Hugo Chávez y Álvaro Uribe: una comparación entre dos estrategas neodecisionistas

Ponencia presentada para las II Jornadas de estudios de América Latina y el Caribe: desafíos y debates actuales, del 24 al 26 de septiembre de 2014. Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Teoría social y política latinoamericana
Lina Fernanda Sánchez Alvarado
Universidad de Buenos Aires

Hugo Chávez y Álvaro Uribe: una comparación entre dos estrategas neodecisionistas

Resumen:
Tomando como eje estructurador el concepto de Neodecisionismo, como un estilo de liderazgo o un modelo de decisión político, esta ponencia pretende analizar comparativamente los periodos de los ex presidentes Hugo Chávez Frías, de Venezuela (1999-2001, 2001-2007 y 2007-2013) y Álvaro Uribe Vélez, de Colombia (2002-2006 y 2006-2010).
Una comparación que se basa en las características propias del neodecisionismo, siguiendo la definición de los autores Fabián Bosoer y Santiago Leiras (1999). De esta manera se analiza el contexto histórico y político colombiano y venezolano en el que llegan por primera vez a la presidencia ambos mandatarios y a su vez el significado de su llegada al poder.
A lo largo de esta ponencia también se compara a estos dos mandatarios, que por su gobierno e ideologías parecen disímiles, en el uso de herramientas como los decretos, durante los estados de excepción, y el discurso, como herramientas propias de gobiernos personalistas.




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Aunque a simple vista los gobiernos de Hugo Chávez Frías, en Venezuela, y Álvaro Uribe Vélez, en Colombia parezcan disímiles y estar ubicados en orillas opuestas; lo cierto es que ambas figuras además de ser consideradas líderes a nivel regional, comparten la mayoría de las características que hacen de su estrategia política -durante su presidencia-, una estrategia neodecisionista.
Este trabajo pretende de esta manera realizar un informe comparativo entre las presidencias de ambos mandatarios: Álvaro Uribe, durante sus dos periodos de gobierno (2002-2006 y 2006-2010) y de Hugo Chávez, durante sus tres periodos (1999-2001, 2001-2007 y 2007-2013) y de esta manera encontrar las similitudes y diferencias en esta estrategia política que los llevó a ser reelegidos y a ser considerados gobiernos populares.
Se abordará el concepto de neodecisionismo de acuerdo a los autores Bosoer y Leiras, que lo consideran "un modelo de decisión política fuertemente concentrado en la figura presidencial, y un replanteo y adecuación de los regímenes y tradiciones presidencialistas a partir de la doble transición desde autoritarismos a regímenes democráticos y del estatismo económico a políticas de libre mercado, desregulación y activa inserción a los ritmos impuestos por el proceso de globalización capitalista", (Citado en Jaramillo Rincón 2011: 4).
Siguiendo a los anteriores autores, una de las principales características de la estrategia neodecisionista tiene que ver con la legitimidad de origen democrático, surgida de situaciones de emergencia. En este primer punto podríamos hablar de una primera coincidencia entre los gobiernos a comparar. Tanto Chávez como Uribe son elegidos como presidentes en momentos de crisis tanto del Estado como de legitimidad de los partidos políticos tradicionales.
Venezuela y Colombia antes de la llegada de ambos mandatarios tenían un fuerte antecedente de partidos políticos que se apoderaron del poder y mediante pactos se lo turnaban, disolviendo cualquier alternativa política nueva que surgiera. De esta manera, Colombia tuvo desde 1958 a 1974 el Frente Nacional, en el que conservadores y liberales compartían las presidencias cada cuatro años. Una iniciativa que surgió como forma de contener las fuertes oleadas de violencia que se venían presentando entre seguidores de ambas ideologías.
En Venezuela, se llamó el Pacto de Punto Fijo, del que hicieron parte Acción Democrática, el Comité de Organización Política Electoral Independiente y la Unión Republicana Democrática. Este pacto se inició como una manera de mantener e instaurar la democracia luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y se mantuvo hasta 1999 cuando se posesiona el presidente Hugo Chávez Frías.
Otro de los antecedentes que da contexto a la crisis que vivía Venezuela está relacionada con el presidente electo que antecedió a Chávez: Carlos Andrés Pérez (1989-1993). Un mandatario que intentó incorporar una serie de medidas neoliberales, entre las que se contaban pactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que despertó en los venezolanos un fuerte inconformismo. A esto, se sumaron escándalos de corrupción por parte del gobierno, que en 1992 desataron distintas protestas, momento que se conoce como el "Caracazo" y que terminó separando a Pérez del cargo en mayo de 1993.
Es precisamente durante el "Caracazo", que Hugo Chávez Frías "empieza a perfilarse como una alternativa de la crisis material e ideológica que abatía la institucionalidad venezolana, combinando elementos del socialismo marxista y la teología de la liberación. Este mandatario materializó entre 1992 y 2006 una dominación popular de izquierda". (Arciniegas: 2009).
Chávez se presentaba como ese personaje desligado de la política tradicional, que venía del mismo pueblo y que pedía a gritos soluciones efectivas. Autores como Mauricio Uribe López afirman que es precisamente este contexto el que termina dándole a la política venezolana un giro a la izquierda, producto del desgaste de los partidos políticos que se turnaban el poder.
"La causa no fue solo el declive económico, sino la forma en que este fue entendido por los venezolanos. El movimiento político liderado por Chávez encontró el líquido amniótico apropiado para incubar un proyecto contrario a la democracia liberal: la indignación del pueblo de Venezuela por el funcionamiento de las instituciones representativas…", (Uribe López: 2010).
Mientras tanto, en el país vecino antes de la primera presidencia de Álvaro Uribe, los colombianos respiraban un ambiente de incredulidad similar con la política tradicional, aunque el Frente Nacional llevara años de haberse terminado. Los dos gobiernos antecesores al gobierno de Uribe habían dejado huellas que desgastaron el accionar y la legitimidad de las instituciones del Estado.
Durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se desató uno de los escándalos de corrupción más grandes de la política colombiana, cuando se acusó al presidente de recibir dineros del narcotráfico para financiar su campaña electoral, un proceso que fue bautizado por los medios como el "proceso 8.000". Seguido a este mandato estuvo el de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), que se caracterizó por el fracaso de los diálogos de paz con la guerrilla colombiana (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc), en un intento en el que incluso el presidente le entregó cuatro poblaciones a las Farc y donde la imagen que quedaba en las mentes colombianas era el presidente "plantado" en una gran mesa esperando a los líderes guerrilleros.
Ambos ex mandatarios uno liberal y otro conservador habían dejado indiscutiblemente un sentimiento de incredulidad hacia el Estado, exacerbándose de esta manera las deficiencias del sistema político colombiano, una ausencia de gobernabilidad que desembocaba en una fuerte fragmentación social y episodios de violencia como secuestros, atentados, tomas de pueblos y ataques guerrilleros, producto del conflicto entre las guerrillas, paramilitares y el narcotráfico; que se sumaban a una de las crisis políticas más complejas de Colombia (Rivera, 2011).
Usando las palabras de Uribe López el anterior panorama resultó ser el "líquido amniótico" más efectivo para el proyecto de Álvaro Uribe Vélez. De ahí que no sea en vano que Uribe use como estructurador de su política y de su discurso: la seguridad, teniendo en cuenta que se venía de un gobierno donde la presencia del Estado era escasa no solo en poblaciones campesinas, sino en las mismas ciudades. La gente vivía atemorizada de los carros-bomba o de atentados terroristas en plena luz del día.
"Uribe llega al poder en el 2002 con una visión neoconservadora y un discurso "antiestablishment", que bosquejó la reconstrucción del Estado, poniendo acento en el tema de seguridad". Es un mandatario que frente a ese malestar ciudadano logra sembrar una figura similar al viejo sheriff del oeste y mediante la idea de la seguridad, universaliza su propuesta de dar orden a esa sociedad colombiana fragmentada (Arciniegas, 2009).
Retomando esa primera característica del gobierno neodecisionista: tanto Chávez como Uribe logran desarrollar su propuesta y figurar como líderes, legitimándose democráticamente, en un contexto de Estado en crisis, que ambos mandatarios interpretaron como la urgencia de un líder que retomara el timón de un vehículo sin rumbo.
Los orígenes de ambos mandatarios también ayudaron a consolidar esa imagen de líder y definitivamente también fortalecieron el carácter personalista de sus gobiernos: Chávez como el "antipolítico" tradicional y Uribe como el hombre trabajador, propietario de tierras azotado también por episodios violentos: la muerte de su padre a mano de la guerrilla de las Farc, durante un secuestro.
Sus carreras políticas son más bien distantes: Chávez, hijo de maestros y oriundo del Sabaneta (Estado de Barinas, Venezuela) contó con una formación militar y universitaria como licenciado en Ciencias y Artes militares, momento que le sirvió para estudiar al libertador Simón Bolívar y sus campañas.
"Así mismo, son significativas durante los años de cadete, las experiencias de entre 1971 y 1974, alrededor del golpe contra Salvador Allende y los regímenes de cuño nacional-militar panameño (1968-1978) y peruano (1968-1975). Chávez rememora especialmente el viaje que en 1974 realizó junto con otros nueve compañeros a Lima, para participar de la conmemoración de los 150 años de la Batalla de Ayacucho", (Arciniegas, 2009: 121).
Chávez es un militar politizado que se junta con otros miembros del Ejército que cuestionan su rol como militares dentro de la sociedad y que generan un sinnúmero de reflexiones alrededor de la existencia de las guerrillas. Es así como forma el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela, luego el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) y finalmente el Movimiento V República, con el que gana las elecciones.
Hugo Chávez también empieza a tener protagonismo con el golpe de estado a Carlos Andrés Pérez en 1992 y de esta manera empieza a consolidar su imagen como el "símbolo de la otredad ciudadana, que reconfigura el imaginario rebelde del pueblo. Es el hijo del pueblo, el antihéroe, el antipolítico que dice y hace", (Déniz, 2011).
Por su parte, Álvaro Uribe Vélez se identificaba como el colombiano víctima de la violencia de esas guerrillas a las que se les atribuía olas permanentes de inseguridad e incertidumbre. Uribe hacia parte de esa capa social propietaria de tierras a quienes la guerrilla extorsionaba y secuestraba. La muerte de su padre a manos de las Farc crea en la gente una idea de que es un colombiano que entiende lo que viene ocurriendo y que hace parte de ese malestar generalizado.
Uribe Vélez nació en Medellín, es hijo de un ganadero y una concejala y creció los primeros 10 años de su vida en la finca de su padre en un municipio antioqueño. Su vida política la forjó como abogado en la capital paisa, donde fue concejal y fundó el movimiento regional Sector Democrático, que luego se convertiría en el Partido Colombia Democrática (durante su paso por el Senado de la República); disidente del Partido Liberal.
Ocupó los cargos más importantes en su región como alcalde de Medellín y la gobernación de Antioquia, donde crea las polémicas Convivir (cooperativas o redes de ciudadanos con permiso de portar armas para su defensa y que colaboraban con las Fuerzas Armadas brindándoles información oportuna). Este tipo de medidas y otras de corte neoliberal, con los proyectos de reforma a la ley laboral y de salud, durante su paso por el Congreso, lo fueron llevando a consolidar su estilo de gobierno: un populismo de derecha.
"Más allá de lo cuestionable de sus resultados, las políticas implementadas y apoyadas por Uribe a lo largo de su carrera política, su estilo de gobernar y su obsesión por el trabajo contribuirán a construir su imagen de líder capaz de mostrar resultados, factor importante a la hora de analizar su llegada a la presidencia años después", (Arciniegas, 2009: 132).
El "decretismo", como herramienta
Como segunda característica de un estado neodecisionista, Leiras menciona el uso de decretos como expresión de la decisión política y como una herramienta para reforzar los poderes presidenciales (Citado en Jaramillo Rincón, 2011). A su vez, el mandatario, quien concentra el poder desde el Ejecutivo, se vale de una mezcla constante de decretos de emergencia para justificar la solución a la crisis del modelo Estado céntrico (Citado en Rivera: 2011).
Para la emisión de estos decretos, los mandatarios se valen de las declaratorias de los estados de excepción, que les posibilita la toma de decisiones o, en este caso, la emisión de decretos, sin muchos obstáculos por parte de las otras ramas de poder. Sin embargo, Rivera asegura que un mandato se puede considerar neodecisionista "cuando la mayoría de iniciativas surgen desde el Ejecutivo aunque, no necesariamente, usen decretos para expresar sus voluntades y no siempre se encuentren en estados de emergencia o excepción", (2011).
En los casos analizados es claro el uso del "decretismo" para la creación de impuestos, para realizar modificaciones a la Constitución e incluso para convocar a referéndum para la reelección. El uso indiscriminado de los mismos también resulta siendo un mecanismo para aminorar el control hacia el Ejecutivo por parte de las ramas judicial y legislativa.
La primera acción neodecisionista del gobierno de Chávez ocurrió poco después de su posesión, cuando decreta la convocatoria a un referéndum consultivo para modificar la constitución venezolana. Esta acción la adelanta a través de la aprobación de una Ley Habilitante que solicita Chávez a la Asamblea Nacional y que le permite dictar decretos de ley cuando lo estime conveniente.
Según Robertino Spinetta, este puede ser considerado el primer acto con rasgos decisionistas de este presidente, "porque legalmente no existía la posibilidad de convocar un referéndum popular para una Asamblea Constituyente". En palabras del mismo autor, tras la aprobación de la nueva constitución en diciembre de 1999, "se firmó y otorgó un cheque en blanco al Movimiento V República para escribir la Constitución y con esto la consecuente eliminación de todo control hacia el Ejecutivo Nacional" (2010).
En estos siete meses de excepción permanente, Chávez tomó medidas como el reemplazo del antiguo Congreso por un Comité Nacional Legislativo; una especie de congresillo, compuesto por 11 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, reemplazó al Fiscal General, al Contralor y a miembros de la Defensoría del Pueblo. Spinetta (2010) asegura que para el 31 julio del 2000 no existía ningún poder del Estado que no hubiera sido designado por un cuerpo 95 por ciento Chavista.
Durante la autorización de esta Ley Habilitante, se aprobaron 53 decretos-ley. Con la Constitución de 1999, Spinetta considera que Venezuela dio sus primeros pasos hacia una espiral de desinstitucionalización, concentró el poder en manos del Ejecutivo y delegó facultades legislativas a manos del presidente (2010).
Sin embargo, durante sus periodos de gobierno, Chávez utilizó este mismo recurso (la Ley Habilitante) otras tres oportunidades más. La segunda vez que lo hizo fue en noviembre del 2001 (fue concedida por un año), en la que aprobó 49 decretos con fuerza de ley, con respecto a las leyes de tierras, hidrocarburos, de pesca, entre otros.
Cinco meses después de la aprobación de este recurso, se desata una fuerte ola de polarización con respecto al gobierno de Chávez, en la que se llamó a paro y que terminó en un golpe frustrado, que apenas duró 48 horas. Luego, en diciembre de 2002 se viven 62 días de paro petrolero y en febrero del siguiente año se hace un segundo intento para desalojar a Chávez.
Bajo este contexto, el mandatario vuelve a solicitar la Ley Habilitante unos años después. La tercera oportunidad en que la solicitó fue en el 2007 por un periodo de 18 meses, aduciendo que reescribiría la Constitución de 1999: el resultado fue la creación de 59 normativas.
Sin embargo, bajo este estado de excepción Chávez realiza un referéndum para otorgarle al presidente un mandato ilimitado al frente del Estado y la posibilidad de aplicar medidas como la propiedad social o el control del Banco Central de Venezuela por parte del gobierno. Una iniciativa que no fue aceptada por los ciudadanos que votaron 59,7 por ciento al no y un 49,2 por ciento al sí.
La cuarta y última solicitud de Ley Habilitante se dio el 17 de diciembre de 2010 frente a las emergencias que se presentaban en el país por el invierno. Este periodo duró 18 meses, en los cuales se aprobaron 54 decretos-ley. De esta manera fueron cuatro los estados de excepción que solicitó Chávez durante sus tres periodos de gobierno, frente a dos que fueron convocados por Uribe en sus dos periodos de mandato.
En el caso colombiano, recién posesionado Álvaro Uribe Vélez en el 2002, sufre un supuesto atentado, que toma como el argumento detonante para declarar el primer estado de excepción de su mandato: el estado de conmoción interior. Un estado que se declara en caso de perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.
Ese 7 de agosto de 2002, día de la posesión presidencial, Uribe declara el estado de conmoción interior mediante el decreto 1837 de 2002 argumentando: "debilidad del Estado para combatir ataques terroristas y prevenir ataques a infraestructuras, amenaza a los legítimos representantes de la democracia y sensación de desgobierno en amplias zonas de la nación, por eso resultaba impostergable la adopción de medidas para devolver la seguridad a los colombianos", (Jaramillo Rincón, 2011).
En Colombia los estados de excepción son declarados directamente por el presidente, mediante la firma de sus ministros, pero el decreto en sí debe contar también con el visto bueno de la Corte Constitucional, que lo declara exequible o inexequible. En esta ocasión, la Corte lo declara exequible y de esta manera Uribe cuenta con el aval para crear un impuesto especial destinado a mejorar la insuficiencia de recursos en el presupuesto nacional para financiar políticas de seguridad: un 1,2 por ciento para quienes tengan declaraciones de renta superiores a 159,5 millones de pesos colombianos (unos 83.684 dólares americanos).
Durante ese mismo estado de excepción la Corte Constitucional realiza el control a otros decretos entre los cuales se declara inexequibles dos que intentaban tipificar las conductas y modificar las penas relacionadas con conductas delictivas (decreto 1900 y 2180 de 2002). Mientras los que sí se declaran exequibles son los que ordenaban la detención preventiva de implicados en delitos de hurto a hidrocarburos, al considerarse una perturbación al orden público y un aumento en la competencia de los jueces penales sobre los delitos de terrorismo y narcotráfico.
Jaramillo asegura que durante esos 180 días de conmoción interior se fortalecieron las Fuerzas Armadas, se fusionaron entidades gubernamentales y se crearon nuevos impuestos. "La mayoría de reformas tuvieron como finalidad afectar el ordenamiento jurídico, lo que generaba la percepción que para Uribe la Constitución política era un obstáculo", (2011).
De hecho, Uribe planteó a través de actos legislativos modificaciones para artículos de la Constitución, relacionados con derechos fundamentales y la estructura de organismos como la Fiscalía; que finalmente fueron declarados inexequibles. Sin embargo, otros si tuvieron el visto bueno de la Corte y de esta manera modificó tres artículos (116, 250 y 251), con los que la Fiscalía perdió facultades de juez de instrucción.
En su fuerte concentración de poder como líder, Uribe también intentó, a través de actos legislativos, limitar las facultades de la Corte Constitucional durante los estados de excepción. Sin embargo, la mayor modificación constitucional la hizo con una convocatoria referendo para su reelección en el 2003, lo que luego le permitió seguir gobernando en un segundo mandato (2006-2010).
En el 2009, acudiendo a otra figura de estado de excepción, Uribe declara el Estado de Emergencia Social, en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional que le pedía un reajuste al sistema de salud en Colombia, teniendo en cuenta la grave crisis hospitalaria que se enfrentaba, el ingente recurso a la tutela y los reportes no tan alentadores acerca del sistema de salud. Durante este estado de excepción, Uribe emite una serie de decretos legislativos y ordinarios con los cuales adelanta una reforma estructural al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), una reforma tributaria y regula la autonomía profesional de los médicos.
Los autores Montoya Brand y De Zubiría Samper coinciden en afirmar que esta declaratoria de Emergencia Social se contrapone al Estado Social de Derecho. "La norma (refiriéndose al decreto con el que se declaró el estado de excepción) en vez de cumplir con los deberes sociales estatales, lo que hace es incentivar y/o delegar en los particulares la prestación del servicio público de salud". De esta manera, agrega De Zubriría Samper (2010), el Gobierno responsabiliza a los sistemas públicos y privados de la crisis de salud, en vez de asumir algo de responsabilidad.
Para Montoya Brand, la solución a la crisis de salud no ameritaba una declaratoria de Emergencia Social, sino más bien una solución a través de la legislación ordinaria, mediante un proyecto de ley ante el Congreso. Esta es quizás la prueba más contundente del autoritarismo del ex presidente Uribe (2010). En detalle, Montoya muestra cuatro violaciones a la carta constitucional durante la declaración de este estado de excepción:
La primera hace referencia a la salud como un derecho fundamental, que requiere para su protección de una ley estatutaria y no de un decreto de emergencia. El autor destaca que en este caso se desconoce el principio democrático del origen parlamentario de las leyes, el principio de representación, el debate y la construcción de compromisos en el Congreso. La segunda violación, según Montoya, se refiere al decreto 131 de 2010 que regula la autonomía profesional de los médicos: en este punto, al estar enmarcada en un derecho fundamental, solo puede ser modificada mediante una ley estatutaria.
La tercera violación se refiere a la reforma tributaria que realiza Uribe y que legalmente debía ser tramitada por el Congreso y no mediante una emergencia social. A esto, añade De Zubiría Samper: "Jamás el Gobierno Nacional puede argumentar razones económicas fiscales para decretar la emergencia, ya que él es el directamente responsable de más del 50 por ciento de la deuda total con los hospitales del país", (2010).
El Estado de Excepción también es utilizado por Uribe para realizar una reforma a las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, la modificación pretende realizar cambios estructurales en temas de salud, que según De Zubiría son competencia del Congreso y requieren un trámite legislativo. Que la excepción fuera declarada el 23 de diciembre de 2009 (época de festividades y de vacaciones para gran parte de los colombianos) es para el autor otra característica más del talante privatista y personalista de Uribe; y eso sumado a que los escenarios de discusión se redujeran a los asesores privados y a las declaraciones presidenciales en los medios de comunicación, hacen que las medidas de excepción resultaran "autoritarias, mercantilistas, desintegradoras de la sociedad, politiqueras y cortoplacistas…", (2010).
Aunque desde la Constitución de 1991, en Colombia la declaración de estados de excepción tiene mayor control por parte de la Corte Constitucional, para autores como García y Uprimny (2005), "la excepción ha propiciado el desvanecimiento de la frontera entre lo legal y lo ilegal, ha sido nefasta para configurar una oposición política fuerte e institucional y ha hecho que el Estado haya sido despojado de su superioridad y degradado a una condición de actor social que negocia y pacta con otras fuerzas sociales".
¿Los otros poderes como contrapeso?
Bajo este panorama, órganos como el Legislativo y el Judicial parecen convertirse en los contrapesos para gobiernos con excesiva concentración en el Ejecutivo o contrapeso para presidentes con marcados rasgos neodecisionistas y personalistas. Uribe y Chávez durante sus mandatos se encargaron de reforzar sus poderes, a través de los estados de excepción, para desdibujar que existen otras ramas de poder que garantizan la participación ciudadana y el debate. En el caso de Uribe, por ejemplo, "el personalismo presidencial ha hecho que la opinión pública asuma que la palabra del presidente es el ordenamiento jurídico mismo", (Montoya Brand, 2010).
En Colombia, la rama legislativa no tuvo un papel destacado de control hacia el Ejecutivo, pues fue cooptada por el mismo. En los dos estados de excepción declarados por Uribe, el Congreso no tuvo participación en casos como la reforma a la salud o participación en debates como la creación de impuestos de guerra. Sin embargo, es de destacar que el ex presidente colombiano contaba con una fuerte influencia en el Congreso, teniendo en cuenta que la mayoría hacían parte de su partido político, del partido de 'la U' (de la Unidad Nacional) o pertenecían a otros partidos, simpatizantes de su manera de hacer política.
Es de destacar en este caso la gestión del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, quien se identificó como uno de los grandes críticos de varias iniciativas del gobierno de Uribe, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos e hizo denuncias relativas al paramilitarismo y debates en el Senado relacionados a los negocios de sus hijos.
Sin embargo, el contrapeso más notable lo ejerció la rama judicial, a través de la Corte Constitucional, que aunque les dio el visto bueno a varios de sus decretos y hasta estados de excepción, logró ejercer un control constitucional en algunos y frenar ciertas iniciativas: la más destacable fue el freno al segundo intento de reelección, a través de un referendo y la prohibición de bases militares estadounidenses en territorio colombiano.
"La sentencia C-141/10 de la Corte Constitucional declaró inexequible una segunda reelección presidencial, demostrando que a pesar de los intentos por desmantelar los controles, el régimen político colombiano está más cerca de la lógica de la democracia constitucional", (Uribe, 2010).
Frente a este control, Uribe intentó que se aprobara un proyecto de acto legislativo que pretendía limitar las facultades de la Corte Constitucional durante los estados de excepción. "Álvaro Uribe planteó en varias ocasiones la necesidad de una reforma constitucional que eliminara el control material ejercido por la Corte. Por su parte, la Corte, luego del cambio de la mayor parte de sus integrantes por vencimiento de su período constitucional, ha consolidado su defensa del control material, aunque ha restringido un poco su alcance. Así, en la sentencia C-802 de 2002, que avaló la declaración de estado de conmoción interior de Uribe, todos los magistrados adhirieron a la tesis del control material, aunque plantearon un estándar normativo menos estricto", (García y Uprimny, 2005).
Montoya Brand (2010) agrega a esta relación conflictiva un intento de Uribe para generar confusión entre los entes judiciales: se trata de una estrategia de expedición de decretos simultáneos, relacionados con la emergencia social, con el fin de generar confusión y divergencias. Es una manera de generar lo que los medios bautizaron como el "choque de trenes", "con lo cual se obtiene el objetivo autoritario de fortalecer al Gobierno Nacional al debilitar sus correlativos controles".
En Venezuela, Chávez también adelantó una serie de maniobras que le permitieron cooptar ambos poderes (legislativo y judicial) y con lo cual logró concentrar el poder en el Ejecutivo y consolidar su mandato personalista. De acuerdo a Hidalgo (2009) el poder legislativo logró generar cierto contrapeso hasta el 2005, hasta cuando se celebraron elecciones legislativas y el resultado final arrojó una mayoría absolutamente oficialista. Sin embargo, es de resaltar las repetidas veces en que el Congreso le otorgó poderes especiales al presidente, a través de leyes habilitantes: "Es un ejemplo de la dejación de gran parte de su función legislativa a favor del Ejecutivo" (Hidalgo, 2009).
Con el fin de controlar también las decisiones en el ámbito judicial, Chávez adelanta una modificación de la ley orgánica del poder judicial para incrementar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de 20 a 32 miembros. El control en este caso, es que la elección de esos nuevos integrantes se hizo de acuerdo a la lealtad con el proceso que venía adelantando el gobierno, cuando constitucionalmente la elección se realiza por mayoría simple y no cualificada. Hidalgo (2009) además señala como organismos como el Consejo Nacional Electoral y hasta el poder ciudadano quedaron dependiendo de directrices directas del Ejecutivo.
Frente a esta realidad, el mismo autor señala que la consecuencia de este excesivo control lo único que deja es una escasa rendición de cuentas y el aumento de la corrupción administrativa. Es de destacar también que frente al poder ciudadano aunque se votaron referendos a favor de la reelección indefinida para todos los cargos públicos (2009), también se frenaron iniciativas como el mandato ilimitado frente al Estado o el control del Banco Central por parte del Ejecutivo, en el 2007.
El discurso, la otra estrategia
Sin duda tanto para Chávez como para Uribe, el discurso es una de las herramientas más frecuentes y de mayor uso para sus gobiernos. Es, a través del discurso, que logran consolidar su imagen, legitimar sus acciones, entre las que cuentan los estados de excepción y hasta cautivar electores para lograr la aprobación de sus referendos de reelección.
Arciniegas (2009) señala que el discurso puede ser visto como una estrategia para construir una hegemonía populista para ambos mandatarios. En el caso venezolano, Chávez usa un discurso con un lenguaje lleno de certidumbres, en donde todo parece tener solución, mientras que en caso de Uribe se estructura un discurso alrededor de los reclamos sociales, teniendo como lineamiento la seguridad y en oposición a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que habían dejado "plantado" en los diálogos de paz al ex presidente Andrés Pastrana.
Ambos ex presidentes coinciden además en su dogmatismo, al tener enemigos claros y una manera de tratarlos: Con Chávez, los enemigos son los Estados Unidos, los empresarios y las élites venezolanas; "causantes de las desigualdades en su país" (Daza, 2007). Chávez tiene una atracción por las teorías conspirativas, el relato y la comparación bíblica (Spinetta: 2010). En el caso de Uribe, su discurso plantea como enemigos los actores armados al margen de la ley, los narcotraficantes y los políticos corruptos, y es de esta manera como muestra que su estrategia se enfoca hacia el fortalecimiento del Estado y la lucha frontal.
Es así como los mandatarios, a través del discurso y sus acciones pretenden mostrarse como el líder "todopoderoso". Para esto, por ejemplo, Chávez tiene un discurso igualitario, ancestralista y carismático que se requería a finales de los 90, resaltando el mito del pueblo idealizado e indivisible, en contraposición a la "villana oligarquía" y acentuando el uso de palabras como el soberano, al referirse al pueblo; la oligarquía, para hablar del grupo que consolidó la época del Punto Fijo y lacayos del imperio, como un sinónimo a la palabra oligarquía (Spinetta, 2010). Con este discurso confrontativo contra los Estados Unidos, el ex mandatario venezolano delinea también su propuesta ideológica, el Socialismo del Siglo XXI, que lo posiciona como el principal líder de izquierda de América del Sur (Daza, 2007).
El tono uribista era más paternalista, cercano, con un frecuente uso de diminutivos y acudiendo al uso de símbolos como la palabra patria. También es destacar que al dirigirse a la gente en sitios públicos o cuando realizaba visitas a ciudades o municipios se apropiaba de la ropa propia de un campesino colombiano con ruana y sombrero y sacaba provecho de su tono "paisa" (proveniente de Antioquia) para generar esa cercanía con el pueblo colombiano.
Otra similitud entre Chávez y Uribe tiene que ver con el uso de los medios de comunicación para hacer más directo su discurso y estrechar los lazos con sus votantes. De esta manera, no bastaba con las alocuciones o intervenciones públicas. Era necesario generar un espacio en televisión semanal, donde la gente viera al presidente dirigiendo el país y demostrando un trabajo constante y soluciones prontas.
Chávez crea el espacio televisivo "Aló presidente" y Uribe los famosos consejos comunitarios. Dos programas que televisaban a nivel nacional las visitas o reuniones del presidente, como en una especie de rendición de cuentas televisada. En este último caso, Daza (2007) explica que este espacio, en los medios masivos, sirvió para que Uribe consolidara su estilo personalista de gobierno, microgerencial y dejara ver un presidente sintonizado con el país.
La dinámica de los consejos comunitarios consistía en que el presidente resolvía al instante las problemáticas del ciudadano común que tomaba la palabra. Sin embargo, en su texto Daza señala que hasta el 12 de abril del 2004, de 1.642 tareas que dejaron los consejos comunitarios, solo el 11 por ciento habían sido resueltas. Con Chávez, el programa sirvió como una "fuente extrapolítica de legitimidad para cristalizar una relación con las masas", (Arciniegas: 2009). En definitiva, según Daza (2007) resultaba siendo una estrategia para hacer sentir a sus nacionales respaldados.
El discurso de ambos a su vez polarizó la situación política de los países: la oposición fue cooptada en el caso de Chávez, porque quien no fuera con sus políticas era considerado "lacayo del imperialismo" o era un "enemigo" del proceso que se construía hacia el Socialismo del Siglo XXI. Con Uribe quien no fuera con su discurso ni sus políticas era calificado como informante o espía de las Farc. Los discursos de estos mandatarios inevitablemente se suman a las características que hacen los gobiernos de Chávez y Uribe neodecisionistas, pues son discursos que fortalecieron el personalismo del mandatario, reforzaron su poder e incluso lograron desacreditar y cooptar la oposición, borrando cualquier pluralismo político.
En ambos mandatarios resulta tan concentrado el poder en el Ejecutivo y especialmente en la persona como tal, que tanto Uribe como Chávez parecían tener dificultades para definir el candidato que los sucediera y es precisamente la incapacidad para resolver el problema de la sucesión, otro de los rasgos que hacen a sus gobiernos neodecisionistas, de acuerdo a lo que afirma Leiras (Citado en Jaramillo, 2011).
Chávez buscaba ser reelegido por tercera vez y por eso tras su recaída de salud, en principio delegó en sus funciones a su vicepresidente Nicolás Maduro, pero no lo perfiló como su sucesor, sin embargo después obligado por la enfermedad si lo hizo. Uribe, por su parte, también buscaba una segunda reelección que fue frenada por la Corte Constitucional y por la cual se vio obligado a poner como candidato a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (actual presidente de Colombia), quien representaba la sucesión de políticas encaminadas al tema de la seguridad.
En este último ejemplo el caso del personalismo dejó una impronta tan alta, que la imagen que dejó Uribe le permite seguir teniendo una fuerte influencia en la opinión pública frente a temas de actualidad y en especial sobre políticas que desarrolla el gobierno actual. A través de su cuenta personal de Twitter, Uribe genera la sensación de seguir gobernando y esto sigue siendo replicado en los medios masivos. Otro ejemplo tiene que ver con la impresión de su foto como el símbolo de un nuevo partido (Centro Democrático) con el que Uribe esperaba a principios de este año (2014) que saliera elegido el ex ministro Óscar Iván Zuluaga, su carta para estas elecciones.
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Aunque los gobiernos de Chávez y Uribe promovieron ideologías y formas de organización de estados y países completamente opuestas: El primero un populismo de izquierda enfocado al Socialismo del Siglo XXI y el segundo un populismo de derecha que promueve el neoliberalismo, la apertura de mercados y la reducción del Estado; se puede concluir que ambos utilizan el neodecisionismo como estrategia política.
Comparten por ejemplo el uso del "decretismo" y los estados de excepción como herramientas para gobernar sin obstáculos. De esta manera, ambos logran consolidar su imagen como fuertes líderes y perpetuarse en el poder en al menos una o dos reelecciones. A su vez, los mandatarios en su excesiva concentración de poder, tienen iniciativas con las que pasan por encima de la Constitución y toman decisiones o crean por ejemplo organismos que dejan bajo el control estrictamente del Ejecutivo.
Al igual otro rasgo compartido por ambos ex mandatarios tiene que ver con el uso del discurso como legitimador de sus acciones y como constructor de esa imagen de "líderes salvadores" y de cercanía con el pueblo. Es a través de su discurso, que delinean esa idea de país que quieren implantar y marcan una polarización en la que parece inevitable estar del lado del primer mandatario.
Chávez y Uribe no solo llegan en un momento preciso para implantar su gobierno, sino que saben a través de su discurso atender esas necesidades que clamaban ambos países sumergidos en graves crisis de legitimidad del Estado y de sus partidos políticos. Además usan estrategias de marketing político que les facilita vender esa imagen de un gobierno efectivo y de soluciones.
Fueron gobiernos con una concentración de poder en el Ejecutivo, pero con algunas fragmentaciones que le hicieron contrapeso a unos mandatarios personalistas: en Colombia una Corte Constitucional que frenó una segunda reelección y en Venezuela una oposición que intentó un golpe de estado y que en las últimas elecciones presidenciales logró un 49,07 por ciento de simpatizantes que votaron por el candidato Henrique Capriles.
Anexo 1: Tabla comparativa

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
(Colombia)
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
(Venezuela)
Duración del mandato
Dos periodos:
2002-2006
2006-2010 (primera reelección)
Tres periodos:
1999-2001
2001-2007 (primera reelección)
2007-2013 (segunda reelección)
Tipo de gobierno
Populismo de derecha // autoritarismo competitivo
Populismo de izquierda// autoritarismo competitivo
Estilo de liderazgo
Neodecisionista
Neodecisionista
Estrategia política
Decretismo
Decretismo
Estados de excepción
2002: Estado de conmoción interior.
2009: Estado de Emergencia Social.
1999: para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
2001: Ley Habilitante.
2007: para reescribir la constitución.

Relación Ejecutivo/Judicial
Conflictivo
Cooptado por el Ejecutivo
Relación Ejecutivo/Legislativo
Cooptado por el Ejecutivo
Cooptado por el Ejecutivo




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