palabra hablada se debió a la influencia de la historia tradicional, que tanta importancia dio al documento escrito, o quizás porque el tipo de investigaciones preponderantes hasta hace algunos años no lo exigió. Cuando la mirada de los historiadores empezó a dirigirse a las clases sociales subalternas y sus luchas, y a evidenciar la carencia de fuentes provenientes de éstas, se empezaron a utilizar -eso sí con mucha desconfianza- la tradición oral y los testimonios de viejos protagonistas de los hechos. Así mismo, desde las perspectivas historiográficas más positivistas, se han generado algunas críticas al uso de fuentes orales, pero que son comunes a las fuentes históricas en general. Así, por ejemplo, se ha insistido en el carácter subjetivo de la historia oral, su selectividad e inexactitud. Sin embargo, estas críticas son compartidas por gran parte de los documentos escritos. Una noticia de prensa, una declaración judicial, un diario o, incluso, el informe de un funcionario oficial también están cargados de subjetividad y no dan cuenta completa del hecho en cuestión. El historiador sabe muy bien que parte de su oficio es el análisis crítico y la confrontación de sus fuentes; también, que su propio conocimiento es inacabado y parcial. Afortunadamente, estas mismas limitaciones son las que -entre otras razones- han hecho avanzar el conocimiento histórico. Pero la tradición oral es algo más que una fuente para el historiador: constituye el modo de existencia por excelencia de la memoria colectiva popular. Con todo lo que tiene de ambiguo el término memoria colectiva, los estudiosos de las culturas populares reconocen la existencia de un sustrato de conocimientos, valores, creencias y sentimientos compartidos por los grupos sociales, que en buena parte han sido transmitidos de generación en generación por la vía de la palabra. Dejar hablar a los individuos pertenecientes a los sectores populares, más que una técnica de “recolección de información”, posibilita la activación y recreación de sus imaginarios y sus convicciones; y, en últimas, de su identidad como sujetos sociales e históricos y su misma proyección hacia el futuro. Como lo señala Mauricio Archila (1986), la historia oral nos acerca a otro tipo de verdad, la verdad de “los de abajo”; que si bien no es la verdadera –ninguna lo es–sí es la voz silenciada por el poder, la voz tergiversada por sus “intérpretes”, la voz que debe ser oída, tanto para la comprensión del complejo mundo de lo popular, como -primordialmente- para contribuir al proceso de construcción y consolidación de la identidad popular.
En cuanto a fuentes que podrían haber aportado valiosa información al problema, y que sólo fueron usadas parcialmente, están el Archivo de la Alcaldía de Bogotá y los archivos de las Juntas de Acción Comunal. En el primer caso, además de no estar protegido ni organizado, no tiene acceso al público. En el antiguo matadero municipal yacen enormes cantidades de papeles entre cabuyas, a merced de la humedad y de los roedores. Logré, a comienzos de la investigación un permiso para consultarlo, pero luego de haber localizado algunos documentos – especialmente correspondencia entre barrios y alcalde, y entre éste y funcionarios locales-, el cambio de funcionarios impidió el acceso a esta inexplorada fuente documental. El justificado celo de los dirigentes comunales frente a los numerosos investigadores que acuden a los barrios a obtener información impidió la consulta sistemática de los archivos de las Juntas de Acción Comunal de los barrios en donde lo solicité. Sólo cuando alguno de los líderes entrevistados vio conveniente apoyar alguna de sus afirmaciones en actas de asamblea o papeles conservados, me puse en contacto con tan invaluables fuentes. Sólo resta agradecer a las personas que contribuyeron a que este trabajo llegara a su término. A mi compañera, quien tuvo que combinar los rigores del embarazo con la pesada labor de transcribir las entrevistas y mecanografiar los borradores del trabajo. A la Maestría de Historia de la Universidad Nacional, la cual acogió una primera versión de esta investigación como Tesis de Grado. A los profesores Medófilo Medina, Mauricio Archila y Fabio Zambrano, quienes con sus pertinentes observaciones contribuyeron a precisar, ampliar o reelaborar algunas apreciaciones del autor. Al CINEP, principalmente a los compañeros del Equipo Urbano, en especial a Martha García, quienes sugirieron la publicación de este libro. No sobra aclarar que los límites y vacíos del trabajo son responsabilidad del autor.
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CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ 1958-1974 FUENTES: Estudio de desarrollo urbano de Bogotá fase 11 D.A.P.D. Instituto Geográfico Agustín Codazzi CASCO URBANO 1974 VÍAS MÁS IMPORTANTES CASCO URBANO HASTA 1958
CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ 1958-1974
Falta Créditos FUENTE:
Los migrantes se toman Bogotá
Proceso de urbanización en Colombia y crecimiento acelerado de Bogotá
L
a instauración del acuerdo político bipartidista del Frente Nacional coincidió con profundas transformaciones demográficas y económicas de Colombia, cambios que en Bogotá generarían las condiciones sociales y las luchas barriales que estudiaremos en nuestro trabajo. En el plano demográfico, Colombia sufre un aumento poblacional acelerado desde 1930, alcanzando entre 1951 y 1964 su máximo grado de crecimiento. Simultáneamente, vive una intensa concentración urbana, dejando de ser un país eminentemente rural a comienzos del siglo para convertirse en un país cuya población urbana al comenzar el siglo XXI supera el 75% de la población total. La tendencia al aumento del crecimiento urbano ha sido explicada tradicionalmente por la confluencia de las migraciones internas y por el crecimiento industrial efectuado durante el siglo XX. Entre 1951 y 1964, años correspondientes a la intensificación de la violencia que azotó los campos del país, la migración campo-ciudad adquiere dimensiones alarmantes. Pero tal crecimiento urbano no benefició por igual a todos los municipios, sino que se concentró en aquellos de mayor tamaño. Con datos censales para 1938, 1951 y 1964, Segundo Bernal (1971) nos muestra cómo existe una enorme diferencia en el aumento poblacional de las cabeceras de 10.000 o más habitantes y aquellas que contienen menos cantidad, como lo veremos en el siguiente cuadro:
Cuadro 1 POBLACIÓN DE CABECERAS MUNICIPALES EN COLOMBIA 1938-1964 Tipos de Cabeceras
1938 %
1951 %
1964 %
Más de 1:0.000 habitantes
15.4
25.6
40.7
Menos de 10.000 habitantes
15.5
13.1
11.4
Total
30.9
38.9
52.1
Fuente: Bernal, 1979: 63
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29
Mientras que para mediados de siglo la población de una y otra clase de cabeceras se distribuía en cantidades iguales; transcurridos seis años del Frente Nacional, las cabeceras con más de 10.000 habitantes contenían las cuatro quintas partes de la población total urbana. El número de habitantes de este tipo de cabeceras se triplicó en 26 años, mientras que el de las cabeceras de menos de 10.000 disminuyó en un 4%. Pero el problema no se agota ahí, pues el aumento demográfico de las cabeceras con más de 10.000 habitantes tampoco es uniforme (ver Cuadro 2). Mientras que en 1938 las 30 cabeceras municipales que concentraban entre 10.000 y 100.000 habitantes reunían la mayor parte de la población urbana del país, la tendencia observada en el cuadro es que las ciudades mayores de 250.000 asumen el liderazgo. En 1951, vive en ellas el 51 % de la población urbana; y en 1973, el 56%, mientras que las pequeñas poblaciones pasan durante ese lapso del 42% al 29% de participación. Según parece, los centros urbanos mayores atraen la población de las ciudades intermedias y pequeñas. Si observamos el comportamiento poblacional de las 15 principales ciudades colombianas en el presente siglo (Cuadro 3), confirman las anteriores apreciaciones. Sólo las 4 ciudades que en 1964 superaban el medio millón de habitantes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) logran un crecimiento considerable en 1973 (5.5% anual). Estas urbes, que son las mismas que concentran la producción industrial nacional, llegan a reunir en ese último año el 42% del total de la población urbana y el 25.4% de la población total del país.
Torres Carrillo
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Cuadro 2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA SEGÚN TAMAÑO DE CIUDADES
Cabeceras
1951
1964
1973
#
Miles h.
%
#
Miles h.
%
#
Miles h
%
10000-100000
50
1251
42
91
2371
32
116
3069
29
100000-250000
2
222
7
8
1276
18
11
1604
15
Más de 250000
4
1656
51
4
3491
50
6
5911
56
Totales
56
3079
100
103
7138
100
133
10584
100
Fuente: Molina, 1979: 64
Las tendencias y particularidades del crecimiento poblacional de Bogotá merecen ser analizadas en detalle, ya que esta ciudad se constituye en el principal receptor de migrantes durante el Frente Nacional, dada su calidad de centro aglutinador de gran parte de la vida económica y política del país.
Como vemos, hasta 1900 Bogotá no dejaba de ser una aldea que no superaba los 100.000 habitantes, a mediados de siglo superaba el medio millón y en 1978 es una urbe con tres y medio millones de habitantes. El crecimiento de la población bogotana alcanzó en el período intercenso 1951-1964 una tasa del 6.7% anual, casi el doble de la ya elevada tasa general del país del 3.4% y muy superior a la de los otros centros urbanos de importancia. Entre 1964 y 1973, esta tasa disminuyó a un 5.8% pero continuó siendo la más elevada del país. Para este último año, Bogotá reunía el 25.6% de la población urbana. Este crecimiento poblacional estuvo acompañado por el aumento del área ocupada por la urbe. Martín Reig (1979: 388) señala cómo de 1938 a 1958 la superficie urbana se triplica. En los tres años siguientes, tal superficie vuelve a triplicarse. El crecimiento acelerado del área ocupada por la ciudad puede verse en el siguiente cuadro:
Cuadro 3 CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LOS 15 PRINCIPALES CENTROS URBANOS EN COLOMBIA
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(En miles) Ciudad
1973
1964
1951
1938
1918
Bogotá
2855
1697
648
330
144
Medellín
1100
773
358
168
79
Cali
923
638
284
101
46
Barranquilla
662
498
280
152
65
Cartagena
313
242
129
85
51
Bucaramanga
298
230
112
51
25
Cúcuta
270
175
95
57
29
Manizales
231
222
126
86
43
Pereira
210
188
115
60
25
Ibagué
205
164
99
61
30
Palmira
181
141
81
45
27
Pasto
150
113
81
50
29
Montería
149
126
77
64
23
Armenia
146
137
78
51
17
Santa Marta
129
104
47
33
18
Fuente: SANTANA, Pedro. “Desarrollo regional y Paros Cívicos en Colombia”. En: Controversia N2 107-108, CINEP, Bogotá 1983 P. 44
Cuadro 4 CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ HASTA 1978 (En miles)
Torres Carrillo
Alfonso 32
Tasa de crecimiento (% por año) (Pob/hab)
Tasa de crecimiento %
Año
Área (en has.)
Población
1560
20
N.D.
N.D.
1600
56
N.D.
N.D.
1670
129
3000
23
1720
N.D.
20000
3.9
3.3
1800
N.D.
22000
0.1
0.1
1850
294
29603
0.6
100
0.6
1886
610
64000
2.2
105
2.1
1900
909
100000
3.2
110
3.2
1928
1958
235000
3.1
120
3.1
1938
2514
330000
3.5
131
3.4
1951
N.D.
660000
3.5
1958
8084
1’130000
8.0
140
7.7
1964
14615
7’730000
7.4
118
7.1
1973
30423
2’877000
5.8
95
5.7
1978
30886
3’500000
4.0
113
3.9
Densidad
5.3
Fuente: SARMIENTO, Libardo y SÁNCHEZ, Idelfonso (1985). “La protesta cívica en Bogotá”. En: Revista CII-Universidad Piloto, vol. 2, No. 2, Bogotá, p. 83
Cuadro 5 CRECIMIENTO DEL ÁREA OCUPADA POR BOGOTÁ D.C.
Desarrollo hasta el año
Has desarrolladas Acumuladas
Crecimiento Has por período
Ritmo has/año promedio
1932
1174
1174
1942
1933
758
76
1952
2922
999
100
1962
9930
6998
700
1972
18247
8317
831
Fuente: Arturo y Muñoz, 1981: 122
Si entre 1952 y 1962 se produjo la mayor aceleración de la ocupación espacial de Bogotá, es entre 1962 y 1972 que el ritmo anual llega al porcentaje mayor: 831 has/año. Podríamos calcular que durante el Frente Nacional, Bogotá va a aumentar en casi dos millones su población, y en un promedio de 18.000 hectáreas su tamaño.
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Una nueva realidad
H
asta mediados de este siglo, Bogotá era un centro urbano de modestas proporciones, con una población que sólo superaba los 600.000 habitantes y un espacio ocupado de 3.000 hectáreas de la Sabana. Arrinconada junto a las estribaciones de la cordillera Oriental, había venido teniendo un crecimiento longitudinal en dirección norte-sur, siguiendo como eje la antigua Calle Real (hoy carrera séptima). Poco a poco, el centro cívico había dejado de ser espacio de encuentro de las diferentes clases sociales que, sin confundirse, durante cuatro siglos se habían cruzado en sus calles. Desde 1930, las clases ricas fueron abandonando el centro para desplazarse hacia el norte, alejándose de los barrios populares que acordonaban aquella zona.
Torres Carrillo
Alfonso 34
En 1950, a las tradicionales barriadas populares coloniales (Egipto, Belén, La Peña, San Diego...) y a las surgidas a comienzos de siglo (Perseverancia, Las Cruces, Ricaurte) se habían sumado nuevos asentamientos hacia el sur (20 de Julio, Santa Inés, Santa Lucía, San Isidro) y hacia el noroccidente (Ferias, Estrada). Estos últimos, se encontraban unos 10 kilómetros alejados de los cascos urbanos centrales y separados aún por unidades productivas agrícolas. Las condiciones sociales de miseria y la carencia de servicios públicos que caracterizarán a los barrios surgidos en las décadas siguientes ya están presentes en los asentamiento de mitad de siglo; según Samuel Jaramillo, el crecimiento de las ocupaciones es tan vertiginoso que “la construcción de viviendas populares entre 1928 y 1938 representó el 28% del total de viviendas en Bogotá; entre 1938 y 1951 esta proporción aumentó en un 54.1%” (Jaramillo, 1980: 186). En la década del 50, y en especial durante el período del Frente Nacional, se acelera este movimiento social silencioso del crecimiento popular en Bogotá. Hemos visto cómo entre 1954 y 1974 1a población se triplica, al igual que la superficie urbana entre 1958 y 1970; en ese lapso, la capital va a tener más de un millón de nuevos habitantes, de los cuales la mayoría son migrantes que ocuparon o fundaron barrios populares. Recién posesionado como alcalde de la ciudad, Jorge Gaitán Cortés afirmaba que: “del año 50 al año 58 tenemos lo que podríamos denominar una ciudad de refugio: es la época de la inmigración en masa”. Según el censo de 1964, 850.433 habitantes de la ciudad habían nacido fuera de Bogotá, que en ese entonces contaba con 1’730.000. Los espacios entre el centro y los barrios populares surgidos hasta mediados del siglo van a ser densamente ocupados. Además, van a nacer cientos de nuevos barrios, principalmente hacia las zonas montañosas de oriente y suroriente y hacia las partes bajas inundables del sur, suroccidente y noroccidente.
Incluso al extremo norte y al noroccidente surgirán asentamientos que bordearán a los nacientes barrios residenciales de la clase alta, pero sin mezclarse con éstos. Así mismo, a fines de los 50, empieza a ser muy reiterativo en la prensa capitalina y en otras publicaciones periódicas hablar de “el drama de los barrios fantasmas, marginales o subnormales” y de los problemas ocasionados por el crecimiento urbano. Un dato significativo es que en la primera página del diario El Espectador del primero de Julio de 1958 aparecen cinco titulares sobre Bogotá y sus problemas. Dichas voces de alarma evidenciaban las múltiples dificultades de los miles de nuevos ciudadanos bogotanos en su lucha por asegurar su derecho a vivienda, servicios públicos y equipamiento básico.
La penuria de la vivienda Era de esperarse que la infraestructura urbana existente no garantizara las condiciones mínimas para estos nuevos contingentes humanos. Un presupuesto distrital de 125 millones de pesos para atender las necesidades sociales que ascendían a 2000 millones, da una idea del crónico déficit de vivienda y servicios sociales básicos a comienzos del Frente Nacional, y que se mantendrá durante todo el período. En 1966, el alcalde Gaitán Cortés comentaba con preocupación: “Nuestra ciudad atraviesa en la actualidad un período de grandes dificultades. Se enfrenta al reto formidable de un desplazamiento masivo de población que converge desde todos los confines de la nación... Aunque se preveía que la población de Bogotá crecía a una altísima tasa, entre las proyecciones más exageradas y las cifras oficiales del censo pasado hay una diferencia de 250.000 habitantes más. Este exceso de población/imposible de prever, está causando trastornos por la insuficiencia transitoria de algunos servicios públicos cuyos ensanches se adelantaban bajo la creencia de que la población de 1’700.000 habitantes que registró el censo, sólo sería alcanzada en 1%8” La primera preocupación para el migrante es la consecución de vivienda. Sin embargo, la incapacidad del Estado y el desinterés de las élites capital por dotar de los elementales valores de uso colectivo, obstaculizan su deseo. Ya en 1958, de las 260.000 viviendas que hacían falta en el país, Bogotá aportaba el 30.5% del déficit. Antes de entrar a presentar algunos aspectos cuantitativos del problema de la vivienda en Bogotá, aclararemos algunos conceptos que nos permitirán operacionalizar los datos obtenidos.
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La penuria de la vivienda, que afecta numerosas capas de la población pertenecientes a los sectores populares, asume la forma de estado de “privación” o la de “estado absoluto de necesidad”. Cómo se vivía esta privación en forma de hacinamiento, ya sea en inquilinatos o de cualquier otro modo de utilización del espacio y de uso colectivo de los servicios para varios hogares, lo evidencia el siguiente testimonio: “Antes de pasarnos para La Gloria vivíamos en Fátima con mis hermanos; éramos siete en una pieza chiquita sin ventanas... como éramos varias familias y no había sino un baño y una cocina, el que más madrugaba era el que podía hacerla, pero los dueños molestaban mucho porque decían que usábamos mucha agua y luz”
Torres Carrillo
Alfonso 36
La presencia de todas o algunas de estas características basta para marcar el estado de privación en materia habitacional y que afectaba en 1970 al 70.4% de los obreros y al 52.7% de la población económicamente activa en Bogotá. Los grupos sociales que son afectados por un estado absoluto de necesidad carecen de uno o de todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. El hacinamiento alcanza en promedio 8 o más personas por cuarto y representa para Bogotá, en el mismo año, el 13% de la población económicamente activa y el 25% de los obreros (Molina, 1979: 72). La sumatoria del estado de privación y el estado de necesidad absoluta constituyen la “penuria de la vivienda”, que en 1970 afectaba el 66% de la población económicamente activa de Bogotá y e1 95.4 % de los obreros, ratificando lo dicho sobre las clases sociales más afectadas por el flagelo de la carencia de vivienda. Según las precisiones anteriores, el déficit habitacional está constituido por las viviendas indispensables para que toda la población de un centro urbano o un país viva por lo menos en las condiciones del estrato bajo. De este modo, el “déficit” de viviendas socialmente adecuadas es igual a la suma de viviendas faltantes para eliminar el nivel de hacinamiento (más de 3.5 personas por cuarto), más las viviendas por remplazar, más las viviendas sin uno o varios servicios. Generalmente las estadísticas oficiales diferencian estos niveles, llamando “déficit cuantitativo” a la diferencia entre el número de familias y el número de viviendas existentes, o al número de personas menos el número total de cuartos. A la suma del déficit cuantitativo y las viviendas que deben ser reemplazadas la denominan “déficit total 1”. Un rasgo característico de los nuevos asentamientos urbanos populares (piratas o de invasión) es la carencia parcial o total de los servicios básicos. En los censos de 1964 y 1973, se eligió como índice de la carencia de servicios la falta de agua (para el primer año) y de inodoro (para el segundo). A este déficit lo denominamos “déficit cualitativo”. A la suma del resultante del déficit cuantitativo más el déficit cualitativo se le denomina “déficit total 2”. Reconociendo estas denominaciones, analizaremos los datos que los censos de 1964 y 1973 arrojan sobre el déficit habitacional.
El desequilibrio histórico entre el crecimiento industrial y el crecimiento poblacional, sumado al monopolio del suelo urbano, llevó a que los sectores de bajos ingresos capitalinos padecieran la carencia absoluta o relativa de vivienda. En ambos censos, la mitad del déficit cuantitativo de vivienda nacional se concentró en Bogotá. 134.218 de las 320.072 familias bogotanas, en 1964, carecían de vivienda o de los servicios básicos; es decir, unos 711.355 bogotanos, equivalentes al 41.9% de la población total capitalina. Nueve años después, en 1973, las cantidades absolutas se incrementan: 181.601 familias de las 521.522 acusan déficit cuantitativo o cualitativo de vivienda. Multiplicando esta cifra por 5.2, que es el promedio de personas por familia, tenemos que 994.326 habitantes se encuentran en esta condición.
Cuadro 6 DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 1964 y 1973 1964
Total familias
1973
Unidades
%
Unidades
%
320.072
20.4
521.522
22.6
37
Personas por familia
5.3
Déficit Cuantitativo
105.663
49.07
153.682
47.24
Déficit Total 1
114.619
24.15
158.831
31.42
Déficit Total 2
134.218
20.53
181.601
23.54
% de la población en
5.2
18.65
Sombra La ciudad en la
20.96
Relación con el total nacional Fuente: XII Censo Nacional de Población y II de vivienda. DANE 1964. XIV Censo Nacional de Población y III de vivienda. DANE 1973. Molina, 1979: 83-84
El aumento del problema en Bogotá, pero su disminución porcentual en relación con la población urbana del país en 1973, deja ver cómo el problema de la vivienda crece en otros centros urbanos de Colombia. Datos de otros años ratifican la situación de penuria de vivienda que acosa los hogares populares durante la primera mitad de la década del 70. Según un informe del Banco Mundial (Arango, 1986: 89), el déficit de vivienda en Bogotá era de 193.000 en 1973, y de 218.000 en 1975. El informe Fase II del Plan de Desarrollo Urbano (1974) muestra cómo el déficit llegó en 1972 a las 211.526 unidades (Janssen, 1984: 68). Ambas fuentes nos muestran como más alarmante el problema habitacional de las familias populares.
Solucionando el problema por sí mismos 1. La consecución del terreno
L
a vivienda no es para el emigrante popular sólo una necesidad “objetiva”, representa seguridad para él y su familia frente a los demás y frente al Estado. Expresiones como “tener casa no es riqueza, pero no tenerla es la mayor pobreza” evidencian el significado que tiene para los sectores populares la consecución de un terreno dentro de la ciudad para construir su casa propia. La búsqueda y adquisición de vivienda representaba para la mayoría de los entrevistados un medio de identidad social y cultural: Torres Carrillo
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“Hicimos todo lo posible por conseguimos el lotecito aquí en Bosa, era lejos de Bogotá, pero ahí sí pudimos hacer lo que queríamos, hacer la vida propia sin que nadie nos molestara”. “Cuando llegamos del campo lo primero que hicimos fue ahorrar para conseguimos una tierra propia, porque no hay cosa más maluca que no tener dónde caer muerto; por eso escogimos acá por lo económico y porque el barrio al principio era muy parecido a donde vivíamos en el campo... incluso podíamos tener huertica”. Dado el origen rural cundiboyacense característico de la mayoría de familias que ocuparon el sur de la ciudad, la importancia de “conseguir tierra” revela un rasgo cultural marcado en dicha región. Según los estudios de Virginia Gutiérrez de Pineda, para la población del “complejo andino”, de la tierra se desprende su existencia en el campo; a su alrededor se consolidaron su organización social y muchas de las relaciones de poder que de ella se derivan. En las zonas minifundistas de Cundinamarca y Boyacá, la parcela familiar no sólo proporciona alimentos sino también hierbas medicinales y plantas para la buena suerte. La mujer en estas zonas es quien se queda en casa mientras que el esposo y los hijos van a trabajar fuera. Para Jaime Valenzuela (1970: 342), la vivienda es para los sectores populares una medida de ascenso social: permite ahorrar los gastos derivados de vivir en arriendo e incluso puede proporcionar ingresos, ya que en la medida que es mejorada y ampliada puede ser arrendada. Las anteriores razones, sumadas a la incapacidad del Estado para solucionar el problema, han llevado a los mismos pobladores a hacerse a su lote al
margen del consentimiento de las autoridades, construyendo paulatinamente su vivienda y los servicios complementarios. En 1972, el área desarrollada clandestinamente llegaba al 38.4 % del total de la ciudad, viviendo allí, aproximadamente, el 59% de la población bogotana (Valenzuela y Vernez, 1974: 79). El acceso al suelo urbano de Bogotá se ha dado por varias vías, unas legales y otras al margen de la ley. En las primeras, están el mercado comercial y los planes estatales de vivienda; entre las ilegales, las invasiones de terrenos y la urbanización pirata.
El mercado comercial de suelo urbano Esta oferta abastece básicamente a las clases altas capitalinas. Muchas de ellas poseen tierras explotadas agrícolamente en la Sabana de Bogotá y han urbanizado áreas al norte, donde venden lotes para que familias pudientes construyan por encargo sus viviendas. Desde la década del 60, y especialmente a partir del año 1970, con la creación del sistema UPAC, terratenientes urbanos y capitalistas de otros ramos de la economía se vincularon masivamente al mercado urbano. A partir de esos años, la construcción y comercialización de viviendas terminadas desplazó la venta de lotes para construcción. Organizados alrededor de CAMACOL, suministraron hasta 1974 el 42.9% de las casas construidas, de las cuales “el 38% pertenece a los sectores de ingresos altos, el 22.4% a sectores de ingresos bajos y el 38.8% a los sectores medios” (Janssen, 1984: 72).
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Mercado Estatal A este mercado pertenecen los barrios y las viviendas construidas por el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y la Caja de Vivienda Popular (CVP). De sus realizaciones en la capital nos ocuparemos en el último capítulo, pero aquí nos interesa destacar su mínima participación en la dotación a los sectores populares de un lugar en donde vivir. Las dos instituciones cubrieron hasta 1974 sólo el 10.7% del mercado total de suelo urbano y vivienda. Las 57.214 soluciones ofrecidas por ambas entidades, a diferencia de lo que podríamos pensar, no han sido dirigidas a los sectores de más escasos recursos. Según Janssen (1984: 71), sólo el 21.8% de los esfuerzos gubernamentales fueron a dar a éstos, el 60% ha beneficiado a las clases medias y el 13.2% a las clases altas.
Mercado Pirata
Torres Carrillo
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Las urbanizaciones piratas consisten en fragmentaciones ilegales de terrenos que no cumplen las reglamentaciones de los organismos de planificación y son generalmente subequipadas (Jaramillo, 1980: 103); esta forma ilegal de acceso al suelo urbano es la que ha caracterizado el desarrollo urbano popular de Colombia. En este tipo de asentamiento vivían, en 1970, 204.182 familias bogotanas, es decir, el 45.3% del total. Estas urbanizaciones precarias no cumplen con las obligaciones exigidas por la Ley 66 de 1968: “estar inscrito [el urbanizador] en la Superintendencia Bancaria, tener permiso para la venta de los lotes, contar con planos aprobados, disponer de servicios públicos y tener demarcadas zonas verdes” (Arango, 1986: 193). Vemos cómo el carácter ilegal de los barrios piratas no se deriva de la ocupación ilegal del terreno por parte de los pobladores, sino del carácter fraudulento de los urbanizadores, quienes eluden las disposiciones del gobierno. El mercado pirata también tiene un carácter comercial y sus promotores son verdaderos empresarios que, con mínimas inversiones, obtienen jugosas ganancias. El urbanizador pirata adquiere un terreno en la periferia de la ciudad, generalmente de dudosa calidad y por fuera del perímetro de servicios, lo divide en lotes que luego revende a las familias interesadas, obteniendo dividendos que superan el 500% de lo invertido. Carlos Arango relata el ejemplo de “un propietario que compró un terreno en 1964 a razón de 56 centavos el metro cuadrado, y en 1972 lo vendió al urbanizador pirata a razón de $15.63 el metro cuadrado. Teniendo en cuenta el deterioro del poder adquisitivo de la moneda en esos 8 años, la ganancia real del propietario fue de 416%. El urbanizador, por su parte, dividió el terreno en lotes y, entre 1971 y 1973, los vendió a $140 el metro cuadrado. Puede deducirse fácilmente el monto de la fabulosa ganancia obtenida por el urbanizador pirata…” (Arango, 1986: 231). A pesar de lo fraudulento de la transacción, para el destechado la propuesta es atractiva, pues al comparar la cuantía pedida por el urbanizador y las “facilidades de pago” con el precio comercial del suelo, cada vez más caro, y las condiciones, imposibles de cumplir, impuestas por las urbanizaciones comerciales legales, acepta las reglas de juego que le imponga el urbanizador clandestino. En su afán de irse a vivir rápido como propietario, acepta cláusulas como las siguientes: El vendedor se compromete a firmar el acta de venta 60 días después de que el comprador haya pagado íntegramente el precio de compra estipulado, así como los intereses correspondientes… Se estipula expresamente que los costos de todas las obras exigidas por las autoridades de Bogotá o de cualquier otra instancia competente, corren completamente por cuenta del comprador, y el vendedor se exime de cualquier obligación en cuanto a ella.
Con estos acuerdos, la construcción de la vivienda y la dotación de los servicios básicos deben ser realizados por los habitantes, ante la incapacidad del Estado de solucionar dichos problemas. El concejal Hisnardo Ardila, más tarde alcalde de Bogotá, discutiendo un proyecto de normalización de dichos barrios, expresaba: Las medidas policivas han resultado insuficientes, pues en los últimos años ningún gobierno ha sido capaz de impedir que una persona compre un lote y haga su rancho. Las “óptimas” condiciones que a los ojos del poblador popular encuentra en las urbanizaciones piratas las describe el mismo concejal: El campesino llega a Bogotá... y le han conseguido un puesto o viene a conseguirlo, llegando a un inquilinato y sale los domingos a la periferia y encuentra un mercado de lotes corno cualquier mercado y ve con sorpresa que con $200 puede comprar un lote. Lo compra a plazos y va haciendo un rancho de malas condiciones formando un barrio clandestino por fuera de los servicios de la comunidad, formando un núcleo de presión teniendo el Concejo que atender las necesidades de estos sectores. Estos “barrios clandestinos” que tanto preocupaban al concejal proporcionaban el 70% de la vivienda de los sectores populares a fines del Frente Nacional. La actitud del Estado frente a la urbanización pirata fue tolerante. Generalmente, fueron laxas y meramente declarativas las medidas que asumió la administración local frente a éstas. Esta actitud puede explicarse no sólo por los nexos existentes entre los empresarios piratas y muchos funcionarios, sino también porque para el Estado estos barrios son una válvula de escape a la presión popular por suelo urbano, evitando así posibles ocupaciones de hecho. En un debate adelantado por Mario Upegui en el Concejo, éste presentó el siguiente caso: Por ejemplo, revisando las resoluciones de la Superintendencia Bancaria, se puede reconstruir el siguiente caso de uno de los urbanizadores piratas: En septiembre de 1969 se le ordena suspender la venta de lotes, orden que no cumple. Dos veces en 1970 le envía la Superbancaria comunicaciones para que renueve su suscripción que ya está vencida y de explicaciones ante las quejas de algunos propietarios de los lotes que se sienten perjudicados por él. El urbanizador ignora las dos comunicaciones. En mayo de 1971, la Superbancaria, ante las repetidas infracciones de la Ley 66 de 1968 impone, un año después, una nueva multa de veinte mil pesos. No obstante estos antecedentes,
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la Superbancaria por Resoluciones 2846 de 1972, le renueva a dicho urbanizador la Licencia y vuelve a hacerla en 1973 por resolución 1240, a pesar de que en la misma época el urbanizador se encontraba en plena actividad urbanizadora (Arango, 1986: 230). Por la misma época, cursaba en el Concejo un proyecto de Acuerdo que daba amplias concesiones a los urbanizadores piratas y que también era atacado por los concejales de oposición. Uno de ellos, Carlos Bula, cuestionaba las disposiciones propuestas: No veo la razón por la cual se les permite a estas firmas con una inversión mínima, la posibilidad de vender loteadamente lo que compraron en gran extensión. Sólo se establece la obligación de construir una calle en madacán y aunque dicho que las demás obras deben estar visiblemente localizadas, es decir, poner un aviso que por allá pasará una vía y trazarla con tiza... Torres Carrillo
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Los barrios de invasión Reciben esta denominación, aquellos asentamientos originados por la ocupación de grupos de familias (organizadas previamente o no) en un terreno privado o del Estado, sin que exista alguna mediación legal que legitime su propiedad. A diferencia de otras ciudades colombianas, como Cali y Barranquilla, y latinoamericanas, como Lima, Santiago o Sao Paulo, en Bogotá son escasas -casi nulas- las invasiones de terrenos como medio de acceso popular al suelo urbano. En esta ciudad, los barrios de invasión, hasta 1974, sólo representaban el 1.1% del total de asentamientos, mientras que para Barranquilla, en 1964 ya constituían el 18% y para Brasilia, el 60% (Valenzuela, 1969). Sin embargo, casi la totalidad de las invasiones surgieron durante la década del 60. Algunas de ellas se hicieron famosas por su nivel de organización y lucha exitosa frente a los intentos de desalojo por parte del gobierno, como es el caso de los barrios Policarpa, Quindío y Salvador Allende. En 1964, un diario capitalino reconocía la existencia de siete invasiones, todas surgidas en los cuatro años anteriores: Las Colinas, Policarpa, Santa Rosa, Quindío, Consuelo, Rocío y Dorado. Dado que las escasas invasiones exitosas han tenido formas singulares de organización y enfrentamiento con las autoridades, éstas serán analizadas en el capítulo 4.
¿Cómo explicamos esta ausencia de invasiones, frente a la multiplicación inusitada de ocupaciones piratas? Casi todos los autores consultados presentan las mismas razones: escasez de terrenos baldíos y de propiedad del Estado, la explotación intensiva de las fértiles tierras de la Sabana, la rápida y enérgica actuación de las autoridades e, incluso, el clima frío y lluvioso de la capital. El primer aspecto es cuestionable, ya que no es muy claro que en Bogotá haya escasez de terrenos estatales: las estribaciones de la cordillera oriental son de la Empresa de Acueducto y de la CAR; hacia el Occidente, a lado y lado de la Avenida 26, existen grandes extensiones de la Beneficencia de Cundinamarca, donde en la actualidad se construye Ciudad Salitre. Así la proporción sea menor en relación con otras ciudades, estas tierras no han sido invadidas. Los mejores terrenos de la periferia de la ciudad, aptos para la construcción, o son propiedad de grandes empresarios urbanizadores o están siendo utilizadas intensivamente en horticultura o ganadería. Esta valorización de la renta del suelo bogotano hace que los terratenientes urbanos protejan celosamente sus bienes con el apoyo del Estado. Este actúa prontamente ante cualquier intento de ocupación por invasión, el contraste a su laxitud frente a las ocupaciones piratas. Un seguimiento de la prensa capitalina nos permitió confirmar la frecuencia de las noticias de “desalojo a invasores”. Entre 1958 y 1974, detectamos 12 intentos frustrados por la acción policial. Las pocas invasiones exitosas han estado apoyadas u organizadas por la Central Nacional Provivienda, o su localización o lenta ocupación no es notada por sus propietarios o las autoridades, como se analizará luego. El clima frio y lluvioso de Bogotá no permite la instalación de ranchos provisorios por largo tiempo, sin contar con una seguridad de construir una casa con materiales más sólidos. Samuel Jaramillo (1980: 104) relativiza las anteriores explicaciones y propone una hipótesis explicativa referida a la segregación socioespacial que adquirió Bogotá durante el presente siglo. Esta, como lo hemos visto, ha sido bastante clara: las capas altas se expanden hacia el norte y los otros sectores sociales hacia las demás direcciones, en especial hacia el sur. Los propietarios de las tierras periféricas al casco urbano, concentradas e intensivamente explotadas, saben de la ganancia que significa la venta de sus tierras. Quienes son dueños de los terrenos están seguros del beneficio del crecimiento del precio del suelo. Los propietarios de otras áreas, al no atraer sectores de ingresos altos, “negocian” la tierra con los sectores populares, obteniendo también ganancias jugosas al venderlas a urbanizadores piratas. El patrón de ubicación de los barrios piratas confirma este esquema: se localizan en los límites periféricos de la ciudad diferentes al norte -o en la periferia norte muy lejana-, donde la comercialización a corto plazo, a personas de sectores populares, supera en ganancias la venta con mejores precios a grupos ricos pero en un futuro lejano.
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Un crecimiento clandestino pero tolerado
Torres Carrillo
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La ausencia de invasiones es correlativa a la abundancia de la urbanización pirata. Esta relación no está dada sólo por la dinámica del mercado antes señalado, sino también por la significación que tiene para el Estado el crecimiento de la segunda. Los barrios piratas se convierten en una válvula de escape a la presión originada por el crecimiento demográfico y el déficit habitacional. Se ofrece así una solución para los destechados donde ganan el empresario privado y el Estado, incapaz de ofrecer soluciones de amplio alcance. A estos factores objetivos agregamos otro de carácter “subjetivo” que a nuestro juicio es muy importante: la mayoría de potenciales ocupantes de terrenos son migrantes de la zona fría cundiboyacense y de zonas de violencia. En los dos casos, ellos quieren acomodarse a la urbe sin conflictos. Los primeros, por una profunda tradición de “arreglar a las buenas” sus carencias sociales. Los otros, por el miedo conservado en su memoria colectiva a las vías de fuerza que implican una invasión. Las consecuencias de la respuesta violenta de los propietarios y la fuerza pública es vista con terror, como lo evidencian los siguientes testimonios: Nosotros vivíamos tranquilos allá en La Palma. Vinieron las matanzas de la policía. Nosotros somos campesinos. No le hacemos mal a nadie. Teníamos una finquita en la cual cultivábamos yuquita, plátano y café... Tuvimos que salir corriendo pa’l pueblo pa’ que no nos mataran. Allá en La Palma nos refugiamos medio muertos de miedo... preferimos la pobreza a la persecución. Desde aquí nos quedaba lejos para conseguir transporte, había que ir hasta el 20 de Julio y al principio no teníamos agua ni luz pero nadie nos molestaba porque éramos propietarios... habíamos comprado el lotecito y no robado como los invasores, nosotros no éramos invasores... Aquí todos somos muy correctos, no le hacemos mal a nadie ni andamos buscando líos... ya tuvimos con la violencia; poco a poco hemos conseguido lo que tenemos pero sin pelear. Vivíamos en Tolima en nuestra propia parcela sembrando café, muy cerca de Cunday; pero una noche la policía avisó en todas las veredas que saliéramos pronto porque al amanecer habría bombardeo. Nos vinimos dejándolo todo... Con esa experiencia nos parece mejor lo que hace el padre García Herreros que nos ayuda, no como otros que le proponen a uno invadir para que después lo jodan a uno.
Por vía pirata o por medio de invasión, los pobres fueron “tomándose el área de la ciudad en un movimiento social silencioso que sólo se evidencia con magnitudes como las siguientes: para 1972 existían en Bogotá 206 asentamientos urbanos espontáneos, de los cuales 89 habían surgido en los cinco años anteriores. En este lapso (1968-1972), se negociaron en los barrios piratas más terrenos que en todo el período anterior a 1958, año en que se inicia el aumento de las ventas. Desde dos años antes se venían dando incentivos de variada índole hacia los dueños de terrenos periurbanos para lotear y parcelar sus haciendas” (CPU, 1972: 11). En los 16 años que duró el Frente Nacional, las zonas urbanizadas espontáneamente triplicaron su extensión (de 1650 hectáreas a 5434 hectáreas), al igual que la cantidad de lotes vendidos (de 97.005 a 319.724) (Janssen, 1984: 74). Sin embargo, tal cantidad de lotes no implicó ocupación inmediata sino gradual: los barrios surgidos desde 1962 sólo estaban urbanizados en las dos terceras partes en 1972. Hasta ese mismo año los barrios surgidos entre 1958 y 1962 multiplicaron su población en 8.2 veces. Lo cierto es que la superficie habitada y el número de pobladores de los barrios populares crecieron aceleradamente durante el Frente Nacional, como lo evidencia el siguiente cuadro:
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Cuadro 7 ESTIMATIVA DEL NÚMERO DE HABITANTES Y DE LA SUPERFICIE DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS ESPONTÁNEOS, COMPARADO CON LA CIUDAD EN SU CONJUNTO 1970 (DNP)
1972(DAPD)
Población de los barrios piratas y barrios de Invasión
1.268.050
1.682.203
Población total de Bogotá
2.585.300
2.850.170
% población en asentamientos urbanos sobre total
49%
59%
Superficie de los barrios piratas y de invasión en Has
14.161
14.161
% superficie de asentamientos urbanos espontáneos sobre el total
35%
38%
Fuente: Janssen, Op. Cit.: 74
Los asentamientos populares ocuparon más de la tercera parte de la superficie urbana bogotana y albergaron más de la mitad de la población. Pero dada la alta densidad demográfica de estos barrios (ver cuadro 8), para 1972 “aproximadamente un 70% de la población de la ciudad ocupa el 27.48% del área de vivienda construida y el 30% vive en el 72.6% de dicha área”.
El aumento poblacional de los barrios populares durante la época se evidencia en el Cuadro 8, en el suroriente, zona de mayor crecimiento en las décadas de nuestro estudio. Es asombroso ver cómo sólo en ocho años la población se duplica (Vitelma, San Blas, San Vicente), triplica (Ramajal, Santa Inés, La Victoria), cuadruplica (Altamira, Atenas, Quindío) e incluso, en algunos casos, crece casi 10 veces (Puente Colorado). Del mismo modo, el nivel de hacinamiento se agrava en algunos barrios como Las Mercedes, Atenas, Ramajal y La Gloria, cuya densidad supera los 200 pobladores por hectárea.
Cuadro 8 CRECIMIENTO DEL VOLUMEN POBLACIONAL Y DENSIDAD ZONA SURORIENTAL POR BARRIOS 1964-1972 Nombre del barrio Vitelma Torres Carrillo
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Molinos Or.
Población en 1964
Población en 1972
Tasa de crecimiento
Densidad en 1964
Densidad en 1972
2.802
4.500
59
48
77 80
851
1.200
41
57
Triángulo
1.1175
1.500
27
20
26
San Blas
2.445
5.400
120
82
181
Las Mercedes
3.941
5.300
34
252
340
S. Cristóbal
5.349
9.000
68
70
118
16.563
26.900
62.4
Atenas
1.372
6.820
397
86
426
San Pedro
2.988
5.570
86
129
242
Ramajal
1.186
4.000
242
-
-
Santa Inés
3.877
9.100
134
75
176
Subtotal
San Vicente
3.111
7.250
133
140
326
La Victoria
2.729
9.800
259
110
395 54
La Gloria
606
996
64
33
Los Alpes
770
1.040
35
33
45
Bellavista S.
1.244
3.750
201
64
193
San José O
1.049
2.940
180
44
124
Altamira
2.511
11.480
357
69
316
Moralva
366
2.040
457
16
90
Pt. Colorado
142
1.320
829
11
101
Quindío
454
1.944
328
11
47.4
Gloria Ori.
2
-
-
-
-
Nueva Gloria
315
2.400
661
12
91
Área SD
186
8.100
-
3
130
San Rafael
-
550
-
-
18
Área SD
-
1.150
-
-
-
Área SD
-
600
-
-
29
Juan Rey
-
550
-
-
-
22.908
81.400
255
Subtotal
Fuente: Reig, 1979: 411
Concluimos este balance de la magnitud de los barrios populares en Bogotá durante el Frente Nacional examinando su expansión territorial entre 1958 y 1972 (Cuadro 9). En este lapso, el área ocupada por los barrios populares y la población de sus habitantes se triplicó. Sin embargo, si bien en términos absolutos es evidente el aumento en extensión y ocupación, en términos relativos con respecto al total de Bogotá, ambos disminuyen desde 1970. Esto no significa una disminución del drama de los pobladores populares, sino que refleja el incremento de nuevas formas de inquilinato en barrios antiguos y en los edificados por el gobierno.
Cuadro 9 DESARROLLO CLANDESTINO DE BOGOTÁ POR PERIODOS Intervalos
Has. desarrolladas
Barrios clandestinos
Hasta 1958
1.650.56
613.383
1958-1963
854.35
283.232
1963-1967
1.081.93
290.398
1967-1972
1.848.63
496.189
Total
5.435.37
1.682.203
Fuente: Reig, Op. Cit: 421
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Solucionando el problema por sí mismos: 2. La construcción de la vivienda
A
segurada la consecución del terreno, viene la construcción de la casa. En los barrios populares, la forma más generalizada de producción de vivienda ha sido la autoconstrucción. Esta coexiste en Bogotá con otras tres formas: por encargo, capitalista privada y capitalista desvalorizada del Estado. Esta clasificación es hecha por Samuel Jaramillo (1980: 181), quien las describe en los siguientes términos:
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Producción por encargo El usuario final, familia pudiente, contrata un agente técnico especializado (arquitecto, maestro de obra) para que construya su vivienda. El control económico es ejercido por el usuario y el constructor sólo tiene el control técnico de la producción. Aunque se emplea mano de obra asalariada (oficiales, ayudantes) y el constructor obtiene ganancias, el motor de la producción no es la acumulación capitalista.
Producción capitalista privada Propia de las formaciones capitalistas desarrolladas, está representada en empresas particulares cuyo objetivo es la acumulación con base en la explotación de mano de obra asalariada que emplea. En Bogotá existen dos tipos de capital productor: • Terratenientes urbanos que se dedican a la producción a gran escala de vivienda. • Capitalistas de otras ramas de la economía que invierten en la construcción.
Producción capitalista desvalorizada del Estado Apoyada en la relación asalariada, su dinámica no se confunde con la producción privada ya que su motor no es la acumulación sino la producción de valores de uso que le proporcionan tasas de ganancia inferiores a la normal y cuyos fines son garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo popular y de las relaciones sociales existentes, en la medida en que distensiona el potencial conflicto social ocasionado por el crónico déficit habitacional. Existen tres variantes en la producción de vivienda por parte de las entidades del Estado: • Construcción de casas completamente terminadas. • Construcción incompleta, donde edifica sólo una parte de la vivienda para que el usuario realice las obras restantes. • Ayuda a autoconstructores, donde el Estado se limita a dar ayuda financiera, subsidiando materiales de construcción y brindando asesoría a los usuarios. La tendencia a fortalecer estas dos últimas modalidades refleja el interés del Estado por descargar sobre los usuarios buena parte de los costos de su vivienda, e intervenir regulando y controlando la forma de construcción por autoconstrucción.
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La autoconstrucción El mismo consumidor del bien final es a la vez el productor directo y ejerce el control técnico y el control económico de la producción. Es la respuesta de amplios sectores populares a su imposibilidad de acceder a las anteriores formas de producción de vivienda. Implica una reducción de costos mediante el uso de mano de obra familiar y el abaratamiento de la renta del suelo que ha sido adquirido por invasión o por urbanización pirata. No todos los sectores populares están en condiciones de convertirse en auto constructores. Esta forma requiere un cierto nivel de ingreso que permita la compra del terreno y de los materiales de construcción. Además debe contarse con la disponibilidad de fuerza de trabajo para la construcción. Generalmente, los auto constructores laboran los fines de semana y en los lapsos dejados por la inestabilidad laboral del propietario. Claro está que a lo largo del proceso, y en especial en momentos claves (echar la plancha), se emplea fuerza de trabajo adicional y gratuita, dada la importancia que aún conserva la familia extensa y otras formas de solidaridad basadas en relaciones como el compadrazgo, el paisanaje o la vecindad.
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El largo proceso de autoconstrucción permite la combinación de la producción con el consumo del bien inacabado. A medida que se consolida la casa, generalmente va siendo subarrendada a familias que por su nivel de ingresos no está en capacidad de autoconstruir. Así, la construcción de la casa no sólo soluciona el problema habitacional sino que también se convierte en una fuente de entradas para el propietario. Incluso, la vivienda autoconstruida se convierte en potencial espacio de tiendas o pequeños talleres. Y, aunque el fin del auto constructor no es realizarla en el mercado, se dan muchos casos de venta a personas o familias que no tienen condiciones para construir pero han podido ahorrar una cantidad de dinero suficiente para adquirirla. La autoconstrucción, al igual que los urbanizadores piratas, es “bien vista” por el Estado, ya que le permiten economizarse el costo de reproducción de fuerza de trabajo y atenúa las tensiones generadas por la crisis de la vivienda. Con miras a reconstruir la evolución de las cuatro formas de producción, y dado que las estadísticas no se acomodan a su clasificación, Jaramillo reelaboró e interpretó la información sobre ellas. Para la producción por encargo se basó en el registro de licencias para construcciones unifamiliares. Para la producción capitalista, en los registros de construcción de mayor cubrimiento y en obras multifamiliares. La producción estatal le ofreció menos dificultades, ya que los organismos encargados tienen registros de su actividad. La autoconstrucción no está registrada en las estadísticas oficiales, por eso Jaramillo la calcula restándole a la producción total que figura en los censos realizados durante el presente siglo el volumen de las otras tres formas de producción de vivienda. En los censos de 1928, 1938, 1951, 1964 y 1973 aparece el stock de viviendas, por eso hace ajustes a las cifras existentes sumándole las posibles viviendas perdidas por demoliciones y cambios de uso. Con estas operaciones obtiene un estimativo de la actividad autoconstructora en los períodos intercensales del siglo XX. Veamos:
Cuadro 10 CÁLCULO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN BOGOTÁ INTERCENSOS (1928 - 1973) Año
# Viviendas
Incremento
(1)
Total construidas
1928
21.340
1938
30.045
8.705
1.067
9.772
1951
76.092
46.047
1.052
47.545
;..
1964
173.195
97.103
3.804
100.907
1973
392.193
218.998
8.660
227.658
Fuente: Jaramillo, Op. Cit. 1980: 182, 183).
A partir de los datos de unidades de vivienda construida con licencia (por encargo y capitalista promocional) y de la información del ICT, el autor calcula el total de viviendas por autoconstrucción. Hechas estas estimaciones, Jaramillo analiza la evolución del sistema urbano entre 1930 y 1977 a partir de las diversas formas de producción de vivienda. Con base en dicho estudio, centraremos la atención en el desarrollo de la autoconstrucción, en especial a partir de 1950. Entre 1950 Y 1970, la producción capitalista promocional subordina la producción por encargo, importante hasta mediados de siglo. Mientras la primera absorbía, en 1954, el 38% del total de viviendas construidas, en 1964 llega al 49.9% y en 1970, al 58.9%. Esto se explica por el acelerado crecimiento poblacional y económico de la capital y el aumento de algunos sectores medios, quienes oponen menor resistencia en sus pautas de consumo a la vivienda estandarizada (Jaramillo, 1980: 181). Además, insumos que antes debían importarse se producen ya en el país. Para el mismo autor, el factor explicativo principal es el estímulo oficial a la producción de vivienda comercial a través del BCH. En el lapso mencionado se crea un renglón importante de producción de vivienda estatal. Mientras entre 1930 y 1950 ésta es casi inexistente (2% del total), entre “1951 y 1964 ICT va a producir en Bogotá el 20.9% de las viviendas construidas y entre 1964 y 1973 alcanza el 15%” (Jaramillo, 1980: 183). Este crecimiento en la producción gubernamental se explica para comienzos de la década del 60 por la estrategia continental promovida por Estados Unidos para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en los demás países de América Latina: la Alianza para el Progreso. La autoconstrucción, que hasta mitad de siglo había garantizado más de la mitad de las viviendas bogotanas (54.9%), disminuye su pujanza entre 1951 y 1964 al 26.2% del total, principalmente por dos razones. Uno, el auge de la producción estatal a comienzos de los 60 con planes masivos como Ciudad Kennedy y Muzú. Por otro lado, el abandono masivo de barrios céntricos como La Candelaria por parte de estratos altos, que se trasladaron hacia el norte. Estas zonas tradicionales se convirtieron en inquilinatos, incidiendo en el ritmo de la autoconstrucción. En el período siguiente, 1964-1973, la autoconstrucción se recupera, alcanzando una producción del 49.7% del total de viviendas. Este nuevo auge va íntimamente ligado al desarrollo de urbanizaciones piratas. Concluido el boom de planes de vivienda estatal y saturados los inquilinatos, amplios sectores no tienen más alternativa que recurrir a la autoconstrucción. Según Janssen (1984: 80), las inversiones acumuladas por autoconstrucción hasta 1970 llegan a 2.933 millones de pesos. En ese solo año las inversiones llegaron a 338 millones.
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Haciendo la casa El proceso de autoconstrucción es lento ya que suele demorarse de 5 a 10 años, según el nivel de ingresos familiares y la disponibilidad de mano de obra. Con base en el seguimiento de algunas autoconstrucciones contemporáneas (1978-1988) y a las entrevistas realizadas a habitantes de tres barrios surgidos durante el Frente Nacional, hemos hallado algunas constantes que nos permiten esquematizar las fases de autoconstrucción del siguiente modo:
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1. Lote solo, recién comprado. 2. Lote generalmente cercado. 3. Pieza construida en madera o materiales provisionales. Lote cultivado y/o con animales. Pozo séptico o zanja (si el terreno es pendiente) para el alcantarillado. Sin acueducto ni energía eléctrica. 4. Construcción de una o dos piezas en material y en obra negra. El área de cultivo se restringe. Energía eléctrica de contrabando. 5. Construcción paulatina del primer piso, instalación definitiva de servicios. En algunas casas el cultivo es remplazado por un negocio. 6. Según nivel de ingresos, acabados dentro y fuera de la casa. Construcción de otro(s) piso(s) y subarriendo de piezas.
Una ciudad de campesinos
A
nalizados los procesos de consecución del terreno y la autoconstrucción de su vivienda, nos detendremos a continuación para caracterizar al nuevo habitante popular urbano. En primer lugar, su calidad de migrante y, luego, su articulación con la economía urbana como medio de sobrevivencia. Los asentamientos populares surgidos en las décadas del 60 y 70 van a tener como habitantes a campesinos desplazados por la violencia o que llegaron a la ciudad en busca de mayores posibilidades de las que encontraba en su zona rural. Los testimonios citados anteriormente nos lo confirman, al igual que éstos: Cuando Ospina Pérez era presidente teníamos una finca en el Tolima. Después del 9 de abril comenzaron a molestamos por razones políticas porque éramos liberales y en esa época los conservadores creaban problemas... Tuvimos que huir para no ser asesinados. Dejamos todo lo que teníamos y nos vinimos a Bogotá donde era más seguro. Nosotros vivíamos en una finca distante 20 kilómetros de Armenia, pero sucedió que mataron a mis hermanos Absalón y Dagoberto y nuestra casa fue atacada varias veces por lo cual mi marido se vino a Bogotá a buscar trabajo... luego nos vinimos el resto. Yo vivía allá en la vereda con mis papás, pero como la tierrita era tan chiquita, el trabajo tan duro y la aguantada de hambre tan grande, un día les dije: ni en Tabacal ni en Chiscas hay muchas oportunidades yo mejor me voy para Bogotá... y me vine, después se vinieron unos hermanos que antes habían ido a trabajar a Venezuela pero que tampoco les fue bien. Todos los estudios realizados coinciden en afirmar que la mayor parte de los migrantes que Bogotá recibió entre 1950 y 1974 provenían de áreas cercanas: Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Santanderes. Para 1964, 850.433 personas, el 26% de la población total, estaba constituido por migrantes, quienes se distribuían según su lugar de origen de la siguiente forma:
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El estudio hecho por Ramiro Cardona con los inquilinos afiliados a la Central Nacional de Provivienda, tres años después, ratifican dicha tendencia (ver Cuadro 11).
Cundinamarca
36.9%
Boyacá
26.1%
Tolima
10.4%
Santanderes
7.6%
Caldas
6.1%
Otros
9.9%
El estudio hecho por Ramiro Cardona con los inquilinos afiliados a la Central Nacional de Provivienda, tres años después, ratifican dicha tendencia (ver Cuadro 11). Torres Carrillo
Alfonso 54
Cuadro 11 Departamento
# Personas
Cundinamarca
129
Boyacá
98
Santander
43
Caldas
22
Huila
10
Nariño
7
Valle
9
Costa Atlántica
6
Otros
9
Sin respuesta
8
Total
44
Fuente: Cardona, 1969: 31
Vemos cómo el 67% de la población encuestada proviene de tres departamentos: Boyacá, Cundinamarca y Tolima, valor coincidente con la información censal. Para 1970 la situación no ha cambiado, si consideramos las palabras del alcalde Carlos Albán Holguín:
“Con una población calculada en 25 millones de habitantes, en Bogotá viven alrededor de 825,000 personas nacidas en otros lugares, con lo cual tenemos que la tercera parte de la población llegó a la ciudad en la presente generación y sólo el 20% es nacido en familias que tienen origen en Bogotá, los demás vienen de Tolima, Boyacá y Cundinamarca, según estudios realizados”. Consideramos que el origen y los motivos de los pobladores de los barrios populares son un factor clave para explicar algunas de las prácticas asumidas para resolver sus problemas. El apego a la tierra -del cual ya hablamos-, el papel de la familia como unidad económica, el rol desempeñado por la mujer, su religiosidad y otras costumbres propias de los campesinos de las regiones frías de Cundinamarca y Boyacá van a recrearse o reelaborarse frente a los nuevos retos que le planteaba la ciudad a los migrantes. Una vez llegados a la ciudad, los migrantes se trasladan de un barrio a otro antes de establecerse definitivamente en la ocupación pirata, en la invasión o en la urbanización estatal. Varios de nuestros entrevistados relataron haber vivido antes en uno o dos barrios populares periféricos, donde ya habitaban generalmente otros familiares o paisanos. Incluso algunos barrios tendieron a concentrar migrantes de determinada zona:
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“Aunque ahora vivo aquí en las Colinas, antes vivimos varios años en San Cristóbal, donde ya vivían otros paisanos; sí... porque resulta que casi todos los que llegamos de Chiscas pasamos primero por San Cristóbal”. En muy pocas ocasiones hemos encontrado que los ocupantes de los barrios populares surgidos en el lapso del pacto bipartidista provengan de barrios del centro de la ciudad como lo postula el modelo de Turner, tan apreciado por la sociología urbana latinoamericana. Basado en unos presupuestos funcionalistas, el autor norteamericano ve el tránsito del migrante dentro de la ciudad como un proceso de movilidad social ascendente que se inicia en los inquilinatos del centro y culmina con una vida próspera en un asentamiento popular periférico. Los habitantes de los barrios populares centrales generalmente han pasado toda una vida allí y están muy poco interesados en cambiarse de lugar, a pesar de reconocer problemas, como la inseguridad, propios de esos sectores (Gaitán y Torres, 1986: 3). Los pocos inquilinos que han tenido que irse, lo han hecho presionados por el cambio de uso de los inmuebles donde viven, dado que barrios como La Candelaria y La Perseverancia han pasado a constituirse en áreas para instituciones culturales (grupos de teatro, fundaciones artísticas, etc.) o residencia de sectores medios intelectualizados, que en los últimos años han invadido estos barrios.
El cambio de una casa a otra y de un barrio a otro no ha sido, para muchos, resultado de unas mejores condiciones económicas, sino motivado por el aumento del precio de los arriendos en los barrios otrora periféricos, que por el surgimiento de otros y el mejoramiento de su infraestructura trajeron el aumento del valor del suelo. Muchos inquilinos tienen que acudir a mil medios para conseguir el dinero del lote donde construirán su vivienda: Cuando llegamos del campo fuimos a vivir con un pariente que vivía en el barrio Gaitán. Teníamos que pagarle arriendo. De ahí nos pasamos a un rancho en El Salitre, un barrio donde vive solamente gente pobre, porque allí no se paga arriendo, pero todos esos ranchos han sido demolidos porque querían canalizar el río Salitre... Todos nos fuimos entonces a vivir a otras partes, y así llegamos aquí. Menos mal que aquí tampoco pagamos arriendo.
Torres Carrillo
Alfonso 56
Mientras tanto íbamos atrasados en el pago del arriendo, porque yo no tenía trabajo. En ese tiempo pagábamos $150 donde mi primo en Las Cruces pero él subió el arriendo a $190. Eso era por ahí en 1960. Entonces tuvimos que salir bien lejos del centro, donde los arriendos eran más baratos. Encontramos una casita en San Blas que costaba $40…. De soltero vivía con mis hermanas en arriendo en Fátima, pero allá ponían muchos problemas; nos controlaban si prendíamos los bombillos, el agua que usábamos al lavar, todo... no se podía ni prender el radio porque molestaban... y como yo me iba a casar, preferí vender la bicicleta, el radio y otras cosas para no seguir pagando arriendo que aunque subía menos que ahora, no hay como vivir en paz, sin que molesten y sin pagar arriendo.
Trabajar para sobrevivir
J
unto al afán de conseguir dónde vivir, la búsqueda de trabajo es la mayor preocupación de los nuevos habitantes de la ciudad. Dada la imposibilidad de realizar un estudio sistemático de la estructura ocupacional y del nivel de ingresos de los pobladores de los barrios surgidos durante el Frente Nacional, nos basaremos en los resultados de investigaciones realizadas para algunos barrios concretos y en la información presentada por las personas entrevistadas. Como ya se enunció en el primer capítulo, es escasa la vinculación de los bogotanos a la industria fabril capitalista, lo que se evidencia en la escasa existencia de proletarios en los asentamientos populares, lo que impide identificarlos como barrios obreros. Esta ausencia de proletariado ha llevado a investigadores a buscar una categoría que englobe a los pobladores barriales en su conjunto, como clase social. Desde el marxismo algunos investigadores han procurado encasillarlos en categorías sociales clásicas como lumpen proletariado, ejército industrial de reserva, pequeña burguesía o subproletariado. Antes de tomar una posición al respecto, analizaremos en lo que queda de este capítulo las actividades laborales más frecuentes, el nivel de ingresos y las tácticas individuales y familiares de supervivencia de los habitantes de los barrios populares. Entrevistados algunos pobladores fundadores de barrios surgidos a fines de la década del 50, obtuvimos respuestas como las siguientes: Entre los primeros que nos pasamos había muchos albañiles, carpinteros y zapateros; algunos trabajaban en plazas de mercado y había uno que otro empleado del Municipio. Al inicio del barrio éramos más que todo trabajadores independientes, albañiles, ornamentadores y algunos obreros de la fábrica de tubos; después fueron llegando vendedores ambulantes, celadores y hasta profesores. Algunos pusieron negocios... Ahora mucho joven trabaja en almacenes, vendiendo chance o promociones puerta a puerta; otros le jalamos a lo que salga, plomería, construcción, pintura, lo que salga.
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Un estudio realizado en el barrio Bosque Calderón (1958) reafirma los testimonios anteriores al arrojar los siguientes resultados con respecto a la ocupación de sus habitantes, tal como puede observarse en el Cuadro 12.
Cuadro 12 OCUPACIÓN JEFES DE FAMILIA, BARRIO BOSQUE CALDERÓN 1958
Torres Carrillo
Alfonso 58
Ocupación
Porcentaje
Albañiles
57
Ingresos $ 3.000 diarios
Independientes
17.7
$ 3.50
Asalariados
13.9
$ 2.80
Choferes
7.6
$ 200.00
Tenderos
3.8
$ 3.70 diarios
Fuente: El Espectador (Vespertino). (5 de julio de 1958, p. 3)
El mismo informe señalaba que la mayoría de las mujeres trabajaban en el servicio doméstico ganando un promedio de $2.30 diarios y algunos trabajaban haciendo tejas de barro con un ingreso de sólo $2.00 diarios. El censo de 1964 presenta como empleadores a un 6% de la población masculina económicamente activa, a un 20% como trabajadores independientes y empleados, y un 74% de obreros. El mismo censo asimila estas tres categorías, de por sí ambiguas, a los estratos alto, medio y bajo, respectivamente. Basándose en esta clasificación, Ethel Rodríguez (1970: 185) elabora el siguiente cuadro, teniendo en cuenta en lugar de origen de los trabajadores:
Cuadro 13 ESTATUS OCUPACIONAL DE LOS MIGRANTES Y DE LOS NACIDOS EN BOGOTÁ, 1964 Bajo
Medio
Alto
Total
Migrantes Nuevos
Población
74
23
3
100%
Migrantes Antiguos
60
32
8
100%
Nacidos en Bogotá
65
21
13
100%
Fuente: Rodríguez, 1970: 185
Un trabajo de grado de un estudiante de sociología de la Universidad Nacional sobre el barrio de invasión Las Colinas, en el año siguiente, presentaba datos más precisos acerca de la ocupación de los jefes de familia (cuadro 14).
Cuadro 14 OCUPACIÓN JEFES DE FAMILIA BARRIO LAS COLINAS 1965 Ocupación
%
Obreros de la Construcción
22.8
Agricultores
17.4
Artesanos independientes
17.4
Vendedores (ambulantes, tienda)
13.0
Almacenes y oficinas
12.0
Oficios domésticos
6.6
Obreros fabriles
5.4
Desempleados
5.4
Fuente: RAMOS, Eduardo. Aspectos sociales de la inmigración en un barrio de Bogotá. Las Colinas. Tesis de grado de Sociología. Universidad Nacional, 1965.
Todos los datos hasta ahora señalados muestran cómo durante la primera parte del Frente Nacional los habitantes de los barrios populares capitalinos -en su mayoría migrantes- se desempeñaban en actividades que requerían poca capacitación laboral y en sectores tradicionales de la economía. Sólo una escasa proporción de ellos en el Barrio Colinas (5.4) se habían vinculado a la industria fabril en 1965. El Cuadro 13 ubica en status medio a trabajadores independientes y a todos los empleados. Muchos de ellos (pequeños tenderos, mensajeros, celadores) pertenecen a los sectores populares, lo que haría aumentar los porcentajes ubicados en el status bajo (popular). Estudios más sistemáticos elaborados en las postrimerías del Frente Nacional muestran con mayor claridad las ocupaciones de los jefes de hogar y de la población económicamente activa de estos sectores. La comparación entre la participación laboral de un barrio popular, de la zona oriental (de mayor crecimiento durante el periodo estudiado) y el total de Bogotá, nos puede servir como punto de partida para el análisis. La presencia de actividades agrícolas en la zona oriental cuadruplica el total del casco urbano, lo que indica la supervivencia de prácticas rurales. Si bien es cierto que Santa Rosa está muy por debajo de la zona oriental, y de Bogotá en su participación en la industria manufacturera, el oriente supera el porcentaje total, lo que indica que los barrios populares, sin ser totalmente
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proletarios, albergan el promedio global de la clase obrera, así el cuadro no distinga entre pequeña, mediana y gran industria. Si bien los datos de las tres columnas no son totalmente comparables, por haber sido tomados de distintos estudios y porque muchos de los sectores económicos agrupan actividades que atraviesan diversos niveles sociales (por ejemplo comercio y empleados administrativos), nos permiten relacionar la composición laboral de los barrios populares con toda la sociedad.
Cuadro 15 RAMAS DE EMPLEO, BARRIO SANTA ROSA (*) ZONA ORIENTAL Y BOGOTÁ(**) A FINES DEL FRENTE NACIONAL Santa Rosa 1974
Zona Oriental 1972
Bogotá 1972
1.1%
4.2
1.2
Manufactura
18.4
28.6
26.5
Construcción
24.5
22.1
8.7
Comercio
24.2
18.3
31.9 22.6
Sector Económico Agricultura, minería
Torres Carrillo
Alfonso 60
Empleo administrativo
13.5
5.7
Servicio doméstico
10.2
14.2
Transporte
3.4
5.8
Otros
3.7
1.1
TOTAL
100.0%
100.0%
9.1
100.0%
Fuente: (*) Janssen, Op. Cit.: 130 (**) DAPD, Plan integrado de desarrollo urbano de la zona oriental (p. 48) Fase II, Plan de Estructura para Bogotá, p. 128
Como para Bogotá se engloban en un solo renglón el pequeño, mediano y gran comercio, lo mismo que los empleados administrativos desde gerentes hasta empleados de servicio doméstico, resulta difícil establecer en estas categorías ocupacionales comparaciones válidas. Sin embargo, observamos tanto en Santa Rosa como en la zona oriental una gran presencia del comercio si lo comparamos con los datos de 1958 (Cuadro 12). Del mismo modo, es de suponer que el personal dedicado al servido doméstico es superior al de Bogotá así no existan datos para ésta. Queda evidenciado cómo, tanto para la década del 70 como para la anterior, la proporción de personas vinculadas a la industria de la construcción era mayoritaria en los barrios populares. Mientras que para todo Bogotá éstas representan el 8.7%, en la zona oriental alcanza el 22.1 % y para Santa Rosa,
el 24.5%. El impulso a la construcción iniciado por el gobierno de Misael Pastrana buscaba, entre otras cosas, captar la abundante mano de obra con alguna experiencia en esta rama y potencialmente desempleada. Lo que queda claro es que los pobladores populares no son “marginales” a los sistemas capitalistas o vagos, como algunos pretenden demostrar para justificar su situación de miseria. No sólo participan en diversas ramas de la economía global, sino que están articulados orgánicamente al proceso de acumulación capitalista, como lo mencionamos en la introducción y lo demuestran Zamudio y Clavijo en el estudio realizado desde 1976 en los barrios de centro y nororiente. El Cuadro número 16 muestra cómo la población analizada contribuye a la acumulación capitalista en las fases de producción, circulación y distribución de mercancías, tanto directa como indirectamente. Incluimos este esquema obtenido en años posteriores al Frente Nacional porque consideramos que las condiciones poco habían cambiado. Desde su instalación en la ciudad, los sectores populares contribuyen al proceso de acumulación capitalista y, por tanto, no pueden ser considerados marginales económicamente. Tampoco podemos afirmar que sean meros apéndices funcionales de aquel, pues sus prácticas de supervivencia también contienen elementos de contradicción e impugnación al sistema social en que se generan. A lo largo del Frente Nacional, la población asalariada en relación con el total de habitantes de Bogotá nunca llegó al 7%. Además, la industria tradicional -artesanal y manufacturera- fue la que más empleo proporcionó a los pobladores populares en relación con la gran industria, a pesar de su pujanza en este período. En 1968, las empresas de menos de 20 empleados captaban el 82% de los nuevos migrantes, el 74 % de migrantes antiguos y el 67% de nacidos en Bogotá, mientras que aquéllas que tenían 100 empleados o más sólo recibían el 18%, 26% y 33% respectivamente (Zamudio y Clavijo, 1983: 113-114). Al sector tradicional de la economía urbana están vinculados tanto grupos de la población nativa popular como migrantes, mientras que éstos son asimilados en menor cantidad por las grandes industrias. Si tenemos en cuenta que en el estudio que proporcionó los anteriores datos sólo se consideraron empresas, dejando por fuera los artesanos independientes que pertenecen al sector tradicional, es clara la permanencia de formas económicas precapitalistas paralelas o subordinadas al capital moderno. Mariño (s. f.: 6) señala tres niveles de producción urbana no capitalista. Uno, de mera subsistencia; otro, de competencia de mercado abierto, que capta parte de la demanda popular por sus bajos precios; y un nivel subordinado y complementario a la producción capitalista, ya que provee de partes a firmas capitalistas.
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Cuadro 16 CONTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POPULAR EN LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA Fase del Proceso Productivo
Articulación
Forma
Mecanismo
Casos-Tipo
Directa
Extracción Plus valía
Obrero Industrial Subcontratista y obrero construcción
Indirecta
Transferencia de Plus valía
Chircalero, cría de porcinos Recolector basura Trabajador por encargo
Directa
Administración y servicios para la producción Reducción de salarios por competencia Oferta fuerza de trabajo para momentos de expansión del capital
Secretaria, Mensajero, aseador, celador industria Desempleado obrero construcción
Indirecta
Reducción costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Liberación de fuerza de trabajo
Hogar, chircalero Servicio doméstico.
Realización plus valía con alta o baja inversión de capital
Empleado Almacén Chofer Carga Vendedor Ambulante Tendero
Fuente de Plus valía
Producción Torres Carrillo
Alfonso
Soporte para extracción de plus valía
62
Circulación y distribución
Realización de plusvalía
Directa
Fuente: Cy Zamudio, 1983: 33
La supervivencia de la economía tradicional, en un período de irrupción del capitalismo en el país, no podría ser explicada desde parámetros clásicos del marxismo, que consideraban el desarrollo capitalista como homogeneizador de las formas de producción. El modelo de desarrollo capitalista latinoamericano no disolvió las formas precapitalistas sino que permitió su continuidad, subordinándolas en algunos casos, o dejándolas ‘independientes’ en aquellas áreas donde no le fueron competitivas.
Para el capital privado, la subsistencia de la economía urbana tradicional resultó provechosa por varias razones (Mariño, s.f.: 3 - 4): a. Contribuye a la reproducción de fuerza de trabajo de las unidades de producción capitalista. Dicha contribución se genera con los ingresos complementarios del trabajador y su familia, originados en actividades “informales”. Se reduce así la presión sobre el alza de salarios, facilitando mayor acumulación a las empresas capitalistas. b. Explota, sin generar compromisos, a la población vinculada a las pequeñas empresas complementarias, ya que por contratación o encargo (trabajo a domicilio) se evita el pago de los salarios correspondientes. A la vez, el capital ahorra los costos de instalación y depreciación de los medios de producción y las dificultades que puede ocasionar la organización sindical. c. Aumenta sus márgenes de ganancia al comprar a precios bajos los productos de las empresas proveedoras, teniendo éstas que asumir los aumentos del costo de materia prima. Un ejemplo claro es la recolección de basuras que se convertirán en insumos de las industrias del cartón, vidrio, hierro, etc. d. Ampliación de mercancías, ya que en tiendas y ventas ambulantes no sólo ponen en circulación mercancías de la industria capitalista (gaseosas, cerveza, cigarrillos, etc.), sin costo alguno para éstas, sino que al trabajar en espacios y tiempos marginales captan mercados imposibles de asumir desde el comercio “formal”.
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Los que no consiguieron trabajo
P
ero ni siquiera el sector tradicional pudo captar toda la oferta de mano de obra, resultado del crecimiento natural de población y de la migración rural. El desequilibrio histórico entre crecimiento demográfico y crecimiento económico generó altas tasas de desempleo abierto y disfrazado en la ciudad durante el Frente Nacional.
Cuadro 17 DESEMPLEO EN BOGOTÁ (1960-1974) Torres Carrillo
Alfonso 64
Año
% desempleo abierto
% desempleo disfrazado
% desempleo total
1960
s.d.
s.d.
4.0
1963
7.9
4.7
12.6
1964
7.1
3.9
11.0
1965
8.9
7.3
16.2
1966
10.1
8.4
18.6
1967
12.2
10.1
23.3
1968
11.5
9.5
21.0
1969
9.6
8.0
17.6
1970
8.3
6.9
15.2
1972 (*)
6.6
14.1
20.7
1974 (*)
7.2
16.3
23.5
Fuente: CEDE, Empleo y subempleo en Colombia, Universidad de los Andes, 1970. (*) DANE, Boletín mensual de estadística No. 282
Estos estimativos parecen ser mesurados si consideramos que una comisión de la OIT calculó para 1970 un desempleo total en Bogotá del 25%, más de 4 puntos por encima del arrojado por el estudio del CEDE. Lo cierto es que, en 14 años los índices de desempleo aumentaron seis veces en Bogotá, especialmente en su modalidad de subempleo (desempleo disfrazado). Mientras
que en 1963 éste representaba un 4.7% de la población, siendo en ese año el desempleo abierto mayor (7.1%), en 1974 el subempleo llega al 16.3%, superando ampliamente al desempleo abierto que llega al 7.2%. Este crecimiento del desempleo disfrazado se manifiesta en las infinitas formas de “rebusque”, utilizadas por los sectores de población más pobre y que abarca actividades como reciclar basura, cargar mercado en las plazas, cantar en los buses y otras formas de pedir limosna y, en casos extremos, robar. Mientras que para las generaciones mayores el subempleo fue transitorio, es decir, el tiempo necesario para “especializarse” en una labor, para las generaciones del 60 y del 70 constituye la única forma alternativa para sobrevivir. Los tres testimonios siguientes ilustran esta afirmación: Para ayudarle a mi mamá nos tocó trabajar desde niños... Yo a los seis años ya me tocaba ir a repartir pan a las casas. Luego estuve haciendo mandados en tiendas, haciendo escobas... Después comencé en un taller de carpintería como ayudante, ahí fui aprendiendo y trabajé en varias partes, en obras como el Teatro Municipal hasta que me salió lo de la fábrica. Allá estuve hasta que me pensionaron. Como le decía yo le jalo a lo que salga, aunque mi especialidad es la albañilería, la “rusa”, me ha tocado jalarle a todo... he vendido lotería, pintado casas, recogido chatarra para vender y una vez que duré sin trabajo me tocó subirme a los buses con el chinito... Es que cuando no sale lo que a uno le gusta toca rebuscársela para no hacer aguantar hambre a los chinos. Antes de pasarnos al barrio mi mamá trabajaba en una empresa, de aseadora, pero por chismes la botaron, por esto le ha tocado lavar ropas, ir a casas por días y ahora vender frutas en la Boyacá. Allá yo le ayudo todo el día. Yo también vendía eucalipto que traíamos de la montaña, antes de ayudarle a mi mamá. Un estudio hecho por el Departamento Administrativo de Planificación Distrital (DAPD), durante 1972, en los barrios orientales, encontró que gran parte de los que aparecen como empleados son en verdad desempleados con ocupación transitoria en alguna de las formas de desempleo.
Sombra La ciudad en la
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Ingresos y costo de vida
L
a supervivencia de los pobladores de los nuevos barrios populares no estaba plenamente asegurada con la consecución del trabajo. El nivel de ingreso proporcionado por la vinculación laboral siempre estuvo por debajo de los gastos necesarios para mantener una familia, como lo demuestran los datos proporcionados por las fuentes consultadas.
Torres Carrillo
Alfonso 66
En un reportaje de El Espectador en el Barrio Bosque Calderón, a mediados de 1958, se presenta el caso de un albañil cuyo jornal es de $4.50 para mantener a 10 personas. Los demás pobladores reciben un ingreso medio de $3.30 diarios, unos $100 mensuales. Al año siguiente el semanario de izquierda Voz de la Democracia señalaba que un maestro de albañilería devengaba $7.50 diarios y un ayudante, $6.00, es decir $225 y $180, respectivamente, al mes. Estos salarios, aunque superiores a los del año anterior, eran aún insuficientes para los gastos familiares, si tenemos en cuenta que la canasta familiar para obreros era de $275.00.
Cuadro 18 COMPOSICIÓN OCUPACIONAL DE UN BARRIO POPULAR
Obreros construcción y afines
Cantidad
%
79
26.3%
Artesanos
21
7.0
Vendedores almacenes, tiendas
21
7.0
Vendedores ambulantes
40
13.3
Obreros industria
40
13.3
Mensajeros
11
3.7
Choferes
9
3.0
Empleados plaza, cargueros
17
5.7
Celadores
17
5.7
Servicios domésticos
29
9.7
Empleadas (secretarias)
11
3.7
Policía Total
5
1.7
300
100.1 %
Fuente: Grupo de estudio José Raimundo Russi, 1975: 42
Los trabajadores asalariados ocupados en industrias vieron pasar su salario por hora de 97 centavos a $1.47 entre 1957 y 1961, o sea unos $232 y $352 mensuales respectivamente. En cuatro años, el salario aumentó en un 51% mientras que el costo de vida lo hizo en ese lapso en un 49.4 %, ventaja que afectó sólo a unos pocos habitantes de los barrios. La mayoría continuó con unos ingresos relativamente estancados. Aún en 1961, el 60% de los jefes de hogar de San Vicente Suroriental continuaba ganando menos de $ 200,00. Los siguientes datos elaborados por el DAPD en 1962 para el total de Bogotá, muestran los ingresos de los jefes de hogar de las 211.000 familias que la habitaban en ese año.
Sombra La ciudad en la
Cuadro 19
67
COMPOSICIÓN OCUPACIONAL DE UN BARRIO POPULAR Cantidad ($)
%
Acumulado
60-300
34.0
34.0
301-400
27.3
61.3
401-750
13.9
75.2
751-1000
7.8
83.0
1000 en adelante
5.1
88.1
Nota: El 11.9% faltante corresponde a desempleados (menos de $12,00). Fuente: El Espectador (VESPT). (21 de agosto de I963, p. 12 A)
Si consideramos al 11.9% con ingresos menores a $60.00, tenemos que la mayoría de las familias bogotanas tenían un ingreso principal menor a $400.00. Para ese año, la canasta familiar para obreros llegaba a $457.00. Obviamente, ese porcentaje vivía en los barrios populares. Según el estudio de Ramiro Cardona en los barrios Juan XXIII y Policarpa en 1967 (Cardona, 1970: 62), el 84.4% de los residentes del primero y el 31% del segundo aún devengaban menos de $400.00. Este estancamiento del salario en tres años se tomó más preocupante si tenemos en cuenta que en este tiempo la canasta familiar aumentó a $600.00, es decir un 31.5%. Al parecer
la situación no era sufrida solamente por esos dos barrios, pues según los indicativos del DANE durante esos tres años el salario real sólo aumentó el 3.1%, diez veces menos que la inflación. Al finalizar el Frente Nacional, los ingresos para la zona Oriental y de todo Bogotá son los siguientes.
Cuadro 20 INGRESOS ZONA ORIENTAL Y BOGOTÁ 1972 Zona Oriental Ingreso
Torres Carrillo
Alfonso 68
%
Acumulado
Bogotá %
Acumulado
Menos de 1000
65.2
65.2
21.7
21.7
1000-2000
18.4
83.6
33.1
54.8
2001-3000
5.8
89.4
14.0
68.8
3001-5000
2.6
92.0
13.7
82.5
Más de 5000
1.2
93.2
16.6
99.1
Sin información
6.7
99.9
99.9
99.9
99.1
99.1
TOTAL
Fuente: CEDE, Empleo y subempleo en Colombia, Universidad de los Andes, 1970. (*) DANE, Boletín mensual de estadística No. 282
Recordemos que el suroriente fue la zona popular de mayor crecimiento durante el Frente Nacional. Por eso suponemos sus datos similares a los de la mayoría de los barrios populares bogotanos. En dicha zona, el 83.6% de los jefes de hogar devengaban menos de $2000 al mes. El promedio de la ciudad con tales ingresos era del 54.8%. Si tenemos en cuenta que el 6.7% sin información corresponde a niveles bajos de ingreso, el porcentaje para suroriente superaría el 90%. Del mismo modo, mientras sólo el 1.2% de la población gana en el oriente más de $5000, en Bogotá el 6.6% devenga más de esos ingresos. Tres años después, mientras el costo de vida había aumentado en la alarmante proporción del 61.3%, aún el 84.5% de los habitantes de un barrio devengaban menos de $2000 mensuales (Janssen, 1984: 131). Al parecer, la situación para el resto de estos barrios era menos adversa, ya que el barrio estudiado se encuentra, con respecto a los otros 405 existentes, entre los 36 más bajos. El mayor azote de las familias populares de la ciudad fue la inflación, que se refleja en el aumento del costo de vida. El gráfico 01, hecho por el autor con base en los datos del Boletín Mensual de Estadística del DANE, nos dan una idea de tal situación.
La gráfica muestra un aumento sostenido del costo de vida para los sectores de bajos ingresos desde 1962, haciéndose mayor entre 1962-1966 y 1966-1974. Mientras que en los 8 años comprendidos entre 1955 y 1962 el índice aumentó en un 58%, en los cuatro años siguientes creció el 72.9%. Durante los años correspondientes al gobierno de Lleras Restrepo el costo de vida sólo aumentó en un 30.5%, para volver a dispararse entre 1971 y 1974 al 70.3%, porcentaje de por sí escandaloso pero menor al que vendría en los años siguientes.
GRÁFICO 1 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA OBREROS DE BOGOTÁ ENTRE 1955 Y 1974
900 800 700
Sombra
600
La ciudad en la
500
69
400 300
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1959
1958
1957
1956
1955
100
1960
200
(Base 100: Julio 1954 - Junio 1955) Fuente: DANE, Boletín mensual de estadística, 1955 -1975.
Los incrementos anuales promedio fueron, durante los cuatro gobiernos del Frente Nacional, así: Lleras Camargo Guillermo Valencia Carlos Lleras R. Misael Pastrana
5.5% 18.2 7.6 17.5
Como el renglón que más incrementó los precios fue el de alimentos, las familias populares tenían que destinar la mayor parte de sus ingresos a comida, dejando el excedente para atender otros gastos necesarios para sobrevivir.
La distribución de los ingresos de una familia popular en 1959, según el citado artículo de Voz de la Democracia, es el siguiente:
Arriendo de pieza (Las Ferias, sin luz) Mercados semanales (20 pesos) Gastos diarios (alimento, transporte)
$50 18% $90 82% $135
TOTAL $275 100%
Torres Carrillo
Alfonso 70
En 1970, el alcalde Albán Holguín señalaba que “casi un tercio de la población de Bogotá gasta 82% de sus ingresos en adquirir productos alimenticios”. Cuando la familia logra evitarse el pago de arriendo al trasladarse a su “lote propio” parece que su destinación económica a los alimentos aumenta. En 1975, una familia de Santa Rosa de Lima destina el 88% de sus ingresos a alimentos y transporte público, dejando el 12% restante para atender gastos de salud, educación, recreación y demás gastos (Janssen, 1984: 154). Podemos imaginar entonces el estado de penuria doméstica en el que viven.
Sobrevivir en la pobreza
L
a reducción de gastos no ha sido la única táctica de las familias populares para sobrevivir. Los indicativos cuantitativos se quedan cortos para explicar las tácticas que, desde la cotidianidad, cada familia procuraba hacer para empatar el ingreso escaso del jefe de hogar con los gastos para mantener una familia, que casi siempre superaba los cinco miembros. Germán Mariño (s.f.; 6) destaca dos tácticas de sobrevivencia popular que también nos encontramos durante el Frente Nacional: a) El incremento de ingresos con aportes no salariales por parte de otros miembros de la familia. En efecto, en 1968, sólo el 49% de las familias de Juan XXIII dependían del ingreso de uno de los dos padres. El resto de familias involucraban el trabajo de ambos, el de los hijos o el de otro familiar. En el Policarpa, en el mismo año, el 46.3% de las familias recibían ingresos diferentes al del jefe de familia. Generalmente, la esposa desarrollaba actividades económicas complementarias como lavar ropa en casas de clase media y alta, y preparar y comercializar “galguerías” (empanadas, arepas, crispetas...) o ropa confeccionada por ella misma. Me levanto como a las cinco a darle a Aníbal el desayuno. Luego él se va y me quedo haciendo los oficios y la mazamorra para llevársela a la obra. A veces hay que ir muy lejos y siempre a pie porque no se consigue para el bus... Cuando vuelvo vaya lavar al chorro, allá cerca de las canteras. O si no, me voy a coger la leña pa’ vender y ayudar en algo. Mientras Alfredo estaba en el trabajo, después de dejar listo el almuerzo y a las muchachas para ir a estudiar, me dedicaba a coser en la máquina, vestidos para los niños y para vender... Me encargaban jardineros y uniformes para la escuela... Luego fue que me dediqué a tejer en dos agujas saquitos y patines para niños. Esos me los compraba doña Ofelia en Venecia... -Pregunta: ¿Y otras señoras del barrio hacían lo mismo?
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Sí. Algunas tejían, otras preparaban cosas para vender como arepas, mute o ponían puesto de fritanga los fines de semana... cuando donde doña María compraron nevera, vendía helados y le dejaban guardar a uno cosas para conservarlas, pero eso ya fue hace poco. Al trabajo de la esposa se sumaba algunas veces el de un familiar o el de los hijos: Todos aquí en la casa colaboramos con plata. Como lo que yo gano en la tienda no es mucho, el hijo que trabaja allá en el taller también ayuda, y el primo que vive con nosotros desde hace siete años. El vende en Abastos y no sólo me trae el líchigo sino que colabora para la casa... es que como también mija le lava la ropa. Mi mamá vende frutas en la Boyacá, allá yo le ayudo todo el día. Yo también vendía eucalipto que traíamos de la montaña antes de ayudarle a mi mamá. Torres Carrillo
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A pesar de que estos testimonios se refieren a épocas posteriores, creemos que la participación laboral de otras personas de la familia se daba con similares modalidades en las décadas del 60 y del 70. Más aún si consideramos que ha sido la familia extensa la que predomina en los medios rurales de donde provenían la mayoría de migrantes. Virginia Gutiérrez de Pineda (1970) señala cómo en la zona Andina toda la familia trabaja, en especial en aquellas áreas donde predomina el minifundio. Ante los nuevos retos planteados por la necesidad de sobrevivir en la ciudad, la tradición rural proporcionó mecanismos para lograrlo. Otra manera de incrementar los ingresos ha sido colocar un negocio propio (tienda) o arrendar una pieza como local. De acuerdo con una evaluación hecha por el JCT de las 7.104 viviendas de ciudad Kennedy en 1965, una de cada cinco viviendas (1734 en total) tenía alguna otra actividad económica adjunta a la residencial (Valenzuela, 1970: 136). En 1968, de las 600 viviendas de Policarpa, 144 -una de cada cuatro- tenía alguna actividad económica. Ramiro Cardona (1969: 61) muestra cómo estaban distribuidos estos negocios:
Tiendas
39
27.1%
Animales
3
2.1
Fábrica o taller
58
40.3
Otros
44
30.5
TOTAL
144
100.0
Por la ubicación central de esta invasión es más fácil explicarse la gran presencia de fábricas o talleres y la mínima existencia de actividades “agrícolas” (3%). Todo lo contrario sucedía en los asentamientos surgidos en la periferia sur y occidental de Bogotá. Numerosos testimonios recogidos en centros de educación primaria nocturna coinciden en afirmar cómo la apariencia rural de la zona favorecía el cultivo de maíz, papa y otros productos, al igual que la cría de cerdos, chivas y aves domésticas. Para San Vicente Ferrer la situación es similar: Antes de construir toda la casa teníamos cultivado el solar: teníamos un curubo, un huerto, cebolla, tomate y uchuvas. También tuvimos gallinas y hasta patos. Unos nos los comíamos nosotros, otros nos lo compraban cuando había una primera comunión o un bautizo. b) La segunda táctica es la de optimizar los ingresos y evitar gastos. Se trata de producir valores de uso para el consumo familiar, que por tanto no se adquieren en el mercado. Buena parte de estas actividades provienen del trabajo doméstico asignado a las mujeres y las ya mencionadas prácticas de producción para el autoconsumo. En la mayoría de los casos, la mujer, al estar en el hogar, se ha convertido en la administradora del presupuesto familiar: Yo misma le hacía la ropa a los niños chiquitos. Durante el día, después de darle el desayuno a todos, iba por lo del almuerzo a la tienda. Cuando algo estaba caro no se compraba, y si estaba barata alguna fruta o la papa se compraban más... Dentro de esta táctica de minimizar gastos están las llamadas formas de ayuda mutua (compadrazgo, vecindad...) que se hacen manifiestas en momentos como el de “echar la plancha”, donde vecinos y familiares trabajan gratis un día o expresan su solidaridad frente a situaciones difíciles como la muerte de alguien. Era muy frecuente hacer “recolectas” para los gastos del entierro por parte de los vecinos. En barrios más antiguos (Egipto, Belén, Cruces) estas formas de solidaridad se cristalizan en sociedades mutuarias, cuya existencia se remite al siglo XIX (Torres y Villegas, 1986: 6). Pero la supervivencia de una familia popular no depende solamente de las tácticas para estirar el presupuesto. Su pertenencia a un barrio que comparte carencias o insuficiencias de bienes de consumo colectivo, también implica una lucha permanente. De esto nos ocuparemos en el siguiente capítulo.
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Trabajos de alcantarillado en el barrio Verbenal Junio 24 de 1980 FUENTE: Bogotá en imágenes 1940 - 2000 Museo de Desarrollo Urbano
Concertar desde los barrios
Presentación
L
a supervivencia de las familias de los nuevos asentamientos populares, surgidos desde mediados de la década del 50, no dependía solamente de su nivel de ingreso y de sus tácticas para maximizarlos: era necesario conseguir los bienes de consumo colectivo básicos para su reproducción vital y social. Por eso, la lucha por conseguir agua, luz eléctrica, alcantarillado, transporte y otros servicios va a caracterizar su dinámica desde los barrios populares y en torno a la cual van a configurar su identidad social en la ciudad. Esta lucha no se asumió siempre colectivamente. Generalmente, en una primera fase, se combinaron las acciones comunitarias con los esfuerzos individuales y familiares para solucionar la carencia o deficiencia de los servicios públicos. De igual manera, a pesar de la magnitud de los problemas, la vía más frecuente de superarlas no fue la exigencia al Estado mediante formas o mecanismos de presión directa, sino la concertación con la administración y el trabajo autogestionado, aliviando al Estado los costos sociales de reproducción social de estos sectores y generando una compleja trama de relaciones sociales dentro del barrio y de éste con la estructura política de la ciudad a través del clientelismo. En el presente capítulo nos ocuparemos de estas prácticas de lucha individual y colectiva que procuraron la consecución, el equipamiento de las viviendas y los servicios públicos de barrio, evitando la confrontación directa con el Estado. En primer lugar, se esbozará el tipo de problemas más comunes encontrados por los nuevos pobladores y las formas asumidas desde la unidad familiar para resolverlos. Luego, se presentará el estudio de caso de dos barrios característicos y el análisis de las tendencias encontradas en el seguimiento hecho a 300 noticias, referidas a acciones adelantadas por habitantes de los barrios durante el Frente Nacional.
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Vida nueva, problemas viejos
S
uperados los esfuerzos de consecución del terreno donde edificar la vivienda, y simultáneamente a la construcción paulatina de la misma, las familias de los barrios recién constituidos deben ir solucionando la precaria situación de servicios públicos que encuentran. Situados en la periferia del casco urbano o no, lo más frecuente es que los barrios en sus inicios carecieran de servicios públicos.
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Desde 1958 era común encontrar en las secciones dedicadas a los barrios en los periódicos locales solicitudes y denuncias que evidencian esta carencia. Dada la “novedad” de esta problemática, el diario El Espectador crea una Unidad Investigativa para atender quejas y realizar visitas a los barrios “fantasmas”, como eran llamados inicialmente. Entre 1958 y 1960, barrios como Bello Horizonte, Vitelma, Meissen, El Dorado y Santa Rosa figuran padeciendo estos problemas. Así por ejemplo, El Bosque Calderón presenta la siguiente situación en 1958 con respecto a servicios: sólo 10 viviendas (7.3%) del barrio poseían servicios completos, 48 carecían de algún servicio (42.7%) y 68 carecían de todos (50%). La situación de este barrio era mejor a la de la mayoría de sus contemporáneos, dada su ubicación relativamente central. Otros, localizados en las pendientes montañosas del suroriente, estaban por encima de la “cota de servicios”, dificultando su posible solución futura. Estos últimos sentían con mayor gravedad la carencia de rutas de transporte colectivo, por estar localizados a más de tres kilómetros del paradero más cercano (20 de Julio). Otros, situados en zonas bajas como San Jorge, Tunjuelito, Meissen y San Benito, debían soportar durante los períodos lluviosos inundaciones frecuentes. En 1960, la carencia global de servicios de los barrios “obreros” requería, según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1.363.000.000 de pesos para su solución. Estos se distribuían de la siguiente forma1:
Acueducto
$ 76.000.000
Alcantarillado
$ 285.000.000
Aseo
$ 20.000.000
Energía Eléctrica
$ 943.550.000
Teléfono
$ 46.120.000
Transporte
$ 13.500.000
Meses antes, la alcaldía había informado que dos terceras partes de la ciudad estaban sin pavimentar y que para ello se requerían unos $80.000.000. Basándose en los anteriores datos, el concejal Guillermo Hernández Rodríguez, en 1961, mostraba la incapacidad de la administración distrital para asumirlos: Los servicios de las empresas descentralizadas para ser llevados a todas las calles de Bogotá necesitarían una inversión de $1.365’000.000. La inversión en el Distrito que se ocupa de una serie de servicios, educación, higiene, administración, etc., necesitan $572.000.000... O sea que para dotar a Bogotá de todos los servicios públicos adecuados tendría que hacer una inversión de $2.000.000.000. Frente a estas cifras tenemos un presupuesto para Bogotá que sólo alcanza los $125.000.000. Esta real incapacidad de la administración distrital para garantizar el equipamiento de servicios de las decenas de barrios que surgían en tan poco tiempo, se evidenciaría en 1962, cuando barrios como San Benito, Laguna, Santa Helenita y los Cerezos denuncian la carencia total de servicios. Obviamente esta situación era la de muchos barrios, pero no hay datos globales que lo confirmen. A mediados de la década del 60, la situación no había mejorado: Unos 80 nuevos barrios habían surgido, agravándose el déficit de servicios, mientras 28.555 familias bogotanas, según el censo de 1964, carecían de acueducto, energía eléctrica o alcantarillado (Molina, 1979: 91). En 1972, según el DAPD y la Secretaría de Obras Públicas, existían aún 230 barrios subnormales, 51 de ellos carecían de agua potable, 62 no tenían alcantarillado, 32 carecían de energía eléctrica, 62 no tenían servicio de recolección de basura (pero sí se lo cobraban), 80 no tenían siquiera servicios de teléfono público y 200 carecían de vías de acceso pavimentadas. Según el censo de 1973, 27.191 viviendas bogotanas carecían del servicio de acueducto y, según El Espectador, barrios surgidos en esa década como Canadá, Güira, Britalia y La Libertad carecían de todos los servicios domiciliarios. A la carencia de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica habría que agregar la situación precaria en materia de transporte y salud. En 1960, para atender 1.039.340 habitantes, existían en la ciudad sólo 3 hospitales y 25 centros de higiene, los cuales estaban insuficientemente equipados, pues según los mismos funcionarios se requerían $30.000.000 para dotarlos.
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Dada esta ausencia de atención médica y las inadecuadas condiciones higiénicas derivadas de la ausencia de agua potable y del mal servicio de alcantarillado y recolección de basuras, diversas enfermedades atacaban la población de los nuevos barrios. Una serie de artículos publicados en El Espectador, en 1960, mostraban la pésima condición de la salud infantil: en el año anterior, la diarrea era la principal causa de mortalidad infantil, ya que de cada 1000 niños nacidos, 100 morían a causa de ella. La tosferina cobraba una víctima cada 115 horas, la bronquitis y la neumonía eran, después de la diarrea, los principales factores de mortalidad infantil. Cada 60 horas moría en Bogotá un niño por complicaciones derivadas del sarampión y el 90% de los niños de la ciudad estaban desnutridos. Esta escala de problemas colectivos es sentida y asumida por los pobladores de manera diferente, según sus tradiciones culturales, su capacidad de resolverlos y los diversos momentos de la evolución del barrio. Las carencias objetivas son filtradas de diversas maneras por los grupos sociales, haciéndose necesario pensar en un concepto sociocultural de necesidad que de cuenta de las jerarquizaciones y mecanismos de solución asumidos por los mismos. Así, por ejemplo, a fines de la década del 50, la carencia de energía eléctrica era menos sentida que en la actualidad, dado que ante la inexistencia de electrodomésticos la falta de luz podía suplirse con el uso de espermas o lámparas de gasolina durante las noches. De igual modo, la escuela se vuelve una necesidad cuando transcurridos 5 o 6 años del nacimiento del barrio, los hijos están en edad de ingresar a estudiar. Además, la expectativa urbana frente a la educación como posibilidad de ascenso social ha sido asumida por los padres.
La solución doméstica de los problemas
La unidad familiar y el espacio privado de la casa son los niveles inmediatos asumidos por los pobladores para resolver algunos problemas, en especial durante la etapa inicial del barrio. Al igual que en la administración de la economía familiar, la mujer juega un papel clave en la consecución cotidiana de algunos servicios públicos. Para algunos autores, estas tareas femeninas no son más que una forma de reproducción ampliada de la fuerza de trabajo, quitándoles la intensidad de cómo son vividas y su papel en la constitución de su identidad social dentro de la comunidad popular. El agua, necesaria para la preparación de los alimentos, el aseo personal y de la casa, no era ausente en absoluto en los nuevos barrios surgidos antes de la década del 70. Dadas algunas peculiaridades geográficas de la Sabana de Bogotá, en los barrios situados en las montañas orientales y surorientales se encontraban aún ríos, quebradas o caños que proporcionaban agua más o menos pura. En otras zonas, las aguas subterráneas eran fácilmente captadas mediante la construcción de aljibes caseros de donde sacaban agua para la cocina y otros usos domésticos. Varios testimonios coinciden en recordar cómo las aguas de ríos como el Tunjuelito y El Arzobispo eran claras y utilizables para el lavado de ropas e incluso para la preparación de alimentos: Después de darles el desayuno me iba con mi talego de ropa a lavar a la orilla del río. Sí, porque esto eran puros trigales y el agua del río era clarita, incluso había pescaditos. Allá nos encontrábamos varias señoras y nos poníamos a lavar y a conversar como en el campo. Cuando hacía calorcita llevábamos a los niños y los bañábamos, claro que no se podía nadar porque el río venía fuerte... hubo hasta ahogados. Nosotros antes de construir nuestro propio acueducto usábamos el agua que caía en varias partes: habían chorritos y cascadas donde se podía utilizar el agua no sólo para lavar. Una vez vinieron unos doctores de la Javeriana y nos dijeron que era de la mejor agua de Bogotá. En la medida en que estas fuentes de agua comenzaron a escasear o a contaminarse, al igual que en barrios donde no habían podido conseguirla
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directamente de la naturaleza, sus habitantes tenían que trasladarse a otros asentamientos donde ya estaba instalada una pila comunal, o debían comprarla por canecas. En 1960, una caneca de agua en Santa Lucía valía $4.00 y en San Vicente Ferrer, $5.00, cantidad elevada si tenemos en cuenta el bajo nivel de ingresos para ese entonces. Instalada la pila en el propio barrio el problema no quedaba resuelto, como parecen indicarlo los testimonios recogidos en el barrio Bello Horizonte en 1959 y El Edén en 1960: Las mujeres madrugamos a la una de la madrugada y esperamos a que el chorro empiece a llegar... cuando no llega el agua, nos toca ir hasta el 20 de julio a comprar tarros de agua que valen 10 centavos. Como sólo hay una pila en el barrio, desde las tres de la mañana hay una cola enorme de señoras recogiendo agua para el almuerzo. Torres Carrillo
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Otro problema transitoriamente solucionado por cada familia, durante los primeros años en el barrio, era el alcantarillado. Trasladados al lote, construían una letrina o pozo séptico. Cuando la dispersión inicial de las viviendas y la existencia de bosques lo permitían, las familias solucionaban sus necesidades físicas tras los matorrales. En aquellos barrios donde las condiciones no lo permitían, lo corriente era que cada familia abriera una zanja descubierta para que las aguas negras circularan fuera de la casa. Al aumentar la densidad de ocupación, esto se convierte en un verdadero problema en barrios con poca pendiente, como San Jorge Sur durante la primera mitad de los 60 y Britalia en la década siguiente. Como veremos, al “socializarse” el problema, la búsqueda de soluciones sí asumirá un carácter comunitario. A comienzos del período estudiado, y aún posteriormente en algunos barrios, la carencia de energía eléctrica no se constituía en grave problema por las razones ya anotadas, y además por carecer de utensilios domésticos que la requerían. El uso del radio, que ya empezaba a generalizarse como medio fundamental de integración al mundo urbano, no requería energía eléctrica domiciliaria ya que la gente utilizaba unos enjambres de pilas que duraban hasta un año. En el barrio San Rafael “muchas casas poseían un radio de agua y aire inventado por uno de los habitantes y que sintonizaba la emisora Continental, cuya sede se ubicaba 2 kilómetros al norte”. Cuando los barrios estaban localizados cerca a redes de alumbrado, cada familia, o comunitariamente, traía la luz de contrabando: Como por aquí pasaba la carrera trece, hoy avenida Caracas, y nada que instalaban postes, las familias que vivían cerca pusieron
cables de contrabando. Otros que vivían más lejos pusieron postes de madera y hasta allá llevaban la luz. Antes no era con dos cables sino uno solo, porque el otro lo instalábamos a tierra. Claro que como muchos usaban alambre pelado era peligroso y hubo muchos corto-circuitos e incluso una vez hubo un incendio. Como los nuevos barrios populares fueron naciendo en las afueras del casco urbano, su distancia del centro o de las zonas de trabajo era grande. Ante la inexistencia de ruta de buses, el transporte se convertía en una necesidad vital, en especial para quienes tenían que cumplir horarios fijos de trabajo o su actividad estaba localizada lejos del barrio. En 1961, el alcalde Gaitán Cortés presentaba el problema de la siguiente forma: Para las gentes de los barrios, para las gentes que necesitan todo el apoyo y toda la ayuda de los contribuyentes, para esas gentes es más primordial el problema de transporte que el agua y la luz, porque el agua pueden ir a buscarla en un tarrito y traerla desde lejos, y la luz pueden traerla de la tienda comprando una esperma, pero si no pueden transportarse en busca del sustento no tienen con qué pagar el agua ni con qué conseguir la luz que los alumbra.
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Al ver que el poblamiento inicial era disperso y entre barrio y barrio aún existían zonas deshabitadas, a las empresas privadas de transporte no les era rentable introducir rutas hacia los nuevos asentamientos. Sin embargo, a pesar de la significación de la necesidad de transportarse, y mientras se pedía a la administración dichas rutas, lo común era que la gente aceptara desplazarse a pie, así tuviera que madrugar mucho y recorrer varios kilómetros. Los habitantes de los barrios surorientales, durante la primera parte de la década del 60, debían caminar hasta tres kilómetros entre sus barrios y el 20 de Julio o San Cristóbal, donde quedaba el paradero más cercano. Los de Fátima y San Vicente caminaban hasta El Santander. Los de las Ferias y Estrada, hasta San Fernando. Al preguntar a algunos entrevistados sobre cómo afrontaban el problema y por qué no presionaban por mecanismos más eficaces su solución, coinciden en responder que para ellos no era nuevo hacer estos recorridos, ya que en el campo lo hacían con frecuencia y entre lugares más distantes. Otros empleaban bicicletas para desplazarse. Veamos algunos testimonios: Madrugábamos antes de las 4 de la mañana para alcanzar a llegar antes de las 6 al 20 de Julio desde aquí de la Victoria. De ahí cogíamos un bus hasta el centro o hasta el norte. A veces teníamos que caminar más... para nosotros caminar no era un problema porque estábamos acostumbrados a hacerlo. Claro que cuando empezó a llegar más gente y la carretera a Villavicencio se fue mejorando, don Jesús
Rueda y la Junta Comunal empezaron a mandar cartas aquí y allá para que mandaran buses…. Los buses salían de la plaza de los Mártires hasta Santa Lucía y nos tocaba andar desde allá hasta la casa, como era puro campo no se sentía la caminada. Después había unos carros que salían de Santa Lucía hasta San Vicente, pero muchos para no pagar dos veces más bien nos compramos bicicleta... Yo me iba hasta el Ricaurte... Antes no era peligroso andar por la noche: casi nunca atracaban, muchas veces los borrachos se quedaban dormidos y no los robaban. No es como ahora.
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Se requieren investigaciones específicas sobre los cambios en las prácticas de salud y recreación en los barrios populares. En un comienzo, ante la inexistencia de centros de salud y las dificultades económicas y de transporte para ir hasta los hospitales, lo más frecuente, salvo casos gravísimos, era que el uso de tratamientos caseros y curanderos empíricos que reemplazaban la droga y los médicos. Era común la existencia de parteras para atender el nacimiento de niños cuyos padres no estaban afiliados al Seguro Social. En los pocos casos en que se tenía el Seguro Social, el nacimiento era en clínicas y hospitales pertenecientes a éste.
Esfuerzo colectivo y presión legal al Estado
C
uando la magnitud o el carácter de los problemas encontrados por los nuevos habitantes de los barrios superaban su capacidad de resolverlos a nivel familiar, éstos buscaron asociarse con sus vecinos para resolverlos colectivamente. Antes de la creación oficial de la Junta de Acción Comunal, existían “Juntas de Mejoras” y “Comités de trabajo comunal” que coordinaban las acciones colectivas dentro de una mentalidad comunitarista y paternalista. Generalmente, acudían más al esfuerzo propio y a la solicitud comedida de ayuda a las autoridades, que a la exigencia abierta o a la presión directa. Estas prácticas fueron favorecidas por el gobierno con la creación de la Acción Comunal en 1958, garantizando su control político. Bogotá se convirtió en el centro piloto de implementación de esta estrategia reguladora del conflicto social. Desde la década del 60, estas formas de trabajo comunitario se generalizaron, convirtiéndose en “vías culturales” que marcaban las pautas de “normal incorporación” de los nuevos barrios a la ciudad. Para tener una idea de la magnitud y tendencias globales de este tipo de solución “concertada”, hicimos un seguimiento de todas las informaciones que sobre los barrios aparecieron en la prensa capitalina entre 1958 y 1974. La labor fue facilitada en alguna medida por la existencia en el diario El Espectador Vespertino, entre 1958 y 1964, de una sección donde se publicaban las actividades reportadas por los barrios o las averiguaciones periodísticas. Con el cierre de El Espectador Vespertino y la creación del diario El Vespertino en 1965, esta sección continuó, con lo cual realizamos nuestra labor heurística. Aunque es de suponer que gran parte de obras realizadas por algunos barrios no fueron registradas en la prensa, la fuente es más o menos confiable por dos razones,eEn primer lugar, una costumbre generalizada por parte de las Juntas de Acción Comunal fue la de enviar a la prensa una copia de las solicitudes hechas a las autoridades distritales y de las invitaciones a las actividades comunitarias (fiestas, bazares, reinados); por otra parte, como nuestro interés no es encontrar cifras exactas de las actividades hechas sino determinar magnitudes proporcionales y tendencias dentro de esta particular forma de lucha barrial, los datos encontrados satisfacen este propósito. La información localizada en este diario fue complementada con la proporcionada por otros dos periódicos: Voz Proletaria y El Bogotano. El primero
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de ellos, llamado inicialmente Voz de la Democracia, ha sido el semanario del partido comunista; y el segundo, un diario “amarillo” local, aparecido en 1973. El semanario Voz fue de especial importancia para los casos conflictivos que analizaremos en el siguiente capítulo, pero no para las formas de lucha “concertada”. Sólo las acciones colectivas de invasiones apoyadas o afiliadas a la Central Nacional Provivienda eran registradas. Por otro lado, el diario El Bogotano, dado su carácter sensacionalista, dio cabida desde sus inicios a las noticias que se produjeron en los barrios, en especial a los hechos de sangre o de confrontación con las autoridades como desalojos, incendios, inundaciones y pedreas. Por eso, la información proporcionada por este diario es fundamental también para el capítulo siguiente, donde analizaremos las prácticas de lucha abierta en los barrios. Algunos testimonios recogidos en varios barrios sirvieron para confirmar o ampliar los datos de los periódicos. A continuación presentamos los balances elaborados y su análisis con relación a lo hallado en el estudio de caso del barrio San Rafael Suroriental. De los casos localizados seleccionamos 250, con base en los cuales elaboramos los cuadros 21 y 22 que a continuación presentamos:
Cuadro 21 TIPO DE PROBLEMAS SOLUCIONADOS POR ESFUERZO PROPIO EN BARRIOS POPULARES DE BOGOTÁ ENTRE 1958 Y 1974 Problema resuelto
Número
%
Templo y obras parroquiales
56
22.4
Escuela
37
14.8
Acueducto
19
7.6
Alcantarillado y canalización
22
8.8
Salón Comunal, biblioteca comunal
25
10.0
Pavimentación y arreglo de calles
21
8.4
Parques
21
8.4
Radiopatrulla
16
6.4
Energía eléctrica
14
5.6
Puesto de salud
5
2.0
Legalización del barrio
5
2.0
Otros
9
3.6
TOTAL
250
100.0
Fuente: Datos elaborados con base en información de prensa.
Cuadro 22 ACCIONES MÁS FRECUENTES ASUMIDAS POR LOS BARRIOS POPULARES PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS 1958-1974 Forma
Número
%
Bazar, reinados, festivales
140
56
Jornadas de trabajo colectivo
56
22.4
Memoriales y cartas a autoridades
32
12.8
Trabajo comunal-ayuda de empresas
8
3.2
Homenajes o festejos a autoridades
8
3.2
Otros
6
2.4
TOTAL
250
100.0
Fuente: Datos elaborados con base en información de prensa.
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El orden de prioridades colectivas y de prácticas para su superación no constituye la sumatoria mecánica de las necesidades y prácticas cotidianas familiares que analizamos al iniciar el capítulo. El conjunto de habitantes del barrio conforman una nueva unidad social con aspiraciones propias y con una trama de relaciones internas que desbordan el marco familiar. Analicemos a continuación algunos de los principales problemas que se buscaban resolver en los barrios de manera colectiva.
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Las obras parroquiales Como en el caso de San Rafael Suroriental, la construcción de la capilla o del templo concentra gran parte de los esfuerzos colectivos de los barrios populares durante la década del 60 e inicios de la del 70. Casi en todos los casos, el barrio no poseía aún todos los servicios cuando se inician las obras parroquiales; rifas, bazares, fiestas y jornadas colectivas de trabajo contribuyen a que poco a poco se construya el templo. La elevada cantidad de casos registrados puede ser explicada por varias razones. La primera es la gran significación que tenía en las zonas rurales andinas el aspecto religioso. Además, en nuestro país, muchas prácticas religiosas generan relaciones y compromisos sociales de gran importancia tanto en el campo como en los barrios populares: el bautizo, la primera comunión y el matrimonio posibilitan una red de relaciones de compadrazgo y padrinazgo entre sus habitantes.
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Casi todos los nuevos pobladores eran o se sentían católicos y, dado su origen rural, en gran medida cundinamarqués o boyacense, cobraban para ellos mucho valor las prácticas religiosas rituales (misas, procesiones, viacrucis) y la figura del sacerdote. Este se convertía, más que las directivas comunales, en el personaje más notable del barrio. Su influencia en las decisiones colectivas y en la definición de prioridades por resolver era evidente. De ahí también que el templo y la casa cural aparezcan como urgentes. Otra razón es la presencia de la institución eclesial dentro de la ciudad. A medida que ésta crece, la diócesis va creando parroquias y enviando curas párrocos a “administrarlas”. Podríamos decir que, a diferencia de las instituciones estatales, la Iglesia tenía la capacidad de ir haciendo presencia efectiva en los barrios poco después de su formación. La presencia del sacerdote no es sólo espiritual sino también material. Es un nuevo habitante del barrio que requiere una casa para vivir y un lugar para administrar a sus fieles sus servicios religiosos. Pero las necesidades parroquiales no se agotaban con la construcción del templo y de la casa cural, se prolongaba a lo largo de la vida del barrio, ya que se seguían realizando actividades para arreglos, mobiliarios y obras anexas (sala de velación, capellanía, salón parroquial, etc.); así mismo, a través de la parroquia se canalizaban otras acciones de solidaridad en casos espaciales como recolección de apoyo para gastos funerarios de una familia carente de recursos.
El acueducto y alcantarillado Agotadas las posibilidades familiares de solucionar estos servicios por las razones ya mencionadas, su consecución se convierte en bandera que aglutina el esfuerzo común y sus escasos recursos. En casi todas las casas las redes de acueducto fueron construidas por los mismos vecinos, aportando tanto la mano de obra como los materiales. Este es el caso de los barrios El Paraíso y Bellavista antes de 1960; Alcalá, San José, Vitelma, San Blas, Fátima, Ferias, San Fernando y Pardo Rubio, en 1960. En algunos casos, el origen de las aguas era natural (por ejemplo El Paraíso, San Martín y Bosque Calderón). En otros, proviene de las tuberías ya instaladas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad. El Acueducto consistía, en la mayoría de los casos, en una o varias pilas públicas donde la gente acudía para llenar sus propios recipientes. En la mayoría de los barrios éstas fueron remplazadas posteriormente por las redes domiciliarias, donde la empresa disponía del apoyo técnico pero el trabajo y la financiación seguían siendo comunitarios. Incluso, en varios casos, se hacía una recolecta y se le ofrecía a la empresa como presión para la construcción del servicio. Un ejemplo característico de construcción de acueducto por esfuerzo propio es el de
El Paraíso, barrio situado en las faldas de las montañas centro orientales de la sabana, a espaldas de la Universidad Javeriana y del Parque Nacional. Surgido por la parcelación pirata de una hacienda perteneciente a Josefina Ferrer de Catalá17, en 1960, ya tenía 2000 habitantes. Dos años antes, la Junta de Mejoras liderada por don Absalón Acero empezó a gestionar un préstamo al Fondo Rotatorio del Distrito para comprar tubería. Aprobado el préstamo, comenzaron a trabajar los domingos haciendo escaleras, de 13 metros de largo, para subir hasta el nacimiento de la Quebrada del Arzobispo e instalar allí la boca de los tubos que llevarían agua a unas pilas previamente elaboradas. Como demoramos varios meses y los de la Javeriana y otro instituto se enteraron, nos tomaron fotografías y hasta grabaron una película que la tienen los de la Junta. Ahí muestran cómo todos madrugábamos a trabajar: hombres, mujeres y hasta los niños. Mientras subíamos los tubos por entre esa montañas que es bien parada, las mujeres hacían limonada y café. Como los tubos eran pesados, usamos poleas y lazos para subirlas... Eso lo hicimos todo nosotros, igual que los lavaderos colectivos y el tanque. Sin embargo esas grabaciones han sido explotadas internacionalmente. Cuando venían los del gobierno era para felicitarlos y para hacer promesas que nunca cumplen. El trabajo conjunto para la realización del acueducto del barrio se incorporó a la memoria colectiva de sus habitantes, y se convirtió en símbolo de defensa quince años más tarde, cuando se planteaba la posibilidad de desalojo del barrio por la construcción de la Avenida de Los Cerros. Nosotros estamos dispuestos a defender nuestros hogares y no permitiremos que ni el gobierno ni las firmas urbanizadoras nos despojen o nos paguen como quieran el único patrimonio nuestro que ha sido adquirido con tanto sacrificio; este barrio, sus calles, sus casas y acueducto fue hecho por nosotros. El acueducto implicó muchísimo esfuerzo y ha sido ejemplo para el mismo gobierno... Repetimos: no es que nos opongamos al progreso de la ciudad, pero si lo hay, que no sea en beneficio de los más ricos, sino en bien de todos. En barrios que por su alta ubicación o lejanía no era posible la construcción de redes de acueducto domiciliario se edificaron lavaderos públicos, como en Pardo Rubio, San Martín, Sucre y Bosque Calderón. El alcantarillado también era solucionado por varias vías: en aquellos barrios atravesados por cañadas (San José, San Vicente, San Jorge) se instalaban tuberías que iban a dar a ellos. Cuando estas “chambas” de aguas negras se convertían en un problema evidente de salubridad, se gestionaba con la empresa su canalización. En otros casos, como Fátima, los habitantes recolectaron $188.000 en 1961
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y contrataron a una compañía particular para que construyera 2600 metros de alcantarillado (Zamudio y Clavijo, 1983: 88). En Marco Fidel Suárez, el alcantarillado fue construido por sus habitantes con canecas, pero, transcurridos unos años, se vieron en la necesidad de contratar una empresa para que lo instalara de nuevo.
La energía eléctrica
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El escaso número de casos registrados en la muestra (14) no indica ausencia de soluciones al respecto. Este es explicable por la razón ya expuesta de conseguirla por las “vías de hecho” o contrabando, como la gente lo llama. Barrios que se ubicaban al lado de otros que ya poseían el servicio o a vías públicas con postes de alumbrado, conseguían la luz instalando sobre los postes públicos sus propios cables y alambres. En 1958, la Asamblea de vecinos de San Jorge acordó: “Traer en esfuerzo común y sin permiso de nadie, por la sola voluntad del pueblo, la energía de la avenida trece que está a media cuadra de distancia, si dentro de un plazo prudencial los parceladores y el Distrito no lo han hecho”. Claro que ésta disposición era sólo una medida de presión, ya que en realidad las cuadras aledañas ya habían conseguido el servicio por “esfuerzo propio”. Como la Empresa de Energía se consideraba perjudicada por “los contrabandistas” de luz, ponía a sus carros a recorrer los nuevos barrios tumbando cables y postes instalados clandestinamente. Finalmente, empresa y habitantes terminaban negociando la instalación legal del servicio. Los habitantes del barrio generalmente ponían o costeaban los postes y aportaban cuotas económicas para que la Empresa instalara definitivamente la luz. Por ejemplo, en El Rocío, la gente puso los postes y aportó $304, y la empresa ayudó con el personal para colocarlos. La negociación no siempre fue armónica ya que los barrios pedían el uso de cables desnudos que resultaban mucho más económicos, pero la empresa veía en este tipo de cables la posibilidades de fraudes y planteaba el peligro que representaban por la acción del viento.
Pavimentación y arreglo de vías Tanto en las urbanizaciones piratas como en los barrios de invasión, las calles sólo estaban demarcadas o eran inexistentes. De los 21 casos reseñados, la mayoría fueron realizadas y financiadas por la misma comunidad. En algunos casos se contrataban buldózeres para abrir las calles,; en otros, eran prestados por la Secretaría de Obras, la cual algunas veces facilitaba trabajadores. La mayoría de las veces fueron los mismos habitantes quienes con picas y palas hicieron sus calles.
Al trazado de las calles seguía la construcción de sardineles y andenes, y el recebo, petrolizada o pavimentación. Los sardineles eran construidos por los mismos habitantes con sus propios recursos. En barrios como Suramérica y Santa Inés se realizaron colectivamente, en otros, como San Vicente y San Rafael, cada familia hizo su parte. Como el recebo, la petrolizada y la pavimentación de las vías excedía la capacidad de acción de cada familia, la Junta de Acción Comunal o Comités formados para el efecto lideraban su realización. Negociando con el Distrito o con empresas particulares, los vecinos de cada cuadra debían correr con los costos, bien con el pago de cuotas anticipadas o a través del pago mensual del acueducto y el alcantarillado. La pavimentación de las principales vías del barrio estaba asociada a la consecución de rutas de transporte. Esta era negociada y gestionada por la Junta Comunal con el Distrito y las empresas de buses. Quizás por eso no aparecen reseñadas en la prensa, salvo en casos como en suroriente, cuyo logro implicó conflictos y acciones de presión.
La escuela y los espacios públicos A pesar del afán de lucro de los urbanizadores piratas, en los barrios surgidos durante las décadas del 50 y del 60, dejaban zonas comunitarias donde posteriormente sus pobladores construían el templo, la escuela, el parque y otras obras de interés común. Según los datos obtenidos, después del templo sigue en orden de prioridades la construcción de la escuela, especialmente transcurridos algunos años de vida del barrio, dado que gran parte de los nuevos pobladores son parejas de recién casados o con hijos pequeños. Sólo cuando la población infantil aumenta y son muchos los niños en edad escolar, la escuela se convierte en necesidad urgente. De los 37 casos encontrados, 28 fueron obras iniciadas por los vecinos por iniciativa propia, para luego pedir al Distrito el nombramiento de maestros. Los otros casos eran ampliación de nuevos salones o arreglos locativos. Este trabajo autogestionado era visto con agrado por las autoridades, ya que gracias a él eludían en gran parte su responsabilidad: Hay cosas que a uno le reconfortan la vida, cuando se ven por ejemplo personas que como en el barrio Los Soches solucionan sus problemas con sus recursos... Una señora donó un lote y antes de un mes los vecinos contribuyeron, hicieron su placa en concreto e inauguraron su escuela con habitación para el maestro. La construcción de canchas de fútbol y parques infantiles (21 casos) aglutinaba el interés de los vecinos tanto como el de las escuelas. Bazares,
fiestas, rifas y otras actividades para conseguir fondos aparecen como las acciones más comunes para suplir esta necesidad; prácticas que, a su vez, fortalecen los nexos sociales entre los pobladores del barrio. Las Juntas de Acción Comunal se encargaban generalmente de gestionar la adquisición de recursos estatales y privados para las escuelas y el parque, así como el nombramiento de maestros. En otros casos, el uso de sus padrinos políticos sirvió para conseguir partidas o para incluir el barrio en planes globales: Cuando estaba como presidente Lleras Restrepo supimos que se iban a hacer escuelas de tres pisos en algunos barrios. Entonces nosotros hicimos visitar a nuestro barrio a varios concejales y políticos liberales para que vieran la necesidad y ayudaran... Se les dio su buena comida y se les prometió votos. Después les seguimos enviando memoriales y cartas para recordarles. Cuando salió en la prensa la lista de favorecidos, ahí estaba el nombre de nuestro barrio. Torres Carrillo
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El poder adquirido por las Juntas de Acción Comunal y la necesidad de realizar asambleas y otras reuniones comunitarias hacía ver como necesaria la construcción del salón comunal por los medios ya mencionados, los salones comunales se van construyendo paulatinamente. De un simple salón, con capacidad para albergar de 100 a 500 personas, van convirtiéndose en un centro que ofrece varios servicios como biblioteca, expendio de cocinol, consultorio médico o puesto de policía.
Otras necesidades solucionadas Aunque en la prensa aparecen pocos casos de legalización del barrio, ésta es una tarea prioritaria para sus habitantes, ya que era prerrequisito para conseguir legalmente otros servicios como el acueducto y la energía. Era una tarea menos “visible” que otras, pero no menos importante, como lo reflejan las actas de las sesiones del Concejo, donde aparecen frecuentemente cartas de solicitud de nuevos barrios para ser incluidos dentro del plano de Bogotá. Los concejales padrinos de algunos barrios presentan proyectos de acuerdo en tal sentido. La consecución de radio patrullas se convirtió en necesidad en barrios como Fontibón, Quiroga, Kennedy o Restrepo que, a mediados de los 60, se estaban convirtiendo en centros comerciales que atraían gente de otros barrios, con el consecuente aumento de inseguridad. Por razones similares, radio patrullas fueron adquiridas por las Juntas de Acción Comunal de barrios considerados “peligrosos”, como Santander, Las Cruces y Santafé.
Otras obras conseguidas comunitariamente son la compra de equipos de sonido, parlantes, proyectores de cine y otros objetos usados por la Acción Comunal. Como lo hemos visto, también era común invitar a Concejales, funcionarios y eventuales benefactores a “conocer las necesidades del barrio” y a participar de agasajos, asados y piquetes. Otra estrategia ingeniosa de acceder a recursos, fue la de adecuar el nombre del barrio a las coyunturas políticas. Barrios como San Jorge y Los Cerezos cambiaron varias veces su nombre. Este último, por ejemplo, comenzó llamándose Simón Bolívar; durante la dictadura militar, le pusieron Rojas Pinilla; iniciado el Frente Nacional y nombrado Gaitán Cortés como alcalde, se llamó París Gaitán; hasta llegar al nombre actual. En la década del 70 surgen barrios con el nombre de los mandatarios del momento como Albán Holguín y Pastranita. En otros casos, el nombre de un país o un mandatario extranjero era utilizado para solicitar ayuda en las embajadas. Además de las Juntas Comunales, institucionalizadas en 1958 en el contexto del Frente Nacional, existían otras formas organizativas comunitarias como los Comités de Vecinos y las Juntas de Mejoras, con una estructura similar (presidente, vicepresidente, tesorero) pero sin la exigencia de paridad política de las Juntas Comunales. Paralelamente, la realización de algunas obras específicas implicaba la creación de organismos provisionales para coordinar las acciones encaminadas para ello, como “Junta Pro Servicios”, “Comité Pro templo”, “Junta Pro parque”, etc. Estos comités actuaban, en la mayoría de los casos, bajo la tutela de las Juntas de Acción Comunal existentes o de la Parroquia.
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Estudio de caso: el barrio San Rafael Suroriental
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e ha mostrado cómo las tácticas colectivas emprendidas, por los habitantes de los barrios populares, para lograr servicios generalmente no implicaron conflicto abierto con las autoridades, sino colaboración con ellas y esfuerzos propios. Para tener una idea más precisa de estas formas de “lucha barrial concentrada”, vamos a describir la dinámica interna de un barrio cuyo desarrollo infraestructural se dio en las décadas del 60 y 70 y cuyas características son representativas de lo acaecido en la mayoría de los barrios populares durante el Frente Nacional. La mayor parte de la información contenida en esta parte es extraída del trabajo de grado realizado por Sarita Espitia (1987) para obtener el título de Licenciada en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y dirigido por el autor del libro. Además, se acudió a la mencionada sección de El Espectador Vespertino, a las entrevistas a un exdirigente comunal y a un joven que vivió su infancia y adolescencia en el barrio, durante el período de nuestro estudio.
La ocupación inicial Lo que más tarde sería el barrio San Rafael era desde el siglo pasado una hacienda perteneciente al municipio de Usme. Hasta mediados de siglo, estuvo la hacienda rodeada de otras fincas y comunicada con Usme y Bogotá por caminos de herradura, que en épocas de lluvia se hacían intransitables. Sus pobladores eran arrendatarios que cultivaban “papa, chugua, alverja, habas, maíz, cebollas, etc.; productos que, junto con leña, vendían en el mercado de Usme o en Bogotá”. El inicio de la construcción de la carretera a Villavicencio, en 1925, comunicó esta zona suroriental con Bogotá, dando nacimiento a poblados en su alrededor, que a la larga se convertirían en barrios separados entre sí por inmensos potreros, cultivados de papa o sembrados con eucalipto. Incluso, se conservaron hasta la década del 80 algunos bosques con vegetación andina natural.
Desde la década del 30, se nota un gran interés de los dueños de las fincas -casi siempre ausentes- por parcelar y vender. Estas propiedades cambian de dueño rápidamente hasta mediados de siglo, época en que nacen varios barrios. La Hacienda San Rafael pasó, entre 1931 y 1948, por siete dueños. Según Espitia (1987: 17), esta movilidad de la propiedad tuvo que ver con las medidas agrarias tomadas durante la Revolución en Marcha, que desfavorecían a aquellos propietarios que no dieran uso útil a sus terrenos. El 17 de mayo de 1948, la Hacienda San Rafael es comprada por Ramón Vargas Sicard, quien la parcela en lotes de 440 a 1100 varas cuadradas. Entre ese año y 1961, los compradores, en su mayoría, no se trasladan a vivir allí sino que subdividen las parcelas en lotes que sí empiezan a poblarse aceleradamente a lo largo de la década del 60. La mayoría de los nuevos pobladores eran migrantes de Bogotá, Tolima, Cundinamarca y el piedemonte de los Llanos Orientales, quienes antes habían sido inquilinos en barrios como Las Cruces, Resurrección, Las Ferias, Fátima, Santa Inés y otros barrios de Suroriente. Llegaron atraídos por el precio de la tierra, comparativamente barato con relación al precio de los predios dentro del perímetro urbano, y también porque el tamaño de los lotes permitía sembrar plantas y criar animales. Otros lo veían como inversión futura: Yo aún estaba soltero cuando compré el lote. Como me había ganado una plata en un negocio, y como en ese entonces los pobres no teníamos posibilidad de abrir cuenta en los bancos, me compré el lote para no gastarme la plata. Cuando me casé e íbamos tener el primer muchachito decidimos pasarnos y edificarlo.
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Las casas fueron construyéndose paulatinamente con el trabajo de toda la familia, siguiendo más o menos las etapas señaladas en el capítulo anterior. Claro que, en este barrio, aún ahora, juega un papel clave el cultivo de hortalizas y la cría de animales. En los primeros años de ocupación sus habitantes se sentían muy bien, no sólo por poseer su casa propia sino también porque el ambiente de la zona era muy parecido al de sus zonas de origen: “aire puro, amplitud -al encontrarse entre fincas y con las casas dispersas-, los niños tenían espacios para jugar, etc.” (Espitia, 1987: 23). Las señoras no tenían que compartir la cocina, como en los inquilinatos, y podían dedicarse a cuidar los cultivos y los animales, que a la larga beneficiaban a la economía hogareña.
La consecución de servicios Incorporado al área urbana por el Acuerdo 05 de 1959 y por la creación de la Junta de Acción Comunal en 1960, el barrio tenía la posibilidad de exigir la instalación de los servicios públicos. Sin embargo, en un primer momento la carencia absoluta de servicios no fue traumática para sus habitantes. Como lo mencionamos
antes, estaban acostumbrados a carecer de ellos en el campo y su suministro era insuficiente en los inquilinatos. Por eso, recorrer grandes distancias para traer agua, cargar mercados pesados desde largas distancias, hacer aljibes y usar velas para alumbrarse fueron prácticas asumidas como “normales”, al igual que trabajar en comunidad para solucionar algunos de estos problemas colectivos. El agua fue inicialmente conseguida en los chorros y caños que lo atravesaban y en los algibes construidos. Cuando la población creció y nacieron otros barrios, el agua natural empezó a escasear y a contaminarse por la instalación de letrinas. Frente a esto, cada familia tenía que cargar agua desde el Gran Yomasa, ubicado 7 kilómetros arriba del barrio, o destapar zanjas en la finca vecina de propiedad de don Cayetano Vargas: Los hombres del barrio hicimos unas pocetas y por la noche íbamos a la finca de don Cayetano Vargas y destapábamos las zanjas para que el agua corriera hasta las pocetas. Para soportar el frío de la noche nuestras mujeres y otros vecinos llevaban tinto o trago. Torres Carrillo
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Para el lavado de ropas se acudía a una finca vecina, donde les daban permiso para usar una quebrada e incluso, algunas veces, les pasaban tinto a las lavanderas. En 1965, la CAR elaboró un proyecto para instalar agua domiciliaria en el barrio, tomándola de la finca del ya mencionado Cayetano Vargas. Este plan no se llevó a cabo porque aún no estaban vendidos ni ocupados todos los lotes y, además, la entidad consideró que este servicio debía ser asumido por los urbanizadores. Por lo anterior, sólo hasta 1970 el barrio obtuvo agua a domicilio, luego de haber enviado desde 1960 cientos de cartas y memoriales al alcalde y al Concejo de Bogotá. La luz eléctrica fue conseguida en 1967 por la presión creada por la unión de varios barrios liderados por don Jesús Rueda. Para el caso de San Rafael, la Junta de Acción Comunal logró un préstamo del Fondo Rotatorio por $1’001.150 que después debía pagar la comunidad. Aunque el préstamo había sido aprobado dos años antes, la ausencia de nomenclatura demoró su desembolso. Según el joven entrevistado, la llegada de la luz al barrio fue muy importante, ya que ahora los escolares podían hacer sus tareas en la noche, se generalizó el uso de radios y otros electrodomésticos y se evitó la inseguridad. El Alcantarillado fue construido colectivamente. Primero, se hicieron zanjas para que circularan las aguas negras. Luego, compraron entre todos los tubos y los instalaron con escasa ayuda de la Empresa de Alcantarillado. Para trasladarse del barrio a Bogotá se caminaban varios kilómetros o, en contadas ocasiones, eran transportados por las flotas que iban o venían de Villavicencio. La Unión de Barrios del Suroriente, antes mencionada, logró que la Empresa Distrital de Transporte mandara algunos buses que subían tres veces al día.
El servicio fue desmejorando poco a poco hasta desaparecer, en proporción inversa al aumento poblacional del barrio San Rafael y de sus vecinos. Aunque la demanda era grande, la pendiente era muy inclinada. Empresas como Sidauto, en 1964, y Continental, en 1966, abrieron rutas que volvían a acabarse porque los buses se desgastaban rápidamente. A pesar de que fueron quedando varias rutas, el problema del transporte se ha mantenido en el sector, originando incluso desde 1973 acciones de hecho como cierre de vías, pedreas e incendio de automotores. Estos casos conflictivos los estudiaremos en el capítulo siguiente.
La escuela, la salud y la recreación La construcción de la escuela concentró la atención de los habitantes de San Rafael Suroriental durante varios años: Hasta 1960 la escuela funcionó en la casa del señor Cárdenas, la maestra era nombrada por el Distrito y a ella sola le tocaba dictar primero y segundo de primaria. Ella vivía en el centro y se venía todos los días en los buses de Cervecería Alemana. Para la construcción del primer salón se combinó la realización de bazares con el trabajo colectivo. Con una maquina “sinbarrán” construían los propios ladrillos de bloque y mezclaban doce partes de tierra con una de cemento, que luego de comprimirlos con la maquina eran dejados diez días bajo la sombra. Los otros materiales fueron conseguidos con dos bazares y una fiesta. Los habitantes también colocaban la mano de obra. Según El Espectador (Vespertino), el Distrito prestó la maquina. Terminada esta labor en 1961, el Distrito mandó dos nuevos profesores. A medida que aumentaba la población se fueron construyendo más salones y ampliando la cobertura hasta quinto de primaria. Hasta 1970 la escuela daba cabida no solo a los niños del barrio, sino también a algunos aledaños como Juan Rey. Los entrevistados manifestaban no haber sufrido mucho por la escasez de Centros de Salud, ya que se conservaban algunas prácticas medicinales rurales como el uso de plantas y la vista de yerbateros que iban al barrio. Expresiones tales como “casi nunca me enfermaba” no necesariamente muestran una buena calidad de salud sino un problema no “sentido”, ya que era asumido desde tácticas tradicionales. Solamente en casos muy graves acudían al Hospital San Juan de Dios o a la Misericordia, pero lo más frecuente era que las personas ancianas murieran sin recibir tratamiento médico. Aunque en la prensa informaron con gran despliegue la realización de un Programa de Restauración, impulsado por la
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oficina de Acción Comunal y la Misión Care, que comprendía atención medica, campaña de alfabetización y repartición de alimentos, las personas entrevistadas no recuerdan este hecho. En 1961, se acordó en una reunión de vecinos conseguir un medico que no cobrase y que las maestras repartiesen la leche, comisionando a una madre de familia para que la preparara semanalmente. Como no se consiguió médico gratuito, se estableció una especie de consultorio médico en la escuela que funcionaba los domingos o dos veces por semana pagándole al medico $400 mensuales. Pero la gente no asistía y era muy difícil recolectar el pago. Como en otros barrios, esporádicamente venían brigadas medicas que atendían enfermos, regalaban medicina y hacían charlas sobre salud y nutrición, pero su carácter puntual no solucionaba el problema. En los años 60, los parques eran prácticamente desconocidos por los niños del barrio. Estos se entretenían en la calle con juegos como saltar lazo, “soldado libertador” y balón. También, yendo a la quebrada, a los bosques, haciendo figuras de greda o realizando competencias. Los adolescentes escuchaban música, radionovelas y series como Kaliman; y, de vez en cuando, hacían fiestas. Los hombres adultos, los fines de semana, combinaban el trabajo de autoconstrucción y las jornadas de trabajo comunal con el tejo y las “tomadas de cerveza”, espacios donde conversaban con otros vecinos sobre la situación del barrio. El tema político se discutía poco, según dan cuenta los entrevistados por Sarita Espitia, y el entrevistado por el autor. Nunca este tema fue motivo de enfrentamientos personales, aunque en la Acción Comunal se exigía paridad en los cargos.
La religiosidad y la política Un hecho que llama la atención en San Rafael es la importancia del aspecto religioso para la vida del barrio, situación similar a la de la mayoría de los barrios bogotanos de la época. En las casas era frecuente la rezada del rosario y la existencia de imágenes de santos a los que se les colocaban “veladoras” y se les pedía protección y ayuda. La misa dominical era socialmente obligatoria y muchos esfuerzos se centraron en la construcción de la Capilla. A pesar de las dificultades económicas, los feligreses recolectaban dinero para pagar el taxi, el desayuno y los estipendios de los sacerdotes que iban a dar la misa. Con la plata que sobraba se compraban voladores que indicaban el comienzo de la eucaristía. En época de navidad, cada familia y el barrio en su conjunto elaboraban devotamente su pesebre, y, en algunas ocasiones, daban albergue en sus casas a misioneros que iban a “evangelizarlos”. Los religiosos, además de oficiar misas, organizaban reuniones con los diferentes grupos de población (señores, señoras, hombres y mujeres solteros, jóvenes, niños), hacían primeras comuniones y formalizaban uniones de hecho.
Mencionábamos cómo para el habitante común y corriente el tema político era evitado en las conversaciones entre vecinos. Esto se debe a que quienes concentraron el rol político en el barrio fueron los dirigentes de la Junta de Acción Comunal, que en general fueron las mismas personas durante los primeros doce años de vida barrial. Estos dirigentes buscaban apadrinarse de algún político, al que invitaban a visitar al barrio para que observara las necesidades y ofreciera partidas presupuestales. Ordinariamente, se organizaban “piquetes” o asados para ofrecer a los visitantes. El desinterés de los vecinos por participar en las directivas comunales afianzaba la autoridad de los tradicionales dirigentes comunales, como don Manuel García, Samuel Rincón, Vicente Moque, Drigelio Pardo, Hernando Moque y Carmen Peralta. Nótese también que, a pesar de ser las mujeres vitales en la dinámica cotidiana del barrio, su participación en las directivas comunales es mínima. En los años 70, se crearon comités de la ANAPO y el barrio participó de este proceso, así como de los bloqueos de vías que se iniciaron en esa década para presionar la mejora del transporte, pero con menor ‘beligerancia” que barrios vecinos como El Quindío y Altamira. Entrevistado un dirigente comunal sobre los logros de la Junta de Acción Comunal durante 1960 y 1974, mencionó los siguientes:
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• Ayuda para las aperturas de las calles entre 1960 y 1963. • Legalizar los planos del barrio e incorporación de éste al plano de Bogotá. Lograr la nomenclatura de las viviendas (1964). • Una máquina para hacer bloques con la que se hizo el primer salón de la escuela. • Instalar la luz eléctrica en 1967. • Organizar bazares, fiestas y visitas a los políticos para recolectar fondos para el barrio y sus obras. • Realizar recolectas en casos de calamidades domésticas o muerte de vecinos de bajos recursos. Nótese cómo el dirigente comunal destaca como tareas exclusivas de la Junta, obras que han contado con el respaldo efectivo de los vecinos, o que se han conseguido por la acción conjunta con otros barrios. Del mismo modo, la mayor parte de las obras se realizaron en los primeros siete años de la vida del barrio, disminuyendo el ritmo de consecuciones a medida que el barrio se consolida.
Los intentos asociativos
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comienzos del Frente Nacional se dieron algunas tentativas de unión por parte de las organizaciones barriales, como medio para negociar con mayor fuerza con el Estado. Las de mayor dinamismo fueron la Federación de Barrios del Sur y la Junta de Barrios de Suroriente.
La Federación de Barrios del Sur Torres Carrillo
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Este movimiento se originó en Altamira a mediados de 1958; la Junta de Mejoras de ese barrio concibió la idea, como lo expresa Jesús Rueda, vicepresidente de la nueva federación: Muchísimas gestiones se hicieron para lograr en forma aislada los servicios de transporte, agua, luz, escuelas, alcantarillado, teléfono y demás indispensables para llevar una vida de seres humanos... Todo hasta el momento ha sido inútil, por eso impulsamos esta unión de juntas. En junio del mismo año se realizó la segunda asamblea en el barrio San Jorge con la participación, entre otros, de Altamira, San Pedro, San José, Los Alpes, La Victoria, Bello Horizonte, La Cabaña, Yomasa y Marco Fidel Suárez. En dicha reunión se concluyó: “que los parceladores aporten la mitad del valor de los servicios públicos para los barrios clandestinos y la otra mitad por cuenta del Distrito”. En el mismo mes se realizó otra reunión en el barrio Boyacá y el 6 de julio hubo un nuevo encuentro en El Rocío. De igual modo, en 1959, se realizan asambleas en varios barrios del sur, e incluso llegan a invitar a las Juntas de Acción Comunal para que se unan. Sin embargo, es en noviembre de 1960 cuando explicitan su plataforma en una carta enviada al Concejo de Bogotá, donde plantean 20 peticiones: l. Construcción de centros escolares en los barrios que carecen de ellos. 2. Dotación a todos los barrios de agua, energía eléctrica y alcantarillado. 3. Incorporar al Plan General de Bogotá a todos los barrios. 4. Prohibición de urbanizaciones piratas. 5. Planificación del transporte urbano.
6. Fundación de cooperativas comunales. 7. Revisión del impuesto de pavimento 8. Crear más Comités en las Juntas de Acción Comunal y aumentar el Comité Directivo a 8 miembros. 9. Fundación de restaurantes populares 10. Ampliación de la cuadrilla de obreros al servicio de la Acción Comunal. 11. Camioneta con autoparlantes para la dirección de la Acción Comunal. 12. Creación de la universidad de la Acción Comunal. 13. Delimitar las zonas de tolerancia de la ciudad. 14. Canalización de ríos de aguas negras. 15. Construcción y dotación de Centros de Higiene. 16. Creación de Oficina de Acción Comunal en empresas descentralizadas de Bogotá. 17. Cumplimiento de Acuerdos del Concejo que beneficien barrios. 18. Construcción de plazas de mercado higiénicas. 19. Dotación de teléfonos y agentes en las Inspecciones de Policía. 20. Cambio de nomenclatura en el sur. Esta larga lista de peticiones refleja la infinidad de problemas que padecían los barrios asociados, pero también la mezcla de los intereses de los pobladores con los de las Juntas de Acción Comunal y con los de las organizaciones distritales encargados de promocionarlas. Además, ese abanico tan amplio de solicitudes quitaba capacidad de negociación real, quedando sólo en un plano declarativo la fuerza de la Asociación de Juntas del Sur. Este carácter se va a conservar a lo largo de los siguientes años, cuando se pronuncia contra las alzas de tarifas de recolección de basuras en 1961, contra el alza de la gasolina en 1962, por la incorporación de los barrios a los planes distritales de servicios en 1963 o contra el alza de buses en 1965. Desde 1963 la Asociación apareció realizando actividades de aseo y obras comunales en asociación con la Cuadrilla de Trabajadores del Departamento de Acción Comunal y enviando un delegado a la Dirección Nacional de Acción Comunal. Todavía en 1965, la Asociación exigió “que se tomen medidas contra las invasiones de terrenos de propiedad particular”. Pero de ese año en adelante las apariciones públicas disminuyen hasta dejar de existir en 1969, cuando ya totalmente integrada al aparato institucional llega a autodeclararse de tendencia liberal. Como vemos, esta valiosa oportunidad de organización comunal de segundo grado fue absorbida por el establecimiento con la complacencia de sus dirigentes, que ya venían acostumbrados a buscar la confianza y el agrado del Estado para conseguir el apoyo para sus comunidades. Estas no estuvieron al tanto de las actividades “asociacionistas” de sus líderes, como lo muestra el desconocimiento de la “Asociación de los Barrios del Sur” por parte de casi todos los entrevistados. Sólo el dirigente comunal de La Victoria y el de Marco Fidel Suárez se acordaban de tal federación, pero no tenía para ellos en la actualidad mucha importancia.
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La Junta Pro defensa de barrios de Suroriente Nace un año después que la anterior, pero con mayores indicativos de beligerancia epistolar. En noviembre de 1959 envían carta al Concejo pidiendo derogar el Acuerdo 85 de 1959 que declaraba 10 barrios del centro oriente “como de utilidad pública e interés social y ordenar su expropiación de conformidad con la ley”. Al año siguiente envían una carta al Concejo donde le solicitan:
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1. Red de acueducto. 2. Obligar a urbanizadores a entregar planos al Distrito 3. Ampliar las calles de uso público. 4. Obligar a urbanizadores a realizar obras públicas. 5. Construcción de escuelas, dado que la población infantil es muy alta. 6. Construcción de Centro de Higiene. 7. Inspección de Policía. 8. Prolongación de rutas de transporte hasta el kilómetro 5 a oriente. 9. Que vuelvan a establecerse jueves, sábados o domingos culturales. 10. Préstamo de máquinas para arreglar vías. 11. Placas con nomenclatura en las casas. Simultáneamente, le enviaban una carta al presidente Lleras Camargo donde presentan sus problemas en los siguientes términos: Estos barrios donde verdaderamente se carece de todo servicio, tanto religioso como higiénico, agua, luz, vigilancia, alcantarillado, nomenclatura, en una palabra, todo... en particular el transporte, el cual es para todos el pan de cada día puesto que de él depende nuestra llegada al trabajo, motivo por el cual tenemos que emprender caminadas hasta llegar hasta el paradero más próximo que queda a 5 kilómetros de nuestro barrio. Como las respuestas no llegaban, arreciaron en memoriales y cartas, en los próximos meses, al alcalde, al gerente de las empresas de buses y hasta al Ministro de Obras proclamando el problema del transporte. Era tal la indiferencia de la administración a las solicitudes de los barrios surorientales que, en 1962, aún escribía el presidente de la Junta de Acción Comunal de San José: Hoy como hace diez años, los numerosos habitantes de los barrios surorientales, volvemos a clamar ante las autoridades distritales, quienes durante este larguísimo tiempo no han logrado curarse crónica sordera, que para mal de nosotros padecen: que se nos haga
conceder por cualquier medio la tan solicitada y fácil prolongación del servicio de buses, para no tener que caminar al amanecer los 7 kilómetros que nos distancian del perímetro donde están las empresas donde trabajamos... ¿Por qué no se ha accedido a tan repetidas solicitudes de estos sufridos 14 barrios surorientales? El tono de las comunicaciones dirigidas a las autoridades por parte de otros barrios vecinos era más radical, como ésta dirigida por habitantes de Los Alpes, San Vicente Suroriental, Bellavista y San Rafael al alcalde: La resolución de las Juntas Comunales del sector de organizar un paro cívico para fines de la presente semana en vista de que se han agotado por las vías normales todos los recursos para conseguir el establecimiento del servicio de buses a esta zona de la ciudad... los vecinos están dispuestos a bloquear las vías de acceso hasta tanto no se resuelva en forma favorable la situación. Aunque estas amenazas no se hicieron efectivas a pesar del incumplimiento del Estado, nos parecen claves, ya que muestran plena conciencia del valor estratégico de la vía de entrada de los Llanos Orientales que provee de carne y otros productos agrícolas a Bogotá. Al año siguiente, las Juntas de Suroriente proponen la unión a la Federación de Barrios del Sur. Tal unión no se lleva a cabo, pero sí empieza a darse un acercamiento entre sus formas de acción y su carácter. Disminuye el anuncio de paros cívicos y en cambio empiezan a enviarse cartas y asambleas de apoyo al alcalde Gaitán Cortés (1964). Más adelante, la creación de cinco nuevas rutas para la zona contribuye a acercar aún más a los líderes de suroriente con el establecimiento. En 1965, el alcalde visita la zona y las Juntas aplauden la condena a invasiones. En Marzo del mismo año, le entregan al burgomaestre medalla y diploma de agradecimiento, y desde 1966 no vuelve a tenerse noticia de la Junta. El anuncio de construcción de la Avenida de Los Cerros va a generar nuevos intentos asociativos pero ya de otro carácter, más independiente e incluso contrario a la administración distrital. En dicha zona, desde 1973, también se generalizarán formas de acción más beligerantes, como el bloqueo de vías y el enfrentamiento directo con la fuerza pública; acciones que serán estudiadas en el siguiente capítulo. En la prensa se reseñan, entre 1963 y 1968, otros intentos de asociación entre los barrios del norte, los de suroccidente y los del centro de la ciudad, pero al parecer su duración fue efímera y su actuación pública escasa o nula.
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Etapas y rasgos de la colonización urbana
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eflexionaba cómo los elementos populares de Bogotá toman con gran paciencia y con un estoicismo admirable la presentación, el cuadro de sus necesidades y la solución de las misma. En la Costa Atlántica la gente reaccionó en una forma beligerante, agresiva, pugnaz, casi dramática... Si en Bogotá, con ese potencial humano tuviese este espíritu sería muy doloroso para nosotros ver cómo sobre la cabeza de nuestros hogares caería toda la ira popular, justiciera y precisa para pedirle al Frente Nacional cuenta exacta del desgobierno y del descrédito con que están tratando los asuntos de interés público. Con las anteriores palabras, un concejal expresaba, en 1964, su admiración por la tendencia predominante en la conformación del espacio urbano por parte de los sectores populares bogotanos: su paulatino y pacífico acceso a los bienes colectivos que ofrecía la ciudad, evitando la confrontación abierta con otros agentes sociales urbanos y el Estado. Si bien es cierto que el exagerado crecimiento demográfico y la proliferación de barrios populares en Bogotá desde la década del 50 y la pauperización de sus habitantes son resultado del proceso de acumulación dependiente de nuestro capitalismo, las contradicciones sociales en el campo urbano tendieron a resolverse durante el lapso de nuestro estudio por la vía concertada y sólo excepcionalmente tuvieron una manifestación abierta. ¿Cómo explicar esta paciente adecuación de las ocupaciones populares a la estructura urbana capitalina, que contrasta con la intensidad de luchas sociales en otras ciudades latinoamericanas para la misma época? Quizás el seguimiento de las grandes etapas que caracterizaron la evolución “normal” de los barrios bogotanos nos permita responder este interrogante. Sin pretender desconocer las particularidades de los procesos experimentados en cada asentamiento, encontramos algunos rasgos comunes en las tácticas familiares y colectivas asumidas por sus pobladores a lo largo de la historia de los barrios estudiados. Ubicados en la periferia urbana y rodeados de terrenos urbanos, en la mayoría de los casos, los barrios fueron ocupados inicialmente por escasas familias dispersas espacial y socialmente. En esta fase inicial, cada familia procura solucionar los problemas surgidos por la inexistencia o insuficiencia de
servicios públicos por “su propia cuenta”, generalmente sin acudir al conjunto de los vecinos, ni mucho menos, al Estado. Los nuevos propietarios no se representan a sí mismos como “miserables”, ya que su nueva situación, aunque desventajosa en comparación a la de otros barrios ya consolidados y a la de otros estratos sociales, es la mejor que han tenido en la ciudad y cualitativamente superior a la que habían vivido en el campo. La deficiencia de servicios públicos ya ha sido experimentada tanto en el inquilinato como en el campo. En el lote y en el rancho propio también se evitan los problemas propios de convivir con otras familias en una misma casa y se experimenta una relativa seguridad contra la violencia rural. A esto se suma que las estrategias que hemos mencionado para resolver sus problemas, como la realización de bazares, fiestas, etc., implican financiación y aporte de mano de obra voluntaria. En unos casos el aporte económico es directo, a través de cuotas voluntarias o fijas; en otro,s, es indirecta con los aportes y las compras en las festividades. Por lo común, estas modalidades no eran incompatibles, sino que se combinaban alrededor de una actividad como los bazares: Lo que más hacían acá era bazares: bazares para la iglesia, bazares para el arreglo de calles, bazares para la escuela, bazares para todo. Pero aunque nos tocaba trabajar harto, no nos aburríamos ya que era muy divertido: se preparaban comidas por colonias, había reinados infantiles, bailes, rifa de animales y concursos…. A estas prácticas que rememoraban las fiestas campesinas, los dirigentes comunales sumaban la presión cordial al Concejo y la Alcaldía. Esta presión epistolar era, en la mayoría de los casos, conciliadora. Eran poco frecuentes cartas o memoriales perentorios como el enviado por habitantes del Bravo Páez. Los vecinos hemos decidido incurrir a la medida extrema de abstenemos a concurrir a las elecciones próximas si el problema de la energía eléctrica no es solucionado. Al ir aumentando la densidad poblacional en el barrio, surgen nuevos problemas. La vivencia colectiva de situaciones nuevas, cuya solución excede los marcos de acción familiar, plantea la necesidad de sumar esfuerzos. La lenta construcción de las viviendas y la organización espacial en su conjunto plantea nuevos retos que deben ser asumidos como “barrio”: adecuar la entrada al barrio, construir las redes de acueducto y alcantarillado, levantar el alumbrado público y energía eléctrica para todo el sector ocupado y, por supuesto, edificar la capilla o el templo. En esta segunda fase, y ante las metas propuestas, se renuevan o se crean lazos de solidaridad grupal (compadrazgo, vecindad, padrinazgo, etc.)
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que se cristalizan en formas organizativas más o menos estables, como Juntas de Vecinos, Comités de Mejoras y, en especial, Juntas de Acción Comunal. Según Vargas (1985: 47), en la medida en que se constituye como unidad urbana, “el barrio tiende a introvertirse desde el punto de vista espacial y social. Es la época de mayor cohesión y de consolidación del tejido social básico”. En esta etapa, que puede prolongarse durante varios años, se va estableciendo “una malla de relaciones” que se refuerza en la lucha por la consecución de servicios públicos. Esta relevancia de la iniciativa de los pobladores y el afianzamiento de lazos de solidaridad interna, se expresa en la realización de actividades colectivas para reunir fondos y de jornadas de trabajo comunitario. Janssen denomina este predominio de formas de auxilio mutuo como “comunalismo”, al que atribuye un carácter “emancipador” que va a contrastar con la posterior “dependencia” de las instituciones del Estado (asistencialismo), a la que atribuye un sentido integrador al sistema social (Janssen, 1984: |120). Esta caracterización que separa tajantemente un momento “emancipador” y otro de subordinación al establecimiento, que puede aceptarse para el barrio estudiado por Janssen -una invasión posteriormente “invadida” por instituciones asistencialistas-, no es adecuada para periodizar la dinámica de la mayoría de barrios populares Bogotanos. Al fundarse más allá de la frontera urbana e institucional, el barrio permite la vigencia o la emergencia de prácticas que, al mismo tiempo que posibilitan la incorporación no conflictiva a la estructura urbana, expresan la constitución de una nueva identidad social, la del poblador popular urbano como sujeto social que conquista su lugar en la ciudad. Así, coexisten con mayor o menor intensidad formas de trabajo colectivo, con relaciones de clientela con el Estado y con los partidos políticos, y lazos paternalistas con éstos y otras instituciones privadas. En determinadas coyunturas sobresalen los esfuerzos colectivos y en otras, la buena amistad con el Estado; pero sería falso creer que en el primer caso los pobladores están impugnando el orden establecido y en el otro son cómplices ingenuos del mismo. La coexistencia de ambas modalidades no es sentida como contradictoria sino como una estrategia complementaria por parte de los dirigentes comunales y de sus bases. Más bien, expresan la supervivencia de tradiciones culturales experimentadas con éxito en ocasiones anteriores a la convivencia en el barrio y una mentalidad pragmática que busca obtener el máximo beneficio con los mínimos costos y riesgos. El origen rural de casi todos los nuevos habitantes de los barrios les ha permitido incorporar en su mentalidad la eficacia del trabajo cooperativo en determinadas labores agrícolas y sociales. Del mismo modo, buena parte del acendrado “legalismo” de las luchas barriales tiene sus antecedentes en las protestas de colonos, campesinos e indígenas en su lucha contra terratenientes. Por lo anterior, no es casualidad que muchos habitantes de los barrios se consideren a sí mismos como “colonos”.
Así lo confirman algunos testimonios presentados en la prensa, en el libro de Janssen (1984: 95) y varios de nuestros entrevistados. Estos manifestaban la convicción de haber “tumbado monte”, adecuado áreas inhabitables y construido por su propio esfuerzo la infraestructura que las integró al conjunto urbano. La búsqueda de buenas relaciones con el Estado, administrador y responsable del equipamiento colectivo, no puede ser explicada por una dominación ideológica sobre los pobladores, sino más bien por una mentalidad práctica que mide las ventajas que trae para el barrio. La escasa o nula experiencia en conflictos con el Estado en otras esferas y la conciencia de su situación desventajosa frente a su poderío alejan la posibilidad de recurrir al enfrentamiento abierto. Como veremos en el capítulo II, cuando esto se presenta es porque ya se han agotado todos los caminos negociados posibles. La llegada a la ciudad significó para muchos la forma de refugiarse de la violencia padecida en el campo y una manera de evitar las conflictos propios de la vida en un inquilinato, a los que ya nos hemos referido. Una mezcla del miedo a las represalias que pueda generar una confrontación y la búsqueda de tranquilidad en su propia casa, constituyen factores subjetivos que marcaron el comportamiento paciente de la primera generación de pobladores de los barrios que surgieron durante el Frente Nacional. En la tercera fase, donde se consolida la infraestructura de servicios definitiva del barrio, se hace más evidente la búsqueda de buenas relaciones con el Estado y los políticos. En la medida en que se van consiguiendo los servicios públicos básicos y la construcción de las casas llega a su etapa final, se van distensionando los lazos de solidaridad entre vecinos y desplazándose la iniciativa de gestión hacia las Juntas. Estas van concentrando la capacidad decisoria dentro del barrio y las relaciones hacia afuera.. Sus miembros son reelegidos durante varios períodos y el resto de vecinos se “desentiende” de su gestión. En los barrios estudiados, los dirigentes comunales fueron prácticamente los mismos durante todo el Frente Nacional. Del mismo modo, quienes no habían participado en la junta tampoco estaban interesados en hacerlo, alegando falta de tiempo, cualidades insuficientes para manejar la comunidad o carencia de relaciones estratégicas con políticos y funcionarios públicos. En esta etapa de consolidación barrial, las obras impulsadas por la junta reflejan la existencia de nuevas necesidades socioculturales generadas por la presencia de población infantil y juvenil en aumento y por el estatus dado por la estabilidad económica de los propietarios: construcción de escuela, parque infantil y salón comunal, pavimentación de todas las calles y demás obras comunitarias. La búsqueda de ayuda económica proveniente de concejales y políticos y el apoyo de funcionarios de entidades encargadas de prestar estos servicios a nivel distrital contribuyen a consolidar relaciones de clientela entre éstos y las Juntas Comunales. Sus miembros fueron desarrollando una mentalidad
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pragmática que desbordaba sus afinidades partidistas. En efecto, políticos de las más diversas posiciones son llevados a visitar el barrio “para comprometerlos” a cambio de la promesa de un apoyo electoral. Esta generalizada práctica, utilizada por la dirigencia comunal con las instituciones controladas por las clases dominantes, era vista por el secretario de obras públicas del Distrito, en 1967, de la siguiente manera: Hay muchas Juntas de Acción Comunal que se limitan a pedir, sin comprender que su labor implica una acción efectiva de los socios. Con tanto pedir están actuando con una mentalidad paternalista de servir de intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno; son algo así como grupos de presión.
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Desde el punto de vista de los demás habitantes de los barrios, el “intercambio de servicios” impulsado por sus dirigentes locales con la clase política es visto como un benéfico para el barrio. Así duden de la honradez “del manejo de los dineros recibidos”, este “intercambio” es visto como una manera de “progreso” del barrio, sin implicar mucho esfuerzo de su parte y sin generar conflictos. Vemos cómo, a diferencia de lo que un observador actual pueda esperar, los pobladores de los barrios que nacieron o se consolidaron durante los años 60 consideran “una conquista social” su incorporación paulatina, autogestionada y negociada con el Estado a la ciudad. Era la vía que, desde su perspectiva, podría garantizarles el acceso a los servicios de la vida urbana sin arriesgar su estabilidad social. Esta estrategia generalizada de alcanzar reivindicaciones colectivas sin acudir al enfrentamiento manifiesto con el Estado fue abandonada en ocasiones. Sus formas, motivos, resultados y significados serán analizados en los dos capítulos siguientes.
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En imágenes
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FUENTE: Tomado de www.cartelurbano.com/node/3815
a La invasión de terrenos
Presentación
S
i bien es cierto que la tendencia más generalizada durante el Frente Nacional fue la incorporación no conflictiva de los barrios populares a la estructura urbana de Bogotá, también fue este período en el que se dio el mayor número de acciones abiertamente conflictivas en la lucha de sus habitantes por el derecho a la ciudad. Ni antes de dicho periodo, ni después, la capital había protagonizado tal cantidad de invasiones de terrenos. En contraste con décadas anteriores, a partir de 1960 los periódicos capitalinos empiezan a registrar diversos casos de prácticas populares que contravenían el orden urbano establecido: invasiones de predios urbanos, acciones directas y movilizaciones ligadas a la demanda de servicios públicos o contra medidas gubernamentales que perjudicaban los barrios. Este nuevo fenómeno ha llevado a quienes se han ocupado de la historia social contemporánea de nuestro país a considerar la década del 60 como el período de mayor combatividad en las luchas populares urbanas. Según Sáenz, éstas no sólo registraron un notable aumento cuantitativo, sino que experimentaron un cambio cualitativo que marca una nueva etapa en el movimiento popular urbano en Colombia (Mosquera, 1981; Sáenz, 1985). En lo que se refiere a ocupación de terrenos por la vía de hecho, es durante este lapso cuando se realizan la mayoría de invasiones exitosas en toda la historia de la ciudad y cuando surge la organización de destechados de mayor cobertura y tradición de lucha por la vivienda en el país: la Central Nacional Provivienda, orientada por el Partido Comunista. En el primer capítulo mencionábamos cómo el peso cuantitativo de las invasiones es insignificante en relación con la ocupación negociada de terrenos de las urbanizaciones piratas. Sin embargo, esta forma de acceder al suelo urbano, por su nivel de organización, su conflictividad y la reacción represiva que genera por parte del Estado, merece ser analizada en detalle. Tal será el objeto del presente capítulo, dejando para el siguiente las otras formas de protesta y descontento manifiesto que se dieron durante nuestro período estudio.
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La magnitud de las invasiones
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asta 1960 Bogotá no conocía casos de invasiones masivas de terrenos particulares o estatales, sólo existían algunas ocupaciones espontáneas y aisladas, protagonizadas por una o dos familias y en terrenos de barrios ya constituidos o en las escarpadas laderas del centro y nororiente de la ciudad. Estas ocupaciones particulares no constituían un problema de orden público ni representaban peligro para la gran propiedad privada urbana. Torres Carrillo
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En abril de 1961, la noticia sobre la invasión de lo que posteriormente sería el barrio Las Colinas sorprendió a la ciudadanía y a las autoridades, que comenzaron aplicando la vía punitiva para solucionar el problema. En enero de 1962, el Instituto de Crédito Territorial emitió un comunicado enumerando las sanciones para quienes participaran directa o indirectamente en una invasión. l. Imposibilidad de hacer solicitudes de vivienda a esta entidad durante 10 años. 2. Ser incluidos en una “lista de invasores”, a fin de asegurar el cumplimiento de la disposición anterior. 3. Dar plazo a los actuales invasores hasta el 20 de marzo para retirarse. 4. Facultar al gerente para tomar las determinaciones necesarias. Las medidas punitivas no tuvieron pleno éxito y, para 1964, el periódico El Espectador mostraba alarmado cómo el problema crecía: Ya que se han presentado últimamente en los terrenos aledaños a los barrios residenciales por gentes pobres que han resuelto tomarse a mano fuerte los terrenos ya bien sea del gobierno, de entidades oficiales o de particulares. Dos meses después, un informe especial basado en la investigación de Pablo Torres (4) mostraba la existencia de 7 invasiones, 3 de las cuales habían aparecido ese mismo año: El Rocío, El Dorado y Quindío. También se hace alusión a una organización “que lucha por la causa de los destechados” y que tenía un plan nacional “cuidadosamente preparado”. El fantasma de los “planes de invasión” va a aparecer repetidas veces en los años posteriores, en especial a mediados de la década siguiente, época en que, a juicio de las autoridades, se “frustran 3 planes masivos de invasiones”. Se mencionó antes que la actitud del gobierno para prevenir las invasiones fue la de incrementar las medidas represivas hacia quienes atenten contra
la propiedad privada. En octubre de 1964, se expiden nuevas disposiciones policivas para impedir el aumento de las zonas invadidas. Al año siguiente, en una declaración, el Secretario de Gobierno del Distrito advertía que “la represión contra las invasiones se ejercerá enérgicamente y se empleará la fuerza si ello es necesario”. En 1965, la Federación de Juntas del Sur y la Unión de Barrios de Suroriente se suman también al coro condenatorio de las invasiones. Estas declaraciones reflejan el ritmo creciente de ocupaciones de hecho a mediados de la década del 60. Entre 1967 y 1972 no vuelven a aparecer, incrementándose nuevamente en los años 1974 Y 1975. Para estimar la verdadera magnitud de las invasiones se realizó un minucioso seguimiento de prensa entre 1958 y 1974, buscando detectar los intentos de ocupación aparecidos. Esta tarea se complementó con la información contenida en los estudios de Arango y Mosquera ya mencionados y, con base en estos resultados, se elaboraron el cuadro 23. El éxito o fracaso de la ocupación ha sido definido por la permanencia o desalojo de los invasores del terreno en cuestión. Entre 1958 Y 1974, surgen en Bogotá unos 350 barrios populares, cantidad que contrasta con los 32 intentos de invasión registrados durante ese lapso. Sin embargo, ésta ha sido la coyuntura en la que más acciones de este tipo se han dado a lo largo de los 450 años de historia de la ciudad. De estos 32 intentos, 19 fueron exitosos y 13 fueron evitados por la acción policiva. Lo anterior no quiere decir que hayan sido 19 los barrios que nacieron, dado que diversos “intentos” correspondieron a fases de una misma ocupación, reduciéndose a 14 el número de invasiones nacidas durante los 16 años del Frente Nacional, es decir, menos de una por año. El comportamiento de las invasiones a lo largo de esos años es más ilustrativo: en los 6 años que van de 1961 a 1966 ocurren e1 68% del total de ocupaciones y el 73% de los intentos exitosos, mientras que en los otros 10 años se producen e1 32% y el 23%, respectivamente. En los cuatro años comprendidos entre 1967 y 1970 sólo se producen 2 casos de invasión. Aunque exitosos, ellos indican un reflujo de esta forma de lucha por la tierra urbana de manera directa. En cambio, en los cuatro últimos años del Frente Nacional la tendencia vuelve a aumentar llegando a 9 intentos,; claro está que, en esta ocasión, con menos fortuna que a comienzos de la década pasada. Lo interesante es que este comportamiento “invasor” coincide con el de otras luchas populares urbanas de confrontación directa, con el de paros cívicos y con el movimiento huelguístico nacional, éstos últimos registrados por Medina (1977). Aunque esta coincidencia será analizada en el capítulo siguiente, vale la pena destacar cómo los ciclos de aumento de la actividad invasora corresponden a los gobiernos de Guillermo Valencia y Misael Pastrana Borrero -conservadores- y en menor intensidad a los de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras R., en los que se llevaron a cabo medidas administrativas de corte reformista y se cualificó la represión contra el movimiento popular en general.
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Cuadro 23 INVASIONES DE TERRENOS EN BOGOTÁ ENTRE 1958 Y 1974 AÑOS 58-60
TOTAL 0
EXITOSOS 0
0
FALLIDOS 0
0
0
61-62
4
4
4
4
0
0
63-64
11
15
7
11
4
4
65-66
6
21
3
14
3
7
67-68
1
22
1
15
0
7
69-70
1
23
1
16
0
7
71-72
3
26
2
18
1
8
73-74
6
32
1
19
5
13
TOTAL
32
19
13
Fuente: Datos elaborados por el autor con base en información de prensa.
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GRÁFICO 2 INVASIONES DE TERRENOS EN BOGOTÁ ENTRE 1958 Y 1974
12 Total invasiones Invasiones exitosas
10 8 6 4 2 0 58 - 60 61-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
Al finalizar el periodo del Frente Nacional, los barrios de invasión y sus años de fundación eran los siguientes: Las Colinas y Policarpa (1961); Juan XXIII (1962); Santa Rosa y Salvador Allende (1963); el Dorado, El Quindío y El Consuelo (1964); Atahualpa (1967); Camilo Torres (1970); y Nuevo Chile (1971). Otros, como El Progreso en 1965 y Los Olivos en 1971, aunque exitosos, habían desaparecido porque sus habitantes pasaron, por negociación con el Estado, a otros barrios. A continuación se describirá el proceso de formación y consolidación de las invasiones más significativas del período. Para no perder la riqueza del relato de los acontecimientos por parte de sus protagonistas, el análisis conceptual se hará una vez narrados los casos sobre los cuales pudimos documentar.
Las Colinas
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sta fue la primera invasión masiva en Bogotá de la que se tenga noticia. El 1 de abril, la prensa registraba alarmada la ocupación por parte de unas 3.200 personas en unas montañas frente al barrio Quiroga. Eran unas 30 fanegadas que pertenecían a un propietario privado: la Fundación Hospital San Carlos. Ocho meses antes había empezado a vivir allí una familia con un permiso especial. En los días siguientes, fueron llegando otras familias, con el consentimiento de los primeros invasores, quienes consideraban “que tienen el mismo derecho y las mismas necesidades que yo. Por eso no les dije nada ni ahora les tengo rencor a esos otros colonos”. La afluencia de nuevos ocupantes se hizo masiva en el mes de marzo, llegando a existir para el momento del desalojo (abril 2) unas 600 familias, según los cálculos de la prensa. Causa admiración el hecho de que esta primera “toma de terrenos” no haya obedecido a un plan previo ni tenido unos líderes claramente identificados. Los testimonios de la época, al igual que los proporcionados por nuestros entrevistados, muestran que casi todos se enteraron por la prensa, porque vivían cerca de allí o por amigos que les contaban que estaba naciendo un barrio donde no había que pagar por el terreno: “Como ya le dije yo vivía en San Carlos, con mi esposa y el hijo mayor. Como pasaba todos los días por ahí cuando iba y venía de trabajar, vi cómo la gente estaba haciendo sus ranchos sin pedirle permiso a nadie. Como el arriendo estaba tan caro y ya nos habíamos colgado unos meses, nos presentamos allí con todas las cosas que teníamos. Ya había unos lotes cercados con estacas y nos tocó marcar el nuestro y pasamos de una vez”. Al parecer, parte de los ocupantes ya tenían vivienda propia en los barrios vecinos (Quiroga, Santa Lucía, San Jorge, etc.) y aprovecharon para cercar algunos lotes y negociar con ellos. Sin embargo, la mayoría eran de “barrios fantasmas” que veían en ésta su única oportunidad de “tener la primera propiedad en toda su vida”. Algunos de ellos justificaban su acción en los siguientes términos:
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“Porque los arriendos son muy caros y tenemos muchas necesidades... Nos amparamos en la reforma agraria si la demuestran con hechos, parcelando estos terrenos... de lo contrario creemos que la reforma agraria es demagogia”. “Nosotros lo que queremos es dejarle a nuestros hijos un suelo propio, por eso esperamos que nos adjudiquen un terreno. La casa no nos importa, lo que queremos es el suelo. Por acción comunal se logra todo, así es que si nos ceden la tierra nosotros construimos”.
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La prensa denomina como “colonos” a los protagonistas de la invasión de Las Colinas, tal como ellos se autocalifican frente a los periodistas durante los días del desalojo que se inició el 1 de abril. La policía exigió a los ocupantes el desalojo inmediato y seguidamente procedió a rodearlos, impidiendo que entraran personas y alimentos al lugar. La presencia y cerco policial obligó a que la mayoría de familias fueran desalojando poco a poco la montaña. Al tercer día del bloqueo sólo permanecían 100 familias y algunas de las que habían salido realizaban mitines de protesta frente al lugar de los hechos. El 2 de abril un grupo de trescientos manifestantes marchó hasta la plaza de Bolívar y permaneció en silencio desde las 9 de la mañana, ante la oficina del alcalde, con letreros que decían: “Queremos techo barato”, ‘Necesitamos vivienda propia, estamos dispuestos a pagar”. Según Arango la recién fundada Central Nacional Provivienda, enterada de los acontecimientos por la prensa, envió a cinco delegados a La Colinas para prestarle asesoría a los habitantes. Esta se expresó en una reunión al día siguiente del bloqueo, en una montaña vecina, donde acordaron enviar al Presidente de la República, al Ministro de Trabajo y a otras autoridades una comunicación, que también fue repartida a los solidarios manifestantes y a la prensa, y que decía lo siguiente: Hemos tomado posesión de las lomas al sur de Bogotá ubicadas frente al barrio Quiroga... En vista que somos por nuestra condición económica, víctimas propicias para sufrir todos los abusos y desmanes capitalistas, políticos y gobernantes, hemos resuelto recurrir a este medio con el anhelo de lograr un hogar para nuestros hijos, todo ello presionados por las circunstancias generales que agobian al pueblo colombiano. Los términos del comunicado reflejan la simbiosis entre la manera de pensar propia de los invasores y la de los dirigentes de la Central Nacional Provivienda, militantes de izquierda. Las categorías empleadas por Rudé, “ideología inherente” e “ideología derivada”, no podemos aplicarlas apresuradamente para este caso, ya que no expresa una manera de pensar ya interiorizada por los invasores, sino un escrito a varias manos, motivado por las urgencias del momento.
La acción del gobierno no se limitó a la represión policiva. Parte de las familias desalojadas fueron trasladadas a un local del Distrito (Los Alisos) con la promesa de adjudicarles vivienda en el Plan del Instituto de Crédito Territorial y la Caja de Vivienda Popular que se iniciaría en Techo (hoy Kennedy). Trascurrida una semana del bloqueo, cuando la policía recibió la orden de retirarse, aún permanecían allí unas cuantas familias (8 según la prensa) que habían podido resistir debido a que se habían aprovisionado de alimentos y recibían agua y ayuda de vecinos de los barrios contiguos. Uno de los que no abandonó la ocupación declaraba a la prensa: Yo he vivido aquí hace un mes. Al principio la cama se nos enterraba en el pasto. Invertí los últimos centavos en unas tablas de segunda mano y construí con ellas el piso de la pieza... Tan pronto como vi a la policía cercar Las Colinas, me encerré en la pieza y no volví a salir durante 3 días, sin provisiones. Aunque algunas de las personas del barrio vecino nos tiraban panelas y cigarrillos, yo no alcancé a coger nada de eso. Tampoco asistí a una reunión que hicieron los colonos el domingo pasado, detrás de las montañas. Las 40 familias que habían sido llevadas a Los Alisos amenazaban con volver a invadir si no se les solucionaba, así fuera parcialmente, su problema de vivienda. Sin embargo, el gobierno condicionaba su ayuda a que los invasores que aún permanecían abandonaran la montaña ocupada y a que los refugiados también se retiraran del local asignado. El argumento oficial era que debían volver al lugar donde vivían antes de la invasión, para poder realizarles un censo que determinara sus condiciones de vida: Esta visita no se podrá realizar si ellos no abandonan Los Alisos... Al comprobar las necesidades de los invasores se les adjudicarán algunos artículos y más tarde los lotes para que construyan su propia vivienda. Organizados por la Central Nacional Provivienda, las familias refugiadas en Los Alisos, junto con otros de los desalojados y algunos de los que habían resistido, realizaron una manifestación en la Plaza de Bolívar el 13 de abril. En ella pedían “techo propio” y denunciaban el “incumplimiento de las promesas hechas por las autoridades distritales”. Meses después, las familias albergadas en Los Alisos fueron desalojadas sin ninguna solución. Perdida la fe en el gobierno, estas familias comenzaron a organizar, con asesoría de CENAPROV, la segunda invasión a Las Colinas. Aunque algunas personas empezaron a volver por su propia iniciativa, la ocupación masiva se realizó durante la Semana Santa de 1962, con la participación de otras familias afiliadas a la Central. La primera loma se pobló de un día para
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otro de casetas prefabricadas similares a las que serían empleadas en invasiones de este tipo en otros lugares de Bogotá. A la semana siguiente, se hizo presente la policía; pero el inspector del sector, una vez oídas las razones de los ocupantes, no adelantó la gestión de desalojo. En los días posteriores fueron llegando decenas de familias esperando que se les adjudicara lote. Para evitar que se repitiera la experiencia de la primera invasión, una comisión inspeccionaba que los solicitantes tuvieran realmente la necesidad de vivienda. La ocupación se fue extendiendo por la primera loma, al tiempo que se dejaban espacios para las calles, la Casa Cultural y la escuela. Poblada la primera loma, la Junta de Defensa, que se había creado, decidió invadir la segunda. Las familias llegaban de día y de noche, incluso sin previa solicitud del lote. Paralelamente, la Junta de Defensa trató de darle una organización al barrio, similar a la del Policarpa -que por ese entonces estaba en pleno crecimiento-. Sin embargo, el control se les fue saliendo de las manos debido a la agresiva acción de la administración distrital para evitar el desarrollo de la invasión y también al escaso nivel organizativo que se había logrado. La actuación de las autoridades combinó la represión con la persuasión. Mientras que hostigaba a los invasores con cercos policiales y órdenes de lanzamiento, procuraba atraer a los habitantes de Las Colinas ofreciéndoles colaboración siempre y cuando abandonaran la Junta de Defensa y constituyeran una Junta de Acción Comunal. Creada en 1964 la Junta de Acción Comunal, se produjo una división entre los invasores que apoyaban a la nueva junta y los que se mantenían en la inicial, creada por Provivienda. El conflicto alcanzó niveles alarmantes. Los simpatizantes de la Junta de Defensa recibieron amenazas de muerte y hubo enfrentamientos armados entre estos 2 bandos, ocasionando la muerte de Arsenio Gutiérrez, un líder pro-gobiernista. El gobierno, para restarle poder a la Junta de Defensa, anunció el retiro de la única pileta de agua existente, suscitando una reacción radical de los simpatizantes de Provivienda: No permitiremos que suspendan la pileta que instalaron en el barrio, porque antes que morir por las infracciones preferimos morir defendiendo el agua e ir a parar a la cárcel, si es que a esos extremos nos llevan las autoridades por negamos el derecho a ese precioso líquido que en las grandes residencias del norte se desperdicia. Desafortunadamente, esa decisión combativa del comunicado no era sentida por el grueso de los invasores. Estos, a diferencia del Policarpa, no habían tenido una preparación ideológica ni organizativa previa por parte de los escasos dirigentes de Provivienda, y no estaban dispuestos a arriesgar lo conseguido. Por el contrario, veían con esperanza las ofertas del gobierno de legalizar sus posesiones e instalar los servicios públicos si se acogían a la Junta de Acción Comunal.
El l0 de diciembre de 1965, el Distrito compró a la Fundación Hospital San Carlos los terrenos invadidos por la suma de $291.856.202. Este fue el primer paso de una intensa campaña de atracción de las gentes del barrio, en la que colaboraron el párroco del Quiroga, el ejército y entidades privadas. En febrero de 1960, la Junta de Defensa perdió definitivamente la batalla frente a la Junta de Acción Comunal, la cual, con ayuda del gobierno, inició la construcción de la Escuela Pública. En 1967, se estableció el puesto de policía, se hizo el levantamiento topográfico del barrio y el Centro Colombiano de Construcción realizó un censo, a solicitud de la Caja de Vivienda Popular, entidad encargada por el alcalde para impulsar la incorporación del barrio a la legalidad. Realizado el censo y con el pleno control sobre el barrio, la CVP compró, en 1969, al Distrito Especial, los terrenos invadidos e inició un “Plan de habilitación de Las Colinas”, proyecto piloto para América Latina en la legalización de barrios de invasión.
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El barrio Policarpa
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a segunda y más importante invasión de la década del 60 fue la del barrio Policarpa Salavarrieta. El proceso de ocupación duró cinco años (1961-1966) y, dada su original organización interna, su alto nivel de politización, su aguerrida defensa frente a los intentos de desalojo y su participación solidaria en otras luchas populares, esta invasión se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en Colombia. Prueba de ello es, según Pedro Salas, que ninguno de los muchos barrios creados por la Central Nacional Provivienda en todo el país se ha atrevido a bautizarse con dicho nombre, mientras existen varios autodenominados Julio Rincón, Salvador Allende, Camilo Torres y, últimamente, Pardo Leal.
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Curiosamente, a pesar de ser este barrio el paradigma de las invasiones impulsadas con apoyo de la Central Nacional Provivienda, no existía en el momento de esta investigación un trabajo sistemático al respecto. Hasta ese entonces, el material bibliográfico más conocido era la crónica periodística de Carlos Arango, citada anteriormente. Para nuestro caso, además del libro mencionado, nos hemos basado en la información proporcionada por la prensa capitalina a lo largo del periodo del Frente Nacional y en los testimonios de algunos de los primeros pobladores, gracias a la colaboración de don Alfonso Medina, quien asumió el papel de entrevistador de otros de sus compañeros de lucha.
Las primeras fases de la ocupación El barrio se levantó sobre unos terrenos situados a espaldas del Hospital de La Hortúa, hacia el sur, pertenecientes a la antigua Hacienda Tres Esquinas, de propiedad del Instituto de Crédito Territorial. Desde la década del 50 vivía allí un lustrabotas que hacía las veces de vigilante. Fue hasta el 29 de junio de 1961 que la primera familia invasora ocupó el terreno. Se trataba de la familia de Rosa Buenaventura, quien se encontraba acosada por un posible desalojo de su pieza en el barrio Buenos Aires y aceptó la propuesta hecha por los fundadores de la Central Nacional Provivienda para invadir los mencionados terrenos.
A la “liga de inquilinatos”, como era conocida entre los futuros invasores, acudían dirigentes de los Sindicatos de Cementos Diamante y de la Construcción, zapateros, vendedores ambulantes y otras personas necesitadas de vivienda. Los antecedentes de esta “liga” parecen ser las organizaciones similares surgidas en los años 20, en varias ciudades del país. Allí se analizó, transcurridos algunos días de ubicada Rosa Buenaventura y sus hijos, la posibilidad de ir ocupando la parte central del terreno. A finales de septiembre, Pedro Salas y Álvaro Rodríguez trazaron la primera manzana y delinearon el sitio donde quedaría la primera casa del barrio Policarpa, la del zapatero José Medina: Yo soy de los fundadores. En un principio me tocó trabajar solo, pues no se podía trabajar con tanta gente, pues había mucho vecino, como se dice, sapo... Lentamente se hizo el primer ranchito, que fue el mío. Después, se hizo el de Efraín Sánchez, “el loco”... Yo llegué solo, pero organizado por la Central Nacional Provivienda, yo hacía 20 meses que estaba militando en la Casa Cultural que había aquí en la carrera 8 con calle 2. La noche en que se construía la primera casa apareció la policía, pero la esposa de José Medina convenció a los uniformados de que la dejaran allí, tal como lo habían hecho con Rosa Buenaventura: Pues yo como tenía que trabajar y mi mujer se quedaba aquí aguantando frío entre un pastal porque de aposta en esos días llovía, pues no invierno pero sí ese clima que ni llueve ni hace bueno y así nos tocó hacer un rancho para vivir con el amigo que me traje... Y nosotros nos estuvimos ahí dentro esperando qué pasaba con la policía, pues constantemente venía a averiguarle la policía a mi mujer qué era la que se encontraba aquí porque yo me iba a trabajar. Los urbanizadores, al ver que el Instituto de Crédito Territorial estrechaba la vigilancia, fueron mandando nuevos ocupantes que construían sus casetas con alambre, sin usar puntillas, para no hacer ruido. El trabajo era colectivo y los trasteos sólo llegaban en carro hasta una distancia prudente y, de allí en adelante, eran transportados en hombros. Para el mes de octubre, ya en el centro del terreno había una veintena de familias y se había decidido el nombre del barrio. La selección de los nuevos ocupantes fue muy cuidadosa: Se hizo de una manera sutil, muy callada. A los elegidos se les educaba, se les ilustraba sobre los posibles y seguros riesgos que tendrían al realizar la toma del terreno. Se les enseñó hasta teatro para que supieran reaccionar naturalmente ante las autoridades civiles y militares de la época (Rodríguez, 1986).
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De acuerdo con los planes, la primera manzana estuvo construida en noviembre de 1961, ante la mirada impotente de los policías que vigilaban el terreno. Cuando el ICT vio construidas tantas casetas, se apareció con unos contratos de arrendamiento para que las familias lo firmaran. Los ocupantes los presentaron a la Junta de la Central Nacional Provivienda y, por sugerencia del abogado, se aceptó firmarlos, porque así se legalizaba la ocupación. Los contratos estipulaban que cada ocupante debía pagar $5 de arriendo mensual, y que la basura, la luz y el agua corrían por cuenta de los arrendatarios. Así, el Instituto favoreció el desarrollo de la invasión, pues no sólo los ranchos podían construirse durante el día, sino que nuevos ocupantes ingresaron con los contratos que tenían los pioneros. Vencido el plazo para que la gente desocupara, según estaba contemplado en el contrato, el Instituto trató de desalojar. Al no poder hacerlo, envió más policías (“unos cincuenta”) para impedir que entraran nuevos materiales. Los choferes que entraban con ellos eran detenidos y se retenía el material que traían. La inagotable creatividad de los habitantes los llevó a ingeniarse múltiples formas para ingresar los materiales de construcción, “porque en esa época hasta las puntillas, la madera, nos la quitaban”.
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Las mujeres eran unas tigresas para despistar a los policías y vigilantes de turno que instalaban las autoridades y el ICT. Los enamoraban, les daban tinto, se cuadraban al vigilante y mientras éstos se tomaban un tinto o se reían o coqueteaban, una nueva caseta estaba instalada. Eso para traer ladrillo era difícil, porque la policía permanecía decomisando ladrillo, palos, todo lo que se podía. Entonces, mientras la policía estaba atajando un carro por un lado y la gente haciendo boroló, entonces se le entraban otros carros por el otro lado. Al año siguiente, en 1962, ya había unas 100 familias viviendo en sus casas improvisadas, sin agua y sin luz. Había que comprar el agua. En la mayoría de partes vendían el agua, había una que otra parte que regalaba el agua, pero no la regalaban todo el día sino de cuando en cuando una vasijadita, una olladita pequeña regalaban. Donde la vendían, vendían una caneca de agua de esas de 55 galones, en esa época cobraban 50 centavos. A comienzos de marzo de ese año, el ICT notificó a la gente que tenía que evacuar. Dio 30 días de plazo y lanzó una campaña intimidatoria contra los ocupantes, como la imposibilidad de recibirles solicitudes durante 10 o 20 años:
Una noche, provocadores al servicio del ICT prendieron fuego a una caseta que servía como inodoro, obligando a la gente a establecer un sistema especial de vigilancia (Arango, 1986: 38). Pero los pobladores, en vez de amendrantarse, el día que vencía el plazo organizaron un bazar y un festival bailable, al que invitaron periodistas, fotógrafos y camarógrafos. La manifestación, que fue transmitida por radio, fue suficiente para que el ICT desistiera en esta ocasión. Optó entonces por edificar muros de ladrillo bloque en todas las bocacalles, en especial las que comunicaban con el barrio Sevilla (costado occidental). Después de solicitar en vano muchas veces al Instituto que desistiera de su determinación de construir los muros, la gente madrugó el día que los terminaron y con unas varas hicieron palanca hasta que cayeron todos. Simultáneamente a la lucha contra la represión del ICT, el barrio buscaba la manera de conseguir sus servicios (lo que analizaremos luego) y de presionar ante las autoridades nacionales y distritales enviando cartas y memoriales con solicitudes como las siguientes: 1. Que los salarios que devengamos los que aquí vivimos no se aproximan ni a $300, con lo cual queda descartada toda posibilidad de obtener adjudicación de casa por parte del ICT. 2. Solicitamos solución justa y satisfactoria, en el menor término posible, para legalizar el barrio, mejorar las actuales construcciones y disfrutar de los servicios sanitarios a los que tenemos derecho. 3. Solicitamos la construcción de una pileta de agua, pues los vecinos de los barrios aledaños no nos suministran el líquido. 4. Pedimos permiso para instalar los servicios de luz, así sean éstos sólo los de alumbrado público, para facilitar la vigilancia del barrio. 5. Solicitamos canalización de las aguas negras. Otros cinco puntos del memorial se referían a los problemas con los barrios vecinos, con la basura y con la construcción de la escuela. Apoyándose en este despliegue publicitario y en la presión ejercida desde la Cámara de Representantes por algunos congresistas del MRL, los habitantes lograron que el ICT cesara sus acciones, consiguiendo una tregua que posibilitó afianzar la organización interna del barrio y la construcción de algunas obras de infraestructura, como la Casa Cultural. Al parecer, las directivas principales de la Central Provivienda, como Pedro Salas y Álvaro Rodríguez, que poco iban a visitar el barrio durante la primera fase de la ocupación, para esta época pasaron a vivir en el barrio. En agosto de 1963, el vicepresidente de la Junta Directiva enviaba una carta a los medios de comunicación denunciando la detención de Salas cuando “se encontraba ayudando a un vecino del barrio a arreglar unas goteras”.
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Aunque el dirigente fue puesto en libertad, este hecho evidenció que las autoridades militares tenían detectada la presencia de militantes comunistas en la organización del barrio, a los que les atribuían ‘todos los males’. Un comandante de policía llegó a decir que “los invasores son dirigidos por agitadores profesionales y con gente de los campos ajena a Bogotá”. Arango destaca cómo estas primeras épocas del barrio Policarpa coinciden con la segunda toma de Las Colinas. Cuando la policía intensificaba la vigilancia en la primera de las invasiones, a las familias preparadas se les ayudaba a ocupar la segunda, y viceversa. En 1964, se impulsó la modalidad de casas móviles, experiencia aprendida por Mario Upegui y Pedro Salas en La Dorada, ciudad ribereña donde los pescadores habían levantado de un día para otro la invasión La Fortuna. Esta forma fue puesta en práctica en el Policarpa, realizándose ocupaciones entre junio y diciembre de ese año. La más espectacular se llevó a cabo el 17 de septiembre, día en que el presidente francés Charles de Gaulle llegó a nuestro país. En “un abrir y cerrar de ojos” se instalaron 161 “casas caminantes”. En ese año, al igual que en el siguiente, la policía hizo varios intentos de desalojo infructuosos, debido a la presencia de mujeres, niños, banderas blancas, pabellones nacionales y a la férrea determinación de los habitantes de no salir de lo que habían conseguido con tanto esfuerzo. Un puesto de policía que el ICT había instalado en uno de los costados del barrio para vigilar y evitar posibles nuevas invasiones fue “tomado” por los vecinos el 12 de enero de 1965, reemplazándolo por una escuela, como nos lo relata don Alfonso Moreno: Alguna vez se reunió la gente en la Casa Cultural antigua y se tomó la determinación de que ese puesto de policía, por las felonías que cometían estos señores, no podía seguir funcionando... que debía desaparecer. Al fin se tomó la determinación de darles 24 horas para que el puesto desapareciera. Se nombró una comisión, en la cual participé yo, se hizo un acta y fue y se les leyó. Y lógico, ellos con armas agarraron a reír... Volvimos a la comisión y nos contestaron: ¿Quién los va a sacar? Pues nosotros, y ahí mismo se llamó al resto de gente que ya estaba lista y cuando cae esa cantidad de gente y eso caía piedra por todos los lados, esas latas tronaban y los policías a correr. La gente se fue detrás de ellos hasta que llegaron a la Caracas. Y ahí comenzó a funcionar la primera escuela del barrio. Esa misma noche nombramos la profesora de aquí mismo del barrio. Cuentan Arango y nuestros entrevistados que desde 1965 comenzó la etapa de mayor organización del barrio: se nombraron comisiones de trabajo para la consecución de los servicios básicos y la defensa del barrio frente a posibles agresiones externas. Para esto, se estableció un sistema de alarma mediante un riel y un cacho que se hacían sonar en caso de peligro. De la organización interna del barrio nos ocuparemos luego. Por ahora, continuemos
relatando el proceso de ocupación de los terrenos; para mediados de 1965, el barrio contaba con 5.500 habitantes, de los cuales unos 2.600 eran niños y 250 escolares. Ya habían conseguido escuela, servicio médico prestado por facultativos solidarios, agua y luz de contrabando. El Instituto empezó a negociar los predios con la Universidad Nacional, para que allí se construyera un centro de investigaciones de la Facultad de Medicina y se ampliara el Hospital de La Hortúa. “Con esto las autoridades pretendían provocar un enfrentamiento entre los habitantes del barrio y los estudiantes de la Universidad Nacional” (Arango, 1986: 45). Fracasado este intento, el Instituto empezó a llamar una a una a las familias para hacerles engañosas ofertas, que tampoco aceptaron. Incluso el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional llegó a ofrecer $1000 a cada familia para que pagara algunos meses de arriendo en otra parte o para la cuota inicial de una casa. Esta y más ofertas similares fueron enfáticamente rechazadas por la comunidad.
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El viernes sangriento En marzo de 1966, Provivienda, estimulada por las exitosas invasiones de Colinas, Policarpa, Salvador Allende y Quindío, decidió impulsar la toma de unos terrenos aledaños al Country Sur. En respuesta a esto, la policía, que ya estaba informada, evitó la invasión, deteniendo a 33 personas y dispersando a las familias ocupantes y sus pertenencias a lo largo de la carrera 10. La Central Nacional de Provivienda intentó organizar, enseguida, una manifestación en la Plaza de Bolívar; pero, dados el cansancio y confusión de la gente, no pudo realizarse. Las directivas del barrio Policarpa decidieron alojar a estas personas en la Casa Cultural y en algunos de los lotes ya ocupados. Se instaló también un fogón colectivo para la preparación de alimento de las familias, que sumaban un total de 200 personas. Los vecinos del barrio Policarpa prestaron su solidaridad llevándoles comida, colchones y mantas, con las que se organizó un dormitorio colectivo. Como las condiciones de hacinamiento eran extremas y el gobierno no les daba solución, una asamblea del barrio aprobó que dichas familias recibieran la adjudicación de los terrenos que aún estaban desocupados, algunos de ellos convertidos ya en canchas deportivas: Sólo quedaba por habitar el parque que daba sobre la décima y la otra parte donde también había una cancha de fútbol. Entonces sí se necesitaba la cancha de fútbol, pero más que todo la vivienda.
La Junta Directiva de la Asociación fue facultada para asumir los detalles de lo que sería la última fase de ocupación del barrio. También se crearon comités de finanzas, de socorro, de construcción de casetas, de alimentación, entre otros. La comisión designada estimó que el 8 de abril, Viernes Santo, era la fecha más indicada para efectuar la acción, dado que el sentimiento religioso impediría que las autoridades actuaran enérgicamente. Se fijó la hora de las 11 y 45 de la mañana, momento en que se hacía el cambio de guardia. La noche anterior se habían refugiado 5 o 6 familias enteras en cada casa construida y se terminaron de hacer las “casas caminantes”. La policía, que estaba enterada del plan, intensificó la vigilancia. Recuerdo que a las 11:40 el barrio parecía un cementerio en el que no se veían ni los perros de siempre. A las 11:45 en punto se inició el último récord. A los 18 minutos todas las casetas (200) estaban en su sitio. La tarea se había retrasado unos 3 minutos” (Citado por Rodríguez, 1986: 38). Torres Carrillo
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Al mediodía ya había almuerzo en la nueva ocupación. También habían sido invitados periodistas nacionales y extranjeros y, a lo largo de la carrera décima, se colocaron imágenes religiosas y banderas blancas, pensando que al ver esto la policía no les iba a hacer nada. Al comenzar la tarde, el Secretario de Gobierno se hizo presente, prometiendo que el lunes siguiente se arreglaría el problema e invitando a los ocupantes a que guardaran las armas caseras que tenían preparadas para la resistencia. Como la policía permanecía amenazante, la Junta Directiva previó que la gente iba a ser atacada. Las diferentes comisiones se pusieron en estado de alerta: se alistaron las teas de petróleo, neme y gasolina, las piedras, los palos, las varillas y demás armas improvisadas para la resistencia. Pasadas las 2 de la tarde los parlantes de las unidades móviles de policía piden a los ocupantes desalojar el lugar. Estos responden desde los micrófonos de la Casa Cultural, haciendo llamados a la gente para que resista el desalojo: Compañeros, estamos defendiendo el techo para nuestros hijos. Esas tierras que ocupáis y las que nosotros hemos ocupado nos pertenecen, son nuestras, las defenderemos con nuestras vidas si tratan de desalojarnos. Posteriormente, llega la caballería acompañada de gaseadores y escuderos, asumiento posiciones estratégicas. Luego de un perentorio llamado, a las 3:10, los policías inician la acción: los primeros retiran o rompen los cuadros religiosos, las banderas blancas y los pabellones nacionales que la gente había puesto sobre la carrera 10. Inmediatamente, proceden a destruir casetas, a saquear e incendiar los escasos enseres que en ellas había. En medio de quejas y lamentos, las mujeres y los niños son sacados a empujones.
La directiva de la invasión ordena a los pobladores entrar en acción para contrarrestar a la policía. Inmediatamente, cientos de vecinos arremeten contra ésta con piedras, palos y varillas. La acción de los carabineros es neutralizada por la lluvia de piedras y por la acción de las armas “anti-yegua”: bolas de trapo impregnadas de neme y gasolina a las que les prendíamos fuego para luego pegárselas al cuero de los animales: Bastó con que le pegáramos nuestra arma secreta a 2 caballos, para que los oficiales dieran orden de retiro. Los animales, con el quemón tan verraco, salían desbocados haciéndole dar un totazo a su jinete” (Rodríguez, 1986: 38). Dado el inesperado ataque de los pobladores, los uniformados retroceden hasta el barrio Nariño. Pero, minutos después, vuelven a la ofensiva, apoyados ahora por los escuderos y gaseadores. Estos lanzan bombas lacrimógenas que no afectan a los ocupantes, ya que de antemano se han provisto de trapos empapados de vinagre. Paradójicamente, cuando el viento cambia de dirección afecta a los escuderos que carecen de careta para protegerse, teniendo que volver a retroceder ante los gases y la lluvia de piedras que viene del barrio. La policía arremete de nuevo, ahora con nuevos esfuerzos que avanzan a “sangre y fuego”. Se oyen disparos de lado y lado. La policía penetra todo el espacio ocupado por las casetas y hasta los límites de los terrenos invadidos desde tiempo atrás. Empiezan a ser retirados heridos de ambos bandos y la contienda es ahora cuerpo a cuerpo. Detrás de la policía habían llegado estudiantes y representantes de sindicatos y de la Central Provivienda, quienes también arremetieron con piedra y gritos contra la policía. “Hasta los enfermos de La Hortúa gritaban desde las ventanas que no fueran cobardes, que no nos mataran, ondeando al mismo tiempo las sábanas blancas”. Al caer la tarde, la policía recibe la orden de retirarse. El saldo de la contienda es de 16 policías heridos, un poblador muerto, decenas de heridos y 78 detenidos. El muerto fue Luis Alberto Vega, joyero tolimense que vivía en el barrio desde años atrás. Cuando la radio notificó el fin de la presencia policial, numerosos vecinos acudieron alborozados al lugar de los hechos. A las familias que habían permanecido en la lucha se les adjudicaron los lotes donde funcionaban las canchas de futbol del barrio, por determinación de una Asamblea General. A quienes habían desertado, atemorizados por el desalojo, no se les adjudicó lote, según Arango, “por haber mostrado debilidad en la lucha decisiva, en lo más duro del combate, cuando se hacían indispensables la unidad, el sacrificio, la disciplina y hasta el arrojo” (Arango, 1986: 54).
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La consolidación del barrio
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Con esta última ocupación exitosa, el barrio inició una nueva etapa de desarrollo. “Legitimada” la posesión ante la opinión pública, se dio inicio o continuidad a las obras de infraestructura de servicios y las casas pasaron lentamente de ser ranchos en cartón a construcciones, en material, de uno y dos pisos. Pero también vinieron nuevos problemas. Unos, provenientes de la agresión estatal; otros, de los mismos pobladores del barrio. Aunque se permitía la entrada de materiales y ya no se insistía con tanta vehemencia en el desalojo, las autoridades optaron por fustigar, en la noche, a los pobladores que venían de trabajar, y por detener a sus dirigentes: Mario Upegui, Vladimir Escobar, Gilberto Ayala, Ignacio Rodríguez y José del Carmen Rodríguez. Al mismo tiempo, la gran prensa sacaba artículos denunciando la presencia de guerrilleros en el barrio, al igual que discriminación y castigos a las personas “que no son extremistas”. Aparecen declaraciones que afirman o desmienten estas acusaciones durante casi todo el año 66. Con esto, lo que se ponía en evidencia era la existencia de diferencias dentro de la comunidad. Transcurridos algunos meses después del ‘’Viernes Santo”, salieron a flote las contradicciones entre ocupantes y “compradores” y entre militantes o simpatizantes activos de la Junta Directiva del barrio y, por ende, de la Central Nacional Provivienda, con personas de otros partidos que no se identificaban con aquéllos. Algunos de los nuevos vecinos, que no habían “sufrido” la lucha por el terreno y que no asumían la férrea organización del barrio, se afiliaron a la Anapo, fundando allí un Comando e intentando crear una Junta de Acción Comunal paralela a la que ya existía desde el inicio del barrio. Inclusive Voz Proletaria y los dirigentes del barrio los acusaron de ser informantes infiltrados de las fuerzas de inteligencia militar. Lo cierto es que la tensión llegó a tal extremo que en varias ocasiones hubo enfrentamientos violentos. Uno de los disidentes, al que habían dado un puesto de celador en una empresa distrital, amenazó con su arma a los dirigentes. La Junta Directiva decidió presionar la salida de éstos del barrio, en especial de Jesús Varón Quintana, quien se convirtió en el líder disidente. Primero, les cortaron los servicios. Luego, la comisión de autodefensa los detuvo en la Casa Cultural y les dio orden de abandonar en 24 horas. Antes de vencerse el término, los sujetos hicieron el trasteo en carros de la policía. De ahí en adelante el barrio avanzó en la consecución de todos los servicios y en afianzar su cohesión interna. Cada año, en el aniversario de su fundación, lo recogido en rifas y bazares tenía como objetivo algo relacionado con la mejora del barrio: Eso se hizo con dineros de la comunidad, con bazares, rifas, haciendo una que otra actividad, los aniversarios tenían una función.
Eso era por lo menos 30 días de celebración y era hasta muy bonito y eso venía de las demás partes, era un carnaval completo y ahí salían los fondos precisamente para lo que dijimos.
Organización interna y consecución de servicios Un factor de éxito en las ocupaciones sucesivas en el barrio Policarpa fue su organización interna. Desde un primer momento se conformó una Junta Directiva de 10 miembros, 5 principales y 5 suplentes, y diversas comisiones de trabajo. En 1968, estas comisiones eran las siguientes: 1. Comisión Cultural: encargada de fomentar en niños, jóvenes y adultos la formación artística. También, de traer a grupos artísticos de otros lugares para realizar presentaciones en el barrio. 2. Comisión de Higiene: encargada de velar por la salud de todos los habitantes, mediante la instalación de un consultorio médico y la realización de cursos y campañas relacionadas con el asunto. 3. Comisión de Educación: responsable del funcionamiento de la escuela primaria y la alfabetización de los adultos. 4. Comisión de deportes: encargada de impulsar la educación física y promover la actividad deportiva. 5. Comisión de solidaridad: encargada de conseguir y entregar la solidaridad para las personas que se enfermaban o fallecían, los que caían presos por la lucha del barrio y de otros movimientos pro vivienda. 6. Comisión de vigilancia: integrado por grupos de entre 5 y 20 vecinos, según las circunstancias, encargados de velar por la seguridad del barrio, en las horas de la noche, contra cualquier ataque, robo, incendio o calamidad similar. En las horas de la noche tienen “autoridad de directivos” para solucionar cualquier conflicto y para exigir la colaboración que necesiten entre los habitantes del barrio. 7. Comisión de Ornato: encargada de garantizar el mejoramiento físico de las casas y calles, y asegurar que dichas mejoras no se descuiden. 8. Comisiones de energía, acueducto y alcantarillado: encargadas, en un primer momento, de conseguir la instalación de tales servicios y, posteriormente, de hacer las conexiones e instalaciones necesarias. Junto a estas 9 comisiones el barrio estaba dividido en 14 sectores, cada uno con su propio responsable, tesorero y secretario. Estas comisiones por sector dependían de la Junta Directiva del barrio y eran las encargadas de comunicar y velar por el cumplimiento de las decisiones y tareas acordadas en las Asambleas de barrio.
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El responsable de cada comisión estaba encargado de dirigir sus reuniones y encauzar y controlar las personas de éstas. La financiación de los trabajos se lograba con cuotas que aportaban los habitantes del barrio y con los fondos obtenidos por festivales, rifas y otras actividades comunitarias. La consecución de la infraestructura de servicios colectivos fue similar a la de la mayoría de los barrios populares de Bogotá, reseñados en el capítulo anterior. Simultáneamente a la lucha por conservar la posesión de los territorios ocupados, entre 1961 y 1965, los vecinos del barrio Policarpa consiguieron instalar provisionalmente el acueducto y la energía eléctrica, arreglar algunas calles y construir la Casa Cultural. Recordemos cómo durante los dos primeros años el agua provenía de otros barrios comprada en canecas. Transitoriamente, un plomero que trabajaba en La Hortúa abrió una salida de agua al barrio, pero al ser descubierto el escape, éste fue despedido (Arango, 1986: 39). Al crecer la población del barrio, la comisión respectiva empezó a buscar diversos modos de traer agua potable y permanente:
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Nosotros estudiamos, buscamos de dónde se pudiera traer agua, de qué parte nos quedaba más cerca, y se buscaron los métodos de encontrar la tubería madre y traer el agua... La primera agua que llegó, pues llegaba de piletas. Aquí hubo un presidente (Campo Elías Riapira) que hizo un hoyo, ahí en la Casa Cultural, como de 6 a 8 metros para ver si encontraba agua, pero no encontró y tocó siempre seguir luchando por el agua que pasa por los tubos madre de la décima o allá en los otros barrios (Berna, Nariño y Sevilla). En una ocasión en que se rompió el tubo madre: “le tocó venir al mismo acueducto, porque por la presión el agua no dejaba poner nada... Ahí se les pasó un billete -como siempre- y los tipos pusieron una válvula”. Al comenzar 1965 ya existían 4 piletas que surtían de agua a la mayoría de las manzanas del barrio, y al finalizar el Frente Nacional todas las viviendas poseían agua de contrabando. Para la energía eléctrica, la comisión buscó los lugares desde donde se podría traer la luz de contrabando, ya que la empresa se negaba a instalar el servicio por ser un barrio ilegal. Entonces la comunidad decidió que debía tomar los servicios a la brava... Se tomó en una primer instancia del hospital, de un transformador que había dentro. Pero, en vista de la insuficiencia, luego la tomamos de otros lados…. En una ocasión, en que la gente intentaba bajar unas cuerdas, apareció un radiopatrulla. El oficial les dijo que venía a salvarles la vida ya que los cables en donde iban a hacer la instalación eran de alta tensión. Luego les indicó que la hicieran del barrio Sevilla, donde el fluido era de menor voltaje. Para evitar
cortos circuitos, la Comisión hacía instalar en cada casa un hilo metálico a manera de fusible. Para 1968 ya todos los habitantes gozaban del servicio de energía eléctrica y la mayor parte de las calles y carreras poseían postes con alumbrado público. Sólo en la década del 80 la energía accedió a instalar legalmente este servicio, ante la imposibilidad de seguir perdiendo dinero por la evasión del pago. El alcantarillado fue la obra que exigió mayores esfuerzos en su construcción. En los 3 primeros años la gente utilizaba letrinas construidas por ellos mismos. Conseguidas el agua y la luz, en 1965, se inició la construcción del alcantarillado, con el apoyo técnico de varios estudiantes de ingeniería. En esta obra participó con entusiasmo todo el barrio y es una de las que recuerdan con mayor satisfacción: Y entre todos formamos comisiones, para cada comisión trabajar nuestro tramo, nuestro frente, hacer las zanjas, comprar la tubería, que eso lo dimos entre todos, compramos de nuestro bolsillo los materiales. La comisión se encargó de dirigir los trabajos: hechura de chambas, acoplamiento de tubos y unión con los recolectores, instalaciones domiciliarias, etc. Los tubos los compraban en tubos Moore y los llevaban al barrio por la carrera 10, eludiendo la vigilancia policiva que no dejaba entrar materiales. El responsable de esta tarea comenta una anécdota al respecto: Contraté un camionero que en realidad no sabía nada de eso. Entonces yo le dije: vaya por la calle 5 y pase lo que pase, haya lo que haya, usted sigue derecho. Claro que teníamos compañeros apostados a lado y lado para vigilar que no viniera la policía. La completa construcción de la red de alcantarillado duró más de 5 años. En 1968, la tercera parte ya estaba instalada; y, al concluir el Frente Nacional, las tuberías llegaban a todas las casas del barrio. Otra realización de gran significación para los habitantes fue la Casa Cultural, lugar de reunión de la Junta Directiva y de las asambleas comunitarias. También fue la sede formal de la escuela, que reemplazó a la “caseta prefabricada” de la que ya hablamos. Inicialmente, era una estrecha caseta, pero, ya para 1965, la cantidad de habitantes era tal que vieron la necesidad de construir una sede de mayor tamaño. Con las utilidades del Festival Conmemorativo del 4° Aniversario del barrio, unas cuotas de $5 por familia y con la colaboración en dinero y materiales de algunas personas solidarias, se financió la construcción de la obra. Esta no tardó sino un mes y medio, gracias al trabajo voluntario de todos los vecinos.
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Esta Casa duró 20 años, hasta que fue reemplazada por la actual que está sobre la carrera 10. Quienes colaboraron en su construcción ven con tristeza que hubiera sido tumbada: Para mí fue lamentable que la tumbaran porque en realidad es como un símbolo, es como ahora tumbar la casa que uno ha hecho, pues llegábamos a trabajar por la tarde, juntos, a base de camaradería… toda la hizo la comunidad.
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Para terminar esta sección sobre el logro de bienes de consumo colectivo, nos referiremos a la “legalización del barrio” y la consecución del título de propiedad de los terrenos ocupados. Al igual que los barrios piratas, en ésta y otras invasiones, una preocupación de los habitantes es la incorporación del barrio al plano del Distrito como medio para conseguir la instalación de los servicios por parte del Estado. Varias cartas fueron enviadas a las autoridades nacionales y locales en tal sentido, al igual que una solicitud para la adjudicación gratuita de los terrenos invadidos. La primera reivindicación se consiguió en 1970, año del 9° aniversario, en el que incluso el alcalde de la ciudad se hizo presente y prometió el nombramiento de maestros y la institucionalización de los servicios ya instalados. Al principio de la invasión, los habitantes tenían como preocupación importante poseer un título de propiedad del lote ocupado. La Junta Directiva demostraba, en cambio, que lo fundamental era la tenencia real y no el título de propiedad. La gente aceptó este argumento y, por lo menos durante el período de nuestro estudio, las familias sólo disponían del derecho de posesión, el cual se transmite por herencia de padres a hijos. Algunos de los iniciales poseedores han venido vendiendo su derecho a las mejoras realizadas. La Junta Directiva “controla” e institucionaliza tales transacciones, para evitar estafas o la infiltración de “gentes indeseables al barrio”. Pero la venta generalizada de propiedades ha escapado al control de la Junta, ocasionando en las 2 últimas décadas una disminución de la antigua cohesión y de la solidaridad características de los primeros años.
Otras invasiones relacionadas con la Central Nacional Provivienda
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asi todos los barrios de invasión surgidos durante el Frente Nacional tuvieron alguna relación con la Central Nacional Provivienda. Algunos surgieron por su iniciativa o, una vez creados, solicitaron su apoyo. En otros casos, la Central intentó en vano ganar su orientación. Nos ocuparemos en esta parte de los casos donde la relación con CENAPROV fue exitosa: los barrios Quindío, Atahualpa, Camilo Torres, Nueva Chile y Salvador Allende.
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El Quindío En terrenos situados en el kilómetro 5 de la carretera al oriente bogotano, un urbanizador pirata vendió lotes desde 1963, pero sin cumplir su obligación de entregar el título de propiedad ni la de instalar servicios, dado que los predios estaban en pleito de sucesión. Los compradores perjudicados acudieron a la Central y pidieron apoyo para la ocupación de los terrenos. Aceptada la propuesta, la acción se emprendió el 12 de junio de 1964. En 4 meses había ya unas 60 casetas donde residían más de 500 personas. El urbanizador pirata impuso una demanda, pero la perdió frente a las familias que fueron asistidas por varios abogados. En el barrio se formó una Junta Directiva, controlada por la Central Provivienda, con comisiones similares a las del Policarpa, que coordinó la invasión hasta su consolidación en 1968. La Junta Directiva, convertida en Junta de Acción Comunal, empezó a disputarle la hegemonía a Provivienda, polarizándose el barrio entre partidarios de una y otra. La diferencia llegó a tal extremo que el barrio se fraccionó desde ese entonces en dos: “en el sur viven todavía las familias adictas a la Junta Comunal y en el norte las que siguen a la Central Provivienda” (Arango, 1986: 72). El proceso de consecución de servicios fue similar al descrito para otros barrios: los servicios públicos fueron instalados inicialmente de contrabando, lograron que el gobierno les abriera las calles y les colaborara en la construcción de una guardería infantil.
A comienzos de 1973 vino a darse una nueva ocupación conocida como Nuevo Quindío. Se trataba de unas familias que habían sido desalojadas de unos terrenos situados entre Kennedy y el barrio Perpetuo Socorro, a orillas del río Tunjuelito. Las 40 familias fueron agrupadas en un centro de inquilinos de la Central Nacional Provivienda. Según Arango, fue “por el afán proselitista y electoral de la Alianza Nacional Popular” que invadieron apresuradamente esos terrenos que eran propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. La ocupación se hizo progresivamente entre el 2 y el 14 de diciembre de 1972, pero en una reunión a finales de mes bautizaron la ocupación “25 de diciembre”. Al iniciar el nuevo año estaban instaladas 62 familias. Para ese entonces, la policía se hizo presente, advertida por la Junta de Acción Comunal del barrio Perpetuo Socorro y los celadores de otros terrenos vecinos.
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El 10 de enero hay un cerco total sobre la ocupación, no dejan entrar a nadie ni dejan entrar ningún tipo de alimentos ni materiales de construcción y, como hecho curioso de destacar, durante este tiempo hay una constante afirmación de las autoridades y es la de que no habrá desalojo. Para el 12 de enero, el cerco policial es de 500 unidades, y al día siguiente, a las 8 de la mañana, dan la orden de inmediato desalojo, recibiendo una respuesta negativa por parte de los ocupantes. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, se llevó a cabo la expulsión, con la consabida quema de ranchos y maltrato de los ocupantes. Dos hechos particulares de este desalojo fueron: por una parte, la utilización de obreros de Obras Públicas como “auxiliares” de la policía en la destrucción de casetas; por otra parte, las autoridades optaron por trasladarlos a invasiones ya establecidas como Nuevo Chile, Policarpa, Colinas y Quindío, con el claro propósito de crear enfrentamientos entre nuevos y viejos invasores. La Central Provivienda recogió todos los grupos y los llevó al barrio Quindío, para que se tomaran unos terrenos aledaños. Al anochecer no eran 62, sino más de 200 familias las que ocupaban la nueva etapa del barrio. Al día siguiente, la policía intenta desalojarlos destruyendo algunos ranchos y deteniendo a todos los jefes de hogar. Se establece un nuevo cerco militar para impedir la entrada de más gente, medicinas, comida y agua. A pesar de esto, la gente se las ingenia para pasar alimentos, e incluso “muchos maridos pudieron reunirse con sus familias disfrazándose de mujer”. Dos mujeres del antiguo barrio, disfrazadas con uniformes de la Cruz Roja, transmitían las orientaciones y mensajes de una parte a otra. Al mismo tiempo, para evitar un despliegue publicitario o solidaridad de otras personas, la policía prefería la noche para asaltar las casetas y sacar a las madres con sus hijos. Por tal razón, éstas permanecían en estado de alerta, defendiéndose con lo que podían.
Simultáneamente a estos hechos, que se prolongaron durante dos meses, los concejales de la Anapo y del Partido Comunista adelantaban debates denunciando los atropellos y solicitando que dichos terrenos fueran declarados de interés público. Delegados de la Central Nacional Provivienda también lograron hablar con el alcalde Albán Holguín, quien al verse presionado, comisionó a la Caja de Vivienda Popular para que adelantara un censo. Una vez efectuado y firmado un compromiso con la entidad, los padres de familia recuperaron la libertad y la policía abandonó el lugar. De ahí en adelante se fueron construyendo las viviendas y consiguiendo los servicios por contrabando.
Atahualpa y Camilo Torres Con unos terrenos situados en las afueras de Fontibón, el urbanizador pirata Álvaro Abondano estafó en 1967 a 155 familias: los hizo pagar $500 de cuota inicial, además de otras cuotas, sin entregarles documentos de propiedad ni instalar servicios públicos como lo había prometido. Frente a esto, en septiembre de ese año, otras familias, asesoradas por la Central Nacional Provivienda, se tomaron los predios que aún faltaban por construir. Abondano entabló demanda e intentó, en vano, varios desalojos. La presencia masiva de los habitantes del barrio y de otros vinculados a la Central, sumada al apoyo de concejales de la oposición, en especial de Carlos Bula, hizo que en 1970 el gobierno expropiara los terrenos al urbanizador. A finales de 1973, se intentó la invasión de otros terrenos cercanos pertenecientes al mismo Álvaro Abondano, pero la policía los desalojó en la madrugada del 3 de septiembre. Además, fueron detenidos 16 invasores que fueron puestos a disposición de la Brigada de Institutos Militares. Días después quedaron en libertad. En 1970, unas 30 familias de recogedores de basura se instalaron en una faja de tierra contigua a la línea ferroviaria cercana a Quinta Paredes. Esta invasión no tuvo en principio relación con la Central, pero cuando empezaron los intentos de desalojo y la campaña de prensa en contra del nuevo barrio, ésta se hizo presente para orientar a los ocupantes. La Central les indicó a los habitantes del nuevo barrio que lo primero que tenían que hacer era mejorar las viviendas. En los meses siguientes, las casetas de cartón empezaron a ser reemplazadas por construcciones de ladrillo. Al poco tiempo, con el apoyo de abogados de la Central, lograron obtener el documento de posesión, pudiendo posteriormente instalar “legalmente” los servicios de agua, luz y alcantarillado. El barrio fue bautizado Camilo Torres y se conformó allí un centro de la Central Nacional Provivienda. En los años siguientes, se construyeron colectivamente una escuela y una casa cultural. Posteriormente, la cohesión aflojó y CENAPROV interrumpió su presencia en el barrio.
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Nuevo Chile y Salvador Allende
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Recogida la experiencia de Colinas, Policarpa y Quindío, la Central inició una nueva etapa de luchas por el suelo urbano en Bogotá. Las tomas directas de tierra comenzaron a ser reemplazadas por la adquisición legal, adecuándose a la tendencia propia de la mayoría de los barrios populares. En este contexto, numerosas familias adquirieron algunas mejoras que existían en las cercanías de Ciudad Kennedy, a espaldas de la Empresa Carboquímica. Con contratos de arrendamiento, las tres primeras familias se instalaron en febrero de 1971. No habían cumplido un mes de estar allí cuando la policía destruyó sus ranchos, a pesar de la existencia de documentos de arrendamiento. Luego de ser llevados a la Escuela General Santander, a la Comisaría de Kennedy y a la Alcaldía Menor de Bosa, a sus habitantes los volvieron a llevar al sitio de donde habían sido desalojados. Dado el éxito de la primera ocupación, la Central envió otras familias, hasta completar 20 contratos de arrendamiento. En esta segunda oportunidad, la policía volvió a destruir las habitaciones, a decomisar los materiales y a conducir a los habitantes a la cárcel de Bosa. La gente, ante la negativa de reconocerles su ocupación, decidió no abandonar la cárcel, instalando una cocina provisional y un dormitorio colectivo. Entre tanto, la Central, los concejales de oposición y sindicalistas de la CSTC adelantaron una labor de denuncia de los atropellos realizados por la policía. Ante tanta presión, el alcalde menor ordenó la devolución de los materiales decomisados y el retorno de las familias al terreno que ocupaban. Estas retornaron en desfile al barrio, al que bautizaron Nuevo Chile en homenaje al triunfo de la Unidad Popular en las elecciones de ese país en 1971. Paulatinamente, nuevas familias fueron llegando al barrio, constituyendo, al terminar el Frente Nacional, 544. Apoyados por estudiantes de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Los Andes, se hizo la planificación del barrio. Después de 1974, se presentaron contradicciones entre la Central y algunos dirigentes locales que crearon una Junta de Acción Comunal paralela a la apoyada por la primera. Al igual que en otras invasiones mencionadas, la división llegó a los extremos del enfrentamiento violento; pero, en Nuevo Chile, la mayoría de pobladores respaldó a la Central, disipándose la sombra divisionista. Los servicios fueron construidos de manera cooperativa, y “legalizados” después de lograr que el Departamento de Planeación levantara los planos topográficos y los incluyera en el perímetro urbano distrital: El alcantarillado se hizo colectivamente; nosotros mismos abrimos las chambas y con base en la constancia y el empuje de los pobladores, poco a poco fue cambiando el barrio. Primero fue el camino,
que mediante la organización y colaboración de todos, cargando piedras y haciendo cunetas logramos hacer a pala y pica una mejor vía para peatones y automóviles. Así mismo, con auxilios y partidas de los parlamentarios y concejales de izquierda, se construyó la Casa Cultural y la concentración escolar. Con trabajo colectivo se construyó la entrada al barrio, dado que el sector estaba completamente aislado de otros asentamientos. En contraste, el barrio Salvador Allende no nació como invasión sino como urbanización pirata. Desde 1963, Crispín Perea y Carlina López empezaron a vender lotes en un terreno situado al occidente de la carrera 68, con el nombre de urbanización Alquería - La Fragua. Perea y López ofrecieron lotes a precios módicos y con facilidades de pago; pero, una vez instaladas las familias, les pedían nuevas cuotas y se les comprometía a votar por las listas del Partido Liberal. En la década del 70 comienza una lucha abierta entre las familias estafadas, apoyadas por la Central Provivienda, y los urbanizadores piratas. Estos habían establecido un juicio de desalojo contra las familias por “ocupación de hecho”. El juicio demoró varios años y, gracias a la solidaridad de Provivienda, la unión de las familias y la defensa de los abogados de la Central, fueron evitados seis intentos de desalojo. A continuación se suministra una carta de la Central solicitando apoyo a la “opinión pública” contra uno de los intentos de desalojo. En 1971, ya habitaban el barrio 150 familias, y unas 300 al finalizar el Frente Nacional. En 1974, los terrenos fueron declarados como de utilidad pública por el Concejo de Bogotá. En agosto de ese año, los periódicos anunciaban un intento frustrado de invasión en los terrenos contiguos, con el saldo de 118 detenidos.
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La Central Nacional Provivienda
U
n hecho significativo necesario para comprender la dinámica de gran parte de las invasiones ocurridas durante el Frente Nacional, y descritas anteriormente, fue la creación de la única organización estable de inquilinos, en 1959: La Central Nacional Provivienda. A su vez, su desarrollo exitoso se debió, en gran medida, a las experiencias adquiridas en el apoyo o asesoría de dichas invasiones.
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El antecedente inmediato fue la creación en Cali, finalizando el régimen militar, de la Central Provivienda de Colombia. Dicha organización había sido propiciada por el dirigente liberal Alfonso Barberena, quien también había participado con Julio Rincón y algunos núcleos comunistas en las luchas por la vivienda que venían dándose en dicha ciudad desde la década del 40. En Bogotá, un grupo de dirigentes sindicales comunistas y personalidades como Gerardo Molina crearon, el 16 de febrero de 1959, una seccional de la Central Provivienda de Colombia. Esta funcionó en un local del barrio Las Cruces y durante su primer año de existencia sólo consiguió la Personería Jurídica y no apoyó a las familias del barrio El Triángulo, que iban a ser desalojadas. Mientras tanto, Pedro Salas, quien había participado en Cali con Rincón y Barberena en la organización de destechados, había agrupado a inquilinos del barrio Ricaurte, con quienes planeaba invadir las edificaciones sin terminar que habían quedado en el CAN, una vez caída la dictadura de Rojas. Avisado por sus copartidarios del nacimiento de la seccional, Salas entró en contacto con las directivas, comprometiéndose a vincularse siempre y cuando variara la composición social. El 21 de agosto de 1960 se lleva a cabo un cambio de directivas, pasando Salas a la presidencia y siendo los demás cargos ocupados por inquilinos. Las personalidades y dirigentes fundadores quedaron en calidad de asesores. La nueva directiva redactó los estatutos y determinó cambiarle el nombre, primero, por el de Central Provivienda de Cundinamarca, y posteriormente por el de Central Nacional Provivienda, con cuya razón social recibió la actual Personería Jurídica, en 1961, por resolución del Ministerio de Justicia. Por ajustarse a los preceptos de la moral y el orden legal tanto en su organización como en los fines que persigue: encaminados a desarrollar una política permanente y eficaz destinada a conseguir lotes
de terreno para que cada uno de sus miembros pueda conseguir su casa de habitación propia... Lo mismo que a desarrollar la solidaridad entre sus miembros y propender por el mejoramiento de las clases menos favorecidas por la ciudad (Molina, 1979: 463). La plataforma de lucha de la Central, según sus estatutos, se resume en los siguientes lemas: 1. Luchamos por casa propia, sin cuota inicial a largo plazo. 2. Contra la especulación y alza de arrendamientos. 3. Por una reforma urbana democrática. 4. Por la organización y defensa de los inquilinos. 5. Por la unión y defensa de los destechados de Colombia. 6. Por la unidad de acción, por la unidad y solidaridad con el movimiento obrero. Una experiencia que modificó el estilo de trabajo de la Central fue el apoyo a la invasión Las Colinas, la cual, a pesar de haber surgido “espontáneamente”, entró en contacto con la organización desde abril de 1962. A los primeros afiliados se les educaba en ahorrar para poder comprar su lote, pues se presumía que por el clima de Bogotá y por la inexperiencia en ocupaciones de hecho no se podían impulsar invasiones. Pero con la invasión de Colinas vimos que sí era posible... de ahí también salió la experiencia para otras invasiones, pues en la primera invasión de las Colinas, por falta de organización, se convirtió en un mercado persa, los habitantes de los barrios vecinos cercaron varios lotes y en un solo día un lote fue vendido hasta seis veces... En las siguientes invasiones garantizamos que fueran auténticos inquilinos. Durante el segundo semestre de 1961 y el primero de 1962, la Central coordinó las invasiones que se dieron en Policarpa y Las Colinas. Al parecer, cuando una familia no podía ser ubicada en una de las dos, se insistía en la otra. En pleno auge de las invasiones, se realizó la Tercera Asamblea de la Central, eligiendo una nueva directiva, ahora con miembros provenientes del Policarpa. En estos momentos, se dio un crecimiento acelerado de afiliados a la Central. Según Pedro Salas, llegaban por miles a inscribirse y trabajaban hasta las 7 de la noche registrando a los nuevos socios de la organización. La nueva directiva organizó la Primera Conferencia Nacional de dirigentes de CENAPROV (cuarta asamblea), en junio de 1963, en la cual se confirmó la hegemonía del Partido Comunista, dado que en la primera fase éste compartía la orientación con algunos dirigentes del MRL. Para ese momento, existían seccionales en Girardot, Villavicencio, Pereira, Neiva, Medellín, La Dorada, Tuluá, Puerto Salgar y Fundación.
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En contraste, en Cali, la Central había perdido influencia. En esta asamblea se puntualizó la necesidad de la alianza entre el movimiento de los destechados con las otras formas de lucha popular, en especial con la obrera. A las próximas asambleas podrían asistir federaciones sindicales y sindicatos. La organización Provivienda, al igual que otras filiales del Partido Comunista, estuvo presente en la fundación de la Confederación Sindical de trabajadores de Colombia (CSTC), en mayo de 1964. En noviembre del mismo año se realiza una asamblea distrital, donde se critica el sentido discriminatorio de los planes de vivienda surgidos dentro del marco de la Alianza para el Progreso, en particular Ciudad Techo (Kennedy). En 1965, la Central guarda relación o influye directamente en barrios como: Policarpa, Colinas, Quindío, Santa Rosa, Juan XXIII y El Consuelo. Sin embargo, se perdió el control sobre algunos de ellos, dado que la debilidad numérica de dirigentes identificados con la orientación hizo que fueran desplazados por líderes locales más cercanos a los partidos tradicionales y a las políticas estatales. En barrios como Colinas, Santa Rosa y El Consuelo, la presencia de CENAPROV era coyuntural, y la política pragmática de los habitantes de los barrios no veía con simpatía los compromisos que generaba la pertenencia a una organización permanente y de abierta oposición al sistema. Sin embargo, estos barrios, junto con delegaciones provenientes de otras ciudades, participaron en la Segunda Asamblea de Barrios de Invasión, a comienzos de abril de 1966. Las consignas registradas por un periodista de El Vespertino indican la orientación predominante en el encuentro: Es necesaria la unión de todos los destechados del mundo. Es urgente la toma revolucionaria de las tierras ociosas... Treinta millones de pobres habitan tugurios en América Latina. Nuevo movimiento es apolítico. La lucha por el techo debe ser unificada y con sentido revolucionario. Somos una organización de clase en beneficio de los destechados... El 8 de abril del mismo año, se lleva a cabo la última etapa de ocupación del barrio Policarpa. Ese día asisten grupos de habitantes de otras invasiones ya existentes, como mecanismo de presión contra la acción de la policía en el desalojo. El éxito de la invasión, después de una guerra campal con la policía durante 3 horas, significó la consolidación del barrio Policarpa, pero también la persecución sistemática del gobierno contra La Central. Sus principales dirigentes fueron detenidos y el barrio fue objeto de hostigamiento permanente. Como no pudieron comprobar ninguno de los cargos que les imputaban, los dirigentes detenidos -Mario Upegui, entre otros-, fueron puestos en libertad. Según Carlos Arango, debido a este contexto de persecución, la Central entró en un período de receso.
En agosto de 1967, se realizó la Quinta Asamblea Nacional, a la que asistieron 34 delegados plenos y 9 fraternales. Allí se confirman la orientación y las directivas de La Central, pero también se veía con preocupación cómo muchos centros de la organización habían desaparecido, desplazados por las Juntas de Acción Comunal. De los 16 centros que existían en 1963 sólo quedaban 4 en 1967. La pérdida de influencia en ese lapso es explicada por Pedro Salas por la debilidad cuantitativa y la necesidad de marcar fuentes prioritarias. Sin embargo, ese reflujo de la Central puede ser explicado también por el consenso que las políticas reformistas de Lleras habían tenido sobre los barrios populares y por la ya mencionada ola represiva. Durante los últimos años de la década del 70, la Central Nacional Provivienda centra su atención en la consolidación de los barrios donde tenía pleno control (Policarpa, Quindío) y en estudiar otras posibilidades de acción. Evaluadas las dificultades que en Bogotá tenían las invasiones, y las fabulosas ganancias que obtenían los urbanizadores piratas, deciden darle un giro a la orientación de la Central: combinar las ocupaciones de hecho con la compra colectiva de terrenos urbanizables, que podían realizar respaldados por la Personería Jurídica que ya poseían. La década del 70 va a caracterizarse por esta nueva modalidad: barrios como Nuevo Chile en Bogotá en 1971 y Pablo Neruda en Sibaté en 1974, son ejemplos de esta forma “legal” de conseguir vivienda. La Sexta Asamblea (abril de 1971) confirma esta nueva modalidad, argumentando la nueva composición social de los afiliados: Hasta hace pocos años la mayoría de los ocupantes pertenecían al lumpen proletariado: vendedores ambulantes, artesanos y pequeños comerciantes. Pero en los últimos años la composición ha cambiado, al vincularse legiones enteras de obreros, empleados y capas media (Arango, 1986: 69). Esta caracterización era exagerada, y al parecer obedece más a razones ideológicas, pero ponía en evidencia que “no todo el mundo sirve para invadir, el que trabaja en una empresa debe cuidar su estabilidad laboral, a otros les da miedo y a otros el prejuicio social no los deja”. La Central debe acoplarse a las tendencias sociales que acompañan la incorporación de los barrios populares a la ciudad. Sin embargo, en dicha asamblea se precisaron algunas sugerencias para que la dinámica interna de los barrios de la Central se diferenciaran de las demás ocupaciones populares: las familias deben estar organizadas y conscientes de los problemas, hacerles ver la importancia del mejoramiento del barrio y prevenirlos contra los negociantes de la vivienda.
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Estas 2 fases que caracterizaron la historia de la Central Nacional Provivienda durante el Frente Nacional estuvieron acompañadas de otras características comunes. Una de ellas fue la relación conflictiva con la Acción Comunal, forma organizativa de iniciativa gubernamental que fue implementada en los barrios de La Central para quitarle influencia y, que en varios casos, llevó a enfrentamientos dentro de los barrios. Otro rasgo común de la Central, durante el periodo de nuestro estudio, es el afán por destacar el carácter político de la lucha por la vivienda. La educación política de sus afiliados y la presencia en los cuerpos colegiados han sido las dos tácticas más frecuentes. Tanto en la fase en que el afiliado es sólo inquilino con aspiraciones de terreno propio, como cuando ya lo ha conseguido y es poblador de un barrio de La Central, esta organización le brinda educación política tendiente a que ubique la lucha por el techo no como un fin sino como un medio para lograr otros fines “superiores”, como la organización política partidista para la llegada al poder. En cuanto a la presencia en órganos del poder legislativo, en particular en el Concejo, en un primer momento buscaron apoyo en concejales de otros partidos como el liberal. En la medida en que la organización cobró fuerza numérica, logró colocar a uno de sus dirigentes como concejal de Bogotá: Mario Upegui, quien llegó como invasor a Policarpa en 1961 y se fue forjando como líder barrial, distrital, y nacional de Provivienda. El papel que juegan los concejales de oposición, desde 1968, en las luchas adelantadas por la Central, las resume Pedro Salas en tres aspectos: • Se oponen por todos los medios legales al desalojo de las ocupaciones de hecho. • Gestionan para que haya una fórmula de arreglo justa para los ocupantes, ya sea por intervención estatal o propiciando una fórmula de arreglo entre las partes. • Contribuyen con partidas económicas para el sostenimiento de La Central, para la realización de obras en los barrios y para rebajar cuotas de pavimentación o valorización.
Invasiones independientes de CENAPROV
L
as Colinas no fue el único barrio que se alejó de las orientaciones de la Central Nacional Provivienda. Durante el Frente Nacional, también lo hicieron los barrios Santa Rosa, El Consuelo y Juan XXIII. Otras invasiones como El Dorado, Las Mercedes (1964), El Progreso, (1964) y algunas que no fueron exitosas, al parecer, no tuvieron relación alguna con la mencionada organización.
Santa Rosa y El Consuelo - Rocío En el terreno de la antigua finca “Los Laches” se inició la ocupación de ambos barrios, en septiembre de 1963. Primero, fue una pareja de señoras, apoyadas por Enrique Hernández, Miguel Figueroa y Pablo Sánchez, quienes les ayudaron a limpiar el terreno. Después, fue llegando más gente a la zona y, a comienzos de 1964, la Central Nacional Provivienda hizo presencia para ayudar a los invasores. Presionados por ésta, elaboraron un reglamento de orden, que establecía las condiciones bajo las cuales se aceptarían nuevos habitantes: “Requisitos para la asignación de un lote: 1. La persona debe ser casada y tener por lo menos cuatro hijos; 2. La persona debe comprobar no tener ningún antecedente penal; 3. La persona debe comprobar no poseer ningún inmueble en la ciudad o en el campo; 4. La persona debe pertenecer a la clase trabajadora y no recibir ingresos mayores de $1.000 al mes (1964); 5. El nuevo habitante debe construir su casa dentro de 14 días, o pierde el derecho a su lote; 6. El habitante debe participar activamente en las tareas comunitarias, asistir a las reuniones del barrio y respetar a sus vecinos; 7. Quien no ocupa su casa pierde el derecho a ella; 8. Es prohibido tener más de una casa en el barrio. Aquí se habita para tener un lugar para vivir. El terreno no se presta a especulaciones, sino para cumplir con el derecho que todos tienen de tener un techo.
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Aprobado por la comunidad del barrio el 17 de Mayo de 1964” (Citado por Janssen, 1984: 101). Para el cumplimiento de dicho reglamento y para centralizar la organización de los nuevos pobladores también se creó una Junta de Invasores, que existió hasta 1969, cuando fue reemplazada por la Junta de Acción Comunal. El reglamento fue respetado mientras duró el proceso de ocupación definitiva del barrio, etapa en la que la Junta puso sanciones obligatorias, como lo evidencian las actas de las reuniones comunales citadas por Janssen. Pero, a diferencia del Policarpa y Quindío, la Central no garantizó la educación política de los pobladores, limitando su presencia a intervenciones en las asambleas para dar sugerencias y trazar líneas de acción. Muy pronto, estas familias cuyo principal propósito era conseguir un sitio donde vivir, no veían la importancia de una organización autónoma y fuerte y empezaron a oponerse a la Central. Uno de los puntos de conflicto era la recaudación semanal de contribuciones: Torres Carrillo
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¡La Central nos explotaba!. Pues, ¿dónde queda toda esa plata que pagamos? Todos los domingos teníamos que dar una cuota de $1 y después hasta de $2. En cambio recibimos carnés de afiliación como los que todavía existen, por lo menos yo tengo uno (Testimonio citado por Janssen, 1984: 104). Para muchos habitantes, pertenecer a una organización superbarrial no tenía gran significación. A esto se agrega la campaña de prensa en contra de la Central, acusándolos de “agitadores profesionales”. Tal vez el tipo de discurso que acompañaba la propuesta organizativa de la Central causaba desconfianza, como lo muestra el siguiente testimonio: Hablaban sólo de política e intentaban imponernos su política. Pero no estábamos de acuerdo con esa religión de ellos, pues pregonaban una política antirreligiosa, contra la Iglesia y todas las convicciones con que hemos sido educados (Testimonio citado por Janssen, 1984:105). Aunque aún tenían algunos simpatizantes, en diciembre de 1964, los representantes de la Central dejaron de ir definitivamente a Santa Rosa. Desde un comienzo, los de la parte alta del barrio, liderados por un exsuboficial del ejército, se enfrentaron a los habitantes de la parte baja. El mencionado ex militar dirigía a sus seguidores con criterio autoritario y los incitaba a enfrentarse violentamente con los de la parte baja. Finalmente, este sector decidió separarse de Santa Rosa a mediados de 1964, autobautizándose El Consuelo, Rocío o Nuevo Dorado. Sus habitantes siguieron incondicionales a su líder hasta que murió años después. Una muestra del tipo de relación que se llevaba es la declaración que el ex militar prestó a un periódico capitalino en 1964:
Ustedes ven, esta es mi gentecita, mis colonos están unidos conmigo como un sólo hombre. Es que quiero demostrarle al gobierno que el pueblo necesita un techo. Y por eso aquí en mi colonización tengo guardianes y policías, F2 y detectives. Porque ellos también necesitan su pedacito de terreno. Si nadie se los da, yo sí. El ambiguo discurso del dirigente, al igual que la composición ocupacional de gran parte de sus pobladores, hizo que el barrio creara pronto una Junta de Acción Comunal para buscar los favores gubernamentales: Precisamente el barrio fue inscrito ante la alcaldía como zona de invasión para que nos adjudiquen o nos vendan los terrenos con facilidades de pago. El alcalde nos prometió que enviaría técnicos de Planeación y que después de las elecciones nos visitaría. La consolidación paulatina de ambos barrios siguió las pautas encontradas en los demás asentamientos populares. La infraestructura de servicios pasó por las fases descritas en el capítulo anterior: de la solución familiar pasaron a su instalación de contrabando y a la incorporación legalizada. En momentos en que aún la Central Nacional Provivienda era activa en el barrio, se proyectó y construyó un Salón Comunal, que haría las veces de Casa Cultural y escuela de primaria. El local fue levantado en guadua por los mismos habitantes. En 1972, fue reemplazado por un salón más grande y de ladrillo, cuya construcción fue financiada por el gobierno. Al retiro de La Central, otras agrupaciones políticas y de beneficencia pasaron por el barrio: La Embajada de Estados Unidos, el partido Demócrata Cristiano, Acción Colombia, la ANAPO y los partidos tradicionales. A todos ellos les sacaron “tajada”, como lo afirma este pragmático testimonio de un directivo comunal: En Santa Rosa tenemos una filosofía muy clara: todos pueden venir acá. Quien llega y nos ayuda, quien da su contribución al barrio, puede contar con nuestra colaboración. Aquí trabajan el Partido Liberal, el Partido Conservador, la ANAPO y el Partido Comunista. No interferimos en el trabajo de ningún partido que quiera venir acá. Todos los partidos hacen algo por nuestro barrio en el Concejo, en la Asamblea Departamental o en la Cámara de Representantes (Testimonio citado por Janssen, 1984: 110). Janssen enumera un impresionante listado de “beneficios” obtenidos por el barrio gracias a su política pragmática. También narra cómo, desde su concepción política, impidieron el desalojo recomendado por la Caja de Vivienda Popular en 1968 y participaron en la lucha contra la Avenida de los Cerros.
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Otras invasiones “independientes”
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En 1964, la prensa registra el surgimiento de una invasión junto a Santa Rosa. Se trataba de El Dorado, cuya historia fue ajena a la influencia de la Central Nacional Provivienda y a la de las otras invasiones. Con respecto a esta invasión no logramos obtener ninguna información. También en los cerros orientales, en los alrededores de la calle 65 con carrera 1, se había iniciado una invasión espontánea, que se llamaría Juan XXIII. Allí acudieron estudiantes universitarios y militantes de la Juventud Comunista, quienes apoyaron la llegada de nuevas familias y la construcción de una precaria escuela donde trataron de alfabetizar y educar políticamente a sus pobladores. Según Arango (1986: 96), la ocupación crecía con cierta rapidez, y los jóvenes, que actuaban impulsados por el entusiasmo, no lograron generar una organización estable. Abandonaron su trabajo y pronto fueron reemplazados por el sacerdote peruano Domingo Effio, quien asumió el liderazgo entre los habitantes ya que fomentaba el sentido comunitario a partir de sus convicciones religiosas, sin entrar en conflicto con la manera de pensar de los pobladores. En 1965, el religioso impulsa una nueva invasión de terrenos y la construcción de un centro cultural, acciones que son impedidas por la policía en un primer momento, pero que después de varios intentos resultan exitosas. Incluso, como una manera de encontrar respaldo institucional, invita a la inauguración de dicho centro a monseñor Isaza. El padre Effio pretendió fomentar la organización comunitaria desde una perspectiva cristiana, evitando acercarse tanto a la Central Provivienda como a las políticas gubernamentales de Acción Comunal. Solicitaba la colaboración de la primera ante intentos de desalojo, y de la segunda para gestionar la instalación de los servicios públicos, pero evitando en ambos casos el contacto de los pobladores con dichas organizaciones. Logró montar un taller de reparación de canastas de cerveza, montó una pequeña tienda cooperativa y abrió la escuela y un consultorio médico. Junto a estas acciones apoyadas por instituciones asistencialistas, también organizó invasiones sucesivas en 1967 y 1968. En este último año, la Central Provivienda hizo presencia con habitantes de otras invasiones para impedir un nuevo intento de desalojo, y colaboró en la legalización de los documentos de posesión. Con estas ayudas, la Central logró la afiliación del barrio e impulsó una nueva invasión. También en esta ocasión, la acción fue impedida por la presencia de otros barrios afiliados a esta organización. La simultánea presencia del sacerdote y la Central aceleró las contradicciones entre los dos estilos de trabajo barrial, llevando, primero, a la salida de Effio ante la acusación de supuestos malos manejos económicos y, posteriormente, al retiro de Provivienda por falta de consenso entre los habitantes del barrio.
Junto a las anteriores invasiones, que habiendo tenido algún contacto con la Central Nacional Provivienda se distanciaron de ella, se dieron otros intentos de ocupación de hecho durante el Frente Nacional. Entre ellos cabe destacar la frustrada triple invasión llevada a cabo el 28 de septiembre de 1964 en terrenos situados cerca al segundo puente, en la Hacienda Buenos Aires y en un potrero situado junto a San Cristóbal Sur. Los periódicos registraron el desalojo de las tres ocupaciones, denunciando la aparición de una nueva organización de invasores autodenominada Sindicato Pro Invasión Nacional que había coordinado el anterior intento en el que estaban involucradas unas 400 familias. Días después, la prensa anuncia la amenaza de nuevas invasiones organizadas por los mismos ocupantes desalojados. De ahí en adelante no vuelve a salir nada sobre ellos, y un dirigente de CENAPROV de la época que entrevistamos tampoco dio razón de alguna posible relación entre las dos organizaciones. Otra ocupación de hecho fue “El Progreso”, iniciada espontáneamente por algunas familias, en 1960, entre las calles 15 y 16 con carrera 22, sobre un botadero de basura. A finales de 1965, empieza a crecer el número de familias, llegando a vivir allí, en 1966, unas 300 personas. Los periódicos la denominaron “Ciudad de la basura” y dedicaron varios artículos a mostrar la situación de miseria y la carencia de servicios que se vivía allí. Desde noviembre de ese año la policía comenzó a realizar un censo para preparar su traslado al barrio Los Laches, proyecto de la Caja de Vivienda Popular, a donde habían enviado a otros invasores espontáneos. Durante el mes de diciembre, fueron trasladados a dicha urbanización, recibiendo ayuda económica y material de la Junta de Acción Comunal de la zona donde estaba instalada la invasión, y de benefactores como el padre Garavito, párroco del Quiroga, quien también tuvo mucho que ver en la historia de Las Colinas.
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La invasión de terrenos urbanos en retrospectiva
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emos visto cómo el peculiar desarrollo urbano de Bogotá ha favorecido a la urbanización pirata como válvula de escape a la presión social. Esta forma de urbanización ha sido originada por el creciente déficit habitacional desde mediados de este siglo y la incapacidad crónica del Estado para neutralizarla a través de sus planes de vivienda. Aunque las invasiones de terreno, ni siquiera en su momento de mayor empuje (1963-1964), lograron constituirse en alternativa generalizada de los destechados bogotanos para solucionar su problema, representan una modalidad de lucha urbana cuyas características merecen ser analizadas. En primer lugar, las ocupaciones de hecho en la capital, a pesar de su escaso peso cuantitativo con relación a otras ciudades del país y de América Latina, pusieron de manifiesto la contradicción existente entre la propiedad privada del suelo urbano y el carácter colectivo de su uso; esta problemática urbana evidencia una contradicción más profunda en la estructura social vivida en la ciudad. Constituidas, per se, en un desafío a la propiedad privada y en un cuestionamiento a las políticas oficiales de vivienda, las invasiones siempre fueron vistas por las autoridades como un peligro que debía ser neutralizado a toda costa. Sin embargo, el hecho de que se produjera una invasión de terrenos por parte de un grupo de familias no era garantía de que en ella se desarrollara una organización estable y autónoma, conscientemente cuestionadora del orden social urbano. El surgimiento y consolidación de un proceso organizativo alternativo, o la absorción del barrio a la lógica urbana dominante, dependió tanto de las experiencias vividas por sus protagonistas en cada caso como de la confrontación externa con los agentes urbanos dominantes (Estado y propietarios privados del suelo). Considero que tales procesos de aprendizaje estuvieron asociados, básicamente a 3 factores: la actitud asumida por el Estado y el propietario afectado, la composición social y participación de los ocupantes, y el tipo de orientación asumida por las organizaciones que intervienen en la dirección del proceso. A excepción de los casos de invasión efectuados en áreas del territorio urbano no estratégicas para el mercado privado o clandestino de tierras
(por ejemplo Santa Rosa, El Consuelo, El Dorado), las autoridades actuaron pronto y enérgicamente para combatir los intentos de ocupación ilegal. Independientemente de la coyuntura política vivida, consideramos que los otros 2 factores fueron los determinantes en el rumbo que asumió cada uno de los barrios de invasión surgidos durante el Frente Nacional. La manera como se manifiestan estos dos factores puede ser analizada si consideramos las grandes etapas por las que generalmente atravesaron los barrios de invasión durante el período estudiado.
La preparación Casi en todas las ocupaciones en que intervino la Central Nacional Provivienda hubo una fase de preparación, caracterizada por una rigurosa organización y algún grado de selección de los potenciales invasores. Esta experiencia contrasta con algunas ocupaciones aparentemente “espontáneas”, donde, gradual y desordenadamente, fueron llegando familias. En el primer caso se garantizó, por lo menos durante los duros momentos iniciales de ocupación, un grado tal de cohesión entre los vecinos que evitó un intento de desalojo y garantizó una responsabilidad colectiva en la construcción de las primeras obras de infraestructura, características de la etapa de consolidación del barrio. El ejemplo más representativo de esta etapa fue el Policarpa Salavarrieta, donde los grados de preparación alcanzaron límites sorprendentes. En los casos de ausencia de preparación y selección de los ocupantes, como el barrio Las Colinas en su primer intento, se permitió la presencia de personas que ya poseían vivienda y que veían en la invasión un negocio lucrativo. Estas personas fueron las primeras en abandonar la ocupación ante la acción represiva por parte de las autoridades, o, una vez consolidado el Barrio, fueron los que vendieron los predios o las mejoras a nuevas familias que no vivieron la aleccionante experiencia inicial. En otros casos, como El Consuelo, la ausencia de planeación previa favoreció la existencia de poderes “gamonalescos” que evitaron posteriores intentos de organización con un carácter diferente y que afianzaron los nexos clientelistas con los políticos de los partidos tradicionales.
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La ocupación inicial La etapa más rica en experiencia es ésta, ya que se concentran en el tiempo y en el espacio procesos que en un barrio popular “normal” se presentan durante varios años. La ocupación acelerada de terrenos y la simultánea construcción de elementales viviendas dentro de un clima de tensión, generado
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por la inminente acción policiva, lleva a que en los ocupantes se manifiesten prácticas de solidaridad y de defensa, poco usuales en otro tipo de asentamientos. La previa organización y previsión de los posibles riesgos que implicará la acción son fundamentales. Al respecto, la experiencia que acumuló CENAPROV, y que pudo manifestar en las invasiones que orientó o asesoró, fueron garantía de su éxito: construcción de “casetas andantes”, uso de símbolos eventualmente neutralizados de la acción represiva (banderas blancas, pabellones nacionales, imágenes religiosas), asignación de responsabilidades específicas, preparación de medios defensivos, presencia de periodistas y políticos, etc. En esta etapa de ocupación, las mujeres juegan un papel fundamental, pues durante la toma misma del terreno asumen tareas similares a las de sus maridos. Durante los días siguientes deben persuadir a los policías de sus intenciones de desalojo, acudiendo a sus sentimientos: desde producir lástima por su condición de embarazo o madre de familia, hasta poner a prueba su machismo (“los hombres no deben golpear a las mujeres”) o su hombría (coqueteos mientras otros continúan invadiendo). En otras invasiones, durante el momento de desalojo, las mujeres y los niños se constituyeron en un freno al ingreso violento de los uniformados con su presencia dentro de las casas o frente al barrio. En otras, ante la ineficacia de esta táctica, debieron hacer presencia en el enfrentamiento directo con éstos. Si la resistencia al desalojo era victoriosa, lo más común era que se permitiera el ingreso de nuevas familias, dando origen a sucesivas invasiones parciales que prolongaban la etapa de ocupación durante varios meses, e incluso años, llegando a vivirse simultáneamente con la etapa de consolidación.
La consolidación Asegurada la posesión del terreno, se construyen las casas, se establece una organización espacial, se busca alguna forma de conseguir los servicios elementales: agua, electricidad, alcantarillado. Esta etapa puede prolongarse durante varios años y es fundamental el tipo de organización que se haya generado dentro del barrio. Por ejemplo, recordemos cómo la incipiente CENAPROV no garantizó su presencia efectiva en todas las invasiones que trató de acompañar. En aquellas donde su presencia fue ocasional o donde el Estado y los partidos tradicionales de derecha recuperaron su influencia, fue desplazada total o parcialmente. En contraste, en los barrios donde esta organización política de izquierda garantizó su presencia, se prolongó la disciplina existente durante las primeras fases o se creó donde no la había. Se diseñaron igualmente estatutos y formas organizativas fuertes que controlaron la mayoría de los ámbitos de la vida colectiva. El sistema de comisiones articuladas en torno a una Junta Direc-
tiva fue adoptado por barrios como Policarpa, El Quindío, Salvador Allende y Nuevo Chile, con pocas modificaciones. Así, aunque las prácticas de trabajo comunitario y de negociación con el Estado, propias de los barrios populares “legalizados”, también estuvieran presentes en los barrios afines a la Central, su carácter procuró ser diferente: la educación política que acompaña estos procesos intentó afianzar la “autonomía de clase” de sus habitantes con respecto al Estado, su simpatía con otras formas de lucha popular y su identificación con proyectos políticos alternos. Además, la participación en eventos y actividades impulsadas por la Central, su presencia solidaria en conflictos laborales y actos políticos de protesta y la militancia de buena parte de sus miembros en el Partido Comunista, convirtió a los barrios de CENAPROV en fortines políticos de la oposición partidista, ambiente propicio para la formación de cuadros de dicha colectividad izquierdista. En aquellos barrios donde CENAPROV perdió o nunca llegó a tener control, la tendencia fue la de un acercamiento de sus dirigentes comunales, con el consenso del resto de los habitantes, a la dinámica seguida por la mayor parte de los barrios populares bogotanos. La creación de la Junta de Acción Comunal, ya sea por iniciativa propia o por presión estatal, representa la incorporación gradual o acelerada a la dinámica urbana dominante (caso Las Colinas). Este acercamiento amistoso a las instituciones gubernamentales generalmente fue acompañado por la irrupción de entidades asistencialistas (San Vicente de Paul, Caritas, Empresas Privadas) que, “compadecidas” con estos barrios, los convierten en beneficiarios privilegiados de sus obras de caridad, para demostrar a sus habitantes las ventajas de su incorporación al orden legal. Estas dos tendencias en la consolidación de los barrios de invasión no se presentaron “puras” en ningún caso. En casi todos coexistieron durante buena parte de su desarrollo, hasta que al fin una de las dos “eclipsó a la otra” o el barrio se dividió en dos. La capacidad organizativa y educativa de CENAPROV y de sus simpatizantes marcó en gran medida el desenlace, dado que, en todos los casos, el Estado y sus instituciones buscaron por todos los medios “reabsorber” las invasiones.
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La legalización Merteens (1987) señala una última etapa en los barrios de invasión, caracterizada por todo el proceso de acercamiento a la administración estatal. Allí se busca el reconocimiento político-administrativo del asentamiento, la ejecución de obras públicas y servicios por parte del Estado y la titulación de las propiedades individuales. En los barrios surgidos durante el período de nuestra investigación en Bogotá, la legalización no constituyó una etapa posterior, sino que se logró
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prontamente -antes o durante el proceso de consolidación infraestructural-. En aquellos barrios que se acogieron a las reglas de juego impuestas por el Estado, o donde triunfaron los litigios contra los urbanizadores piratas, la legalización se dio sin problemas. En Policarpa, la “incorporación legal” sólo se dio en la década del 80, obteniendo hasta ese momento la oficialización de los servicios públicos ya instalados y la escrituración individual de las posesiones. El acercamiento de los barrios de invasión al orden urbano legal plantea un reto para aquellos que se caracterizaron en sus primeras fases por su posición independiente e incluso contraria a las políticas estatales: ¿Cómo garantizar el “espíritu de lucha”, la cohesión organizativa y la capacidad de movilización anteriores? El aumento del número de nuevos propietarios que no vivieron la experiencia inicial de la invasión, las diferencias socioeconómicas internas originadas por la desigualdad de ingresos y de ahorros propios de la heterogénea vinculación laboral y el desconocimiento de las nuevas generaciones de la lucha vivida por los “fundadores”, constituyen, entre otros, desafíos hoy sentidos incluso en el Policarpa, que tienden a aflojar la unidad y combatividad que caracterizó las invasiones en sus orígenes. Lo cierto es que durante el Frente Nacional, ya sea por su excepcionalidad, por su singular relación con el Estado o por su contraste con las tendencias vividas en los demás barrios populares, las invasiones se convirtieron en obligada referencia dentro de las discusiones gubernamentales, en las crónicas periodísticas y en las investigaciones especializadas en asuntos urbanos. Algo había en ellas para ser evitado, o para ser imitado.
Falta Créditos FUENTE:
Movilizarse por el derecho a la ciudad
La protesta urbana durante el Frente Nacional
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ntre 1958 y 1974, Bogotá fue escenario no sólo del mayor número de ocupaciones ilegales de terrenos en toda su historia sino también de una amplia serie de expresiones de lucha manifiesta, asociadas a problemáticas propias de la organización colectiva del modo de vida en los territorios populares. En esta investigación, estos conflictos serán denominados genéricamente como protesta urbana. Estas expresiones de inconformismo popular o enfrentamientos manifiestos con el Estado, relacionados con la defensa o lucha por la consecución de bienes de consumo colectivo, fueron numéricamente insignificantes si se comparan con la generalizada tendencia de buscar solución a los problemas barriales por la vía negociada y por el esfuerzo propio, evitando a toda costa el conflicto. Sin embargo, el análisis de estas formas de protesta urbana tiene una significación social y política muy importante, dado que ellas representan experiencias más o menos autónomas de confrontación con el orden urbano establecido y configuran el antecedente inmediato de las acciones masivas que protagonizarán los habitantes de los barrios populares capitalinos el 14 de septiembre de 1977, día del primer Paro Cívico Nacional. Incluso, se puede afirmar que la magnitud y beligerancia que asumió tal jornada de protesta solo puede comprenderse por el acumulado previo de experiencias de movilización popular gestadas durante el Frente Nacional. Ya hemos dicho cómo los intereses comunes de los habitantes de los barrios populares no están dados por una identidad en la esfera laboral, sino por el hecho de compartir experiencias comunes en el plano del consumo colectivo (vivienda, servicios públicos) e individual (sobrevivir en una estructura de pobreza). Los conflictos que se dan en ambas áreas los llevan, en determinadas circunstancias, a enfrentarse abiertamente con el establecimiento, generalmente cuando el problema supera las posibilidades de solucionarlo con esfuerzo y recursos propios, se han agotado todos los caminos “legales” mencionados en el Capítulo III o cuando su magnitud o carácter constituyen una situación límite inaguantable. Estos conflictos manifiestos, generados desde los barrios populares como unidades socio espaciales significativas para sus habitantes, asumen diversas formas que van desde reacciones puntuales y de alcance inmediato
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(alboroto de descontento dentro del barrio) hasta formas más organizadas y permanentes (conformación de comités permanentes suprabarriales). En este último caso, pueden llegar a constituirse en verdaderos movimientos sociales urbanos; es decir, en prácticas colectivas duraderas “que resultan de la articulación de una coyuntura de agentes urbanos y de las demás prácticas sociales, en forma tal que su desarrollo tiende objetivamente hacia la transformación estructural del sistema urbano o hacia una modificación sustancial de la relación de fuerzas en la lucha de clases, es decir, en última instancia, en el poder del Estado” (Castells, 1980: 312). Este tipo de prácticas organizadas y duraderas, con una base social definida y unos intereses políticos estratégicos con un alto poder de transgresión del orden social, que han sido conceptualizadas e investigadas por la sociología urbana marxista, no fue el que caracterizó el período de nuestro estudio. Solamente la lucha de los barrios orientales de la ciudad contra la construcción de la Avenida de los Cerros entre los años 1972 y 1974 contiene algunos elementos que la acercan a un verdadero movimiento social urbano, tales como su continuidad y capacidad de incidencia política. El tipo de confrontaciones abiertas protagonizadas por los habitantes de algunas ocupaciones populares bogotanas no sobrepasó el carácter de luchas sociales, definidas por Touraine como formas de acción conflictual por el control de un campo social determinado, dirigidas por un actor colectivo contra un adversario. El mismo autor distingue entre luchas sociales afirmativas y luchas sociales críticas. Las primeras buscan mejorar su posición dentro de un campo determinado, como, por ejemplo, la consecución de un servicio público. Las segundas buscan defender al actor frente a una agresión que trata de desconocer sus derechos ya conquistados o de desmejorar su posición dentro de un campo determinado, por ejemplo, cierre de una escuela o intento de desalojo. Tal vez la categoría más apropiada es la de “lucha urbana”, definida por la investigadora urbana Martha García como “acciones sociales colectivas protagonizadas por actores urbanos, respecto a derechos fundamentales, ampliaciones democráticas y participación en el manejo de sus destinos como colectividad y de presionar respuestas eficaces de la autoridades…” (García, 2002: 73). Como se mostrará luego, durante el periodo se vivió una transición entre movilizaciones que buscan prolongar la presión a las autoridades desde una expectativa de demanda por reconocimiento e integración al orden urbano y movilizaciones que buscan transgredirlo desde opciones políticas anti sistémicas. Un problema que ofrece el estudio de las luchas populares es la dificultad de localizar fuentes originadas en sus protagonistas: sólo contamos para nuestro balance con la información registrada por la prensa capitalina de aquellos casos que, por su relevancia, alcanzaron a ser noticiados. El carácter mismo de los artículos impide para la mayoría de los casos apreciar la composición social de los implicados, su organización, ideas subyacentes y los resultados obtenidos con la protesta.
Consciente de estas limitaciones, elaboré el anexo 3, en el que se reconstruyen cronológicamente los 41 casos de lucha popular barrial reseñados en la prensa entre 1958 y 1974, el lugar (barrio o sector de la ciudad) donde se originó, los motivos de la protesta, la modalidad de lucha asumida (repertorio de protesta), los resultados obtenidos y la respuesta de las autoridades. Estos casos no incluyen los relacionados con la lucha desarrollada en los barrios orientales contra la Avenida de los Cerros, ya que ésta será analizada aparte.
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Las modalidades de protesta
Aunque, desde mediados del siglo XIX, los habitantes pobres de la ciudad de Bogotá habían expresado su rechazo o inconformismo con condiciones, situaciones o decisiones de las autoridades a través de protestas callejeras y, que en coyunturas como el Bogotazo, asumió el carácter de un levantamiento popular, va a ser a partir de 1958 que la movilización popular se generaliza.
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Esta expansión cuantitativa también significó una ampliación del repertorio de formas de protesta, entendidas por Richard Tilly como “el conjunto de medios que tiene un grupo social para plantear reivindicaciones diferentes a individuos diferentes” (citado por Diani y Dellaporta, 2011: 218). Durante el periodo estudiado, los pobladores urbanos acudieron a diferentes formas de movilización, tales como los paros cívicos, los bloqueos de vías, la toma de instalaciones públicas, las marchas, los plantones y la confrontación contra la policía cuando iban a ser desalojados de terrenos o viviendas. En el Cuadro 24, se muestran las diversas formas de lucha urbana barrial durante el Frente Nacional.
Cuadro 24 MODALIDADES DE PROTESTA URBANA BARRIAL EN BOGOTÁ ENTRE 1958 Y 1974 Modalidad
N2
%
Paros cívicos y bloqueo de vías
16
39.6
Manifestaciones pacíficas
11
26.5
Resistencia a desalojos
2
4.9
TOTAL
41
100.0
Fuente: información de prensa.
Paros cívicos y bloqueo de vías El 5 de julio de 1958, dos meses antes de que Alberto Lleras asumiera la presidencia del primer gobierno del Frente Nacional, los habitantes de varios barrios ubicados en la vía a Usme (Barranquillita, Santa Marta, Yomasa, Santa Librada) bloquearon el paso de los automotores como medida de protesta y presión al gobierno distrital para que retirara un botadero de basura ubicado en el sector, argumentando que este lugar se había convertido en foco de enfermedades y grave factor de mortalidad infantil. A esta forma de protesta la llamaron “paro cívico”, nombre al parecer ya utilizado por otras comunidades en circunstancias similares, como lo muestra el redactor de la noticia: “el paro cívico es una de las medidas populares más expeditas para oponerse a cualquier acto oficial que perjudique a un número importante de ciudadanos”. El día señalado para la acción, los vecinos de los barrios madrugaron a colocar piedras sobre la carretera y a concentrarse en ella para evitar el paso de automóviles, en particular de los carros cargados de basura procedentes de la ciudad. Una vez inmovilizados estos últimos, fueron cortadas sus llantas. La decisión de realizar el paro cívico era la culminación de una interminable cadena de solicitudes comedidas y enérgicas a la Dirección de Aseo, a la Junta de Higiene, al Concejo y al alcalde de la ciudad. Así lo manifiesta un vecino: En vista de que a pesar de nuestras múltiples quejas no nos han “puesto bolas”, hemos decidido efectuar mañana jueves, de las 7 de la mañana en adelante, un paro cívico para impedir que las camionetas del aseo depositen su espantosa carga en este sitio. Antes y después de realizada la protesta, el secretario de Higiene y el alcalde hicieron declaraciones prometiendo solución al problema del basurero. Al parecer estas promesas no se vieron cumplidas, ya que, a las dos semanas, los mismos pobladores bloquearon de nuevo el paso de las volquetas. Situaciones como las experimentadas por los barrios Barranquillita, Yomasa, Santa Librada y Santa Marta volverían a presentarse por lo menos en 15 ocasiones a lo largo del Frente Nacional en Bogotá. Para esa época, la denominación “paro cívico” no tenía el alcance que le han dado los investigadores de años recientes. En términos de Medófilo Medina (1977: 6), un paro cívico se caracteriza por “la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una región, ciudad o conjunto importante de barrios cuyo objetivo es la exigencia a las autoridades de solución de problemas agudos e inmediatos que afectan a toda la comunidad o a la mayor parte de ella”. Dado que una suspensión de actividades “económicas o sociales” en los barrios no tendría efecto sobre el establecimiento, debido a su escaso peso
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en el funcionamiento del sistema económico global, los pobladores, por encima de sus diferencias, no tienen otra alternativa que realizar acciones de visibilidad pública y con algún efecto sobre “el desarrollo normal” de las actividades citadinas. El bloqueo de vías arterias de la ciudad, acompañado de mítines y pedreas en algunos casos, fue una vía utilizada con algún éxito por los habitantes de uno o varios barrios para presionar la solución a sus problemas. En algunos casos, sus protagonistas o los periódicos llamaron “paro cívico” a esta modalidad de protesta ciudadana. Por esta razón, en este aparte ubicamos bajo una sola la clasificación los “paros cívicos” y los bloqueos de vías. Los llevados a cabo durante el lapso de este estudio estuvieron asociados preferiblemente a problemas de transporte (9 ocasiones) y en menor medida a otras causas (basurero, destitución de un alcalde menor y en contra de un programa de intervención estatal en un barrio). En todos los casos, son interpretados por sus protagonistas como el resultado de un largo proceso donde se han agotado las vías “pacíficas” y legales. Un hecho característico de esta forma de protesta es que es asumida preferiblemente por barrios o conjuntos de barrios localizados estratégicamente en torno a vías de importancia económica para la ciudad: la carretera a oriente fue bloqueada en cinco ocasiones por los barrios surorientales, la Autopista Sur, cuatro veces por los habitantes de Soacha y la carretera a Usme, tres veces. La Avenida Caracas fue escenario en dos ocasiones de este tipo de acciones y la carretera a Suba, una vez. En cinco ocasiones, los habitantes de otros barrios, reconocida cuenta de la “peligrosidad” que tenía para las autoridades la realización de paros cívicos, emplearon su anuncio como medida de presión para recibir atención a sus demandas.
La resistencia a desalojos La defensa de la vivienda poseída representa la segunda forma de lucha barrial presentada durante el Frente Nacional, con una frecuencia de doce casos. En esta modalidad, muchas familias que habían logrado su vivienda por la ocupación de terrenos, que habían sido engañadas por urbanizadores piratas o que habían dejado de pagar arriendo en la casona en que vivían, fueron objeto de intentos de desalojo por parte de las autoridades locales. Estos desalojos no siempre pudieron ser llevados a cabo debido a la resistencia tenaz de los pobladores, generalmente organizados desde el momento en que se les notifica el lanzamiento o antes, desde el establecimiento de la misma ocupación de hecho. Once de los doce casos registrados están referidos a invasiones presentadas en el capítulo anterior, y cuya dinámica ya hemos relatado. Sólo basta resaltar algunas prácticas que acompañan la resistencia a un desalojo.
Por una parte, generalmente hacen presencia pobladores de otros barrios, representantes de otras organizaciones populares y, en algunos casos, personalidades políticas de la oposición o miembros del clero. Esta presencia masiva de los pobladores y grupos solidarios va casi siempre acompañada de otros recursos, destinados a “frenar” la acción violenta de la policía: banderas blancas, pabellones nacionales, cuadros religiosos, niños y mujeres en la primera fila, etc. La combinación de las anteriores tácticas es generalmente exitosa, evitando la desigual confrontación con la fuerza pública. En las escasas ocasiones en que se dio, arrojó trágicos resultados para el bando de los pobladores, como ya fue estudiado. La lucha de los barrios por los que pasaría la Avenida de Los Cerros estuvo motivada, en gran medida, por una previsiva resistencia a hipotéticos desalojados en caso de que el plan estatal se realizara.
Manifestaciones públicas Bajo esta denominación incluimos las marchas y concentraciones pacíficas de habitantes de un barrio afectados por un problema común y realizado en el mismo sitio del problema, en lugares públicos fuera del barrio o en las empresas e instituciones responsables de su solución. Las que se realizan dentro del área barrial van desde una concentración en el parque o calle principal hasta la “toma” de escuelas. En ambos casos, se han mandado cartas a los periódicos para que cubran el acontecimiento y se elaboran carteles con consignas relacionadas con las demandas. Sólo en seis ocasiones la marcha o concentración se llevó a cabo fuera del barrio. En dos ocasiones los manifestantes se concentraron en la Plaza de Bolívar, frente a la alcaldía, para exigir la solución al problema de vivienda para los desalojados de Las Colinas y la liberación de los detenidos en las jornadas de protesta contra el alza del transporte a fines de 1974. Las otras manifestaciones se llevaron a cabo frente o dentro de las empresas o institutos responsables de la solución del problema: Acueducto, Energía y Acción Comunal. En las tres ocasiones los manifestantes portaban carteles y gritaban consignas alusivas a sus exigencias. La escasa cantidad de manifestaciones públicas pacíficas para presionar la solución de problemas relacionados con el equipamiento urbano se explica por el éxito de modalidades que implican un menor esfuerzo y mayor seguridad para los habitantes de los barrios, como la gestión clientelista a través de concejales y funcionarios influyentes.
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Otras formas de protesta Dos casos inusitados de enfrentamiento al orden urbano fueron la negativa del pago de impuestos de valorización por parte de los habitantes del Bravo Páez en 1960 y el derribo de unas paredes de los Ferrocarriles Nacionales, protagonizada por los vecinos del barrio Cundinamarca en 1974. En el primer caso, aunque no hubo movilización alguna, los términos de la resolución aprobada en asamblea general de Acción Comunal, y que fue enviada a los medios periodísticos, a la alcaldía y al Concejo, constituyen una voz discordante con la armonía vivida al comienzo de la década del 60 entre autoridades y barrios populares: “Reunidos en Asamblea Comunal acordamos: a) Abstenernos de pagar los impuestos que se nos cobran del petrolizado, por considerarlo injusto y cuando a las altas oligarquías se les tiene más consideración y aprecio. Torres Carrillo
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b) Solicitar a los honorables concejales se derogue el decreto que obliga a pagar estos impuestos tan injustos, o al menos se busque un pago más equitativo”. En el segundo caso, los habitantes habían solicitado por medio de cartas y memoriales el destaponamiento de barrio situado a espaldas de unas bodegas de los FFNN. Al no obtener respuesta alguna en varios años, acordaron, un fin de semana, derribar la odiosa pared. Este “atentado a la propiedad privada implicó la agresiva presencia de la policía que agredió a los manifestantes, hiriendo unos 30 y deteniendo a 80 más”.
Los motivos de los conflictos y sus resultados
L
as demandas y reivindicaciones planteadas en las 41 protestas populares urbanas acaecidas en Bogotá durante el Frente Nacional aparecen sintetizadas en el siguiente cuadro:
Cuadro 25 MOTIVOS DE LA PROTESTA POPULAR URBANA EN BOGOTÁ ENTRE 1958 Y 1974 Motivo
No.
%
Intentos de desalojo
13
31.9
Relacionados con transporte (alza, malos servicios, vías...)
12
29.;2
Relacionados con otros servicios públicos (escuelas, el acueducto, energía)
8
19.5
Relacionados con disposiciones gubernamentales
4
9.7
Otros
4
9.7
TOTAL
41
100.0
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Fuente: información de prensa.
Los intentos de desalojo No insistiré aquí en que la mayor parte de las reivindicaciones de los conflictos manifiestos protagonizados por los barrios populares están relacionadas con el equipamiento urbano. Me interesa destacar cómo estas protestas barriales tuvieron el carácter de luchas críticas. La mayoría de circunstancias que llevaron a la realización de acciones conflictivas estuvieron relacionadas con la defensa de derechos ya conquistados. En los enfrentamientos a los desalojos está en cuestión la vivienda adquirida, ya sea legal o ilegalmente. En cualquiera de los dos casos, a juicio de sus ocupantes, la posesión, el terreno o de la edificación legítima se da por su
permanencia en ellos. Asegurada su vivienda propia, la familia popular hace lo posible por conservarla, así tenga que recurrir a medidas inusuales.
El transporte
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La carencia, la deficiencia en el servicio o el aumento en las tarifas de transporte urbano se fue convirtiendo, a medida que transcurría el tiempo, en el principal motivo de protesta popular en los barrios. Mientras que en 1958 y 1970 se presentan tres casos, en los tres años siguientes el número es de nueve, alcanzando altísimos niveles de beligerancia. Curiosamente, el aumento de tarifas en el servicio, en 1959, 1963 Y 1965, que originó jornadas de protesta masiva a nivel estudiantil universitario y sindical- que en cada caso se prolongó varios días- no trajo consigo protestas en los barrios. Es por esa época que habitantes de zonas alejadas del centro de la ciudad caminan varios kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo y que procuran, mediante solicitudes a las autoridades y a las empresas de buses, solucionar esta carencia. Como hemos explicado en capítulos anteriores, antes de convertirse en masiva, la necesidad de transporte no era sentida como “problema” por los habitantes que, en su mayoría, provenían de zonas rurales. El incremento de protestas barriales ligadas al aumento de tarifas o deficiencia del servicio de transporte urbano, en la década del 70, podemos explicarlo por dos factores complementarios. En primer lugar, la cantidad y densidad de población de los barrios aumentó considerablemente. Recordemos que entre 1964 y 1972 la tasa de crecimiento de algunos asentamientos había superado el 800%, y que entre 1968 y 1972 se habían negociado más terrenos que en todo el período anterior. La población estudiantil y laboral que debe desplazarse a otros sitios de la ciudad es mucho mayor y las nuevas generaciones que han crecido en la ciudad comportan patrones culturales diferentes, encuentran más eficaces y atractivas las vías de acción directa a las tradicionales tácticas utilizadas por los dirigentes comunales: Mientras que los de la Junta de Acción Comunal seguían enviando cartas sin respuesta al gobierno para que mejoraran el servicio, a nosotros no se nos daba nada cuando había un paro, salir a tirar piedra. No nos daba miedo porque éramos muchísimos los que salíamos a trancar la carretera, y como también había profesores, nos daba más confianza... Un segundo factor clave en la explicación de la creciente protesta popular es el proceso inflacionario que vivió el país en la década del 70. En los primeros 5 años, el costo de vida aumentó en un 88.8%. El mayor índice de todo el Frente Nacional se presentó en esos años. Con este aumento generalizado
del costo de vida, el poder adquisitivo de los salarios disminuyó considerablemente. Así, por ejemplo, el salario real en la industria manufacturera pasó de $1.538.00 en 1970 a $1.531.00 en 1974 (Santana, 1982: 23). En este contexto, el escaso presupuesto familiar se tornaba sensible a cualquier variación, mientras que el aumento en el precio de alimentos, vestido o vivienda puede ser asumido por mecanismos de contracción del consumo; el incremento de la tarifa del transporte no puede ser eludido. La lucha relacionada con el transporte fue, además, la que generó mayores niveles de beligerancia y cobertura, como lo demuestran los mítines que se dieron simultáneamente en diversos sectores de la ciudad entre el l y el 3 de octubre de 1973 y el Paro Cívico de Suroriente en noviembre del siguiente año. El primer caso se dio en el marco de un paro de choferes, convocado a nivel nacional. La ausencia del servicio exaltó a quienes se disponían a desplazarse a sus sitios de trabajo o estudio, por lo que arremetieron contra vehículos, grandes almacenes, bancos e incluso oficinas estatales. Este tipo de acciones se presentaron, por lo menos, en 13 barrios. Se localizaron principalmente sobre avenidas de gran circulación, como La Caracas, la Carrera 68, la Autopista Sur, la calle 13, la Primero de Mayo, la calle 68 y la vía a Suba; y en barrios que concentraban población considerable, como Kennedy, Tunjuelito, Meissen y Estrada. En algunos de estos barrios los amotinados bloquearon la vía con piedras y llantas incendiadas, quemaron buses, saquearon almacenes y apedrearon sedes bancarias y entidades públicas. En Kennedy, la alcaldía menor y la tesorería fueron sitiadas durante varias horas. La magnitud de los acontecimientos puede medirse por el número de detenidos y el costo de los daños, proporcionados por la prensa. El Tiempo presenta las cifras más moderadas: unos 700 detenidos, cuarenta heridos y un muerto, 4 buses incendiados y más de 100 averiados, era el saldo del primer día. Los disturbios se prolongaron hasta altas horas de la noche a pesar de que la ciudad fue militarizada. El gobierno nacional declaró ilegal el paro debido a que se altera el orden público. En Bogotá, se diseñó para el día 2 un plan básico de transporte con los Ferrocarriles Nacionales y los buses de la Empresa Distrital. A pesar de estas medidas estatales, los diarios del 3 de octubre indicaban que el paro sólo había cedido en un 30% y que continuaban los disturbios en algunos barrios. Los estudiantes de la Universidad Nacional prolongaron los enfrentamientos hasta el día siguiente, cuando la presencia militar y la negociación con los conductores hizo levantar el paro. El Paro cívico de barrios del suroriente, realizado al año siguiente, tal vez representa el caso más típico de protesta urbana de Bogotá durante el Frente Nacional. Recordemos que, desde el surgimiento de los barrios en este sector, el problema del transporte aparece como prioritario. De comedidas cartas, trámites clientelistas, los dirigentes comunales pasaron al anuncio de paros cívicos y protestas pacíficas, hasta culminar en mítines; y, por último, llegaron al paro cívico en los dos últimos años del Frente Nacional.
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Levantado el paro de transporte mencionado, una semana después, los habitantes de esta zona bloquearon la carretera al Llano, denunciando el mal servicio y protestando contra el alza de tarifas. En marzo del año siguiente, hechos similares vuelven a presentarse, ahora con el saldo de dos personas heridas y treinta detenidas. Agotadas todas las vías institucionales, y ante la persistencia de los problemas que habían motivado las protestas descritas, los dirigentes comunales organizaron un paro cívico para el día 27 de noviembre de 1974. La exigencia contemplaba 4 puntos: 1. Establecimiento de rutas de buses de $1.00. 2. Eliminación total de busetas cuya tarifa era de $2.00. 3. Prolongación de rutas hasta el barrio Juan Rey. 4. Aumento del número de rutas existentes.
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El día señalado, los habitantes de 30 barrios surorientales obstaculizaron la carretera a Villavicencio con troncos, piedras, fogatas y vidrios rotos. La llegada de la policía originó enfrentamientos con los manifestantes, que se prolongaron durante 48 horas. Los periódicos consultados y los entrevistados coinciden en destacar la presencia masiva de pobladores “sin distingo de sexo ni edad”. Pese a que la policía utilizó bombas lacrimógenas, fueron apedreados varios vehículos, entre ellos los de El Tiempo, El Espectador y el del concejal del Moir Carlos Bula, quien había acudido a expresar su apoyo a los manifestantes. Los dirigentes del movimiento cívico que exigían la presencia del alcalde Alfonso Palacio Rudas no consiguieron su propósito, pero sí lograron que éste enviara al secretario de Gobierno Hipólito Hincapié, con el que firmaron un acuerdo al medio día del 28 de noviembre, en el que se les garantizaba la solución a sus problemas: “La Alcaldía Distrital de Bogotá ofrece: 1. Mantener los servicios de transporte actualmente existentes alargando las líneas hasta el Barrio Juan Rey. 2. Poner a disposición y servicio de tales líneas, además, 10 buses, a partir del día de hoy, 15 buses, a partir del día lunes próximo 2 de diciembre, y 22 buses en total a partir del día 12 de diciembre, pertenecientes dichos vehículos a la Empresa Distrital de Transportes. 3. Se concederá la ruta libre para las empresas particulares que actualmente prestan servicio en dicha zona. 4. En esta misma fecha se llegará a un acuerdo con dichas empresas particulares para aumentar en lo posible el volumen del servicio, con el costo de $1.00.
5. La Alcaldía Distrital de Bogotá se compromete a que a partir del día 16 de enero y contando con los buses adquiridos en la Unión Soviética, se establecerá plenamente el proyectado servicio de transporte entre la zona suroriental y el centro de la ciudad, Ciudad Kennedy, Quirigua y Fontibón. 6. El horario de transporte se iniciará a las 4 de la mañana y se terminará a las 12 de la noche, para los buses distritales. 7. Los representantes del Comité Democrático aceptan el ofrecimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se comprometen a permitir que la Fuerza Pública y los vehículos de la Empresa Distrital, EDIS, restablezcan el servicio de inmediato en la carretera Bogotá Villavicencio, dejando en completa libertad a las autoridades para realizar el trabajo de limpieza en la vía. 8. Si dentro de las fechas comprendidas hasta el 16 de diciembre no han tenido formal realización las ofertas hechas por la Alcaldía Distrital, la Comunidad del Suroriente quedará en libertad de exigir su cumplimiento por los medios cívicos que están a disposición de la ciudadanía según las leyes vigentes. 9. Finalmente se advierte que los hechos acaecidos en las últimas horas en la zona suroriental de la ciudad, no serán objeto de ninguna clase de investigación ni penal ni policiva, y que si hubiere alguna persona detenida por tales causas será puesta inmediatamente en libertad”. La confianza en la fuerza del movimiento hizo que esa misma noche los pobladores de los barrios se atrevieran a bloquear la vía y a enfrentarse con la policía, situación que sólo pudo ser controlada hasta pasada la media noche. La magnitud y el carácter del paro cívico de suroriente llevó a que el alcalde culpara al MOIR y a la UNO como responsables de los incidentes, e incluso el periódico El Vespertino y La República hablaron de “agitadores extranjeros”. Estas acusaciones justificaron que 23 de los detenidos no fueran puestos en libertad a pesar del acuerdo. Familiares de los detenidos en esos dos días, realizaron el 3 de diciembre una manifestación frente a la alcaldía, logrando al día siguiente su liberación. Los acontecimientos de octubre de 1973 y noviembre de 1974 mostraron las nuevas modalidades que estaban asumiendo las contradicciones urbanas en Bogotá y anunciaron la capacidad de movilización y beligerancia de las nuevas generaciones de los barrios populares, fenómeno que se expresaría plenamente en el Paro Cívico Nacional de 1977.
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Otras reivindicaciones Hemos comentado cómo la consecución de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía se hizo en la mayoría de los barrios por la vía del autoesfuerzo y la negociación con el gobierno y las empresas respectivas. Sólo en 3 ocasiones los habitantes de los barrios capitalinos hicieron sus exigencias por medio de protestas. Los tres casos consistieron en marchas a las empresas, portando carteles y solicitando hablar con el gerente de la empresa. Sin embargo, los términos de las exigencias ponen de manifiesto que éstas se hacían con la misma lógica “de no confrontación” con la que actuaban habitualmente. La carta que llevaban los habitantes de Los Laches, ocupantes de la Empresa de Acueducto, al Gerente, es elocuente:
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Esperamos respuesta a este respetuoso escrito a usted dirigido manifestándole que estamos dispuestos a sufragar los gastos que ocasionen las obras y los tubos que haya que ocupar, a pesar de nuestra precaria situación económica, pues podríamos pasar una semana sin alimento, pero sin agua ni un día … El cierre de escuelas, retiro de maestros o suspensión de clases, constituyen causales de las otras 5 acciones de protesta barrial asociadas a servicios públicos. Tienen éstas, también, el carácter de luchas críticas, ya que son motivadas por la defensa de un servicio ya adquirido. En defensa de sus escuelas, las protestas asumieron las siguientes modalidades: dos ocupaciones de las instalaciones de la escuela, una marcha en el barrio, otra hacia las oficinas de acción comunal, y un paro cívico; este último, en Soacha, motivado por el cierre de 26 escuelas. Solo en 3 ocasiones los motivos de la lucha manifiesta no estuvieron vinculados a razones “urbanas”: un paro cívico contra la destitución de un alcalde en Soacha, una manifestación del barrio contra el traslado de 2 sacerdotes en Florida-Florencia y una marcha a la Alcaldía por la liberación de detenidos en el Paro Cívico de Suroriente.
Los resultados En la mayoría de los casos, el destinatario y adversario de las luchas populares urbanas analizadas es el Estado. En cuanto administrador y garante del equipamiento colectivo y el ordenamiento urbano, éste se convierte en el interlocutor y blanco de las protestas barriales, politizando la acción colectiva barrial..
Este sentido “político” de la protesta barrial no supone un cuestionamiento del carácter ni de los intereses representados en el Estado; tanto las luchas afirmativas como las críticas se dirigieron contra instituciones sectoriales del gobierno, sin ir más allá del simple cuestionamiento de la medida adversa o la solución del problema en juego, sin llegar a plantearse formas alternativas de gestión. Es difícil conocer plenamente la respuesta oficial a cada uno de los conflictos, debido a los límites de las fuentes utilizadas. De los 41 casos estudiados, seis no proporcionan información al respecto; con los 35 restantes elaboramos este cuadro:
Cuadro 26 RESPUESTA OFICIAL A LAS PROTESTAS POPULARES EN BOGOTÁ (958 Y 1974) Respuesta
#
%
Solución al problema o se evita medida adversa
13
35.2
Represión con negociación
8
23.6
Promesa de solución
5
14.7
Represión sin solución
5
14.7
Sin solución
4
11.8
TOTAL
35
100.0
Fuente: información de prensa.
Para el período de nuestro estudio, lo inusitado de las protestas impresionó a las esferas gubernamentales. En la mitad (49.9%) de los casos, la respuesta de las autoridades respectivas fue la solución misma del problema o su promesa de solución sin acción represiva alguna contra los manifestantes. En un 23.6% de los casos, la solución vino acompañada de acciones represivas como militarización del lugar, agresión contra los pobladores y detenciones. Sin solución a lo demandado resultó el 26.5% de las protestas, implicando para cinco de ellas la acción represiva como única respuesta del Estado. El tratamiento diferencial por parte del Estado, recibido por los actores de las protestas, dependió de su magnitud, nivel organizativo y de la coyuntura política en que se dieron. Esta última predominó hasta 1970, pues podemos apreciar claramente cómo todos los conflictos ocurridos entre 1958 y 1965 obtuvieron solución o promesa de arreglo, independientemente de su magnitud
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o nivel organizativo. Entre 1966 y 1970, de las seis confrontaciones, dos fueron respondidas con represión. A las demás no se les atendió lo demandado. Entre 1971 y 1974, aunque predominó el tratamiento policivo frente a las protestas, la negociación se logró donde existía una organización estructurada tras el movimiento. Es el caso de tres de los cuatro paros cívicos ocurridos en ese lapso (sobre el otro no obtuve información), del movimiento cívico del barrio Cundinamarca que lideró “la tumbada de la pared” y del paro de transporte de octubre de 1973. Igual sucedió con los cuatro intentos de desalojo a invasiones y casonas apoyadas por la Central Nacional Provivienda. Aunque hubo actuación represiva por parte de la policía, en todos los casos se logró evitar la medida. Detenciones se presentaron en aquellas protestas que implicaron una confrontación abierta con la policía (resistencia a desalojos, pedreas) o cuando el tipo de acciones llevadas a cabo por los manifestantes atentaba claramente la propiedad privada (incendio de carros, saqueo de almacenes, derrumbamiento de paredes). En suma, se puede afirmar que durante los dos primeros gobiernos del Frente Nacional, dada la novedad y escaso “peligro” representado por las luchas barriales, éstas procuraron ser resueltas por la vía de la negociación. Los gobiernos de Lleras Restrepo y Pastrana Borrero prefirieron un tratamiento policivo, cediendo a la negociación o solución de los problemas cuando la fuerza del movimiento de protesta lo garantizaba.
La trayectoria de la protesta urbana
C
omo en la economía, también en el comportamiento temporal de las protestas se observan ciclos recurrentes de flujos y reflujos, que pueden ser explicados con relación a varios factores, tanto desde el propio dinamismo interno de las luchas sociales y el campo social donde emergen, como en relación a los contextos políticos que las enmarcan. Para comprender el comportamiento en el tiempo de las luchas manifiestas de los pobladores de los barrios populares bogotanos, se elaboró el siguiente gráfico:
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GRÁFICO 3 DESARROLLO DE LAS PROTESTAS BARRIALES EN BOGOTÁ 1958-1974
179
8 7 6 5 4 3 2
1974
1072
1970
1968
1966
1964
1962
1958
0
1960
1
Fuente: información de prensa.
El gráfico nos permite mostrar cómo, entre 1958 y 1962, la cantidad de acciones se sostuvo, con una tendencia a disminuir. Este relativamente escaso número de protesta barrial puede asociarse a las expectativas creadas por el Frente Nacional; también, a las razones presentadas en el capítulo 2
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para interpretar la predominancia de las estrategias de autogestión comunitaria y mediación concertada con las instituciones estatales; y a la eficacia de la política pragmática de los dirigentes comunales para obtener la solución a la carencia infraestructural por la vía concertada. De las 18 acciones conflictivas acaecidas en ese lapso, 16 fueron pacíficas. Sólo un paro cívico en Soacha y el Viernes Santo del Policarpa llevaron consigo actos de fuerza por parte de los pobladores. A partir de 1968 se presenta una tendencia ascendente de protestas barriales, con excepción de 1972, año en que sólo se registró un caso. Superada la pausa del gobierno de Lleras, explicada por las mismas razones del descenso del movimiento popular en su conjunto, la década del 70 representa un acelerado aumento de acciones. En sólo cuatro años (1970-1974) se presentaron más luchas barriales que en los primeros diez años del Frente Nacional. El incremento acelerado de expresiones de protesta durante la primera década del 70, que también estuvo acompañado de una radicalización y cobertura de las modalidades asumidas, está asociado al deterioro de las condiciones de existencia de los sectores populares capitalinos, a la irrupción de una nueva generación de pobladores y a la coyuntura de ascenso de la movilización popular que se vivió en esos años. Adicionalmente, entre 1970 Y 1974, el costo de vida para obreros bogotanos aumentó en un 120.7%, índice mucho mayor que él ya alarmante 88.2% de todo el país. Para el mismo lapso, los salarios y demás ingresos de los habitantes de los barrios perdieron buena parte de su poder adquisitivo por efectos de la inflación. Como puede verse, el salario real de los trabajadores del sector manufacturero, tomando como base el ingreso recibido en 1970, perdió, en términos reales, un 12.2% de su poder de compra. Si tenemos en cuenta que este sector laboral es mejor remunerado que el de las múltiples ramas del sector informal, donde se ubica la mayor parte de los habitantes de los barrios analizados, podemos suponer que la situación para ellos fue peor. Con la presentación de estos indicativos no pretendo deducir un esquematismo mecánico entre condiciones económicas y conflictividad, ya que ésta, como lo afirma Manuel Tuñón de Lara, “se realiza por mediación y no directamente; se realiza a través del factor humano y de su toma de conciencia a nivel interindividual, cristalizando en el grupo y organización social” (Medina, 1984: 13). Este deterioro generalizado de las condiciones de vida de los pobladores configuró un ambiente propicio para la proliferación de modalidades más beligerantes de lucha contra nuevas situaciones o medidas gubernamentales que atentaran contra su frágil estabilidad.
Cuadro 27 SALARIOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1970-1974 Año
Salario Nominal (4)
Salario Real
1970
1.538
1.583
1971
1.760
1.599
1972
2.304
1.839
1973
2.151
1.374
1974
2.595
1.351
Fuente: Santana y otros, 1982: 23
Además, un hecho que debe ser considerado es que, para la década del 70, los protagonistas más activos de la protesta urbana pertenecen a la segunda generación de migrantes. Son jóvenes que han nacido o vivido la mayor parte de sus experiencias en la ciudad, con una mentalidad más “urbana”, con nuevos valores más permisivos con la acción directa y sin el amargo peso de la violencia en su memoria. Aunque ésta es sólo una hipótesis que requiere más profundización, considero que la experiencia acumulada en torno al cada vez menos eficaz intercambio clientelista, en especial para resolver problemas como la escasez o carestía del transporte, acentuó la pérdida de credibilidad en los dirigentes tradicionales y en sus habituales formas de lucha. Además, la coyuntura de ascenso del movimiento popular favoreció un clima “ideológico” propicio para la activación de prácticas más audaces de protesta barrial. El ascenso del movimiento popular, en la primera mitad de la década del 70, se expresó en una mayor agitación del movimiento estudiantil universitario, mayor cantidad de tierras tomadas por el movimiento campesino organizado alrededor de la ANUC, generalización del uso de los paros cívicos como forma de protesta ciudadana y repunte del movimiento sindical, aumentando también el número de conflictos laborales. Aunque aún está por escribirse una historia de los movimientos sociales en Colombia con pretensiones de totalidad, la comparación del comportamiento de algunas modalidades de lucha popular urbana (huelgas, paros cívicos, protestas barriales) nos posibilita detectar su tendencia cíclica y su estrecha relación con las políticas de los sucesivos gobiernos. El primer gobierno del Frente Nacional asume un doble y contradictorio aspecto: representa una apertura democrática que permite el afloramiento de expresiones de protesta reprimidas durante el régimen militar y es, a la vez, una esperanza incompleta de solución a los problemas de las masas populares, dado su discurso reformista.
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Esta ambigüedad puede ser una pista para explicar cómo mientras el número de paros cívicos y de invasiones de terrenos urbanos es mínima, la cantidad de acciones de protesta estudiantil y del movimiento huelguístico crecen en relación con los años anteriores. La lucha en los barrios también es ambigua: aunque predomina la tendencia de incorporarse pacíficamente al sistema urbano, en este lapso ocurren 12 acciones de protesta abierta. Al finalizar el gobierno de Lleras Camargo, se propicia un repunte en el movimiento popular, que se expresa a nivel estudiantil y sindical, y empiezan a hacer aparición las primeras invasiones de terrenos. A Guillermo León Valencia le tocará afrontar el incremento de estas tres formas de lucha, que alcanzan niveles jamás vistos hasta el momento. Durante su período de gobierno, en la medida en que se deteriora la economía del país y aumenta el costo de vida, surgen y se desarrollan nuevos movimientos de izquierda, algunos de ellos con un carácter insurreccional. En 1964, ocurrirá el mayor número de intentos de invasión en Bogotá de todo el Frente Nacional y, en 1965, la mayor intensidad del movimiento huelguístico. Esta “pérdida del control” de las masas populares pasaría a ser “resuelta” por Carlos LIeras Restrepo. Su propósito de estabilización económica y fortalecimiento estatal se expresó, en lo social, con una combinación de reformismo y represión. La creación de la ANUC y el fortalecimiento del INCORA ponen al movimiento campesino a la espera, la reforma laboral asesta un duro golpe al movimiento sindical estatal y el movimiento estudiantil universitario es duramente reprimido. Este contexto explica el reflujo de las luchas populares en todos los planos. El ascenso de la agitación popular a nivel estudiantil, campesino, urbano y huelguístico durante el gobierno Misael Pastrana Borrero ya ha sido ubicado en su relación con el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares, así como a la emergencia de nuevos sectores de izquierda y al descrédito de los partidos tradicionales y del mismo gobierno. Aunque éste respondió a los conflictos con la misma fórmula represiva de LIeras, ésta no tuvo efecto. Por el contrario, inició en el movimiento popular una escalada que vitalizó algunos sectores de la izquierda y cuya expresión culminante fue el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977.
Contra la Avenida de los Cerros
D
urante los años 1972 a 1974, los habitantes de 31 barrios populares localizados al oriente de la capital protagonizaron una lucha contra el Plan Integrado de Desarrollo Urbano de la zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB), conocido como el Plan Cerros. Este representa el caso más resonante de protesta barrial durante el Frente Nacional, de cuyo desarrollo, protagonistas, límites y alcances nos ocuparemos a continuación. El trabajo investigativo con mayor información y acopio de fuentes es el realizado por el Grupo de Estudios José Raimundo Russi (1975), integrado por militantes de una de las agrupaciones políticas de izquierda que participó en el movimiento. Su intencionalidad era básicamente política: realizar un balance autocrítico de la actuación de los diversos partidos políticos a lo largo del proceso y plantear los alcances y limitaciones de la lucha barrial. Por tal razón, los autores permanentemente están valorando los hechos presentados desde su posición partidaria. Sin embargo, tiene el doble mérito de ser el primer estudio que acude a las categorías de la sociología urbana marxista como intento teórico de explicar la planificación urbana en sociedades dependientes y los rasgos definitorios de un movimiento barrial. Además, la narración del proceso está ampliamente documentada con información de prensa, especialmente El Tiempo y El Espectador, con Anales del Concejo, documentos internos de las instituciones involucradas, materiales publicados en los barrios y el testimonio de los mismos protagonistas. Los trabajos posteriores que traen alguna información al respecto están basados en la investigación mencionada, con la desventaja, con respecto a aquel, de no mostrar las contradicciones y altibajos que se dieron en el interior de las organizaciones barriales, tendiendo a presentar la lucha de una manera lineal y heroica. Además de los anteriores, hemos complementando la información con la proporcionada por otros diarios capitalinos (La República, El Vespertino, El Espacio, El Periódico y Voz Proletaria), con los testimonios de algunos habitantes de los barrios (Bosque Calderón, Paraíso, La Victoria), de dos activistas que participaron en dicho conflicto y con los debates en el seno del Concejo de Bogotá, contenidos en los Anales de esos años.
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Ampliado el abanico de puntos de vista al respecto, intentaré destacar los momentos más significativos que generó el proyecto bandera de la administración Albán Holguín, tanto en el seno de las fracciones de la clase dirigente como en la organización popular contra la Avenida.
Una iniciativa con varios contradictores
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El proyecto de construir una avenida que atravesara los cerros orientales tenía sus antecedentes en el plan diseñado por Le Corbusier en 1951 y en los Planes Viales de 1957 y 1961, pero los estudios técnicos le habían encontrado varios impedimentos. Sin embargo, los intereses del capital constructor y el afán de la Administración de pasar a la posteridad habían resucitado el plan durante el último gobierno del pacto frente nacionalista. Con la justificación de desembotellar el transporte entre el norte y el sur de Bogotá, el alcalde Carlos Albán Holguín viaja a Washington para solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiación para la suntuosa obra. La entidad crediticia, que está por esa época revisando su política urbana, le dice que sólo prestará dinero a Planes de Desarrollo Integrados y no para vías exclusivamente. En julio de 1971, Albán anuncia a la prensa que el BID ha recibido con beneplácito el nuevo proyecto, que ahora incluye la realización de colegios, centros comunales, polideportivos, piscinas y hospitales en los barrios por donde pasarían los 17 kilómetros de la avenida. Sin esperar la respuesta definitiva del BID, el alcalde anuncia el inicio de las obras para enero de 1972. La Junta de Planeación Nacional y Planeación Distrital autorizan el proyecto sin conocer detalles ni estudios. Sólo en febrero de 1972, una comisión técnica del BID declara: “…se estimó que el costo total ascendería a US486.6 millones y el financiamiento del BID a US$44.0 millones.” Dos meses antes, el 31 de diciembre de 1971, Albán Holguín se había reunido con las Juntas de Acción Comunal de los barrios orientales para revelarles las ventajas del Plan. En la zona habitaban en ese momento unas 300 mil personas, en ocupaciones de diverso origen; desde barrios surgidos en La Colonia o a comienzos del Siglo XX, hasta barrios piratas y otros de invasión. Sólo tenían en común la mala calidad de los servicios públicos y el estar en los niveles socioeconómicos más bajos de toda la ciudad.
Cuadro 28 TENENCIA DE VIVIENDA EN BARRIOS SURORIENTALES EN 1972 Propietario
37.0%
Poseedor-invasor
6.0%
Arrendatario-inquilino
48.3
Otros
8.6
TOTAL
100-0
Fuente: Grupo de Estudios José Raimundo Russi, Op. Cit.: 47
Estas diferencias, al igual que la casi nula presencia obrera en la zona, saldrán a flote a lo largo del conflicto. Lo cierto es que después de esa primera reunión con el burgomaestre, algunas juntas y habitantes de los barrios empezaron a preguntarse por qué el Distrito, de un momento a otro, ofrecía todos los servicios por los que ellos habían luchado tantos años y, principalmente, cuáles serían las consecuencias que traería la construcción de una avenida de seis calzadas para sus barrios. El período previo a las elecciones de mitad de 1972 opaca temporalmente la atención sobre la avenida. Derrotada, la ANAPO moviliza sus comandos en los barrios orientales en rechazo a la Avenida. El concejal anapista Carlos Bula Camacho impulsa la creación de la Asociación de Barrios de Nororiente, Juan XXIII, Bosque Calderón, Pardo Rubio, San Martín, Sucre y Paraíso. Esta asociación entra en contacto con otra que habían formado vecinos de La Perseverancia y San Diego, creando, en julio de 1972, la Unión de Comités Prodefensa de la zona oriental de Bogotá, en cuyo seno empiezan a actuar algunos núcleos de activistas de diversas agrupaciones de izquierda con el propósito de fomentar la iniciativa popular y su organización gremial. Durante el segundo semestre de 1972, arrecia la crítica al Proyecto por parte de la ANAPO (Carlos Bula Camacho, Joaquín Mejía Figueredo) y del sector llerista del liberalismo (senador Jorge Valencia Jaramillo). Apoyados en dos estudios técnicos que conceptuaron en contra de la construcción de la Avenida, en los altos costos que ésta significaba y el perjuicio a los habitantes de la zona, los concejales anapistas cuestionaron la viabilidad del proyecto. El 12 de agosto de 1972, el concejal Mejía argumentaba catorce razones según las cuales no se justificaba la ejecución de las obras. Entre ellas, se ponía en evidencia que lo “integrado” del plan era un montaje para imponer la Avenida, dado que los costos se distribuían así:
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Para la Avenida de los Cerros Para las demás obras en la zona Valor total de las obras
1.121.000.000 619.000.000 1.730.000.000
64% 36% 100%
Por su parte, Bula Camacho puntualizaba el carácter clasista del Proyecto y sus nefastas consecuencias para los habitantes de los barrios populares del oriente de Bogotá: La construcción de esta avenida va a producir el desplazamiento de estas personas. Por el status social y la valorización que crea por el reevalúo catastral que se ha efectuado, va a provocar el desplazamiento de estas personas... Se trata de encarecer los sitios de vivienda en donde hasta el momento se han alojado los asentamientos correspondientes a las clases populares...
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Los intereses de la burguesía industrial, que no se veían beneficiados por el Plan Cerros, fueron apersonados por el sector llerista, el que, desde El Espectador y el Senado de la República, señaló las inconsistencias y contradicciones “técnicas y sociales” de los estudios que respaldaban el proyecto. En el IX Congreso de la Sociedad Interamericana de Planeación (septiembre de 1972), Valencia Jaramillo sintetizó sus críticas en torno a cuatro contradicciones: con el Plan General de Desarrollo, con el Estatuto de Desarrollo Urbano, con las políticas del Distrito y con los resultados de los estudios contratados. En el mismo evento, el director del Centro de Planeación y Urbanismo de la Universidad de los Andes señaló una nueva contradicción, “pues los beneficios de las obras sociales serían contrarrestados por la expulsión de las clases marginadas de los sectores aledaños a la vía”. Patricio Samper, director de Planeación Distrital, quien se había convertido en el principal defensor “técnico” del PIDUZOB, respondería a estas críticas diciendo: La expulsión de las clases populares originada por la construcción de la Avenida de los Cerros, es un factor positivo y constituye un factor de progreso para la ciudad. A pesar de las críticas, Albán Holguín viaja a fines del año a Washington a firmar el contrato con el BID. Este da luz verde al proyecto, dando como puntos a su favor: 1. La avenida descongestionará el tránsito de la zona oriental. 2. Contribuirá al “rescate social y económico de la zona”. 3. Dará a la administración “mejores condiciones de control” de la expansión desordenada de la ciudad. 4. Propiciará el establecimiento “de un cinturón de terrenos de un valor más elevado”.
Aprobado el plan, el BID se compromete a entregar 880 de los 1.770 millones de pesos que deberían invertirse. El 35% de ese dinero iría a dar a la Avenida, el resto, a los otros ocho subprogramas: pavimentación, hospitales, centros comunitarios, redes de acueducto y alcantarillado, vivienda, educación, energía eléctrica y mejoramiento institucional. La euforia, al finalizar el año 72, es tal que los periódicos proclaman que el Plan Cerros se convertirá en modelo para los demás países latinoamericanos, a juicio del director ejecutivo del BID. Pero, como todas las negociaciones las había hecho el alcalde sin tener en cuenta al Concejo, éste impulsa un debate sobre el Plan, en abril de 1973. En éste, Patricio Samper, ahora como director del IDU, defiende las condiciones, costos y consecuencias del proyecto. Concluidos los debates, los concejales liberales y conservadores aprueban el proyecto con los votos negativos del MOIR - PC y de la ANAPO. El GEJRR sintetiza la posición de las diferentes tendencias políticas a mediados de abril de 1973, así: MOIR-PC: en contra de la construcción de la avenida y contra todo plan. ANAPO: en desacuerdo con la avenida pero conforme con las obras sociales. LIBERALISMO: apoya el Plan con algunas objeciones “técnicas” al recorrido de la avenida. CONSERVATISMO: respaldo incondicional al Plan. En los barrios, entre julio de 1972 y abril de 1973, se fortalecía la oposición al proyecto a pesar de las contradicciones y fricciones entre las colectividades políticas involucradas. Una vez creada la Unión de Comités Pro Defensa, empiezan a organizarse reuniones entre los representantes de los barrios con la participación de militantes de la ANAPO, el Partido Comunista, algunos sectores del liberalismo y otros grupos de izquierda (principalmente de la tendencia M-L y del ELN). Estos últimos inician una crítica al partido liberal y al Partido Comunista “por su estilo oportunista, al tratar de captar el descontento popular para su propio fortalecimiento”, lo que a la larga los obliga a retirarse de los Comités, arrastrando tras de sí a los habitantes sobre los cuales habían logrado influencia. El escepticismo de algunos líderes barriales y los “principios antielectoreros” de los núcleos de la izquierda radicalizada llevaron a imponer a los miembros de los Comités abandonar toda aspiración partidaria. Esta determinación, que se consideraba un triunfo “revolucionario”, contribuyó a alejar a dirigentes barriales tradicionales con sus bases, quienes no estaban dispuestos a perder su filiación política. En los “purificados” comités empiezan a darse discusiones bizantinas sobre cuál de los dos tipos de pobladores de los barrios, propietarios o inquilinos, debe dirigir la lucha. Estos debates entre activistas, y su afán por apropiarse de la raquítica organización naciente, contribuyen también al aislamiento frente a las expectativas de los habitantes.
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El anuncio del desalojo de una casona situada en el barrio San Diego va a servir para aglutinar de nuevo a los pobladores en torno a los Comités Prodefensa que asumen la defensa de los inquilinos. El 21 de octubre de 1972, la presencia de unas 200 personas reunidas en la casona evita el desalojo. Entre los visitantes solidarios están algunos sacerdotes jesuitas, y congresistas anapistas armados con revólveres. El triunfo devuelve parte de la confianza en la Unión de Comités, cuyos impulsores buscan su reconocimiento como “la única organización popular de los barrios, representante colectiva y negociadora en los casos en que haya enfrentamientos entre las comunidades y el gobierno distrital” (Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 165). El ambiente de victoria también lleva a que los habitantes del barrio Sucre dejen de pagar arriendo de los terrenos que ocupan, y a que los comités propicien reuniones en los barrios para explicar y denunciar las consecuencias de la Avenida y se dirijan cartas a los funcionarios exigiendo información al respecto. Los activistas impulsan la redacción de un pliego de peticiones que recoja las reivindicaciones más sentidas de los habitantes de la zona, con el fin de “elevar el nivel de conciencia política de las masas y fortalecer la organización gremial de los barrios en el enfrentamiento directo con la Administración. Como resultado, en diciembre aparece el “Primer Pliego de Peticiones de comités Prodefensa de la zona oriental”, que se resumía en tres puntos (Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 168): 1. Garantías reales de los inquilinos, los pequeños propietarios y poseedores tendrán viviendas estables, adecuadas y baratas en caso de que tengan que mudarse de donde están ahora por causa de los planes de la zona oriental. 2. Que a los propietarios se les compre por el valor comercial justo y que no se les continúe congelando el valor de su casa, o gravándolo con altos impuestos de valorización para así expropiársela, tal como ya lo están haciendo el Distrito y las compañías constructoras para las que se está construyendo la avenida. 3. Que se respete nuestro derecho a tratar estos problemas colectivamente con el alcalde y que no se siga intentando debilitarnos, negociando con nosotros por separado. La discusión del primer pliego en los barrios mostró la necesidad de complementarlo con nuevos puntos, quedando aprobado un nuevo pliego con nueve puntos que fue entregado el 13 de enero de 1973 al mismo alcalde (Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 168 y 169): 1. Que se nos asegure el derecho a permanecer en el mismo sector, ya sea edificando nuestra propia vivienda o participando en un plan de vivienda colectivo para el mismo sector.
2. Que se garantice la estabilidad de las comunidades declarándolas barrios obreros y, además, que quedemos libres de presiones por alzas de los impuestos o de los servicios públicos. 3. Que se cumpla a cabalidad la promesa de que no se nos va a cobrar la valorización por la Avenida de los Cerros, ni en ésta ni en ninguna administración posterior. 4. Que se anulen inmediatamente todos los juicios de lanzamiento vigentes en la zona oriental, por presiones de compañías consultoras, para las que está siendo planteada la avenida, mientras no haya un plan de vivienda para estos afectados. 5. Que tal como el alcalde lo ha prometido, se efectúen las titulaciones a los poseedores y aquéllos que han sido explotados por un supuesto dueño o administrador. 6. Que se informe públicamente, por todos los medios de que dispone el gobierno, del trazado de la Avenida de los Cerros y de la carta de intención que clarificaba las condiciones exactas del pliego. 7. Que cualquier plan, estudio o proyecto que afecte la integridad física de las comunidades cuente primero con la aprobación democrática de las mismas, antes de que sea aprobada por el Distrito. 8. Que si el señor alcalde no responde por escrito y con planes concretos a corto plazo a estas justas peticiones, nosotros, vecinos de los barrios centro y nororientales, estamos dispuestos a defender nuestros derechos de vivienda y comunidad en la forma que sea necesaria. El alcalde promete estudiar las peticiones y entregar su respuesta por escrito en una próxima reunión. Esta se llevó a cabo el 13 de febrero, planteando el alcalde tres alternativas para quienes resultaran afectados por la avenida: 1. El dueño de un terreno expropiado recibirá el valor de sus propiedades. 2. La Caja de Vivienda Popular construirá en el mismo sector su residencia. 3. Se entregará en el mismo sector un terreno para quienes deseen autoconstruir. La relación con el alcalde acelera la división dentro de dos sectores del movimiento: por un lado, los “activistas” militantes recién vinculados a los comités y que no viven en los barrios; y por otro, los “vecinistas”, líderes de los barrios y colaboradores con mayor permanencia en el comité. Los primeros plantean la necesidad de romper negociaciones con el alcalde por consideración a que se estaría entregando el movimiento a “la burguesía y al imperialismo”. Los “vecinistas” planteaban la necesidad de continuar impulsando la movilización hacia los centros de poder, para acelerar la posibilidad de un “enfrentamiento político de clases”. Al no lograrse nuevas reuniones con las autoridades distritales, la iniciativa de los activistas se impone: la tarea pasa a ser la movilización dentro
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de los barrios y la búsqueda de apoyo en otros sectores populares. En marzo, sacan un periódico, Nuevo Oriente, y, en abril, deciden participar con los Comités en la manifestación del día de los trabajadores. Para ese entonces, Albán Holguín, luego de realizar los contratos de financiación y abrir las licitaciones para las obras, renuncia a la alcaldía para dedicarse a la política. Es reemplazado por el representante de Colombia ante el BID Aníbal Fernández de Soto, quien le imprimirá un nuevo carácter a la lucha con la oposición política y con los comités barriales.
Los vaivenes de los Comités y la ruptura liberal (mayo-septiembre de 1973)
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Como indicativo de su trabajo político en los barrios, los activistas deciden que los Comités participen en la marcha del l de mayo, “pero no logran movilizar masivamente a sus bases en los barrios” como era de esperarse. Sin embargo, logran una efímera intervención de una de sus integrantes, doña Carmen de Rodríguez, quien se convirtió en el personaje de “mostrar” de los militantes de izquierda en casi todos los eventos públicos. La euforia del l de mayo llevó a que nuevos activistas se vincularan al trabajo de los Comités, contribuyendo a revivir las viejas discusiones entre las diversas fracciones de los grupos de izquierda involucrados. Los nuevos integrantes critican el caudillismo, por considerarlo contrario al principio leninista del “centralismo democrático”; también cuestionan la categoría de “vecino”, pues encubre “cierta posición populista” y, por supuesto, a los “líderes del barrio”, proponiendo como medida correctiva crear “secretarías” de trabajo y “nucleos de dirección popular”. Como las formas organizatias propuestas no corresponden a las formas tradicionales de los pobladores de los barrios, más gente abandona los Comités y la lucha misma. La mentalidad y las prácticas “comunales” eran consideradas por los intelectuales de izquierda del momento como “rezago del pasado campesino y de formaciones precapitalistas de producción” y “reflejo del atraso de sus relaciones con el modo de producción dominante”, que debían necesariamente ser superadas por ser “definitivamente no marxistas” (Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 50, 157 y 181). Por tal razón, la deserción no es vista como un problema, pues constituía para algunos una “depuración de los elementos no revolucionarios’’. Al mismo tiempo, las Juntas de Acción Comunal, que habían mantenido una posición de “expectativa” más cercana a las políticas estatales y abiertamente opuesta a los comités, empiezan a ganar posición dentro de los barrios cuyos habitantes estaban ya desconfiando de los jóvenes universitarios que los invitaban a luchar contra una agresión de la que “mucho se hablaba pero que no se veía”.
Para evitar la ruptura y recuperar su imagen, los Comités intentan un “llamado a la unidad” dirigido a la población de la zona y a otros sectores populares, firmado por representantes de los 31 barrios que en una u otra forma habían participado durante algún tiempo en la lucha. Este llamado sintetizaba los motivos de su lucha y advertía los peligros de la Avenida para los pobladores: Sabemos muy bien que nuestra situación de miseria no es un mandato de Dios, ni es que seamos malos, ni porque seamos perezosos, ni porque seamos una clase menos favorecida como dicen los ricos; sino que somos una clase explotada y atacada todos los días por otra clase... Lo principal del plan lo constituye la Avenida de los Cerros, que pasa a lo largo de los barrios pobres de la zona y que nos sacará a todos en 3 etapas: 1. Los que salgamos por la valorización, alzas en el impuesto predial y tarifas de servicios públicos; alzas en los arriendos. 2. Los que salgamos por el trazado. 3. Los que salgamos por el hostigamiento de las compañías constructoras y el Gobierno que con sus decretos y resoluciones como la 008 de 1967 que legalizan las expropiaciones de terrenos que ellos consideren necesarios para sus planes. Ayer vimos cómo se nos sacó con violencia de nuestros campos para apropiarse de nuestras parcelas. Hoy se nos quiere sacar, con la violencia, a las malas, con decretos de expropiaciones, con la Avenida de los Cerros, de la ciudad que con nuestro esfuerzo se construye, se maneja y se mueve todos los días. Por esto, los habitantes de la zona oriental nos hemos organizado en comités de defensa permanente para impedir los planes que afecten nuestros intereses... El pueblo está exigiendo salud, educación, vivienda y servicios públicos; que se nos deje donde estamos; que el progreso sea para nosotros, no para ellos; que tengamos todos los derechos que nos corresponde, hasta el derecho a la ciudad ya que se nos consulte sobre lo que quieran hacer con nosotros; que no lo hagan a puerta cerrada. Y en nuestro caso particular que no se construya la innecesaria Avenida de los Cerros, porque significa expulsión, más pobreza y esclavitud (citado por el Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 183 – 184). Con este llamado se logró despertar la solidaridad de la ANUC, de algunos sindicatos y del movimiento estudiantil, pero no se logró su principal objetivo: fortalecer la organización de los barrios. Paradójicamente, ésta vino a ser propiciada por la actitud intolerante del nuevo alcalde.
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Fernández de Soto, a diferencia de Albán Holguín, no intentó concertación sino el enfrentamiento con los Comités: estimuló la creación de las juntas de acción comunal centro-orientales (mayo 1973) y autorizó la persecución de los activistas de los Comités. Estos, a su vez, andaban “empeñados en una depuración interna de la organización de los barrios, en la cacería de cuadros y en la conquista de posiciones de influencia a toda costa”. En medio de la confusión, el IDU empieza a ejercer presión sobre los propietarios, citándolos individualmente para que negocien sus casas, y envía funcionarios para hacer los avalúos. En Vitelma los reciben con piedra, los echan del barrio y organizan una Asamblea para que el Director del Instituto responda a sus inquietudes. A ella asiste Francisco Manrique Santamaría, encargado de la Dirección del IDU, quien desesperado insulta a los habitantes de los barrios y les informa que tienen plazo hasta el 15 de septiembre para que desalojen. De Vitelma salen comisiones para otros barrios, para informar sobre la situación; logrando que se reactive la lucha, a pesar de los enfrentamientos internos. Los comités organizan encuentros y manifestaciones en los barrios, e incluso realizan asambleas masivas a las que invitan al alcalde (Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 186). En la primera reunión interbarrios, el 12 de junio en el Paraíso, nuevamente los habitantes enfrentan a Manrique Santamaría, quien cambia el tono agresivo por el conciliador al ver la fuerza que muestra el movimiento en ese momento y cuyas ideas expresa ese día Carmen de Rodríguez: Yo, sectores, hablo a nombre del Comité Prodefensa y represento todo este conglomerado, esta partida de vecinos, y somos los subversivos que el alcalde ha dado la orden en 108 barrios donde hemos ido de que nos ataquen las J.A.C. y la policía... ustedes pueden conocer que todos nosotros somos los subversivos que estamos subvirtiendo el orden público. Y que no merecemos sino ser llevados a la cárcel como ya se llevaron a 5 personas por estar repartiendo una boletica anunciando qué es la Avenida de los Cerros. Bien pueden ustedes saber que la subversión no ha sido más que la de reclamar nuestro justo derecho como seres humanos a vivir... (Grupo de estudios José Raimundo Russi, 1975: 195) El punto culminante de este auge de los Comités estuvo en el entierro simbólico de la Avenida realizado por los habitantes de Vitelma el 6 de julio en el Teatro de Villa Javier, luego de una nutrida marcha entre los dos barrios. En un pequeño ataúd, cientos de los habitantes notificados depositaron las cartas enviadas por el IDU. El impacto público y el ánimo de lucha son grandes y aprueban realizar una oposición “radical” a la Avenida y un rechazo a la negociación individual. Sin embargo, la espectacularidad del acto no correspondía a una fortaleza de los Comités, que en ese momento estaban integrados mayori-
tariamente por activistas. No pueden asegurarse nuevas movilizaciones masivas y las contradicciones entre “vecinistas” y activistas se recrudece: Se armaron unas discusiones sobre la táctica más revolucionaria a seguir en la que todos creíamos tener la razón. Las opiniones de los pocos vecinos que quedaban eran tachadas de “populistas”, provocando su retirada... Llegó un momento en que las reuniones eran de gente de fuera de los barrios... Sin considerar esta “ausencia de bases”, las directivas de los Comités buscan relación con otras organizaciones populares (ANUC, FENASITRAP, ADE, movimiento estudiantil). Incluso, aparecen participando en el “Encuentro Obrero-Campesino” que se realiza en Manizales. Mientras tanto, en el Concejo Distrital se venían adelantando nuevas oposiciones al PIDUZOB desde la renuncia de Albán. La coalición liberal-conservadora se desmorona, dado que el partido liberal se apresta a ganarse “la opinión pública” para las elecciones presidenciales del siguiente año, y la burguesía industrial representada en el llerismo acentúa sus críticas al Proyecto que no le representaría beneficio alguno. Incluso, las burguesías regionales se opusieron al empleo de fondos nacionales por el ya privilegiado Distrito Especial. El liberalismo, a través de sus periódicos, en el Congreso y en el Concejo, cuestiona los aspectos económicos y financieros del Plan, la conveniencia urbanística de la Avenida y sus consecuencias sociales. Por su parte, el alcalde y el presidente Pastrana emplean todos los medios posibles para defender su proyecto: hacen declaraciones en televisión, hacen avisos en la prensa e incluso mandan sacar unos “comics” mostrando las bondades del PIDOZUB. La renuncia, el 9 de julio de 1973, de Patricio Samper a la dirección del IDU representa la ruptura liberal-conservadora. El funcionario, otrora defensor incondicional del proyecto, empieza a reconocer las críticas y propone “profundas revisiones”. El alcalde responde que “nada se modificará con la renuncia de Samper” y el Presidente asegura que el “Plan se hará a pesar de todo”. Recurren al Cardenal Muñoz Duque, al exalcalde Mazuera Villegas y a firmas privadas de arquitectos e ingenieros (por ejemplo: Ospina y Luque) para defender el proyecto. Alfonso López, proclamado candidato, a sabiendas de la mayoría liberal en el Concejo y del inconformismo popular, plantea su posición: La vía propiamente dicha que es sobre la cual existe desacuerdo, representa únicamente el 20% de la inversión. El resto es remodelación urbana en una zona deprimida. Creo que fundamentalmente el problema de la Avenida es reconsiderar la conveniencia de hacer una Avenida suntuaria de varias calzadas y reducida a dos calzadas
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a distintos niveles, o aplazar en parte ciertos tramos de ella. Pero de ningún modo sería partidario de que se aplazaran las obras de desarrollo urbano de la zona que es la más abandonada de la ciudad.
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Así partiera de falsas premisas, la “salomónica” posición de López es aceptada por liberales y conservadores para salvar la obra. Las modificaciones sugeridas por López son introducidas al Plan y presentadas al Concejo el 14 de agosto de 1973 (proyecto de acuerdo 27 de 1973). A pesar de las críticas que le hacen algunos tecnócratas -incluido Samper Gnecco-, los concejales de la oposición y el senador Valencia Jaramillo, el proyecto de acuerdo se abre paso con el beneplácito de la prensa, que anuncia que con las modificaciones hechas se reducen en un 40% de los costos, es decir, unos $282 millones. Para sellar la decisión tomada, por primera vez se cita a los voceros de los barrios al Concejo. El 28 de agosto, hacen presencia masiva las Juntas de Acción Comunal y algunos representantes de los Comités ya que algunos de sus colaboradores ven esta actuación como un “juego al enemigo”. Como era de esperarse, los miembros de las juntas respaldan el PIDUZOB mientras doña Carmen de Rodríguez vuelve a ratificar el rechazo a la Avenida en nombre de los Comités. Después de dos años de discusión, y luego de un acuerdo entre los jefes del liberalismo Alfonso López y Julio César Turbay con el alcalde Fernández de Soto y de recibir del BID el primer desembolso para las obras (2.5 millones de dólares), el Concejo aprueba definitivamente el Plan a finales de septiembre con las modificaciones sugeridas por los liberales: menos calzadas y cambio de nombre de la Avenida Cerros por el de Paseo Bolívar. Al otro lado de la discusión, las únicas voces disonantes del coro van a ser la ANAPO, que se abstiene de votar; y el MOIR y el Partido Comunista, que votan negativamente.
Ascenso y caída del Plan Cerros (diciembre 1973-agosto 1974) Aprobado el proyecto, el alcalde Fernández de Soto se apresura a adjudicar las primeras obras (septiembre 26) y a inaugurarlas el 8 de diciembre en el barrio la Victoria. Ese día, buses de la Empresa Distrital de Transportes llevan a miles de habitantes al lugar de los solemnes actos, que cuentan también con la presencia del Presidente de la República. Los Comités, que habían programado una manifestación desde el barrio Vitelma, no logran reunir ni 40 personas, siendo la mayoría activistas. Las palabras de Pastrana sirven de réquiem a los Comités Prodefensa: Lo que sucede es que esos grupos de extremistas no están interesados en el progreso de la ciudad pobre, ante su imposibilidad
de ofrecerle al pueblo mejores soluciones. Nosotros como gobierno, vamos a mostrarles que contra viento y marea podemos adelantar un programa debatido en todos los estamentos sociales. Hoy que damos por iniciadas las obras de este gigantesco programa, quiero manifestarles a las gentes que no se dejen engañar con la mentira que han creado estos grupos de oposición de que el PIDUZOB solamente comprende la construcción de una avenida suntuaria que a la postre beneficiará solamente a las clases oligarcas en el extremo norte de la ciudad. Al año siguiente, se inicia la demolición el barrio Girardot, sin existir ya organización capaz de defenderlo. Los activistas externos se han ido de los barrios y sólo los tradicionales líderes y los vecinos intentan en vano generar resistencia. Como las obras iniciadas son el Centro Comunitario y el Hospital de La Victoria, y el barrio Guacamayas, la gran mayoría de los habitantes da como un hecho el proyecto, contra el cual no hay nada que hacer. En Girardot, la gente se afana en salir lo más pronto posible del barrio, a pesar de la consigna de no abandonarlo. Sin embargo, después de haber sido demolidas 80 casas y desalojadas unas 200 familias, el gobierno canceló repentinamente el plan para la construcción de la Avenida de los Cerros. Si la oposición parlamentaria, aparentemente había sido vencida, ¿por qué esta determinación? La explicación es que esta parte del proyecto fue rechazada por el propio BID, al ver que después de 2 años el IDU no había podido superar las dificultades geográficas y técnicas de transporte y aún no había elaborado el trazado definitivo. Además, el BID no quería comprometerse con la desprestigiada administración saliente y prefirió esperar la llegada de Alfonso López a la presidencia. El 7 de agosto de 1974 culmina formalmente el Frente Nacional, y el nuevo mandatario expide el decreto de emergencia económica, frenando el gasto público y suntuario. Lo primero en ser suprimido fue la Avenida de los Cerros, a solicitud del Concejo, plenamente controlado por el partido liberal. Sus costos habían subido en un 500% en dos años, “de US $15 millones en 1972 a US$30 millones en 1973 y a US$75 millones en 1974”. El cambio político también correspondía a uno en el sector de clase en el poder. López no representaba a las fracciones de la burguesía vinculadas con la construcción y la propiedad urbana, sino a la burguesía financiera como el Grupo Grancolombiano. Después de 3 años de existencia de los UPACs y del desarrollo irregular de la estrategia de la construcción, el mercado de vivienda rentable se había saturado. Esta situación de saturación relativa del mercado, la pérdida de capacidad adquisitiva de las clases medias, que les impide asumir costos de financiación de su vivienda, y las altas inversiones que habría que hacer para recuperar la renta de la zona oriental, desestimula al capital financiero y de la construcción. El capital industrial tampoco estaba interesado en la Avenida por las razones ya expuestas.
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Ante los cambios de política urbana del nuevo gobierno liberal, el BID se muestra satisfecho y promete no retirar los préstamos, ni disminuirlos: los dineros servirán ahora para la construcción de los “anillos viales” en la zona oriental de Bogotá y para la culminación de las obras sociales ya iniciadas.
Balance de la lucha contra la Avenida de los Cerros
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La caída de la Avenida obedeció principalmente a las contradicciones internas de las fracciones de clase dominante. Cuando López abandona el proyecto, los Comités Prodefensa habían dejado de existir hacía más de medio año. ¿Cuál fue entonces su papel en la lucha? y ¿cuál fue su significado dentro de la protesta urbana estudiada?. Aunque la caída de la Avenida correspondió al cambio de la correlación interna de fuerzas en el seno de la clase en el poder, la organización de los barrios contribuyó indirectamente a su fracaso. En primer lugar, logró movilizar gran parte de los habitantes de la zona y, más tarde, a la opinión pública en contra de la avenida. En segundo lugar, llegaron a constituirse en un nuevo factor de poder, que la administración, los tecnócratas y los partidos debieron tener en cuenta. El gobierno tuvo que prestar atención a sus peticiones, algunos tecnócratas debieron reconsiderar sus posiciones y el Partido Liberal, con el deseo de ganar imagen ante las masas (y votos), toma una posición contraria a la Avenida. En tercer lugar, las movilizaciones, mítines y comunicados permitieron aplazar considerablemente el inicio de la Avenida, dando tiempo al fortalecimiento de la oposición en el seno de la burguesía y al aumento de los costos de la obra, factor decisivo de su derrumbe. Más allá de su relación con la Avenida, los Comités contribuyeron al desarrollo político de algunas personas. Los habitantes lograron temporalmente romper su relación con las Juntas de Acción Comunal y establecer conexiones con vecinos de otros barrios para compartir su situación común y medir su fuerza frente a la Administración. Permitieron, también, una nueva experiencia de clase, ya que para la mayoría de sus participantes constituía su primera vinculación a una organización gremial de carácter popular. Al mismo tiempo, los Comités propiciaron, en algunos barrios, el contacto con sacerdotes y religiosos que imprimían a su labor pastoral un contenido político de oposición. Sin embargo, el balance no puede ser tan optimista como lo pretende Janssen, al ver en la lucha de los Comités un movimiento social urbano. Aunque constituye una excepción a las protestas barriales aisladas y momentáneas propias del período de nuestra investigación, los Comités no llegaron
a constituirse como una fuerza organizativa permanente y conscientemente revolucionaria: nunca llegaron a ganar consenso amplio sobre los habitantes de los barrios, que siempre oscilaron entre la posición de los Comités y las de las Juntas de Acción Comunal. A las limitaciones propias de la heterogeneidad socio-económica de los habitantes de los barrios y al carácter de sus reivindicaciones, en el caso de los Comités, habría que adjudicarles buena parte de su escasa acogida y posterior crisis a la labor de los activistas; salvo en barrios como Vitelma, que contaban con líderes barriales con trayectoria sindical. Sin desconocer su posible papel agitacional y logístico en buena parte de las acciones libradas por los comités, su presencia ocasional, y principalmente su concepción e inexperiencia en el trabajo barrial, frustraron la posibilidad de crecimiento de la misma organización que pretendía impulsar. El primer aspecto lo expresa uno de nuestros entrevistados en los siguientes términos: La forma de llegar al barrio era simplemente aparecemos allá cuando teníamos tiempo libre de nuestros trabajos en la universidad... se trataba de empezar a legitimizarse[sic] dentro del grupo. Llegábamos a la plaza, a la tienda, a la cancha de tejo, la de fútbol, la escuela... Nuestros principales trabajos eran ayuda legal, enfrentamiento, grupos de choque, guardias de noche, charlas de información, grupos de arte y cultura, etc. Para muchos activistas, el apoyo a los Comités representaba su primer contacto con el pueblo, y al entusiasmo propio de este hecho y de los momentos de lucha exitosa, hay que agregar características de los grupos de izquierda “consecuente” del momento: dogmatismo, sectarismo, obrerismo, foquismo, etc. Dos ex-activistas entrevistados coinciden en afirmar que el escaso apoyo logrado provino principalmente de mujeres, quienes por permanecer la mayor parte del tiempo en las viviendas y soportar con mayor rigor las consecuencias de su situación social, eran más receptivas a los jóvenes revolucionarios. Una muestra significativa es que la única líder destacada proveniente en los barrios fue doña Carmen de Rodríguez, habitante de La Perseverancia, quien aparecía en todos los eventos públicos externos a los Comités, como bien lo recuerda la militancia de la época. Finalmente, pese a que en los años posteriores se dieron nuevos intentos por resucitar los Comités en los barrios y ocurrieron nuevas y puntuales movilizaciones contra el desalojo de algunos barrios de la zona (Bosque Calderón, Sucre, La Casona, en 1975), la vida de los pobladores volvió a su “normalidad” y se retomaron las formas de lucha presentadas en el capítulo 2 de este escrito.
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Significado de la protesta urbana durante el Frente Nacional
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Concluiremos este capítulo haciendo algunas reflexiones sobre los rasgos sobresalientes en los conflictos barriales estudiados, analizando los alcances de este tipo de lucha social, durante nuestro periodo de estudio, para la construcción de los pobladores populares como sujeto histórico. La protesta barrial en cualquiera de sus tres grandes expresiones (lucha por la consecución del suelo o resistencia al desalojo, por la instalación o mejoramiento de algún servicio, o contra disposiciones gubernamentales que afectan la estabilidad de los pobladores) se dio en escasas ocasiones y no constituyó una ruptura con la lógica del comportamiento barrial en su lucha por el derecho a la ciudad. En primer lugar, los pobladores de un barrio llegan a tomar la decisión de asumir una modalidad abierta de protesta cuando ya se han agotado todas las otras vías posibles, o la magnitud del problema impide una resolución por su propio esfuerzo. En segundo lugar, en casi todos los casos, se buscó establecer un campo de negociación común con las autoridades. La urgencia vivencial de ver resuelto el problema lleva a aceptar la concertación con el Estado, a diferencia de lo que sucede en protestas como la de los estudiantes, cuya finalidad es denunciar ante la opinión pública y no presionar para solucionar un problema como el alza de tarifas del transporte. Otro rasgo de las protestas barriales en Bogotá, durante el Frente Nacional, fue su aislamiento, desarticulación y falta de continuidad. Salvo la resistencia a los desalojos respaldada por la Central Nacional Provivienda y la lucha protagonizada por los Comités Prodefensa de los Barrios Orientales, las demás acciones populares se agotaron en sí mismas y no dejaron organizaciones que garantizaran su continuidad. Cabe resaltar que en las dos excepciones hubo presencia de organizaciones políticas de izquierda que las respaldaron y procuraron ligar las luchas de los barrios con otras expresiones de la lucha popular. En el caso de la resistencia a los desalojos y en la lucha contra el Plan Cerros, fueron organizaciones políticas de izquierda las que hegemonizaron la orientación de los conflictos, procurando relacionar la lucha de los barrios entre sí con otras expresiones del movimiento popular, como la lucha sindical y campesina. Sin embargo, una vez retirada la presencia del grupo de activistas, la tendencia fue que los barrios fueran reabsorbidos por la dinámica urbana dominante. A pesar de su escasez y aislamiento, las luchas protagonizadas por los barrios bogotanos en la década del 60 y comienzos de la siguiente pusieron en evidencia las contradicciones que generaba el desarrollo urbano de nuestro país y dieron el primer impulso al movimiento popular urbano que va a caracterizar los años siguientes. En efecto, para decepción de los desarrollistas y de los marxistas ortodoxos, el afianzamiento de la producción industrial en nuestras ciudades no
garantizó la reproducción de las crecientes masas urbanas ni, mucho menos, su proletarización. La incapacidad del Estado para asumir su responsabilidad de dotar el equipamiento urbano a las masas populares para su reproducción agudizó la contradicción entre la demanda colectiva por la vivienda y los servicios básicos y la acumulación privada del capital a través del uso privado del suelo y control del gasto público. Así estos conflictos no hayan sido evidentes en la conciencia de los pobladores barriales, y su tendencia haya sido la de concertar amigablemente sus derechos urbanos, las protestas abiertas se convirtieron en voces de alerta al sistema sobre la potencialidad del conflicto, que lo llevaron a tomar medidas y asumir políticas para evitar su agudización. Desde la solución concreta a una demanda, como el establecimiento de una nueva ruta de transporte, hasta la modificación de un plan estatal, la influencia de las protestas barriales afectó, así sea levemente, la correlación de fuerzas entre los agentes sociales urbanos de Bogotá. Un último aspecto que quiero destacar en las luchas barriales es su contenido de clase. Este no está dado por una fría disección de la composición laboral de los pobladores barriales o de su papel en la producción capitalista; esto nos llevaría solamente a la acomodación o creación de frías categorías como “subproletariado” o “lumpen-proletariado”, que en sí mismas no pueden explicar el carácter de los pobladores barriales, ni, mucho menos, preestablecer la potencialidad política de sus acciones, como estuvieron tentados a hacerlo, investigadores y analistas políticos desde la ortodoxia marxista. En efecto, así como los alcances de ningún movimiento social pueden determinarse a priori, tampoco podemos asumir que las clases sociales son entidades estáticas y separadas “que miran en rededor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar” (Thompson, 1979: 37). Por ello, el historiador inglés da al término clase una significación histórica; es el resultado de la observación del comportamiento social de un grupo de gentes y no un punto de partida heurístico para determinar a priori el carácter de una actitud o movimiento social. Para este autor, se sabe que hay clases porque las gentes se han comportado de modo clasista, porque grupos humanos experimentan las relaciones sociales de un modo similar, identifican puntos de interés común, comienzan a luchar por éstos y, en el proceso de su lucha, se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. “La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico” (Thompson, 1979: 34 y ss.). Si consideramos que las clases surgen en la lucha por intereses comunes, podemos afirmar que el contenido de clase de la protesta barrial y de las luchas urbanas en general radica en que sus protagonistas, los pobladores barriales, experimentan de similar forma sus condiciones de existencia y su lucha por el derecho a los bienes urbanos y a su reconocimiento como sujetos de derechos.
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La heterogeneidad del nivel ocupacional -a la que corresponden diversos niveles de ingresos, de conciencia y experiencia de vida diferentes- tiende a acortarse en su experiencia común como pobladores barriales. Su interés común en asegurar su permanencia en el barrio y los servicios básicos los lleva a asumir comportamientos sociales -individuales o colectivos- similares, que van configurando una incipiente identidad como actor social. Esta identidad como sujeto colectivo se afianza y consolida en la vivencia de conflictos manifiestos, en la elaboración de prácticas y experiencias cotidianas comunes y en la conformación de una cultura y una conciencia, a través de las cuales evidencian con mayor nitidez el campo de intereses que diferencia el “nosotros los pobres” de los demás agentes sociales y el Estado. Así como su pauperización se origina en “última instancia” en las relaciones de clase, el auto reconocimiento como “pobres” o “pueblo” -términos que incomodan a la ortodoxia marxista- expresan una subjetividad colectiva o una primigenia conciencia de clase, como sujeto social en construcción. Tal mentalidad o subjetividad social -que urge investigaciones sistemáticas- permite actuar con la misma lógica en las prácticas comunitarias y de autogestión de sus necesidades, así como en los momentos de negociación o confrontación abierta con el Estado. El intercambio, la negociación, la confrontación y la impugnación con las autoridades serían, en este caso, caras de una misma moneda, moneda cuyo valor irá definiéndose en la lucha social.
Trabajos del acueducto en el barrio Nueva Celandia Junio 24 de 1980 FUENTE: Bogotá en imágenes 1940 - 2000 Museo de Desarrollo Urbano
La gestión gubernamental del conflicto urbano
Presentación
L
a acción de las autoridades nacionales y distritales frente a los barrios populares y sus luchas no se limitó a la solución, negociación o represión puntual y coyuntural a las demandas cotidianas y a las exigidas a través de la protesta de sus habitantes. La generalización inusitada de asentamientos populares ilegales, y los problemas que conllevaban, no sólo cuestionaba las bondades de la “modernidad urbana” sino que también se convertía en un eventual peligro para el orden establecido. Por lo menos esa era la sensación del ICT en su informe el Ministerio de Gobierno, en 1964, donde presenta a los barrios de invasión como El cáncer congénito del proceso de urbanización producido por grupos humanos, de poca estabilidad, inseguridad, cohesión social, que pueden producir grandes perturbaciones en la ciudad. Garantizar a largo plazo la seguridad del orden social en las ciudades exigió del Estado colombiano y de la administración distrital medidas más que coyunturales, sujetas a las vicisitudes de las relaciones entre los pobladores barriales y sus organizaciones barriales con los organismos gubernamentales. Más aún cuando es el Estado, en las sociedades capitalistas, “donde se materializa el carácter contradictorio donde se define qué intereses prevalecen y el lugar donde tienden a resolverse las cuestiones sociales que entran en conflicto” (López, 1987: 91). Esta función estratégica del Estado frente a los conflictos urbanos nos exige, para analizar las políticas frente a los barrios populares en Bogotá durante el Frente Nacional, hacer algunas consideraciones de orden teórico al respecto.
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Estado y Política Urbana No podemos considerar las luchas barriales al margen del Estado y sus políticas referidas a la organización de la dinámica urbana y, en particular, a la administración y al control del equipamiento colectivo; máxime, cuando en sociedades capitalistas periféricas es función básica del Estado asumir la infraestructura urbana necesaria para la reproducción del capital en su conjunto. Bajo la concepción desarrollista, la supervivencia, de las masas populares de la ciudad, es responsabilidad del Estado. Esta función, le impone, además de la resolución coyuntural de las demandas y conflictos que vayan presentándose entre los diferentes agentes urbanos, la definición de políticas a mediano y largo plazo sobre el problema urbano general, y en nuestro caso, sobre los barrios populares. Tal cometido lo concreta el Estado a través de un conjunto de decisiones destinadas a regular los distintos procesos que se dan en el seno de cada unidad urbana, denominados para ese periodo como “planificación urbana”. Manuel Castells (1980: 312) define la planificación urbana como: Torres Carrillo
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La intervención de lo político sobre la articulación especifica de las diferentes instancias de una formación social en el seno de una unidad colectiva de fuerza de trabajo con el fin de regular su reproducción ampliada, de regular sus contradicciones no antagónicas y de reprimir las antagónicas, asegurando así la realización de los intereses de la clase dominante, en el conjunto de la formación social y la reorganización del sistema urbano, con vistas a mantener la reproducción del modo de producción dominante. En este sentido, los planes de desarrollo urbano, el establecimiento de normas sobre uso de espacio y proyectos de “rehabilitación” -así fueran justificados con argumentos técnicos- responden a intereses en juego en cada coyuntura y, en últimas, el papel del Estado es el de organizar el espacio urbano en función de los intereses de los sectores sociales dominantes. Por ello, en otro trabajo, Castells (1981: 214) clasifica las políticas urbanas en tres grandes grupos: 1. Políticas de equipamiento que procuran subvencionar necesidades de consumo insatisfechas, como, por ejemplo, la producción de vivienda o el suministro de servicio públicos. 2. Políticas de ordenación y organización funcional de las condiciones generales de un aspecto especifico de la problemática urbana, por ejemplo, un plan de transporte. 3. Políticas de desarrollo que implican la reestructuración de las relaciones entre los diferentes elementos del sistema urbano, como, por ejemplo, un plan de renovación urbana en un sector de la ciudad.
Siguiendo los planteamientos del grupo de Estudio José Raimundo Russi (1975: 27) y de Jaime Carrillo (1981: 40), precisamos algunas funciones del Estado a nivel urbano en un país capitalista dependiente: 1. Adoptar el espacio a las exigencias actuales de reproducción del capital, definiendo, dentro de un orden de prioridades, cierta preferencia por los sectores de clases preponderantes; 2. Mejorar y garantizar condiciones generales de producción, consumo e intercambio, por medio de una política de organización y planificación funcional de espacio, para refrenar los efectos del “desorden urbano”; 3. Adecuar la ciudad a las funciones de represión y dominio, y prevenir los conflictos populares ejerciendo su control ideológico sobre las masas urbanas, por medio de la asistencia y el paternalismo estatales; 4. Incitar, por medio de planes de desarrollo urbano, ciertas áreas de la ciudad a la valoración del suelo y recuperar las áreas de alta rentabilidad potencial que se encuentren en estado de deterioro; 5. Superar las contradicciones y dosificar los conflictos que puedan surgir dentro del sistema urbano, como, por ejemplo, el problema del transporte masivo. Estas funciones no se realizan de manera mecánica ni al margen de las condiciones históricas concretas de cada unidad urbana. Son mediadas por la singularidad histórica y la correlación de fuerzas sociales y culturales que han venido consolidando sus habitantes. Adicionalmente, la presencia masiva del Estado en el tratamiento y gestión de los problemas urbanos no determina en su totalidad la dinámica de la ciudad. Este el caso, de los barrios populares, al fundarse más allá de la frontera institucional, permite la vigencia de algunas prácticas que instituyen nuevas formas de vida urbana. El Estado, en ese caso, tiende a adaptar su estructura a estas situaciones y procesos emergentes, siempre y cuando estas no subviertan el orden urbano establecido. Hechas estas consideraciones conceptuales, pasemos ahora a analizar la manera cómo la administración Distrital, en las décadas del sesenta y el setenta del siglo XX, procuró, desde sus políticas y actuaciones, incidir estructuralmente en la dinámica de los barrios populares y en las organizaciones de sus pobladores en torno a sus demandas de inclusión social y política.
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Legislación y política urbana durante el Frente Nacional En nuestro país, la definición de políticas estatales sobre la cuestión urbana es reciente e insuficiente. A excepción de algunas disposiciones ocasionales, fragmentarias y dispersas, contenidas en algunas leyes y decretos, al iniciarse el Frente Nacional era notoria la ausencia de una legislación urbana de alcance nacional.
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Ni siquiera durante nuestro periodo de estudio pudo ser llenado este vacío legislativo. Solo la ley 66 de 1968 y su decretos reglamentarios 219 de 1969 y 1380 de 1972 pueden considerarse como medidas, a nivel nacional, tendientes a regular el desarrollo urbano. Vale la pena aclarar que esta ley sobre inspección y vigilancia de planes y programas de urbanización y construcción de viviendas se dio en uno de los momentos de mayor presión social. El incremento de las invasiones y de la actividad de los urbanizadores y la administración, al igual que el aumento de la presión de los habitantes de los nuevos asentamientos, llevó, por primera vez, al Congreso a legislar explícitamente en materia urbana. A la ausencia de legislación urbana de carácter nacional debemos sumarle el fracaso de los siete intentos para aprobar una “ley de reforma urbana” en Colombia entre 1960 y 1974. Hasta ese momento, ni las exigencias de la modernización capitalista en la industria, ni el crecimiento demográfico popular en los mayores centros urbanos habían demandado la promulgación de medidas legislativas que cuestionaran, así fuera tangencialmente, el orden urbano. El primer proyecto de ley fue presentado en 1960 por el MRL con el nombre de “Ley del Techo”, y planteaba el control de los cánones de arredramiento y la estabilidad en la tendencia de vivienda. En 1965, otro grupo de parlamentarios liberales presentaron un proyecto llamado “Reforma social, urbana y política de vivienda popular” orientada a convertir los arrendatarios en propietarios de la vivienda ocupada. Las dos iniciativas, calificadas en su momento de izquierdistas, fueron prontamente archivadas. De ahí en adelante, la iniciativa pasó al ejecutivo: Carlos Lleras Restrepo presentó al Congreso, en 1969, su “Proyecto de ley sobre vivienda y desarrollo urbano”. De menor alcance social que las anteriores iniciativas, este proyecto proponía nacionalizar el Banco Central Hipotecario y dar facultades al ejecutivo para comprar y expropiar inmuebles urbanos. El proyecto fue archivado en espera de la conformación del nuevo gobierno. Misael Pastrana Borrero, cuyo gobierno incluye inicialmente la fracción llerista, presenta en 1970 una nueva propuesta que sufre la misma suerte de las anteriores. Bajo la misma administración, vuelven a presentarse 3 nuevas propuestas que también fracasaron en el congreso a pesar de tener alcances sociales cada vez más tímidos. El último proyecto incluso abandona la denominación “Reforma urbana” y la reemplaza por la de “Estado urbano”. El último eslabón de la cadena de proyectos de reforma urbana fracasados fue la aprobación de la Ley 61 de 1978 o “Ley orgánica de desarrollo urbano”. Aunque, por su ubicación temporal dicha norma sale de los objetivos del capítulo, argumentaré porqué lo consideramos también como un desacierto. En primer lugar, la ley 61 se caracteriza por su falta de concreción y la ausencia de instrumentos eficaces para su realización. El articulado inicial plantea unos principios generales sobre planeación urbana y en el artículo 9 se reviste al Presidente de la República para que haga cumplir los artículos anteriores. Pero, en los artículos siguientes se plantean restricciones a las facultades anteriormente dadas al ejecutivo. Dos de ellas, son bastantes dicientes:
No se impondrá ni se aumentarán gravámenes, contribuciones, ni tasas…Cuando hubiere lugar a expropiación, las condiciones de indemnización no serán inferiores a las que rigen para el sector agrario. La razón de ser, tanto del prolongado vacío jurídico con respecto a la cuestión urbana, como de la sucesión de fracasados intentos de hacer una reforma urbana y, finalmente, de la aprobación de una ley que en nada modifica el statu quo urbano, podemos encontrarla en el poder que los grupos terratenientes urbanos tenían dentro de la clase dirigente colombiana en ese momento. Dichos sectores y los dueños de casas de alquiler, representados en el Congreso por parlamentarios de todos los partidos y grupos políticos (Pradilla, 1974: 13), derrotaron siempre las propuestas de grupos reformistas y del ejecutivo. La propiedad privada sobre los terrenos urbanos no solo significaba un beneficio económico para los sectores terratenientes, sino también una representación simbólica del orden social vigente. La alteración virtual o efectiva de la tenencia y de la propiedad del suelo urbano era vista como una afrenta a las instituciones fundamentales del sistema capitalista. La supervivencia de ésta a largo plazo llevó a que otros sectores de la clase dominante, interesados en la intervención estatal a nivel urbano, cedieran en sus pretensiones inmediatas. Esta convergencia de intereses estratégicos es sintetizada por el mismo ministro de desarrollo en su defensa a la reforma urbana de 1970: Durante los últimos años, como lo denuncian descaradamente las cifras, el déficit de vivienda urbana torna a manifestarse ya como un problema de orden público de tal magnitud que, de no afrontarlo con decisión irrevocable de hacer justicia con desinteresado espíritu de solidaridad social, las instituciones, que tantas veces hemos defendido… se verán seriamente amenazadas. La ausencia de una legislación estructurada a nivel urbano no quiere decir que el Estado colombiano no haya intentado impulsar políticas al respecto. Todos los gobiernos del Frente Nacional tuvieron clara conciencia de que el “problema urbano” tenía sus orígenes en la expulsión masiva de campesinos desde las áreas rurales. En consecuencia, todos ellos asumieron una actitud al respecto, enmarcada en los respectivos planes de desarrollo. Los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia se propusieron frenar los procesos migratorios, manteniendo al campesino en el campo mediante una tímida reforma agraria y procurando “controlar” el surgimiento de asentamientos urbanos ilegales. Para ello, combinaron la represión de las invasiones con el impulso de programas de construcción de vivienda y de “erradicación de tugurios”. El surgimiento de asentamientos populares es visto como un caso de patología social que debía ser combatido a toda costa.
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La incapacidad mostrada por el Estado para controlar la migración campo-ciudad y la influencia de la teoría de los polos de desarrollo llevó a los dos últimos gobiernos del pacto frente nacionalista a cambiar su actitud. Aunque, aún para Carlos Lleras Restrepo se procura mantener al campesino en el área rural¸ la urbanización se ve como inevitable pero controlable, para evitar sus efectos nocivos. La principal preocupación pasa a ser el desarrollo de las ciudades intermedias para atenuar su creciente desigualdad con los grandes centros urbanos. Para ello, se proponía descentralizar las actividades económicas capitalistas y planear adecuadamente el crecimiento urbano y de la vivienda. Misael Pastrana Borrero va a ir más lejos en esta nueva actitud. El nuevo gobierno va a ver el proceso de urbanización como conveniente para la acumulación de capital y como una fuente potencial de inversiones productivas para la industria constructora. Además, la construcción masiva de vivienda permitía la canalización del ahorro nacional, favorecería la economía en general. La creación del sistema de Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y de las corporaciones de Ahorro y Vivienda va a estimular la producción y mercado de vivienda por parte de la empresa privada, restando importancia a la construcción oficial. La aceptación de la urbanización como un proceso inevitable, e incluso deseable, se vio complementada por el cambio de actitud frente a los barrios populares nacidos por fuera de las normas urbanísticas. Su masiva incorporación no conflictiva al conjunto urbano hizo que dejaran de ser vistos como un peligro para convertirse en una alternativa económica del Estado para la solución del déficit de vivienda y para la construcción de la infraestructura de servicios. Como lo veremos en el caso bogotano, la administración fue cada vez más tolerante con la urbanización pirata y las estrategias autogestionadas no disruptivas de las poblaciones barriales.
Los Barrios en la política urbana del Distrito Especial de Bogotá El hecho de haber sido Bogotá la urbe que concentró mayor número de migrantes y el epicentro de los más profundos problemas urbanos, también contribuyó a que fuera la ciudad a la que más atención se le presentó en materia de políticas públicas al respecto. La creación del Distrito Especial de Bogotá, en 1954, representa un primer paso en la introducción de la planificación urbana en la capital y sus municipios anexados. Ya desde las postrimerías del Bogotazo, el gobierno distrital había contratado a Le Corbusier y a Wiener para que realizaran un Plan Regulador de la ciudad. La ordenación de la ciudad tenía que responder tanto a los intereses ya consolidados de los grandes propietarios urbanos como a los nuevos requerimientos de los industriales. Con respecto a los barrios populares, la admi-
nistración desarrolló tres tipos de políticas tendientes a controlar su eventual “peligro” para el orden urbano y social en general. En primer lugar, se impulsaron medidas para prevenir o atenuar la manifestación externa más visible del problema urbano: el déficit de vivienda. Durante las cuatro administraciones del Frente Nacional se fijaron políticas de vivienda con clara incidencia en la ciudad capital. En segundo lugar, el Concejo de Bogotá y los diferentes alcaldes promulgaron medidas jurídicas tendientes a “incorporar” a los barrios populares a la “legalidad” urbana. La tendencia más destacada al respecto fue la de pasar del rechazo a la aceptación de la proliferación de los barrios “subnormales” como solución a la incapacidad de la administración para controlar la urbanización pirata. Por último, a partir de 1958, el gobierno nacional impulsó mecanismos para garantizar el control de las comunidades populares, especialmente las urbanas, a través de la creación de las Juntas de Acción Comunal. Bogotá se convirtió en el centro piloto de implementación de esta estrategia, que era impulsada por Estados Unidos a nivel continental. A continuación desarrollaremos los rasgos más sobresalientes de estas tres políticas urbanas en la ciudad de Bogotá entre 1958 y 1974, cuyas limitaciones se evidenciarían con el ascenso de la protesta urbana en la ciudad, que llegó a su punto más alto con el paro cívico nacional de septiembre de 1977.
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Las políticas distritales de vivienda En el presente capítulo, no es nuestro interés presentar en detalle las particularidades de los planes de vivienda de cada una de las administraciones del Frente Nacional, sino destacar las principales tendencias de su implementación en Bogotá. Antes de ello, hay que precisar que la entidad encargada por el Estado para la promoción y producción de vivienda para el periodo de estudio era el Instituto de Crédito Territorial, creado en 1939. Salvo en casos excepcionales los principales, los ingresos del ICT provenían del presupuesto nacional, por lo que este organismo estatal debía recuperar su inversión para seguir operando en forma continua. Esta limitación trató de ser contrarrestada parcialmente por el Estado, produciendo vivienda para sectores solventes dentro de la lógica del mercado capitalista y estimulando la autoconstrucción en sus diversas modalidades. Hasta la segunda mitad de la década del 50, el ICT operó con los aportes del Presupuesto Nacional, condicionando su actividad a las oscilaciones de la economía del país. En contraste, los gobiernos del Frente Nacional, acosados por el problema habitacional y el temor a las ocupaciones de terrenos urbanos, acudieron generalmente a la financiación externa. A pesar de ampliar su capacidad, en ningún momento lograron igualar los índices de producción de vivienda comercial ni los de la autoconstrucción.
La actividad del ICT en Bogotá podemos apreciarla en el siguiente cuadro, elaborado por Jaramillo (1980), con base en las operaciones registradas de construcción total de vivienda, dado que el ICT con frecuencia emplea el capital privado o el aporte de los beneficios para completar los gastos. Estas cifras nos muestran un indicativo aproximado de la producción de vivienda estatal en Bogotá durante el periodo de estudio.
Cuadro 29 PRODUCCIÓN DE VIVIENDA I.C.T. 1950 – 1976
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PERIODO
PRODUCCIÓN NACIONAL
PRODUCCIÓN EN BOGOTÁ
% PRODUCCIÓN BOG/NAL
1950-52 1952-55
2.729
1.109
40.63
7.853
3.215
40.13
1966-58
6.546
1.883
28.76
1959-61
31.948
2.580
8.08
1962-64
52.752
14.303
27.11
1965-67
22.760
5.976
26.25
1968-70
35.824
9.239
25.79
1971-73
57.628
17.040
29.57
1974-76
61.476
8.331
13.55
Fuente: Jaramillo, 1980: 202.
Como puede verse, luego de un tímido crecimiento en la actividad constructora del ICT entre 1950 y 1955, tanto en Bogotá como en todo el país, vino una caída temporal entre 1956 y 1958. Al parecer, la estrecha dependencia de la financiación del ICT al presupuesto Nacional y sus fluctuaciones llevó a que la caída de los precios del café durante la segunda mitad de la década del cincuenta incidiera en la disminución de recursos estatales a dicha entidad. El crecimiento de la actividad constructora estatal durante los 6 primeros años del Frente Nacional estuvo asociado a las incidencias de la política norteamericana de la Alianza para el Progreso, ideada para evitar en América Latina procesos similares al de la Revolución cubana. En tal sentido, diversas entidades financieras de los Estados Unidos inyectaron recursos al ICT. Entre 1962 y 1964, la financiación externa llegó a 416.1 millones de pesos, que representaban el 39.2% de la financiación del ICT durante ese periodo (Jaramillo, 1980: 200).
Posteriormente, durante la segunda mitad de la década del sesenta se reducen los programas oficiales de construcción de vivienda. En esta disminución confluyeron varias circunstancias: el acelerado endeudamiento del periodo anterior dificultó la consecución de créditos externos; y las devaluaciones del peso Colombiano a las que recurrió el Gobierno. Esto tuvo consecuencias desastrosoa para el ICT: mientras que el servicio y el pago de la deuda se hacía en dólares, los pagos de los usuarios eran efectuados en devaluados pesos colombianos. Para Bogotá la disminución de la actividad constructora de ICT fue más notoria, debido a la política estatal, antes mencionada, de desviar hacia ciudades intermedias la mayoría de sus inversiones, con el afán de combatir la excesiva concentración demográfica en la capital. El ligero crecimiento de la actividad constructora del ICT en el último cuatrienio del Frente Nacional no significó un alivio para los sectores urbanos de bajos recursos. El nuevo Gobierno consideró la construcción como un “sector productivo”, impulsando la producción privada de vivienda por el sistema UPAC y encaminando sus planes a sectores medios de la población. La disminución de préstamos a familias con bajos ingresos y la utilización en algunos de sus programas del sistema UPAC hizo que el ICT desatendiera casi por completo la vivienda popular.
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Del rechazo a la aceptación de los asentamientos ilegales Carlos Zorro y Alan Gilbert (1982) demuestran en su excelente estudio, que guiará buena parte de las afirmaciones de esta sección, cómo la tendencia del Estado colombiano y de la Administración Distrital con respecto a los asentamientos urbanos ilegales entre 1950 y 1978 fue la de ir aceptando su crecimiento como una realidad inevitable, siempre y cuando respetaran ciertos principios fundamentales del sistema y los intereses específicos de la clase dominante. El tránsito del rechazo y la condena de los barrios populares a su aceptación y tolerancia se evidencia incluso en el cambio de la terminología oficial para designarlos. Considerados como “barrios fantasmas” y “asentamientos subnormales” hasta los primeros años del Frente Nacional, pasaron a ser “barrios de desarrollo incompleto” a mediados de los 60, hasta admitirse eufemísticamente como “urbanizaciones de desarrollo progresivo” en los años siguientes. Es en la reglamentación urbanística de la ciudad donde se ve con mayor claridad la tendencia señalada. Tales cambios en la legislación municipal se explicitan en tres ámbitos: el perímetro urbano, los requisitos exigidos para urbanizar y la regulación de barrios ilegales ya existentes.
Los cambios en el perímetro urbano y sanitario El perímetro urbano delimita el área al interior de la cual es posible instalar y prestar los servicios públicos. Teóricamente, por fuera de este no cabe efectuar desarrollos urbanos. Ante la ausencia de planificación especial de la ciudad y enfrentada a la evidencia del incremento desordenado de cientos de asentamientos populares, la administración distrital tuvo que ampliar en repetidas ocasiones (8 hasta 1974) el perímetro urbano. Esta aceptación “a posteriori” de los barrios surgidos por fuera de los límites establecidos para Bogotá demuestra la incapacidad de las autoridades para hacerlos cumplir. Al respecto, Zorro y Gilbert (1982: 316) muestran cómo esta tendencia estuvo matizada por los siguientes fenómenos:
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1. En casi todos los acuerdos se han excluido del perímetro áreas ya ocupadas, generalmente las localizadas en terrenos donde resulta difícil el suministro de servicios públicos; en especial el Acueducto y el Alcantarillado. 2. Mientras los desarrollos por fuera del perímetro urbano son comunes hacia los extremos sur y suroccidente de la ciudad, son excepcionales en el extremo norte, zona habilitada para los grupos de mayores recursos. 3. La expansión física de la ciudad fue anárquica durante nuestro periodo de estudio. La ocupación de los terrenos fue irregular, dando lugar a la formación de “bolsas” de terrenos vacíos al interior del perímetro mientras que por fuera de este tienden a extenderse desarrollos tentaculares. Tales bolsas vacías se convirtieron en lotes de engorde monopolizados generalmente por los terratenientes urbanos. Lo cierto es que la fijación de perímetros en Bogotá se reveló ineficaz como medio de control del crecimiento urbano. La legislación llegó a niveles de aceptación tales, que prácticamente todo asentamiento urbano quedaría dentro de él. Como lo prevé el Acuerdo 25 de 1975: Artículo 5: Los desarrollos urbanos existentes en la fecha y situados por fuera del perímetro urbano descrito… se consideran como parte integrante del área comprendida dentro de este perímetro con el fin de que sean incluidos en el proceso de mejoramiento progresivo establecido en el Acuerdo 21 de 1972. La producción de normas sobre perímetro urbano desde el Frente Nacional ha estado determinada, tanto por la situaciones de hecho que la administración tuvo que aceptar como por la presión directa e indirecta de los grupos de terratenientes, urbanizadores y otros sectores de la clase dominante, interesados en valorizar sus predios (Zorro y Gilbert, 1982: 318)
Como la ampliación del perímetro también beneficiaba a los barrios que se habían asentado fuera de él como garantía para agilizar la instalación de sus servicios, estos también se convirtieron en grupos de presión mediante sus insistentes solicitudes. La demanda del cambio de perímetro por parte de los dirigentes barriales se hizo dentro de la lógica concertada que analizamos en el capítulo 3. Por ello buscaron la mediación de los políticos, quienes también buscaron obtener dividendos electorales, y de las entidades públicas, interesada en ver disminuida la presión por instalar sus servicios. El entonces concejal Germán Samper Gnecco sintetizaba este proceso en los siguientes términos: … hay que esperar a que se produzca el fenómeno de la urbanización clandestina para que una vez se cree el grupo de presión, entonces ayudar a través de las Juntas de Acción Comunal muchas veces con la ayuda de concejales, a solicitar que se les incluya en el perímetro o que se les preste el servicio mínimo, entonces se les resuelve el problema momentáneamente y luego se legaliza.
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Cambios en las normas de especificación de urbanización y construcción La actitud de tolerancia hacia el crecimiento de asentamientos populares de origen ilegal (pero no invasiones) se muestra con nitidez en las normas referidas a las especificaciones exigidas para los urbanizadores y para la construcción de viviendas. Hasta 1944 no hubo en Bogotá reglamentación sobre requisitos urbanísticos y sanitarios para la aprobación de urbanizaciones. Al año siguiente, en el Acuerdo 57 se plasmaron las primeras disposiciones al respecto: Artíiculo 34. En los barrios obreros y demás zonas incorporadas a este perímetro urbano, el municipio no permitirá la edificación particular, mientras no cuenten con las obras indispensables de saneamiento a saber: alcantarillado, acueducto, pavimento, andenes y sardineles. Esta norma estuvo vigente hasta 1961, año en el que el concejo aprobó el Acuerdo 30 como medida de control a la proliferación de barrios “subnormales”. Diferenciando las zonas estrictamente residenciales de las zonas residenciales obreras, estableció para éstas unas exigencias mínimas en cuanto a la instalación de servicios públicos (Citado por Zorro y Gilbert, 1982: 324):
Agua suministrada por el Acueducto Distrital por el servicio de pilas públicas. No se exigiría inicialmente alcantarillado, pero cada propietario deberá construir letrinas en su lote y alumbrado público sobre postes de madera. No se exigirá luz, ni energía eléctrica domiciliaria. Se provee servicios de teléfono público. Vías de matacán y las principales con riego asfáltico. La posterior aceptación de la dinámica de las urbanizaciones piratas y la incapacidad del estado para controlarlas no quedó allí. El Acuerdo 65 de 1967 redujo aún más las especificaciones, al limitar el alumbrado público a la vía principal y contentarse con recomendar que las demás vías solo estén trazadas. En esta disposición ya aparece el concepto de “barrios con desarrollo progresivo”, según el cual, los asentamientos surgidos bajo este régimen progresarán hasta alcanzar niveles “normales”. El paso definitivo se dio con la aprobación del Acuerdo 20 de 1972, que rigió hasta 1980. Según esta medida del Concejo, la indicación de una urbanización en las áreas residenciales populares solo deberá contar con: Torres Carrillo
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Una vía de penetración para tránsito automotor, cuya calzada se construirá en macadán, las demás vías como mínimo deberán estar visiblemente localizadas… Agua potable permanente, suministrada por medio de pilas de uso comunitario por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, o en su defecto por el urbanizador… Alumbrado público a lo largo de la vía de penetración… Cada lote dispondrá de letrina. En el mismo Acuerdo se deja al “grupo de vecinos”, con el apoyo de algunas entidades públicas, el paulatino desarrollo del barrio. Urbanizadores piratas y Estado se desentienden de sus responsabilidades dejando que sean los habitantes del barrio y la mediación clientelista los que garanticen la infraestructura del asentamiento.
La normalización de barrios “ilegales”. El caso de Las Colinas. Mientras se hacían más laxas las exigencias para los urbanizadores piratas, se dio un proceso de reconocimiento legal cada vez más fácil para aquellos barrios surgidos al margen de la normatividad vigente en cada momento. Antes de 1963, no se consideraba definitivamente aprobado un barrio hasta que no se hubieran construido las obras básicas de “saneamiento” y “ornato”: servicios públicos, áreas comunales, vías y sardineles en todas las calles. El Acuerdo 22 de 1963, después de reconocer el creciente número de asentamientos surgidos al margen de las normas, califica como “barrios con
desarrollo incompleto” a aquellos que presentan una o varias de las siguientes características: 1. Que el proceso de lotificación se adelantó sin obtener la aprobación de la licencia correspondiente. 2. Que el barrio carezca de planos de lotificación aprobado. 3. Que el barrio carezca de lotificación aprobada. 4. Que no posea los servicios públicos básicos completos. La misma norma precisa procedimientos especiales para su “rehabilitación” que a juicio de Patricio Samper, director del Departamento administrativo de Planeación Distrital en 1972, eran tan estrictos que en vano pretendían “detener un proceso incontenible… estableciendo trabas”. Estas críticas sirvieron para respaldar la aprobación del Acuerdo 21 de 1972, el cual se limita a exigir “para reconocer la existencia de un asentamiento… la expedición del plano y la expedición de reglamentación respectiva” (Citado por Zorro y Gilbert, 1982: 361). La transformación en la reglamentación en la legalización de barrios no implicó una mínima flexibilidad en lo que a régimen de prioridad se refiere. El principio de respeto a la propiedad privada siempre fue respetado, ya que la legalización de cualquier urbanización solo es posible previa presentación de la Escritura y el Certificado de libertad del predio respectivo. El caso más significativo de “rehabilitación” de barrios ilegales durante el Frente Nacional fue el de Las Colinas. Este asentamiento era, junto con El Policarpa (ver capítulo 4), la invasión con mayor impacto distrital. Reconocido el fracaso de la vía represiva como medio de erradicación de tierras ocupadas ilegalmente, la administración intentaba entonces integrar a sus ocupantes al orden urbano legal, como lo reconoció el entonces Gerente de la Caja de Vivienda Popular: “el simple tratamiento de erradicación podría estimular futuras invasiones o propiciar reacciones de masas violentas” (Flórez, 1969). La implementación corrió a cargo de la Caja de Vivienda Popular, luego de un estudio realizado entre 1967 y 1968 por el centro Colombiano de la Construcción. Para la Administración Distrital, el plan tenía gran importancia, dado que había sido asumido por el congreso Mundial de Arquitectura de 1969 como programa piloto para América Latina en el “tratamiento de zonas marginadas urbanas”. Inicialmente previsto para 5 años, el tiempo del proyecto fue reducido por la CVP a la mitad, con el visto bueno del Alcalde Mayor Virgilio Barco. Para los efectos de ejecución, el plan fue dividido en 2 etapas. 1. La habilitación y saneamiento ambiental del barrio (vías principales, redes de acueducto, energía y alcantarillado, teléfonos públicos, escuela y centro de integración) complementado por “la organización de la comunidad… con miras a facilitar y garantizar el éxito de la ejecución de las obras…(Flórez, 1969: 230).
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El estudio recomendaba tener especial atención a esta última cuestión “ya que del correcto enfoque que se le dé, depende que la solución no se convierta en un incentivo para nuevas invasiones” (Flórez, 1969: 231) 2. Otorgamiento de créditos individuales para el mejoramiento progresivo de la vivienda, supervisado y dirigido por la caja de Vivienda Popular. Estos créditos solo se concederían a aquellas familias que hubiesen cumplido la primera etapa. En enero de 1969, el entonces Alcalde Mayor Virgilio Barco hizo presentación pública del plan, primero, a través de los diferentes medios de comunicación y, por último, a los habitantes del barrio en las oficinas del campamento de la CVP que ya se había instalado en el barrio. Este hecho anunciaba el estilo del trabajo gubernamental para esta obra comunitaria: la participación de los habitantes en el proyecto estaría subordinada a los planes ya fijados.
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Aduciendo razones de agilidad administrativa, se le dieron atribuciones en la administración del proyecto al gerente de la caja. Ni siquiera la Junta de Acción Comunal tendría participación, al igual que lo que quedaba del comité Prodefensa. Las dos organizaciones barriales eran valoradas por el gerente de la CVP como “nacidas del sentimiento de aversión hacia la sociedad misma y los regímenes políticos, que sus miembros consideran en circunstancias subnormales respecto a los demás grupos de población” (Flórez, 1969: 229). Fue así como la CVP, desconociendo las dos organizaciones, dividió a los habitantes del barrio por sectores para agilizar la implementación del programa: “la situación política del barrio era difícil y debía tratarse con prudencia, la Junta de Acción Comunal debería estar en receso por un tiempo y el liderazgo del barrio requería un tratamiento estratégicamente planeado” (Flórez, 1969: 233). “Invadida” la invasión por funcionarios, técnicos y fuerza pública, los habitantes intentaron en vano echar al suelo el Programa por la vía de la acción colectiva. Una manifestación realizada al 29 de Enero de 1969, por iniciativa del Comité Prodefensa, fue reprimida violentamente. Vencida la resistencia colectiva, la CVP procedió a “negociar” la venta de los lotes con sus poseedores a razón de $25.37 el metro cuadrado (la CVP lo había adquirido en $2.00). Para “agilizar” el proceso de venta, la entidad acudió al engaño y a la fuerza para que los habitantes firmaran contratos de compraventa, como nos lo muestran los siguientes testimonios: 1. Señora Victoria viuda de Astrofa: soy invasora hace diez años. Vinieron 4 policías y me llevaron donde una señora Josefa de la Caja de Vivienda Popular y esa señora Josefa con un tal señor Torres también de la Caja de Vivienda Popular… me dijeron que como yo no me acercaba por las buenas tenía que llevarme por las malas….
2. Señora Bárbara Gómez de García: en Junio de 1969 Salí de la casa, quedaron mis hijos solamente, aprovecharon los señores de la Caja que yo no estaba, le preguntaron a mi hija mayor que si tenía cedula y la hicieron firmar. 3. Señora Eulalia Castro de Velandia: en Junio del año pasado nos mandó a llamar la coordinadora de la Caja para hacernos firmar unos documentos los cuales no sabíamos de que se trataban. El señor Torres funcionario de la Caja dijo que si no sabíamos firmar él nos ayudaba a firmar llevándonos la mano. Después de lo sucedió supimos que con esta firma quedamos a pagar el valor del lote y ahora nos amenazan con que nos quitan el agua y la luz. Doce testimonios más, recogidos por el entonces Concejal de izquierda Carlos Bula Camacho, confirman los métodos fraudulentos utilizados por la CVP para presionar a los habitantes de Las Colinas a firmar las promesas de compraventa del lote y posteriormente de las escrituras. Este afán del gobierno por legalizar la tenencia de sus lotes no podía ser gratuito. Basándose en el estudio de las escrituras elaboradas por la CVP y firmadas por la mayoría de los poseedores, un redactor del semanario Voz proletaria demostró lo oneroso que resultaba para estos la compra del terreno que poseían desde hace 7 años. Veamos por qué el precio total promedio de casa lote era de 14.589,46; discriminado así: Valor del terreno (escritura pública 5.784 de Diciembre 10 de 1965) vienen $ 355.92 Estimativo de “obra de infraestructura: $ 3.685.54 Unidad sanitaria (tanque, lavadero, tubos, sanitarios): $ 2.700.00 Intereses (4% por 8 años): $ 1.920.00 Pólizas de seguro $ 3.150.00 Mano de obra aportada por cada unidad familiar $ 2.805.00 TOTAL $ 14.589.46 Según la CVP, esta cantidad sería asumida conjuntamente por el Distrito y la Comunidad. Cada familia aportaba en dinero y mano de obra $9.826.44 y el Distrito los restantes $4.763.02. El columnista presenta que lo que verdaderamente debería pagar cada familia (y eso desconociendo aún sus derechos de posesión) eran solo $2.155.92, representados en el valor del terreno ($355.92) y de la unidad sanitaria ($ 1.800.00, precio comercial). Por lo tanto, con el contrato que se había visto obligadas a firmar, cada familia pagaba un sobrecosto de $7.650.52. A pesar de las denuncias hechas por la misma Junta de Acción Comunal y los partidos de oposición y del debate llevado al Concejo por estos últimos entre septiembre y noviembre de 1970, el plan de Rehabilitación se impuso.
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Las recomendaciones del Centro Colombiano de la Construcción tenían que imponerse: la legalización debe considerarse con especial atención para que no se constituya en aliciente de nuevas invasiones (Flórez, 1969: 234). El mejor balance de la rehabilitación de Las Colinas lo hace un antiguo dirigente comunal: Mire, el barrio fue invadido de políticos, empleados y trabajadores de las empresas distritales y trabajadores sociales; ellos y el gobierno pregonaban a los cuatro vientos que el plan era un éxito, todos estaban felices… menos nosotros los del barrio que habíamos tenido que pagar bien caro el derecho a ser un barrio normal; duramos 8 años hipotecados con la Caja [de Vivienda Popular]…
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En el contexto del naciente Frente Nacional, el Estado colombiano adecuó su estructura de gobierno a la necesidad de controlar la violencia rural, que ya no podía controlar a través de los partidos; y a la nueva situación representada por el aumento de barrios populares, sus demandas y sus luchas reivindicativas. De este modo, como una estrategia para que las organizaciones comunitarias ya existentes y las que fueran creándose no se constituyeran en un eventual peligro para el sistema, en 1958 se creó el Programa de Acción Comunal. En el origen de la Acción Comunal confluyen factores internos y externos. En el primer caso, el intento de los partidos tradicionales, una vez conciliados en el Frente Nacional, por conjurar la violencia que azotaba el país desde hacía más de una década; la repartición de poderes a nivel micro local, permitiría eliminar una de las causas de la violencia rural y urbana. Por otra parte, en el contexto de la Alianza para el Progreso, se incorporó la llamada Community Action, que buscaba integrar la acción comunitaria a los proyectos gubernamentales de “desarrollo” en cada país latinoamericano. Estos propósitos de conciliación, de integración social y de control político sobre las comunidades se tradujeron en la ley 19 de 1958, en la que se crea la Acción Comunal en Colombia: Según el Artículo 22 de dicha ley, los concejos municipales, las Asambleas Departamentales y el Gobierno Nacional podrían encomendar a las Juntas de Acción Comunal, integradas por vecinos de cada distrito, que organicen de acuerdo con las normas que expiden los respectivos concejos, y en otras entidades locales, funciones de control y vigilancia de determinados servicios públicos, al dar a esas juntas ciertas intervención en el manejo de los mismos. Al año siguiente, el decreto 1761 creó la división de Acción Comunal adscrito al Ministerio de Educación Nacional. En él también se sugiere la ac-
ción coordinada de funcionarios a nivel nacional, para adelantar campañas de promoción y organización de las comunidades. Es probable que la presencia de intelectuales en la junta directiva nacional del programa, como Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo, haya hecho que se priorizara lo educativo como estrategia inicial para su implementación. La capital del país asumió el liderazgo en la implementación de las Juntas de Acción Comunal. El Acuerdo 4 de 1959 institucionalizó en Bogotá las JAC en los barrios “que por carecer de facilidades comunales, de servicios públicos adecuados y cuyas condiciones físico ambientales, requieren un saneamiento eficaz”. Según el acuerdo, estos mejoramientos no pueden ser llevados a cabo solo con los recursos estatales, sino que requieren de la “cooperación, la iniciativa, la pericia y la ingeniosidad de los vecinos”. En la misma norma, se establece la organización interna de las JAC; su máxima autoridad seria el Comité Directivo, acompañado por comités de trabajo y conformado de la siguiente manera: 1. Cuatro miembros del barrio, elegidos por votos paritarios (dos liberales y dos conservadores) para períodos de dos años. 2. El cura párroco 3. El inspector de policía 4. El director de la escuela pública (quien actuaría como secretario) 5. Un asistente social de la Oficina de Planeación Distrital La composición del Comité Directivo expresa las políticas del Frente Nacional en materia de organización comunitaria, exclusión de cualquier otra política y tutela del Estado: de ocho miembros, solo cuatro son habitantes del barrio. Con la legalización de la acción comunal, las otras formas organizativas existentes en los barrios perdían legitimidad ante la autoridades. La constitución de las JAC se convirtió en condición sine cuanon para acceder al apoyo de las Empresas Publicas del Distrito y a los auxilios otorgados por ediles. En pocos meses, las antiguas Juntas de Mejoras y los Comités de vecinos de los barrios, al igual que otras organizaciones barriales pre existentes, fueron convirtiéndose en Juntas de Acción Comunal. Al finalizar el año 1959, Bogotá ya contaba con 126 Juntas de Acción Comunal debidamente legalizadas en la Oficina de Planeación Distrital. El inesperado éxito inicial, llevó a que el Distrito Especial de Bogotá aceptara ser El Centro Piloto de Acción Comunal. Para ello, con la presencia de instituciones internacionales (Care y los Cuerpos de Paz), se impulsaron proyectos pilotos como la construcción del alcantarillado por ayuda mutua en el barrio San Blas, el mejoramiento de vías en el barrio Córdoba y la realización de otras obras comunitarias en Bello Horizonte. Al finalizar 1960 se evaluaron los avances de la Acción Comunal en el Distrito, destacando que “lo más importante fue despertar la confianza de la comunidad en sus gobernantes”.
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Para entonces, la División de la Acción Comunal había pasado al Ministerio de Gobierno y se había convertido en parte esencial de los proyectos de rehabilitación de barrios que empezaban a planear las técnicas del gobierno distrital. El entonces jefe de la Sección de Acción Comunal del Distrito, Raúl Buchel Cordovez, resumía así sus funciones: 1) Coordinadora de la JAC de los barrios 2) Agencia de enlace entre las empresas municipales y las comunidades afectadas 3) Canalizadora de las actividades orientadas hacia el bienestar social y a la elevación de los niveles de vida de las comunidades
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Durante la primera mitad de la década del sesenta, la Acción Comunal cumplió exitosamente sus funciones, no solo en Bogotá sino en todo el país: entre 1961 y 1965 se llevaron a cabo 37.965 proyectos (escuelas, puestos de salud, alcantarillado, etc.) por un valor aproximado de 246 millones de pesos. De esta cantidad, el 61% de los aportes provenían de la comunidad y los 39% restantes habían sido dados por el Estado o por auxilios norteamericanos (Carrillo, 198: 63). Consciente de la utilidad que representaba para el Estado el uso del trabajo y los recursos comunitarios en la dotación de la infraestructura urbana, los proyectos de renovación urbana, así como la teoría de “desarrollo progresivo”, convirtieron a la Acción Comunal en uno de los pilares fundamentales de cualquier proyecto. De nuevo, es el Director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Patricio Samper quien nos resume estos planteamientos. En la primera etapa del desarrollo progresivo de un barrio el objetivo principal es el de despertar el sentido de la solidaridad social. Centra el problema el hecho de que no pudiendo la administración solucionar todos sus problemas, la comunidad debe tomar la responsabilidad de solucionarlos ella misma. En términos generales, vemos cómo la Acción comunal, por lo menos en los barrios populares de Bogotá, se convirtió en la principal mediadora y conciliadora entre los intereses del Estado y los de los pobladores. El Estado se descarga de sus responsabilidades de dotar a los barrios del equipamiento colectivo, garantizando al mismo tiempo el control político de las comunidades, evitando el surgimiento de organizaciones autónomas y garantizando la subordinación de los dirigentes comunales. Estos últimos, a su vez, ven en la Acción Comunal la única oportunidad de obtener del Estado recursos materiales y económicos necesarios para la consolidación de sus barrios y cuya consecución, exclusivamente a través de la autogestión o a través de la presión por las acciones de hecho, implicarían un alto costo social o económico.
La consideración anterior no significa que se considere la mediación de las juntas como una vía de transacción recíproca; el mayor beneficiario es el sistema político en su conjunto, dado que la mentalidad pragmática de las JAC reafirma el postulado ideológico según el cual fuera de las vías legales es imposible solucionar un problema común. Así mismo, afianza la imagen paternalista que predominó en la mayor parte de los habitantes de los barrios durante el periodo de este estudio y que llevó a la desconfianza de otras formas o métodos de organización y lucha barrial.
El clientelismo en los barrios Los cambios en la política de la Administración Distrital frente a los barrios de Bogotá al igual que el desarrollo de la Junta de Acción Comunal no solo beneficiaron al Estado al disminuirle los gastos a los que estaban obligados a nivel urbano y a facilitarles el control de las comunidades. También los partidos políticos tradicionales resultaron favorecidos al utilizar la necesidad de la legalización de los barrios y la carencia de servicios públicos para garantizar su influencia sobre sus pobladores. Los concejales y los notables políticos emplean su influencia sobre la burocracia y su capacidad de otorgar auxilios presupuestales en beneficio de su imagen personal y de su sector político, y para garantizar el apoyo electoral de los líderes comunales y los habitantes de los barrios. Éstos fueron haciéndose conscientes del poder que representaban sus votos y aprendieron a utilizar pragmáticamente su relación con la clases políticas y sus intermediarios, como ya se mostró en el capítulo 3. Este mecanismo de intercambio de auxilios económicos e influencia por votación cautiva, común en varios países latinoamericanos, se conoce con el nombre de clientelismo. Eloísa Vasco lo define como “una estructura básica de obrar político consistente en la presentación y contraprestación de servicios con base en el principio de reciprocidad” (Vasco, s.f.: 69). Aunque en Colombia la existencia del clientelismo es anterior al Frente Nacional y tuvo punto de partida en las zonas rurales, fue desde este periodo y en las grandes ciudades donde se generalizó. En efecto, la capacidad del Estado para solucionar la carencia crónica de servicios públicos en los barrios, junto con la tradición política de sus nuevos pobladores, permitió el fortalecimiento de la mediación clientelista. En el capítulo 2 analizamos la dinámica del clientelismo a nivel micro, desde las dinámicas barriales; en las siguientes líneas mostraremos su presencia desde el Concejo de Bogotá, que se convirtió en el mercado bursátil del intercambio clientelista a lo largo del periodo estudiado. Los concejales, actuando como corredores de bolsa, hicieron todos los esfuerzos posibles para hacer aprobar acuerdos que otorgaban auxilios a sus barrios “protegidos”.
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Fue sorprendente para el autor encontrar que durante la década del 60 la mayor parte de las sesiones ordinarias del Concejo se utilizaron para discutir la aprobación o cambios de destinación de partidas presupuestales y acuerdos de legalización e incorporación al perímetro urbano de los barrios populares. Un acuerdo de este tipo especificaba el barrio o los barrios beneficiados, el monto del auxilio y el destino especifico. Por ejemplo, en 1963, se aprobaron acuerdos para pavimentación de vías e iluminación en el Olaya Herrera; elaboración de planos y nomenclatura en los Cerezos y Santa Inés; y pavimentación en Bello Horizonte, Córdoba Sur América, Primero de Mayo, 20 de Julio y diez barrios más. Los concejales fueron centrando la mayor parte de sus esfuerzos en la tarea de prometer y asignar pequeñas partidas a los barrios como mecanismos para lograr su reelección o la de algún favorecido. Esto los llevo a solicitar en varias ocasiones (7 entre 1958 y 1974) la ampliación del monto asignado para cada una. En 1969, el concejal Gabriel Andrade comentaba cómo los ediles habían desvirtuado sus verdaderas funciones: Torres Carrillo
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Algunos concejales optan por el procedimiento de recomendar unos auxilios por determinada cuantía a la Administración con el objeto de zafarse de los señores que los están pidiendo y dejan al ejecutivo engrampado… se debe definir si primero hay que darle cumplimiento a aquello que por la constitución y las leyes están obligados y si luego, después de haberlos cumplido a cabalidad con tales obligaciones, deben distribuir su patrimonio en forma que las exonere de las mismas. Pero los concejales, tanto liberales como conservadores, como anapistas y comunistas, no tuvieron en su cabeza estos mandatos constitucionales como prioritarios sino el de ayuda a sus bases de apoyo como garantía de continuidad en el cabildo. Aunque los partidos políticos sufrieron una crisis de legitimidad a lo largo del Frente Nacional y el abstencionismo fue creciendo cada vez más, el clientelismo no perdió su lugar: por el contrario, este fenómeno se alimentó de la carencia crónica de infraestructura colectiva de los barrios que año a año fueron naciendo en la ciudad.
Conclusiones
La lucha por la vivienda, por los servicios de energía eléctrica y de agua, por transporte y un mínimo de atención a la salud, se inscriben en una realidad más integral, la de la lucha por la identidad cultural. Jesús Martín – Barbero El acelerado proceso de urbanización que vivió el país en las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX tuvo como principal consecuencia la proliferación de los asentamientos populares en las grandes ciudades. Estos, más que un hecho urbanístico, se convirtieron en la forma de existencia de las masas populares urbanas. Aunque los barrios populares se remontan al periodo colonial, los que surgieron en el periodo estudiado asumieron características peculiares: no eran ya los viejos barrios de artesanos, ni los barrios obreros surgidos en la década del veinte; eran. en cambio, asentamientos cada vez más distantes del centro de la ciudad y el refugio de los miles de campesinos desplazados por la violencia; eran barriadas de migrantes recientes, quienes al no haber encontrado trabajo en el sector de las modernas empresas capitalistas habían tenido que recurrir a múltiples estrategias para lograr los ingresos necesarios para sobrevivir con sus familias. Estos precursores de lo que posteriormente las disciplinas sociales llamarían “economía informal” no encontraron su identidad como conglomerado social en torno a la esfera productiva como asalariados, debido a la variedad de oficios en que se desempeñaron, a su inestabilidad en ellos y la ausencia de experiencias organizativas de carácter gremial. Aunque no fueron marginales a la acumulación capitalista, como pretendieron demostrar los teóricos del marginalismo, tampoco se sintieron representados socialmente como “explotados”. El barrio fue el espacio básico de constitución de la identidad social de los sectores populares urbanos. Allí, en la lucha común por la sobrevivencia familiar y por el derecho a la ciudad, se fueron generando tipos particulares de sociabilidad y de comunicación entre los vecinos. Los intereses compartidos por los nuevos pobladores populares de la ciudad no se derivaron de sus condiciones de trabajo, sino de su condición de usuarios del espacio urbano.
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La búsqueda común de mejores condiciones de vida para la familia (consumo individual) y la lucha por la consecución de la infraestructura de servicios que la ciudad ofrecía a otros sectores sociales (consumo colectivo), se convirtieron en factores aglutinadores de la identidad social de los pobladores populares en torno a sus barrios. En esta lenta incorporación a los beneficios del equipamiento urbano, los habitantes barriales fueron estableciendo relaciones personales y grupales duraderas que su inestabilidad laboral no les hubiera permitido lograr en sus lugares de trabajo. El barrio se convirtió, junto con la familia, en la unidad sociocultural de mayor significación para los nuevos sectores populares. Más que un simple lugar de residencia o un mero espacio de reproducción de fuerza de trabajo, el barrio popular urbano se convirtió en el referente por excelencia del sentido de pertenencia social del anónimo migrante en la ciudad. Es por eso que la historia de los asentamientos populares urbanos en Colombia desde mediados del presente siglo es la historia de la incorporación de los migrantes a la vida urbana, de su conquista del derecho a la ciudad y de su constitución como conglomerado social singular, con intereses propios y, muchas veces, contrapuestos al de otras identidades sociales urbanas. Para el caso de Bogotá, el hecho que más llama la atención es que la lucha librada por los barrios populares para la consecución de los servicios urbanos colectivos asumió, generalmente, modalidades que evitaron la confrontación y privilegiaron el autoesfuerzo comunitario y la negociación armónica con las autoridades distritales. Esta tendencia “reformista” en la dinámica de los barrios impregnó incluso a barrios que habían surgido como invasiones de hecho y que contravenían abiertamente el orden establecido. Los barrios donde no hubo una presencia permanente de CENAPROV se integraron muy prontamente al orden urbano, buscando “buenas relaciones” con el poder vigente. Incluso, en las invasiones, que se caracterizaron por su mayor beligerancia y enfrentamiento a las autoridades, la tendencia a largo plazo fue la de acogerse a las tácticas conciliadoras. Del mismo modo, las escasas y aisladas protestas abiertas, protagonizadas por los barrios en nuestro periodo de estudio, buscaron casi siempre crear un espacio de concertación y un acuerdo con las autoridades respectivas, sin que sus demandas tuvieran un alcance estructural ni cuestionaran la legitimidad del orden establecido. La explicación de esta peculiar estrategia de los pobladores de los barrios populares bogotanos para lograr solución a sus problemas colectivos debe tener en cuenta varios factores. Por un lado, la tradición cultural poseída por los migrantes campesinos, prácticas y hábitos de tipo comunalista y legalista, experiencias clientelistas y gamonalistas, fueron reafirmadas por temores asociados a la violencia vivida antes de migrar a la ciudad. Por otro lado, pese a sus precarias condiciones, para muchos su situación en el barrio era la mejor que habían tenido en sus vidas y representaba un progreso que había que defender sin los riesgos que implicaría una confrontación.
Además, el Estado colombiano supo adaptar algunas de sus estructuras políticas y administrativas a esta tendencia generada en los barrios. Mediante el control de las organizaciones barriales, el estímulo del trabajo comunitario y la relación negociada con las autoridades locales, supo garantizar su hegemonía sobre los asentamientos y se economizó buena parte de los costos que le correspondían como responsable del suministro de bienes de consumo colectivo. Algunos sectores de los pobladores barriales también supieron beneficiarse de su relación concertada con el Estado y de la mediación de los políticos. Los dirigentes comunales asumieron una mentalidad pragmática para la consecución de ayudas económicas e influencias ante la burocracia. Su obstinado propósito de obtener apoyo para el “desarrollo” del barrio y afianzar su prestigio personal, los llevó a negociar el potencial electoral de los habitantes del barrio a cambio del apoyo de entidades gubernamentales y de políticos, muchas veces sin hacer reparo a las previas lealtades ideológicas. Paradójicamente, durante el Frente Nacional, mientras que el Estado y los partidos tradicionales reconocieron en los barrios populares su potencial político, estimulando una cultura política reformista en sus habitantes; las agrupaciones de izquierda desconocieron o subvaloraron las luchas libradas a nivel barrial. Partiendo de esquemas ortodoxos de análisis de nuestra sociedad, consideraron que las contradicciones originadas en la esfera de la producción eran las que debían ser tenidas en cuenta en su acción política. La lucha barrial fue vista simplemente como un campo de agitación y de apoyo a las luchas obreras o de reclutamiento de militantes para otras formas “superiores” de lucha, dado que las que libraban los barrios eran consideradas “secundarias”. Por ello, en los casos donde la izquierda participó en las luchas populares urbanas, tendió a subordinarlas al movimiento sindical y obrero. Partiendo de una representación mecánica de la sociedad urbana considerada como bipolar (burguesía-proletariado) y estructurada en torno a la contradicción en la esfera productiva, los dirigentes de izquierda de la época consideraron las luchas barriales por fuera de las relaciones de clase. En esta investigación se ha planteado la hipótesis tentativa de que el solo hecho de que los pobladores barriales no hayan constituido una clase homogénea por su vinculación en la estructura económica, no significa que sus conflictos no tengan un contenido y una identificación de clase. Las clases sociales no son entidades estáticas ni determinadas a priori por algún factor económico o cultural, sino que se constituyen en la medida en que sus miembros viven experiencias sociales comunes. En el caso de los sectores populares urbanos de Bogotá, éstos han venido compartiendo experiencias similares tanto en el plano cotidiano de la vida familiar como en las luchas colectivas a nivel barrial, construyendo silenciosamente una identidad sociocultural propia que todavía hoy no se consolida. Como ya lo advertíamos en la introducción de este libro, las limitaciones propias de una investigación individual e inicial no permitieron -tampoco
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era el propósito- agotar la comprensión de la compleja realidad de la conformación histórica de los sectores populares urbanos bogotanos como sujeto histórico. Quedan todavía muchos problemas por resolver, como el de cuáles fueron los mecanismos de apropiación y uso de los mensajes provenientes de los medios de comunicación que, como la radio, empezaron a generalizarse en la década del sesenta y que, sin duda, influyeron en la conciencia y en los sentimientos de los nuevos migrantes. También quedan abiertas las posibilidades de estudios sistemáticos sobre la actuación de los partidos políticos de izquierda en los barrios populares, así como de otras instituciones de tipo asistencial, tanto laicas como religiosas. La identificación e investigación de otros problemas no debe ser tarea exclusiva de los investigadores sociales. A nuestro juicio, es un reto urgente para las organizaciones barriales y políticas que se presumen alternativas y para quienes consideren válido contribuir a la consolidación de una identidad social autónoma de las clases subalternas. Junto a las luchas del presente, el reconocimiento crítico del pasado es parte constitutiva en la construcción de su afirmación social. Concluimos entonces, abogando por una historia social “desde abajo” que, sin perder la visión de totalidad ni el rigor alcanzado en la labor historiográfica profesional, permita que quienes hasta ahora han padecido la historia participen en su reconstrucción. Esta democratización de la producción histórica contribuirá, sin duda, a la democratización que en todos los planos de la vida civil necesita nuestro país.
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EL ESPACIO 1966-1974 EL BOGOTANO 1971-1974 REVISTA CONSIGNA No. 307 Septiembre 11 de 1986.
1.1.3. Varios Archivo personal de los entrevistados 020 y 021. Archivo de la Junta de Acción Comunal del barrio San Rafael Sur Oriental.
1.2. Orales Personas entrevistadas: 01 Habitante del barrio San Vicente Ferrer desde 1950. Ebanista bogotano. 02 Habitante del barrio San Rafael desde 1958. Miembro de la Junta de Acción Comunal. 03 Habitante del barrio San Rafael desde 1960. Celador boyacense. 04 Habitante del barrio San Rafael nacido en 1961. Bachiller bogotano. 05 Habitante del barrio Las Colinas desde 1961. Exmiembro de la Junta de Acción Comunal. 06 Habitante del barrio Las Colinas desde 1962. Albañil boyacense. 07 Habitante del barrio La Victoria desde 1957. Miembro de la Junta de Acción Comunal. 08 Habitante del barrio La Gloria desde 1964. Albañil tolimense.
09 Habitante del barrio El Paraíso desde 1955. Conductor boyacense. 10 Habitante del barrio El Paraíso desde 1963. Tendero cundinamarqués. 11 Habitante del barrio Bosa desde 1964. Ama de casa cundinamarquesa. 12 Ex activista de izquierda. Participó en lucha contra la Avenida de los Cerros. 13 Maestro en el barrio La Victoria durante la lucha contra la Avenida de Los Cerros. 14 Sacerdote párroco del Quiroga y San José Sur durante el Frente Nacional. 15 Habitante del barrio Marco Fidel Suárez desde 1957. Miembro de la Junta de Acción Comunal. 16 Habitante del barrio Guacamayas desde 1970. Vendedor ambulante bogotano. 17 Habitante del barrio San Vicente Ferrer desde 1950. Ama de casa cundinamarquesa. 18 Habitante del barrio Policarpa desde 1964. Exdirigente comunal cundinamarqués. 19 Habitante del barrio Policarpa desde 1961. Zapatero. 20 Habitante del barrio Policarpa. Dirigente Central Nacional Provivienda desde 1958. 21 Profesor universitario. Activista en la lucha contra la Avenida de los Cerros.
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