Ingreso petrolero y pobreza extrema: Un modelo de políticas públicas

VIII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN INTELECTUAL DE LA UNIMET
21 al 25 de mayo de 2012

TITULO DEL TRABAJO:
Ingreso petrolero y pobreza extrema: Un esquema de políticas públicas

AUTOR: Ernesto Fronjosa Lasalle

RESUMEN
Se presenta un modelo de políticas públicas orientado al abatimiento de la
pobreza extrema y la promoción socioeconómica de los grupos de menores
ingresos de la sociedad venezolana a través del ingreso petrolero. En la
formulación de políticas públicas se habla de problemas "tipo medio" y
"tipo fin". Los primeros tienen que ver con "lo que hay que hacer" para
alcanzar un valor específico final relacionado con el "problema fin": el
que va dirigido a resolver los problemas de las personas. Las políticas
públicas en el sector petrolero se han ocupado tradicionalmente de
problemas tipo medio. Los que tienen que ver con sus aspectos
operacionales. Llegando, a lo sumo, a establecer lo que hay que hacer para
obtener el mayor rendimiento económico posible para la Nación. El presente
trabajo de tipo exploratorio demuestra la factibilidad de distribuir la
renta petrolera entre cada uno de los ciudadanos a través de cuentas
corrientes intransferibles y no heredables utilizables sólo para fines de
educación, vivienda, salud y jubilación. La distribución de la renta entre
los ciudadanos estaría sujeta a tres apartados. Uno para el funcionamiento
mínimo del Estado, otro para el pago de la deuda externa y un fondo de
inversiones para compensar, en el futuro, la merma de la renta petrolera
con renta financiera. Con este esquema en un lapso razonable se lograría
erradicar de Venezuela la pobreza extrema y se lograría además una
importante promoción de los sectores socioeconómicos menos favorecidos.
240 palabras

TÉRMINOS CLAVE: Renta petrolera, modelo rentista, políticas públicas,
pobreza extrema, niveles socioeconómicos.


VIII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN INTELECTUAL DE LA UNIMET
21 al 25 de mayo de 2012

TITULO DEL TRABAJO:
Ingreso petrolero y pobreza extrema: Un esquema de políticas públicas

AUTOR: Ernesto Fronjosa Lasalle

RESUMEN EXTENDIDO
El presente trabajo demuestra, con una investigación de tipo exploratorio,
la factibilidad de formular un modelo de políticas públicas orientado al
abatimiento de la pobreza extrema y la promoción socioeconómica de los
grupos de menores ingresos de la sociedad venezolana. Este objetivo se
lograría mediante el manejo del ingreso petrolero mediante un modelo
económico distinto al esquema rentista que tradicionalmente ha sido el
utilizado para la administración de estos recursos. Al mismo tiempo, con
los mecanismos previstos por este modelo se lograría la promoción
socioeconómica de los grupos de menores ingresos de la sociedad venezolana.
La solución de estos problemas, sobre todo el que tiene que ver con la
erradicación de la pobreza extrema, sería un importante factor coadyuvante
para el cumplimiento de las metas del milenio.
La formulación de políticas públicas es frecuentemente víctima de una
distorsión conceptual. La de confundir los fines con los medios.
Ciertamente la instrumentación de políticas públicas debe definir "lo que
hay que hacer", los medios, para resolver un determinado problema social.
Esta distorsión conceptual se manifiesta, por ejemplo, cuando los
administradores de los asuntos públicos nos hablan de la cantidad de
escuelas construidas o de hospitales puestos en servicio. Cuando los
resultados de políticas públicas deberían indicarnos cuántos jóvenes menos
han desertado del sistema escolar o como ha mejorado el índice de aptitud
académica en las pruebas de ingreso de las universidades o cómo ha
disminuido la mortalidad infantil o las enfermedades endémicas. Es decir,
no se puede olvidar que lo que realmente cuenta es solucionar aquello que
impide que las personas dentro de la sociedad, tomadas individualmente,
estén en capacidad de alcanzar su máximo desarrollo humano. Desarrollo que
incluye, pero no se limita, a alcanzar un mayor estándar de vida y de
bienestar económico. Desarrollo que debe contribuir a darle a cada
ciudadano la posibilidad de alcanzar cada vez un grado mayor de libertad
individual. De desarrollar la capacidad de decidir acerca de los temas que
afectan su existencia. De liberarse en la mayor medida posible de la
dependencia de las autoridades que gobiernan la sociedad. Autoridades cuya
misión no es precisamente la de fomentar la dependencia de los ciudadanos a
través de una labor "asistencial" que pretenda resolver todos los problemas
de la colectividad. Autoridades cuya función fundamental es contribuir a
que cada ciudadano pueda resolver sus necesidades particulares dentro de un
clima de equidad, justicia y respeto por los derechos de los demás.
La distorsión conceptual que acabamos de describir arranca a su vez de la
visión que frecuentemente se tiene de la persona humana dentro de la
sociedad. La sociedad no es un conglomerado amorfo e indiferenciado "de
gente". La sociedad es un complejo sistema en el cual interactúan infinidad
de individuos. Cada uno con sus propias necesidades, intereses,
motivaciones, intenciones y modos de entender el mundo, la sociedad y al
hombre mismo. Dentro del ámbito social, puede que sean muchas las personas
que compartan un mismo problema. Se trata no "de un problema", sino del
problema de cada una de las personas que lo padece. Los problemas sociales,
son en realidad, los problemas de las personas, de cada persona, en el
ámbito social.
El tema de las políticas públicas en el sector petrolero ha sido
tradicionalmente víctima de la distorsión conceptual que acabamos de
mencionar. Quienes nos preocupamos por "el tema petrolero", al plantearnos
la formulación de políticas públicas en este sector comenzamos a hablar de
inmediato de sus problemas operacionales. Los problemas que ocupan nuestra
atención tienen que ver con la manera de recuperar e incrementar el
potencial de producción o aumentar el factor de recuperación de los
yacimientos. Nos preocupan las prioridades exploratorias o lo que se debe
hacer para restablecer la capacidad de refinación y asegurar la adecuada
definición de los patrones de la misma. Incluso, se trata de optimizar la
confiabilidad de los canales de comercialización. Sabemos, por otra parte,
que es indispensable la formación del personal calificado para alcanzar los
objetivos planteados. En última instancia, estamos conscientes de que todo
lo anterior es "lo que hay que hacer" para mantener nuestra competitividad
e incrementar el valor comercial de nuestro crudo y nuestros productos.
Para obtener finalmente de nuestro principal recurso natural el mayor
rendimiento económico posible para la Nación.
Actualmente la industria petrolera enfrenta dos problemas fundamentales.
Durante los últimos diez años, debido a una serie de factores operacionales
y administrativos, ha sufrido un deterioro en su capacidad generadora de
ingresos. La actual estructura de precios del mercado internacional ha
evitado que la merma en dicha capacidad haya alcanzado proporciones
catastróficas. Este problema, sin embargo, tiene un carácter subordinado
con relación al problema más fundamental de la industria petrolera
venezolana. Se trata de lo adecuadas que han sido las políticas públicas
que tradicionalmente se han formulado para ese sector en el largo plazo. Lo
primero que resalta con relación a este punto es que desde que Venezuela
comenzó a percibir ingresos derivados del petróleo los mismos han sido
administrados bajo un único esquema. El modelo conocido como rentista que
se fundamenta en la premisa de que dichos ingresos deben ser recibidos y
administrados por el Gobierno Nacional. El gobierno de turno, cada
gobierno, se encarga de asignar dichos ingresos a aquellas actividades que
según su propio criterio representan el mayor beneficio para la población.
Cada nuevo gobierno, incluso por razones de tipo ideológico, puede sentirse
con el legítimo derecho a desconocer las políticas de su antecesor. Esto
impide observar los resultados de aquellas políticas que el gobierno
anterior formulara y cuyos resultados se reflejan sólo en el largo plazo.
Aparte del hecho que el esfuerzo llevado a cabo hasta ese momento por el
equipo administrativo saliente queda totalmente perdido. El modelo rentista
es, pues, en primer lugar, altamente ineficiente.
Por otra parte, este esquema incrementa exageradamente el poder en manos de
los gobiernos y le permite fomentar, mediante el reparto de prebendas, el
clientelismo político y el ventajismo electoral. El resultado final es un
sistema que además de ineficiente corrompe la función de otros sectores de
la sociedad. Como consecuencia el modelo rentista profundiza los hábitos de
dependencia de la población, y entorpece el ejercicio de su libertad
individual. El "rentismo" se convierte en una cultura. El ciudadano depende
material, y lo que es peor, psicológicamente, de las prebendas del
gobierno. Los gobiernos consideran que su obligación es, precisamente, la
de brindar "asistencia" a los ciudadanos. Finalmente, la discrecionalidad
absoluta de los gobernantes con relación a la utilización de los fondos de
la Nación es una poderosa fuente de corrupción. En este sentido, da la
impresión de que este fenómeno ocurre más frecuentemente en aquellas
sociedades donde prevalece ese perverso ciclo de hegemonía y dependencia.
La mejor prueba de lo inadecuado del modelo rentista es la de comparar la
situación socioeconómica de la población venezolana luego de las
astronómicas sumas percibidas a lo largo de su historia. A pesar de los
enormes recursos recibidos por concepto de ingresos petroleros, según
cifras oficiales del INE, un dieciocho por ciento de sus habitantes
continúa en condiciones de pobreza extrema. Adicionalmente, casi un ochenta
por ciento de la población se encuentra en los sectores socioeconómicos "E"
y "D".
El presente trabajo plantea como problema tipo fin para la industria
petrolera venezolana la utilización de sus ingresos para eliminar la
pobreza extrema e incrementar el ingreso promedio de la población. Para
ello se propone que la renta petrolera sea asignada directamente a cada
ciudadano teniendo cuidado de no orientarla hacia el gasto corriente. Dicha
distribución se llevaría a cabo mediante depósitos en unas cuentas de
ahorros creada para tal fin para cada venezolano. Los depósitos en dichas
cuentas dependerían de la población del país y del monto de la renta en ese
momento determinado. Las mencionadas cuentas de ahorro serían vitalicias,
no heredables y absolutamente intransferibles o gravables. Las cantidades
acumuladas en las mismas podrán usarse únicamente para financiar la
educación propia o de los hijos menores, para la adquisición de vivienda,
emergencias de salud no cubiertas por los sistemas de seguridad social y,
de cierta edad en adelante, los aportes a la cuenta serían entregados al
ciudadano en su totalidad como un complemento a su pensión de jubilación.
Del mismo modo los fondos no utilizados en la cuenta hasta esa fecha se
distribuirán en una serie de pagos periódicos calculados por métodos
actuariales como complemento a la mencionada pensión de jubilación. Los
intereses correspondientes a estas cuentas estarían disponibles para gasto
corriente por parte de los beneficiarios. La porción de la renta
correspondiente a cada ciudadano estaría sujeta a tres deducciones. Una
para el mantenimiento del Estado en las funciones básicas que realmente le
competen. Otra destinada al pago de la deuda externa, y una vez cancelada
esta, al incremento de las reservas internacionales. La última destinada a
un fondo de inversiones que permitiera en el largo plazo reemplazar con su
rendimiento la merma en la renta petrolera debida a la declinación de los
yacimientos. Tanto la renta de cada ciudadano como las deducciones serían
administradas con el mayor grado de transparencia y control por parte de
los ciudadanos individuales quienes recibirían un estado de cuenta en el
que se detallaría el destino de todas estas deducciones.
El trabajo presenta varios escenarios de precios del petróleo y de
población que resultan en una gama de nivel de ingresos para cada
ciudadano. Uno de ellos que consideramos representativo establece que el
ingreso de cada ciudadano estaría en el orden de los $ 280 mensual con unas
deducciones de $ 70 por mes. Finalmente, volviendo al tema de la pobreza
extrema, las personas en esta situación si requieren de un cierto monto
para gasto corriente que les permita cubrir sus necesidades básicas. Para
ello, las retenciones de los sectores socioeconómicos "A", B" y "C" serían
asignados a programas destinados a cubrir las mencionadas necesidades
básicas. Estas retenciones serían progresivamente decrecientes en la medida
que se incrementara el monto de los intereses correspondientes a las
cuentas de ahorro de las personas viviendo bajo condiciones de pobreza
extrema. Esta situación cesaría en el momento en el que estas personas
estuvieran en condiciones de salir de la situación de pobreza extrema. De
acuerdo al escenario aquí presentado esto ocurriría en un período de algo
menos de diez años. Durante este período, el resto de los sectores "E" y
"D" contarían, gracias a los intereses de sus cuentas, con cantidades cada
vez mayores para gasto corriente además, por supuesto, del incremento en
sus saldos de la cuenta de ahorro.
4 páginas y 12 líneas (Times New Roman; 12; 1,5)