Hacia una nueva democracia

Hacia una nueva democracia



En oposición a las teorías de Weber y Schmitt, los grandes juristas,
sociólogos y teóricos de la política que les sucedieron se han esforzado
siempre en revalorizar y recuperar el contrato de la modernidad respecto de
sus crisis recurrentes. Estos últimos autores hicieron una brillante
defensa de un Estado por encima de las clases sociales y de la sociedad
misma. Profundizaron el principio de la igualdad formal y reconocieron las
potencialidades humanas de la lucha por la supervivencia, tomándola como
base de un pacto constitucional para afirmar principios civilizados. La
democracia moderna siempre ha sido una bella construcción teórica y, a
pesar de sus vicisitudes prácticas, siempre se ha mostrado superior a las
tentaciones de una acción 'totalitaria'. Estas últimas, cuyos extremos
fueron las tendencias fascistas o estalinistas, nunca tuvieron un sistema
conceptual tan coherente como el producido por los grandes juristas y
pensadores burgueses. Sobre todo cuando éstos forjaron la teoría del Estado
democrático de Derecho, que vino a consolidarse a lo largo del siglo XX.
Por el contrario, lo que hoy se discute es si las complejas relaciones
globales construidas por la fuerza normativa del capital financiero, en el
contexto de la actual revolución tecnológica, no están sepultando la
contractualidad moderna. La relativa indiferencia ciudadana en relación a
la política que se observa en muchos de los países del llamado 'primer
mundo' y el escepticismo que se reproduce de manera amplia en los países de
desarrollo intermedio, como México por ejemplo, posiblemente son
consecuencia del agotamiento del contrato social moderno. Este último ha
perdido, de una parte, la capacidad de enlazar socialmente, unión que ha
sido sustituida de forma manipulada mediante una integración, real o
ficticia, a través del consumismo desenfrenado. De otra parte, ha perdido
también la capacidad de afrontar las grandes demandas sociales, demandas
que han sido sustituidas por la estatización de la filantropía y las
políticas de carácter compensatorio. La imposibilidad de obtener la
identidad a través del trabajo, consecuencia del desempleo y de cambios
sustanciales en las formas de trabajo, genera esta nueva sociedad
impotente. Simultáneamente está produciendo una gama diferente de
expectativas para el futuro. Tales expectativas desarman cualquier utopía
que no se traduzca objetivamente en mercancía o en consumo, destruyendo así
la cultura y la experiencia de las clases sociales, y lo hace sin afirmar y
construir otras relaciones menos orgánicas.
Este proceso sólo permite el imprevisto y la incertidumbre como únicas
salidas. La inseguridad frente a la violencia, el terrorismo o la
criminalidad se hacen presentes, en mayor o menor grado, en todas las
sociedades occidentales y expresan lo que constituyen los símbolos duros de
esta crisis. Cómo afrontarán esta cuestión los partidos democráticos de
izquierda y centro-izquierda, e incluso si sabrán afrontarla, es un tema
todavía abierto. Hasta ahora estamos situados entre las experiencias
locales, llevadas a cabo principalmente por los gobiernos de ciudades, y el
pragmatismo 'liberal' de los gobiernos nacionales, e incluso de muchos de
la izquierda. Dicho pragmatismo en ocasiones opera con un lenguaje
aparentemente socialdemócrata, vinculado a la política tradicional de la
socialdemocracia que distribuyó renta a través del Estado, pero que
actualmente y en muchos casos debilita la función pública del Estado.
Ante esta disyuntiva, quizás el mejor camino sea volver, en otro nivel
ciertamente, al gran debate que ya se dio entre la socialdemocracia (que
más tarde tuvo como resultado el Welfare) y el socialismo (que
históricamente se expresó en el comunismo de inicios del siglo XX). Pero
esta vez se trata de dibujar la utopía de manera más modesta: rebajar por
ahora las expectativas emancipadoras a fin de cohesionar una expresiva
fuerza social y una mayoría política (sin lo cual no hay posibilidad de
transformaciones democráticas) con el objetivo de refundar el contrato
social moderno. Y hacerlo a partir de dos grandes fundamentos radicales:
someter el Estado a la fuerza de la política, y con ello revocar la fuerza
normativa del capital financiero, y, también, hacer de la inclusión social
el centro de las políticas públicas, superando las políticas meramente
compensatorias. La inclusión social sería, pues, el elemento ético de una
nueva redistribución de renta a través de una nueva distribución de la
oferta y las posibilidades de trabajo.
¿Será acaso el régimen democrático un conflicto en el cual la democracia
genera siempre el renacimiento del conflicto para acabar en tragedia? Ésta
es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo.