FUE EL ESTADO. AYOTZINAPA, SÍNTOMA DE LA NACIÓN Por: Alicia Hopkins
[email protected] Quisiera de inicio, decir que además de textos, es necesario que generemos espacios de encuentro y de discusión en donde podamos compartir herramientas para comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos que pensar, leer, informarnos, pero, también tenemos que salir a las calles y organizarnos. No podemos voltear la cara, aunque nos duela, aunque tengamos miedo. Debemos mirar el horror de frente y dar cuenta del insoslayable compromiso ético y político que nos une. Dividiré el texto en tres partes: Primero la aseveración, que debe quedar claramente fundamentada, de la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre. Después, presentaré un brevísimo análisis de por qué Ayotzinapa, es un síntoma, como si habláramos de una enfermedad, de la nación y, por último, me permitiré un espacio para pensar en las alternativas al momento de crisis en el que nos encontramos hoy, sin ofrecer, está claro, respuestas, que más bien tendremos que construir entre todos y todas.
FUE EL ESTADO Decir que fue el Estado es una declaración que pone en entredicho las versiones que desde la cúpula del gobierno y desde los medios masivos de comunicación y las plumas financiadas por el poder han dado: que el caso Ayotzinapa debiera explicarse desde el fenómeno del narcotráfico en el país y que el Estado mexicano ha respondido de manera eficaz encarcelando a los policías que estuvieron involucrados junto con el alcalde Abarca. Que estas detenciones, afirmaron después, han dado pruebas de que los 43 estudiantes fueron asesinados por un cártel de la droga llamado “Guerreros Unidos”, calcinándolos en el basurero de Cocula.
Esta narración de los hechos, presentada por el procurador Murillo Karam, cuadra perfectamente con las intenciones de dar carpetazo al asunto y cerrarlo incluso con una reivindicación de la actuación del Estado mexicano en el esclarecimiento de los hechos y en el castigo a los culpables. Justo lo que no aparece en esta narración es la responsabilidad del estado mexicano, en su conjunto, en la desaparición forzada de 43 normalistas, en la ejecución extrajudicial de 3 estudiantes más y otras 3 personas que se encontraban en el lugar y en el ataque de la policía municipal que dejó a 20 personas heridas. Sabemos bien que fueron elementos de la policía municipal quienes atacaron, detuvieron y desaparecieron a los normalistas. Sabemos también que militares del batallón de infantería #27 -con una larga tradición en Guerrero de violación a los derechos humanos, tortura y desapariciones forzadas desde la Guerra Sucia- estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y que no sólo no actuaron para evitar que los policías desaparecieran a los 43 normalistas, sino que obstaculizaron la atención médica y amedrentaron a los normalistas que lograron escapar. Sabemos también que la orden de atacar los camiones fue dada por el presidente municipal de Iguala y que el gobernador estaba enterado de lo que estaba sucediendo y no hizo nada. No podemos creer que la inteligencia militar y del Estado fallara cuando distintas instancias y funcionarios del poder estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Por la cadena de mando, como bien dice el maestro Carlos Fazio, con la que actúan y se toman las decisiones del Estado, necesariamente, la PGR y el CISEN tendrían que estar no sólo enterados sino debieron haber dado su anuencia para que ocurriera el ataque y la desaparición forzada de los normalistas. Decir que fue el Estado no es solamente una consigna política, que, efectivamente, ha puesto al movimiento social y estudiantil en confrontación directa con el mismo. Es, también, una acusación directa que tiene implicaciones jurídicas. Muy a pesar del sentir del Procurador, México firmó en 2005 el Estatuto de Roma, que rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional y que nos permitiría tipificar lo que sucedió en Iguala el pasado 26 de septiembre como crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado. Ahora bien, para nosotros y nosotras, decir que fue el Estado y acusarlo es decir mucho, pero además, necesitamos comprender de qué Estado estamos hablando, necesitamos caracterizarlo, describirlo y es aquí donde pasaré al segundo punto: el síntoma, la manifestación de una enfermedad profunda que padece nuestro país.
AYOTZINAPA: EL SÍNTOMA DE LA NACIÓN Me parece que, sintetizando, en las discusiones de los últimos años, al Estado mexicano se le ha caracterizado de tres maneras: 1) Como un “Estado fallido”; 2) como un “Narco-estado” y 3) como un “Estado terrorista” que hace uso no declarado de su poder de excepcionalidad. 1) La idea del “Estado fallido”, emana de los presupuestos modernos de la función que debiera cumplir el Estado: mantener, con el monopolio de la violencia, un pacto de civilidad en el que premie la seguridad y podamos todos, con el esfuerzo de nuestro trabajo, acceder a los bienes y al confort que merecemos. Según este diagnóstico, el pacto de civilidad se ha roto, el monopolio de la violencia ya no le pertenece al Estado, no tenemos seguridad y, por tanto, no podemos acceder ni a los bienes ni al confort que nuestro trabajo nos debiera redituar. Falla, pues, el Estado en su función primera. En este sentido, la respuesta consistiría en permitir que el Estado recuperara el monopolio de la violencia y el control territorial-militar, para reestablecer el pacto y la seguridad. El problema con esta perspectiva es que parte de un supuesto regulativo que no ha sido propiamente actualizado en la historia: el Estado mexicano, casi como cualquier Estado, pero sobre todo los estados que han sido producto de la colonización, no tienen ni han tenido nunca como finalidad mantener la seguridad, sino preservar el orden de reproducción del capital. El supuesto pacto de civilidad ha sido más bien un pacto de la clase dominante para permitir que los mercados funcionen a su favor, se necesita estabilidad para los negocios y para la acumulación, ésa ha sido, seamos claros, la función que ha cumplido siempre el Estado. En este sentido, si hablamos de “Estado fallido”, estaríamos entonces apostando por recomponer una máquina de guerra con la que muchos pueblos en esta región se han enfrentado desde hace más 500 años, es otorgarle a la clase política y económica dominante, la legitimidad para militarizar el país y establecer un orden, que no la paz, un orden y no la justicia. Además, el concepto de “Estado fallido” se construyó en Estados Unidos para incluir a Afganistán y a México en una lista de países que necesitaban intervención directa, con el fin de resguardar las rutas comerciales, de Asia con Afganistán, de América Latina, con México. Es
decir, es un discurso que ha buscado imponer políticas de control territorial, infiltrando armas y provocando también la desestabilización con el fin de asegurar y legitimar la continuación de la intervención imperial sobre estos países. 2) Otra caracterización es la del “Narco-Estado”. Constantemente se nos quiere hacer creer que el Estado mexicano ha sido cooptado y corrompido por el narcotráfico. Cuando se habla de “narco-Estado” pareciera que queremos describir un proceso en cual el narcotráfico ha ocupado los espacios de poder político y los ha puesto a su favor. Y es verdad, pero decir esto es decir sólo una parte. El Estado mexicano es un estado que funciona para la acumulación del capital que incluye, también, el capital criminal del narcotráfico -en un sentido más bien amplio del término “criminal” tendríamos que preguntarnos si no todo capital es criminal-. El problema es estructural, el Estado mexicano, desde su apertura al libre mercado, ha sido ocupado por la clase empresarial y funciona en beneficio de ésta. Debemos tener claro que el narcotráfico es una forma más del funcionamiento del capital, son los “empresarios radicales”, por llamarles de alguna manera; porque, si miramos con cuidado -como bien señala el maestro Enrique Pineda- nos daremos cuenta de que, efectivamente, obedecen a la misma lógica que los empresarios comunes: a) la maximización de la ganancia; b) el control monopólico; c) y la competencia feroz. En este sentido, no es que el narco corrompa las buenas instituciones del Estado, el Estado siempre ha actuado de manera criminal en su guerra contra todo aquello que se oponga a la reproducción del capital. Entre el Estado y el narcotráfico hay una imbricación, como ya ha dicho la maestra Ana Esther Ceceña, una necesidad mutua. O como bien lo señala Pineda: el Estado utiliza las fuerzas del crimen organizado para mantener el mercado electoral a su favor y el narco utiliza las estructuras gubernamentales para el mercado de las drogas. Incluso tendríamos que darle vuelta a la moneda y decir que el Estado ha abastecido de cuadros a las fuerzas armadas del crimen organizado con policías y militares, perfectamente adiestrados para la tortura y el uso indiscriminado de la violencia. 3) Por estas razones, preferimos hablar del Estado terrorista, que ha establecido de facto un estado de excepción y que impone prácticas de control y de disciplinamiento que están más allá de la legalidad, porque lo necesita, porque no le bastan las leyes para sostener el ritmo acelerado de reproducción del capital. No es, en este sentido, un fallo, una descomposición, es una lógica perfectamente funcional y planeada. Las fronteras entre el mercado negro y el mercado lícito las pone la ley, pero más allá de la ley está la lógica de la acumulación que persiste en ambos mercados, son ambos mercados los que sostienen una guerra no declarada, pero sí de facto en contra de los pueblos y de las disidencias anticapitalistas. Una guerra que sólo es posible con la participación directa del Estado y con la complicidad de la clase dominante en el poder, y me refiero no sólo a la clase económica sino también a la clase política, responsable por acción o por omisión de la gravísima situación de violencia que sacude al país. A mi juicio, las prácticas de terror de la guerra sucia priísta en un contexto de guerra provocado desde el sexenio panista, se actualiza en el gobierno perredista de Iguala y Guerrero. Los tres partidos dominantes en el país son responsables de lo que ha ocurrido en Iguala. El problema no es
el narco, es el Estado mismo, en su forma de gobierno criminal y despótico al servicio de la acumulación capitalista. Ahora bien, si miramos más de cerca al Estado de Guerrero y a las Normales Rurales en el país, tendríamos que decir que la masacre de Iguala es posible porque justo el Estado de Guerrero, con sus poderes locales bien consolidados, caracterizados por conformar un régimen autoritario, caciquil y racista, tiene una larga historia de impunidad que ahora nos escupe en la cara. H.I.J.O.S. México reportó, incluso, que de los desaparecidos del 26 de septiembre hay familiares directos de los desaparecidos desde la guerra sucia, esto nos muestra que es una historia continua de despojo y de guerra del Estado mexicano que mantiene la pobreza, la marginación y el abuso de poder en contra de los pueblos y organizaciones disidentes, como lo es la propia normal rural de Ayotzinapa. Además de los miles de desaparecidos en la guerra sucia en Guerrero, tenemos registradas por lo menos siete matanzas que han quedado completamente impunes, dos de ellas han sido directamente en contra de los normalistas de Ayotzinapa. La clara posición anticapitalista que mantienen las Normales Rurales, las ha convertido en el blanco de una silenciosa embestida con la que el Estado mexicano ha logrado debilitarlas y desarticularlas. De las más de 50 Escuelas Normales Rurales que existían al final de la década de 1950, hoy sólo sobreviven 14. También debemos decir que, además de los golpes que ha sufrido la Normal Rural de Ayotzinapa, la política represiva del Estado en Guerrero se ha dedicado a la protección de los intereses de empresas mineras transnacionales que buscan el control territorial para la extracción de oro y de los intereses del narcocapitalismo que produce el 90% de la goma de opio en el país en esa región. Para lograrlo, ha golpeado también a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), criminalizando sus protestas y encarcelando a sus miembros. Por todas estas razones, apuntamos entonces que, efectivamente, Ayotzinapa es un síntoma de la nación, de una nación sostenida por una estructura gubernamental puesta al servicio de la acumulación capitalista y en guerra no declarada en contra de la población y, como bien dicen Ana Esther y Gilberto López y Rivas, en contra de los jóvenes que nos hemos quedado, como generaciones nacidas en el libre mercado, sin muchas oportunidades para la construcción de una vida digna. La tragedia ocurrida ya hace más de 50 días en Ayotzinapa es un síntoma claro de la enfermedad que corroe las relaciones sociales y políticas en nuestro país: la lógica explotadora, de depredación y criminal del capitalismo periférico –el tipo de capitalismo que se da en los países que fueron colonizados, como México, que tiene su propia lógica, distinta al capitalismo de los países dominantes-, que busca, sobre todo, la máxima ganancia, imponiendo las condiciones necesarias para la precarización de la mano de obra y el control territorial de los bienes naturales comunes. No es casualidad que el ataque se diera en contra de una Normal Rural que se opone a la educación mercantilizada, al servicio de los requerimientos de la división del trabajo capitalista y en Guerrero, en uno de los estados con mayores riquezas naturales y con una enorme producción de amapola y goma de opio.
ALTERNATIVAS
Desde nuestra posición política, las alternativas no se construyen desde arriba, no es desde el Estado ni desde los pactos interpartidarios que es posible pensar en una salida al terror y a la descomposición social en el país. Las alternativas tienen que venir desde abajo y nos parece que a la par de la guerra que el Estado mexicano ha hecho en contra de los pueblos, también han emergido alternativas que tienen la potencialidad de ir generando un proceso de reconstrucción del tejido social y de construcción de relaciones sociales que no están determinadas de manera absoluta por la lógica de la acumulación de la ganancia. La posibilidad que la desestabilización de los poderes en Guerrero está generando para la construcción de municipios autónomos, defendidos con una justicia comunitaria, nos parece a nosotros una de las mayores apuestas. Porque cualquier restauración y justicia posible, rebasa los marcos del estado de derecho nacional y nos pone frente a la historia con la responsabilidad de actuar en la construcción de otra sociedad y de otras formas de gobierno y de producción no enajenadas por el capital. En este sentido, el autogobierno, como lo han hecho los zapatistas en Chiapas, o Cherán en Michoacán como municipio autónomo, las justicias comunitarias, que cuentan con una larga experiencia en el caso de las Policías Comunitarias de la CRAC, nos permiten apostar por esa lucha que mantienen los pueblos por el control de su territorio y de sus bienes naturales comunes, una lucha por la vida que se opone a los intereses del Estado y de la clase capitalista, ya sea el narco o los empresarios comunes. Por otro lado, nos compete a todos aprender a nombrar el horror, aprender a vivir haciéndole frente al miedo, a defendernos dignamente de la violencia con la que se nos quiere aniquilar como si los pobres, los marginados, los jóvenes del país fuéramos cuerpos que se pueden violar, torturar, aniquilar y desechar. Es como si la clase dominante, se hubiera arrogado el derecho a decidir sobre la vida de todos y de todas, deciden quiénes viven y para qué, quiénes mueren y por qué. Es un derecho que tienen a partir de la fuerza, fuerza que les da el Estado, las armas y la legitimidad que construyen en los medios masivos de comunicación.
Tenemos que aprender a hacer frente al aparato de Estado que ha decidido poner en juego todas sus estrategias represivas para evitar que el descontento social crezca. El abuso de la fuerza por parte de las policías municipales, estatales y federales en las protestas que se han llevado a cabo en todo el país, la persecución y el encarcelamiento a luchadores sociales, los presos políticos del 20 de noviembre, la embestida de policías federales y del ejército en Guerrero, son sólo algunas muestras de que el Estado mexicano, no está dispuesto a parar esta guerra en contra del pueblo y de los jóvenes, y que, por el contrario, está preparado para seguir golpeándonos y matándonos, con el fin de conseguir nuestra rendición, nuestro sometimiento a una normalidad que sólo les favorece a los poderosos.
Hasta hace todavía muy poco, muchos decíamos que México era el país donde “pasaba todo y no pasaba nada”. Lo que hemos presenciado en los últimos meses es la emergencia de un movimiento masivo que se ha extendido en diversas zonas del país, en algunas con mayor profundidad, y que tiene múltiples dimensiones. Un movimiento que se manifiesta de manera muy creativa en acciones con alto contenido simbólico, en acciones pacíficas, pero también en el uso del legítimo derecho que tiene un pueblo sometido, a la insurrección, a defenderse y a atacar al enemigo que le está dando muerte. No podrá ser lo mismo nuestro país, después de la masacre y de la desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas. Ahora mismo la consigna de #FueraPeña nos convoca a unir esfuerzos en la destrucción del régimen presidencial priísta y represor que hemos soportado durante casi un siglo, pero también de la deslegitimación de toda la clase política. No podemos parar, aún a pesar de la represión, aún a pesar de los golpes que nos da la policía cuando salimos a las calles, aún a pesar de que algunos de nosotras y nosotros sean arrestados como rehenes del Estado para negociar la rendición del movimiento, aún a pesar del miedo que todo esto nos provoca, no podemos dar ni un paso atrás. Tenemos que reconocer los avances que hemos hecho estos meses como movimiento: la desestabilización de las clases dominantes en Guerrero, la deslegitimación de la clase política en el
país, el desenmascaramiento del Estado criminal y del régimen autoritario y sus costos políticos a nivel internacional, cualquier intento por recomponer el estado de derecho desde la propia lógica del mismo Estado al servicio del capital, mantendrá el statu quo favorable para el mercado. El momento que vivimos hoy es determinante, si no somos capaces de comprometernos en la construcción de contrapoderes populares alternativos, en función de la reproducción social de la vida y no de la reproducción del capital, la catástrofe humana que vivimos en México y en toda América Latina seguirá cobrándose la vida de los más empobrecidos y seguiremos cargando con la responsabilidad histórica de todos nuestros muertos. Reciban un abrazo lleno de rabia y de indignación, ¡Ni un paso atrás! México, D.F. a 26 de noviembre del 2014
