Indios y Mestizos en el Nuevo Reino de Granada a fines del siglo XVIII: Francisco Antonio Moreno y Escandón, retrato de un burócrata colonial.

Indios y mestizos en la nueva granada a finales del siglo xviii: Francisco
Antonio Moreno y Escandón: retrato de un burócrata colonial


El lunes 7 de mayo de 1781 salió de Santa Fe, comenzando un viaje que a
través de Cartagena y Panamá lo llevaría hasta Lima, a donde ocuparía del
cargo de fiscal de la Real Audiencia, y después el de oidor, don Francisco
Antonio Moreno y Escandón. No había cumplido aún los cuarenta y cinco años,
pero su carrera burocrática, a lo largo de la cual había ocupado casi todo
cargo abierto al talento de los criollos, no podía ya ofrecerle muchas
perspectivas en la Nueva Granada. Un retrato más o menos convencional, que
se encuentra en la Biblioteca Nacional, y obra de Joaquín Gutiérrez, nos da
alguna idea de la figura que debía tener entonces: un rostro severo y poco
atractivo, con labios delgados y apretados, que escondían la ausencia total
de dientes.[1]

El viajero abandonaba la Sabana con incómoda oportunidad: desde el 16 de
marzo los pueblos del oriente colombiano habían iniciado un movimiento de
protesta contra "el mal gobierno", y uno de los blancos de ira popular era
el señor Moreno y Escandón. El 7 de abril un sereno encontró en Santa Fe un
pasquín en verso, que fue leído el 16 a la muchedumbre amotinada del
Socorro; los comuneros irónicamente dieron a este texto el nombre de "la
real cédula" o "el superior despacho". El poema atacaba en primer lugar al
regente visitador enviado desde España para reorganizar las rentas y la
administración, don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Pero el ataque al
fiscal de la Audiencia era de una violencia similar:

Otro demonio que hay, que lo es Moreno
Perturbador del vulgo y de la paz,
En caso que no mude de terreno
No faltará otro arbitrio tan sagaz
Para acabar con tan mortal veneno
Que en nuestra destrucción es pertinaz
Y caso que no baste arbitrio nuevo,
Muy fácil es que se le pegue fuego.
Que bien se lo merece este malvado,
Por tanta iniquidad que ha cometido,
Pues ninguno en el Reino se ha quedado
A quien este fantasma no haya zaherido,
Pues al honrado lo hiere por honrado,
Y al pícaro protege en su partido.
Y en fin, para que el nombre quede eterno,
Ha dado más quehacer que aún el infierno.
¿Qué hizo con los estudios? Confundirlos,
¿Qué intentó con los frailes? Acabarlos,
¿Qué piensa con los clérigos? Destruirlos
¿Qué con los monasterios? Destrozarlos,
¿Y qué con los vasallos? El fundirlos,
Ya que por si no puede degollarlos.
Pero no hay que admirar que esto le cuadre
Cuando gustoso enloqueció a su padre.
Lo que hay de que tener mayor dolor,
En estos hechos de tanta tiranía,
Es mirar de los indios el rigor
Con que lleno de infame villanía,
A la socapa de ser su protector,
Los destruye con cruel alevosía,
¿Qué agravios, que desaires, qué deslices
Podría hallar en aquestos infelices?[2]

No sabemos quién fue el autor de esta curiosa diatriba; probablemente era
alguien del círculo del Marqués Jorge Miguel Lozano de Peralta; quizás,
como lo señala John L. Phelan, un miembro de la Orden de Predicadores,
enemigos desde tiempo viejo del Fiscal[3] Los comuneros, por su parte, no
vacilaron en señalar a Moreno como uno de sus objetivos principales: Según
un informe de la Real Audiencia, cuando las tropas rebeldes llegaron el 7
de mayo a Puente Real, "se publicó solemnemente un bando que manifestaba el
implacable odio que la poseía contra vuestro fiscal que fue de esta
Audiencia don Francisco Antonio Moreno..., y contra el corregidor de Tunja,
don Josef María Campuzano, y contra Piñeres".[4] No es probable que Moreno
hubiera conocido este bando; sin embargo no pudo ignorar el pasquín rimado,
pues asistió por lo menos a cuatro reuniones de la Audiencia donde se
discutió la naciente rebelión comunera y se tomaron las primeras medidas
para tratar de detenerla; allí sugirió sin duda algunas de las acciones que
se requerían para contener a "la plebe insolentada".

Así pues, el mismo día en que Moreno abandonaba la capital virreinal, las
tropas reales recibían su humillante derrota de Puente Real. Moreno no
huía: desde hacía más de un año se le había nombrado fiscal de lo civil en
la Audiencia de Lima, pero no deja de ser irónico que escapara a la furia
popular con tan precisa casualidad.[5] Gutiérrez de Piñeres, por su lado,
tuvo que seguir la misma ruta de Moreno apenas cinco días después, cuando
las autoridades se enteraron del desastre de Puente Real y consideraron
conveniente que el visitador se retirara –o huyera- a Cartagena. Los dos
funcionarios compartían así un destino similar, objeto de los odios de los
comuneros. Lo curioso es que Gutiérrez de Piñeres y Moreno y Escandón
habían adoptado una posición totalmente diferente, y se habían enfrentado
con bastante vigor durante los dos últimos años, con relación al punto que
motivaba el rechazo comunero al fiscal: la disolución de los resguardos.
Pero este equívoco no es extraño, si se piensa que una ambigüedad mayor
marcaba el mismo movimiento popular, en el que marchaban juntos los blancos
y mestizos, beneficiarios de las medidas de Moreno, y los indígenas que
habían perdido sus tierras en desarrollo de las políticas del fiscal.

Nunca regresó Moreno y Escandón a la Nueva Granada. En Lima fue fiscal de
lo civil, y a este cargo agregó luego el de fiscal del crimen; en 1785 fue
nombrado oidor en la misma Audiencia. Tuvo a su cargo, como lo había hecho
en Santa Fe, la plaza de protector de indios y el manejo de los bienes de
los jesuitas expatriados. En 1789 pasó a la Audiencia de Chile como oidor,
y en 1792, en ejercicio del cargo de oidor regente de tal capitanía, murió,
lejos de su esposa y de sus numerosas hijas, a las que había dejado en
Santa Fe, once años antes, para evitar el considerable gasto que causaba
su transporte.[6] La tradición familiar, recogida por José Manuel
Marroquín, sugiere que su última enfermedad provino de la decepción de no
haber sido nombrado regente en la Audiencia de Santa Fe; esto sin duda
exagera los afanes burocráticos de nuestro personaje.[7] Poco se sabe sobre
su actuación en Lima y Santiago; las obras de historia general de estas
regiones apenas lo mencionan. Tres años después de su muerte, su esposa,
María Teresa Isabella, luchaba todavía contra la burocracia colonial para
lograr que se le pagara en Santa Fe la pensión a la que tenía derecho;
probablemente nunca pudo lograrlo.[8]

La carrera de Moreno había sido excepcional. Durante la era colonial los
cargos de oidor o fiscal, que eran los más elevados en la jerarquía después
de los virreyes, recayeron usualmente en nativos de España. A veces
abogados criollos especialmente brillantes lograban un puesto de oidor en
una plaza distinta a la de su origen; en muy contados casos lograban un
nombramiento en su propia tierra. En todo el siglo XVIII, el único oidor de
la Audiencia de Santa Fe nacido en su distrito fue don Joaquín Mosquera y
Figueroa, nombrado en 1787; los únicos fiscales fueron Manuel Antonio
Zapata, designado en 1708; Moreno y Escandón, quien ocupó este cargo a
partir de 1776, y Francisco Berrío y Guzmán, nombrado en 1798[9]

II

Don Francisco Antonio había nacido en Mariquita en 1736, hijo de una
criolla y de un español –don Miguel- que había ocupado cargos menores
–"importantes destinos", dice don José Manuel Marroquín- en la burocracia
colonial: alcalde ordinario de Mariquita y Teniente de Gobernador en Nóvita
(Chocó); luego desempeñó, en 1769, la notaría del Tribunal de la
Inquisición en Cartagena.[10] Además de sus afanes de empleado público,
intentó don Miguel Moreno hacer fortuna en actividades mineras, con el
resultado habitual: algunos socios lo sedujeron con minas maravillosas,
aprovechando "que no podía moverme… a fin de empeñarme a que metiese la
cabeza y despachase esclavos". Metió la cabeza y envió los primeros
esclavos, pero todo acabó en un fiasco, allá por 1752. En 1773 andaba mal
de la cabeza, y el virrey ordenó a don Francisco Antonio que mantuviera
encerrado a su padre.[11] Don Miguel Moreno Moreno murió en 1777.

A los trece años fue enviado a la capital, y admitido en el colegio de San
Bartolomé, regentado por los jesuitas, en donde hizo sus estudios de latín
y filosofía. Obtuvo luego el título de bachiller y maestro de filosofía en
la Universidad de San Francisco Javier, también dirigida por los discípulos
de San Ignacio; esta misma institución le dio después los títulos de doctor
en teología y en jurisprudencia canónica y civil. A los 22 años la
universidad lo nombró para la cátedra de Instituta, y tres años después
logró la cátedra de derecho canónico.

Los comienzos de su actividad profesional muestran a Moreno íntimamente
ligado a los núcleos de poder. Primero al cabildo: en 1759 fue Asesor
General, un año después Procurador y en 1761 Alcalde Ordinario de Santa
Fe.[12] En segundo lugar a los virreyes: ya en 1759 Solís envió a España
una elogiosa relación de los méritos del joven abogado; en 1762 el nuevo
mandatario, Messía de la Cerda, reiteraba sus capacidades e informaba que,
en vista de las limitaciones de salud del fiscal José de Peñalver, lo había
nombrado abogado fiscal de la Audiencia. Además a los poderes
eclesiásticos: el arzobispo don Pedro Felipe de Azúa escribió al rey en
1762 contando que usaba los servicios de Moreno como asesor jurídico para
las causas más serias que tocaban a la curia.[13]

Entretanto, en 1759, había contraído matrimonio con María Teresa Isabella,
española y bien relacionada; el hermano era el cura rector de la catedral y
debía andar en términos muy cercanos con el arzobispo, que lo nombró su
albacea. Varios burócratas notables, entre ellos el secretario del virrey,
estuvieron entre los padrinos; ofició, como era lógico, el canónigo
Isabella.[14] Pero conexiones y cartas de recomendación no eran suficientes
para obtener un empleo realmente bueno: para esto el mejor camino era
intrigarlo directamente en España. La Universidad Javeriana le dio una
comisión, para gestionar "diferentes asuntos, que conciernen a su mayor
realce, adelantamiento y beneficio, que deben promoverse ante la Real
Piedad"; Moreno nombró quién le substituyera temporalmente en la cátedra y
en 1764 salió para Europa.[15] Otra vez nos debemos contentar con lo que
dice la tradición familiar: según Marroquín, se hizo tan notable en Madrid
por sus "luces e ingenio", que todos lo señalaban en la calle; el Consejo
de Indias le habría encargado, para ponerlo a prueba, un difícil
expediente, dándole 15 días para redactar el proyecto de sentencia sobre el
caso; Moreno resolvió el asunto en tres días y su concepto fue acogido por
el Consejo.[16] Nada se sabe de un diario que llevó, según sus
descendientes, durante su estancia en la península. El 25 de marzo de 1765
hizo solicitud formal para reemplazar al fiscal protector de indios,
Fernando Bustillo, recientemente fallecido; el nombramiento se expidió poco
después, y por él debió pagar 1.000 pesos de plata.[17]
Moreno regresó entonces a la Nueva Granada y en enero de 1766 asumió en
Santa Fe su nuevo cargo. Pronto comenzó a acumular nuevas funciones: en
enero de 1767 el virrey lo nombró asesor general, mientras duraba la
ausencia del propietario, y en abril del mismo año fue designado Juez
Conservador de las rentas de aguardiente y tabaco. De 1766 a 1780 fue uno
de los hombres claves de la administración virreinal; durante estos años es
difícil encontrar una acción gubernamental de importancia en la que no haya
participado el protector de indios, que unió a sus numerosos cargos una
extraordinaria influencia sobre los diferentes virreyes que vinieron a
Santa Fe, como lo muestra la correspondencia de éstos o incluso las quejas
de sus enemigos: en 1770 Lozano de Peralta escribió a España quejándose de
que al virrey Messía de la Cerda lo manejaban el asesor Manuel Romero y el
protector de indios.[18]

III

En 1767 la corona española decidió, por razones que no es del caso
discutir, la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios. El virrey
Messía de la Cerda nombró a Moreno como uno de los ejecutores principales
de esta orden y según Groot le encargó la redacción de las instrucciones
enviadas a todas las autoridades para el cumplimiento de la orden real;
como era necesario guardar el mayor secreto, Moreno las escribió de su puño
y letra. Finalmente, el 31 de julio en la noche, junto con el oidor.
Antonio Verástegui, fue personalmente a comunicar la orden a los jesuitas,
en el colegio máximo del cual había sido alumno. [19]

Expulsados los jesuitas, el virrey nombró a Moreno regente de estudios de
San Bartolomé y, al crearse una junta para determinar el uso de los bienes
de propiedad de los jesuitas y ahora en manos de la corona, el mismo Moreno
fue designado fiscal de ella. Desde estos dos cargos inició una persistente
acción para modificar la situación de la enseñanza superior, cuyo impacto
resulta difícil sobreestimar y que lo puso en abierto conflicto con las
órdenes religiosas locales.

En efecto, hasta la expulsión de los jesuitas podían dar grados
universitarios únicamente la Universidad de Santo Tomás, dirigida por la
Orden de Predicadores, y la Universidad o Academia Javeriana. Desaparecida
la segunda, quedaban los dominicos con el monopolio de los grados
universitarios, para los cuales se preparaban los estudiantes en los
colegios de San Bartolomé y del Rosario o con tutores particulares. En mayo
de 1768 propuso Moreno que se utilizaran los recursos dejados por los
jesuitas para establecer una universidad pública y estudios generales en
Santa Fe. El proyecto presentado por el fiscal deja ver, como una de las
principales razones que lo impulsan, la preocupación por el acceso de los
laicos a la docencia universitaria y el rechazo al monopolio de los
religiosos: en la situación existente quedaban "los seculares sujetos con
la dura servidumbre de vivir siempre inferiores, sin esperanza de sacudir
tan pesado yugo".[20]
La "Junta de Extrañamiento" compuesta por el virrey, el oidor Benito Casal,
el asesor Manuel Romero y el fiscal Moreno, apoyó la propuesta y la envió
al rey, con lo cual se inició una larga lucha burocrática entre los
partidarios de la universidad pública y sus opositores, en especial las
órdenes religiosas. Los dominicos decidieron comisionar a fray Ignacio
Buenaventura, quien se encontraba en España tratando de obtener para su
orden algunos beneficios derivados de la expulsión de los jesuitas, para
que combatiera la propuesta que les quitaría el monopolio de la enseñanza
superior. Moreno, enterado, amplió sus argumentos en un memorial de
diciembre de 1769, en el cual atacó el estado de la enseñanza impartida por
los religiosos. En su opinión, los grados se conferían sin ningún rigor, y
la enseñanza era completamente insuficiente: se ignoraban los verdaderos
fundamentos de la ciencia, y sólo se manejaban "aquellos autores triviales,
que más fácilmente contribuyen al estilo silogístico y método
peripatético". Una universidad pública estimularía la competencia entre los
estudiantes, al concederse las cátedras por concurso, y evitaría el
"desdoro" que sería, para el "Estado secular", "depositar en una sola
comunidad religiosa el tesoro de las ciencias". La enseñanza sería entonces
en "cátedras públicas francas a todos", que garantizarían un control
verdadero de lo enseñado. Por último, subraya Moreno, en un argumento de
corte tradicional pero utilizado para defender un desplazamiento del poder
hacia los seglares, la necesidad de que cada orden social ejerza las
funciones que le corresponde: "el labrador en el campo, el religioso en la
contemplación, los seculares en el manejo de los negocios del siglo; a
éstos necesita el Monarcha doctos y versados en las ciencias".[21]

Ya para entonces las actuaciones de Moreno en relación con los estudios
habían provocado la hostilidad de los dominicos: en 1767 éstos lo acusaron
de mantener al Colegio Seminario de San Bartolomé en manos de los "hijos de
los jesuitas", al no favorecer el intento de la Orden de Predicadores de
que se les adjudicasen los bienes y las cátedras que habían sido de los
ignacianos. Moreno conceptuó a favor del nombramiento de graduados de San
Bartolomé, siempre que prestasen el "juramento de no profesar, pública ni
privadamente la doctrina de los jesuitas", lo que sirvió para impedir el
acceso de los dominicos –y en buena parte de los graduados del Rosario- a
San Bartolomé.[22] Cuando en 1767 el dominico Antonio Paniagua se
candidatizó para rector de San Bartolomé, Moreno evitó su nombramiento, y
provocó con ello una violenta andanada de los representantes de la Orden de
Predicadores, que lo acusaron de ser el "más empeñado sustentante de las
ideas jesuitas", así como antes del extrañamiento había sido su defensor en
"cuantas causas tenían". Moreno, prevalido de que Messía, "hechizado del
Protector de Indios, ciegamente sigue sus dictámenes", habría logrado el
cargo de regente de estudios del colegio seminario, "pese a ser casado y
lleno de hijos", sin sujetarse a la abjuración que del jesuitismo imponía a
los demás, y en este cargo favorecía a los jesuitas y suaristas; entre
éstos estaba su cuñado, el presbítero Isabella, a quien había nombrado
examinador.[23]

Además de este incidente, se enfrascó Moreno en un nuevo ataque a los
privilegios de los dominicos al solicitar a la Real Audiencia que señalara
las exigencias para el ejercicio del derecho, ante la irregularidad con la
que la universidad confería los grados, que había llevado a una cantidad de
abogados en Santa Fe "desproporcionada y desmedida respecto de su comercio,
negocio y habitadores". En el pleito que siguió, Moreno puso a la defensiva
a la universidad, al mostrar que ésta carecía de constituciones, daba los
grados sin precisar los requisitos, contaba a veces un curso por varios,
etc., y logró que finalmente la Audiencia señalara que nadie podía ejercer
la abogacía sin aprobar un cierto número de cursos y ordenara a la
universidad que, a falta de reglamento propio, se ciñera al de la
Universidad de Lima.[24].

Las maniobras alrededor de la creación de la Universidad continuaron.
Moreno presentó en 1771 una propuesta general de utilización de los bienes
de los jesuitas, señalando cuales de sus rentas podían servir para la
dotación de la universidad. Propuso además la apertura de una biblioteca
pública, idea que fue acogida y llevó a la creación de la que hoy es la
Biblioteca Nacional, abierta en 1777, en el local que había sido del
seminario, con unos 3.000 volúmenes. Los sectores civiles dieron su
respaldo a Moreno, y el cabildo de Santa Fe encargó a don José Groot de
Vargas para que se encargase de apoyar la apertura de la universidad
pública. En la junta de Aplicaciones, en diciembre de 1771, se reiteró la
aprobación al proyecto, en presencia del nuevo arzobispo, el dominico
Agustín Camacho, alrededor de cuyo voto se produjo una amplia discusión,
pues a pesar de haber aprobado la idea en la Junta, dejó un voto escrito
disidente, con evidente enojo de Moreno. El coro de opositores, ahora
reforzados por el arzobispo, creció, y tanto el Colegio del Rosario como
los franciscanos expresaron abiertamente su oposición; para estos últimos
el proyecto llevaría a las comunidades a una total ruina, y elevaría los
costos de los grados de $80 que valía un doctorado a unos 2.000 pesos con
lo que –según su curiosa lógica- todos querrían pretenderlo, se "arruinaría
el vecindario" y "cesarían los comercios". Además veían en el proyecto un
intento por mantener las doctrinas jesuitas de Suárez, impidiendo a las
demás órdenes religiosas la enseñanza[25].

En España, sin embargo, el proyecto no avanzaba. Mientras tanto el doctor
Moreno continuó tratando de imponer sus ideas de reforma de la educación,
cada vez más claras. En 1773 logró que el colegio de San Bartolomé
adoptara, para la enseñanza de filosofía, el texto de matemáticas y lógica
de Christian Wolf. Y en diciembre de este año una actuación de José
Celestino Mutis, le dio la oportunidad de intervenir la enseñanza superior
de Santa Fe. En efecto, el sabio español dio entonces su famosa lección en
la cual aprobó por primera vez en forma pública en la Nueva Granada el
sistema copernicano. Los dominicos respondieron invitando a un acto
académico en el cual mostrarían que este sistema era herético y contrario a
las Sagradas Escrituras. Mutis, furioso, se quejó al virrey; los dominicos
se retractaron e incluso ofrecieron, que si así placía al virrey,
defenderían la virtud del copernicanismo. Mutis no quedó satisfecho, y
señaló que lo que querían los miembros de la Orden de los Predicadores era
obstaculizar toda enseñanza nueva y mantener los privilegios de docentes
"incapaces, con detrimento de las ciencias"; lo urgente era elaborar un
nuevo "método de estudios" que permitiera la enseñanza de "lo útil y
provechoso".[26]

El expediente sobre esto llegó en agosto de 1774, a manos de Moreno y éste
inmediatamente reiteró la recomendación de Mutis: lo ocurrido mostraba la
urgencia de reformar "los desórdenes que padece la enseñanza pública y –no
siendo aún posible poner en práctica la idea de universidad pública- la
necesidad de un nuevo plan de estudios. Encargado para hacerlo, el 12 de
septiembre presentó el "Método provisional e interino de los estudios que
han de observar los colegios de Santa Fe por ahora... "El plan imponía a
San Bartolomé y al Rosario la enseñanza de la filosofía dentro de una
orientación "útil y abierta a la búsqueda de la verdad y no a la afiliación
tozuda a alguna escuela o autor (renunciando la perjudicial máxima de
seguir una escuela jurada)"; recomendaba huir de la "escolástica y el
peripato", y ordenaba el uso de autores "modernos", la enseñanza de
matemáticas y física, el "estudio de la política y todo lo concerniente al
gobierno interior del Estado", en fin, una formación "útil al Estado" y
conveniente al público"[27].

El plan entró en vigencia y fue aplicado, en buena parte bajo la
orientación de Moreno, nombrado ahora Director Real de Estudios, durante
cinco años, en los cuales se incorporaron como catedráticos algunos de los
discípulos de Mutis (que habían enseñado matemáticas en el colegio del
Rosario desde 1762) y se formaron algunos de los intelectuales
neogranadinos que intentarían desarrollar la ciencia en las décadas
siguientes El virrey Guirior, en 1776, exaltó "el feliz suceso de que en un
solo año que se ha observado este acertado método se han reconocido por
experiencias los progresos que hacen los jóvenes en la aritmética,
geometría y trigonometría", sin dejar de señalar "la repugnancia manifiesta
de algunos educados en el antiguo estilo, y principalmente por los
conventos regulares"[28].

La oposición al nuevo método se sumaba, como es lógico, al rechazo a la
propuesta de universidad pública, y ambos lograron su oportunidad en 1779.
En efecto, en julio de 1778 se expidió una Cédula Real en la que la corona
respondía a las propuestas de Universidad Pública y Estudios Generales,
dándoles su aprobación en teoría pero impidiendo su puesta en práctica: se
consideraba conveniente abrir la universidad pública, pero se aplazaba toda
decisión acerca de los recursos que podrían aplicarse a ella, hasta que se
enviaran nuevos informes detallados sobre los bienes de los jesuitas.
Además, se pedía que se analizaran los resultados del plan vigente, y se
creaba una Junta de Estudios, compuesta por los rectores de los colegios y
de la universidad, por el virrey, el obispo, un oidor, el decano del
tribunal de cuentas y los dos fiscales. Una junta que por su composición
diluía todo el poder de Moreno y Escandón, incluso si contaba con una
mayoría de civiles, lo que ya para 1778 o 1779 no era el caso: aunque el
virrey Manuel Antonio Flórez seguía prestando incondicional respaldo al
activo criollo, la Audiencia había cambiado de composición y sobre todo el
visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres quería reducir el poder del
fiscal.

En todo caso, el virrey, en febrero de 1779, nombró como nuevo "Director y
Protector de Estudios" al oidor Joaquín Vasco y Vargas, probablemente por
sugerencia de Gutiérrez de Piñeres. Sin embargo, se demoró la convocatoria
de la Junta de Estudios, lo que hizo que unos meses después el oidor Vasco
alegara que como las letras habían llegado a "un total abandono con motivo
del citado plan" (de 1774), el cual no había sido aprobado, y teniendo en
cuenta que no se había convocado a la Junta de Estudios, creía necesario
renunciar a su cargo de director de estudios, para no cargar su conciencia
ante Dios y el rey. La presión del oidor llevó a la convocatoria de la
Junta, la cual se reunió el 13 y 16 de octubre de 1779, bajo la presidencia
de Gutiérrez de Piñeres (el virrey estaba en Cartagena) y con la asistencia
del nuevo arzobispo Antonio Caballero y Góngora. El texto del acta de estas
reuniones comienza con una demostración de cortesía a Moreno, al señalar
que el plan de 1774 muestra "la instrucción de su autor y el celo que le
animó en obsequio de la juventud de este reino", pero pasa a señalar que no
dio los frutos esperados, por una multitud de razones que incluyen falta de
dineros, ausencia de catedráticos preparados, etc. Finalmente ordena, "de
acuerdo y uniforme conformidad", que se vuelva en términos generales al
plan vigente antes de 1774, enseñanza la filosofía "del modo escolástico
que antes", aunque suprimiendo "todas aquellas cuestiones que reflejas e
impertinentes se reputan inútiles". Como texto de filosofía se señala a un
autor tradicional, y se suprime la obligatoriedad del curso de física para
el ingreso a los cursos de derecho o teología. Entre los elementos que
conserva esta instrucción del plan de 1774 está la insistencia en la
enseñanza del "derecho público o de gentes, cuyo estudio tan útil y
provechoso siempre ha estado olvidado en este Reyno".

Moreno, en su carácter de fiscal, estuvo en la Junta, y como se vio, ésta
aprobó unánimemente la vuelta al plan anterior; es sorprendente la aparente
pasividad del fiscal, que no dejó siquiera una opinión disidente. Sin
embargo, sus ideas no habían cambiado, y las reiteró en varias ocasiones en
los años siguientes. Por esto, probablemente influyeron en su actitud
razones puramente tácticas, que lo llevaron a ver como infructuosa una
lucha con las órdenes religiosas sin contar con el apoyo decidido de la
máxima autoridad local (en ese momento Gutiérrez); por otra parte el nuevo
texto tenía algunos escapes que permitían alguna laxitud a los
catedráticos, que eran en buena parte partidarios de las ideas nuevas.

Los dominicos, por su parte, trataron de utilizar la decisión de la Junta
para recuperar las posiciones pérdidas. Inmediatamente ofrecieron, mientras
celebraban que se hubiera ordenado volver a Santo Tomás y que las cátedras
que eran de Suárez pasaran a ser de aquel (con lo que insinuaban que,
contra las órdenes reales, la enseñanza había continuado siendo jesuítica),
dar los cursos del San Bartolomé en forma gratuita; pidieron también que se
aceptaran los cursos tomados en el convento de Santo Domingo, para efectos
de grado, a los laicos que los tomaran allí. Por otro lado, el rector de la
Universidad volvió a realizar los exámenes de grado sin participación de
los profesores de los colegios, como se había hecho antes de 1774, lo que
llevó a la protesta de los catedráticos Félix José de Restrepo, de San
Bartolomé, y Andrés Rosillo, del Rosario. Moreno, como fiscal, debió
estudiar estas situaciones (que no dejaban de rastrillarle su derrota
reciente; la petición de los dominicos hablaba de cómo la orden había
finalmente triunfado de "las persecuciones que en los años pasados ha
padecido de algunos individuos") y opinó que lo que querían los dominicos
era "resucitar de nuevo todo el desorden, confusión y desarreglo que por
desgracia ha reinado en la enseñanza pública de esta ciudad". Insistió en
que la enseñanza debía ser "pública y patente a todos, con exclusión del
espíritu de partido, como mortal veneno que destruye el adelantamiento de
la instrucción "pública", recalcó el lamentable atraso de la educación en
Santa Fe, y sostuvo que el plan del 74 se había abandonado, no porque se
dejara de tener claro "que es más ventajoso y acertado informar a la
juventud de otros principios que por ahora no conceptúa acequibles Santa
Fe, pero que todo el mundo sabio y las naciones más cultas de Europa han
adoptado", sino por razones prácticas. No es del caso seguir la compleja
secuencia de maniobras burocráticas y legales alrededor de estas
solicitudes; baste señalar que la Junta, con la presencia de Gutiérrez de
Piñeres y de Caballero y Góngora, respaldó esta vez a Moreno y mantuvo la
prohibición de reconocer los cursos de los conventos, obligó a que los
exámenes se hicieran en presencia de los catedráticos y, en una
sorprendente interpretación de su propia decisión, insistió en que para
obtener el bachillerato en filosofía era preciso aprobar el curso de
física, aunque éste no se requiriera para ingresar a teología y
jurisprudencia[29].

Pese a los cambios en el plan, algunos de los efectos de los esfuerzos de
Moreno se mantuvieron. En efecto, uno de los resultados de todo este
proceso fue mantener la enseñanza bajo un fuerte control del Estado: la
universidad, en la práctica, se convirtió en una especie de cascarón vacío.
Como se decía el virrey Caballero y Góngora en 1788, "con excepción del
derecho de colar los grados y manejar las rentas, no se les han dejado
otras facultades a los padres y esto con dependencia del gobierno y
obligándoseles a dar cuenta al director de estudios, que lo es el fiscal de
lo civil"[30]. Por otra parte, aunque en los colegios se volvió
aparentemente a la enseñanza escolástica y al uso del texto del padre
Goudin, los profesores utilizaron toda clase de subterfugios para enseñar
los nuevos contenidos. En Popayán, José Félix de Restrepo, según Caldas,
hizo del curso de lógica un curso de física; el profesor Santiago
Vallecilla y otros profesores del Rosario, en 1791, se negaban a enseñar
"ni una sola cláusula de Goudin, y en lugar de la filosofía estaban
explicando en su clase la geometría de Wolf"; [31] el mismo año veinticinco
estudiantes de San Bartolomé escribieron que la decisión de la Junta fue
"poco conforme al espíritu el siglo, al gusto del público y a las bellas
ideas que nos inspiraron en las primeras clases... Estamos dispuestos a no
dar entrada a esa filosofía delirante, que corrompe el entendimiento y el
corazón, destruye la elocuencia y convierte los hombres en fanáticos
idólatras de la opinión". Los estudiantes no sólo esgrimieron argumentos,
sino que adujeron conductas patéticas: según ellos, al conocerse la
decisión de la Junta pensaron "muchos huirse a Popayán, donde va a florecer
la buena filosofía", y optaron al fin por devolverse a las aulas de
latinidad, en espera de mejores tiempos. Ahora, ofrecían renunciar al pan
para con ello pagar un profesor –propusieron a Frutos Joaquín Gutiérrez-
anteponiendo "al alimento corporal el dulce pasto del espíritu". Relatan
además que en el Rosario los estudiantes planearon una quema pública de
Goudin, y ahora sólo se escuchan burlas, motes y dichos picantes contra los
efectos del peripato, y afirman estar "resueltos a la ignominia antes que
abrazar el peripato". Renán Silva ha estudiado varios incidentes más que
muestran el desarrollo de este conflicto en las últimas décadas del siglo:
notables son la asonada contra el rector del Rosario en 1796 por haber
pretendido sujetar los alumnos "a las órdenes superiores y doctrina del
Angélico doctor Santo Tomás" y el caso de Juan Francisco Vásquez Gallo,
destituido de su cátedra en 1795 por defender nuevamente el sistema
copernicano. La sátira del padre Duquesne contra la escolástica es otro
signo de este ambiente[32].

El mismo plan de Moreno y su propuesta de universidad volvieron a la
superficie bajo el mandato ilustrado de Caballero y Góngora, quien insistió
en 1787 en la urgencia de establecer la última y propuso un plan de
estudios acorde con las orientaciones ilustradas: "Todo el objeto del plan
se dirigió a sustituir las útiles ciencias en lugar de las meramente
especulativas en que hasta ahora lastimosamente se ha perdido el tiempo,
porque un Reino lleno de producciones que debe utilizar, de montes que
allanar, de caminos que abrir, de pantanos y minas que secar, de agua que
dirigir, de metales que depurar, ciertamente que necesita más de sujetos
que sepan conocer y observar la naturaleza, manejar el cálculo, el compás y
la regla, que de quienes entiendan y crean el ente de razón, la primera
materia y la forma substancial[33].

En todo caso, la actuación de Moreno no fue tan inocua como podría pensarse
de su derrota burocrática a finales de la década. Inspirado por un fuerte
regalismo, que lo llevó a actuar con firmeza contra sus maestros jesuitas y
luego a enfrentar la totalidad de las órdenes religiosas, realizó una
actividad que debilitó los poderes de los sectores opuestos al nuevo
espíritu científico. El cambio de mentalidad que tuvo lugar en la década
del 70 encontró nuevos estímulos en la Expedición Botánica, las tertulias
finiseculares y la prensa naciente e incluso en las universidades, pese al
freno de 1779.

Algo similar había ocurrido en España, donde la reforma universitaria
impulsada desde 1768, que se concretó en el plan de 1771, escrito en buena
parte por Campomanes, fue detenida por la acción de las órdenes religiosas.
Con ello, la universidad española no logró superar su notable atraso, pero
las fuerzas intelectuales disidentes mantuvieron su influencia, que se
haría manifiesta en las Cortes de Cádiz, en el terreno político. El apoyo
estatal a las fuerzas reformistas se mantuvo, a pesar de todo, hasta
finales de siglo: fue la ejecución de Luis XVI en 1791 la que dio vigor
suficiente a los grupos tradicionalistas para aislar a los reformadores,
que quedaron reducidos a los grupos más radicalizados y pudieron ejercer
sólo efímeras influencias sobre el Estado Borbón. Como en España, en la
Nueva Granada los sectores gubernamentales aceptaron el desarrollo de la
Ilustración y la apertura intelectual a nuevas ciencias y nuevas formas de
pensamiento como meta explícita del Estado entre 1760 y 1790. A mediados de
la década del 90 las nuevas ideas empezaron a aparecer como sospechosas de
subversión y sus defensores se refugiaron en aquellos aspectos de las
ciencias naturales menos controvertibles, mientras subrayaban la
neutralidad de la ciencia frente a los problemas filosóficos y teológicos y
dejaban de lado todo aquello que pudiera parecer peligroso para las
instituciones civiles y religiosas.

IV
Las páginas anteriores hacen énfasis en la incansable actividad de Moreno
en el terreno cultural. No menos sistemáticos fueron sus trabajos en otras
áreas de la administración colonial. Ya se vio cómo Messía de la Cerda lo
nombró juez conservador de las rentas de tabaco y aguardiente. Sus tareas
como fiscal protector hicieron que en 1768, tras una visita a Zipaquirá que
se la había encomendado desde 1767, se quejara de la forma como se
manejaban las salinas de Zipaquirá, cuyos beneficios originalmente habían
estado reservados a los indígenas, pero para entonces correspondían en
forma principal a los vecinos libres del pueblo. A raíz de su queja se le
encargó que propusiera remedios, y en un extenso informe, a más de
describir con especial detalle la operación de las salinas, sugirió un
procedimiento por el cual, manteniendo la salina de Zipaquirá abierta a
todos los vecinos, se fijaba un sistema de turnos que generaba una nueva
renta fiscal, aparentemente sin disminuir los ingresos de los indios, que
continuaban percibiendo algunos derechos menores y además conservaban como
propias las salinas de Nemocón y Tausa. Todo lo indicado por el protector
fue aprobado, y él mismo hizo las prolijas instrucciones para la
administración y manejo de las salinas. Según Alberto Corradine, Moreno
habría ordenado la división de Zipaquirá en dos barrios distintos, uno para
indios y otro para los vecinos, pero esto contradice la evidencia
disponible[34].

En estos mismos años presentó un informe sobre la situación de los pobres y
vagabundos de Santa Fe, como fundamento para proponer la creación de un
hospicio y casa "para recogimiento de mujeres y recibo de niños expósitos y
su crianza"; aprobado el plan elaboró la "instrucción, estatuto y
ordenanzas" que habían de regir estas instituciones. Para financiarlas,
entre otros arbitrios, propuso que se utilizaran las salinas de piedra
–hasta entonces la explotación casi única de las salinas de Zipaquirá se
basaba en el uso de las fuentes de agua salada- para constituir rentas en
beneficio de los hospicios, y así se hizo en 1772[35].

Otra de las preocupaciones que resultan evidentes de los escritos de Moreno
es la de la necesidad de contar con bastante información sobre la población
y los recursos del reino para poder ejercer una adecuada administración y
gobierno. En 1770 el virrey solicitó a los diversos funcionarios locales
"que se forme una razón individual del territorio comprendido en su mando,
con expresión de los pueblos, ciudades, villas y lugares que encierra y
límites de su jurisdicción... significándome, aunque sea por cálculo
prudencial, el número de habitadores, su índole y demás circunstancias...
acompañándome, si fuera asequible, un plan o diseño que facilite el
conocimiento". No muchos de los funcionarios respondieron con suficiente
detalle, pero se conocen algunos de los informes locales elaborados con
este fin, como el "estado general de las ciudades y pueblos del Cauca en
1771", la descripción de Santa Marta en 1772 y, probablemente, la "Noticia
historial de la provincia de Cartagena de Indias", aunque ésta pudo tener
un origen diferente. Con base en esta información, aunque quejándose de su
insuficiencia (pocos gobernadores enviaron "noticia del número de
habitantes... ni los curas remiten el padrón anual de sus feligreses, como
manda la ley"), elaboró el fiscal el "Estado del Virreinato de Santa Fe...
y relación de su gobierno y mando del excelentísimo Señor... Don Pedro
Messía de la Cerda" Este extenso documento ofrece una descripción de todas
las regiones del país, y para muchas de ellas trata de establecer la
población. Muestra, por otra parte, el interés del autor en el fomento de
las actividades económicas y le da ocasión de ofrecer ideas para resolver
asuntos de gobierno de la más diversa índole. El texto fue acompañado de un
mapa elaborado por Joseph Aparicio Morata, "formado en servicio del Rey
nuestro señor por D.D. Francisco Antonio Moreno y Escandón", y en el cual
se incluían varios cuadros estadísticos, e los que aparece el primer
intento de presentación de la población total del Virreinato. No parece
tampoco que con anterioridad a ese mapa se hubiese elaborado en la Nueva
Granada otro que incluyese la totalidad del Nuevo Reino.[36]

Por otro lado, durante estos años ocupó en varias ocasiones las fiscalías
de la Audiencia. Inicialmente fue encargado de la fiscalía civil a partir
de marzo de 1770; en 1773 estaba también encargado de ella, así como en
1775. En 1776 recibió, ya nombrado, la fiscalía del crimen, pero continuó
ocupando también la de lo civil; parece que esta situación se mantuvo hasta
1778, por lo menos; en 1781 desempeñaba únicamente la fiscalía de lo civil,
a la que, según la "Relación de Méritos...", había optado.[37]

Así pues, hubo momentos en los que Moreno fue simultáneamente Protector de
Indios, Fiscal del Crimen, Fiscal de lo Civil, Juez Conservador de
Aguardientes, Tabacos y Salinas, Juez Conservador de Hospicios, Regente de
Estudios y Fiscal de la Junta de Aplicaciones, cargos que parece haber
desempeñado con bastante eficiencia. Los expedientes que han quedado en los
archivos dan testimonio de una capacidad de trabajo sorprendente, y son
muchos los documentos con sus conceptos que seguramente no han salido aún a
la luz; muchos también los que han desaparecido de los archivos Según la
tradición familiar "dictaba simultáneamente a tres amanuenses. Y hacía esto
sin dejar de atender la partida de ropilla que algunos amigos solían
entablar en la pieza de su estudio, ni de dar su parecer acerca de las
jugadas".[38]

V

La última de las actuaciones de Moreno que es necesario considerar es su
papel en la liquidación de los resguardos indígenas del oriente colombiano
y su actuación en la visita a esta región. Aunque existen bastantes
estudios que tratan parcialmente el tema, no existe un tratamiento global y
detallado de la visita y de sus consecuencias. La publicación de los
documentos incluidos en este volumen puede dar una base más orgánica para
hacerlo. Por mi parte, me limito a hacer algunas consideraciones generales
para situarla y complementar en alguna medida los estudios ya
publicados.[39]
Como es bien sabido, durante el período colonial se hicieron visitas
recurrentes a las áreas de densa población indígena, con el objeto de
enumerar los indios tributarios, determinar las tasas con que debían
contribuir a las corona y regular las relaciones entre encomenderos,
indígenas, doctrineros y corregidores. La legislación relativa a esto es
bastante detallada y reiterativa. Sin embargo, las visitas no se hicieron
con la frecuencia deseada por la corona, pues usualmente debía hacerla uno
de los oidores, y con frecuencia, alno encontrarse completo el número de
éstos, habría sido preciso frenar la rutina del tribunal; no debió dejar de
influir en ello la poca atracción de un viaje largo y difícil fuera de la
capital. En el área de Santa Fe y Tunja se hicieron visitas de la tierra en
1555, 1559-60, 1562-63, 1564, 1584, 1591, 1593-5, 1595-1600, 1617 y 1635, y
luego se dejó la zona en manos de los poderes locales por más de un siglo.

En 1755 el oidor Andrés Verdugo y Oquendo visitó a Tunja y el oidor Joaquín
de Aróstegui a Santa Fe. Esta visita dejó ver con claridad la magnitud de
los cambios demográficos y sociales que se habían producido en la región
desde la visita del oidor Juan de Valcárcel. El mestizaje resultaba ahora
dominante, las lenguas indígenas habían desaparecido, y los indígenas con
derecho a participar de la tierra de los resguardos, que habían sido
establecidos alrededor de 1600, constituían ya una minoría de la población.
En efecto, si en 1635 había cerca de 50.000 tributarios en la región, para
1755 se habían reducido aproximadamente a la mitad, mientras que los
vecinos "libres" –ante todo mestizos- superaban ya las 55.000 cabezas de
familia.

La disminución de la población indígena no era nueva; en realidad, había
sido aún más brusca en las primeras décadas que siguieron a la conquista.
Desde entonces, la administración colonial había tomado la decisión de
reunir varios pueblos indígenas en uno solo, cuando aquellos comenzaban a
resultar demasiado reducidos para atender su administración o su cuidado
religioso. En 1602-3 se trató de reducir los 83 pueblos de Santa Fe a 23 y
los 125 de Tunja a 40. Los traslados se hicieron en forma parcial, debido a
la resistencia coincidente de indios y encomenderos, y a los errores
administrativos que acompañaron ese esfuerzo. En 1635 no se habían
efectuado muchos de los traslados ordenados, y cuando la visita de 1755,
todavía subsistían 75 pueblos de indios en Tunja y Vélez y 57 en Santa
Fe.[40] Pero como se indicó, el problema no era la ya brusca disminución
del número de indios, sino su reemplazo simultáneo por una población
mestiza creciente, que carecía de tierras para su propio mantenimiento y
que no encontraba un lugar en el orden social y legal español. Muchos de
los mestizos, buena parte de ellos emparentados con los indios, vivían
entre éstos, y arrendaban porciones de los resguardos que éstos no
utilizaban. De este modo, el problema demográfico se enmarcaba dentro de un
problema de asignación y acceso a la tierra, que fue percibido por la
administración española en forma curiosa. Aunque la mayoría de las tierras
estaba en manos de un reducido número de españoles y criollos, y la parte
correspondiente a los resguardos era una mínima porción del área
disponible, siempre se vio que eran las familias indígenas, que en vez de 2
ó 3 hectáreas contaban ahora con 5 o 6, las que tenían tierras sobrantes,
mientras que los propietarios criollos de centenares o miles de hectáreas
aparentemente tenían lo que justamente les correspondía. Por supuesto, tras
esto estaba un elemento legal, pues la tierra de los resguardos no estaba
titulada en firme a los indígenas, que disfrutaban de ella a voluntad de la
corona. También se apoyaba esto en una realidad económica: las propiedades
de los criollos estaban dedicadas más bien –aunque no exclusivamente- a la
ganadería, mientras que las tierras indígenas se dedicaban ante todo a
cultivos de granos, verduras y hortalizas, mucho más intensivos en mano de
obra pero que requerían el uso de menos tierra.

En todo caso, ante esta situación los visitadores Verdugo y Oquendo y
Aróstegui propusieron reducir el tamaño de los resguardos y autorizar a los
mestizos para residir entre los indios, abandonando así la firme y
reiterada prohibición legal de convivencia entre ellos. Además, extinguir
algunos pueblos de indígenas trasladando sus habitaciones a otros y en este
caso, así como en el caso de que se suprimieran los trozos considerados
excedentes, las tierras se rematarían a los vecinos. Así se hizo en un
número amplio de ocasiones como Soatá, Motavita, Pare, Tenza, Garagoa,
Somondoco, etc. En algunos casos las autoridades no autorizaron la
extinción de los resguardos, propuesta a veces por los vecinos; así, en
1756 el virrey José Solís opinó, ante las peticiones de suprimir el
resguardo de Ramiriquí, que tenía más de 100 indios, que las leyes
prohibían sacar a los indios de su natural. El mismo Verdugo y Oquendo
consideraba que la supresión de resguardos, que proponía a veces, sólo
debía autorizarse en casos excepcionales, cuando "se verifique extrema
necesidad..." Afirmaba estar en general contra una política de erradicación
de los indios: "los traslados de indios de unos pueblos a otros, nunca se
han adaptado a mi dictamen, pues aunque les demos el nombre de agregaciones
y uniones, incluyen estos el verdadero nombre de destierro..."[41]

Además de los usuales argumentos sobre las necesidades de los vecinos, se
argüía habitualmente que la supresión de pueblos pequeños conduciría a
ahorros fiscales al requerirse menos doctrineros y simplificarse las tareas
de los corregidores. El fundamento legal más reciente se encontraba en una
cédula real del 20 de diciembre de 1707, que ordenaba unir a otros pueblos
aquellos que tuvieran menos de 25 tributarios. [42]

Así pues, hacia 1755 tuvo lugar una importante transferencia de tierras en
la región de Tunja, y algo menor en Santa Fe. Pero con los traslados
aprobados, apenas disminuyó en algo la presión sobre las tierras; el
mestizaje continuaba, en el contexto de una recuperación demográfica
general, que fue elevando las tasas de crecimiento global de la población a
niveles cercanos al 1.5 anual. [43] En los años posteriores se propusieron
algunas extinciones nuevas. Un ejemplo está en el caso de Ramiriquí, cuya
disolución se propuso de nuevo en 1763. Las autoridades coloniales
rechazaron esta pretensión por decreto de marzo de 1766. No sería extraño
que se hubiera seguido entonces la opinión del nuevo protector de indios.
Moreno y Escandón, quien durante les años iniciales de su gestión parece
haberse opuesto en forma general a la supresión de resguardos.[44]

Como se anotó, al lado de consideraciones sociales y económicas existían
razones administrativas: los corregidores, que en el territorio del Nuevo
Reino no tenían el derecho a obligar a los indios a la compra forzada de
ciertos artículos, derecho que en otras regiones de las Indias constituía
una de las fuentes principales de sus ingresos, no tenían muchos incentivos
para atender poblados a su cargo demasiado pequeños o dispersos. Con
ocasión de la vacante de los corregimientos de Lajas, Chitas y los Panches,
en 1761 se juzgó conveniente proponer al monarca que los corregimientos
cortos fueran provistos por el virrey y no por el rey y, que, si fuera
posible "se incorporasen unos en otros".[45]

Como de costumbre, la corona contestó, buen tiempo después, solicitando
informes adicionales y una lista de los corregimientos y alcaldías menores.
Esta petición, hecha en 1764 y repetida en 1768., obtuvo respuesta para
1770, cuando inició el trámite de costumbre por las oficinas locales: en
mayo de 1771 se había pasado para estudio del fiscal José de Peñalver,
quien solicitó in mayores datos; en noviembre, como se decía que el
protector Moreno y Escandón tenía bastante información sobre este problema
(debía entonces tener en sus manos muchos de los informes que fueron
incorporados en su "Estado"), se pidió su concepto. Moreno pidió más
información, ante todo sobre tributos, pues con parte de éstos se pagaban
los salarios de los corregidores. Alguna información se le pasó en febrero
de 1772. y con base en ella elaboró un extenso informe en marzo del mismo
año. Moreno atribuía entonces el bajo ingreso tributario, que hacía
injustificado el pago de los salarios de varios corregidores, a la
negligencia y escasa dedicación al trabajo de los indígenas. Teniendo
tierras sobrantes, los indios preferían muchas veces arrendar la tierra e
irse a trabajar por un salario en las haciendas de los alrededores. Los
corregidores no tenían presión para impulsar a los indios al trabajo, y se
contentaban en muchos casos con recibir sus tributos en especie; la corona,
en general, resultaba defraudada en sus partes del tributo. Para corregir
la situación, proponía el protector de indios que se redujera el número de
corregimientos existentes, se hiciera una nueva demarcación de sus límites
y se conformaran corregimientos grandes; los encargados de éstos deberían
responder por los tributos que les correspondieran, con base en el número
de indios. Para lograr todo esto, dictaminaba que debía ordenarse que "un
ministro o sujeto de inteligencia y de total satisfacción saliese a visitar
la tierra e hiciese una prolixa numeración de los indios..."

La propuesta fue acogida por el rey: "he resuelto se haga la visita de las
Provincias... con la numeración de tributarios de cada una y unión de
corregimientos, por los respectivos protectores de indios". Así, Moreno
quedaba a cargo de esta tarea, y debía ir acompañado por un visitador;
mientras hacía la visita sus funciones de protector de indios debían ser
encargadas a un interino que recibiría medio sueldo. La cédula real no era
muy detallada, y pronto Moreno comenzó a darle una interpretación que,
según se adujo luego, desbordaba su sentido. La "unión de corregimientos"
empezó a unirse en la opinión del visitador en forma estrecha con la
extinción de resguardos y el reagrupamiento de los indígenas, de modo que
aunque la cédula en ninguna parte hablaba de ello. Moreno se sintió
autorizado para ordenar la supresión de pueblos, su traslado y el
consiguiente remate de los resguardos. Se apoyaba para ello, además, en los
antecedentes legales que ordenaban agrupar los pueblos de menos de 25
tributarios, en el supuesto de que tenía todos los poderes usuales de un
visitador de la tierra.

No hay que olvidar que, como protector de indios, Moreno había objetado las
agregaciones en 1767; cuando se pidió disolver el resguardo de Sogamoso,
afirmó que esto violaba la más elemental justicia "si tanto se pondera el
deseo de lograr propio reclinatorio como primario objeto del descanso en
las calamidades de la vida, cuánto más doloroso será verse despojado de su
misma patria por unos advenedizos que contra el tenor y disposición de las
leyes se albergaron acogidos por la rústica ignorancia de los indios que
ahora se ven arrojar de los mismos que antes ampararon". [46] Sin embargo,
tan pronto empezó la visita, en 1775, dio pruebas de haber cambiado de
concepto: en Pandi y después de unas diligencias hechas por el corregidor,
hizo un rápido re-corrido de la zona y en enero de 1776 ordenó la
disolución de tres resguardos (Fusagasugá, Pandi y Tibacuy) y el traslado
de los indios de ellos a Pasca. Este caso sirve de ejemplo de los temas que
con variaciones, repetirá en los tres años siguientes una y otra vez.
Moreno subraya el amplío vecindario no indígena y su carencia de tierras;
como no podían gozar de las de los resguardos, tenían que tomar "la precisa
para su habitación y entable de los dueños de las haciendas comarcanas" o
arrendar una parcela en los resguardos. 'En ambos casos se encontraban
sujetos al "riesgo de ser expelidos al arbitrio de los dueños".
Probablemente ya entonces Moreno consideraba, como lo dijo dos años
después, que los indios tenían una afortunada dotación de tierras: "Las
tierras que para resguardos tienen los indios son sin duda de las mejores,
como escogidas a placer y sin estorbo desde el descubrimiento del reino y
por lo común les sobran, mediante a que en tiempo de su señalamiento eran
muchos los indios, y ya hoy han venido a total disminución, de modo que en
cualquier pueblo donde se agreguen indios encuentran tierra con todas las
calidades que las leyes prescriben." Al adoptar la disolución como
respuesta al problema de tierras del vecindario. Moreno ordenaba el
traslado de los indígenas a otro pueblo, dándoles un plazo de dos meses
para que cosecharan lo que tuvieran sembrado. Los indios debían recibir el
pago de las mejoras y recibían una exención del tributo por un año. Si los
indios se resistían, podían las autoridades proceder a forzarlos,
derribando sus habitaciones.
Moreno, sin embargo, no continuó personalmente la visita iniciada en 1775:
en agosto de este año recibió del fiscal Luis de los Ríos el cargo que éste
tenía, el que no podía ejercer simultáneamente con la ejecución de la
visita. Por ello la Junta de Tribunales recomendó que se le encomendase la
visita a José María Campuzano y Sanz, quien recientemente había sido
designado corregidor de Tunja. El protector redactó entonces unas
instrucciones para la visita, en las que se decía que "todo pueblo que no
tuviera veinticinco indios tributarios debe extinguirse y trasladarse a
otro de igual temperamento", previa aprobación por el gobierno virreinal.
Igual conducta podía seguirse con los pueblos que tuvieran hasta cuarenta
tributarios, en los casos en que hubiera razones adicionales para ello.

Campuzano, nombrado en la segunda mitad de 1776, remitió algunos informes y
a comienzos de 1777 propuso un nuevo alinderamiento de los corregimientos.
El corregidor de Tunja, por lo demás, no quedó contento con los límites
propuestos en mayo de este año y pidió que se le autorizara para demoler
los pueblos; que tuvieran hasta 80 ó 100 indios "de macana", lo que habría
llevado a que sólo sobreviviera un puñado de ellos. Moreno y Escandón, que
era ahora fiscal de la Audiencia, contestó que en casos en que creyera esto
conveniente hiciera la consulta al gobierno. Aquí vale la pena destacar un
nuevo aspecto del problema ¿contestaba Moreno —y esto vale para todas sus
actuaciones de estos años— como fiscal, en defensa de los intereses de la
corona, que encontraba obvios beneficios en los remates de los resguardos,
o como protector de indios, encargado de defenderlos?

Esta fue una consulta que sólo vino a plantearse en 1778. Entre tanto, como
puede seguirse con prolijo detalle en el documento que se publica en Indios
y mestizos en la Nueva Granada, Campuzano y Sanz procedió a visitar los
pueblos de Tunja. Sus informes nos dan una visión compleja y abigarrada de
los pueblos indígenas, de las cargas que ellos debían asumir, de su
población, del avance del proceso de mestizaje y de las diligencias hechas
en caso de recomendarse la disolución de los pueblos de indios. Sorprende
siempre la escasa participación de los voceros de los indios, los que
apenas parecen actuar para rendir el reporte del número de tributarios y
para contestar en forma rutinaria sobre la ausencia de las más flagrantes
violaciones a las leyes españolas. Para finales de 1777 había recorrido ya
la mayoría de los pueblos de su jurisdicción y propuesto la supresión de
buen número de ellos, para lo cual recibió la pronta y diligente aprobación
del virrey Manuel Antonio Flórez, asesorado siempre por Moreno, en su
carácter contradictorio de protector y fiscal.
A comienzos de 1778 llegó a Santa Fe el visitador Gutiérrez de Piñeres,
quien consideró que nadie tenía autoridad para delegar la visita, la cual
había sido confiada al protector de indios, con obligación de que se
nombrara, mientras la desarrollaba, un protector interino, pues sin que
hubiera un defensor de los intereses de los indios se causaría la nulidad
de todo lo actuado. Las autoridades acogieron esta posición, y Moreno, que
sólo había hecho personalmente, un año antes, la visita de Zipaquirá, y
algunos otros pueblos de la Sabana, y había logrado que se ordenara el
traslado de los indios de Zipaquirá y Nemocón a Tausa, salió en junio a
recorrer, como una exhalación,[47] los pueblos del oriente desde Turmequé a
Cúcuta y de allí a la sabana de Santa Fe; los autos que se reproducen en
este volumen muestran la atención al detalle de Moreno, su capacidad de
observación y de decisión, el interés por los aspectos sociales y
económicos. La información sobre las costumbres de los indios y los
mestizos, las relaciones con los doctrineros, los problemas religiosos,
"las necesidades de camino" y puentes: nada queda fuera de .la mirada
burocrática del doctor Moreno. Sus decisiones confirman en general lo hecho
por Campuzano y lo amplían, al proponer una nueva serie de remates.
Al llegar a Santa Fe presentó el informe general del 18 de noviembre de
1778, el cual acompañó con un mapa de las zonas recorridas elaborado por
Francisco Javier Caro. Este informe confirma la transformación total de las
opiniones de Moreno sobre los resguardos: la actitud del protector de
indios se ha transformado en la visión de un funcionario español,
preocupado por el aumento de los ingresos fiscales y por el bienestar de
todos los vasallos reales, identificable con el avance del Estado. El Nuevo
Reino es cada vez más una nación de mestizos, y la desaparición de los
indios por su conversión en éstos no le produce inquietudes: "Son muy raros
los indios puros, manifestándose a la vista sin necesidad de otra prueba
haber degenerado la especie; y es preciso que así suceda porque casi no hay
pueblo de indios donde no sea mayor el número de vecinos españoles o de
gentes de color que se abrigan en las tierras de los resguardos o sus
inmediaciones." Nada parece justificar la continuación de la sociedad
estamental y del tributo, nada "perdería su Majestad, antes bien,
adelantaría mucho el gobierno si los indios se españolizasen y con su casta
se borrase la memoria de su tributo..." Sin embargo, la ley española
determina otra cosa: y mientras sea así es preciso mantener a los indios
separados de las demás castas; para ello lo mejor es unirlos en poblaciones
donde su número no los deje al arbitrio de criollos o mestizos, trasladando
los grupos pequeños a los resguardos sobrantes de otras comunidades. No
aceptan los indios voluntariamente tales traslados: no captan sus
verdaderos intereses, alega el protector, y se erige en portavoz de ellos
contra lo que los indígenas mismos manifiestan: "'Rara vez aceptan los
indios con entero gusto su translación y tenazmente conservan apego o lo
suponen a la tierra, aunque se les brinden las mayores ventajas. Por cuya
razón como su protector resistí casi siempre sus translaciones, hasta que
desengañado por la experiencia he visto ser un capricho nacido de su
ignorancia o malicia, pues voluntariamente... se ausentan de sus pueblos,
sin que ninguna diligencia alcance a restituirlos, abandonando mujer, hijos
y parientes, arriendan a vecinos la parte de tierra de su señalamiento y se
alejan a vivir de concertados en haciendas del campo o en poblaciones de
españoles.. . Sólo cuando por su beneficio y para su arreglo se trata del
remedio por la agregación se acuerdan del patrio suelo. Con este
conocimiento acreditado ocular y repetidamente he formado concepto que
siendo obligación protejerlos por razón de mi empleo no debo silenciar ni
sus defectos ni los medios que gradúo oportunos, no para que se
condescienda ciegamente complaciéndoles en lo que apetecen, no para su
bien, sino para su vida libre que prefieren, sino dirigiendo las
providencias... a que se reparen los daños que causan los pueblos
tenues..." No deja Moreno de atribuir la oposición a sus actuaciones a
intereses creados: curas, vecinos que se aprovechan de ellos, y ante todo
los hacendados confinantes, que "tienen asegurado con los indios el
peonaje, concertándoles a bajo precio por jornaleros en sus labores, o les
abastecen con lo que cultivan".

El informe no fue esta vez muy bien acogido: el oidor Joaquín Vasco y
Vargas y el regente Gutiérrez de Piñeres consideraron que sus actuaciones
habían sido contrarias a la ley y a las conveniencias. Vasco, encargado de
la fiscalía, consideró que "aquellas actuaciones de los comisionados, desde
su origen, vinieron revestidas de apariencias de utilidad pero con
poquísima sustancia de bien y de verdadera y solícita virtud y por lo tanto
vimos un gran número de hombres cebados en estos infelices /indios/ .. ."
[48] Gutiérrez, revisados los expedientes, presentó el 3 de febrero de 1779
un extenso alegato contra la política de Moreno y Escandón, argumentando
que éste no tenía autoridad para ordenar extinciones de resguardos, por
limitarse la cédula real de 1774 a ordenar la fusión de corregimientos; por
no haberse obtenido el consentimiento de los indios, como era obligatorio,
y por no hallarse revestido de las facultades de un visitador ordinario de
la tierra. Además de estos argumentos de orden jurídico sostuvo Gutiérrez
que el proceso de mestizaje había llegado a tal punto que era ilusorio
tratar de mantener la separación entre indios y libres, y de hacerse el
esfuerzo del caso sólo se lograría la ruina del Estado: quizá habría sido
mejor política, afirmaba, impulsar y acelerar el mestizaje mediante la
mezcla y convivencia de españoles e indios, que manteniendo una segregación
ordenada por la ley pero superada por la realidad. En vista de esto,
proponía que se suspendieran los procedimientos de traslación de indios y
extinción y remate de resguardos en todos los casos en que no hubieran
concluido; dada la situación ya creada, aceptaba que los resguardos ya
rematados quedaran en manos de los compradores y los indios que ya se
hubieran trasladado permanecieran en su nueva localidad. Del mismo modo, en
cuanto Gutiérrez no consideraba que Moreno tuviera poder para redefinir los
límites de los corregimientos, consideraba que también en este caso no
debía hacerse "por ahora novedad".
Con base en estos conceptos expidió el virrey Flórez el auto global de 17
de febrero de 1779, en el cual acogía, algo a regañadientes, las peticiones
del visitador, al cual consultó previamente el borrador de la providencia;
sobre lo hecho Flórez siguió presumiendo su legalidad, y pasó a consultar
al rey cuál era "el número de indios tributarios que debe servir de regla
para que no llegando a él se extingan los pueblos de indios". Nombró además
cuatro comisionados para que revisaran la situación de los indios
trasladados. [49]

Terminó así la actuación de Moreno con relación a este asunto, y no deja de
sorprender la repentina transformación de la política iniciada. A comienzos
de 1778 era Moreno uno de los hombres más poderosos de Santa Fe, como lo
había sido ya por más de una década; en dos años el visitador Gutiérrez,
pese a la estimación de sus capacidades, redujo su influencia en forma
drástica y frustró sus actividades en el terreno de la reforma de estudios
y de la transformación de la situación de los indígenas. Podría pensarse
que se trataba de un enfrentamiento entre criollos y españoles, en el que
Moreno habría representado los intereses locales. Sin duda alguna su
política estaba orientada a reforzar el poder de cierta elite criolla en el
caso de la educación universitaria; en cuanto al tratamiento de los
indígenas, sus actos favorecían a los vecinos blancos y mestizos de los
pueblos indígenas. Ahora bien, esta política contó con un vigoroso respaldo
de los funcionarios españoles anteriores a Gutiérrez y a los nuevos oidores
como Joaquín Vasco y Vargas. La divergencia de opiniones dividió pues a los
representantes peninsulares de la monarquía. Por otra parte, no resulta
fácil identificar vínculos muy concretos de Moreno con los criollos
santafereños; por el contrario, durante buena parte de su carrera parecería
más bien un funcionario protegido por las autoridades españolas que chocó
con frecuencia con los grupos criollos más fuertes: con el de Jorge Miguel
Lozano o con el grupo familiar de los Alvarez. Sus hijas lo vincularon
paulatinamente con una capa de peninsulares recién llegados, lo que
constituye al menos un indicio, así sea leve, de las afinidades sociales
del fiscal. Tres de sus yernos se convirtieron, para finales de siglo, en
prósperos hacendados sabaneros, y entre sus propiedades se contaron algunas
que habían salido del dominio indígena por causa de los remates promovidos
por Moreno y Escandón, pero esto es algo que no podía estar en sus
planes.[50]

Es muy probable, en todo caso, que Moreno hubiera resultado atrapado por la
puesta en ejecución, por parte de Gutiérrez, de una política orientada a
destruir el poder de los criollos en la Audiencia y en los demás tribunales
de Santa Fe. Si hasta 1778, aunque criollo, estuvo más bien cerca a los
funcionarios españoles, y tuvo frecuentes choques con los grupos criollos,
a partir de la llegada del visitador todos resultaban sospechosos por su
carácter criollo. A Moreno, dadas sus habilidades, se le envió a un cargo
en otra audiencia, lo que era un ascenso burocrático. El grupo de los
Alvarez fue desmantelado rápidamente: el oidor Benito Casal y Montenegro
pasó al retiro, el contador Manuel Bernardo Alvarez fue trasladado a
Popayán, y nuevos oidores, todos españoles, se posesionaron en la
Audiencia. En 1777 constituían este tribunal los oidores Casal, casado con
criolla y con 30 años en Santa Fe, Juan Francisco Pey, casado también con
criolla y con 29 años de residencia, Juan Romualdo Navarro, nacido en Quito
y el fiscal Moreno y Escandón; en 1780 los oidores eran Pey y los españoles
Vasco, José Osorio y Pedro Catani; el fiscal era el español Manuel
Silvestre Martínez. En tres años el poder de los criollos se había reducido
a un simple recuerdo.[51]

Ya se señaló la relativa pasividad con la que aceptó Moreno el cambio de
sus proyectos educativos; en el caso de los resguardos expuso su criterio
con firmeza pero debió someterse: "Cuando se resolvió diferir a la real
deliberación la decisión de los puntos por mí consultados como preliminares
signifiqué verbalmente que no podría lograrse el lleno de las reales
intenciones manifestadas en la real orden de mi comisión, no quedándome
otro arbitrio que el de la obediencia." Enfrentado a Gutiérrez, debió tener
en cuenta el peso que éste tenía en España para evitar una confrontación
abierta, que habría tenido pocas probabilidades de ganar. En esta tensión,
el visitador, pese a las razones que lo enfrentaban a Moreno, y que
probablemente lo llevaron a solicitar su traslado, reconoció siempre las
habilidades y capacidades de éste: en 1779. tras señalar las
incompatibilidades que encontraba entre los varias cargos ocupados por
Moreno (que no sólo se referían a las de la fiscalía civil y la protección
de los indios, sino también las que se daban entre su carácter de fiscal y
juez de rentas), insistía en que el fiscal "está radicalmente instruido en
los negocios de este Reino por la intervención que ha tenido en ellos, y
porque es hábil y laborioso. Ninguno mejor para desempeñar cualquier asunto
de Rentas. . ."[52]

Entre los desacuerdos menores del fiscal y el visitador hay que mencionar,
por último, el concepto negativo de Moreno al impuesto de armada de
Barlovento, restablecido por Gutiérrez. Porque en este caso se cierra la
paradoja de la caída de Moreno: opuesto a los actos fiscalistas de
Gutiérrez, mientras que éste había enfrentado la disolución de los
resguardos estimulada por Moreno, ambos resultaron unidos en la mente de
los comuneros, sin que los indios vieran en Gutiérrez a su defensor ni los
criollos consideraran a Moreno su aliado ocasional. Para la heterogénea
multitud que marchó a Zipaquirá, ambos eran claros representantes del "mal
gobierno" que los oprimía. Más curiosa aún es la presencia, entre esa
multitud, de Ambrosio Pisco: quien ahora encarnaba los ideales indígenas y
representaba sus luchas por la supresión de los tributos y la recuperación
de sus tierras había participado tres años antes, en Güepsa, en su calidad
de teniente, en las diligencias de la visita de Moreno[53] que condujeron a
la disolución y remate de ese resguardo, sin que conste que entonces se
hubiera opuesto a ello. Moreno, sin embargo, no pudo enterarse de esto,
pues aunque asistió a las Juntas de Tribunales al menos hasta la del 10 de
abril, cuando se ordenó enviar al oidor José Osorio a enfrentar a "la plebe
insolentada", su salida de Santa Fe se hizo antes de que llegara noticia
del descalabro de Puente Real

VI

Sobra toda discusión del documento publicado, que queda a disposición y
estudio del lector. Aunque por su origen burocrático es reiterativo y a
veces rutinario, ofrece una visión global de la administración colonial y
de la vida social indígena, en toda su complejidad, que será sin duda útil
para historiadores y estudiosos.

JORGE ORLANDO MELO

Prólogo a la edición del extenso documento "Testimonio …sobre la visita
practicada por Dn. Joseph María Campuzano y el Sr Don Francisco Antonio
Moreno … ", que copié en 1976 del Archivo General de Indias, Santa Fe 595,
y que fue publicado como Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y
Mestizos en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII, Bogotá, Banco
Popular, 1985, 596 pags. La transcripción del documento la hicieron Germán
Colmenares y Alonso Valencia Llano.

Un añadido melancólico

Los últimos años de Moreno en Santiago

Moreno y Escandón estuvo en Santiago como oidor regente durante 3 años,
entre noviembre de 1789 y el 22 de febrero de 1792, cuando murió. De haber
mantenido la actividad extraordinaria de Santafé, los archivos locales
deberían estar llenos de sentencias, conceptos, informes, propuestas,
opiniones. Pero la documentación sobre su actuación en Santiago es
sorprendentemente escasa, como si hubiera renunciado a esforzarse, y una
búsqueda en los índices del Archivo Nacional de Chile, en 2004, no reportó
sino un pequeño grupo de documentos sobre su muerte. No logré encontrar
nada sobre sus actuaciones como funcionario público, a pesar de la ayuda de
los funcionarios del Archivo. Sólo encontré algunas menciones rápidas sobre
el en obras de historiadores chilenos. Moreno y Escandón no se menciona
prácticamente nunca.

Sabemos que llegó a Santiago en reemplazo de Tomás Álvarez de Acevedo, que
ocupaba este cargo en 1789, que asumió el cargo en noviembre de ese año y
que como regente hizo un reglamento de protocolo que redujo los conflictos
entre los oidores. [54]

Como no sabemos nada de su vida en la capitanía general de Chile, vale la
pena dar a conocer algunos detalles sobre su muerte. Por los documentos que
quedan –y cuya referencia exacta he perdido, pero se localizan con
facilidad en el Archivo General de Chile- se sabe que estuvo en cama,
gravemente enfermo, al menos un mes, durante los cuales lo visitaron
continuamente un barbero y un peluquero para su "afeitado y peinado", que
después pasó la cuenta respectiva. Tuvo también la atención de un médico,
que le recetó aguas y ungüentos de malva, satureia, almendras, amapola,
altea y otras yerbas, laxantes diversos y otros remedios que por supuesto
no dieron resultado.

No tenía deudos locales. Dos de sus sirvientes piden, después de muerte,
que se les tenga en cuenta: Juan de León, que fue su barbero, pide que le
regalen los elementos del oficio, pues no solo le sirvió muchos meses, sino
"por haberle afeitado y peinado después de muerto, en caso cuyo es
costumbre se adjudiquen al barbero estos bienes ". Don Fermín Fabres, que
parece haber sido una especie de ayudante general, un cliente en el
sentido original romano, dice que le sirvió de modo "gratuito y sin
remuneración, fundado solo en la esperanza de su protección...". Habiendo
muerto su protector, se encuentra sin recursos y pide que lo socorran en
algo.

Don Fermín se encargó de atender al oidor en sus últimos días y de
coordinar su entierro, que se hizo probablemente en la Catedral de
Santiago. [55] La mayor parte del documento que queda está formado por
cuentas: las velas, tostaditas, panales, jabones, almidón, azúcar, yerba
[probablemente yerba mate] y carbón que se compraron hasta el 22 de
febrero; las deudas que había todavía por la compra de un coche; los
trabajos en "la piedra que se ha de poner en la sepultura del señor
Regente", que costaron seis pesos, el cajón y la bayeta negra para
envolverlo. Había que pagar misas, lo que se le debía a Isabel Mejía
(probablemente su cocinera) y asumir otros gastos como el entierro, que
acaba tasado en 716 pesos.

Los gastos de la enfermedad fueron 120 pesos y hubo que pagar unos veinte
pesos a los que avaluaron sus propiedades: debía tener bastantes objetos de
oro y plata, pues el trabajo les tomo 55 horas. Entre sus propiedades más
valiosos están el coche, un reloj y un Cristo. Al final, sus bienes se
avalúan en 5269 pesos y medio, y los gastos que se cargan contra ellos son
2544 y ¾. El saldo que recibe el albacea, José Robledo, después de otras
deducciones, y que probablemente debió mandarse a doña Teresa Isabella en
Bogotá, fue de 1616 pesos.

Moreno había sido un funcionario excelente y un letrado, con una educación
excepcional y una brillante carrera, apoyada siempre en libros y códigos.
Debió tener una buena biblioteca, pues el avalúo de sus 250 libros costó 17
pesos y medio. Sin embargo su remate dio solamente 25 pesos.[56]

Una historia triste y un final melancólico para un burócrata alejado de su
patria, desdentado, envejecido y probablemente envuelto por años en la
bruma de la depresión.

Bogotá, 2006.


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[1] El retrato está reproducido en Centenario de la Independencia, MDCX-
MCMX ( Bogotá, 1911), p. 57. Con base en un óleo que fue de Francisca
Moreno Isabella, y pasó a manos de Pantaleón Contreras Ponce, publicó el
Papel Periódico Ilustrado un grabado de Antonio Rodríguez, en el vol.. IV,
p. 266 (Bogotá, 15 de abril de 1885). José Manuel Marroquín opina que lo
admirable era que no experimentaba "dificultad alguna para hablar ni para
hacer uso de toda clase de viandas", "Francisco Antonio Moreno y Escandón",
en Papel Periódico Ilustrado, vol. IV, p. 271 (Bogotá, 15 de abril de 1885)
[2] El texto completo del poema se encuentra en Pablo E. Cárdenas Acosta.
El movimiento comunal de 1781, vol. I. pp. 121 y ss. (Bogotá, 1960).
[3] John L. Phelan, El pueblo y el rey, pp.91-93 (Bogotá, 1980).
[4] Archivo General de Indias. (Sevilla), "Informe de la Audiencia". 31 de
Julio de 1781, Audiencia de Santa Fe, leg. 660 y 662
[5] José Manuel Marroquín está en desacuerdo con la afirmación, que
atribuye a Manuel Ancízar, de que Moreno, después de contribuir a excitar
el descontento que dio origen a los comuneros, se fue dejando en apuros al
gobierno. La afirmación no aparece en la Peregrinación de Alpha; por otro
lado, Marroquín parece ignorar lo hecho por Moreno con los resguardos:
supone que si produjo algún descontento, fue probablemente por haber
dictado providencias que mejoraran la administración tributaria en 1774.
Marroquín, op. cit, 267
[6] "Relación de méritos y servicios del doctor Francisco Antonio Moreno y
Escandón", en Archivo Nacional de Colombia, Virreyes, vol. VIII, fols 824 y
ss. Sobre los gastos excesivos, ver carta de Manuel Antonio Flórez el
virrey Jáuregui del Perú, 25 de agosto de 1780, en Boletín de Historia y
Antigüedades, vol. XXVI (Bogotá, 1936). P. 339
[7] Marroquín, op. cit., 271: un corresponsal de la época hizo la
sugerencia acerca de cómo se "melancolizó" Moreno al no recibir el cargo al
que aspiraba. Pero es extraño que hubiera tenido una gestión tan opaca en
Lima y Santiago, después de su virtuoso despliegue de activismo y
eficiencia en sus cargos bogotanos. (N. 2007)
[8] ANC, Virreyes, VIII, "Doña María Teresa Isabella...solicita se le
asista...", fols. 809 y ss.
[9] José María Restrepo Sáenz, Biografía de los mandatarios y ministros de
la Real Audiencia (1671 a 1819), (Bogotá, 1952), passim.
[10] No existe una buena biografía de Moreno. José Manuel Marroquín,
descendiente directo del fiscal, publicó una breve reseña de su vida, llena
de sentimientos filiales, en El Mosaico (Bogotá, 1865). Fue reproducida en
el Papel Periódico Ilustrado en 1885, y de allí la citamos, en el Boletín
de Historia y Antigüedades, vol. XXIII (1936), 529-546 y recientemente, en
el volumen que recoge los Estudios Históricos, de Marroquín (Bogotá, 1983).
José Manuel Marroquín Osorio, Pbro., hizo una oración conmemorativa,
perfectamente olvidable, en 1935; se encuentra publicada en el Boletín de
Historia y Antigüedades, XXIII, 720 ss. Restrepo Sáenz (op.cit., 464) no
completó la biografía sobre Moreno y Escandón; según lo que alcanzó a
hacer, no es muy lamentable la pérdida. La documentación en Sevilla y
Bogotá sobre las actividades del fiscal es muy abundante; es probable que
algo similar ocurra en Lima y Santiago. Don Miguel tuvo otros hijos: don
Francisco Javier fue otro burócrata con una carrera notable: después de ser
oidor en Manila, a donde viajó desde España en 1785, ocupó, como su
hermano, un cargo de oidor en Lima (1794-1821) probablemente el único caso
de dos hermanos que se sucedieron en este cargo, y ambos neogranadinos.
Cuando San Martín llegó en 1821 y disolvió la Real Audiencia lo nombró en
la Alta Corte de Justicia, como si fuera patriota y estuvo en este cargo
hasta 1825, cuando lo hicieron retirar por godo. Ver Guillermo Lohmann
Villegas, Los ministros de la audiencia de Lima en el reinado de los
Borbones (1700-1831), Lima, CSIC, 1974. Otro hermano era Miguel, quien en
1770 se fue a vivir al Chocó, administró grandes minas, tuvo serios
conflictos con el gobernador en 1809 y presidió la Junta de Nóvita en
septiembre de 1810.
[11] AHN, Virreyes, VIII, 839, ArchivGeneral de Indias, Audiencia de Santa
Fe, fol. 734
[12] J.A. Vargas Jurado. "Tiempos Coloniales" en La Patria Boba (Bogotá,
1902, p. 50
[13] "Relación de méritos...", loc. Cit., Archivo General de Indias,
Audiencia de Santa Fe, p. 734
[14] AHN, Virreyes, III.830
[15] AHN, Colegios, III, fols. 845-852
[16] Marroquín, op. cit. 267
[17] Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fe, 676
[18] Carta del 9 de agosto de 1770. Archivo General de Indias, Audiencia de
Santa Fe, 734. Según Lozano de Peralta, el virrey y sus válidos "persiguen
a los españoles, europeos y americanos, y perdonan la plebe... y en
especial cuando los sublevados son de tan ruin casta como los mulatos y
mestizos". Moreno ocupó también el cargo de Defensor de Rentas Decimales.
En 1767 el virrey recomendó que se le nombrara Contador en Cádiz. Id.
[19] José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada
(Bogotá, 1957), II, 104, 110, 124.
[20] "Proyecto del Fiscal Moreno y Escandón para la erección de Universidad
Pública en el Virreinato de la Nueva Granada, con sede en la ciudad de
Santa Fe de Bogota. Año de 1768", publicado en la Revista del Archivo
Nacional, Nro. 25-27 (1940), 202-11, y luego por Guillermo Hernández de
Alba en Thesaurus, XVI, 477-493. Un resumen de los actos oficiales,
peticiones, etc., surgidos alrededor del asunto fue elaborado a finales del
período colonial por un abogado de la fiscalía, y lo publicó Carlos
Restrepo Canal, junto con otros documentos en el Boletín de Historia y
Antigüedades, vol. XXIV, pp.331-371; "compendio de lo actuado sobre
estudios públicos y peculiares de los colegios..." Información sobre el
sistema universitario y sobre la propuesta de Moreno y Escandón se
encuentra en Fray José Abel Salazar. Los estudios eclesiásticos superiores
en el Nuevo Reino de Granada (Madrid, 1946); Agueda María Rodríguez Cruz,
O.P., Historia de la Universidad Hispanoamericana, período hispánico
(Bogotá, 1977); Vicente Beltrán de Heredia, O.P., "Universidades
dominicanas de la América Española: Universidad de Santa Fe de Bogotá", en
Ciencia tomista, XXVIII, 337-363; XXIX, pp. 59-85 (Salamanca, 1923 y 1924);
para este último era Moreno "hombre culto, pero audaz y descomedido cuando
trataba de impugnar la enseñanza clásica, como buen admirador de las ideas
progresistas que entonces comenzaban a defenderse, y partidario acérrimo de
la secularización de la enseñanza". También Groot considera a Moreno
influido por las ideas ilustradas: "fue el primero a quien sorprendió ese
enemigo/el filosofismo/ revestido de tan bellas formas para engañar las
inteligencias distinguidas " y afirma que hizo suyas las ideas de
Campomanes. Groot, op. cit., II, 124.
[21] "Proyecto del fiscal..." pp.486 y .ss.
[22] Groot, op.cit II, 124 y ss. "Compendio de lo actuado...". pp. 344-346.
[23] Carlos Cortés Vargas, "Moreno y Escandón y el rectorado de San
Bartolomé", Boletín de Historia y Antigüedades, XVIII, pp. 200-215 (Bogotá,
1930).
[24] Archivo Nacional de Colombia, Colegios. II, 755; "Compendio de lo
actuado..." Un buen análisis de la significación de estos incidentes se
encuentra en Renán José Silva, La reforma de estudios en el Nuevo Reino de
Granada, Universidad Pedagógica Nacional, mimeo (Bogotá, octubre de 1981),
mucho más agudo que los historiadores citados en la nota 19. Cfr. P. 35.
También trata el tema Juan Manuel Pacheco, La ilustración en el Nuevo Reino
(Caracas, s.f.), p. 117
[25] Compendio de lo actuado....", pp. 331-371; Silva, op. cit, 30 y ss. En
el Papel Periódico de Santa Fe, Nro. 246, se describe la apertura y el
salón donde funcionó, en el lugar que hoy ocupa el Palacio de San Carlos,
"tiene veinte pasos regulares de largo y siete de ancho, con tres ventanas
grandes con sus vidrieras, su puerta de madera y cerradura, circunvalada de
estantes de madera pintados de azul y perfilados de oro, con un cuadro de
San Ignacio sobre la puerta de la entrada y en discurso de esta pieza dos
mesas grandes aforradas de vaqueta, con bancos de sentar, una sita de
sentar ordinaria, con atril largo de madera, una escalera, cuatro globos
bien maltratados y dos instrumentos de bronce del Arte de Geografía". Un
rasgo que muestra el estado de las relaciones con el arzobispo y la
arrogancia y suficiencia que podía desplegar Moreno en esta época es que en
la Junta llamaba al arzobispo "Camacho", "ante el asombro de todos los
presentes". Cfr. Silva, op.cit., 104. El "plan que manifiesta los objetos
útiles a que... pueden aplicarse las cosas que fueron de los seculares
expatriados...", se encuentra en la Biblioteca Nacional. Libros raros y
curiosos, Nro. 352
[26] Silva, La reforma, pp.43 y ss.; John E. Lanning. "El sistema de
Copérnico en Bogotá", en Revista de Historia de América , VIII, 279-306
(México, 1944); Guillermo Hernández de Alba, Aspectos de la cultura en
Colombia (Bogotá, 1947), pp. 115 y ss. En realidad, varios profesores
habían discutido a Copérnico antes y el mismo Mutis lo había presentado en
su cátedra de física, al menos desde 1763, pero como "hipótesis". Ver Jorge
Orlando Melo "Notas sobre algunos textos filosóficos de la Colonia", en
Ideas y Valores, No 12 (Bogotá, 1962): el jesuita Mateo Mimbela ya lo había
refutado en 1693 y un tratado de física de los jesuitas en 1755 todavía lo
rechaza. Es posible que alguno de los profesores agustinos lo hubiera
aceptado antes de Mutis, pero no hay un registro claro al respecto.
[27] El "Método" fue publicado por Hernández de Alba en el BHA, XXIII, y ha
sido reproducido en varias ocasiones; cito de la Compilación de normas
sobre la educación superior, ICFES, mimeo. (Bogotá, 1974), vol. I, 97-118.
Para un análisis muy valioso del plan y sus relaciones con otros aspectos
de la cultura y el poder en la época, ver de Renán Silva, a más del trabajo
ya citado. Los estudios generales en el Nuevo Reino de Granada, 1600-1767,
Universidad Pedagógica Nacional, mimeo (Bogotá, 1983). En "Mutis y la
cultura colonial", Ciencia, Tecnología y desarrollo, vol. V, p. 490
(Bogotá, 1961), afirma Silva que Mutis "estuvo...presente en la redacción
del plan de estudios de 1774". Esto es probable, pero no conozco pruebas al
respecto. Lo que si está claro es que Moreno conoció, para la elaboración
del "Método", aunque no para preparar su propuesta de universidad pública,
los proyectos de reforma universitaria españoles, en especial el de Pablo
de Olavide, presentado en 1768 y aprobado en agosto de 1769, aplicado en la
Universidad de Sevilla, y el que se adoptó en 1771 para la Universidad de
Salamanca, con base en una propuesta de Gregorio Mayans y modificado por el
fiscal real, Pedro Rodríguez de Campomanes: Moreno cita explícitamente los
conceptos fiscales relativos a este plan. Aun cuando es difícil precisar el
papel de Mutis, los apartes sobre matemáticas se inspiran claramente en sus
lecciones, y todavía a comienzos del siglo XIX consideraba el método como
un ensayo que no debía haberse interrumpido. Cfr. Gregorio Hernández de
Alba (ed.), Archivo epistolar del sabio naturalista José Celestino Mutis
(Bogotá, 1968), II, 192. Por otra parte, en 1784 Mutis se dirige a Moreno
como a alguien que le ha dado su apoyo; "He distraído la atención de vuesa
merced por haber sido testigo de mis continuadas tareas, y como tan
favorecedor mío se complacerá en mis gustos y satisfacciones...", carta a
Moreno, 17 de febrero de 1784, ibid. I, 167. No pude obtener los textos de
los planes españoles para confrontarlos con los de Moreno; la escasa
información de esta nota proviene de Gonzalo Anes, El antiguo régimen: Los
borbones (Madrid, 1975), Richard Heer. An historical essay on modern Spain
(Berkeley, 1971), y de un trabajo, de próxima publicación, de Emilio
Quevedo, sobre la contribución de Mutis a la enseñanza de la medicina en la
Nueva Granada
[28] Esto lo cita Groot, op. cit. II, 204, para refutar la idea de Plaza de
que el plan nunca se puso en práctica, en lo que tiene razón. Sin embargo,
no habla de su suspensión en 1779, y parece creer en su vigencia
indefinida.
[29] Todo lo anterior se base en Archivo Nacional de Colombia, Colegios,
II, fols. 710-796: ver especialmente 742-753; la parte del nuevo plan está
transcrita en el "Compendio de lo actuado...", citado antes.
[30] Eduardo Posada y Pedro Mejía Ibáñez (ed.), Relaciones de mando
(Bogotá, 1910), p. 251.
[31] Pacheco, op.cit., 113
[32] El texto de la protesta de los estudiantes, publicado por Renán Silva,
en Revista Colombiana de Educación, 11, pp. 133 y ss. Bogotá, 1983. Los
demás casos en Silva, Los estudios, pp.100 y ss. La sátira de Duquesne
puede verse en Revista colombiana de pedagogía, 9 (Bogotá,1982)
[33] Cito según Groot, op. cit. II 304
[34] Archivo Nacional de Colombia, visitas de Cundinamarca, tomo II;
Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fe, 595, fols. 370 y ss.
Moreno hizo un "dictamen" sobre las salinas, que ha sido publicado por Luis
Orjuela. Minuta histórica zipaquireña (Bogotá, 1909), pp. 522-538; Orjuela
reproduce también la "Instrucción..." elaborada por el protector, la cual
fue puesta en vigencia por el virrey el 14 de junio de 1768, y confirmada
por Cédula Real de septiembre de 1769. la opinión de Corradine está en
Anuario colombiano de historia social y de la cultura, Nro. 4 (Bogotá,
1969), p. 11. Según este autor, la división habría tenido lugar en 1768.
Pero este mismo año el señor Moreno al conceptuar sobre la solicitud del
corregidor de Sogamoso de que se vendieran solares en propiedad a los
vecinos, adujo "los deplorables sensibles estragos que ha ocasionado la
cita división de Zipaquirá", lo que muestra que ésta es muy anterior a la
visita del protector. Cfr. Margarita González, El resguardo en el Nuevo
Reino de Granada, p.132. Basilio Vicente de Oviedo, que escribía en 1761,
dice al hablar de Zipaquirá que "tendrá 80 indios por todo y más de 800
blancos divididos en la situación del pueblo". Cualidades y riquezas del
Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1930), p. 287.
[35] Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fé, 772; existe otra
copia de los estatutos, aprobados en 1777 por la Corona, en AGN, Policía, T
5. ; Francisco A. Moreno y Escandón, "Estado del virreynato de Santa Fe,
Nuevo Reino de Granada, y relación de su gobierno y mando del excelentísimo
señor Bailío Frey don Pedro Messía de la Cerda...", BHA, XXIII, p. 556
[36] El "Estado..." fue publicado por primera vez en la Colección de
documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización
de las posesiones españolas en América y Oceanía, 42 vols. (Madrid, 11864-
1884), vol. XXX; fue reproducido en los Anales de la Universidad Nacional
(Bogotá, 1870), Nro. 4 y en el Boletín de Historia y Antigüedades, XXIII
(1938), pp. 547-616. Las versiones son muy descuidadas y parecen provenir
de manuscritos diferentes; una copia figura en el catálogo del British
Museum, add. 13987. El plano o mapa, en una excelente copia pues el
original se quemó el 9 de abril de 1948, está en el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi; una versión de los cuadros estadísticos se encuentra en el
British Museum, add.13987; recientemente fueron publicados en Historia y
espacio, Nro. 8 (Cali, 1983), con base en la copia del Codazzi. La
descripción de Santa Marta está en Archivo Nacional de Colombia, Historia
civil, tomo XV, fols, 383-404; el "Estado general de las ciudades y pueblos
del Cauca en 1771" acaba de ser publicado en Victor Manuel Patiño (ed.),
Relaciones geográficas de la Nueva Granada (siglos XVI a XIX), suplemento
4ª, Cespedesia (Cali, 1983), pp. 405-425; la "Noticia de Cartagena" en
Anuario colombiano de historia social y de la cultura, Nro. 6-7 (Bogotá,
1971-1972).
[37] La secuencia de sus cargos no es del todo clara. La relación de
méritos dice que en agosto del 78, habiendo llegado el sujeto electo para
la fiscalía criminal, Moreno optó a la civil. En ese momento hacía la
visita, y se produjeron varios incidentes por las pretensiones de "el oidor
más moderno" (¿Vasco y Vargas, Catan?) de ejercerla. Sin embargo los
documentos sobre sus actuaciones en 1779 lo muestran siempre como "fiscal
del crimen"; así ocurre por ejemplo en la junta de estudios de octubre de
1779; en la del 21 de enero de 1780 aparece como "fiscal del crimen, que
despacha también lo civil por falta de propietario", Archivo Nacional de
Colombia, Colegios II, 748.
[38] Marroquín, op. cit. 272
[39] El primero en hacer un uso extenso de documentos originados en esta
visita fue Orlando Fals-Borda, en el Hombre y la tierra de Boyacá
(Bogotá,1957); atribuyó la extinción de resguardos a la "obra casi
personal" de José María Campuzano. Magnus Moerner, "las comunidades
indígenas y la legislación segregacionista en el Nuevo Reino de Granada",
Anuario colombiano de historia social y de la cultura, Nro. 1 (1963) y
Jaime Jaramillo. "Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de
Granada en la segunda mitad del siglo XVIII", ibid., Nro. 3 (1965)
hicieron nuevas contribuciones al tema. Germán Colmenares hizo el primer
tratamiento global del proceso de la visita de Moreno en "Antecedentes
sociales de la historia de la tierra en Colombia", Revista UN, Nro. 4
(Bogotá, 1969), artículo incluido en La provincia de Tunja en el Nuevo
Reino de Granada (Bogotá mimeo, 1970) y, menos detallado, en la Historia
Social y económica de Colombia (Cali, 1973); Margarita González, en El
resguardo en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1970) dedicó un breve
capítulo a la visita de Moreno y publicó completos el informe de Moreno del
18 de noviembre de 1778 y las extensas glosas de Gutiérrez de Piñeres del 3
de febrero de 1779. Jaramillo Uribe subrayó los aspectos demográficos del
proceso en "Cambios demográficos y aspectos de la política social española
en el Nuevo Reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII", en
La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos (Bogotá, 1977) y yo
mismo hice un balance de la cuestión en "¿Cuánta tierra necesita un
indio?", Gaceta Colcultura, Nro. 12-13 (Bogotá, 1978), recogido en Jorge
Orlando Melo, Sobre historia y política (Bogotá, 1979)
[40] Archivo General de Indias. Audiencia de Santa Fe 733.
[41] Citado en Jaramillo. La personalidad histórica de Colombia y otros
ensayos, p. 175
40 Este argumento fue esgrimido por Verdugo y Oquendo.
[42] Sobre el crecimiento de población, ver J. O. Melo, "La evolución
económica de Colombia", en Manual de historia de Colombia, vol. II (Bogotá,
1S79), p. 139. Hermes Tovar supone tasas incluso más altas (superiores al
2%), pero no conozco la evidencia respectiva. Cfr. Hermes Tovar Pinzón,
Grandes empresas agrícolas y ganaderas (Bogotá, 1880), p. 18.
[43] Colmenares, Historia económica, p. 42.
[44] La narrativa sobre la visita se basa fundamentalmente en el documento
que se publica en este volumen y por lo tanto no creo necesario dar las
referencias precisas. El mapa mencionado en la p. 31, se encuentra en el
Archivo Nacional de Colombia, Bibl. No III, y tiene fecha marzo 26 de 1781.
[45] Margarita González, op. cit., 131.
[46] Entre el 11 de junio y el 10 de septiembre estuvo en Onzaga, Mogotes,
Curití, Guarse, Socorro, Oiba, Simacota, La Robada, Zapatoca, Girón,
Bucaramanga, Cácota, Silos, Pamplona, Salazar, Cúcuta, Chinácota, Chopo,
Jurado, Servitá, Tequia, Soatá, Sogamoso, Duitama, Motavita. Gámbita, Pare,
Güepsa, Chipatá, Vélez, Guabatá, Popoa, Sabaya, Tinjacá, Sutarnarchán,
Gachaníivá, Yuca, Leiva, Chíquiza, Sora, Sáchica, Samacá, Cucaita, Tunja y
Turmequé; del 16 al 21de diciembre visitó a Bogotá (Funza), Serrezuela,
Bojacá, Facatativá y Tenjo, y del 14 de enero al 17 de febrero estuvo en
Bosa, Soacha, Tuso, Tena, La Mesa, Suba, Chía, Tausa, Sutatausa, Ubaté,
Fúquene, Susa, Simijaca, Cucunubá, Suesca, Chocontá, Macheta, Sesquilé,
Guasca y Sopó, según el itinerario incompleto establecido por Restrepo
Sáenz, op. cit., 464.
[47] Colmenares, Historia económica y social, p. 46.

[48] Flórez siguió dando la razón a Moreno, y en su informe a España a más
de manifestar que no comprendía la actitud de Gutiérrez, dijo que la
opinión de Vasco "no la tengo concebida por celo, sino nacida de la falta
de luces y conocimientos del reyno y sus habitantes, y de una disimulada
pasión contra aquél...", Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fe
585, cuaderno 32. Además, expresó su acuerdo con la visión de Moreno de que
ya era hora de eliminar la diferenciación entre indígenas y libres,
impulsando que aquellos se disolvieran en éstos, perdiendo así sus
defectos: "por más que parezcan infelices, como que lo son porque quieren
serlo, y es casi imposible vencer su natural pereza mientras no muden de
generación. Su amor al rey y a la religión no pasa en mi concepto de los
labios, les da poco abandonarlos siempre que encuentren proporción de
sacudir el yugo y volver a su barbarie, por más que se miren protegidos de
las leyes y de sus ministros porque su propio verdadero bien lo estiman por
agravio, como sea sacarlos de aquella indolencia, que les es tan connatural
y aun pegadiza. El tributo aunque grande con respecto de su miseria y
abandono... es para ellos una carga exagerada e insoportable, y que a cada
paso la tienen en la boca, aunque no lo paguen, y nada convendría más a
Vuestra Real Hacienda a lo menos en este reino, por su corto número, que
eximirlos de el señalando a cada uno en los resguardos de su pueblo el
pedazo de tierra competente y dándole título de propiedad..., dejándole en
la clase de los demás vasallos, pues de este modo se españolizarían más
breve mezclándose con las otras castas y dejando el carácter de indios con
sus costumbres bárbaras o groseras, pero siempre inclinadas al
gentilicio... no se considerarían los vasallos sino como una sola
familia... siendo entonces la administración de justicia y gobierno sin
diferencia..." AGI, Loc. cit., cuaderno 39.


[49] Tovar, op. cit., 141. 143 y ss., para los casos de Lorenzo Marroquín,
Fernando Rodríguez y Pantaleón Gutiérrez. Este último se casó en diciembre
de 1780 con Francisca Paula; los otros dos matrimonios fueron muy
posteriores a la salida de Moreno para Lima, Rodríguez se casó en noviembre
de 1789 con María Josefa y Marroquín contrajo matrimonio en 1792 con Teresa
Josefa. Archivo Nacional de Colombia, Virreyes, VIII, 822.

[50] Sobre el conflicto entre criollos y peninsulares y la política de
Gutiérrez de Piñeres, ver ante todo John L. Phelan, "El auge y la caída de
los criollos en la Audiencia de Nueva Granada", Boletín de Historia y
Antigüedades, 59 (1972), pp. 597-618, y El pueblo y el rey (Bogotá, 1980).
Sobre las audiencias hispanoamericanas durante este período la mejor guía
es M. A. Burkholder y D. S. Chandler, From impotency to authority: the
Spanish Crown and the American Audiences, 1687-1803 (Columbia, Mo., 1977).)

[51] Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fe, 654.
[52] Archivo General de Indias, Audiencia de Santa Fe, 595, fol. 6919
(publicado en este volumen).
[53] La fecha aparece en José Toribio Medina, "La imprenta en Bogotá", en
Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de América y
Oceanía, II, nota 301
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13526519212793273022202/n
ot0031.htm. En este libro se cuenta además que Moreno incitó al virrey
Flores a traer otra vez la imprenta a Bogotá, y cuando se hizo una colecta
para pagar el viaje de Antonio Espinosa de los Monteros, aportó 50 pesos:
solo el Virrey y Gutiérrez de Piñeres dieron un aporte mayor.
[54] Según el Nuevo Día (Ibagué, 23 de septiembre de 2004), un informe
oficial de Chile al Ministerio de Cultura de Colombia, que buscaba
repatriar los restos del fiscal, informa que en la catedral, donde se
sepultó al oidor, había una pequeña placa de mármol con el nombre de
Moreno, pero que sus restos probablemente ya no estaban allí, pues en 1896
se reconstruyó la catedral y se pusieron todos los restos en un solo lugar.
El dato aparece en http://letrasenelojo.blogspot.com/2004/09/francisco-
antonio-moreno-y-escandn.html
[55] Sabemos que tenía El Tractatus de officio fiscalis, de Francisco de
Alfaro, que se había publicado en 1606, 1636 y 1780. La dato aparece, sin
referencia, en la biografía de Alfaro, en
www.alfaro.genealogica.net/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=17&
page=1