La actuación de los Estados de la región en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos – El derecho a la memoria

July 18, 2017 | Autor: Marcelo Rossetin | Categoría: Derechos Humanos, Transición de la Dictadura a la Democracia
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Descripción

Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Profesor: Ab. Oscar C. Benítez

Derecho Internacional Público del Cono Sur La actuación de los Estados de la región en el ámbito del Sistema Interamericano Humanos



de El

Derechos

derecho

a

la

memoria Alumno: Silveira Rossetin, Marcelo

CÓRDOBA 2013

I - Introducción

Si bien es verdad que los países de la América del Sur tienen en común el pasado colonial, las diferencias de los recursos disponibles y de los intereses de la potencia colonial en cada uno de ellos justifican los diferentes procesos de independencia y la historia de los nuevos países durante el siglo XIX. Por otra parte, a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y principalmente a partir de los años 70, es posible identificar un fenómeno que sucedió de forma más o menos homogénea, y aún más cuando se considera que se tratan de Estados independientes y libres entre sí. Se trata del surgimiento de dictaduras militares. Estos movimientos tuvieron su origen a partir de presiones de la sociedad civil para la pacificación social. Tales demandas, por su parte, salieron a la luz en momentos de fuerte agitación social y confrontación entre grupos radicales de diferentes visiones políticas. Aún que el fenómeno, conforme expuesto, haya sido la regla en cada país, como no podría ser diferente, los regímenes militares del Cono Sur se presentaron con distintas formas institucionales, cada cual más adaptada a la realidad y costumbres institucionales locales. Si por un lado es posible identificar diferencias institucionales sustanciales en los gobiernos instituidos en cada Estado de la América del Sur, eso no obsta que se llegue a un denominador común. La violación de los derechos humanos por parte del aparato estatal fue la regla en todo el continente, y las heridas dejadas por tales violaciones todavía no pudieron ser totalmente sanadas tras aproximadamente tres décadas de los procesos de redemocratización. La cuestión de la justicia transicional, en este sentido, trasciende los intereses personales de los agraviados y de los violadores, pues pasa a tratarse de un tema fundamental para la consolidación de la democracia como régimen de gobierno. Sin embargo, en todos los países, lo que se nota es que la instauración de la democracia exigió alguna forma de transacción con los personajes del gobierno saliente, lo que llevó a la promulgación de distintas modalidades de leyes de amnistía. Estas leyes de amnistía, de alguna forma, intentaban crear, o más bien limitar, espacios de la memoria colectiva. Así, como bien indica FRIED “Las salidas de regímenes autoritarios de este siglo que cierra han mostrado un insospechado nuevo peligro: los intentos sistemáticos por parte de regímenes políticos de transición por controlar qué deben recordar y olvidar. Estos gobiernos pos-autoritarios han regulado de diferentes maneras a través de políticas

pragmáticas

intentando

ignorar, borrar,

maquillar, desfigurar,

disfrazar

o

transformar las huellas del pasado autoritario en distintas regiones del mundo. Sin embargo, cuando los legados han intentado borrar el pasado, el mantener vivas las memorias colectivas se ha transformado en una forma de lucha tanto para opositores como para las víctimas de dichos regímenes.” (FRIED, 2001, p. 128)

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La reflexión hecha por esta autora es interesante, porque más que apuntar para la cuestión de la impunidad de los agentes de Estado que perpetraron violaciones a los derechos humanos, supera esa discusión y presenta la cuestión de la memoria social. Al hacerlo, queda bastante claro que la memoria colectiva es creada no exclusivamente por los recuerdos, pero, como la memoria individual, también por los olvidos y los traumas. Estos espacios de olvidos y de traumas crean verdaderos vacíos en la memoria social, y la sensación de impunidad amén de alimentarse de la ausencia de juicios (que puede haber sucedido en absoluto, como en Brasil, o parcialmente, como en Argentina), también se alimenta de los rencores que residen en estos espacios. La fragmentación de la memoria a partir de los vacíos impide la creación de un sentido para lo que ha pasado, una falta de sentido que solo puede ser sanada a través de la venganza privada o de una actuación estatal en el sentido de punir los responsables. Lo dicho hasta acá es compartido también por GROPPO, cuando dice que “Para que el pasado se convierta verdaderamente en pasado, es preciso que una sociedad se lo haya ‘apropiado’ (según la expresión de Benjamin Stora) y que la verdad haya sido establecida.” (GROPPO, 2001, p. 37)2. En líneas generales, esta es la presentación del objeto de este trabajo, por lo tanto, los temas se desarrollarán en torno a la cuestión de los derechos humanos (sobre todo de su violación por parte de agentes del Estado) y al derecho a la memoria. En estos términos, será imprescindible recurrir al estudio de la historia. Eso porque, si por un lado los regímenes militares en América del Sur surgieron en un contexto pos-Segunda Guerra Mundial, por otro compartieron con los gobiernos totalitarios mucho de sus modus operandi, no solamente en relación a las violaciones de los derechos humanos, sino que también relación a la propaganda,

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FRIED, Gabriela. Memorias que insisten: La intersubjetividad de La memoria y los hijos de detenidos desaparecidos por La dictadura militar argentina in La Imposibilidad del Olvido. La Plata, Ediciones Al Margen, 2001. 2

GROPPO, Bruno. Traumatismos de la memoria e Imposibilidad de Olvido em los Países del Cono Sur in La Imposibilidad del Olvido. La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.

basada en el nacionalismo, la defensa contra el comunismo y la protección de los valores tradicionales de la familia. A partir de la historia de los regímenes totalitarios fascistas de Europa, se delinearán las condiciones de aparición y los rasgos de tales gobiernos que se repitieron en América del Sur, y de ahí se pretende estudiar como las violaciones perpetradas fueron tratadas por los gobiernos que reemplazaron a las dictaduras militares. Teniendo en cuenta este cuadro histórico, el objetivo del trabajo es presentar otras formas de abordaje del tema de la justicia transicional, trayendo no sólo ejemplos de diferentes modelos de justicia transicional experimentados en el continente, pero también buscarlos en otras partes del mundo y en otros períodos de transición que han sucedido a lo largo de la historia. II – Genealogía do Totalitarismo Según TODOROV3, la historia del continente americano está marcada en primer lugar por las sucesivas ocupaciones, en segundo lugar por la dominación y, como consecuencia de estos dos elementos, por la alteridad humana, que se reconoce y se niega a la vez. Si bien los dos primeros elementos ya estaban presentes antes de la llegada de los europeos, el problema de la alteridad sólo se presentó a partir del descubrimiento, y se manifestaba a partir del reconocimiento de la condición humana a los pueblos autóctonos con la negación a sus derechos a la vez. Ese fue el primer legado en términos de sociabilidad política dejado por los europeos a los Estados que se constituirían en el continente. La negación de los derechos constituye por lo tanto la herencia colonial dejada por los europeos, pero las violaciones de los derechos humanos por parte del aparato estatal fue un fenómeno que tuvo su origen en Europa con los regímenes fascistas y comunistas en el siglo XX y tuvo fuerte influencia en el funcionamiento de las dictaduras militares en América del Sur. Así, es importante entender como operaban estos regímenes para, a partir de ahí, comprender como se dieron las graves violaciones en el contexto del ConoSur, principalmente porque algunos de estos aspectos lamentablemente se presentan hoy día bajo las nuevas democracias.

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TODOROV, Tzvetan. La conquista de América: El problema del otro. Siglo XXI, México – DF, 1992.

1 - Elementos políticos del totalitarismo ARENDT4 al analizar las orígenes del totalitarismo, establece algunas características de estos regímenes. La primera de la que habla es el apoyo popular. Puede parecer una contradicción, pero de hecho, tanto los gobiernos totalitarios en el contexto europeo entre las dos guerras cuanto los gobiernos militares en América del Sur en los años 70 emergieron con el apoyo de las masas. Así, durante la vigencia del régimen totalitario el gobierno goza del apoyo de las masas, pues de lo contrario el propio gobierno sería imposible “los regímenes totalitarios, mientras que se hallan en el poder, y los dirigentes totalitarios, mientras que se hallan con vida, ‘gobiernan y se afirman con el apoyo de las masas’ hasta el final. La elevación de Hitler al poder fue legal en términos de Gobierno de la mayoría, y ni él ni Stalin hubieran podido mantener su dominio sobre tan enormes poblaciones, sobrevivido a tan numerosas crisis interiores y exteriores y desafiado a los numerosos peligros de las implacables luchas partidistas de no haber contado con la confianza de las masas.” (ARENDT, 1974, p. 386)

Si bien esa es una característica que los regímenes totalitarios comparten durante su vigencia, la misma autora identifica un aspecto compartido entre estos gobiernos tras su caída, que es la facilidad del olvido. O sea, la facilidad con que los mismos ciudadanos que hasta el fin del régimen lo apoyaban, después de su caída rápidamente olvidan todo lo que ha pasado e inmediatamente se olvidan de las razones por las cuales sostuvieron tales condiciones. La facilidad del olvido no debe ser confundida con una cura de la ilusión totalitaria, la verdad es que esta facilidad del olvido marca, más bien, la extraordinaria adaptabilidad y ausencia de continuidad, reflejos no del propio régimen, sino de las personalidades de los dictadores totalitarios. (ARENDT, 1974, p. 386) Dos otras características merecen destaque y presentan intima relación, la propaganda y el corporativismo. El éxito de la propaganda, según ARENDT, reside en el hecho de que las masas modernas dejan de creer en prácticamente todo lo que es experiencia en detrimento de la consistencia del sistema del cual hacen parte, así, la repetición de la propaganda, más que atestar la capacidad inferior de las masas, sirve para demostrar la anhelada consistencia a lo largo del tiempo. Justamente por la importancia de la pertenencia al sistema, el corporativismo es una clave para la obtención del apoyo popular. Más que garantizar

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ARENDT, Hannah. Los Orígenes del Totalitarismo. Taurus Ediciones, Madrid, 1974.

que todos se consideren miembros del cuerpo que debe ser defendido, el sistema corporativismo permite una distribución de responsabilidades, o más bien una ausencia de distribución de responsabilidades, teniendo en cuenta de que el Jefe ha monopolizado todas las decisiones, las que no cabe nada sino cumplirlas (ARENDT, 1974, p. 462), esencial para que sean posibles las violaciones de derechos humanos bajo este régimen. Como consecuencia directa del apoyo de las masas, de la propaganda y del corporativismo, los gobiernos totalitarios tienen otro rasgo en común, el terror. Bajo el totalitarismo, el terror está presente en todas las relaciones que involucren el Estado y sus ciudadanos, con el éxito de la propaganda y del corporativismo, el Estado puede elegir sus blancos de la forma que mejor le aplazca, y con eso nadie puede estar siempre seguro de su posición. “El terror sigue siendo utilizado por los regímenes totalitarios incluso cuando ya han sido logrados sus objetivos psicológicos: su verdadero horror estriba en que reina sobre una población completamente sometida. Allí donde es llevado a la perfección el dominio del terror, como en los campos de concentración, la propaganda desaparece por completo. Quedó incluso enteramente prohibida en la Alemania nazi. La propaganda, en otras palabras, es un instrumento, y posiblemente el más importante, del totalitarismo en sus relaciones con el mundo no totalitario; el terror, al contrario, constituye la verdadera esencia de su forma de Gobierno. Su existencia depende tan poco de los factores psicológicos o de otros factores subjetivos como la existencia de las leyes depende en un país gobernado constitucionalmente del número de personas que las violan.” (ARENDT, 1974, p. 428)

Si el terror pauta las relaciones entre el Estado totalitario y sus ciudadanos, lo que marca los Estados totalitarios en sus relaciones con el mundo no totalitario es la creencia, por parte de los otros países, de que lo que está sucediendo ahí no pasa de un estado de excepción o, de todas formas, un fenómeno temporario y de corta duración (ARENDT, 1974, p. 483). Ello justifica la demora en la reacción de la comunidad internacional tras la subida del fascismo y su completa inercia en el caso de las dictaduras en América del Sur. ARENDT llama la atención para la ausencia de preocupación de los regímenes totalitarios relación a la Constitución de los Estados. De hecho, en Alemania la Constitución de Weimar no solamente se mantuvo intacta, como la administración civil siguió regida por la misma. El mismo fenómeno se observó en la Unión Soviética de Stalin, con la diferencia que los autores de la Constitución de 1936 fueron todos ejecutados.

2 – Características de la Represión

Si en el ámbito político se puede identificar elementos comunes entre los gobiernos totalitarios europeos y sudamericanos, en cuanto al aparato represivo también hay fuertes similitudes. La primera y más importante institución represiva de los regímenes totalitarios es la Policía. Pero si bien los oficiales de la Policía son los responsables por llevar a cabo los actos de aprensión, la investigación, conforme los principios del corporativismo, es papel de todos los ciudadanos. A partir de ahí, “para aquel que resulte tener ‘pensamientos peligrosos’, un vecino se convierte en un enemigo más mortal que los agentes policíacos oficialmente designados. El final de la primera fase llega con la liquidación de la resistencia abierta y la secreta en cualquier forma organizada.” (ARENDT, 1974, p. 515) Esa situación crea, bajo el régimen, el concepto de enemigo objetivo. Este concepto se refiere al hecho de que los enemigos del régimen no son definidos por sus acciones, sino por el hecho de que pertenecen al grupo de personas declaradas como enemigos por el Estado, y representan, por ende, una amenaza al cuerpo estatal. La represión y la declaración de los enemigos objetivos llevan a dos prácticas comunes durante los períodos de gobierno totalitario, la tortura y la desaparición de personas. La tortura, en este contexto surge para lograr extraer la verdad anhelada por los agentes de la Policía más que la verdad objetiva de los hechos. (ARENDT, 1974, p. 525) Eso porque, como dicho anteriormente, una de las razones por las cuales los ciudadanos apoyan los sistemas dictatoriales es que necesitan creer en la consistencia del sistema, y la manutención de la consistencia del sistema exige que los enemigos objetivos sean castigados. Otro requisito para la consistencia del sistema es que no haya equívocos en la fijación de los blancos de la persecución, así, la diferencia entre sospecha y seguridad se pierde completamente. La desaparición de personas, por su parte, tiene por objetivo más que la aniquilación de la oposición actual, sino que es capaz de destruir los rastros de lo que un día puede haber sido una oposición. “En los países totalitarios todos los lugares de detención dirigidos por la Policía quedan convertidos en verdaderos pozos del olvido en los que las personas caen por accidente y sin dejar tras de sí los rastros ordinarios de su antigua existencia como un cuerpo y una tumba. En comparación con esta novísima invención para

hacer desaparecer a la gente, el anticuado medio del asesinato, político o común, resultaba desde luego ineficaz. El asesino deja tras de él un cuerpo, y aunque trate de borrar los rastros de su propia identidad, no tiene poder para borrar la identidad de su víctima del recuerdo del mundo superviviente. La operación de la Policía secreta, por el contrario, se encarga milagrosamente de que la víctima nunca haya existido.” (ARENDT, 1974, p. 529)

La lucha del totalitarismo por la manutención de la coherencia del sistema, por lo tanto, se trata de una lucha contra lo que se puede llamar de la dignidad humana. Así, la expansión de la aplicación de sus métodos más que una manifestación de la ambición por el poder, como podría parecer, es una manifestación de la necesidad imperiosa de que el sistema sea totalmente coherente. De esta forma “Lo que por eso tratan de lograr las ideologías totalitarias no es la transformación del mundo exterior o la transmutación revolucionaria de la sociedad, sino la transformación de la misma naturaleza humana.” (ARENDT, 1974, p. 550) El modus operandi de los gobiernos totalitarios en Europa se repitió como regla en Sudamérica durante las dictaduras militares. Sin embargo, cabe hacer un análisis de cómo se constituyeron estos regímenes en el continente americano.

III - América del Sur

1 - Histórico de las Dictaduras en el Continente

Si por una parte la cuestión de la memoria en el ámbito de los derechos humanos surge con el fin de la segunda guerra mundial, como preocupación en Latinoamérica, a pesar de que los regímenes dictatoriales abundaron durante el siglo XX, este tema sólo surgiría tras la caída de las últimas dictaduras militares a partir de la década de ochenta. Sin embargo, conforme dicho, la historia de violaciones de los derechos humanos en el continente es más antigua que eso, y por lo tanto, en la misma medida es más larga la historia que merece ser rescatada para comprender los fenómenos que permitieron el surgimiento de los regímenes totalitarios de Sudamérica. Las preocupaciones de los intelectuales de la región pueden ayudar a explicar no sólo el surgimiento de los regímenes, sino que también la preocupación con el tema de la memoria de las violaciones de derechos humanos. En los años sesenta, la preocupación de los intelectuales era justamente el paso de la condición de subdesarrollo y dependencia a un estado de desarrollo y independencia en relación a los países capitalistas centrales. El análisis de la historia

del desarrollo de la industrialización y urbanización que dominaron el continente llevó a la percepción de los temas claves específicos de América Latina. Por una parte el populismo, por lo cual líderes carismáticos llegaron al poder y, con el apoyo de las masas, provocaron cambios importantes en la económica y política de los países de la región, empezando los procesos de industrialización. Por otra parte, como consecuencia de la urbanización exigida por esta industrialización, surgía el concepto de marginalidad, la discusión acerca de este tema era si se trataba de una cuestión pasajera o de una cuestión estructural. Si los fenómenos de la marginalidad y del populismo marcaron todos los países latino americanos, en los países centrales de la región, tales cuales Argentina y Brasil, en ese período ya era posible observar el surgimiento de actores sociales que se organizaban afuera de estos dos ejes. Así se destacan las marchas ocurridas en Brasil y el sindicalismo autónomo en su vecina, Argentina, estos movimientos ponían el énfasis no más en las estructuras económicas, sino que en un sistema político hecho de forma mediatizada a través de instituciones, actores y movimientos sociales5. (JELIN, 2004, p. 93) Como no habían claves para la comprensión de los nuevos actores sociales que surgieron en la escena pública en los años sesenta, “La represión estatal al activismo juvenil revolucionario y la confrontación política aguda de comienzos de los años setenta, con la presencia de una guerrilla armada en varios países, desemboco en el ciclo de las dictaduras en el Cono Sur: Brasil primero, luego Uruguay y Chile, finalmente Argentina, para agregarse a dictaduras más tradicionales, como la de Stroessner en Paraguay (que gobernaba desde 1954).” (JELIN, 2004, p. 93) Si en América Latina la solución para las agitaciones sociales fue la implantación de regímenes fuertemente represivos, la comunidad internacional ya vivía un momento diferente, tras tantos años del fin de la segunda guerra mundial, se puede hablar de una preocupación con relación a la instauración del terrorismo de estado y de la represión ilegal. La introducción hizo que fuera necesario un cambio en las claves de interpretación de los hechos que sucedían en el continente. “La incorporación de la clave ‘violaciones a los derechos humanos’ fue, en ese marco, una verdadera revolución paradigmática. Esta definición implica concebir al ser humano como portador de derechos inalienables. Supone también la asignación de una responsabilidad central a las instituciones estatales de garantizar la vigencia y el cumplimiento de esos derechos.” (JELIN, 2004, p. 94)

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JELIN, Elizabeth. Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales. In Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, Año XIV, nº 27, Santa Fe, Argentina. Universidad del Litoral, 2004.

Por lo tanto, ya en este periodo habían órganos de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, contexto en el que, internamente, los nuevos actores sociales ganaron protagonismo, pues sea en Argentina, sea en Brasil, fueron estos los responsables por denunciar los abusos cometidos por los agentes del Estado. Este nuevo paradigma sería el germen de la ampliación del combate contra otras formas más estructurales de discriminación y violencia. A los fines de los años setenta, la gran preocupación en el continente era en relación al restablecimiento de las democracias, aquí entendidas como oposición al autoritarismo. En ese contexto, y teniendo en cuenta el entorno internacional, en el cual el discurso de los derechos humanos era hegemónico, la democracia incorporaba también los derechos básicos de la persona. Dado el dicho protagonismo de los nuevos actores sociales, en el restablecimiento

de la democracia, los diferentes movimientos urbanos fueron

incorporándose a la escena pública, reconocidos institucionalmente por los nuevos gobiernos. Estos nuevos movimientos sociales trajeron en su seno nuevas formas de sociabilidad y subjetividad, en las que la manera de relacionar lo político y lo social en la cual las prácticas sociales cotidianas se incluían junto a lo ideológico y lo institucional-político. (JELIN, 2004, p. 98) Debido a cuestiones estructurales de pobreza del continente, el modelo de democracia adoptado, basado en el estado de bienestar, no fue acompañado por una expansión de los derechos cívicos y políticos, y en general los ciudadanos se mantuvieron ajenos a la política. Con el pueblo distante de la política, la reflexión sobre lo que ha pasado en el período anterior y la consecuente construcción de las expectativas acerca del futuro se ha vuelto una cuestión bastante compleja desde la perspectiva de una construcción ciudadana. Siendo la ciudadanía aquí entendida como una práctica conflictiva entre diferentes puntos de vista. A partir de los años noventa, los movimientos sociales pasan a luchar no solamente por la justicia, sino también por la verdad y la memoria. Este derecho a la memoria se reviste del mismo carácter conflictivo presente en el concepto de ciudadanía. La memoria se convierte en un espacio en disputa, “Hay una lucha política activa acerca del sentido, acerca del sentido de lo ocurrido y también acerca del sentido de la memoria misma. Reitero: el escenario de las luchas políticas por la memoria no es simplemente una confrontación entre ‘memoria’ y ‘olvido’, sino entre distintas memorias.” (JELIN, 2004, p. 105) Eso es verdad porque la memoria, antes de constituirse como una construcción social, es el resultado de experiencias subjetivas que involucran los dos procesos, del recuerdo y del olvido. De esta forma, las políticas adoptadas (o no)

relativamente a la memoria sobre los hechos representan una verdadera tomada de partido del gobierno que asume el poder después del fin de la dictadura. Así, si reconocemos que la democracia efectiva exige la participación de los ciudadanos, y considerando que el pasado es vivido y tiene ecos en el presente, entonces es forzoso reconocer que las víctimas ejercen un protagonismo en las luchas por este espacio de la memoria y por las políticas a ser adoptadas por el gobierno. “Pueden intentar influir y cambiar el sentido y el contenido de la ‘historia oficial’ o dominante sobre un período, para eliminar distorsiones históricas o hacer públicos y legítimos los relatos que habían estado en las ‘catacumbas’, ocultos, censurados y silenciados. Pueden buscar reivindicaciones y reparaciones materiales, centrados en su lugar de víctimas de daños que el Estado debe reconocer y asumir la responsabilidad. Pueden buscar comunidades de pertenencia y contención personal en grupos de pares a sus heridas y sufrimientos. Pueden elaborar rituales, participar en conmemoraciones, reclamar marcas simbólicas de reconocimiento en memoriales, monumentos, o museos. También pueden traducir sus experiencias en demandas más generalizadas hacia el sistema institucional, convirtiendo sus experiencias personales y sus demandas grupales en casos ‘ejemplares’ de los cuales extraer aprendizajes más generales.” (JELIN, 2004, p. 106)

2 - La Transición a la Democracia

Todos los procesos de transformación radical en la forma de gobierno de un Estado produce la necesidad imperiosa de cómo tratar los actos oficiales realizados durante el régimen anterior. Si eso es verdad relación a la validad y vigencia de los actos administrativo-normativos del régimen saliente, es aún más cuando se habla de sistemas que tenían por característica el hecho de que “para consolidar su poder negaron a los ciudadanos la más básica dignidad humana, utilizaron el aparato represivo del Estado para crear un generalizado terror; torturaron, encarcelaron sin juicio previo, asesinaron e hicieron desaparecer forzadamente a personas para combatir a la violenta oposición política o intelectual.”6 (NINO, 2006, p. 77) La definición del trato que se le conferirá a los actos del gobierno anterior podemos llamar de justicia transicional. La forma como se dará ese proceso en cada país varía de acuerdo con él contexto histórico, social y cultural, bien como con el peso

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NINO, Carlos. Juicio al mal absoluto. Ariel, Buenos Aires, 2006

político que tiene el grupo que recién deja el poder. Sin embargo, Jon Elster 7 nos ofrece un cuadro de distinciones generales que puede ser útil al momento de analizar la justicia transicional. Temporalmente es posible definir algunos tipos de justicia transicional, en lo que le dice respeto, la justicia transicional puede ocurrir luego del cambio del grupo en el poder y durar un período no más grande que cinco años y tiene su conclusión. Puede aun ser prolongada, cuando el proceso empieza luego del cambio pero se extiende por un período más largo de tiempo. Se puede identificar también procesos que se inician de forma inmediata pero por alguna razón son interrumpidos y vuelven a operar décadas después, como fue el caso en la Argentina. Por fin, se puede hablar de una justicia transicional pospuesta, cuando las primeras medidas son adoptadas muchos años después de la transición, un ejemplo de esta situación es el juzgamiento de Pinochet. (ELSTER, 2006, p. 95) Amén de eso, se puede definir tres tipos ideales de juicios transicionales, tal definición tiene que ver con la garantía del debido proceso legal de que gozan los agentes juzgados. “Podemos distinguir tres formas institucionales de justicia: justicia legal, justicia administrativa

y justicia

política. Mejor

quizá,

podemos

representar

las

instituciones de la justicia a lo largo de una línea, con la justicia legal pura en un extremo y la justicia política pura en el otro. La justicia administrativa puede ubicarse más cerca de uno u otro extremo del espectro, dependiendo de hasta qué punto los funcionarios a purgar cuentan con el beneficio del debido proceso. Además, la justicia legal puede ser impura, y aun así reconocérsela como legal. Por lo demás, algunas formas de justicia política comparten importantes características con la justicia legal.” (ELSTER, 2006, p. 104)

Nino, antes de abordar específicamente el tema de la justicia transicional, ofrece un cuadro comparativo entre los modelos de procesos de redemocratización. En este sentido, dichos procesos pueden ser categorizados por su modalidad, ya que puede darse por el consenso, por la fuerza o por colapso. Relativamente a la etiología la redemocratización puede suceder por la acción de agentes endógenas, exógenas o mixtas. Por fin, pueden ser clasificadas por el estado jurídico representado pelo nuevo gobierno, pudiendo, en este sentido, ser de ruptura, continuidad o de restauración. (NINO, 2006, p. 170) A partir de las clasificaciones presentadas, es posible identificar los rasgos generales de los procesos de redemocratización en Sudamérica. Nino llega a proponer 7

ELSTER, Jon. Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica.Katz, Buenos Aires, 2006.

una relación entre el lapso de tiempo entre las violaciones de los derechos humanos y él éxito de los procesos de justicia transicional. “En el cono sur de América Latina, existe también una clara correlación entre el lapso y el éxito de la justicia retroactiva. En Chile los peores abusos ocurrieron entre 1973 y 1976, y la democratización en 1989; más de trece años pasaron antes de que la investigación y los juicios tuvieran lugar. En Brasil el período del mayor terror sucedió entre 1969 y 1974 y la democratización no llegó sino hasta 1989 con la elección directa de Collor de Melo. En el Uruguay la mayoría de los abusos ocurrieron antes de 1973, y la democratización se completó nueve años después. Pero en el caso de la Argentina, los militares cometieron serios abusos hasta 1979, y la democratización tuvo lugar sólo cuatro años más tarde. El éxito relativo de la justicia retroactiva en la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en Chile, Brasil y el Uruguay, puede ser explicado por el período de tiempo transcurrido. Sin embargo, esta correlación está lejos de ser absoluta. Por ejemplo, el intento de justicia retroactiva en Chile se realizaría con mayor profundidad que en el Uruguay, a pesar de que el tiempo transcurrido entre los peores abusos y el proceso de democratización sería mayor.” (NINO, 2006, p. 185)

Si bien el autor reconoce la relatividad de la correlación entre el tiempo transcurrido y el éxito de la justicia transicional, lo hace teniendo en cuenta que los juicios realizados durante el gobierno de Alfonsín, en la Argentina, fueron exitosos. Sin embargo, esa opinión no es compartida por Malamud Goti8. Este autor hace una crítica bastante contundente a los juicios realizados en este período. La primera critica sostenida por GOTI es que, una vez que los blancos de los juicios fueron establecidos a priori por un acto del Presidente, así, sólo serían juzgados los oficiales de alto que tenían poder de comando y han ordenado actos de violaciones de derechos humanos. Este aspecto denuncia el carácter político de los juicios, una vez que revela la intención de satisfacer los intereses divergentes en la sociedad. También critica los juicios por el hecho de que la realización de los juicios, si bien puede tener algún efecto ante a la opinión pública, no hizo que los militares comprendieran la dimensión de sus actos. Para ellos, les sonaba incongruente que estuvieran siendo juzgados una vez que gracias a sus esfuerzos el país había ganado la guerra contra el enemigo interno. Esa crítica revela, en primer lugar, una característica general de las dictaduras en Sudamérica, el hecho de que 8

GOTI, Jaime Malamud. Terror y Justicia en la Argentina. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2000.

“Los dictadores latinoamericanos han intentado una y otra vez, y en algunas ocasiones con sinceridad, justificar la represión invocando la necesidad de contrarrestar el comunismo, el terrorismo y la violencia guerrillera. En Chile, ‘los militares estaban […] bastante orgullosos de lo que habían hecho. […] Creían que ‘habían participado de un acto heroico histórico’’. Uno de los problemas de la justificación de las atrocidades cometidas por el ‘enemigo interno’ puede ser la consecuencia, antes que la causa, de los crímenes. En Sudáfrica, por ejemplo, la violencia del régimen del apartheid precedió a la resistencia armada contra éste.” (ELSTER, 2006, p. 177)

En segundo lugar, esa crítica revela un carácter que hay que tener en cuenta cuando se habla de un derecho a la memoria y a la verdad. El hecho de que tanto la verdad cuanto la memoria no están basadas en criterios objetivos, sino en aspectos subjetivos que tienen que ver con la experiencia de cada uno y los modos de apropiación de esa experiencia, sea en el ámbito individual, sea en el ámbito colectivo. Eso, y el reconocimiento de que la memoria es un espacio de conflicto en el que actúan diferentes actores en la esfera política, permite hablar no de un derecho a la memoria, sino en un derecho a las memorias. Por fin, esta crítica hecha por GOTI está avalada por ELSTER, cuando, al analizar el caso de la justicia transicional en Alemania, afirma que lo más importante de los juicios es que la culpabilidad esté respaldada por el reconocimiento de los errores cometidos por el régimen anterior. “Si bien aquí Stimson se expresa a favor del castigo como forma de prevención, el vínculo causal que insinúa no se basa en la disuasión, especial o general. El mecanismo de la disuasión da por sentadas las motivaciones individuales, e intenta influir sobre el comportamiento mediante un cambio en la estructura de retribución. Stimson, por contraste, afirma que si se les hace entender a los alemanes la crueldad de sus actos, experimentarán un sentimiento de culpabilidad que los hará modificar por sí mismos sus motivaciones. A este fin, era necesario juzgar debidamente a los criminales nazis y tratar humanitariamente al común de los alemanes. Las ejecuciones sumarias y las medidas de empobrecimiento tendrían el efecto contrario.” (ELSTER, 2006, p. 238)

Por la misma razón, está la ultima crítica hecha a los juicios realizados tras la redemocratización de la Argentina, que se refiere a que los juicios reproducen la lógica binaria de los militares. Eso representa más que un riesgo, sino que un rasgo de esquizofrenia colectiva, porque conforme dicho anteriormente, los regímenes totalitarios tienen como característica en común el hecho de que gozan de apoyo popular. Así, es incongruente que los ciudadanos, que efectivamente apoyaron los

gobiernos militares en la dicha guerra sucia por tanto tiempo, ahora vean sus antiguos aliados como los nuevos enemigos. Así lo que se observa en esta primera etapa del restablecimiento de la democracia es que mismo en Argentina, que trato de lidiar con su pasado muy pronto del cambio en el régimen, los juicios no lograron el objetivo de satisfacer los anhelos de los defensores de los derechos humanos y tampoco el objetivo de establecer la verdad de los hechos, contrariamente a lo que se supondría. Pero, si los juicios son pasibles de críticas por la forma como fueron realizados y no se puede negar que dichas criticas son pertinentes y tienen relación con la trayectoria no exitosa de estos juicios, también es verdad que las transiciones a la democracia en América del Sur tuvieron como rasgo común la promulgación de diferentes modalidades de leyes de amnistía. Estas leyes variaron en sus formas de creación y promulgación, fueron promulgadas por los propios militares en Brasil, fueron objeto de referéndum en Uruguay, producto de un extenso conflicto en la Argentina, por ejemplo. “La impunidad acordada por las diferentes leyes de amnistía a los responsables del terrorismo de Estado contribuye a mantener dolorosamente viva la memoria de la dictadura. Inaceptable no sólo para las familias de las víctimas de la represión sino, también, para amplios sectores de la sociedad que continúan reclamando verdad y justicia, la impunidad es percibida como um perjuicio intolerable a uno de los fundamentos de toda sociedad humana, la fe em la justicia.” (GROPPO, 2001, p. 23)

IV - El derecho a la memoria

Ante lo expuesto, es obvio que si el gobierno entrante decide enfrentarse con el pasado, tendrá delante de él una serie de cuestiones espinosas a tratar y elecciones a hacer. Como quedó claro anteriormente, la verdad y la memoria no son absolutas, sino que se construyen en la dinámica del juego político. Si reconocemos que la verdad y la memoria son plurales y que la justicia, si bien puede ser, como tipo ideal, legal, la práctica demostró que aún los juicios llevados a cabo se revistieron de un fuerte carácter político. Este hecho no puede ser ignorado, y, en las palabras de Elster, puede llevar a la necesidad de responder una pregunta algo inesperada, de modo que el nuevo gobierno “puede verse obligado a elegir entre justicia y verdad (de manera menos convincente, incluso si nadie toma la decisión consciente de allanar el camino a la

verdad antes que otorgar justicia, puede existir una conexión causal indirecta entre el pequeño número de juicios y el suministro de información sobre los crímenes). La mayor parte de las aproximadamente veinte comisiones de la verdad que han sido establecidas desde 1982 ni siquiera han señalado a los autores de los crímenes, y menos aun han propuesto que se los castigara. La principal excepción es la comisión de Sudáfrica, pero incluso aquí el conocimiento de los crímenes de motivación política no conduce al enjuiciamiento. La comisión de la verdad de El Salvador señaló a los criminales, pero el Parlamento les otorgó una amnistía completa cinco días después de la publicación del informe. En el Brasil, los 444 torturadores señalados por la Arquidiócesis de San Pablo ya habían recibido la amnistía. En Chile y en la Argentina, los ‘juicios de la verdad’ que tuvieron lugar en la década de 1990 no pudieron, a causa de las leyes de amnistía, dar como resultado procesos judiciales.” (ELSTER, 2006, p. 140)

Si aceptamos el argumento de Nino, de que el tiempo es un obstáculo a la realización de la justicia transicional, entendida en su sentido estricto, de que la justicia es obtenida cuando los culpables son castigados, cuando se trata de la cuestión de la memoria el tiempo puede jugar un rol prácticamente opuesto. Es que los juicios pueden, de cierta forma, ser utilizados políticamente. Y puede ser utilizado políticamente tanto por el gobierno cuanto por sus opositores, que pueden aspirar justamente el fracaso de las políticas puestas en práctica por la situación. Lo que de hecho sucedió en la Argentina. “Cuáles eran los miedos, aspiraciones y amenazas de los partidos políticos? Por supuesto que sus miembros, individualmente, temían la pérdida del poder político. El gobierno temía que si aparecía como muy clemente los militares ganarían, como lo hicieron en 1987, en poder político y social. Los partidos de la oposición temían que si el gobierno resultara demasiado exitoso en su lucha por lograr la justicia retroactiva, el Partido Radical se volvería imbatible.” (NINO, 2006, p. 173).

Teniendo eso en cuenta, puede argumentarse que el paso del tiempo confiere la tranquilidad necesaria no solo para una apuración más objetiva de los hechos, sino que, al alejar el gobierno que adoptó las políticas de memoria de los agentes que han iniciado el proceso de redemocratización, reduce las resistencias políticas a su realización. Los juicios realizados en la Argentina luego de la redemocratización, aun que tuvieron su importancia a su tiempo, principalmente por su vanguardismo, no están de modo alguno exentos de críticas, conforme ya fue demostrado. Así, aunque se presente como un defensor de estos juicios, el propio Nino (NINO, 2006, p. 212) reconoce que las comisiones de la verdad serían una solución posible para el problema de la apropiación del pasado por las generaciones presentes y futuras, un

tema central de la transición democrática, una vez que “Para que el pasado se convierta verdaderamente en pasado, es preciso que una sociedad se lo haya ‘apropiado’ (según la expresión de Benjamin Stora) y que la verdad haya sido establecida.” (GROPPO, 2001, p. 37) Ese proceso de apropiación del pasado por la sociedad, según el historiador chileno Norbert Lechner9, pasa primero por una necesidad, la de anticipar el futuro e construir expectativas, la proyección de un futuro común tiene como reflejo directo la creación de la idea de comunidad. El segundo aspecto, que es requisito para que el conocimiento del pasado sirva para la construcción de expectativas, es la creación de una idea de continuidad, así, la democracia solo está siendo construida hoy porque fue violada en el pasado. “La posibilidad de la democracia supone, creo yo, trabajar políticamente el tiempo, al menos en dos sentidos. Por un lado, una reconversión del pasado autoritario. Ser realista es reconocer la efectividad presente del pasado. Por tanto, ni lo ignora ni lo asume como mera inercia. El realismo obliga a actualizar la historia de la dictadura, incorporándola al proceso de democratización. Para que desaparezcan los fantasmas tiene que hacerse presente un ‘pasado superado’. Este es el significado de la reparación (material y simbólica) por las injusticias sufridas y los dolores reprimidos: una restitución del pasado como historia de la dignidad humana.” (LECHNER, 1990, p. 84)

En tiempos como los actuales, en los que las identidades colectivas se van perdiendo cada vez más, y en un continente marcado históricamente por el miedo al otro, miedo este surgido de las sucesivas ocupaciones (LECHNER, 1990, p. 92), es forzoso reconocer que el derecho a la memoria surge como la posibilidad, como ha dicho Hannah Arendt10, de que los vencidos a lo largo de los sucesivos conflictos sociales, accedan a la posibilidad de participar activamente de la construcción del sentido de la comunidad. “Si es verdad que una cosa tanto en el mundo de lo histórico-político como en el de lo sensible sólo es real cuando se muestra y se percibe desde todas sus facetas, entonces siempre es necesaria una pluralidad de personas o pueblos y una pluralidad de puntos de vista para hacer posible la realidad y garantizar su persistencia. Dicho con otras palabras, el mundo sólo surge cuando hay diversas perspectivas, únicamente es en cada caso esta o aquella disposición de las cosas del mundo.” (ARENDT, 2005, p. 117)

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LECHNER, Norbert. Los pátios interiores de la democracia, subjetividad y política. Fondo de Cultura Economica, Santiago de Chile, 1990 10 ARENDT, Hannah. ¿Qué es la política? Paidós, Buenos Aires, 2005.

De reconocer eso, la conclusión sobre la importancia del derecho a la memoria en la construcción de la democracia queda bastante clara. Ya no se trata de aprender los hechos del pasado para que no se repitan en el futuro, sino en reconocer los diferentes puntos de vistas presentes en la sociedad, porque es de ese respeto que la democracia no puede prescindir. V – Conclusión

A partir de la realización de este trabajo, fue posible, en primer lugar, establecer los antecedentes históricos de la constitución de los regímenes dictatoriales en el continente latinoamericano. Entendiendo las innegables similitudes entre los totalitarismos europeos de la primera mitad del siglo XX y las dictaduras sudamericanas en la segunda mitad de este siglo, se buscó establecer las particularidades de dichos gobiernos, que se dieron en los niveles de las condiciones de sus implantaciones y mantenimiento, pero también en la forma como han lidiado con la oposición, tanto interna cuanto externa. Otro punto importante fue el trato de la cuestión de los procesos de redemocratización, que no ocurrieron uniformemente en los países de la región, sea por cuestiones referentes al tiempo sea por cuestiones referentes a la sociabilidad política de los ciudadanos de cada país. Por fin, se buscó establecer una relación entre la consolidación de la democracia y el derecho a la memoria, que se da no solamente por el proceso de apropiación del pasado como ejemplo (para no repetirlo), sino que también por la posibilidad de, a través de la concesión de voz a los vencidos, tornar más plural el universo de discursos en “pugna” en este régimen. VI – Bibliografía

ARENDT, Hannah. Los Orígenes del Totalitarismo. Taurus Ediciones, Madrid, 1974. ARENDT, Hannah. ¿Qué es la política? Paidós, Buenos Aires, 2005. ELSTER, Jon. Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica.Katz, Buenos Aires, 2006. FRIED, Gabriela. Memorias que insisten: La intersubjetividad de La memoria y los hijos de detenidos desaparecidos por La dictadura militar argentina in La Imposibilidad del Olvido. La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.

GOTI, Jaime Malamud. Terror y Justicia en la Argentina. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2000. GROPPO, Bruno. Traumatismos de la memoria e Imposibilidad de Olvido em los Países del Cono Sur in La Imposibilidad del Olvido. La Plata, Ediciones Al Margen, 2001. JELIN, Elizabeth. Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales. In Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, Año XIV, nº 27, Santa Fe, Argentina. Universidad del Litoral, 2004. LECHNER, Norbert. Los pátios interiores de la democracia, subjetividad y política. Fondo de Cultura Economica, Santiago de Chile, 1990. NINO, Carlos. Juicio al mal absoluto. Ariel, Buenos Aires, 2006. TODOROV, Tzvetan. La conquista de América: El problema del otro. Siglo XXI, México – DF, 1992.

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