Identidades y organización política en la Comunidad Kolla de Finca Santiago. Iruya, Salta

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Descripción

Estudios sociales del NOA Año 7 Nº7 (Pp. 46-65). Instituto Interdisciplinario de Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 2004.

“Identidades y organización política en la Comunidad Kolla de Finca Santiago. Iruya - Salta”

Introducción La lucha por la propiedad de la tierra de los grupos indígenas es un problema histórico en nuestro país. Si bien los escenarios político-económicos han ido cambiando a lo largo del siglo XX y principios del XXI, este conflicto aún no ha sido resuelto. En el presente trabajo, nos interesa profundizar dicha problemática en la el noroeste argentino, a través del caso particular de la Comunidad Kolla de Finca Santiago. Dicha comunidad fue la primera en el país a la cual se le devolvió su territorio luego de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 17, donde se establece la “...preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Además, el título de propiedad que les fue entregado es de carácter comunal. De esta manera, se reconoció su preexistencia a la formación del Estado Nacional, por lo que sentó precedente jurídico y socio-histórico para el resto de las comunidades que se encuentran en la misma situación. Aquí, desarrollamos los distintos escenarios atravesados por la misma, haciendo hincapié en lo sucedido a lo largo del siglo XX. A la vez, se analizan las estrategias que fueron adoptando los comuneros en cada momento, en función de las posibilidad existentes, e inclusive cómo fueron afectados cuando las contingencias no les permitieron ningún margen de acción. El trabajo hace foco en las formas de organización política interna de dicha comunidad, en su vinculación con el Estado Nacional y Provincial y por último, en el reposicionamiento frente al desembarco del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI), implementado por el Banco Mundial. Características geográficas Finca Santiago es un latifundio ubicado al norte del departamento de Iruya en la provincia de Salta y su extensión es de aproximadamente 125.000 hectáreas. En dicho territorio habita una comunidad kolla de alrededor de 4000 personas, repartidas en cuatro comunidades o ayllus1 llamados: Colanzuli, Volcán Higueras, Isla de Cañas y Río Cortaderas. En esta región conviven “…dos grandes unidades ecológicas (...), las montañas andinas y las selvas nubladas o yungas.”. (Reboratti, 1998:9). En el caso de Finca Santiago, se debe incorporar una tercera región, ubicada en la transición de ambas. La primera unidad nombrada conforma la parte ‘alta’, zona de Puna, que en algunos lugares supera los 3800 m.s.n.m., por lo que es extremadamente seca, con vientos y sol 1

El término ayllu fue tomado tanto de algunas entrevistas realizadas como del Estatuto General de la Comunidad Kolla de Finca Santiago.

muy fuertes. Aquí se registra una gran amplitud térmica sobre todo en el verano, cuando, si bien aumenta mucho la temperatura diurna, de noche hay marcas bajo cero. Aquí, reside la comunidad de Colanzuli. La parte ‘baja’, donde se encuentran las comunidades de Isla de Cañas y Río Cortaderas, se compone de bosques y selva subtropical. Está ubicada entre los 800 y 900 m.s.n.m. Es una zona húmeda y las temperaturas durante el verano son extremadamente altas. A pesar de que las “…diferencias estacionales son más marcadas en las tierras bajas y húmedas que en las tierras altas y secas del extremo puneño” (Reboratti, 1998:37), en ambos casos las estaciones se diferencian por el régimen pluviométrico, siendo el verano una época de fuertes precipitaciones y el invierno completamente seco. La tercera región, denominada bosque de montaña, está ubicada entre los 2500mts. y 3000 m.s.n.m. Allí se halla la comunidad de Volcán Higueras. La comunidad - El ayllu La Comunidad Kolla de Finca Santiago incorporó el término ayllu en el momento de redactar el Estatuto General que la constituyó como tal. Cabe decir que fueron pocas personas, y sobre todo adultos, quienes pudieron explicar el significado que tiene para ellos de dicho término. A partir de algunas entrevistas, podemos sugerir que el ideal que se procura transmitir es el de “...unidad social y núcleo de las relaciones sociales y de parentesco, políticas, económicas y religiosas.” (Cock, 1981:232), ya que siempre se lo relacionó con la idea de unidad social basada en relaciones de parentesco estrechas, que comparten ancestralmente un territorio y donde se mantienen relaciones altamente solidarias2. La elección del término parece querer recuperar, al momento de la redacción y presentación del Estatuto, características de organización andinas3 así como también subrayar la estrecha unión existente en la totalidad de la comunidad. Aquí, es fundamental lo planteado por Gallois al decir que “El principal desafío parece ser el de representarse como ‘unidad’ o, como sugiere Smith, el de ‘construir unidad en medio de la diversidad’. (1991).” (2001:8)4, entendiendo que si bien la elección surge de la propia comunidad, está respondiendo a una imposición o exigencia tácita, externa. Cabe decir que usualmente se utiliza el término de comunidad y se entiende que la incorporación del término ayllu al Estatuto respondió a la intención de reforzar la identidad indígena, kolla, al momento de iniciar las negociaciones con el Estado por la expropiación del territorio5. La Comunidad - La Finca Finca Santiago compone, a través de sus cuatro ayllus, una unidad tanto social como política. Debido a la gran extensión del territorio que ocupa, desde el punto de vista político administrativo se encuentra dentro de la jurisdicción de distintos municipios. Si bien toda la Finca está dentro del departamento de Iruya, tanto las comunidades de

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Inclusive algunos entrevistados, hicieron referencia a la práctica en la actualidad del ayniruan, permuta consistente en un intercambio recíproco de materiales o trabajo. 3 Nos referimos a características de organización de las poblaciones rurales que ocupaban, y aún ocupan, grandes extensiones de tierras en los Andes Centrales (Perú y Bolivia). 4 Traducción propia. 5 A lo largo de este trabajo se utilizarán de forma indistinta simplemente a los efectos de no reiterar términos. 2

Colanzuli como Volcán Higueras (Zona alta) pertenecen al municipio de Iruya. En cambio, Isla de Cañas y Río Cortaderas (zona baja), al municipio de Isla de Cañas. Los problemas que esto conlleva están relacionados sobre todo con el reconocimiento que se hace de Finca Santiago, como unidad, a nivel provincial. Cada zona (alta y baja) debe responder a distintas dependencias político-administrativas, que provoca una necesaria escisión en lo que respecta al diálogo y a las negociaciones con el estado provincial. Esta situación, sumada a la implementación de los planes sociales (Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar) impartidos, la elección de autoridades provinciales locales, la existencia de un Registro Civil en cada municipio, provoca que no se reconozca en estos casos, la unidad que conforma la Comunidad kolla de Finca Santiago, prevaleciendo la división política impuesta por el Estado. Por lo tanto, es un desafío de las cuatro comunidades, lograr mantener y fortalecer la unidad de la Finca, ya que desde “afuera” continuamente se les están presentado obstáculos y divisiones. A modo de ejemplo, de manera concluyente un habitante de Isla de Cañas dice que “El municipio está en territorio indígena”. Es necesario para analizar los distintos escenarios atravesados y las estrategias adoptadas a lo largo del siglo XX, tener en cuenta la permanente presencia del Estado (tanto nacional como provincial), si bien con diferentes roles e intereses en cada etapa, pero con el poder suficiente como para favorecer u obstaculizar los intereses de la comunidad. En la actualidad, por ejemplo, es impensable cualquier tipo de análisis en esta región sin tomar en cuenta la presencia del Estado mediante planes de ayuda social (Planes Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar), o a través de la gran cantidad de puestos laborales estatales existentes. Esta presencia, si bien ofrece un ingreso monetario fijo y con alguna estabilidad a las familias que lo reciben, también obstaculiza las posibilidades de acción y los intentos del Consejo Kolla6 por aumentar sus grados de autonomía y superar las políticas asistencialistas y clientelares del Estado. Pasado Desde la consolidación del estado argentino, el lugar otorgado a los pueblos indígenas ha ido cambiando en función de los intereses político-económicos en cada período histórico. Trinchero y Leguizamón lo explicitan al decir que "Para el caso específico del desarrollo capitalista en el espacio rural argentino, los discursos políticos hegemónicos hacia el período llamado de formación del Estado nacional (Oszlak, 1982) tendían a glorificar las acciones de conquista (campañas militares "al desierto"), que acompañaron la expansión de la frontera agropecuaria a fines del siglo pasado [XIX], intentando justificar los procesos de ocupación-apropiación territorial y los planes de colonización posteriores." (1995:18). La Campaña al Desierto, fue el inicio de una etapa de persecución y sometimiento efectuado desde el Estado argentino hacia los pueblos indígenas que habitaban el territorio nacional. Su principal objetivo fue aumentar la cantidad de tierra disponible para la explotación capitalista en manos de unas pocas familias de la oligarquía nacional. Una vez logrado esto, las poblaciones originarias de esos territorios se vieron obligadas a transformarse en fuerza de trabajo de los nuevos "propietarios" de

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Más adelante se describirá su conformación y función. 3

sus tierras ya que fueron despojados de todos sus bienes, lo que constituía otro de los objetivos del plan de apropiación territorial. Para entender el interés de los grandes terratenientes locales, así como luego el de las empresas transnacionales, sobre este territorio en particular y tantos otros habitados ancestralmente por pueblos originarios del noroeste de nuestro país -teniendo en cuenta la caracterización que se hace de estas tierras como escasamente productivas-, se debe considerara que “...el espacio chaqueño resulta también un laboratorio de experimentación para la producción de tasas de ganancias extraordinarias para el capital mediante un proceso de valorización del territorio basado en la explotación doble de los recursos naturales y la apropiación territorial y la fuerza de trabajo. El despojo de los medios y objeto de trabajo y la apropiación territorial pusieron en crisis, en forma aún más profunda, la capacidad de reproducción de la población india.” (Trinchero, 2000:149). Si bien no hay mucha información específica sobre Finca Santiago, se sabe que “En el momento del estallido revolucionario contra el dominio colonial en 1810, el nieto del noble que había adquirido originalmente la encomienda en 1705 era uno de los más grandes y poderosos terratenientes del área. Éste era el marqués de Tojo, Juan José Fernández Campero, quien también ostentaba el título de vizconde de San Mateo, conocido popularmente en la Puna como el marqués de Yavi.” (Rutledge, 1992:242). Este territorio fue escenario de las guerras de la independencia hasta el año 1824, en el que se rinden los últimos ejércitos españoles. Luego en 1836, Jujuy se separa de Salta y se rearma el mapa socio-político del país. Las Fincas Rodero y Negra Muerta, también pertenecientes al Marquesado de Tojo, quedaron dentro de la Provincia de Jujuy, en tanto Finca Santiago en Salta. En 1837 se inicia la guerra con Bolivia y estas tierras son invadidas nuevamente. Al finalizar dicho enfrentamiento, toda la extensión volvió a pertenecer al territorio argentino. (Reboratti, 1998:71). Luego, “Aparentemente, Finca Santiago había sido comprada en 1839 por Escolástico Zegada, pero existen muy pocos antecedentes de la evolución de esta finca. Sólo sabemos que en 1906 Miguel Fleming y Robustiano Patrón Costas aparecen como dueños de la misma al vendérsela a Juan Patrón Costas, quien organiza una Compañía ad hoc, la Sociedad Patrón Costas y Compañía.” (Reboratti, 1998:73). Aunque otra lectura posible a la prolija “transacción” es que Patrón Costas, “era gobernador y dijo que estas tierras se las había encontrado. Pero estas tierras anteriormente eran nuestras (del pueblo kolla), después pasaron a ser fiscales nacionales y después las han pasado a la provincia. Ahí las agarró él”. Por lo tanto, desde principios hasta mediados del siglo XX, la familia Patrón Costas fue propietaria de la totalidad de la extensión de las tierras que conforman Finca Santiago, así como de otras fincas vecinas, y también uno de los socios mayoritarios del ingenio San Martín del Tabacal, hasta su quiebra y posterior venta, en la década de 1990. El Ingenio Refiriéndose a la economía del noroeste, dirán Bisio y Froni que “En las últimas décadas del siglo pasado [XIX] se definen, además de la ganadería, nuevos roles económicos para la región; con la llegada del ferrocarril resulta posible la producción industrial de azúcar, altamente protegida, para el mercado interno. Pero también el ferrocarril al llegar redefine el espacio dentro de la región, presentándose así zonas que pasan a ser aisladas geográficamente, cuyas economías entran en crisis.” (1976:4). Esta zona de haciendas (Catamarca, Tucumán y la Puna), dirá Reboratti, quedó completamente aislada del desarrollo capitalista del resto del país. La presencia de 4

ferrocarril, industrias y trabajo asalariado era casi inexistente en estas regiones, la población quedó reducida exclusivamente a una economía de subsistencia. “Lo primero que se necesitaba entonces era conectar a esa población a la circulación monetaria.” (Reboratti, 1998:90), para lo que se comenzaron a introducir mercaderías inexistentes en la zona y a prestar servicios que los campesinos debían pagar con dinero, para lo cual se veían obligados a ofrecerse como mano de obra y poder percibir una cantidad de dinero (siempre muy escasa) que les permitiese ir saldando las deudas que habían contraído casi involuntariamente. Inclusive, en algunos casos les pagaban parte del salario en vales que sólo podían utilizar en las proveedurías del ingenio. Se conoce una red de influencias, compuesta por figuras como jueces de paz, maestros y policías, que actuaban contratando. Para el caso específico de Jujuy, dirá Kindgard que “Los ingenios (...) asegurarían el reclutamiento de mano de obra a partir de la difusión del sistema del contratista o “conchabador”. Era muy común que este fuera a la vez juez de paz, comisario o caudillo político de la zona, y desde esta posición, desplegara una serie de mecanismos coercitivos para asegurar el conchabo y traslado de los contingentes indígenas.” (2004:168) Inclusive, colaboraron con los hacendados “bolicheros” que ofrecían mercadería de primera necesidad (a precios más elevados que en otros comercios) por adelantado, lo que garantizaba el endeudamiento de los campesinos7. Es difícil desligar la historia de Finca Santiago, de la creación de dicho Ingenio. Esta presencia aparece en las entrevistas como un sombrío fantasma del pasado (y del presente en algunos casos), ya que nadie ha quedado a salvo del accionar de los personeros del Ingenio San Martín de Tabacal. Se puede iniciar el análisis del impacto provocado por los ingenios en la región, remontándonos a su origen: “La caña de azúcar, materia prima de la industria azucarera, se implantó en la Argentina en el siglo XVII y alcanzó cierto desarrollo durante la primera parte del siglo XIX, pero el origen de la industria moderna se halla asociado al avance del ferrocarril y a las medidas proteccionistas encaradas por el estado.” (Bisio y Froni, 1976:10). Luego, dirá Trinchero que “El proceso de desplazamiento de los ingenios tucumanos por parte de las agroindustrias azucareras del ramal, si bien se consolida hacia principios del presente siglo XX, continúa en la década del ´20 y se incrementará hacia la década del ´30 ante un nuevo ciclo de auge de la producción. (...) a pesar de la crisis y el estancamiento que caracterizaron a la economía en el mundo capitalista, la producción azucarera en Argentina logra un aumento de un 70% en sus niveles de producción, observándose que la tasa general del incremento se dio con mucha mayor rapidez en Jujuy, Salta y Tucumán.” (2000:155). Entonces, para dimensionar el poderío económico y político de los grupos político-empresarios a cargo de los grandes imperios agroindustriales, se debe señalar que en la década del '20, cuando inician la explotación sistemática de la región y de la fuerza de trabajo asentada en ella, en las provincias del norte, la industria azucarera tenía una influencia enorme no sólo sobre la economía local y por ende sobre la subsistencia de la mayor parte de la población de la región, sino también a nivel nacional. Siguiendo con el planteo de Bisio y Froni, se debe destacar la “participación institucional o intervención del estado en el desarrollo de dicha actividad industrial; en “Como la mayoría [de los campesinos indígenas] no hablaba castellano, eran fácilmente engañados en las cuentas finales que se les pagaban al terminar su trabajo y sufrían descuentos por multas impuestas con cualquier pretexto, y por los 'regalos' hechos al llegar.” (Reboratti, s/f:46). 7

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efecto, esta intervención se manifiesta desde los inicios mismos de la industria azucarera, sin la cual –como ya hemos señalado- ésta no se hubiese desarrollado.” (1976:13). Aquí nos parece pertinente retomar la “tercer hipótesis” de trabajo presentada por Trinchero, “...la permanencia y en ocasiones profundización de las contradicciones emergentes de las relaciones de producción históricamente presentes en la formación social de fronteras Chaco central ha generado una reiteración de mecanismos de coerción política y en ocasiones militarizados como garantía del proceso de valorización.” (Trinchero, 2000:51.) En la mayoría de los casos, y no casualmente, los dueños o administradores de empresas agroindustriales también detentaban o participaban (y en muchos casos aún lo hacen) del poder político provincial. Es decir que, al estar en manos de los mismos grupos tanto el poder político como el económico, se legitimaban prácticas y usos del terror como mecanismos paralizantes detentados por éstos, en este caso particular por las cabezas de los ingenios. (Isla, 2000:135). También se debe mencionar que en Salta, como en muchas provincias de nuestro país, las instituciones gubernamentales son controladas por clanes familiares8. El discurso y acciones utilizadas por estos grandes imperios político-económicos son y fueron contradictorios. Por un lado, afirmaron que las nuevas zonas ocupadas estaban “deshabitadas”, lo que coincidía con el discurso político hegemónico que imperaba en la época (principios del siglo XX), el de la negación absoluta de grupos indígenas dentro del territorio argentino. Por el otro, sabiendo que esto no era así y para llevar a cabo su objetivo, explotaron a esta población, la negada desde el discurso, para levantar sus imperios. Inclusive, actualmente en la página web institucional de Tabacal Agroindustria (Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal), en el apartado “Quiénes somos”, se puede leer una bucólica historia: “En el año 1908, el Dr. Robustiano Patrón Costas y su hermano Juan, toman la iniciativa de comprar tierras en Orán con la intención de desarrollar una actividad agroindustrial. En el año 1916 llega el ferrocarril a Orán, fundándose el Pueblo Ingenio el 5 de agosto de 1918 y en 1919 se comienzan los trabajos para instalar el Ingenio. Así comienzan las tareas de desmontar a hacha y plantar a mano la primera semilla de caña. (…) Se trataba de instalar una gran fábrica en el desierto, en plena selva virgen. De esta forma nació el Ingenio Tabacal.”9 Como se puede observar, no hay alusión alguna a la preexistencia de personas en el lugar y mucho menos a la explotación sistematizada de fuerza de trabajo que les permitió levantar una empresa de tal magnitud. Intentando rastrear las primeras formas de beneficio económico de la industria azucarera a costa de la fuerza de trabajo de los pueblos originarios, tomamos la siguiente referencia del trabajo de Bisio y Forni: “El historiador Atilio Cornejo cita en su estudio una petición de los productores azucareros de Salta y Jujuy, fechada en 1885, y dirigida al jefe de fronteras del Chaco para que facilitase la obtención de mano de obra indígena; en dicha petición estos productores justificaban –con argumentos de desenfadado cinismo, muy natural para el espíritu de los tiempos- la utilización en condiciones cuasi serviles de mano de obra aborigen: “Como a S.S le consta, este comercio de relaciones entre el hombre civilizado y el salvaje, y el empleo provechoso 8

En la actualidad, Juan Carlos Romero está atravesando su segundo período como gobernador de Salta. Su padre detentó el mismo cargo durante los primeros años de democracia en los ’80, luego de haber dirigido el diario provincial “El Tribuno” durante la última la dictadura militar. 9 http://www.centroazucarero.com.ar/ingenios.htm Agosto, 2003. 6

que ha hecho la industria y la agricultura de este elemento perjudicial y que servía de constante amenaza en la Frontera, ha traído por consecuencia la reducción de un gran número de tribus, convirtiendo así al indio en brazo auxiliar del trabajo que más tarde será la base fecunda de riqueza para nuestro país. (pág.121)” (1976:39). Siguiendo con los autores, se puede decir que “La primera relación con los indígenas, cuasi servil, adquiere con el desarrollo de formas más capitalistas de producción características de trabajo asalariado, pero subsistiendo diferencias de remuneración y tratamiento con los trabajadores cristianos. La postergación jurídica, cultural y política de los aborígenes permitió su explotación económica y todo tipo de abusos.” (Bisio y Froni, 1976:39). Algunos entrevistados, vieron en la presencia del Ingenio, y la incorporación de la forma del salario a través de los pagos, uno de los primeros elementos negativos que comenzó a marcar diferenciaciones (económicas y sociales) internas. Así, “Cuando el Ingenio empezó a pagar salarios, empezó a dar dinero y han descubierto que en la ciudad hace falta tener dinero, no era suficiente con tener para sobrevivir.”10 El Malón Iniciada la década del ’40, los reclamos de la población indígena ruvieron un nuevo espacio para ser escuchados “las medidas impulsadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo crearon expectativas nuevas entre los puneños. Con particular intensidad desde la década de 1930, la Puna había sido teatro privilegiado de materialización del poder derivado de la injerencia de los intereses azucareros en el Estado provincial.(...) En efecto, los arrendatarios indígenas de las tierras altas jujeñas eran obligados –si querían conservar sus parcelas- no sólo a acudir a los trabajos de la zafra azucarera, sino también a votar por el candidato a diputado provincial del partido conservador.” (Kindgard, 2004: 173). El malestar de los campesinos indígenas puneños se hizo visible en 1946. Luego de meses de organización, “...un numeroso grupo de dirigentes indígenas de la Puna, solicitó por nota, gestionada por el legislador indígena Raymundo Mamani, al entonces Consejo Agrario Nacional que se restituyesen las tierras al dominio de las comunidades aborígenes, conforme la ley 880 de 1930 y la ley 1835”11. Explicará Kindgard12 para el caso de la Puna jujeña, pero igualmente aplicable para el resto de las comunidades de la región que “La significación que para los puneños tenía la posesión de la tierra no derivaba solamente de su valor económico: encerraba también un fuerte contenido simbólico ligado a la recreación de lazos de solidaridad que estaban en la base del sentido comunitario de organización social (Sica, 2002).” (2004:171). El 17 de enero de 1946 el presidente Farrell dictó la Ley de Expropiación, lo cual pareció un principio de solución. Sin embargo, no se trató más que de una fachada, ya que "...el engaño estaba en marcha, ése mismo año el Consejo Agrario Nacional pasó a depender del Banco Nación, dirigido por 'apellidos' contrarios a la expropiación.”13 Además, a través de diversos análisis realizados años más tarde por algunos miembros de la comunidad, llegaron a la conclusión de que “nosotros intelectualmente, mis 10

Poblador de la comunidad de Isla de Cañas. Orán, julio 2003. http://www.geocities.com/RainForest/Andes/8976/malon.html Julio, 2001. 12 El estudio de Kindgard al que se hace alusión, aborda el análisis del Malón de la Paz desde la perspectiva de los “nativos arrendatarios de la Puna jujeña”. 13 http://www.geocities.com/RainForest/Andes/8976/malon.html Julio, 2001. 11

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abuelos y mis padres, no estaban capacitados: esperaban que Perón hiciera todo. Y pasados dos años, esta ley cayó. Jurídicamente, pasados dos años, si no se hacen los trámites, pierde valor.”14 Pero de todas maneras, la acción fue recuperada décadas más tarde, ya que dicha ley fue tomada como “un antecedente jurídico”.15 El 15 de mayo de 1946 partió desde Abra Pampa, provincia de Jujuy, una caravana bautizada por sus protagonistas como Malón de la Paz. Esta, estaba conformada por representantes del pueblo kolla de Finca San Andrés, Finca Santiago y otras comunidades de la Puna jujeña. La misma, tenía como fin llegar a Buenos Aires a pedirle al entonces electo presidente Juan Domingo Perón, que extendiese la ‘justicia social’ a los pueblos indígenas. Así como la concreción de su consigna electoral “la tierra al que la trabaje” (Kindgard, 2004:175). Luego de casi tres meses, a comienzos del mes de agosto, llegaron a pie y a caballo hasta la Capital Federal. El arribo fue mejor de lo esperado ya que Perón y otros funcionarios los esperaban desde los balcones de la Casa de Gobierno. Además, recibieron adhesiones de distintas centrales obreras. La caravana fue alojada en el Hotel de Inmigrantes, “...actitud que respondía en gran medida a los prejuicios existentes acerca de la distancia cultural que separaba a las comunidades indígenas del resto de la sociedad nacional.” (Kindgard, 2004:177). Inclusive algunos miembros de la Comunidad han hecho, años más tarde, su propia lectura: “Hotel de Inmigrantes! A los indios, cómo si fuésemos extranjeros!”16 Luego de varias entrevistas, gestionadas por el Teniente Mario Augusto Bertonasco (quien es recordado por los ancianos con el mayor de los respetos), hacia fines del mismo mes de agosto, irrumpió en el Hotel la Policía Federal. Utilizando gases lacrimógenos, obligaron a los representantes kollas a abandonar no solo el edificio sino la Capital. El gobierno había decidido que debían emprender el regreso a sus hogares. Fueron las Fuerzas de la Prefectura quienes se encargaron de subir a los indígenas a un tren que los llevase de nuevo hacia el norte del país, bloqueando las puertas en las paradas de Rosario y Córdoba, para evitar que los ocupantes bajasen antes de su destino obligado. Si bien el acontecimiento no tuvo resultados positivos, es recordado como un hito fundamental que sentó precedente en la lucha del pueblo kolla y luego fue recuperado como bandera en las demandas (re)surgidas hacia fines de la década del 80’. Y tomando nuevamente las palabras de Kindgard: “Como hemos intentado argumentar, la relación de los puneños con el orden social establecido no era de asimilación pasiva, sino creativa y evaluativa, demostrando capacidad de reconstrucción reflexiva del sistema de valores recibidos y de elección estratégica entre alternativas de acción. (2004:179). La tala En 1951 Finca Santiago fue comprada a la familia Patrón Costas por una firma maderera (sociedad compuesta inicialmente por Robustiano Manero y Manuel Quirós a la que luego se sumó Daniel Coto) llamada Finca Santiago S.A. Una vez efectuada la transacción, no se realizó ningún tipo de inversión sino que se mantuvo un sistema de extracción de rentas a los ocupantes de la misma. Por lo tanto, “La venta de la finca en

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Poblador de la comunidad de Isla de Cañas. Isla de Cañas, julio 2003. Poblador de la comunidad de Isla de Cañas. Isla de Cañas, julio 2003. 16 Poblador de la comunidad de Isla de Cañas. Isla de Cañas, julio 2003. 15

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1951 solamente significa que este caudal de mano de obra ya estaba asegurado y no se necesitaba más la tenencia de la tierra para obtenerlo.” (Reboratti, 1998:166) A partir de ése momento, se comenzó una tala indiscriminada e ininterrumpida del bosque (ubicado en la zona baja) hasta casi finalizado el siglo XX. A través de un acuerdo con el gobierno de Salta, se hizo el camino que permitía la comunicación con Orán y de esta manera se facilitó el transporte de la madera. Para los habitantes de la Finca, además del movimiento que generaba dicha actividad, no se registraron grandes cambios. Se mantuvieron tanto la figura del administrador como el sistema de arrendamiento. Si bien se empleó gente para llevar a cabo la tala, y sobre todo en una primera etapa para limpiar el monte y hacer los caminos, el impacto de la ocupación de mano de obra no afectó a la misma cantidad de personas que el Ingenio. De hecho, muchos siguieron trabajando en el Ingenio San Martín de Tabacal, y pagando arriendo a los nuevos dueños de sus tierras. Si bien se había comprado la totalidad de la Finca, a la parte alta sólo se la tenía en cuenta a la hora de realizar los cobros ya que una vez al año, se acercaba hasta esas zonas el administrador. Los nuevos propietarios sólo estaban interesados en la madera que podían obtener del bosque, por lo que su presencia estaba concentrada en la parte baja. Se debe recordar, que durante las primeras décadas de la tala, aún no estaba fundado el Municipio de Isla de Cañas, por lo que las únicas vías de acceso que había en ése momento, eran las abiertas especialmente para tal fin. Si bien como ya se dijo el pago del arriendo estaba completamente naturalizado por la cantidad de años que llevaba instaurado, algunos entrevistados hicieron hincapié en el abrupto aumento impuesto por los nuevos propietarios de la Finca. Y debido a ésa escalada, que para muchos era difícil de afrontar, algunos comuneros debieron vender parte de su ganado para saldar las deudas. Viéndose intimidados además, por las cartas documento que comenzaban a enviar los dueños a los morosos. La expropiación A partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, con la incorporación del artículo 75 inciso 17, la Comunidad Kolla de Finca Santiago logra encontrar un marco legal para viabilizar sus demandas y se presenta una nueva propuesta de ley (por segunda vez) de expropiación de la Finca. En octubre de ése mismo año, se sanciona la Ley Nacional 24.334 de expropiación que se concreta en 1997. Previamente, conforme el artículo 2° de la Ley Nacional 23.302 sancionada en 198517, se inscribió la personería jurídica de la Comunidad Indígena del Pueblo Kolla de Finca Santiago, previa presentación del Estatuto General. Y así lograr, “…mediante la juridización de sus demandas (...) la conversión del conjunto de reivindicaciones en un reclamo de reforma constitucional y legal, así como de reconocimiento de una ‘legalidad indígena’ propia.” (Iturralde, 1996:8). Finalmente, en diciembre de 1999 les fue entregado el título de propiedad de las tierras a nombre de la Comunidad Indígena del Pueblo Kolla de Finca Santiago. Con el título, además de la propiedad comunal, se declararon las tierras intransferibles, inembargables y libres de impuestos. De todas maneras, es importante señalar que si bien se devolvió el territorio a sus ocupantes ancestrales, el Gobierno Nacional desembolsó una suma muy importante 17

Sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Ley reglamentada bajo el Decreto N° 155/89. 9

de dinero (tres cuotas establecidas de $1.700.000) para entregarle en forma de pago a los últimos dueños (firma maderera Finca Santiago S.A.). En este nuevo contexto, de reconocimiento constitucional de “...preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, y en este caso en particular con la tenencia legal de las tierras, se presentaron nuevos desafíos con respecto a períodos anteriores. Se comenzó, a partir de la expropiación, a recuperar y reconstruir su historia social y cultural, trabajo que se vio reforzado con la presencia del Consejo Kolla. Al respecto, Isla dice que “La lucha por la tierra, requirió mantener viva la memoria y la identidad asociada al territorio. Este fue el principal papel que tuvieron que jugar los caciques, y los líderes hasta la actualidad, en una sociedad dispersa en el espacio y muy fragmentada, producto de la dominación.” (2002:126). Además, se recuperó el sentimiento de orgullo comunitario por haber logrado el objetivo de tantos años. A pesar de presentarse este nuevo panorama como algo altamente positivo, algunos de los pobladores también expresaron el surgimiento de elementos negativos a partir de la expropiación. Se debe tener en cuenta al momento de analizar la relación de las comunidades indígenas con los distintos organismos (ya sean estatales o no gubernamentales), la existencia de líderes con acceso diferenciado tanto a la información como a los contactos. Morin y Saladin d’Anglure así lo describen: “Estos líderes étnicos con mucha frecuencia obtienen su poder de la ambigüedad expresada por la superposición de dos culturas, la de su grupo de origen y la de la sociedad dominante.” (1997:185)18. Las diferenciaciones de poder político que se registraron a partir de la ocupación de cargos jerárquicos dentro de las cuatro comunidades (en los Consejos Kollas) y la aparición de líderes o interlocutores para el diálogo con los distintos organismos, tanto estatales como no gubernamentales, comenzó a generar diferencias que hasta ése momento no habían existido. Presente La lucha no fue fácil ya que en nuestro país, al igual que en el resto de América Latina, “La tradición constitucional (…) se funda en un proyecto de unidad nacional que no deja resquicios para el reconocimiento de la diversidad.” (Iturralde, 1996:18). Pero como ya se dijo, fue debido a ése vacío legal que los dirigentes de Finca Santiago encontraron la manera de viabilizar su demanda, realizando una propuesta producida y gestionada por el Dr. Eulogio Frites, abogado, oriundo de la Finca. Un dirigente de la Comunidad relata el descubrimiento que les permitió iniciar las acciones legales: “Era muy simple porque nosotros no éramos gente reconocida desde el punto de vista del Derecho. No había una parte del Derecho que dijera: el indígena tiene derechos, dentro de algo positivo. O decir, tienen personería jurídica, es decir, son reconocidos como cualquier organismo, ONG, organización, nosotros no. No existíamos, ¿no? ¡No existíamos! Para nada, para el Estado los indios no existen.”19 Consejo Kolla de Finca Santiago Si bien se venían realizando reuniones informales desde 1992, es recién en 1994 cuando comienza a administrar Finca Santiago el Consejo Kolla20. Luego, concretada la 18

Traducción propia. Poblador de la comunidad de Isla de Cañas. Isla de Cañas, julio 2003. 20 Ése mismo año se inició el trámite de expropiación. 19

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expropiación, a comienzos de 1997 la comunidad constituida por los cuatro ayllus (Colanzuli, Volcán Higueras, Río Cortaderas e Isla de Cañas) sancionó el Estatuto General, que rige en la totalidad de la Finca hasta la actualidad. En el mismo, se manifiesta que adoptarán “...una forma asociativa predominantemente indígena que fue inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, reconociendo el Estado nacional nuestro derecho a asociarnos conforme nuestras pautas culturales”21.Así como también, los estatutos regirán “...los destinos de nuestros ayllus, para asegurar, garantizar y participar en pleno reconocimiento y cumplimiento de todo espíritu de la Constitución Nacional…”. Por lo que queda claro cómo, si bien se está planteando una forma de organización basada en sus propios principios, también apelan a la integración nacional a través de su reconocimiento por parte de la Constitución. El Consejo Kolla de Finca Santiago está integrado por doce delegados de los cuatro ayllus (tres de cada uno), siendo presidido por uno de sus pares, como Coordinador General. También existe un Tribunal de Disciplina, integrado por miembros del Consejo de Jóvenes y el Consejo de Ancianos, el cual junto con la Asamblea General, son los únicos entes con poder para apelar sobre las decisiones tomadas por los Consejos. A la vez, cada una de las cuatro comunidades cuenta con un Consejo Kolla Local, que permite resolver ciertos problemas con mayor celeridad. A pesar de la gran cantidad de obstáculos, tanto externos como internos, se está intentando fortalecer la organización política de la comunidad a través del Consejo Kolla de Finca Santiago. Procurando a la vez, alcanzar algún grado de autonomía con respecto al Estado u otros organismos y asociaciones no gubernamentales, pero entendiendo que es necesario sostener una vinculación con los mismos. Se intenta fortalecer dicha organización para mantener independencia en la toma de decisiones pero existe un alto grado de dependencia para poder alcanzar la mayor parte de los objetivos que se persiguen, sobre todo por el aspecto económico. En el plano político, dirá Díaz-Polanco que “...los pueblos indios están descubriendo las ventajas de una relación estrecha (...) con las fuerzas de la sociedad civil. Respecto a su actitud política, las organizaciones indias se están liberando de los temores (inducidos por el integracionismo y el etnicismo) a vincularse con otras organizaciones no indias (partidos, movimientos, frentes y otras entidades) con las que hay una comunión de propósitos en el plano nacional.” (1991:117). Y concluye: “La enseñanza es clara: lo que refuerza aquel aislamiento impuesto por la hegemonía estatal no es la ‘identidad propia’, sino la marginalidad política...” (1991:118). Identidad indígena y territorio La demanda de los grupos indígenas por la tierra se basa principalmente en el hecho de que este, es uno de los elementos fundantes en su constitución identitaria. Por tanto, la pertenencia a un espacio geográfico es fundamental en su configuración social e individual debido al estrecho vínculo que mantienen con el territorio que ocupan. Este espacio, además de garantizar su reproducción material (y la subsistencia del grupo) mediante el acceso directo a los recursos, está afianzando y permitiendo la reproducción de su mundo simbólico y cultural. Es por esto que las demandas por territorios indígenas tienen un trasfondo mucho más profundo que el simple reclamo por un 21

La institucionalización de la Comunidad Kolla de Finca Santiago se dio debido a la necesidad de consolidar su “personería jurídica”, lo que les permitió acceder a los títulos de propiedad de la tierra de forma legal. 11

pedazo de tierra. Gallois lo conceptualiza diciendo que “Innumerables estudios sobre esos movimientos demostraron que hay una relación directa entre la pérdida de control territorial y la pérdida de autonomía cultural y política en las sociedades indígenas y la emergencia de nuevas formas de organización y representación.” (2001:5)22. Son espacios geográficos que les pertenecen y les permiten mantener y reafirmar su identidad indígena. Así, uno de los comuneros declara: “Indio sin tierra no es indio”23. Como se expuso al comienzo del trabajo, las realidades ecológicas dentro de la Finca son completamente diferentes, a pesar de lo cual muchos pobladores denuncian que ‘desde afuera’ (Gobierno provincial y nacional, INAI, Banco Mundial) se suele homogeneizar el ámbito geográfico. Debido a la estrecha vinculación que históricamente la comunidad tiene con la tierra, como su principal recurso, y a la existencia de diferentes pisos ecológicos dentro de su territorio, han desarrollado un modelo de ganadería trashumante. Si bien diversos cambios sufridos tanto en los ámbitos político como económico, han afectado esta forma de organización (y provocado una fuerte sedentarización) y producción, se debe al menos esbozar el funcionamiento de la misma. El modelo, que en algunos casos aún se mantiene, implica el traslado total o parcial del grupo familiar con el ganado y unas pocas pertenencias, en busca de mejores condiciones climáticas, a lo largo de las distintas estaciones del año. Cada unidad doméstica, de las que aún se movilizan, tiene entonces dos o más “puestos”24. Para analizar la organización económico-social relacionada con la variedad ecológica de esta región, no se puede sino recurrir al exhaustivo estudio realizado al respecto por John Murra para el mundo andino. Podemos aplicar sus conclusiones a nuestro caso, al decir que “La percepción y el conocimiento que el hombre andino adquirió de sus múltiples ambientes naturales a través de milenios le permitió combinar tal increíble variedad en un solo macro-sistema económico.” (1975:60). Si bien se podrían enumerar una serie de características locales, a los fines de este trabajo es suficiente decir, en término generales, que la explotación diferenciada por “pisos ecológicos” está incorporada a las formas de producción de los habitantes de Finca Santiago. Así, “Los agroecosistemas posibles determinados por la diversidad topoclimática zonal son intensamente aprovechados mediante la diversificación de las prácticas agropecuarias para el óptimo aprovechamiento de su productividad diferencial.” (Hocsman y Quiroga Mendiola, 2003:40), y prosiguiendo con el análisis del sistema productivo concluyen: “Nos encontramos frente a un sistema de producción mixto y complejo que se basa en la diversificación del ganado y en la combinación de cultivos dentro de las mismas unidades de producción. Esta diversificación es una estrategia económica importante porque asegura un uno máximo de los recursos a la par que minimiza los riesgos de producción.” (Hocsman y Quiroga Mendiola, 2003: 44) Para realizar el presente análisis de la comunidad kolla de Finca Santiago, se debe remarcar que “Las peculiaridades del espacio andino han dado un rasgo específico a las formas de la propiedad y la producción: el que en un área transitable en un día o 22

Traducción propia. El Tribuno, 08/03/97. 24 Puesto es el nombre genérico que recibe el conjunto de vivienda y terreno explotado (tanto para agricultura como ganadería) perteneciente a una unidad doméstica. Los grupos familiares que aún practican la trashumancia, además de tener su vivienda y rastrojos fijos, cuentan con una estructura similar que utilizan para la invernada o veranada, según el lugar y época del año en que se encuentren. 23

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dos de camino se presente tal abigarramiento ecológico dio lugar en su momento a la formación de territorios étnicos en ámbitos cuya diversidad ecológica está dada por la altitud vertical relativa.” (Abduca, 1995:92). La aplicación generalizada de este sistema de reproducción del grupo doméstico, garantiza economía agrícola-ganadera de autoconsumo, lo que no excluye la venta de excedentes al mercado aunque en una proporción mucho menor. Identidad y Banco Mundial En el año 2000, el Banco Mundial puso en marcha el Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI) en la República Argentina, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se seleccionaron tres comunidades de todo el país para llevar a cabo dicho programa25: “…el territorio Mapuche de Pulmarí (provincia de Neuquén), el territorio Diaguita-Calchaquí de Amaicha del Valle/Quilmes (Provincia de Tucumán) y el territorio Kolla de Finca Santiago (Provincia de Salta)”. El objetivo propuesto fue “…establecer las bases para el desarrollo a través de iniciativas que surjan de cada comunidad y para la gestión de los recursos naturales en las tierras indígenas.” Ello incluye el fortalecimiento de la organización social y la cultura, la formulación de planes locales para el desarrollo y recursos naturales y la comprobación de métodos innovadores para abordar problemas socioeconómicos y ambientales importantes de una manera que toma en cuenta el género.” (Documento de Evaluación del proyecto, 2000:6). A la vez, se procura que a mediano plazo los proyectos iniciados sean sustentables por sí mismos y que no estén reemplazando tareas y responsabilidades que le competen al Estado. Dirá Iturralde, que “…este crecimiento del interés y de la actividad internacional puede estar asociado a un creciente desinterés y abandono de responsabilidades por parte de los gobiernos.” (1996:32). Siguiendo con la idea del alejamiento (total o parcial) del Estado con respecto a las políticas de desarrollo dirigidas a las comunidades indígenas, “Es especialmente preocupante constatar que, si bien las organizaciones indígenas han levantado una crítica muy aguda al modelo de desarrollo impuesto, no han formado claramente propuestas acerca de cuál es el desarrollo autónomo deseable y se han limitado en insistir en que son ellos quienes deben asumir el control de las decisiones y de los recursos. El reclamo es por la autogestión del mismo desarrollo que se critica.” (1996:13). El proyecto DCI del Banco Mundial, ya tuvo más de dos directores y a la fecha, en Finca Santiago por lo menos, se ha recibido muy poco dinero para comenzar a ejecutar los proyectos. En este momento se están realizando actividades de construcción y mejoramiento edilicio en una escuela, una sala de atención médica y en las casas de los Consejos Kollas. Además, está en marcha un plan de préstamos para desarrollo agrícola y para la compra de equipos de radio que permitan la intercomunicación de los cuatro ayllus. Con respecto a las condiciones que les siguen imponiendo desde el Banco Mundial, el descontento mayor se explica a través de las exigencias impuestas: “nos piden proyectos unificados. Desde afuera nos están pidiendo algo que desde ya está en contra de nuestras posibilidades. Cada ayllu tiene sus intereses de acuerdo a sus pisos 25

Las mismas, debían contar con título de propiedad de sus territorios para poder recibir este subsidio. 13

ecológicos, al agua, al viento, la temperatura, de acuerdo a los caminos, a la trashumancia, a la cantidad de gente. No es así nomás, todos quieren sembrar papas.”26 La idea lineal y unificada de progreso con la que se guía el Banco Mundial en este caso, no sólo no encuentra eco en las necesidades diferenciadas dentro de la Finca, sino que se presenta como uno de los mayores obstáculos para el otorgamiento del dinero. Finalmente, cabe decir que esta crítica situación está generando una ruptura en los lazos internos, en el interés por el trabajo comunal, y un aumento importante en la pérdida de confianza en los líderes (elegidos por la misma comunidad). Futuro En la actualidad, como ya se dijo, no se puede realizar ningún tipo de análisis sobre pueblos indígenas sin tener en cuenta su relación con el Estado, o con organizaciones no gubernamentales u organismos multilaterales de crédito (BM, BID). La mayoría de las comunidades tienen vinculación de una forma u otra (educación, subsidios, representantes con cargos políticos, etc.) con alguno de estos entes. En su posicionamiento, los pueblos indígenas deben ofrecer un discurso lo suficientemente homogéneo que les permita mostrar un elevado nivel de unidad hacia adentro, independientemente de cómo sean las relaciones u organización de cada grupo, en la práctica. Las reglas del juego de los entes estatales y de los grandes organismos financiadores los obligan a mantener una cohesión y coherencia internas que raramente se encuentran en estos espacios institucionales. Estas demandas provocan a la vez un proceso de reafirmación de su identidad, que no está respaldada por una aceptación generalizada fuera de la comunidad. Es un juego macabro (a veces compartido), en el cual se obliga a los pueblos indígenas a exacerbar su identidad a la vez que dicha identidad no encuentra eco positivo en el resto de la sociedad de la cual forman parte. Las comunidades indígenas, o sus líderes, han aprendido a administrar distintas facetas identitarias en función de las coyunturas e interlocutores. Así, “Su ambigüedad también los conduce en ocasiones, a anteponer argumentos primordialistas y escencialistas para legitimar su etnicidad.” (Morin y Saladin d’Anglure, 1997:185)27. Dependiendo del interlocutor, o del momento de negociación, adoptan estratégicamente una posición u otra. Se reivindica o dialoga desde un lugar distinto cada vez, “...si antes eran ‘salvajes’ a civilizar, hoy deben ocultar sus marcas de ‘civilización’ para recibir apoyo en tanto indios.” (Gallois, 2001:12)28. Es decir, los organismos internacionales y las ONG´s reivindicarán a esos grupos, que antes no podían decidir por sí mismos, como un planificadores por excelencia debido a sus formas de vida sustentable. Y luego, cuando ven que no demuestran marcas de “indianidad” requeridas, se les quitan los fondos. Según Hocsman, “En este sentido consideramos que la etnicidad no se define como una cualidad o una propiedad ligada de manera inherente a un determinado tipo de individuos o de grupos, sino como una forma de organización de mundo social que puede variar de acuerdo a las épocas y a las situaciones.” (2004:12).

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Poblador de la comunidad de Isla de Cañas. Isla de Cañas, julio 2003. Traducción propia. 28 Traducción propia. 27

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La Comunidad Kolla de Finca Santiago mediante el uso estratégico de ciertas marcas identitarias y a través de la organización política interna, logró la recuperación legal de su territorio. Podemos sugerir que tratándose de un territorio marginal en términos productivos (teniendo en cuenta que su último bien preciado que era el bosque, estaba prácticamente extinguido al momento de la expropiación), la entrega de las tierras pudo haber sido un “gesto político” de la Presidencia de la Nación, en el año 1997, hacia el Gobierno de la provincia de Salta por la afinidad entre ambos mandatarios ejecutivos. La organización política interna de Finca Santiago aprovechó una construcción territorial existente (resultado de los recortes catastrales de la apropiación llevada a cabo a comienzos del Siglo XX y basada en divisiones anteriores) para impulsar y llevar a cabo las demandas de la década de 1990. Poniendo en este caso de relieve, su adscripción étnica. Siguiendo con esta idea, Belli y Slavutsky proponen que “Lo identitario étnico se construye y destruye permanentemente. (...) La etnicidad es una construcción eminentemente práctica, donde unos y otros reconocen sus diferencias en la acción” (2003:16). En la actualidad, se presentan más desafíos e interrogantes que respuestas y certezas. Tanto el contexto mundial como el nacional han cambiado, y si bien para las comunidades indígenas la libertad de creación y movimiento es mucho mayor, aún debemos explorar las posibilidades de incorporar diversidad sin querer controlarla u homogeneizarla. La Comunidad Kolla de Finca Santiago está construyendo con la acción, recorridos que le permitan buscar e ir acercándose, a la vez que definiendo y redefiniendo, sus objetivos en función del bienestar de la comunidad; albergando aún un sin fin de contradicciones de difícil resolución.

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