Género y familia en la política pública: una perspectiva comparativa Argentina-Suecia

Género y familia en la política pública: Una perspectiva comparativa Argentina-Suecia Elizabeth Jelin 1 CONICET – IDES Buenos Aires

Versión revisada del artículo “Gender and the family in public policy: a comparative view of Argentina and Sweden”, publicado originalmente en Naila Kabeer y Agneta Stark (con Edda Magnus), eds., Global perspectives on gender equality. Reversing the gaze. Nueva York y Londres: Routledge / EGDI, 2008. Agradezco la asistencia y asesoramiento de la Dra. Mabel Lopez Oliva en Buenos Aires y de Edda Magnus en Suecia. Agradezco también a Naila Kabeer y a l@s participantes del taller de discusión realizado en octubre de 2004 por sus comentarios y sugerencias.

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Introducción Este trabajo es una historia comparativa selectiva, tomando primero algunos rasgos de la historia de las políticas de familia en Argentina, para luego mirar, como contrapunto y referente de un diálogo, hacia Suecia. El objetivo es presentar la historia de la familia y de las políticas de familia, con la intención de comprender la manera en que los modelos de familia se desarrollaron a lo largo del tiempo. Asimismo, se intentará develar el impacto de las políticas de familia en las opciones y alternativas que se le ofrecen a mujeres y hombres. Las preguntas que planteamos para Suecia se originan en, y están en diálogo con, la experiencia sudamericana, especialmente la argentina. 2 A primera vista, se trata de dos historias absolutamente diferentes, a tal punto que resulta difícil pensar que se trata de la misma institución y de los mismos problemas. Sin embargo, hay un hilo comparativo en las historias, que apunta a mostrar que no existe una solución simple o única a los desafíos que los roles de género en la familia plantean al ideal de igualdad de género. El contraste en las maneras en que las dos sociedades definen y enfrentan estos desafíos permite iluminar la complejidad y la naturaleza paradójica del tema que nos ocupa. El marco comparativo implícito en este trabajo puede ser visto en algunos rasgos significativos. Un primer eje se refiere al papel de las ideas de l@s “emprededor@s morales” en dar forma a las políticas. 3 El contraste aquí es entre la situación sueca, donde la voluntad política de ciert@s actor@s (mayoritariamente mujeres) por promover la igualdad de género llevó a cambios legales que luego influyeron sobre las prácticas sociales, y la situación sudamericana, donde el poder de ciertos actores políticos con ideas conservadoras y patriarcales (incluyendo especial aunque no exclusivamente a la Iglesia Católica) actúa para frenar cambios y opciones en las prácticas sociales. Como consecuencia, la relación temporal entre los cambios en la legislación y en las políticas por un lado, y las prácticas familiares prevalecientes por el otro, muestra patrones opuestos: intervenciones legales y políticas tienden a moldear las prácticas sociales en Suecia, mientras que los cambios en las prácticas sociales tienden a adelantarse y a confrontar y transgredir las disposiciones legales y las políticas públias en América del Sur. Otra cuestión general subyacente al análisis se vincula con las diferentes perspectivas e interpretaciones de la “igualdad de género”. Contrastan en este punto las políticas basadas en la “neutralidad de género” y las que se basan en reconocer (y reforzar) las diferencias de género, basándose en una jerarquía de género o en una visión de “iguales pero diferentes”. Con el fin de resaltar las tensiones implícitas en cada uno de estos modelos, la sección final de este trabajo va a enmarcar la comparación de los casos en las recurrentes “paradojas” que las mujeres “tienen para ofrecer” (Scott, 1996). ¿Qué es la familia? La familia es una institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, Aunque el foco del texto está en Argentina, las principales tendencias en las políticas de familia que se analizan en este artículo son compartidas por otros países de la región. 3 La noción de “emprendedor moral” es desarrollada por Becker, 1963. Florin y Nilsson (1999), citando a Kingdon (1984) usan la expresión “policy entrepreneurs” para referirse a actor@s que, en los años sesenta, fueron capaces de colocar el tema de la igualdad de género en la agenda política sueca. 2

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conyugalidad y pater/maternalidad. 7 Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y reproducción. En la vida cotidiana, las relaciones familiares constituyen el criterio básico para la formación de hogares y el desempeño de las tareas ligadas a la reproducción biológica y social. En el paradigma occidental moderno, la expectativa social es que los vínculos familiares se basen en el afecto y el cuidado mutuo, aunque también incorporan consideraciones instrumentales, estratégicas y sustentadas en intereses, tanto en el corto plazo de la vida cotidiana como en una perspectiva intergeneracional de más largo plazo. Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los patrones matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad. También está cruzada por los patrones de divorcio y separación, así como por las normas de transmisión intergeneracional de capital social y económico: las normas de la herencia. Las reglas formales corporizadas en el derecho y los patrones de sentido común, que a veces incluso contradicen dichas reglas, son al mismo tiempo reflejo y guía para las prácticas sociales. La familia nunca es una institución aislada, sino que es parte orgánica de procesos sociales más amplios, que incluyen las dimensiones productivas y reproductivas de las sociedades, los patrones culturales y los sistemas políticos. Los hogares y las organizaciones familiares se relacionan con el mercado de trabajo y la organización de redes sociales, por lo que tendencias tales como las tasas de fecundidad y de divorcio, o los procesos de envejecimiento, son parte de procesos sociales y culturales más amplios y están también sujetos a políticas públicas. Como institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales y a los procesos políticos de cada momento o período histórico. Dado que la información censal y de encuestas se basa normalmente en hogares, existe una tendencia a identificar a la familia con el hogar. En general, las estadísticas de población se basan en enumeraciones de hogares. Es fácil entonces confundir el concepto de familia con el de hogar, tomando datos disponibles sobre el segundo como indicadores de la primera. Para muchos objetivos ligados a la vida cotidiana, a la satisfacción de necesidades básicas como la comida y el abrigo, los hogares pueden ser las unidades de análisis apropiadas. Sin embargo, para analizar la dinámica de los vínculos familiares y de parentesco, especialmente en épocas de elevadas tasas de divorcio y patrones migratorios altamente diferenciados, es necesario poner especial énfasis en la falta de correspondencia entre hogares y familias. En estas condiciones, las responsabilidades y obligaciones familiares pueden estar a cargo de miembros que no comparten el hogar. También el amor y el cuidado pueden ser ofrecidos y recibidos sin convivencia cotidiana. Sólo un enfoque que privilegie las transiciones y los procesos puede dar cuenta de esta dinámica. Finalmente, una dimensión a menudo olvidada en este tema entraña la significación simbólica e ideológica de la familia. Más allá de los aspectos institucionales y las prácticas de la vida familiar, existen valores sociales e ideologías expresadas en las imágenes de la familia “normal” o aun “natural”. Al naturalizar un cierto tipo de familia, otros tipos son estigmatizados, y quienes promueven mayores posibilidades de elección en cuanto a 4

El marco conceptual de las ideas presentadas en este artículo se desarrolla de manera más completa en Jelin, 1998.

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patrones de convivencia –incluida la orientación sexual– pueden ser vistos como anormales, subversivos, o aun como el mismo diablo. De hecho, aunque pocas veces se ha tornado un tema de investigación en sí mismo, el sistema de creencias y la presencia política de la familia y los vínculos de parentesco constituyen fenómenos altamente significativos de la vida pública.

La familia en Argentina América Latina fue colonizada por España y Portugal, países que introdujeron el catolicismo como parámetro normativo básico. Los principios canónicos prevalecieron durante la época colonial y sólo gradualmente se fue desarrollando la ley civil, que incorporó algunos principios laicos. Durante el período de la formación del Estado nacional a lo largo del siglo XIX, la legislación introducida reflejó una concepción patriarcal, heredera de los modelos europeos (francés, alemán y español). En los códigos civiles de Chile (1855), Argentina (1869), Uruguay (1868) o Brasil (1916), la legislación sobre la familia definía que el jefe (pater familia) detenta el derecho a decidir sobre su mujer y sus hijos. También establece como un imperativo de orden público el deber de obediencia de la mujer a su padre primero y a su marido después. Las mujeres no eran ciudadanas plenas ni tenían competencia legal, sino que se las definía como dependientes y necesitadas de tutela, incapaces de conducir actividades públicas por sí mismas. Las normas católicas se aplicaban al vínculo matrimonial visto como indisoluble, a la sexualidad y a la virginidad. Es importante señalar aquí la fragilidad de la ley en la realidad de la época. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, los sistemas jurídicos y legales de la región eran extremadamente débiles. El aparato jurídico no estaba suficientemente desarrollado como para supervisar y garantizar la implementación de la legislación emergente, por lo que las prácticas sociales podían estar muy alejadas de los principios legales. De hecho, coexistían al menos dos modelos de familia: el modelo católico, como norma ideal en las ciudades y en las clases medias (especialmente para las mujeres), y un patrón de uniones conyugales libres e hijos “ilegítimos”, especialmente en áreas rurales y de frontera (Moreno 2004). En ambos modelos, las mujeres estaban subordinadas y eran dependientes de los hombres. La igualdad jurídica de hombres y mujeres fue un proceso muy lento, con luchas a lo largo de todo el siglo XX. En Argentina, la ley de 1926 sancionó la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, tanto casad@s como solter@s. Sin embargo, las mujeres casadas no gozaron de esa igualdad hasta 1968, cuando la ley estableció la igualdad en los derechos de propiedad y la capacidad civil plena de las mujeres casadas. Sin embargo, hay todavía algunos campos legales que requieren ser cambiados para garantizar la igualdad total. 5 La influencia de la Iglesia Católica en las normas familiares, por otra parte, ha sido muy significativa en la región, aunque con algunas diferencias entre países. 6 A lo largo de todo el siglo En este tema, la normativa internacional sancionada por las Naciones Unidas (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo) ha sido un instrumento importante, utilizado como recurso para la demanda de cambios legales en cada país. Como muestra Htun, en la medida que los diversos aspectos que hacen a la demanda de igualdad jurídica entre hombres y mujeres en la familia puede ser formulada como cuestión técnico-legal, los avances no despiertan conflictos ideológicos o políticos profundos en la región. Esto explica, según la autora, el hecho de que aun durante las dictaduras militares en el Cono Sur, hubo reformas legales en dirección a mayor igualdad de género en la familia (Htun 2003). 6 Htun (2003) describe y analiza las posiciones de la Iglesia Católica sobre la familia, tomando comparativamente Argentina, Brasil y Chile en relación con el divorcio, el aborto y la igualdad de género. 5

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XX y hasta la actualidad, los conflictos ideológicos y políticos acerca de las normas familiares han sido constantes y recurrentes. Por un lado se ubican la jerarquía de la Iglesia Católica y sus aliados civiles, quienes intentan mantener el sistema legal lo más acorde posible a las visiones sobre la familia sostenidas por la Iglesia. Por otro lado están los actores sociales liberales y progresistas que impulsan cambios legales. Los temas de debate público fueron (y siguen siendo) la legislación sobre las separaciones y el divorcio, la formación de uniones, la igualdad civil de hombres y mujeres casadas, los derechos reproductivos (incluidos la despenalización del aborto y el reconocimiento de la violación matrimonial), la provisión de anticonceptivos en instituciones públicas y la educación sexual en escuelas. Otras materias de debate y lucha social incluyen la igualdad legal entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la definición sexista del adulterio y la legislación sobre “crímenes de honor”. El resultado de estos conflictos ha sido una marcada discrepancia entre los patrones sociales de conducta aceptable y el marco legal vigente. En general, el cambio social se dio antes y de forma más extendida que los cambios legales, ya que el poder de la Iglesia Católica y las ideologías más conservadoras ha sido fuerte en el ámbito del debate jurídico y entre las elites políticas, pero no necesariamente en el conjunto de la población y en las prácticas cotidianas socialmente aceptadas. La separación matrimonial y nuevas uniones no maritales, el uso de anticonceptivos y la concomitante baja en la tasa de natalidad, y la prevalencia de abortos ilegales –todas estas son prácticas que indican con claridad cambios en los patrones de comportamiento que tuvieron lugar a pesar de las prohibiciones legales. En Argentina, el casamiento civil fue introducido en 1888, pero el reconocimiento legal del divorcio tuvo que esperar casi 100 años (hasta 1987). Esto implicó que las separaciones informales y la formación de nuevas uniones conyugales no matrimoniales fueran prácticas muy difundidas y socialmente aceptadas mucho antes de su sanción legal. Los principios patriarcales estaban firmemente establecidos en la legislación: las mujeres estaban sometidas a las decisiones de sus maridos en muchos campos de sus vidas, y el padre tenía los derechos legales sobre sus hij@s. La ley de Patria Potestad sólo cambió en 1985, permitiendo la responsabilidad compartida de padres y madres. En ese mismo año también se logró la igualdad jurídica de hijos matrimoniales y extramatrimoniales (llamados en la vieja legislación “bastardos” o “ilegítimos”). Finalmente, con la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales se integraron al texto constitucional, lo cual implicó el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas, la denuncia de todas las formas de discriminación hacia las mujeres y el reconocimiento de los derechos humanos básicos. Los derechos reproductivos y las políticas nacionales ligadas al comportamiento reproductivo merecen una atención especial. Las elites del siglo XIX vieron en la inmigración europea la salida para resolver el déficit poblacional. Esta perspectiva hegemónica cambió en la década de los años treinta, cuando las políticas inmigratorias se tornaron mucho más restrictivas, mientras que las tasas de fecundidad bajaban a los niveles más bajos de la historia. En los años sesenta, cuando desde Estados Unidos se impulsaban políticas de control de la natalidad que se implantaron en varios países de América Latina para frenar el crecimiento de la población, Argentina fue la excepción: la derecha nacionalista y la Iglesia Católica por un lado (basando su discurso en consideraciones morales y geopolíticas) y la izquierda por el otro (basada en posturas anti-imperialistas) se opusieron a políticas activas de control de la natalidad. Estos debates de políticas –incluyendo la relación entre políticas de población y planes de desarrollo—tuvieron efectos concretos en la vida de mucha gente. En 1974, por decreto presidencial se controló la comercialización de anticonceptivos y se prohibieron los servicios de planificación familiar en las instituciones de salud pública. Esta decisión tuvo un claro efecto

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diferencial en términos de clase social: las mujeres que podían acceder a la medicina privada tuvieron acceso a información y servicios modernos especializados en el control reproductivo; las otras, las mujeres pobres, sufrieron la desaparición de los servicios públicos de planificación familiar. El resultado fue que muchas mujeres tuvieron que recurrir al aborto ilegal, en clínicas clandestinas, para interrumpir embarazos no deseados. Si bien no hay estadísticas confiables, varios estudios muestran que el aborto es una práctica muy extendida (las estimaciones varían entre 335 mil y 500 mil abortos por año) (Ramos et al., 2001, Checa y Rosemberg, 1996, entre otros). A pesar de la ausencia de adecuadas políticas sociales de largo plazo referidas a la salud y los derechos reproductivos, las tasas de fecundidad han ido declinando en el país de manera sistemática. En este punto, Argentina representa una excepción en la historia latinoamericana, por la temprana disminución de la tasa de fecundidad, proceso que se inició en la última década del siglo XIX. 7 Esta disminución de la fecundidad se vincula con el proceso de secularización, el proceso de urbanización y el aumento en los niveles de educación tanto de varones como de mujeres. La ideología del progreso familiar a través de la movilidad educacional y ocupacional se implantó fácilmente entre los inmigrantes europeos y las clases medias nativas. En ese paradigma, había una aspiración de regular la fecundidad para lograr un tamaño pequeño de familia. El hecho interesante es que esta transición demográfica se inició mucho antes del desarrollo de tecnologías modernas de anticoncepción. Hacia el final del período de la inmigración masiva de Europa (1930) el país mostraba un modelo poblacional dual: las clases medias urbanas por un lado; patrones tradicionales de fecundidad en el resto de la población, por el otro. La migración rural-urbana de las décadas siguientes, acompañada de un crecimiento económico vigoroso y las políticas redistributivas del gobierno peronista (1946-1955), produjo una disminución del diferencial de fecundidad entre clases medias y clases trabajadoras urbanas. La tasa de fecundidad total (3.2 en 1947) permaneció constante hasta 1980, para disminuir lentamente después. Sin embargo, los diferenciales regionales son todavía muy grandes: mientras que la tasa de fecundidad en la ciudad de Buenos Aires en el período 2000-2005 es de 1.47 hijos, la cifra comparable para la provincia de Misiones es de 3.34 (Censo de 2001, INDEC 2003). Desde la instalación del gobierno constitucional en 1983, la apertura de la esfera pública a nuevos actores sociales tales como el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista introdujo un nuevo marco interpretativo para temas relacionados con las conductas reproductivas: el paradigma de los derechos reproductivos. Este nuevo paradigma fue aceptado y elaborado por muchos grupos sociales, aunque no necesariamente por las autoridades gubernamentales y las políticas públicas. Las demandas levantadas por el movimiento feminista y el compromiso del gobierno de cumplir con los planes de acción de diversas conferencias y tratados internacionales establecieron las bases para el reconocimiento de los derechos reproductivos, otorgando legitimidad a las iniciativas de definición de políticas en este campo. Sin embargo, aunque el país firmó tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres y la reforma constitucional de 1994 incorporó los textos de tratados internacionales en la Constitución Argentina, se alineó con el Vaticano en foros internacionales en los que se discutían temas de población y derechos reproductivos (en la Conferencia de Población de El Cairo, y en la Conferencia de Beijing).

En 1895 el promedio era de 7 hijos por mujer; en 1914 había bajado a 5,3. Llegó a 3,2 en 1947, y se mantuvo en esos valores hasta 1980 (Torrado 2003).

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Hubo mucho debate público y movilización feminista alrededor de estos temas en la década de los noventa, debates que se mantienen hasta el presente. Cada movimiento de cambio provoca la reacción de la Iglesia Católica y sus aliados, que intentan sistemáticamente limitar u obstruir la aplicación de la ley. Las confrontaciones políticas sobre derechos reproductivos y sobre la despenalización del aborto se mantienen y reproducen. En el prototipo de la familia nuclear patriarcal, la división del trabajo por género está muy arraigada: el rol de padre-marido-proveedor del hombre adulto es complementado por el rol de la esposa-madre-ama de casa de la mujer adulta. Según ese modelo, los hijos deben ser cuidados y deben educarse, para luego dejar el hogar paterno al establecer sus propias familias o mantener la convivencia con la generación mayor en hogares con familias extensas. La realidad argentina nunca se ajustó totalmente a este modelo y las diferencias de clase han sido significativas desde temprano. En las clases trabajadoras urbanas y rurales, las mujeres –especialmente las jóvenes y solteras- siempre estuvieron comprometidas en actividades productivas: servicio doméstico, trabajadoras textiles y de indumentaria, trabajadoras ayudando a sus familias en labores agrícolas. Por su parte, las mujeres de clases medias ingresaron al mundo del trabajo no manual y profesional. La urbanización y la modernización implicaron una caída inicial en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Hacia 1950, las tasas de participación tocaron su punto más bajo, para luego comenzar a aumentar, lenta persistentemente. Para el total del país, 23% de las mujeres adultas (14 y más años) estaban en la fuerza de trabajo en 1947, 25% en 1970 y 27% en 1980, para aumentar a partir de ese momento. 8 En los años noventa, con el aumento del desempleo y la pobreza tanto de hombres como de mujeres, las tasas de participación de las mujeres siguieron subiendo. Como resultado de la restructuración económica neoliberal, el desempleo, el subempleo y la pobreza llegaron a afectar a la mitad de la población del país. En consecuencia, el aumento de la participación de mujeres en la fuerza de trabajo durante los años ochenta y noventa no refleja una reacción a nuevas oportunidades sino más bien un comportamiento adaptativo para encarar el ajuste neoliberal y la crisis. Analizando la segunda mitad del siglo XX, el hecho significativo para el análisis de la familia es que el incremento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo no fue solamente de mujeres jóvenes y solteras con alta educación, o una vuelta al mercado de trabajo de mujeres viudas o separadas de mayor edad, sino que también aumentó la participación de las mujeres casadas e incluso con hijos pequeños, de todos los niveles educacionales (Wainerman, 2003a). Esto no fue acompañado por políticas estatales orientadas a los derechos de las madres trabajadoras o a la provisión de servicios de cuidado de niño/as. La incompatibilidad entre el empleo y las responsabilidades y obligaciones maternas fue dejada como problema a ser resuelto por las familias, las redes de parentesco y las redes barriales, y –para los grupos de mayores ingresos—por el mercado, especialmente a través del servicio doméstico remunerado. Pueden detectarse dos tendencias en estos cambios. El aumento de la educación superior de las mujeres tuvo como efecto la mayor participación de mujeres profesionales, quienes tienden a ingresar al mercado de trabajo y a permanecer trabajando incluso durante el proceso de formación familiar. La otra tendencia está ligada a la coyuntura económica, al aumento del desempleo y a la precarización de las condiciones laborales. Bajo tales circunstancias de deterioro y crisis económica, las mujeres pueden transformarse en el único o principal sostén económico de los hogares pobres (Geldstein, 1999), o pueden entrar a la fuerza de trabajo para suplir los ingresos perdidos o deteriorados de los trabajadores hombres.

Los datos para 1991 indican una tasa de 36%, pero debido a cambios en las técnicas de medición, las cifras no son totalmente comparables (Wainerman 2003:60).

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El resultado de estas tendencias es claro: el modelo familiar nuclear patriarcal basado en un único salario se altera dramáticamente, y aumentan los hogares con dos trabajadores remunerados. Además, dado el aumento de separaciones y divorcios, muchas mujeres quedan como el único sostén económico de sus hogares. El modelo de la familia nuclear con un único proveedor masculino fue sin dudas el ideal de familia urbana durante la mayor parte del siglo XX. Los libros de texto escolares expresan esta imagen naturalizada de la vida familiar, desde comienzos del siglo XX hasta los años ochenta. Los libros de lectura mostraban niñas jugando al rol de “madres” con sus muñecas mientras que los varones jugaban a tener “trabajos” con sus camiones y herramientas; las madres limpiaban y hacían la comida mientras que los padres trabajaban y regresaban a sus hogares de noche. Sólo en los años noventa se produce un cambio: los libros de lectura comienzan a incorporar otros modelos familiares además del nuclear, incorporan mujeres que trabajan, y varones y mujeres que comparten los mismos juegos (Wainerman y Heredia, 1991). La realidad de la familia y de las responsabilidades hogareñas se modificaron considerablemente en las últimas dos décadas. Entre los hogares con mujeres cónyuges entre 20 y 60 años en el área metropolitana de Buenos Aires, el modelo del proveedor masculino bajó de 74,5% a 54,7%, entre 1980 y 2000, mientras que el modelo de hogar con dos proveedores aumentó de 25,5% a 45,3%. Este cambio ocurrió en todos los estadios de la vida familiar --por ejemplo en hogares con y sin niños pequeños. Además, es más común en los estratos socioeconómicos altos y en los más bajos que en las capas medias (Wainerman, 2003a). Otra tendencia importante en relación con la formación familiar durante las últimas décadas es la disminución de la nupcialidad y el claro aumento de la convivencia sin matrimonio legal. Las convivencias y uniones consensuales existieron desde bien temprano como práctica popular, muchas veces seguidas de matrimonios civiles o religiosos. Esta práctica comenzó a declinar con el proceso de urbanización y modernización. Durante las últimas décadas, esta forma de convivencia en pareja sin matrimonio formal ha crecido en número. Representaba el 7% del total de las uniones en 1960, llegando al 18% en 1991 (Torrado, 2003: 268). Existen dos variantes: la unión consensual como estadio inicial de la pareja, que luego es seguida por la unión legal (especialmente cuando nacen los hijos), o como alternativa al lazo legal. Pero las uniones consensuales estables pueden ser también una elección, tanto en el caso de una primera unión como, más a menudo, en uniones posteriores (ésta era la única forma posible hasta la ley de divorcio de 1987). Mientras que la incidencia de las uniones consensuales es mayor en las regiones más pobres del país (en 1991 representaban el 32,5% de todas las uniones de la región noreste del país), el aumento en la ciudad de Buenos Aires es impresionante: 1,5% en 1960; 13,6% en 1991 y 21% en 2001. 9 La disminución en la tasa de nupcialidad y la mayor cantidad de uniones consensuales indican que el cambio más importante ocurrió en el matrimonio en tanto institución. Al mismo tiempo, ha habido un incremento en las tasas de divorcio 10. Esta serie de fenómenos podría ser interpretada como indicadora del debilitamiento de las relaciones conyugales o de una crisis en la Un indicador en esa misma dirección es el incremento sostenido de los nacimientos “extramatrimoniales”: en 1990, el 37% de los nacimientos era de padres no casados legalmente; el porcentaje aumentó al 58% en el 2000 (Estadísticas Vitales, Información Básica 1990, serie 4, Nº 34; Estadísticas Vitales, Información Básica 2000, Serie 5, Nº 44, Ministerio de Salud). 10 Los cambios en la legislación afectan indudablemente la información estadística. Sólo en 1986 el divorcio (y la capacidad legal de volver a casarse) fue legal en Argentina. Antes de esa ley, las separaciones de facto y los nuevos vínculos conyugales no involucraban matrimonio sino uniones consensuales. La ley fue seguida por cinco años en los que hubo un “boom” en los divorcios y un claro incremento de los índices de matrimonio, involucrando principalmente la legalización de condiciones de hecho preexistentes. 9

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pareja conyugal. Sin embargo, la opción por la vida en pareja no ha disminuido. De hecho, cuando consideramos la calidad de los vínculos, las bajas tasas de nupcialidad y las altas tasas de divorcio pueden ser vistas como indicadores de una mayor libertad para abandonar relaciones insatisfactorias y de un proceso de cambio social hacia la constitución de nuevas formas de familia.

El familismo y el maternalismo en la Argentina contemporánea A lo largo de toda la historia moderna, el familismo y el maternalismo han sido valores e ideologías muy fuertes, aún entre los grupos más progresistas. El marco interpretativo dominante ve a la familia como una institución clave (en la metáfora orgánica, la “célula básica” de la sociedad), en la que el rol de la madre está sacralizado. Esta centralidad simbólica y política de la familia se manifestó con fuerza y claridad en la trágica historia reciente de la dictadura y en el activismo del movimiento de derechos humanos. Como es sabido, el gobierno militar que asumió en marzo de 1976 se definió a sí mismo como salvador de la nación, concibiendo su misión como una lucha en contra del caos y la “subversión” que estaban destruyendo los valores e instituciones “naturales” de la argentinidad. Su tarea era, según su propia definición, la de devolver al país la “paz” y el “orden” frente al “caos” imperante. Para recuperar estos valores, era necesario proteger a la nación, a la familia y a las personas de los peligros de la “subversión”. Los militares iban a liderar el “Proceso de Reorganización Nacional”, convocando a los “padres, madres e hijos sanos de nuestro país” a que “cuiden el hogar. Preserven su seguridad. No acepten generosamente las ideas implantadas en las mentes jóvenes por expertos internacionales de la subversión… La seguridad y la paz del pueblo [...] se construye dentro del hogar y las escuelas.” (La Nación, 19 de Junio, 1976, citado por Filc 1997, p.35). La referencia a la familia tradicional fue central en el encuadre interpretativo del gobierno militar. Primero, definió a la sociedad como un organismo constituido por células (familias). De esta forma, estableció un vínculo directo entre la estructura social y su raíz biológica, naturalizando los roles y valores familísticos. Existía sólo una forma, la forma “natural”, en la que la sociedad argentina podía estar organizada. A partir de esta visión, los militares desarrollaron una masiva campaña para consolidar la unidad familiar, justificada en el lugar “natural” de la familia en el orden social. Además, los lazos familiares fueron definidos como “indisolubles” y los derechos de los padres sobre sus hijos como “inalienables”. A su vez, en la medida en que la metáfora de la familia era utilizada para la nación como un todo, el Padre-Estado adquirió derechos inalienables sobre la moral y el destino físico de los ciudadanos. La imagen de la nación como la “Gran Familia Argentina” implicaba que sólo los “buenos” chicos-ciudadanos eran verdaderamente argentinos. El discurso oficial representaba a los ciudadanos como niños inmaduros que necesitaban la disciplina que les iba a imponer un padre fuerte. En este discurso, la autoridad paterna era fundamental. Se esperaba de los hijos e hijas que se comportaran acatando las obligaciones morales de obediencia –no había lugar para ciudadanos con derechos, para seres humanos con autonomía personal. En un mundo como ese, “natural” más que social o cultural, el peligro del mal o de la enfermedad tiene que venir siempre desde afuera –algún cuerpo extraño que puede invadir e infectar. Y para reestablecer el equilibrio natural resulta necesaria una intervención quirúrgica, que permita extraer y destruir los tejidos sociales infectados. El régimen militar, de esta forma, se transformaba en el padre protector quien se haría cargo de la ardua responsabilidad de limpiar y proteger a su familia, ayudado por otros padres “menores”, a cargo de controlar y disciplinar a los adolescentes rebeldes. Las publicidades estatales en la televisión preguntarían: “Sabe Ud. dónde está su hijo ahora?”, urgiendo a los

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padres a que reproduzcan ad infinitum el trabajo de seguimiento, control e inteligencia que estaban llevando a cabo los militares. La imagen de la familia como célula de la nación implicaba que los padres tenían que proteger a la célula-familiar de la penetración foránea, dado que un virus o una infección que invade una única célula puede infectar al resto a través del contagio y la expansión. Los niños y los jóvenes representaban los lazos más frágiles o lábiles del cuerpo familiar-nacional, y por contacto con el exterior, podían traer la enfermedad al cuerpo social. La única manera de defender a la nación era confrontar al enemigo en el punto de entrada: el lazo entre los jóvenes y sus familias. En este punto, si el Padre-Estado estaba para proteger a la nación, no debía perder de vista el interior de la familia. En consecuencia, la vida privada familiar se veía avasallada por el poder público, y la distinción entre vida pública y familia privada desaparecía. La defensa de la familia patriarcal tradicional era una política clara y explícita del gobierno (Filc 1997). Al mismo tiempo, los militares implementaron una política sistemática de represión clandestina que afectó directamente a miles de familias. Esto implicaba secuestros masivos de personas –invadiendo inclusive los hogares--, para luego ser torturadas y desaparecidas (Calveiro 1998). Los niños también eran secuestrados con sus padres y las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta que daban a luz. Con identidades cambiadas, los bebés eran apropiados por personal militar y otros ligados a sus rangos. Las estimaciones sobre el número de desaparecidos varían, con cifras que llegan a los 30.000; las estimaciones de bebés secuestrados o nacidos en cautiverio entregados con identidades falsas llegan a los 500 (de éstos, hasta 2009 se cuentan unos 90 casos resueltos). En 1976, los parientes de personas detenidas y desaparecidas se reunieron y formaron la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Abril de 1977 marcó el inicio de las reuniones de lo que más tarde se transformó en el emblema del movimiento de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo. En noviembre del mismo año fue creada la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué debían ser planteadas en términos de parentesco las denuncias y demandas del movimiento de derechos humanos? En el contexto político de la dictadura, la represión y la censura, las organizaciones políticas y los sindicatos estaban suspendidos. El uso que el discurso dictatorial hizo de la familia como unidad natural de la organización social tuvo su imagen en espejo en parte del movimiento de derechos humanos –la denuncia y protesta de los familiares era, de hecho, la única que podía ser expresada. Después de todo, eran madres en busca de sus hijos… La dictadura atribuía a los padres la responsabilidad final de prevenir que sus hijos se convirtieran en subversivos. Cuando los padres de los desaparecidos se acercaban al gobierno preguntando por el destino de sus hijos, la respuesta era una acusación: no sabían lo que estaban haciendo sus hijos porque no habían estado ejerciendo debidamente su autoridad de padres; si los jóvenes se transformaban en “subversivos” se debía a las deficiencias en la crianza familiar. De esta forma, la paradoja del régimen militar argentino de 1976-1983 (con similitudes en los otros regímenes militares del Cono Sur en esa época) era que el lenguaje y la imagen de la familia constituían la metáfora central del gobierno militar, pero también la imagen central del discurso y las prácticas del movimiento de derechos humanos. Lo que estaban denunciando eran crímenes en contra de la familia, proyectando al mismo tiempo una imagen de “buen hijo” del/a joven desaparecido/a y de una vida familia “normal”. La imagen paradigmática es aquella de la MADRE simbolizada por las Madres de la Plaza de Mayo con sus pañuelos en la cabeza, la madre

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que deja su esfera privada “natural” de vida familiar para invadir la esfera pública en busca de su hijo secuestrado-desaparecido. 11 Los Familiares, las Madres y las Abuelas a partir de los años setenta, H.I.J.O.S (Hijos de los Desaparecidos) constituidos veinte años después y Hermanos en el siglo XXI, son las organizaciones que mantienen activas sus demandas por justicia, verdad y memoria. Lo que es significativo aquí es que estas organizaciones entran en la esfera pública no como metáforas o imágenes simbólicas de los lazos familiares, sino en un sentido literal (y biológico) de las relaciones de parentesco. A pesar de sus orientaciones contrapuestas y en conflicto, ambas partes hablaban en la clave familiar de los lazos naturales y cercanos. Para unos, la familia era el control y la autoridad, presentados y enmascarados en términos de protección contra las amenazas y el mal. Para los otros, el lazo familiar personalizado y privado justificó y motivó la acción pública, con un doble propósito: por un lado, revertir la imagen de “mala familia” que los militares querían transmitir en relación con las familias de las víctimas. Los desaparecidos y los detenidos eran presentados por sus familiares como niños ejemplares, buenos estudiantes y miembros de las familias viviendo en armonía; en suma, como ideales o “normales”. Por otro lado, la pérdida familiar impulsó la salida de los lazos y sentimientos privados hacia la esfera pública, rompiendo decisivamente la frontera entre la vida privada y el ámbito público. Esta aparición pública de los lazos familiares en la vida política es significativa, más allá de sus propios objetivos y su propia presencia. Implica una reconceptualización de la relación entre vida pública y privada. En la imagen que el movimiento de derechos humanos comunicó a la sociedad, el lazo de la familia con la víctima es la justificación básica que da legitimidad para la acción. Para el sistema judicial, en realidad era el único. Sólo los parientes son considerados “afectados” en sus demandas de reparación –personalizadas e individualizadas. Sin embargo, este familismo público y político plantea dificultades y peligros en términos de su impacto cultural y político. Las Madres pueden haber generalizado su maternidad, con el slogan de que todos los desaparecidos son hijos de todas las Madres. Al mismo tiempo, y como efecto de esta interpretación de la noción de familia, se crea una distancia –imposible de superar- en las movilizaciones públicas: entre quienes llevan la “verdad” del sufrimiento personal y privado y aquellos que se movilizan políticamente por la misma causa, pero presumiblemente por otros motivos que no son vistos como igualmente transparentes o legítimos. Es como si en la esfera pública del debate, la participación no es igualitaria sino estratificada de acuerdo a la exposición pública del lazo familiar; un proceso que puede paradójicamente implicar nuevos conflictos y tensiones en el proceso de democratización y en la promoción de la igualdad.

La familia sueca en perspectiva Hasta comienzos del siglo XX, Suecia era un país rural pobre, con una considerable emigración hacia América. Hacia mediados del siglo XIX, las mujeres eran participantes activas en la economía familiar rural –en la lechería y en los campos. También eran trabajadoras textiles y en otras industrias nacientes. Y por supuesto, estaban a cargo de las tareas domésticas y de cuidado de l@s niñ@s. A pesar de toda esta gama de actividades, desde la perspectiva legal las mujeres no eran competentes. En 1845, se les otorgaron los mismos derechos hereditarios que a La respuesta más corriente a la pregunta ¿por qué madres y no padres? remite a dos cuestiones: primero, que ser madre otorga más seguridad frente al terror ya que todos –inclusive los militares—respetan la maternidad como algo sagrado; además, alguien (el hombre jefe de hogar) debe seguir trabajando para mantener a la familia. Como la trágica realidad lo mostró pocos meses después de la primera ronda de las Madres, su status materno no les otorgó ningún privilegio: en diciembre de 1977 desaparecían varias Madres; además, no todas ellas eran amas de casa como la imagen popular lo ha cristalizado. 11

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los hombres, y en 1858 se reconoció el status de “adulta” a la mujer a partir de los 25 años, pero solamente a las mujeres solteras (Swedish Government Official Reports 1994). Los avances en el acceso a la educación durante la segunda mitad del siglo XIX abrieron nuevas oportunidades profesionales para las mujeres. Se trataba de las ocupaciones más “tradicionales” como la educación y la enfermería. Sin embargo, la diferenciación legal y práctica entre las mujeres solteras y casadas se profundizaron: el trabajo remunerado era para las mujeres solteras, y casarse significaba abandonar el mundo del empleo. El matrimonio implicaba la subordinación al marido y la pérdida de los derechos legales. La convivencia sin matrimonio surgió entonces como alternativa, especialmente para la población urbana de clase obrera. La situación de las madres trabajadoras y los peligros y vulnerabilidad de los chicos mostraban a las claras la incompatibilidad en los esfuerzos de las mujeres por combinar sus roles productivos y reproductivos. La primera política pública orientada a proteger la maternidad fue sancionada en 1900, el Acta de Seguridad en el Trabajo, que prohibía a las trabajadoras fabriles desempeñarse en su empleo durante las primeras cuatro semanas post-parto. Esta licencia obligatoria no era remunerada, lo cual daba tenía como supuesto la existencia de una familia con un marido proveedor, hecho que no necesariamente era el caso. Además, expresaba la contradicción entre las responsabilidades de la maternidad y la necesidad de las mujeres de mantener a sus hij@s y sus familias. En 1912, la licencia obligatoria sin remuneración se extendió a seis semanas. Al obligar a las mujeres a tomar licencia post-parto sin remuneración, las leyes no tomaron en consideración la otra responsabilidad central de las mujeres –el mantenimiento económico de sus hij@s (Ohlander 1991). Recién en 1931 se promulgó una Ley de Maternidad, ley que se justificaba en la intención de disminuir la mortalidad infantil promoviendo la lactancia –ya que la imagen prevaleciente era que las madres eran responsables morales de la muerte de sus bebés. Sólo en los años treinta las madres solteras obtuvieron los mismos beneficios generales que las madres casadas (Hobson y Takahashi 1997), nuevamente con la justificación de la alta mortalidad infantil. El divorcio se introdujo en 1915, y en 1921 se promulgó un nuevo Código de Matrimonio. Con el fin de promover el matrimonio y la maternidad, la nueva ley aseguraba la continuidad de la competencia legal de las mujeres al casarse. Las mujeres casadas pudieron entonces ser propietarias, y se establecieron reglas de propiedad compartida cuando los matrimonios se disolvían (Dahlberg y Taub 1992). Estos tres principios legales están vigentes en la Suecia contemporánea. A pesar de los cambios en el código matrimonial, el padre era el único guardián legal de sus hij@s. Esta norma se alteró en 1949, cuando se adoptó un Código de Paternidad, por el cual ambos progenitores se convirtieron en guardianes legales de l@s hij@s nacidos en matrimonio. Con respecto a los nombres, las mujeres debían adoptar el apellido del marido, y l@s niñ@s tenían el apellido del padre. Estas normas cambiaron en 1963, cuando se permitió a las mujeres mantener sus apellidos al casarse, y en 1982, cuando la ley estableció que l@s hij@s tendrían el apellido de sus madres a menos que hubiera una declaración solicitando que tengan el apellido del padre (Dahlberg y Taub 1992). En suma, durante este temprano período, hubo un reconocimiento creciente de las desigualdades implícitas en el contrato matrimonial. La intervención estatal sirvió para reconocer algunos derechos de las mujeres casadas, aunque esto no significó el abandono total del modelo patriarcal. En cuanto a la maternidad, se reconocían las responsabilidades maternas en el bienestar de l@s niñ@s, pero no se tomaban en cuenta las responsabilidades de las mujeres en el mantenimiento económico de ellas mismas y de sus hij@s. La tensión entre estas

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responsabilidades y el reconocimiento de sus derechos ciudadanos estuvo y sigue estando en el núcleo central de la historia de las políticas de familia en Suecia.

El proceso de cambio, 1930-1960 El ascenso al poder del Partido Social-Demócrata en 1932 generó cambios en el escenario político. La Social-Democracia apostó a asegurar un nivel de vida mínimo para toda la población, con un énfasis especial en el status de la infancia. Un momento crucial fue la publicación del libro La crisis de población de Alva y Gunnar Myrdal en 1934. Recordemos que hasta los años treinta, la política de familia se enmarcaba en las preocupaciones por la maternidad, la lactancia y el cuidado; ahora el tema iba a ser interpretado en el marco de una política de población. La ideología de la mujer ama de casa y el marido proveedor era todavía muy fuerte, especialmente en los sindicatos. Se pueden detectar dos frentes de cuestionamientos a estas posturas conservadoras: por un lado, los teóricos marxistas radicales que sostenían que las cuestiones de la reproducción debían ser resueltas en la esfera de la producción; por el otro, políticos más pragmáticos que buscaban una solución en la “ingeniería social” de corte positivista. Para ellos, las cuestiones de género podían ser encaradas a través de medidas económicas. La política social debía ser una política de familia “profiláctica” manejada a través de incentivos económicos. La informalidad de las relaciones sexuales debían ser legalizadas en el matrimonio, y la promoción de la fecundidad requería acción estatal. Para este fin, se debían implementar subsidios familiares, políticas de vivienda y pensiones para l@s niñ@s. Las mujeres debían recibir ayudas adicionales a través de clínicas pediátricas, clínicas de fecundidad, guarderías y otros centros de cuidado infantil. La preocupación por tener la tasa de fecundidad más baja de Europa y en consecuencia por cómo resolver la crisis poblacional se manifestó en claras políticas gubernamentales pronatalistas. Estas políticas debían avanzar simultáneamente en tres campos: primero, promover y proteger a las familias, el sitio “normal” para gestar y criar niñ@s (el ideal planteado era cuatro hij@s por pareja); segundo, proveer servicios que pudieran ayudar a las mujeres en sus responsabilidades domésticas y de cuidado; tercero, promover medidas que mejoren la condición social de las mujeres (en educación, en participación en la fuerza de trabajo). Frente a esta defensa de la familia, las feministas suecas enmarcaron sus demandas en el paradigma de la ciudadanía. La figura de la madre y cuidadora no fue una base suficiente para sus demandas, en la medida en que como mujeres se veían también como trabajadoras y como ciudadanas. Concebían al trabajo como un derecho básico de ciudadanía, y reclamaban el doble reconocimiento del derecho de las mujeres a trabajar y el derecho de las mujeres trabajadoras a casarse (Hobson y Lindholm 1997, p. 488-492). En general, los movimientos feministas de aliaron a partidos políticos, a sindicatos y a otros grupos de intereses, aun cuando fueron muy significativas las tensiones basadas en la contradicción entre el principio de respeto a los derechos individuales y las políticas activas del estado (en este caso, pro-natalistas). La tensión entre el matrimonio y el trabajo que enfrentaban las mujeres fue el centro de las discusiones de políticas (Frangeur 1998). La preocupación gubernamental por cuestiones de población llevó, en 1935, a la creación de una Comisión Especial de Población para estudiar el problema. Una cuestión central fue el intento de reducir el derecho al trabajo de las mujeres casadas, anclado en el aumento del desempleo debido a la Depresión. Hasta 1934, hubo en el parlamento nueve proyectos de ley de

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prohibición del empleo de mujeres casadas. 12 Hubo mucha oposición de grupos de mujeres, y al final se adoptó una resolución que declaraba que los derechos de las mujeres a su formación profesional era un aspecto orgánico de sus derechos civiles. El informe final del Comité Especial para el Trabajo de las Mujeres Casadas demoró cinco años en ser entregado. El informe reconocía que las trabajadoras mujeres eran cruciales e indispensables en las industrias textiles, de calzado y de confección, y en la economía sueca en general. En el Informe se desechaban los argumentos sobre la amenaza que las mujeres trabajadoras casadas constituían para sus hogares y familias. Así, en 1939, se sancionó una ley que prohibía el despido de mujeres sobre la base de su status marital o de su maternidad. La ley también dio a las mujeres el derecho a tres meses de licencia de maternidad sin perder el empleo. Las madres tuvieron derecho a servicios de salud gratuitos y los beneficios del seguro social por maternidad fueron aumentados. También se incluían beneficios para madres solteras y niñ@s huérfan@s (Frangeur 1998, Hobson y Lindholm 1997). Las posturas pro-natalistas iban a tener su impacto en el ámbito de los derechos reproductivos. Un área de conflicto fue el aborto. Los social-demócratas y grupos de mujeres promovían legislación que permitiera el aborto, y los opositores usaron argumentos basados en las ideas pro-natalistas (Ohlander 1991). Finalmente, después de mucho debate y lucha, se legalizó la publicidad y venta de dispositivos anticonceptivos en 1938 y se introdujo una ley permitiendo el aborto por razones éticas, médicas y eugenésicas, pero no por voluntad propia. En relación con políticas en favor del matrimonio y la formación de la familia, en 1937 se introdujeron créditos para l@s recién casad@s (para promover matrimonios más tempranos) y subsidios para el alquiler de viviendas. Las medidas implementadas incluyeron otorgar un modesto beneficio monetario para las mujeres cuando tenían hij@s. Lo que fue significativo en ese programa es que el dinero se pagaba directamente a la madre. Lo mismo ocurrió después (en 1947) cuando se introdujeron asignaciones por niñ@. Estas medidas ayudaron a las mujeres a tener algún poder dentro de la familia, real aunque limitado. Es interesante mencionar que en una conferencia sobre beneficios a la maternidad realizada en 1939 se señalaba que el hecho de que las mujeres manejaran dinero era un fenómeno nuevo (Ohlander 1991, p. 69). En este punto, el contraste entre pagos directos y beneficios impositivos resulta muy significativo. Por supuesto, estas medidas también implicaron que la responsabilidad por el cuidado de los niñ@s seguía estando en manos de las madres, sin participación de los padres. Sin embargo, todas estas medidas ligadas al reconocimiento formal de las mujeres trabajadoras y de las responsabilidades maternales no cambiaron drásticamente la situación de las mujeres. Aunque sus derechos como trabajadoras fueron equiparados con los de los hombres y las mujeres casadas eran consideradas autónomas y no sujetas a la autoridad de sus maridos, el cambio legislativo no fue acompañado por políticas públicas que efectivamente posibilitaran a las mujeres desarrollarse como trabajadoras en igualdad de condiciones con los hombres (Hirdman 1998). El reconocimiento formal del doble rol de las mujeres –como trabajadoras y como amas de casa—no fue acompañado por políticas que permitieran a las mujeres elegir libremente dónde o cómo trabajar, o resolver el problema del cuidado cotidiano de sus hij@s. En suma, durante los años treinta, las organizaciones de mujeres suecas fueron capaces de impulsar “políticas que se convirtieron en el núcleo de la ciudadanía social del estado de bienestar: licencias por maternidad y seguridad en el empleo; protección al derecho al trabajo de mujeres casadas; políticas de ingresos para madres solteras; servicios de salud materna universales” A esa altura, ya se había impuesto en Alemania la política Nazi que restringía el derecho de las mujeres casadas a trabajar.

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(Hobson y Lindholm 1997, p. 498). De este modo, las cuestiones ligadas a las mujeres ocuparon un espacio visible como productoras de niñ@s, como consumidoras de servicios modernos, como madres sustitutas (en tanto empleadas en el cuidado infantil) en una sociedad moderna – pero no necesariamente como ciudadanas iguales en la práctica. Suecia tenía todavía una clase media que mantenía el ideal del padre-proveedor y la madre-ama de casa. Además, como sugiere Hirdman, la formula del “doble rol de las mujeres” (trabajadoras antes de casarse y después de que sus hij@s crecen; amas de casa mientras l@s niñ@s son pequeños) era presentado como LA solución al conflicto de género. “El resultado, sin embargo, se correspondía bien con las divisiones explícitas de la teoría del doble rol, que daba a las mujeres una especie de status de persona a medias tanto en el mercado de trabajo como en la vida política” (Hirdman 1998, p. 40).

Políticas activas, 1960-1990 En los años sesenta “se formuló un nuevo contrato de género normativo, que establecía la individualidad de hombres y mujeres, en la familia y en la sociedad” (Hirdman 1998, p. 41). Esto representó el punto de inflexión en la presentación y promoción del modelo de familia de doble proveedor(a). En esa década se desarrolló el nuevo concepto de la igualdad de género, que logró ubicarse en la agenda política. Esto fue logrado por un grupo muy diverso de gente “que puede ser llamada la ‘gente pro-igualdad de género’” (Florin y Nilsson 1999, pp. 11-15). Así, se planteó una nueva articulación del “conflicto de género” (Hirdman 1998), que tuvo una respuesta legislativa en los setentas y efectos adicionales en las políticas de los años ochenta. El reconocimiento del ideal de la igualdad de género y la interpretación individualista de esta noción implicaron considerables cambios de políticas. Antes que nada, la igualdad en el mercado de trabajo tenía que estar acompañada por cambios significativos en las responsabilidades domésticas y familiares. En la esfera pública y política, el empoderamiento de las mujeres necesariamente requería el reconocimiento y la satisfacción de las demandas de las mujeres. Se requería una ideología y una voluntad políticas que pudieran armonizar la demanda de nuev@s trabajador@s en el mercado de trabajo (en una economía en crecimiento) y el funcionamiento del sistema político y los partidos. En ese contexto, al intentar construir un sistema social y legal basado en que hombres y mujeres iban a ser trabajador@s autónom@s, el cuidado de l@s niñ@s se tornó un tema crucial de la agenda gubernamental. Así, la reforma legal y la política social debían responder a la necesidad de romper con el modelo de familia basado en la exclusiva responsabilidad materna por el bienestar de sus hij@s (Scheiwe 2003). Las políticas orientadas hacia la igualdad se multiplicaron: la licencia de maternidad se transformó en una licencia de mater-paternalidad en 1974. Esta política estaba basada en el derecho de ambos, padre y madre, a recibir 90% de su salario habitual por un período de tiempo (primero fueron seis meses, luego se amplió a doce), dejando en manos de la pareja la decisión de cómo dividir el tiempo de licencia. 13 La licencia incluye una cláusula que asegura la posibilidad de retornar al empleo anterior al terminar la licencia. La reforma complementaria implicó tener acceso a servicios de cuidado infantil de calidad. Al mismo tiempo, se redujeron los beneficios de alimentos post divorcio, reflejando el ideal de ver a las mujeres como seres humanos independientes y autónomos. Con este nuevo paradigma, el matrimonio estaba en el foco del debate. Las tasas de divorcio estaban subiendo, y las de nupcialidad bajando. Se introdujeron nuevos cambios en la legislación de familia en 1987, según los cuales se reconocía el derecho individual a elegir el 13 La historia de estos beneficios parentales durante los treinta años (1974-2004) muestra adaptaciones y cambios permanentes. Statistics Sweden (2004, p. 39) presenta un listado completo de los cambios de políticas a lo largo de este período.

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propio estilo de vida, mientras que al mismo tiempo se promovía el matrimonio. El nuevo Código de Matrimonio fue escrito en un lenguaje neutral en términos de género. No asume roles diferentes para hombres y mujeres, ni establece reglas diferentes para hombres y mujeres. Lo que hace es incorporar algunas cláusulas que protegen al “cónyuge más débil en términos económicos” (que generalmente es mujer). 14 Según Dahlberg y Taub, al formular estas correcciones en un lenguaje neutral en cuanto al género, “se corre el riesgo de perder de vista la naturaleza sexual de la persistente posición subordinada de las mujeres” (1992, p. 139). La ideología de la igualdad influyó también en muchas otras medidas (incluyendo pensiones, disposiciones impositivas, políticas de sexualidad y de patria potestad). En la mayoría de los campos, el principio de igualdad tuvo que ser corregido en la misma dirección, la de proteger al/a “cónyuge más débil”, lo cual implica el reconocimiento de que ambas partes no son siempre iguales ni independientes, sino interdependientes en una relación desigual. La regulación legal del matrimonio se debilitó considerablemente. Si en el siglo diecinueve la Iglesia tuvo un rol regulatorio significativo que luego fue transferido al Estado, el código de 1987 deja mucho más abierta a la decisión individual los derechos y responsabilidades de los cónyuges en los acuerdos matrimoniales o de convivencia, con alguna protección para el “cónyuge más débil”. Lo que está mucho más regulado es la relación parental con l@s hij@s: los cambios adoptados en los años setenta y ochenta se refieren a las licencias parentales y a las normas de tenencia de hij@s (patria potestad). Desde 1949, las responsabilidades por l@s hij@s son compartidas por ambos progenitores mientras están unidos. Desde comienzos de la década de los ochenta, tienen responsabilidades compartidas post divorcio (si no estaban casados, se supone que la madre tiene la tenencia a menos que los padres soliciten tenencia compartida). Los padres divorciados determinan cuáles van a ser las reglas de la tenencia. Aunque la ley nuevamente se basa en la igualdad y es neutral en términos de género, y se preocupa centralmente por el bienestar de l@s niñ@s, siguen habiendo tensiones y contradicciones, porque en la realidad existen desigualdades importantes. Como resaltan Dahlberg y Taub, El impacto global de estas reformas en los intereses de las mujeres no es claro. Por un lado, la preferencia por la tenencia compartida, en conjunción con el hecho de que se espera que la madre sea responsable por su funcionamiento sin conflictos…, impone severas limitaciones a la autonomía de las mujeres. Como mínimo, se requiere que ella mantenga un contacto continuo con el padre, necesario para arreglar las visitas. A menudo, estos contactos permiten que el hombre la manipule. Por otro lado, una relación mayor y más funcional entre el padre y el/a hij@ aliviana la carga de la madre (Dahlberg y Taub 1992, pp. 146-147).

El modelo de doble proveedor(a( en acción La compatibilización entre trabajo y familia es el eje de diferentes modelos intervención estatal a través de políticas públicas. La manera en que el Estado interviene tiene implicaciones diversas sobre los modelos de igualdad de género y de familia: “los beneficios monetarios para el cuidado de niñ@s promueven una familia con roles de género diferenciados; la provisión de servicios de cuidado infantil facilita la existencia de un modelo de doble proveedor(a); la legislación de licencias parentales promueve una mater-paternidad compartida y el doble ingreso Otras provisiones de este Código incluyen el reconocimiento y protección de distintos tipos de parejas, además de la establecida a través de un contrato matrimonial. También reconoce los derechos de parejas convivientes, hetero y homosexuales.

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por trabajo” (Leira 2002, p. 4). La política sueca tomó una posición clara en favor de esta última opción, en contraste con Argentina (y en general, los países latinoamericanos), donde hay muy poca intervención activa a través de políticas –bajo el supuesto rol materno “natural” de las mujeres. El ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo se incrementó en este período. Como indica un informe oficial, “la tasa de empleo remunerado aumentó entre las mujeres entre 1970 y 1990, para decrecer después… En 2003, la tasa de actividad de mujeres entre 20 y 64 años era del 79%, y la tasa de desempleo era del 3%” (Statistics Sweden 2004, p. 44). Las tasas de participación de hombres permanecieron en el mismo nivel entre 1970 y 1990, para disminuir a partir de entonces. En 2003, la tasa de actividad masculina (20-64 años) era del 84% y el desempleo llegaba al 4% (Statistics Sweden 2004, p. 45). En cuanto a la composición de los hogares, en 2002 el 47% de los hogares tenían una pareja conviviente (19% con niñ@s y jóvenes de hasta 17 años; 28% sin niñ@s) (Stastistics Sweden 2004, p. 17). Es muy probable que estos hogares fueran de doble proveedor(a). Sin embargo, por detrás de estos datos, persisten desigualdades importantes y han surgido otras nuevas. El mercado de trabajo es estratificado: las mujeres trabajan más a menudo que los hombres en empleos de tiempo parcial (en 2003, 33% de las mujeres trabajadoras y 9% de los hombres). Tener hij@s pequeñ@s lleva a una mayor probabilidad de trabajo de tiempo parcial: 52% de las mujeres trabajadoras con tres niñ@s entre los que el/a menor tiene 1 a 2 años eran trabajadoras de tiempo parcial (comparado con 33% del total de mujeres) (Statistics Sweden 2004, p. 51). Además, persiste la segregación ocupacional, reflejando que la division tradicional del trabajo no ha cambiado radicalmente: las mujeres son la mayoría de las enfermeras, secretarias y maestras, mientras que los hombres trabajan en la industria, la economía y la tecnología (Statistics Sweden 2004, p. 56-57). Otra área importante de políticas estatales es la del cuidado infantil. Como se dijo más arriba, la clave del ideal de igualdad de género estuvo centrada en los servicios públicos de cuidado infantil de buena calidad. En 1975, el Acta Nacional Preescolar estableció que las autoridades locales debían incluir el cuidado infantil entre sus servicios públicos. La expansión de estos servicios entre las décadas de los setenta y los noventa fue muy notoria. En 1975, 17% de l@s niñ@s entre 1 y 6 años asistían a centros de cuidado infantil, porcentaje que subió al 52% en 1985 (Bergqvist y Nyberg 2002). En 2002, 67% de l@s niñ@s entre 1 y 5 estaban registrad@s en centros municipales de cuidado y 10% iban a centros privados. Sólo el 13% estaba en sus casas (Statistics Sweden 2004, p. 36). Como ese mismo informe oficial indica, el personal de los centros municipales de cuidado era casi totalmente femenino, señalando que la responsabilidad del cuidado infantil, sea en el hogar o fuera de él, es claramente femenina. Desde una perspectiva teórica, quizás el paso más significativo en el camino de reemplazar a la familia patriarcal por una basada en la igualdad de género es el reconocimiento y promoción del rol paterno. Ésta es un área en que el compromiso de cambio requiere una intervención estatal activa. Como sugiere Leira, “mientras que el cambio hacia la combinación de maternidad y empleo precedió a las reformas de políticas, la política instituyendo el derecho de los padres a ser el cuidador personal de sus hij@s precedió a cualquier cambio en gran escala hacia la paternidad” (Leira 2002 p. 6). En este tema, desde comienzos del siglo XX la política sueca intentó formalizar los derechos y obligaciones de los padres biológicos hacia sus hij@s. Desde la década de los setenta, las obligaciones financieras de antaño fueron transformadas para incluir obligaciones de cuidado, con la justificación de que esto es en beneficio de l@s niñ@s. Tenencias compartidas y licencias por paternidad, así como el “mes del padre”, fueron

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establecidas para promover una paternidad activa –y esto fue complementado con campañas de publicidad e información sobre la paternidad (Bergman y Hobson 2002). Al desnaturalizar el rol de la madre y permitir el cuidado paterno en igualdad de condiciones, el modelo de licencia parental “sirve para priorizar las demandas de la reproducción social por encima de las de la producción… La inclusión de los padres entre quienes tienen derecho a cuidar a l@s niñ@s reformula la relación entre trabajo y familia, planteándola como cuestión que concierne a ambos progenitores sujeta a la intervención del estado de bienestar.” (Leira 2002, p. 76). El derecho a compartir la licencia entre padre y madre se instauró en 1974. Sin embargo, esta licencia parental, neutra en términos de género, es reclamada más que nada por las madres. Los padres participan del esquema, pero por períodos de tiempo muy cortos. Asi, en 2003, 43% de las personas aseguradas que solicitaron licencia parental fueron hombres, pero ellos sólo dieron cuenta de 17% del total de días de licencia tomados (Statistics Sweden 2004, p. 38). 15 La probabilidad de que los padres tomen una licencia voluntaria es diferente según el estrato socioeconómico. En su estudio de padres de chic@s nacidos en 1994, Sundstrom y Duvander constatan que la mitad de los padres usan algunos días de licencia. Muestran que la probabilidad de que los padres tomen la licencia es mayor en familias de ingresos más altos. El ingreso de los padres (más que el de las madres) es lo que impacta en la probabilidad de hacerlo. También, las condiciones de trabajo de padre y madre (estabilidad en el empleo, realizar trabajos más o menos agradables, etc.) influyen en este tema. Como síntesis, las autoras concluyen que La decisión de compartir o no la licencia debe ser vista como el resultado de dos procesos importantes de negociación y ajuste. Por un lado, la decisión implica una negociación entre la madre y el padre acerca de cuán larga debe ser la licencia de la madre… Parecería que la licencia del padre es un residuo de esa decisión… Por otro lado, de manera paralela, el padre desarrolla un proceso de negociación en su empleo, y tiene que sopesar las posibles reacciones negativas (Sundstrom y Duvander 2002, p. 443). 16 Desde que se estableció el modelo del doble proveedor, hay una tendencia hacia menor estabilidad matrimonial. Son las mujeres las que toman la iniciativa de divorcio. Finalmente, hay informes que indican el aumento de problemas de salud de las mujeres, especialmente ligados al “stress”: en un estudio de padres de niñ@s de 5 años, más mujeres que hombres indicaron que sufren de “stress hogareño” definido como el experimentado en conexión con las responsabilidades por la casa y la familia, incluyendo el conflicto familiar. Cuando se les preguntó acerca de sus preferencias, los padres varones indicaron que desearían mayor flexibilidad horaria en sus empleos, con el fin de poder combinar sus roles ocupacionales y familiares (Bjornberg 2000). Como fue mencionado más arriba, hubo cambios significativos en la legislación referida a las licencias parentales. En respuesta a la escasa participación de los padres en las licencias, se introdujo una “cuota paternal”. “La ‘licencia paterna’ marca el derecho de los padres a ser cuidadores, establece nuevas normas sobre qué es ser un ‘buen’ padre, y posiblemente agrega la obligación moral de que los padres se dediquen al cuidado” (Leira 2002, p. 94). En Suecia (de manera contraria a Noruega) la política no aumentó el tiempo ofrecido como licencia; más bien significó una intervención estatal para redistribuir el tiempo de licencia disponible. En comparación con otros países nórdicos (en 1997, 11,7% de los padres suecos, frente a 6,7% en Noruega y alrededor de 4% en Finlandia y Dinamarca –Leira 2002, p. 91, Cuadro 4.3), los padres suecos ya estaban más dispuestos a participar en las licencias, por lo cual la política estatal de paternidad obligatoria no afectó a las prácticas existentes. En Noruega, la introducción de la nueva política tuvo un efecto mucho más significativo (Leira 2002, p. 98). 16 Otros estudios concuerdan en mostrar que la probabilidad de que los padres tomen la licencia aumenta con la educación de los padres varones, y cuando ambos padres tienen niveles similares de educación y de aspiraciones de carrera ocupacional (Bjornberg 2000). Los estudios comparativos entre padres suecos y de otros países nórdicos indican que en Suecia sólo el 10% de la población de padres (comparados con 40% en Noruega y 5% en Dinamarca) indican una preferencia por el modelo de familia de hombre proveedor. 15

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Se plantea aquí otra cuestión acerca del efecto que la política de licencias tiene sobre la igualdad de género en el mercado de trabajo. La expectativa de períodos de licencia largos puede llevar a los empleadores a ver menos atractiva la contratación de mujeres jóvenes, y de este modo las mujeres estarían en desventaja en términos de sus carreras ocupacionales y de sus oportunidades laborales. Por otro lado, en la medida en que la licencia presupone estar empleada, puede significar un compromiso mayor con el empleo por parte de las mujeres, y una probabilidad mayor de retornar a trabajar cuando se acaba la licencia –especialmente en mercados de trabajo segregados por género como los nórdicos. 17 En una perspectiva de más largo plazo, es claro que el derecho a compartir la licencia no ha cambiado el rol de cuidadora principal de la madre. Son las madres quienes toman la mayor parte de la licencia parental neutra en términos de género. El hecho de que esto es así aun cuando existen alternativas y la posibilidad de elegir otros caminos indica la fuerza que tiene el apego a la maternidad. Por otro lado, dado el carácter de género del mercado de trabajo, las expectativas acerca de las responsabilidades de los hombres todavía están centradas en la idea de que el trabajo y la familia son dos esferas separadas, “que las normas asociadas a la masculinidad deben ser las dominantes y que los trabajadores más confiables y leales son hombres.” (Haas y Hwang 1999, p. 45) Las políticas estatales han afectado la organización de la vida cotidiana, de las familias y los hogares. Las tasas de nupcialidad comenzaron a bajar en los años sesenta, y la convivencia se tornó una práctica extendida. No parece haber mayores incentivos para el matrimonio legal, un hecho que se relaciona con la individualización de las políticas sociales y sus beneficios. Un fenómeno más reciente es la relación de pareja “cama afuera” (LAT, living apart together). De hecho, se pueden mencionar tres instituciones sociales paralelas: las parejas casadas que viven juntas, las parejas convivientes no casadas, y las relaciones “LAT” (Trost y Levin 2004). Al mismo tiempo, la fecundidad es el resultado de los deseos individuales y de las negociaciones dentro de las parejas, con acceso a todos los servicios de salud y derechos reproductivos necesarios para satisfacer estos deseos. Finalmente, la expansión de las provisiones del estado de bienestar durante la segunda mitad del siglo XX estuvo anclada en una economía en crecimiento, en una demanda de trabajo creciente que podía absorber la creciente oferta de trabajadoras mujeres, y en un estado que podía ir aumentando el gasto social. A partir de los años noventa, estas tendencias de largo plazo comenzaron a revertirse: la recesión económica llevó a un desempleo creciente, los déficit públicos crecientes llevaron a cortes en los presupuestos para políticas sociales, el cambio político en el gobierno implicó la derrota de la Social Democracia y la introducción de ideas neoliberales por parte de partidos políticos conservadores. Los recortes en los gastos públicos llevaron a disminuir los pagos por licencias parentales (en 1996, el beneficio de la licencia se bajó de 90 a 75% del salario). Aunque no hay una disminución en el número de niñ@s cubiertos por las guarderías públicas, la calidad de los servicios pudo verse afectado. Esto lleva a las familias de ingresos más altos a demandar trabajadoras domésticas privadas y de cuidado de niñ@s en el hogar (Winkler 1998, también Berqvist y Nyberg 2002). Hay también iniciativas para privatizar los servicios sociales, incluyendo la posibilidad de que las madres se queden en sus casas para cuidar a sus hij@s.

Recordemos que el pago de la licencia es un porcentaje del salario del cónyuge que lo toma. En consecuencia, en la medida en que los ingresos masculinos son más altos que los femeninos, la pérdida de ingreso familiar es mayor si es el padre quien toma la licencia en vez de la madre, contribuyendo al círculo vicioso de la diferenciación de género.

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En este contexto, un tema central es si el modelo de igualdad de género es sustentable en condiciones que no son de pleno empleo y crecimiento económico sostenido. De hecho, en estas circunstancias, las políticas de los empleadores con relación a la familia y el trabajo pueden tornarse más importantes que los derechos formales establecidos por el Estado. Una competencia más aguda puede llevar a una reversión: “Las políticas generales orientadas a forzar a los empleadores a medidas que reconcilien familia y trabajo pueden producir condiciones más desiguales para las mujeres, sin los empleadores ven más riesgos que ventajas en contratar mujeres” (Bjornberg 2000, p. 73).

Comentarios finales La historia sueca de las últimas décadas del siglo XX muestra un caso claro de visibilidad, reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres. Este desarrollo histórico no es azaroso sino que es el resultado de la convergencia de varios factores: las condiciones económicas, las demandas de las organizaciones de mujeres, los cambios en los patrones culturales y en las fuerzas políticas. Los partidos políticos, los sindicatos, los grupos de mujeres (incluyendo intelectuales y periodistas) tuvieron su protagonismo en el desarrollo de esta historia de reconocimiento y de promoción de la igualdad de género. Quizás el rasgo peculiar sueco es el rol crítico que jugó el Estado: desde muy temprano, se constata un compromiso gubernamental fuerte con las políticas de igualdad de género y casi ninguna oposición abierta a las demandas feministas –especialmente en las últimas décadas. Esta historia muestra que las normas legales y la política pública de familia fueron los mecanismos cruciales para alcanzar una mayor igualdad de género. Desde los años setenta, la promoción de la igualdad llevó al desarrollo del modelo de familia de doble proveedor(a). El “contrato de status igualitario” (Hirdman 1998) implica mayor autonomía de las mujeres, la misma obligación de hombres y mujeres de trabajar para mantener a sus hij@s. distribución igualitaria de los derechos y obligaciones dentro de la familia (compartir el trabajo doméstico y el cuidado infantil), expectativas de que los hombres y las mujeres tengan el mismo nivel de vida, etc. El compromiso estatal con la igualdad de género se ve también en los estudios e informes gubernamentales en el tema. Suecia cuenta con una decisión parlamentaria que requiere la producción de estadísticas oficiales de género. No se trata solamente que las estadísticas sean presentadas por sexo; deben también “reflejar los problemas y cuestiones de género en la sociedad” (Statistics Sweden 2004, p. 9). La naturaleza sistemática de los datos y la presentación de estos estudios e informes permiten monitorear, analizar los avances y señalar aquellas áreas en las que la igualdad no ha sido alcanzada, tales como la doble jornada de las mujeres y la preocupación por la violencia doméstica. 18 El contraste entre Suecia y Argentina (y otros países latinoamericanos) en cuanto a la agenda política para la familia es notorio. En Suecia el foco del debate está en la calidad del cuidado infantil en las instituciones públicas y en las maneras de promover mayor participación de los padres (hombres) en la crianza de l@s niñ@s. La justificación de estas medidas combina la En el informe de 2004, entre otras áreas de desigualdades (el mercado de trabajo, el acceso a las posiciones de poder), se mencionan dos cuestiones relacionadas con temas domésticos y familiares: a) las mujeres combinan el trabajo remunerado y el cuidado de niñ@s en sus hogares de manera mucho más frecuente que los hombres (Statistics Sweden 2004, p. 2); b) casi la mitad de las mujeres (46%) sufrieron alguna violencia por parte de un hombre después de los 15 años y 56% de las mujeres fueron acosadas sexualmente. Además, casi una cuarta parte de las mujeres (22 % de las mujeres entre 18 y 24 años) sufrieron actos de violencia durante el último año.

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preocupación por la igualdad de género y las ideas predominantes sobre el bienestar infantil. Los temas de la salud y los derechos reproductivos, así como la igualdad en derechos ciudadanos, ya han sido resueltos. A lo largo del siglo XX, el Estado ha sido una fuerza activa en la promoción de políticas impulsoras de cambios en la estructura y formas de la familia. Sin duda, los cambios en la política estatal fueron el resultado de luchas sociales en las que las mujeres comprometidas con una agenda feminista usaron una variedad de estrategias –dentro y fuera de los partidos políticos—para obtener resultados deseados. La agenda en América del Sur es muy diferente. De hecho, en Argentina y en otros países de América del Sur, los esfuerzos de las mujeres están todavía centrados en “desnaturalizar” la familia patriarcal y en conseguir el reconocimiento de los derechos civiles básicos de las mujeres. La lucha contra los principios de la Iglesia Católica y sus aliados civiles ha sido un rasgo constante de la historia de estos esfuerzos, lucha que se mantiene todavía. 19 Después de la legalización del divorcio y de la sanción legal de la patria potestad compartida, los temas pendientes están ligados a los derechos reproductivos, la despenalización del aborto, el reconocimiento de las relaciones homosexuales y la diversidad sexual. Además, en tiempos de crisis del estado de bienestar y del ascenso de políticas neoliberales, no parece haber espacio político para pedir la provisión estatal de instituciones de cuidado infantil, o políticas públicas de licencias maternas y paternas. En cuestiones ligadas a la familia y al familismo, el Estado mismo es uno de los espacios de confrontación entre actor@s sociales y polític@s. Las bases para un consenso amplio en estos temas son débiles o inexistentes, por lo cual las posibilidades de una política y una acción coherente son muy limitadas. Los emprendedores políticos más fuertes son todavía la Iglesia Católica y sus poderosos aliados conservadores. Sin embargo, como la experiencia reciente del movimiento de derechos humanos lo muestra, el “familismo” y el “maternalismo” son componentes muy fuertes del marco interpretativo básico prevaleciente en la vida cotidiana y en el escenario político. En contraste con la continuidad de la política democrática en Suecia, la inestabilidad política fue la marca de la segunda mitad del siglo XX en América del Sur. La sucesión de gobiernos militares y civiles implica sin duda la existencia de oscilaciones y movimientos de vaivén en las políticas gubernamentales. En el largo plazo, sin embargo, la tendencia ha sido hacia una lenta y gradual liberalización de la legislación familiar y un creciente reconocimiento legal de los derechos de las mujeres. En su comparación entre Argentina, Brasil y Chile, Htun (2003) muestra que durante las dictaduras militares patriarcales y conservadoras se pudieron producir algunos cambios en asuntos legales. Sin debate público sino a través de la formación de pequeñas comisiones oficiales de expertos para asesorar en temas legales, se abrieron oportunidades para incorporar algunas tendencias internacionales y nuevas ideas que circulaban en los círculos legales. Los temas tratados durante los regímenes militares fueron enmarcados en términos técnicos y legales –los derechos de propiedad de las mujeres casadas o la capacidad civil plena de las mujeres. Otros temas, los más enraizados en ideas católicas conservadores --el divorcio, el aborto y los derechos reproductivos, los derechos de las parejas convivientes, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo—sólo pueden ser discutidos abiertamente bajo gobiernos civiles. En todos estos temas, las luchas por cambiar el régimen legal normalmente no se anticipan sino que van por detrás de los cambios en las prácticas y normas sociales informales. Sin embargo, aun Las posturas ideológicas y políticas de la Iglesia Católica son muy importantes en todo el mundo. Está claro que perdió la pelea contra el divorcio. Su insistencia en prohibir contraceptivos (incluso su oposición al uso del preservativo como preventivo del SIDA) parece ser, a la larga, una causa perdida –aunque produzca mucho daño e inclusive muertes en el ínterin. El aborto es posiblemente su último baluarte. En este punto, así como en su defensa de la familia patriarcal, la Iglesia Católica está ganando aliados en las variadas formas de fundamentalismos religiosos e ideológicos.

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cuando exista una opinión pública a favor de estos cambios, las propuestas progresistas pueden fracasar en el parlamento y en las decisiones de políticas debido a la fuerza de los actores conservadores, a las dificultades de formar coaliciones que apoyen las reformas y la a limitada centralidad que estos temas de familia tienen en la lista de prioridades de numerosos actores políticos. Un comentario adicional es necesario aquí, más sustantivo y normativo. La ley de familia de Suecia está redactada en un lenguaje neutral en términos de género, suponiendo –y a través de este supuesto intentando promover—la igualdad entre los miembros de la pareja. Sin embargo, la realidad es otra. En primer lugar, son las mujeres quienes gestan y amamantan a los bebés –rasgos y tareas que no pueden ser enmarcados en conceptualizaciones y en un lenguaje neutral. En segundo lugar, aun en una sociedad que ha definido la igualdad de género como su prioridad y ha promovido políticas orientadas hacia ese fin durante más de treinta años, las preferencias e incentivos de hombres y mujeres en relación con sus familias, especialmente el cuidado de sus hij@s, es todavía altamente diferenciado. Las mujeres y los hombres siguen viendo el rol materno como “natural”, y parecen pensar que ser reemplazadas por hombres implica “renunciar” a un rol maternal natural. Por eso, los roles materno y paterno no parecen ser intercambiables –una revelación que pone en cuestión el ideal de la “neutralidad de género”. La cuestión que surge entonces es cómo introducir estas diferencias y desigualdades en un paradigma o marco anclado en la igualdad. 20 En América Latina, la legislación y la realidad práctica dan por supuesto la existencia de diferencias de género (e implícita o explícitamente, de una jerarquía de género) y los esfuerzos de las feministas y de las fuerzas progresistas están orientados a disminuir las desigualdades y alcanzar el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La maternidad y la maternalidad son valores muy presentes, donde la tradición de la Iglesia Católica se complementa y refuerza por otros discursos, incluyendo un feminismo maternalista. En suma, si se toman en cuenta el reconocimiento más abierto de las diferencias de género en América Latina y el reconocimiento silenciado (tapado por el uso del lenguaje neutral) en Suecia, surgen varias preguntas: ¿Es la neutralidad de género una ruta adecuada para la igualdad de género? ¿Cómo combinar la lógica de la igualdad con la lógica del reconocimiento de las diferencias (Frazer, 1997, Minow, 1990)? ¿Cómo enfrentar la tensión entre las mujeres como madres y cuidadoras de otr@s y su ciudadanía plena e igualitaria? La tensión entre la igualdad de género y el reconocimiento de las diferencias se puede enfrentar solamente a través del reconocimiento de que están enraizadas en sistemas de relaciones sociales, antes que pensarla desde un marco individualista. Esto nos lleva al tema de los regímenes de bienestar. Suecia es un caso de individualización de los beneficios y de “desfamiliarización” del bienestar. El resultado es, sin duda, una mayor igualdad de género cuando se compara con otras sociedades cargadas de jerarquías y desigualdades de género, tradicionales y no tan tradicionales. Hay costos importantes implicados en esta opción: la individualización ¿implica soledad y ausencia de vínculos y lazos comunitarios? ¿Cómo combinar el familismo, las responsabilidades y sentimientos con el respeto y la consideración de los derechos y deseos individuales? La tensión entre individualización y un sentido de comunidad, entre igualdad y diferencia, es una de las paradojas y desafíos a enfrentar. Estos dilemas subyacen en el Código de Paternidad y en sus cláusulas neutrales. En relación con los derechos de visita, Dahlberg y Taub concluyen: “El ‘contrato sexual’ sueco en la actualidad es un derecho masculino a cuidar o tener acceso a sus hij@s y, a través de ell@s, tener contacto y aún control sobre sus madres” (Dahlberg y Taub 1992, p. 149).

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