Justicia transicional, un modelo latinoamericano

1
Alejandro Samuel González Cataño 136617
Justicia transicional, un modelo latinoamericano.

Introducción: ¿qué es la justicia transicional?

We, the people of South Africa, recognise the injustices of our past; honour those who suffered for justice and freedom in our land; respect those who have worked to build and develop our country; and Believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity.
Prefacio de la Constitución sudafricana de 1996

La justicia transicional es un concepto reciente. No es que se trate de un tipo especial de justicia sino de una adaptación de la misma para sociedades que atraviesan un proceso de superación y transformación después de un periodo prolongado de violación sistemática o generalizada de derechos humanos. (Centro Internacional para la Justicia transicional 2009)

Los varios procesos de justicia transicional observados en distintas regiones del mundo distan de ser homogéneos, por lo cual es difícil englobar el concepto. Como un primer acercamiento puede establecerse a la justicia transicional como un proyecto de nación en el que se hace justicia para las víctimas, a la vez que se intenta lograr una reconciliación nacional.

La mayor disyuntiva con la que se enfrentan los gobiernos que aplican justicia transicional es decidir hasta que punto castigar a los violadores de derechos humanos para lograr un verdadero proyecto incluyente y al mismo tiempo dejar satisfechas a las víctimas. Los procesos de justicia transicional están diseñados para fortalecer la democracia y la paz, por lo que una excesiva persecución y criminalización de los perpetradores puede conducir a una profundización de las heridas sociales en vez de un saneamiento de las mismas. (Cortés 2006)

La justicia transicional como tal surge en la década de 1980 con la caída de distintas dictaduras en América Latina (AL). Sin embargo pueden rastrearse las fuentes de este tipo de justicia en distintos eventos internacionales: los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones de la Comisión Europea de Derechos Humanos en Grecia (1968) y Portugal (1979) y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Chile (1974) son algunas de ellas.

Lo que marca la mayor diferencia entre estos procesos y la justicia transicional es el ánimo de transformación del sistema político y de concertación entre los que fueron perpetradores y víctimas. Grecia, Portugal y Chile fueron señalamientos de Comisiones Internacionales a los violadores de derechos humanos y Núremberg fue un proceso de enjuiciamiento de los mismos. En cambio la justicia transicional busca reintegrar a los distintos grupos de la sociedad a la vida política, además de conducir verdaderos procesos de conciliación.

Debe quedar claro que la justicia transicional no es una simple ley de amnistía o una transición pactada: la caída del falangismo en España es un ejemplo de esto que no puede considerarse como justicia transicional. En sus últimos años los líderes del franquismo dispusieron un retorno a la monarquía y una lenta transición a la democracia que le brindara impunidad a la dictadura.

A continuación se presentan algunos de los mecanismos más comunes de justicia transicional, lo que permite un mejor entendimiento del concepto. Dejando claro que no se trata simplemente de señalar a los perpetradores o amnistiarlos sino de un verdadero proyecto holístico.

Acciones penales: se trata de investigaciones judiciales en contra de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. En la mayoría de los casos se enjuicia a los altos mandos y se perdona a los rangos medios y bajos que se amparan en la obediencia debida.
Comisiones de la verdad: en las que se hace un recuento de los abusos cometidos durante periodos del pasado. Suelen ser conformadas por expertos en la materia designados con este propósito por el gobierno.
Programas de reparación: son una combinación de beneficios materiales y simbólicos para ayudar a las víctimas; desde apoyos económicos hasta juicios de la verdad o del perdón.
Justicia de discriminación: con esto se busca combatir la impunidad de violencia de género o racial que en algunos contextos han constituido violaciones generalizadas a derechos humanos.
Reforma institucional: para restaurar la confianza en las Instituciones públicas se hacen reformas de las mismas que en muchas ocasiones incorporan una limpia de los servidores que fueron leales a los gobiernos perpetradores. En la mayoría de los casos se busca restar poder al ejército.
Iniciativas de conmemoración: para preservar la memoria de las víctimas y evitar la repetición de las violaciones a derechos humanos.
Lustración: revelar las conexiones entre servidores públicos y miembros del grupo perpetrador para vetar su participación en el poder público.
Colaboración de Organizaciones no gubernamentales: en algunas ocasiones los esfuerzos gubernamentales no son suficientes por lo que se requiere el apoyo de organizaciones sociales. (Centro Internacional para la Justicia transicional 2009)

En la actualidad se distinguen dos corrientes importantes de justicia transicional: AL y la Europa post-comunista; aunque también existen proyectos incipientes en África y Asia. Lo que este trabajo propone como hipótesis es que la justicia transicional es una figura de inspiración latinoamericana y que se ha reproducido con distintos niveles de éxito en múltiples escenarios mundiales.

Esto es de relevancia pues en décadas recientes AL ha sido un laboratorio de experimentación para la Ciencia Política; tanto para probar teorías creadas para Europa y Estados Unidos como para crear nuevas. Mostrar que distintos procesos de justicia transicional en el mundo se han inspirado en AL permitiría mostrar que las teorías desarrolladas en esta región geográfica también son susceptibles de exportación.

En AL algunos de los procesos más relevantes son el de la junta militar en Argentina (1976-1983), el de la dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990) y la dictadura militar en Brasil (1964-1985). El elemento en común en los procesos latinoamericanos son las dictaduras como perpetradoras de violaciones de derechos humanos; en cambio, en Europa la mayoría de los procesos de justicia transicional tienen como inicio la caída del Muro de Berlín (1989) y están marcados por la búsqueda de dejar atrás el Comunismo. (Popovski and Serrano 2012)

Existen distintos trabajos respecto de la efectividad de los procesos de justicia transicional: para recuperar la confianza en las instituciones, para resarcir a las víctimas, para crear democracias más estables y evitar la posterior comisión de violaciones a derechos humanos. Sin embargo es necesaria más investigación al respecto, sobre todo en niveles transnacionales y sub-nacionales. (Sikkink 2012)

Para rastrear los procesos de justicia transicional a lo largo de tres continentes, el presente trabajo utiliza cinco casos relativamente exitosos de aplicación de esta política: Argentina, Brasil, Alemania del Este, Polonia y Sudáfrica. Lo que se pretende es mostrar que la mayoría de los mecanismos de justicia transicional fueron ideados primero en AL y después replicados a lo largo del mundo.

Con este propósito a continuación se realiza una proyección temporal de la utilización de distintos mecanismos de justicia transicional. Este listado no pretende ser un relato exhaustivo de la historia reciente de los países mencionados sino únicamente mostrar ostensivamente las formas que ha tomado la justicia transicional.

Árbol genealógico de la justicia transicional

Argentina

Entre 1930 y 1983 Argentina experimentó una oscilación entre gobiernos dictatoriales y democráticos. Los métodos de represión y neutralización de los oponentes fueron variados, sin embargo la junta militar que gobernó entre 1976 y 1983 se caracterizó por una exacerbación de la violación de derechos humanos. (Centro Internacional para la Justicia transicional 2015)

La dictadura se debilitó por distintas razones, entre ellas la derrota en la guerra de las Malvinas y la crítica de la Comunidad Internacional a los métodos de represión. Esto llevó a que en las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín del Partido Radical ganara las votaciones promoviendo un discurso de castigo para las fuerzas armadas de la dictadura.

A finales de 1983 el nuevo Congreso derogó una ley de auto-amnistía que había promulgado la dictadura antes de la derrota electoral. En 1985 la Corte Federal de Buenos Aires sentenció a los miembros de la junta militar a 17 años de prisión por las violaciones a derechos humanos cometidas. Esto estableció un precedente y a partir de entonces se presentaron muchas denuncias; en un esfuerzo por mantener la lealtad del ejército y por crear un ambiente de unidad en la población, en 1986 Alfonsín promovió la llamada Ley de Punto Final, que establecía un plazo de treinta días para presentar denuncias. En 2003 el Congreso Nacional la derogó con lo que se realizaron algunos juicios más. Además de la Ley de Punto Final se promovió una Ley de Obediencia debida para no juzgar a los rangos medios y bajos del ejército; cuando Carlos Menem resultó victorioso en las elecciones de 1989 promovió un perdón para algunos miembros de la dictadura, pero no para los miembros de la junta. Estas leyes y el perdón presidencial pueden ser consideradas como amnistías.

Como medidas alternativas a la judicial, los gobiernos argentinos posteriores a la dictadura promovieron distintas políticas: el establecimiento de una Comisión de la Verdad (CONADEP) en 1983, que dio a conocer los abusos de la dictadura; el resarcimiento económico a victimas del terrorismo de Estado a partir de 1991; las disculpas públicas ofrecidas vía distintos medios de comunicación por parte de los que fueran cabezas del ejército y la marina durante la junta militar en 1995; los juicios de la verdad a partir de 1998, que fueron impulsados por una sentencia de la CorteIDH en protección al derecho de las víctimas a saber la verdad.

La lustración se intentó implementar de iure en distintos momentos, pero nunca se logró un acuerdo en el Congreso. Sin embargo de facto si se realizó, pues a partir de 1993 la CONADEP realizaba informes de los distintos aspirantes a cargos públicos.

Además de los intentos oficiales, distintas organizaciones sociales surgieron con los mismos fines de apoyar a las víctimas. Entre ellas son famosas las "abuelas de Plaza de Mayo" que se dedican a buscar a los hijos desaparecidos durante la dictadura desde 1977. A partir de 1990 también se han realizado acciones como la construcción de monumentos y la inauguración de museos para recordar a las víctimas y promover una política de intolerancia frente a las violaciones de derechos humanos. (Smulovitz 2012)

Brasil

En muchos aspectos el proceso de justicia transicional en Brasil es tardío, sin embargo si se aplicaron algunas incipientes políticas tras la caída de la dictadura en 1985. Como en Argentina, la dictadura saliente promovió una ley de auto-amnistía, que fue aceptada porque a la vez que imposibilitaba la investigación de los gobiernos militares abría las puertas para que los presos políticos de la dictadura quedaran en libertad. La anterior es una muestra de una serie de mecanismos implementados por la elite militar para realizar una lenta transición a la democracia que les garantizara sus derechos. (Centro Internacional para la Justicia transicional 2015)

Los primeros años tras la caída de la dictadura no involucraron esfuerzo alguno por parte de los nuevos gobiernos por hacer que los dictadores rindieran cuentas. Fue hasta 1995 que surgió la primera política, que obligaba al resarcimiento económico de las víctimas de terrorismo de Estado. Esto abrió algunas líneas de investigación pero solo las suficientes para establecer la necesidad de resarcimiento económico y nunca para proceder penalmente. Ese mismo año se creó la Comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, que recopiló información hasta 2007 sobre las muertes y desapariciones forzadas.

De estos primeros años lo más relevante es la creación en 1986 del proyecto Brasil: Nunca Mais, que fue promovido por la arquidiósesis de Sao Paulo junto con distintas organizaciones sociales y en el cual se hace un recuento señalando servidores públicos sobre la práctica generalizada de violación a los derechos humanos por parte de la dictadura, buscando una eventual lustración en los años posteriores.

Recientemente se han dado nuevos avances: en 2001 una nueva comisión fue encargada para revivir la política de resarcimiento económico. En 2008 cinco sobrevivientes de tortura ganaron un caso penal en Brasil; en 2010 el caso de la Guerrilha do Araguaia llegó a la CorteIDH que se pronunció declarando anticonvencional la Ley de auto-amnistía de la dictatura brasileña. Esta serie de decisiones recientes le dio un nuevo auge al debate, provocando que en 2011 la presidenta de Brasil Dilma Rousseff convocara una nueva Comissão Nacional da Verdade que realmente está dedicada a investigar los hechos de la dictadura (en diciembre de 2014 rindió su primer informe). (Cavallaro and Delgado 2012)

Alemania del Este

Para confrontar el pasado de la República Democrática Alemana (RDA) fueron utilizadas prácticamente todas las herramientas de la justicia transicional. La primer medida tomada por el gobierno entrante en 1990 fue la reunificación de Alemania y la promulgación de distintas leyes para solventar los diversos errores cometidos por el gobierno anterior. Una medida simbólica pero muy significativa fue el derribo del muro de Berlín.

Prácticamente como consecuencia de la reunificación se dio inicio a la persecución y enjuiciamiento de los altos y medios mandos de la RDA, principalmente por abuso de poder. De manera paralela se iniciaron investigaciones para devolver las tierras a sus legítimos propietarios (anteriores a 1949) y privatizar las empresas públicas improductivas. Si bien no se logró recuperar todas las tierras para sus propietarios originarios, este mecanismo fue innovador para la justicia transicional.

Junto con los enjuiciamientos empezaron a surgir ideas para una ley de amnistía. Sin embargo ningún intento se llevo al debate público hasta 1998 y en ultimas instancias fue rechazado por su impopularidad. Los ciudadanos alemanes no estaban dispuestos a cometer errores del pasado, ya que anteriormente muchas amnistías fueron concedidas al los miembros del Estado nazi y generaron un mayor resquebrajamiento social.

También en 1990 se inicio una purga del servicio civil en las oficinas de Estado Alemanas, en uno de los procesos más amplios de lustración conocidos en la historia. Esto además se dio gracias a la apertura de los archivos de Ministerio de Seguridad Estatal en lo que puede ser considerado como un amplio esfuerzo por garantizar el derecho a la verdad. Junto con este gran esfuerzo, en 1992, se creó la Comisión Enquete, cuyos principales objetivos eran analizar el funcionamiento del régimen anterior, hacer justicia histórica para las víctimas, promover políticas de unidad en las dos Alemanias y proveer de apoyo legal a las víctimas. (Werle and Vormbaum 2012)

Polonia

En Polonia se aplicaron diferentes mecanismos de justicia transicional, sin embargo uno de ellos cobró una vital importancia: la lustración.

Desde 1981 el sindicato Solidaridad mantuvo una línea abierta de disentimiento frente al gobierno Comunista de la nomenklatura (élite). Esto llevó a que el 1988, el presidente Jaruzelski pactara la inclusión de partidos de oposición en las elecciones. Las reglas aseguraban que el viejo Partido Obrero Unificado Polaco (POUP) mantuviera el poder, pero el apoyo social fue claro para la oposición. Un sentimiento de desaliento se exparció por el gobierno, que solicitó el apoyo de la URSS para mantener el control; pero cuando esta última le nego ayuda al Estado polaco, la presión por parte de Solidaridad obligó a llamar a nuevas elecciones que en 1990 en las que resultó electo Lech Walesa, el primer presidente no-miembro del PUOP en décadas.

La principal preocupación del nuevo gobierno fue recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es por eso que una de las primeras medidas de Walesa fue tomar el control del Centrum Badania Opinii Spolecznej, un instituto creado por el gobierno Comunista para recuperar información. La tarea no fue fácil pero este instituto fue legalizado bajo el nuevo regimen y utilizado como herramienta para prevenir la corrupción y separar a los miembros leales a la nomenklatura.

Trabajos posteriores han demostrado que el trabajo activo del gobierno para crear una política integral de lustración dio sus frutos, aumentando significativamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno polacas.

En cuanto a los demás mecanismos de justicia transicional ninguno se puede comparar con la importancia que cobró la lustración. Algunos juicios fueron realizados pero principalmente los más mediáticos, como el caso Wujek en 1991, que fincó responsabilidades a los miembros del gobierno Comunista responsables por la muerte de uno de los líderes de Solidaridad. En la mayoría de los casos los altos mandos habían muerto o ya eran demasiado viejos para el momento en que fueron encontrados culpables.

Una política importante por su simbolismo fue el estatuto de invalidación de veredictos de 1991, que daba el perdón a los presos del Estado Comunista. Junto con este estatuto se aprovó una ley de compensación económica para las víctimas.

De las principales demandas del pueblo polaco frente al nuevo gobierno fue la distribución de las tierras. Sin embargo, diversas propuestas de ley fueron denegadas por el Congreso en también diversos momentos entre 1991 y 1998. Al final, ninguna ley fue aprobada al respecto, en parte porque una restitución frente a los varios capitalistas que la pedían hubiera significado la quiebra económica del nuevo gobierno. Si bien no se logró el objetivo, distintas organizaciones sociales fueron creadas para defender los derechos de propiedad, lo que permitió observar que los ciudadanos polacos estaban listos para exigir sus demandas por vías institucionales. (Nalepa 2012)

Sudáfrica

Desde 1976 surgieron organizaciones sociales con discursos abiertamente de oposición frente al apartheid (gobierno discriminatorio que prevaleció en Sudáfrica desde 1948 hasta 1992). Aunada a la presión interna, distintas formas de presión internacional obligaron al gobierno minoritario sudafricano a negociar en 1987.

El proceso de transición Sudafricano tiene muchos elementos sui-generis con respecto a los demás procesos de justicia transicional, pues implicó verdaderos y directos gestos de negociación entre el pueblo que tenía décadas oprimido (la raza negra) y la élite perpetradora (afrikaans). En 1992 el líder social Nelson Mandela firmó con el presidente De Klerk el Memorando de Entendimiento que daba inició a una serie de negociaciones para proveer a Sudáfrica de una nueva Constitución que sirviera como "un puente histórico entre el pasado de una sociedad profundamente fragmentada y caracterizada por la lucha, el conflicto, el sufrimiento y la injusticia; y un futuro basado en el reconocimiento de los derechos humanos, la democracia, la coexistencia pacífica y las oportunidades de desarrollo para todos los sudafricanos, sin importar el color, la raza, la clase social, las creencias o el género". (UNESCO 1994)

En este sentido Sudáfrica estableció una política innovadora pues fue el primer país en crear un Poder Constituyente que tenía la específica tarea de proveer de una Constitución para la transición. Esta Constitución de transición sentó las bases para que en 1996 se escogiera democráticamente una Asamblea Nacional con el fin de crear una Constitución definitiva. Dicha Asamblea estaba conformada por miembros de raza negra, del antiguo gobierno afrikaan y de la marginada comunidad Zulu.

Otra resolución del Constituyente de transición fue la creación en 1995 de la Truth and Reconciliation Commission (TRC), a la que se encargó el proceso de transición: hacer un recuento lo más completo posible de las pasadas violaciones de derechos humanos; otorgar amnistías con base en la proporcionalidad del delito, la motivación política y la admisión de la verdad; y recomendar estrategias de reparación para víctimas.

La nueva Constitución de 1996 significó la expresión de todos esos valores que estaban contenidos en la TRC, además de la base legal para la aplicación de los resarcimientos económicos y la amnistía a las víctimas del apartheid. (Du Toit 2006)

Datos

En la página 11 se presenta una tabla que exhibe el año en que por primera vez se aplicaron los distintos mecanismos de justicia transicional estudiados en Argentina, Brasil, Alemania del Este, Polonia y Sudáfrica. Algunos de estos procesos sufrieron interrupciones o no fueron aplicados de manera efectiva, esto también se ve reflejado en la tabla. Además, el estudió permitió identificar los procesos de mayor importancia para cada país, lo que también se muestra.
Mecanismos de justicia transicional
Argentina
Brasil
Alemania
Polonia
Sudáfrica
Acciones penales
1985**
2008*
1990**
1991*

Comisiones de la verdad
1983
1995*
2011
1992

1995**
Juicios de la verdad
1998



1995
Resarcimiento económico a las víctimas
1991**
1995
2001
1990
1991
1995
Amnistía a los perpetradores
1987

1998*

1995
Disculpas públicas
1995



1995
Lustración
1993*
1986**
1990**
1990**

Participación directa de organizaciones sociales
1977**
1986**

1991*
1987**
Iniciativas de conmemoración
1990

1990

1995
Amnist a a presos políticos
1983
1985
1990**
1991
1996
Restitución de la propiedad


1990**


Constituyente transicional




1992**
* poca importancia, ** mucha importancia.

Resultados y Conclusiones

La justicia transicional es una relación de tensiones: entre la Justicia y la Paz, entre la verdad judicial y extrajudicial, entre los derechos humanos y la reconciliación. Llevar a cabo procesos de justicia transicional requiere un compromiso tanto de los miembros del gobierno como de la sociedad y esto se muestra en los casos estudiados en el presente trabajo.

El método utilizado para intentar corroborar la hipótesis del presente trabajo fue el de la relación histórica de los hechos. Si bien este método es un primer acercamiento lejano a la confirmación de la hipótesis, es suficientemente ilustrativo como para mostrar que existe cierta semejanza entre los procesos utilizados en Europa y África con respecto al latinoamericano, que fue primero en tiempo.

Un mayor ahondamiento en la investigación permitirá determinar hasta que grado son los casos de la Europa post-comunista o los intentos de África y Asia inspirados en los procesos de justicia transicional latinoamericanos. Para ello es necesario comparar por separado los distintos mecanismos aplicados: como son las Comisiones de la Verdad o los juicios penales y civiles.

Gran parte de los estudios deben centrarse en Argentina, pues es el primer caso de justicia transicional y por tanto también es pionero en la mayoría de los mecanismos para su ejecución. También debe reconocerse que no todos los mecanismos fueron desarrollados en AL: la restitución de la propiedad es una figura típica de la justicia transicional en la Europa post-comunista; la lustración es un mecanismo que si bien apareció en Argentina y Brasil no tomó relevancia hasta que se aplicó en Alemania, Polonia y otros casos; y la utilización de la Constitución como herramienta transicional fue un elemento innovador sudafricano.

Por otra parte no puede ignorarse que los distintos mecanismos fueron mejorados en algunos procesos. El caso de Sudáfrica es ilustrativo pues la Comisión cobró una importancia sin precedentes: se dedicó no solo a investigar los crímenes del pasado sino también a conducir el proceso de transición.

El contexto internacional ha sido significativo en muchos aspectos: desde la presión de distintos Estados –como en el rechazo al apartheid- hasta las resoluciones de Cortes Internacionales –como las recientes de la CorteIDH sobre Brasil o Guatemala. Un estudio a profundidad respecto de la influencia internacional en los procesos de justicia transicional también es necesario.

Por último es relevante hacer un estudio de los testigos de los procesos de transición y estudiar los efectos que la justicia transicional ha tenido en su percepción de la calidad democrática y la fiabilidad de las instituciones.






















Trabajos citados

Cavallaro, James, y Fernando Delgado. «The paradox of accountability in Brazil.» En After Opression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, de eds Vesselin Popovski & Mónica Serrano, 86-115. New York: United Nations University Press, 2012.

Centro Internacional para la Justicia transicional. Antecedentes: Dos décadas de dictadura. 2015. https://www.ictj.org/es/our-work/regions-and-countries/brasil (último acceso: 16 de diciembre de 2015).

—. Antecedentes: Treinta mil desaparecidos, pero «Nunca más». 2015. https://www.ictj.org/es/our-work/regions-and-countries/argentina (último acceso: 15 de diciembre de 2015).

—. «¿Qué es la justicia transicional?» 2009. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf (último acceso: 15 de diciembre de 2015).

Cortés, Francisco. «Entre el perdón y la justicia. Reflexiones en torno a los límites y contradicciones de la justicia transicional.» En Justicia transicional: teoría y praxis, de editora Camila de Gamboa Tapias, 85-112. Bogotá: Universidad del Rosario, 2006.

Du Toit, Stephanus. «Las tensiones entre los derechos humanos y la política de la reconciliación: un estudio de caso sudafricano.» En Justicia transicional: teoría y praxis, de editora Camila de Gamboa Tapias, 242-279. Bogotá: Universidad del Rosario, 2006.

Nalepa, Monika. «Lustration as a trust-building mechanism? Transitional justice in Poland.» En After Opression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, de eds Vesselin Popovski & Mónica Serrano, 333-362. New York: United Nations University Press, 2012.

Popovski, Vesselin, y Mónica Serrano. «Transitional Justice across continents.» En After Opression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, de eds Vesselin Popovski & Mónica Serrano, 3-18. New York: United Nations University Press, 2012.

Sikkink, Kathryn. «Models of accountability and the effectiveness of transitional justice.» En After Opression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, de eds Vesselin Popovski & Mónica Serrano, 19-38. New York: United Nations University Press, 2012.

Smulovitz, Catalina. «"The past is never dead": Accountability and justice for past human rights violations in Argentina.» En After Opression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, de eds Vesselin Popovski & Mónica Serrano, 41-63. New York: United Nations University Press, 2012.

UNESCO. «El Apartheid: crónica de un fin anunciado.» El correo de la UNESCO, Febrero de 1994.

Werle, Gerhard, y Moritz Vormbaum. «After the fall of the Berlin Wall: Transitional Justice in Germany.» En After Opression: Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe, de eds Vesselin Popovski & Mónica Serrano, 298-332. New York: United Nations University Press, 2012.