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Escribe: Gonzalo Nogueira (*) Ilustra: Marcelo Mosqueira
Justicia y Violencia
El debate por la reforma del Código Penal
¿Cómo se llegó al anteproyecto de la propuesta de reforma del Código Penal? ¿Cuáles son los ejes del debate hoy? Gonzalo Nogueira, colaborador del Dr. Zaffaroni en la Comisión para la elaboración del proyecto e investigador de la Universidad Nacional de San Martín, lo resume en este artículo. El desafío de la Comisión En el año 2012, mediante decreto presidencial, se constituyó la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación. Conformaron la comisión León Carlos Arslanián, María Elena Barbagelata, Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo. La presidencia estuvo a cargo de Eugenio Raúl Zaffaroni, y se trabajó bajo la coordinación de Roberto Carlés. Las reuniones se celebraron en el Salón de Té de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El trabajo llevó 18 meses ininterrumpidos. Cada miembro de la Comisión armó su equipo de asesores especializados. Los integrantes de Comisión, además de ser representantes de diferentes fuerzas políticas, son notables exponentes del derecho penal. Dos de ellos, Arslanián y Gil Lavedra, fueron jueces de la Cámara Federal que juzgó a la Junta Militar responsable del genocidio perpetrado en la última dictadura argentina. En las sesiones de trabajo se analizó en detalle cada artículo, deteniéndose el tiempo necesario para acabar cada discusión planteada, por lo que el anteproyecto se redactó en forma colectiva. Al mismo tiempo se hicieron consultas con especialistas de cada materia, se solicitaron sugerencias y colaboraciones a profesionales especializados, a docentes reconocidos y a diversas instituciones. Se trabajó bajo un permanente debate de alta calidad técnica y con un notable apego a los preceptos constitucionales que, en materia penal, deben regir como limitación al poder punitivo del estado de derecho. Ello, por cuanto el Código Penal no es un cheque en blanco que se le otorga al Estado para perseguir y castigar. Frente al poder punitivo del Estado, los ciudadanos necesitamos del Código Penal como límite al ejercicio de ese poder. Desde la primera reunión se estableció como objetivo común lograr redactar un
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anteproyecto que proponga un nuevo Código Penal que recupere claridad, precisión y organicidad. Se buscó devolverle al Código Penal la proporcionalidad y coherencia que se perdieron tras novecientas reformas parciales. Para ello, también sería necesario lograr una redacción comprensible, sin perder rigurosidad, a fin de honrar el mandato constitucional de certeza del derecho. Se tuvo como marco referencial la tradición legislativa codificadora, bien expresada en el Código de 1921. El Código de 1921 también fue redactado por una comisión, integrada por representantes de distintas fuerzas políticas (conservadores, radicales y socialistas), y presidida por Rodolfo Moreno (h). Si bien fue a partir de los años '60 que el vigente Código empezó a sufrir continuas reformas, es en nuestro siglo cuando su original estructura queda totalmente desbaratada. El golpe de gracia lo dio la reforma Blumberg, que además demostró la absoluta ineficacia del agravamiento irracional de la pena como forma publicitaria de disuasión y prevención del delito. En la nota de elevación del anteproyecto los integrantes de la Comisión expresaron: “Dejamos constancia de que cada uno de nosotros –e incluso cada penalista– muchas veces habrá imaginado o podrá proponer un texto diferente. Estas diferencias han existido en la Comisión, pero hemos cedido a esta tentación hasta lograr el máximo de acuerdo posible. Quizá llegamos con cinco proyectos diferentes en nuestras cabezas, pero ha predominado en todos nosotros el sentido común y la voluntad unánime de contribuir a dotar a la República de un Código Penal que ponga orden en una legislación que se ha descodificado y desarticulado, de modo que ahora presentamos un texto que es fruto del diálogo, la reflexión y el afán de armonización de todos”. Zaffaroni manifestó que el debate sobre la reforma integral al Código Penal demostrará si nuestra sociedad, y sobre todo nuestros dirigentes, tienen la suficiente madurez política para abordar esta cuestión. Lo escuchado hasta aquí desalienta dicha advertencia. Cancha embarrada El último intento de reforma integral del Código fue en el año 2006. Eran tiempos en que el –hoy falso– ingeniero Blumberg era todavía un “ingeniero” potenciado por radios y canales televisivos. Aquella presión mediática ejercida sobre la comunidad terminó por bloquear la discusión y el anteproyecto no logró ser discutido en el Congreso. Hoy, determinados sectores políticos, con complicidad de algunos medios de comunicación, intentan repetir la fórmula. El papel que juegan los medios de comunicación es central: le ofrecen el mejor escenario a las propuestas vindicativas tratando de conquistar la mayor cantidad de audiencia posible, generando alarma social y cierto pánico moral. Se sabe que el miedo es muy contagioso. El objetivo sigue siendo el mismo del 2006: bloquear la discusión del anteproyecto en el sitio constitucionalmente indicado, el Congreso de la Nación. Resulta curioso que cuando quisieron acallar la protesta social en un país incendiándose, se argumentaba que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus
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representantes y autoridades creadas por la Constitución” (art. 22). Hoy, en un contexto social y político más estable y previsible que el de entonces, se intenta violentar el mismo precepto constitucional para plebiscitar el intento de reforma penal: “No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal” (Art. 3° de la Ley 24.747 reglamentaria del Art. 29 de la Constitución Nacional). Se pretende entonces censurar el debate parlamentario mediante una consulta popular, una iniciativa que es apoyada y potenciada por una enorme propaganda mediática que esquiva cualquier debate racional. Son los mismos que hoy intentan justificar sutilmente los episodios de violencia social, calificados de linchamiento público (primero llamando “justicia por mano propia” un hecho criminal; luego, invocando un slogan propio del discurso de la anti-política sobre la “ausencia estatal”; y, por último, recurriendo al lema neopunitivista de “quien las hace, las paga”). La campaña para evitar la discusión de fondo intenta llevar a cabo una malversación hermenéutica sobre el trabajo hecho. Se aduce que se propone eliminar la prisión perpetua, cuando se sabe que la misma es inconstitucional y que, por lo tanto, ha dejado de aplicarse. Se aduce que se propone eliminar la famosa “reincidencia” (pero nunca llegan a explicar de qué se trata), cuando nada dicen que se propone eliminar la “libertad condicional”. Se propone ofrecer penas alternativas más eficaces, lo que redundaría en una notable mejoría en la efectividad de las penas por sobre su falsa espectacularidad. Se aduce que se propone “bajar todas las penas”. No aburriré con cuentas. Tan sólo diré, como lo expresa la Comisión en su nota de elevación, que “se propone disminuir o aumentar las escalas penales en la medida necesaria para evitar contradicciones axiológicas graves”. Se vive hoy en un estado de campaña electoral permanente, en el que para recaudar la mayor cantidad de adeptos y marcar la agenda política se justifica cualquier medio. Los noticieros están más preocupados en la medición minuto a minuto de audiencia que en su función de informar responsablemente, con frases hechas y huecas que intentan, en un claro guiño de demagogia punitiva, expresar el “clamor de la gente” (ese término que tan nervioso ponía a nuestro maestro el criminólogo Elías Neuman). Es cierto que siempre se construyeron chivos expiatorios, pero hoy, con el alcance omniprepotente de las distintas formas de comunicación, los estereotipos negativos se potencian al punto de lograr homogeneizar la figura del delincuente tipo, sin atender las particularidades de cada región. Hoy quien es joven, morocho, proveniente de un barrio vulnerado y en actitud un tanto sospechosa lleva todas las de perder. Y en algunos casos, la sospecha es un dato prescindible. Vivimos entonces ante un sistemático bombardeo apologético de violencia contra el enemigo público señalado.
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Lo que resta: una oportunidad a la democracia Veremos, entonces, qué proyecto llegará al Congreso de la Nación luego de ser estudiado por el Poder Ejecutivo, esperando que sobreviva al maniqueísmo mediático. Por el nivel de desinformación, sobreactuación e irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos, queda claro que la única batalla que pueden dar es la mediática (en especial en aquellos medios en donde se los invita gentilmente a recitar sus slogans de campaña sin lugar a repreguntas ni a observaciones puntuales). Estos representantes del autoritarismo fácil, pero cool, no resisten un round en la arena del debate político. Pero dicho esto, también debemos remarcar que la reforma integral del Código Penal debería ser parte de una reforma estructural del sistema penal. Y digo sistema, palabra problemática, para referirme a la reorganización de las distintas agencias que componen al poder punitivo del Estado de derecho (por ejemplo: tribunales, fiscales, defensores, policía, servicio penitenciario, patronato de liberados, órganos políticos de interior, seguridad, inteligencia). Y el abordaje de las agencias abarca también la revisión de las normas que las regulan. Por ello, y para generar un cambio profundo en la conflictividad social que hoy nos ocupa, es necesario avanzar hacia una readecuación de la Ley de Ejecución Penal y de los Códigos de Procedimientos Penales, de competencia provincial. En particular, resultará imprescindible repensar y rearmar el Patronato de Liberados (aquella agencia que debería mediar entre el sujeto prisionizado y el medio social libre, prestar asistencia a los liberados y supervisar aquellas medidas de conducta impuestas por el Tribunal). Esto último redundaría en una más eficiente aplicación de las penas alternativas a la prisión; y en la efectiva socialización de quienes ya fueron excluidos de toda socialización en el marco de un orden social justo. Por último, habrá que estudiar la manera de instituir normativamente el concepto de “reserva de Código”, a fin de proteger la coherencia y racionalidad de las normas penales contra los embates de la criminología mediática y la demagogia punitiva que buscan, a través de la exasperación social de las pulsiones vindicativas, llevar a cabo reformas contrarias al orden constitucional en el cuerpo legal. Ya lo dijimos, el miedo contagia; pero el mayor problema es que la violencia también. Como sostiene el sociólogo Richard Sennett, “la sociedad moderna organiza mejor el intercambio dialéctico que el dialógico”. Es decir, como sociedad tendemos a buscar el acuerdo, aunque se fuerce o manipule el contenido (es el riesgo que implica todo intercambio dialéctico). Resulta más trabajoso, en cambio, discutir y confrontar ideas y conceptos sin la obligación de ponernos de acuerdo (bajo el intercambio dialógico). Esta tensión se refleja en el accionar de ciertos sectores de poder que, con la contribución de algunos grupos mediáticos, construyen un sentido común autoritario que persigue
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un tipo de consenso social: el que configura un caldo de cultivo para la violencia social. * Miembro del Programa de Investigación en Criminología de la UNSAM. Abogado, doctorando en Sociología (UNSAM). Miembro del equipo de asesores del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación. El autor quiere expresar en esta nota su total agradecimiento al Dr. Zaffaroni por haberlo honrado en darle la oportunidad de colaborar modestamente en este proceso; como también su reconocimiento a la enorme labor llevada a cabo por el Dr. Roberto Carlés, a cargo de la coordinación de la Comisión. El Anteproyecto completo elaborado por la Comisión puede leerse en: http://www.pensamientopenal.com.ar/articulos/anteproyecto-codigo-penal-comision -zaffaroni
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