Idea central de la opinión publicada el 24 de febrero de 2015

Idea central de la opinión publicada 24 de febrero de 2015 Pulso diario, Hugo Augusto Autor / tema

Todos los partidos enfrentan una de las coyunturas más críticas de que tengamos memoria: el repudio social y el rechazo ciudadano hacia ellos, a partir de hechos de todos conocidos (Iguala; la casa blanca; los moches; los conflictos internos; la disputa feroz por candidaturas). Según la encuesta Buendía/Laredo: "Con excepción del Verde y Encuentro Social, todos tienen mayor número de opiniones negativas que positivas". En la escena hemos visto recientemente una sucesión de hechos escandalosos: cadáveres colgados en los puentes de las carreteras, migrantes asesinados masivamente en San Fernando, los ajusticiados por el Ejército en Tlatlaya, la lujosa "casa blanca" adquirida sospechosamente por la esposa del Presidente, los estudiantes normalistas liquidados en Iguala, la corrupción del gobierno de Aguirre en Guerrero, la dudosa y mal hecha construcción de la línea 12 del Metro en el DF, y muchos más acontecimientos escandalosos de mayor o menor calado. Incluso la extendida idea de que México está viviendo una profunda crisis de Estado se ha vuelto parte del espectáculo escandaloso. En la sociedad del escándalo impera la confusión y la política se degrada ante los ojos de mucha gente. Sabias y oportunas palabras las de González Iñárritu, quien desgraciadamente tuvo que irse de su país para tener éxito y reconocimiento internacional y poder decir desde un foro tan importante como fue la entrega de los Óscares, que rogaba, sí, rogaba por que México tuviera un gobierno que se mereciera. El gobierno priísta y sus aliados, de forma particular el Verde, el duopolio televisivo han colocado las fichas en las instituciones que hoy simulan ser autónomas, como el INE, el IFAI y el IFT, con lo que han puesto en marcha una regresión autoritaria. Si le agregamos al escenario la nota reprobatoria de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, el alza en las desapariciones forzadas, la regresiva reforma laboral de contrabando en la reforma del DF y la intención de partidizar el Coneval, así como la opacacidad en la rendición de cuentas y el incremento de la corrupción, podemos ver paso a paso cómo se instala una regresión autoritaria. No estoy seguro de que debamos usar el verbo merecer, como lo han usado De Maistre y González Iñárritu, porque el merecimiento tiene muchas acepciones. Por eso prefiero decir que el tipo de autoridades que tenemos en México es un reflejo de la sociedad que somos. No estoy seguro de que podamos encontrar ni construir un mejor gobierno que le cambie el rostro al país. Lo que sí podemos, lo que sí está a la mano, es edificar una sociedad mejor. Y ella, estoy seguro, generará autoridades mejores que las actuales. Hace unos días, frente a cientos de consejeros de un gran banco, se nos preguntó a los panelistas qué haríamos para restaurar la legitimidad del régimen después de los escándalos. El asunto sigue vivo. Mencionamos lo evidente: la declaración de intereses, el Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalía en gestación. Como balde de agua fría ese día apareció el severo y valiente reporte de la Auditoría Superior de la Federación que desnuda un desfile de irregularidades —incluido el Senado— por 90 mil mdp. Creo que ninguna de las respuestas satisfizo al auditorio. La Opinión Pública, OP, una vez más, se siente traicionada. ¿Cómo restaurar la credibilidad perdida? Llevará tiempo. El pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996. Los acuerdos de San Andrés se convirtieron en el programa de los pueblos, que se expresa en la resistencia y estrategias de defensa y ni hablar de la razón de Estado que definió el suyo desde 2001 para ofrecer a los pueblos políticas asistencialistas, culturalistas que nada tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Por ello los pueblos no esperan que se cumplan los acuerdos de San Andrés. Están colocados los signos de la regresión autoritaria que muchos anticipamos con el regreso del PRI. Quiere Peña Nieto hacerse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asegurarse la impunidad que necesita a través de operadores políticos y personeros de intereses estrictos. La exoneración por parte del Trife del Monexgate, esa montaña de dinero sucio con la que Peña financió su campaña, y el rebase de los topes de gasto son parte del conjunto de decisiones que marcan esta época simuladora. Pero si algún hecho pinta de cuerpo entero la regresión que vivimos, es la postura que ha asumido el Presidente de la República con relación al proceso legislativo reglamentario en materia de transparencia y acceso a la información. Desde Los Pinos se impulsa la modificación de 80 artículos de la propuesta en materia de transparencia que rompe con el consenso alcanzado y que limitarían el derecho a la verdad; por ejemplo, al pretender restringir al IFAI para requerir información sobre violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad hasta que una autoridad competente lo determine. Pretenden ampliar los criterios para restringir el acceso a la información y establecer condiciones de excepción a los órganos de seguridad nacional e inteligencia del Estado. Se quiere ampliar el periodo de reserva de información y nuevos supuestos para clasificar documentos. Se busca eliminar la prueba del daño. Si andan muy activos en México dando instrucciones de lo que debería hacer el gobierno mexicano ante el caso de los 43 normalistas desaparecidos y asesinados, los diputados europeos podrían muy bien exigir que a los gobernantes perredistas de Iguala y Guerrero se les juzgue por dos delitos de índole política: genocidio y “limpieza social” de disidentes. En Guerrero, los ex gobernadores perredistas Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero y el alcalde perredista José Luis Abarca caen en la tipificación del delito de genocidio y “limpieza social” porque la represión contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por gobernantes del PRD ha sido igual o peor que la del PRI. Y los padres de los 43 normalistas debieran también de dejar de medrar con la memoria de sus hijos y acusar directamente al PRD y a los gobernantes perredistas Torreblanca, Aguirre y Abarca de reprimir con intenciones criminales a sus hijos y a otros grupos sociales.

Jorge Alcocer V. Reforma Pol / sist part / elecc

Elecc 2015

Roger Bartra Reforma Pol / general

Guadalupe Loaeza Reforma Pol / general

Alberto Aziz Nassif El Universal Pol / general

Pascal Beltrán del Río Excélsior Pol / general

Federico Reyes Heroles Excélsior Pol / general

Magdalena Gómez La Jornada Pol / Justicia

Javier Corral Jurado El Universal Pol / transparencia

Alejandro Encinas Rodríguez El Universal Pol / transparencia

Carlos Ramírez 24 Horas Pol / Seguridad

Ayotzinapa