Fronteras en la ciudad: (Re)produccion de desigualdades y conflictos

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FRONTERAS EN LA CIUDAD

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FRONTERAS EN LA CIUDAD (re)producción de desigualdades y conflictos urbanos

Martín Boy y Mariano Perelman (coordinadores)

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Fronteras en la ciudad: (Re)producción de desigualdades y conflictos / Mariano Daniel Perelman … [et al.]; compilado por Mariano Daniel Perelman; Martín Guillermo Boy. – 1a ed . – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mariano Daniel Perelman, 2017. 212 p.; 20 x 13 cm. ISBN 978-987-42-3044-7 1. Desigualdad Social. 2. Ciudad. 3. Conflictos Sociales. I. Perelman, Mariano Daniel II. Perelman, Mariano Daniel , comp. III. Boy, Martín Guillermo, comp. CDD 303.6 Imagen de tapa: ”Tinta china” de Gustavo Cosacov ISBN: 9789874230447

Fronteras en la ciudad Compaginado desde TeseoPress (www.teseopress.com)

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Índice Introducción .....................................................................................9 Martín Boy y Mariano Perelman 1. Pensando la desigualdad urbana desde el trabajo callejero ........................................................................................... 19 Mariano Perelman 2. Cuerpos e identidades extranjerizados: vecinos/as y travestis en disputa....................................................................... 45 Martín Boy 3. Sobre la productividad social de un conflicto urbano .. 65 María Laura Canestraro 4. Construyendo un barrio “de clase media” ........................ 95 Natalia Cosacov 5. La villa “playón de Chacarita”: surgimiento y expansión, conflictos entre nuevos y viejos vecinos ........ 129 Verónica Paiva 6. Jóvenes frente a la fragmentación socioespacial ........... 147 María Rosa Privitera Sixto 7. El conflicto como abordaje de la conformación urbana ............................................................................................ 169 Marianne von Lücken Acerca de los autores ................................................................. 203

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Introducción MARTÍN BOY Y MARIANO PERELMAN

Este libro es producto de un trabajo colectivo que un grupo de investigadores formados y en formación venimos realizando desde hace ya varios años desde diferentes disciplinas. Las líneas de trabajo que guían nuestras preocupaciones académicas se encuentran atravesadas por la desigualdad urbana y los procesos de interacción/negociación en cuanto al acceso y al uso del espacio urbano protagonizados por grupos sociales que gozan de legitimaciones dispares. En un reciente libro, Gabriel Kessler se preguntaba por qué elegir igualdad y desigualdad como punto de mira para analizar el decenio 2003-2013 (Kessler, 2014). Para el autor, ello se debe –en gran medida– a que esta preocupación se encuentra en el centro de las preocupaciones actuales. Y al mismo tiempo, dice, permite dar cuenta de los múltiples procesos, temporalidades y tendencias contrapuestas de lo ocurrido en los últimos años en Argentina. En una línea similar, los textos que componen este libro buscan aportar a un campo de debate sobre el tema pero desde una perspectiva en la que lo urbano –o más precisamente lo territorial– es un componente central de la desigualdad. La noción misma de desigualdad nos ha posibilitado un diálogo fructífero para entender procesos que, vistos bajo este prisma, nos permiten comprender la relacionalidad de los procesos sociales y dar una explicación en su conjunto de lo que para los actores –y para muchas investigaciones– aparece como separado. Transexuales, travestis y transgéneros que ejercen la prostitución o el trabajo sexual, los mendigos, los vendedores ambulantes y los cartoneros que se ganan la vida

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vendiendo y recolectando en los barrios porteños; los asentamientos informales en Buenos Aires y Córdoba; los jóvenes de barrios pobres haciendo uso del espacio urbano asociado a las clases altas; los sectores medios diferenciándose de otros sectores, han sido algunos de los casos de estudio. Ello nos ha permitido comprender no sólo lo que ocurre con los “de abajo” sino la producción de diferencias tanto verticales como horizontales que ocurren entre diferentes actores en el espacio urbano. Con esto queremos marcar la importancia de indagar en ciertas tendencias generales para pensar los procesos de desigualdad urbana pero también las propias dinámicas dentro de los grupos sociales. Y, sobre todo, las dinámicas espaciales que –antes que ser un telón de fondo en los procesos de desigualdad social– son constitutivas. El abordaje territorial de distintos casos permite avanzar en la comprensión de los modos en que los “otros urbanos” se construyen de manera compleja. A su vez ilumina las temporalidades y las narrativas morales que construyen también a los espacios urbanos. Es por ello que durante las investigaciones atendimos a las diferencias que existen a nivel barrial (e intrabarrial) y a la eficacia y legitimidad que adquieren argumentos y discursos sobre la desigualdad (la estética, el ambiente, la cultura, el patrimonio, el delito, lo ilegítimo, etc.) en diferentes escalas territoriales. El análisis de los grupos en relación permitió complejizar las acciones, los posicionamientos, los discursos y las prácticas que los diferentes actores ponen en juego al momento de “reclamar” y de ejercer el acceso a la ciudad. Ese acceso entendido de manera amplia (hábitat, trabajo, diversión, tránsito) nos permitió complejizar las visiones más economicistas del “derecho a la ciudad”. En este contexto es entendible el lugar que los conflictos han tenido para nuestras indagaciones. Analíticamente nos permitió dar cuenta de los argumentos y de las prácticas que las personas esgrimen para constituirse como actores legítimos para utilizar el espacio urbano. Pero a su vez, el

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uso –en tanto apropiación– es constitutivo de los procesos sociales, y las prácticas de los actores que no pueden ser pensadas por fuera de esa espacialidad. La productividad analítica de poner en una misma línea distintas situaciones sociales permite apreciar no sólo las diferencias que existen dentro de cada ciudad –en función de actores, espacios, relaciones, interacciones– sino también las negociaciones con las moralidades presentes en esos espacios barriales, las agencias de los diferentes actores. Esas negociaciones y maniobras son las que permiten construir relaciones jerarquizadas entre los actores involucrados. Al mismo tiempo, el Estado y el mercado, a través de diferentes agencias, contribuyen también a construir esas relaciones.

Pensando la desigualdad más allá de los procesos económicos Nuestro punto de partida es pensar la complejidad de los procesos de desigualdad urbana. En principio, la misma idea de “desigualdad” implica un recorte dimensional que va más allá de lo económico. Esto quiere decir que la desigualdad se compone de otras muchas dimensiones. Como ha planteado Segura (2014: 3), desigualdad y espacio urbano se vinculan de modo complejo. “[L]as desigualdades socioespaciales no se reducen a la traducción mecánica y unilateral entre la sociedad y el espacio, no se puede asumir acríticamente la ‘tesis del espejo’, que propone una correlación automática entre desigualdad y segregación”, ni la desigualdad se basa solamente en los procesos de separación espacial de las poblaciones. Esto es central ya que en los últimos años el crecimiento económico en Argentina se expresó generando procesos simultáneos y, en apariencia, contradictorios. En Buenos Aires, por ejemplo, la falta de políticas de acceso masivo a la vivienda y el

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constante aumento del precio del suelo y de los alquileres –aún en un contexto de constante crecimiento económico– contribuyeron en la generación de un marco de posibilidad para la aparición masiva de grupos que se ganan la vida en las calles (venta ambulante, feriantes, limpiavidrios, cuidacoches, cirujas) y que viven en una situación precaria (tomas de tierras, crecimiento de villas, hoteles-pensión, adultos y jóvenes que viven en las calles, etc.). Estas transformaciones han generado un doble proceso centrípeto y centrífugo: han generado una creciente segregación socioespacial que refiere a una mayor distancia y a un menor contacto de grupos sociales; pero, a la vez, ha ido surgiendo una creciente presencia de estos “otros” en las calles ubicadas en el centro de la ciudad (Boy, Marcús y Perelman, 2015). Sin embargo, como hemos planteado (Cosacov y Perelman, 2015), los encuentros no hablan directamente de una “sociedad más abierta” o más igualitaria. Antes que un ejercicio de medición proponemos pensar cómo en esos encuentros se (re)produce la desigualdad social en territorios determinados. Bajo esta idea, y pensando en la necesidad de “‘trabajar en los márgenes’, flujos y entre-lugares para evitar la reificación” de los grupos populares en tanto objeto de estudio (Fonseca, 2005: 119), el proyecto se centró en múltiples espacios rompiendo con la visión apriorística “segregacionista” que algunos abordajes tienen sobre los sectores populares aún sin buscarlo y logrando un efecto reificador. Como hemos planteado (Cosacov y Perelman, 2015: 528), centrarse en la construcción de las desigualdades implica pensar los procesos sociales de forma relacional, compleja y como producto de un devenir histórico de larga duración. Gootenberg y Reygadas (2010) refirieron a que las desigualdades parecen ser “indelebles” (indelible) en América Latina ya que están basadas en procesos de larga duración y en un entramado multicategorial producto de procesos concretos de desigualación social. Para Reygadas (2008) la desigualdad se (re)construye en un entramado de

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desventajas, en una “red” que tiene una base estructural de larga data. Para comprender cómo se produce es necesario centrarse en el plano relacional y, así, observar interacciones y narrativas que legitiman esas relaciones, basadas muchas veces en las categorías y en los atributos “individuales” de los agentes. Las interacciones permiten apreciar los momentos en que esas narrativas se ponen en juego y avanzar en dar cuenta de los procesos que contribuyen a la (re)producción de las desigualdades. Pero sobre todo el análisis de las interacciones en el territorio permite comprender el papel del espacio en la producción de la desigualdad. Como los cambios, las rupturas y las continuidades se producen sobre territorios con historia, construidos bajo relaciones de poder. Tanto el crecimiento de las desigualdades en algunas dimensiones como su descenso en otras contribuyeron a transformar las subjetividades y los modos de supervivencia de los sectores medios, de los “vecinos” y de los grupos subalternos. Pero estos cambios se enraízan en el espacio público. La desigualdad social y urbana, entonces, debe pensarse en una temporalidad de larga duración ya que en este espacio se entrelazan dispositivos físicos, moralidades, relaciones con procesos de más corta duración. Los territorios y los espacios que están socialmente construidos por relaciones de poder (Lefebvre, 2005; Massey, 1994; Gupta y Ferguson, 1992) pueden verse como un espacio de disputa basada en tensiones y experiencias históricas (Gordillo, 2010). Cierto es que el espacio es producto de relaciones sociales que están materializadas espacialmente y hechas cuerpo en los actores. Pero también el espacio tiene un rol central en la producción de sujetos y de identidades. Desde aquí es que pensamos que resulta necesario indagar bajo qué prácticas y qué tecnologías ciertos grupos concretan su presencia –legítima o ilegítima– en el espacio, y el modo en que a partir de ello se producen grupos con capacidades diferenciales de intervenir y de hacer uso del espacio urbano. Los espacios están

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construidos por discursos que construyen la desigualdad. En este proceso los comportamientos –basados en valores morales– se tornan centrales. Un abordaje atento al territorio, como espacio disputado y productor de sentidos y sujetos, permite examinar los procesos de negociación en torno a su acceso y, desde allí, hacer visibles las tácticas que despliegan los sectores subalternos y los grupos consolidados para ser parte de la ciudad (Cosacov y Perelman, 2015).

Sobre la estructura del libro Este libro se compone de ocho capítulos que abordan diferentes casos atravesados por el conflicto urbano generado a partir del encuentro de desigualdades de clase, de género y de trayectorias migratorias disímiles en tres ciudades: Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba. El análisis de los conflictos urbanos permite explorar los modos en que los diferentes actores involucrados defienden su posición. A su vez, los conflictos son instancias propicias para dar cuenta de los contenidos de las narrativas que construyen que, muchas veces, exceden el conflicto concreto y apelan a (pre)conceptos o mitos que se encuentran presentes en la conformación histórica de la ciudad. Los contenidos comunes de los capítulos que conforman este libro pueden leerse en forma transversal; si no, cada uno de ellos podrá ser abordado independientemente uno del otro. Cada lector podrá elegir su propia aventura. A continuación se detallan los contenidos centrales de cada uno de los escritos que componen este libro. Mariano Perelman abre la seguidilla de capítulos recuperando sus resultados de dos trabajos de campo extensos en los que abordó diferentes dimensiones presentes en la recolección de residuos por parte de los cartoneros y en la venta ambulante. Perelman aborda estas actividades

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expandiendo aquellas lecturas que las circunscriben a la dimensión económica y recuperando el territorio como un elemento clave. Este capítulo permite recuperar la territorialización de los procesos económicos y explorar detalladamente qué sucede ahí para problematizar los reconocimientos, el estigma social y la conformación de redes de soporte. Martín Boy da cuenta de un conflicto urbano atravesado por lo que despertó la oferta callejera de sexo en el barrio de Palermo (Ciudad de Buenos Aires). Vecinos/as del barrio se manifestaron en contra de esta actividad y de las travestis que la ejercían. En este capítulo se problematiza cuál es el umbral de tolerancia que puede tenerse con la sexualidad no hegemónica: ¿cuánto corresponde hacerla pública y cuánto debe ser recluida a la esfera de lo íntimo? En este conflicto urbano se puso de manifiesto qué debe entenderse por uso (i)legítimo y cómo lo geográficamente cercano puede ser completamente extranjero, ajeno, foráneo. El capítulo de María Laura Canestraro desarrolla un análisis de un conflicto urbano en un territorio marplatense bien concreto pero que da cuenta de aspectos más generales vinculados a cómo se construye ciudad. La llegada del Plan Pro.crear y la edificación de viviendas en la Canchita de los Bomberos ubicada en el barrio Parque Luro, el caso que la autora analiza, pone a dialogar tensamente al Estado y a los vecinos/as establecidos/as que se autoconvocan y organizan para promover el desarrollo de un espacio verde para la comunidad y así evitar la llegada de nuevos vecinos/ as. El caso de la Canchita de Bomberos pone al descubierto cómo desde el Estado se promueven políticas públicas que no implican en su diseño e implementación a los diferentes actores y cómo estos desarrollan acciones de resistencia. Natalia Cosacov analiza en su capítulo un conflicto localizado en el barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires, que tuvo dos vertientes simultáneas. Por un lado, los/ as vecinos/as que residen en casas de planta baja y primer piso se oponen a la instalación de grandes torres de edificios

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que cambiarán la identidad barrial pero también traerán aparejados problemas con la provisión de servicios públicos. Por otro lado, los mismos vecinos impulsaron el desalojo de un asentamiento cartonero. Para Cosacov, ambos conflictos tienen como protagonista a una clase media blanca, moderna y europea, que se enfrenta con las dos caras del boom inmobiliario: las torres destinadas a las clases medias altas y los asentamientos como representantes del incremento del déficit habitacional que afecta particularmente a los sectores populares. Verónica Paiva en su capítulo da cuenta de un nuevo tipo de asentamiento informal que se instala en los espacios intersticiales de la Ciudad de Buenos Aires y explora las repercusiones que provoca en los/as vecinos/as de clase media históricos del barrio. El playón de Chacarita, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, es un reflejo de la historia del abandono de la infraestructura ferroviaria y de cómo el avance de nuevas dinámicas urbanas atravesadas por la pobreza, la migración y la especulación inmobiliaria fagocitan aquel pasado de opulencia. En este capítulo se abordan las huellas fronterizas que se (re)producen cuando desigualdades de clase y de trayectorias se topan en un espacio público contiguo pero fragmentado. El capítulo escrito por María Rosa Privitera Sixto trabaja con una dinámica de uso del espacio público que no fue planificada. Jóvenes de sectores populares de la zona sur de la ciudad se trasladan a Puerto Madero, barrio con el valor del metro cuadrado más elevado de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar prácticas de skate y longboarding. La presencia de estos jóvenes en estos espacios pondrá en evidencia una ciudad fragmentada socioespacialmente pero que se sigue conflictuando al encontrarse en el espacio público. Este capítulo recupera cómo estos jóvenes contraexperimentan la ciudad y cómo conviven con estos otros urbanos, encarnados en los/as vecinos/as, que protagonizarán maniobras de expulsión.

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Finalmente, este libro cierra con el capítulo de Marianne von Lücken, quien pone de manifiesto que las dinámicas de conflicto urbano se encuentran mediadas por los intereses de cada uno de los actores involucrados. La autora trabaja con un proyecto impulsado por el Gobierno de la ciudad de Córdoba que consistía en la construcción del puente Letizia para unir la villa La Maternidad y el barrio Juniors. Este proyecto se insertó en un conjunto de otras reformas urbanas y despertó la oposición de los/as vecinos/ as. De esta forma, las situaciones de conflicto son reveladoras de las relaciones de fuerza que obligan a los actores a la toma de posición y cristalizan las relaciones que tiene la población con el espacio y las capacidades, las estrategias y los recursos que los actores pueden poner en juego cuando defienden sus intereses a la hora de construir ciudad. Ya presentados los capítulos, sólo queda desear una buena lectura, cruzada o fragmentada, que intenta colaborar en cómo miramos y problematizamos lo que acontece en las ciudades que habitamos y experimentamos en nuestra cotidianeidad.

Referencias Boy, Martín, Juliana Marcús y Mariano D. Perelman (2015). “La ciudad y el encuentro de la diferencia. Adultos que viven en la calle y mujeres que habitan en hotelespensión. Ciudad de Buenos Aires, 2007-2011”. Estudios demograficos y urbanos, 30 (2) (89), pp. 369-404. Cosacov, Natalia y Mariano D. Perelman (2015). “Struggles over the Use of Public Space: Exploring Moralities and Narratives of Inequality. Cartoneros and Vecinos in Buenos Aires”. Journal of Latin American Studies, 47 (3), pp. 521-542. Fonseca, Claudia (2005). “La clase social y su recusación etnográfica”. Etnografías contemporáneas, 1, pp. 117-138.

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Gootenberg, Paul y Luis Reygadas (2010). Indelible Inequalities in Latin America : Insights from History, Politics, and Culture. Durham [N.C.]: Duke University Press. Gordillo, Gastón (2010). Lugares del diablo. Tensiones del espacio y la memoria. Buenos Aires: Prometeo. Gupta, Akhil y James Ferguson (1992). “Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference”. Cultural Anthropology, 7 (1), pp. 6-23. Kessler, Gabriel (2014). Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003-2013. Buenos Aires: FCE. Lefebvre, Henri (2005). The Production of Space. Oxford: Blackwell. Massey, Doreen (1994). Space, Place, and Gender. University of Minnesota Press. Reygadas, Luis (2008). La apropiación: destejiendo las redes de la desigualdad. Rubí, Barcelona; México, D. F.: Anthropos ; UAM, Unidad Iztapalapa, Division de Ciencias Sociales y Humanidades. Segura, Ramiro (2014). “Conexiones, entrelazamientos y configuraciones socioespaciales en la (re)producción de desigualdades en ciudades latinoamericanas (1975-2010)”. Working Paper 65. Berlín: IberoAmerikanisches Institute- DesiguALdades.net.

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Pensando la desigualdad urbana desde el trabajo callejero MARIANO PERELMAN

Introducción Desde hace más de diez años que hago trabajo de campo con cartoneros (recolectores informales) y vendedores ambulantes en Buenos Aires. En estas actividades el espacio público es central. Los que realizan estas tareas lo hacen en las calles, en los trenes, en los colectivos. Y para ello necesitan ser reconocidos como cartoneros o como vendedores para poder realizar la actividad. En 2002 comencé mi primera investigación con cirujas1 que realizaban la tarea de recolección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Partía del supuesto de que el marco jurisdiccional y normativo era relevante para comprender la actividad. Imaginariamente, además, la ciudad solía oponerse al “conurbano”, que aparece a los ojos de parte de la sociedad como “la cristalización de todos los males del país, de la descomposición, de las grandes desigualdades y de los miedos sociales” (Kessler, Svampa y Gonzalez Bombal, 2010: 16).

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Se utilizarán como sinónimos los términos “ciruja” y “cartonero”, salvo cuando se indique lo contrario.

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El cartoneo era realizado por personas que eran vistas por una gran cantidad de “vecinos” como fuera de lugar. Sin embargo, con el trabajo de campo fui comprendiendo que, pese a la importancia de estos marcos normativos (las diferentes legislaciones en la ciudad y en los municipios), con ello no alcanzaba. Los recolectores seguramente “llegaban” y también desarrollaban alguna parte de la tarea fuera de los límites jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires. Además las fronteras físicas y simbólicas no concordaban con los límites administrativos de la capital argentina. Y las más de las veces no interesaba en el transitar si los cartoneros eran o no del conurbano. En las prácticas y en los discursos de los cartoneros, “la ciudad” adquiría diferentes contornos, sobre los que se establecía un adentro y un afuera. Algo similar me ocurrió con los vendedores ambulantes. En 2011 empecé mi trabajo de campo con vendedores que realizaban su tarea en los trenes. Si con el cirujeo era posible comprender una diferenciación entre algo que, medio laxamente, era “la ciudad” (o “el centro”) y los barrios donde los recolectores vivían, en los vendedores estas distinciones espaciales eran completamente diferentes. Tanto cartoneros como vendedores –así como miles de personas– van a la capital para trabajar y traspasan fronteras jurisdiccionales y, sobre todo, simbólicas. En estos casos, el espacio público es un lugar de acceso a la reproducción social. A su vez, da cuenta de una inserción social problemática que va constituyendo formas de desigualdad social. A partir de los trabajos de campo que vengo desarrollando así como de los debates en los diferentes equipos de investigación en los que participo, el capítulo propone algunas líneas de indagación para el abordaje de los procesos de trabajo considerados informales en el espacio urbano. Para los casos a los que me voy a referir, las formas de trabajo (como prácticas culturales enmarcadas en experiencias de clase) marcan maneras sociales de inserción urbana y de constitución de vidas dignas.

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En tanto la venta ambulante y el cirujeo suelen ser abordados como formas de obtención de dinero y recursos, el capítulo propone una visión que va más allá de las visiones centradas en los procesos económicos como un campo autónomo. Las dos experiencias de campo me han permitido comprender el modo en que los procesos económicos están territorializados o, para decirlo de forma más precisa, las prácticas de obtención de dinero son inescindibles de la constitución del territorio y esta se produce a partir de la apropiación del espacio físico (y sus constreñimientos) así como de las relaciones interpersonales que se construyen alrededor de aquel. El capítulo está dividido en tres grandes secciones. En la primera de ellas, me focalizo en la dimensión urbana de la desigualdad marcando la necesidad de pensar el espacio no sólo como el lugar donde ocurren cosas. Luego, busco complejizar los procesos de desigualdad a partir de pensar las formas de ganarse la vida no sólo desde la adquisición de bienes materiales o de la esfera de lo económico sino como modos de vida que tienen diferentes niveles de aceptación y que, al mismo tiempo, tienen efectos objetivos sobre la vida de las personas. En función de la desigualdad territorial construida socialmente y de la desigualdad que se genera a partir de los diferentes modos de ganarse la vida, en la tercera sección doy cuenta de las relaciones personales que vendedores y cirujas generan y mantienen, y que les permite acceder al espacio y a la reproducción social.

Espacio público, conflictos y constitución de desigualdades urbanas Las desigualdades se construyen a partir de elementos materiales y simbólicos, históricamente producidos, social y territorialmente contextualizados. La desigualdad es un fenómeno socialmente producido que tiene manifestacio-

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nes y articulaciones espaciales claras y, a su vez, se nutre de ellas (Di Virgilio y Perelman, 2016). Para comprender las desigualdades urbanas, un punto de partida central es tener presente que las ciudades y los múltiples territorios que la constituyen pueden ser vistos como espacios morales en disputa. También es importante pensar que en el espacio urbano se conjugan procesos con distintas temporalidades. Esto implica reconocer que existen diferentes órdenes urbanos entendidos como un conjunto de normas y reglas tanto formales como informales (Duhau y Giglia, 2004: 258) en pugna, donde los actores tienen diferentes capacidades de incidir sobre el espacio. Ello es particularmente notorio en los espacios públicos. Las disputas, los conflictos, son momentos privilegiados –como lo han mostrado largamente los estudios antropológicos– para comprender el universo social y las moralidades en pugna. Las actividades que producen conflictos en el orden urbano y por él se tornan iluminadoras. El movimiento de los actores en el espacio permite apreciar que, si bien es posible pensar la existencia de fronteras simbólicas (Lamont y Molnár, 2002)2 dentro de la ciudad, existen territorialidades enraizadas basadas en los múltiples territorios construidos por los grupos sociales y por las personas. En los casos de la venta ambulante y el cirujeo, estos están basados en relaciones de carácter económico así como en relaciones personales y grupales que exceden por mucho los momentos de trabajo (pero que son constitutivos de éstos). Seguir las personas en movimiento, entonces, permite comprender las diferentes temporalidades y espacialidades de la ciudad. En tanto la capacidad de apropiación y de imposición de modos de estar, transitar, habitar es diferente, a partir de aquí es posible comprender 2

Aún sin problematizar la noción misma de “espacio” y pensando en un espacio relativamente “grande”, la posición de Gupta y Ferguson (1992) sobre los peligros que presenta el isomorfismo del espacio, del lugar y de la cultura resulta pertinente como advertencia para no reificar en una escala menor la relación entre moral y territorio.

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el modo en que las relaciones sociales en el espacio público, y que al mismo tiempo lo construyen, son productoras de desigualdades sociales. Decía Geertz que el lugar de estudio no es el objeto de estudio. Los antropólogos no estudian aldeas (tribus, pueblos, vecindarios…); estudian en aldeas. Uno puede estudiar diferentes cosas en diferentes lugares, y en localidades confinadas se pueden estudiar mejor algunas cosas, por ejemplo, lo que el dominio colonial afecta a marcos establecidos de expectativa moral. Pero esto no significa que sea el lugar lo que uno estudia” (Geertz, 2003: 33).

Esta frase –muchas veces mal interpretada– ha sido la punta argumentativa de un debate dentro de la antropología para diferenciar la antropología en la ciudad de la de la ciudad (Agier, 2015; Segura, 2015). Ahora bien, si el espacio (físico y vivido) es constitutivo de los procesos sociales y si los procesos sociales constituyen el espacio físico, resulta necesario pensar la experiencia de los actores (en tanto experiencia urbana) más allá de la dicotomía de en la ciudad o de ella. El territorio, con sus relaciones y sus moralidades, no es un lugar donde las cosas ocurren. Tomando en serio la hipótesis de la espacialidad de la práctica (Gordillo, 2004) y la constitución espacial de los sujetos, es posible comprender cómo la espacialidad es constitutiva tanto de las personas que realizan las actividades así como de los mercados de trabajo o de compra y venta de mercancías. La producción de las desigualdades sociales no está “fuera” de los sujetos ni “fuera” de los espacios. Esto porque las identidades se constituyen relacional y espacialmente (Cosacov y Perelman, 2015). Las identidades o identificaciones pensadas de manera territorial permiten ver toda esta multiplicidad que está entrelazada con procesos que tienen otras temporalidades y que deben ser tenidos en cuenta al comprender los procesos que van sedimentando

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las prácticas sociales. Ello no quiere decir que todas las investigaciones tengan que abordar la dimensión espacial,3 pero sin duda ella es un componente central de los procesos de producción de desigualdad, de precariedad y de marginalidad social en los contextos urbanos. Además, como recuerda Segato (2007), las personas llevan su territorio a cuestas. El espacio se corporiza y se memoriza. Ello no siempre es perceptible o en algunos casos no tiene efectos. Sin embargo, en los casos de la venta ambulante y del cirujeo, tiene implicancias dobles. Por un lado, las personas pueden tornarse vendedores o recolectores en contextos y momentos determinados. Por otro lado, llevan consigo marcas tempo-espaciales que los acompañan en el pasaje de esa doble territorialidad: la del trabajo y la de los espacios donde circulan. O sea, se combinan territorialidades yuxtapuestas (estos espacios morales dentro de la ciudad). Pero a diferencia de las visiones más estructurales de la ciudad construida a partir de regiones morales, un estudio desde las prácticas de las personas da cuenta de la constante pugna en torno a esos espacios que no son fijos. Centrarse en personas que se ganan la vida haciendo uso del espacio público permite comprender, además, cómo los procesos de categorización, de diferenciación y de desigualdad se construyen territorial y cotidianamente. Ello porque algunas personas que acceden a la reproducción social en la ciudad suelen ser vistas por algunos actores como “fuera de lugar”. En este sentido, la confección de recorridos y de relaciones cotidianas funcionan al mismo tiempo como mecanismos de estabilización y como modos activos de justificación de una presencia problemática. Así el espacio tiene un rol central en la producción de sujetos y de identidades, y el uso de argumentos en tanto arena de producción de sentidos, de conflictos, de

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Bachiller ha expuesto para el caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia lo que una propuesta de análisis centrada en la territorialidad no permite. Ver Bachiller (2015).

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dominación, de resistencia y de transformación está espacializado. Es por ello que el análisis de la producción de las desigualdades debe centrase en territorios históricamente construidos, con sus complejidades y sus contradicciones, en tanto espacios morales en disputas, de redes de relaciones y de campos de poder. Son en este contexto donde tienen lugar los procesos de producción de condiciones legitimantes, como narrativas y prácticas justificatorias (y desigualadoras). Cruzar fronteras sociales y simbólicas produce diferencias en los modos en que son vistos y en que se constituyen, lo que genera conflictos por el reconocimiento y disputas sobre las “condiciones legitimantes” basadas en relaciones históricamente construidas en torno a quiénes son los habitantes legítimos y qué comportamientos son aceptados en los barrios de la ciudad.4 ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, que la residencia, pero también la movilidad y los modos en los que se accede a la reproducción social, son formas de construcción de diferencias que pueden transformarse en desigualdades sociales. Muchas de ellas van más allá de la clase social y se basan en otras condiciones, como puede ser el género o la “raza”. Es por ello que es necesario comprender los movimientos de las personas en el territorio poniendo énfasis en los lugares de residencia, de trabajo, así como los recorridos que hacen. Esto es importante porque los lugares se construyen en relación con otros lugares y los procesos de experienciación están marcados por estas relaciones. Así la ciudad se construye en contraposición a otro lugar, un lugar memorizado y experienciado por los actores que da sentido a la diferencia y que posibilita construir fronteras territoriales y simbólicas.

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Recupero la noción de condición legitimante de Thompson (1995). En Argentina algunos investigadores han trabajado esta línea para analizar los procesos de recuperación de fábricas (Fernández Álvarez, 2007), de organizaciones “piqueteras” (Manzano 2007) o la construcción de idea de trabajo digno en cartoneros (Perelman, 2011).

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Vendedores y cartoneros cruzan fronteras y desafían los territorios construidos. Una de las formas en que se produce desigualdades es la de la construcción de sujetos legítimos dentro de un orden público determinado. Tanto cartoneros como vendedores ambulantes se configuran como trabajadores (Perelman, 2011 y 2013). Algunas actividades, algunos trabajos, son permitidos mientras otros son perseguidos (y más aún no son vistos como trabajo). Algunas tareas están reguladas en el marco de derechos y otras –por estar reguladas en el marco de derecho– son consideradas ilegales. Todo esto produce negociaciones y negaciones en torno a la reproducción social y contribuyen a formas de explotación que van cimentando la desigualdad. Configurarse como trabajadores es producto de un doble proceso. Por un lado, hacia ellos mismos en tanto forman parte de un modo de pensar el acceso legítimo a la reproducción social. Por otro lado, hacia afuera en tanto es una forma de apelar a un discurso público legitimante. Al ser actividades públicas, inscribir la tarea en el universo simbólico del uso legítimo del espacio público es una forma de justificar esa presencia problemática. En los modos de justificación es posible comprender las disputas donde ciertos actores suelen tener mayor capacidad de incidencia sobre el modo en que esa disputa será resuelta. Pero los procesos de justiticación no deben ser pensados como mera competencias de los actores (saber a qué apelar) sino como una arena de disputa y constante elaboración de ensayos y pugnas. Indagar los procesos territorialmente (en dónde y en qué momento ocurren) permite comprender mejor la lucha por la apropiación del espacio público. Las interacciones y sus límites permiten comprender el complejo entramado de modos de acceder a la ciudad y en este caso a ciertos recursos (materiales y simbólicos) sobre los que se cimentan los procesos de reproducción social.

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Como marcó Grimson (2009), el cruzar ciertas zonas de la ciudad los pone en una situación desigual. Las interacciones son centrales en este doble proceso: el expulsor y el constructor de diferencias. La construcción de la diferencia se da al mismo tiempo que la expulsión física o simbólica. Centrarse en esta dinámica permite comprender que las desigualdades se sustentan en relaciones sociales y en interacciones dinámicas que interactúan con y (re)definen condiciones de desigualdad estructural.

Las formas de ganarse la vida más allá de la economía Como he desarrollado en otro lugar (Perelman, 2017), referirse a formas de ganarse la vida y de significarlas no se reduce sólo a las estrategias de obtención de dinero. Es necesario comprender los modos en los que los actores se (re)construyen en pos de sus trayectorias de vida, de sus experiencias grupales y de clase en espacios determinados. Al mismo tiempo es importante dar cuenta de los efectos que estas formas de ganarse la vida –en un sentido amplio– tienen en las condiciones objetivas de vida. Por un lado, resulta importante recordar la construcción social de “la economía” (Mitchell, 2008; Neiburg, 2010) y de los mercados (Collins, 2002). También es importante analizar la construcción de las múltiples esferas de lo económico como formas nativas de enunciación y de delimitación. Dicho de otro modo, al abordar estas actividades resulta pertinente un estudio de las formas de producción, intercambio, circulación, fijación de precios o de consumo. Pero es importante no restringirlas a una serie de ideales o de acciones preestablecidas por un grupo social. O sea, analizar (y juzgar) las prácticas nativas desde un marco interpretativo de otro grupo nativo. Es por ello que los enfoques de autores como Viviana Zelizer han resultado sugerentes. Zelizer (2011) refiere a idea de vidas conectadas para

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explicar las múltiples formas en que se mezclan las transacciones económicas y los lazos íntimos –entre amantes, amigos, parientes, socios, clientes– en un sentido amplio (compartir secretos, tener acceso a archivos confidenciales, brindar consejos, proporcionar información económica privilegiada, brindar consuelo y prestar servicios corporales que incluyen la promesa o la amenaza de una interacción afectiva más intensa y de mayor transcendencia que las relaciones sociales cotidianas y que requieren un trabajo relacional). Al abordar los procesos económicos, Zelizer refiere a la necesidad de pensar en circuitos de comercio.5 Cada circuito tiene una frontera, un conjunto de lazos interpersonales significativos, unas transacciones económicas asociadas y un medio de intercambio. Los estudios de las finanzas y las monedas (Wilkis y Roig, 2015) también han dado cuenta de estos procesos y han contribuido a desnaturalizar, desde el centro mismo de “lo económico”, que la economía no puede ser sólo analizada desde la economía. Pero la paradoja, como bien recuerda L’Estoile (2014), los que pueden considerarse los estudios sociales de la economía siguen pensando en términos económicos. Yo agregaría que insistir tanto con esta diferenciación termina teniendo un efecto de refuerzo de lo que se quiere criticar: la existencia de esa esfera como algo dado. Es por ello que también es importante centrarse en segundo lugar, más allá de lo económico, e indagar qué es una vida digna o una forma legítima de ganarse la vida (Perelman, 2011), donde la espacialidad de la práctica tiene un lugar central. Ello permite, antes que circunscribir a priori procesos, relaciones o eventos, indagar en múltiples relaciones sociales. Como plantean Narotzky y Besnier (2014: s5), “la reproducción social implica dar cuenta de diferentes escalas y de los términos en los que la gente ordinaria evalúa

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La idea de comercio para Zelizer refiere a conversación, intercambio, interacción y mutua determinación. Ello le permite inscribir relaciones que van de los más íntimos a las transacciones sociales más formales.

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la posibilidad de continuidades, de transformaciones o de barreras”. Ya que las formas en que se reproduce y se piensa la vida (making a living) “no sólo depende de la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario en el mercado –o alternativamente vendiendo productos o servicios por fuera de los marcos regulatorios del Estado (…). Envuelve también dinámicas que no son usualmente pensadas como ‘económicas’” (Narotzky y Besnier, 2014, p s6, traducción del autor). Otros trabajos han dado cuenta de la necesidad de pensar por fuera de la racionalidad económica (Bourdieu, 2001), centrada en la razonabilidad de los actores. La propuesta de una antropología de la evaluación (Cottereau y Marzok, 2012), en la que la pregunta remite a qué es lo que importa para la gente, va en esta línea. De esta forma, la pregunta no es por el valor sino por evaluación que las personas hacen. Ahora bien, si estas dinámicas terminan siendo económicas aunque no han sido pensadas como tales, ¿por qué no pensar a la inversa o de manera más amplia? Para analizar los procesos de la casa, L’Estoile refiere a la posibilidad de pensar en términos de vivir una vida digna (living a good living) y, en términos más amplios, de oikonomia. Busca así correrse del lenguaje de la economía y centrarse en los procesos de vida a partir de las vivencias y las categorías nativas. Estos esfuerzos son sin duda meritorios en tanto buscan centrar los procesos “económicos” dentro de una totalidad centrada en las importancias nativas. Los presupuestos de L’Estoile permiten pensar desde las propias categorías nativas estas formas, establecer qué prácticas son importantes para los actores y qué hacen ellos para lograrlo. Volviendo a los casos, una mirada más allá de la economía permitirá iluminar otras dimensiones que configuran estos modos de ganarse la vida.

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I. En relación con la recolección informal en 2002, cuando comencé mi trabajo de campo, era posible diferenciar personas dedicadas a esa actividad que la consideraban como algo digno mientras que otras se sentían sumamente avergonzadas del modo en que vivían. Estas diferentes expresiones en torno al cirujeo habilitan a pensar que el análisis de las formas de vivenciar, de pensarse, no puede entenderse sino en el marco de los procesos de los cuales los sujetos forman parte. En el caso del cirujeo, es posible pensar que si bien el desempleo y subempleo, el deterioro de las condiciones materiales de vida y el incremento de la pobreza y de la indigencia, el hambre, son condiciones, no explican en sí mismas el incremento de la cantidad de personas que viven de esta tarea; dicho de otra forma, no habilitan directamente el paso al cirujeo. Es necesario, por lo tanto, dar cuenta de otros elementos que, sumados a la dimensión económica (o de obtención de dinero), terminarían de explicar la llegada a la recolección y su conceptualización en tanto modo legítimo de ganarse la vida. Por lo tanto, creo que es necesario buscar cómo se construyen los modos “deseables”, para lo cual hay que tener en cuenta las condiciones y los parámetros morales en los cuales los cirujas construyen la realización de la actividad. Como dije, uno de los componentes centrales que constituyen la noción legitimante es la relación cirujeotrabajo y dignidad. La dignidad en tanto categoría legitimante permite incluir a los cartoneros en el campo de la igualdad (más imaginaria que real) con una serie de otras personas. Ya que para que ello ocurra debe haber cierto “reconocimiento”, no sólo del otro sino de las formas del otro. Para Cardoso de Oliveira (2004: 26), la relación entre dignidad, identidad y sentimientos estaría marcando la importancia del carácter dialógico del reconocimiento, en el cual se les exige al alter y al ego intercambios sustantivos de palabras o de gestos (símbolos, en general) que

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representan manifestaciones mutuas de consideración y de aprecio. Lo que me interesa recuperar para el análisis de los cartoneros remite a la necesidad de pensar la noción de dignidad en relación con el reconocimiento y vinculada a la categoría de trabajo, con su relación existente entre las argumentaciones legitimantes. Pero también como formas de pensar su presencia en el espacio. Abordar los procesos de legitimación en el marco de una lucha por el reconocimiento permite articular diferentes dimensiones: el trabajo en tanto categoría abstracta y como categoría empírica social y personalmente significada; así como también la presencia de personas en el espacio público y de sus modos amplios de reproducción social (por ejemplo qué hacen además de recolectar, cómo se comportan, qué piensan, cómo se visten, qué consumen, etc.). Desde esta perspectiva, entonces, es posible pensar que complacencia, satisfacción, sufrimiento, infelicidad o insatisfacción, no son tomados en lo que ellos tienen de expresión de la interioridad de la vida psíquica de las personas, ni como ‘percepciones subjetivas’ en el sentido corriente, que podrían, por eso, ser erróneas, sino porque entendemos que esos sentimientos hallan sus fuentes legítimas en la configuración sociocultural que da sentido a lo querible, deseable, proyectable, etc. Sentidos, a su vez, que se mantienen en disputa en diferentes ámbitos institucionales y socio-culturales de la vida social y que, en gran medida, co-existen en tensión. Precisamente esas tensiones se presentan como exigencias incompatibles para los individuos (Grassi y Danani, 2009: 18-19).

Para los que encuentran en el cirujeo una forma legítima de ganarse la vida existe un proceso de negociación en torno a la actividad y a las moralidades.

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II. Cuando comencé mi trabajo de campo con vendedores ambulantes en 2011 rápidamente reparé en las diferenciaciones que existían entre los que se dedicaban a lo que genéricamente se denomina “vendedores ambulantes”. Dentro de las personas que se dedican a la venta ambulante existen diferentes grupos que se caracterizan no sólo por lo que ofrecen o por la actividad que realizan, sino por una serie de prácticas que hacen de la venta ambulante un modo de vida. Uno de ellos son los buscas. Ellos se oponen a otros actores que se dedican a la misma actividad (Perelman, 2013; Pires, 2010 y 2013) ya que reivindican el ser busca como un modo de vivir. Ser busca como modo de vida implica comportamientos que están presentes durante el tiempo de venta y que tienen efectos en el proceso de trabajo pero que no se reducen a él. En su etnografía sobre la venta ambulante en Buenos Aires, Pires (2013) dio cuenta de la diferencia entre ambulantes y buscas. Dice que “la racionalidad del busca es tratar de trabajar cada vez menos tiempo, en pos de mantener una meta de ganancia que le garantice su cotidianeidad” (Pires, 2013: 163, traducción del autor). Los buscas tienen sus lógicas, sus formas de trabajo, sus pautas de consumo, ciertos valores morales y prácticas que hacen de ser busca una vida digna de ser vivida. Allí también se ancla su “racionalidad”. Una mañana charlaba con un ex proveedor de mercancías a los buscas. Él me decía que la “mentalidad” de estos vendedores era la de empezar “todos los días de cero” [solo con el dinero necesario para comprar lo que venderían en ese día]. Sin embargo, “ganaban mucha plata”. El problema, proseguía, es “que se la gastan toda” y por eso él no les fiaba a los buscas. El ex proveedor apelaba a un discurso racional de cómo se consigue y se gasta el dinero: trabajar, maximizar, ahorrar, “gastar bien”. Esa forma de gastar denotaba un posicionamiento de cierta autoridad moral sobre cómo los buscas deben comportarse. En esta forma de comportarse

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en torno a los modos de conseguir el dinero y de gastarlo se entrelazaban dos mundos morales en torno no sólo a lo económico, sino también a una forma de vida. Es por ello que resulta necesario pensar en términos de qué implica una vida digna.6 La venta ambulante, en términos económicos o de ingresos, garantiza la supervivencia pero en términos de lo que ellos entienden por vivir una buena vida, el tiempo del trabajo y el del no trabajo no puede escindirse.

Relaciones personales y territorio La presencia de cartoneros y de vendedores ambulantes no sólo puede ser indagada desde lo discursivo. Presentarse como trabajadores no es mera retórica justificativa. Tiene fuertes implicancias sobre el self así como signa prácticas concretas. A su vez, la “laborización” de la actividad estuvo fomentada por diferentes actores entre ellos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas van constituyendo un territorio que les es propio. Ellos se configuran a partir de los procesos de venta o recolección pero los exceden por mucho. En ambas actividades los intercambios –incluso cuando refieren a la compra y venta de productos– no pueden entenderse sólo como “hechos económicos” (Perelman, 2017). Los diferentes actores están constantemente activando relaciones de afinidad que van produciendo interdependencias entre ellos. Son estas relaciones las que posibilitan que se vaya produciendo un mercado de circulación, de consumo de bienes y un circuito de comercio. La individua-

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Estoy usando aquí “vida digna” no como una categoría nativa sino como una categoría que permite pensar el modo en que las personas dan sentido a su vida (y no sólo a las actividades de obtención de recursos). La idea de “trabajo digno” como categoría nativa por ejemplo ha sido recurrente en mi trabajo con recolectores de residuos. Allí la idea de trabajo digno aparecía como una forma de dotar de sentido a la tarea de recolección (Perelman, 2011).

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lización de los vendedores y cartoneros, no ya meramente como parte de un grupo o como una persona moral (“cartonero”; “vendedor”; “pobre”), a partir de relaciones personales va permitiendo la apropiación del espacio y con ella el acceso a recursos materiales y simbólicos. Y así se van constituyendo formas de trabajo. Son estas relaciones las que van produciendo “derechos” mutuos investidos de moralidad que contribuyen a la estabilización de los mercados de producción y de consumo. Son estas relaciones estables las que van permitiendo, a partir de la construcción de un territorio, acceder a la ciudad. El espacio físico y las relaciones espaciales tienen fuertes implicancias en el modo en que se regulan las actividades. En el caso del cirujeo, son los recolectores los que individualmente van confeccionando sus recorridos a partir de la generación de clientes (personas que les guardan los residuos). Ellos son “posesión” individual y requieren un constante trabajo de mantenimiento de confianza. El cirujeo se fue generalizando como actividad pública con la crisis de 2001. Es posible decir que ya en 2002 se fueron generando una serie de procesos que perdurarán y que tendrán diferentes efectos de refuerzo y de impugnación sobre los que se irá solventado la desigualdad. Los cartoneros saben que están en un territorio en el que son vistos como extranjeros. Ello implica que esas interacciones se puedan transformar, muy frecuentemente, en conflictos: con los vecinos, los transeúntes, la policía u otros cartoneros. Es por ello que los cartoneros buscan formas de adecuarse al territorio. Para lograrlo, tienen compentencias comportamentales a partir de valoraciones morales que se negocian desigualmente entre los diferentes agentes presentes en el campo. La producción y el mantenimiento de relaciones personales y la inclusión del cirujeo dentro de la esfera del trabajo son dos de los mecanismos que los recolectores utilizan. Como dije, el proceso de construcción del cirujeo como una forma legítima de ganarse la vida, como una forma de trabajo, no sólo remite a la

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histórica relación entre dignidad-trabajo experienciada por los sujetos, sino también a la creencia de que en el espacio público el ser trabajador es un modo aceptable. Es por esta razón que pienso que las moralidades territoriales son constitutivas de las desigualdades sociales y tienen una temporalidad más larga a la de la crisis, la del desempleo o incluso la del intento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de naturalizar el cirujeo. Los cartoneros se transforman en cartoneros en un espacio determinado no sólo por la tarea que realizan. Ser cartonero o ser vendedor en un espacio/tiempo específico no puede ser pensado sólo a partir de la actividad de obtención de recursos que realizan. A las personas se les imprime una serie de imaginarios sobre la actividad en sí. A la actividad se le fijan una serie de imaginarios en torno a los sujetos que las realizan. Es por ello que las interacciones se vuelven una suerte de antídoto. En los contactos con vecinos (así como con depositeros y otros actores7 se produce una transformación del estigma en confianza A partir de los lazos personales, los cartoneros pueden generar cierta predictibilidad. Estas relaciones van construyendo un territorio basado en el mantenimiento de los contactos personales que se constituyen en relaciones de don y contra don. Así, las obligaciones que se establecen entre los actores producen predictibilidad. Al tiempo que, para los cartoneros que tienen que mantener la relación, funcionan como una forma de estabilización en la tarea (aunque ellos no quieran). Ello es posible a partir de los comportamientos correctos que lo que terminan logrando es que se conviertan, aun sin quererlo, en mejores cartoneros. El caso de la venta ambulante permite iluminar otro tipo de construcciones cotidianas de diferencias que se construyen como desigualdades. Los vendedores ambulantes que trabajan en los trenes, a diferencia de los recolec7

Ver Perelman, 2011a.

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tores, construyen colectivamente el territorio. Si bien cada uno cuenta con un trayecto y con la posibilidad de vender determinado producto, el territorio pertenece al grupo. Es un espacio abierto que es cerrado por un grupo y reapropiado. Ello les posibilita tener una menor regularidad en la asistencia pero genera obligaciones con los otros actores que conforman la configuración. El ir a vender algunos días si y otros no perjudica al que no va. A diferencia de los cartoneros, la percepción del vendedor ambulante no refiere tanto a una pobreza extrema como en el caso de la recolección. En los trenes, existe una diferenciación entre las personas basada en formas de obtener dinero y de gastarlo. Son formas de acción que se van cosificando en dos modos diferentes de supervivencia: “trabajar” y “pedir” o “mangear”. Los grupos están constituidos –podría decirse– como diferentes tipos de personas. Mientras que los vendedores suelen ser hombres “en condiciones de trabajar”, los que piden contarían con algún atributo que no les permitiría hacerlo. En los mangueros la pobreza suele ser utilizada como un recurso legitimante para la realización de la actividad y debe mostrarse y performarse. Esto es, para manguear (pedir) hay que ser (parecer) pobre. En cambio, en los buscas esta relación es más compleja. Esto lleva a diferentes tipos de performance durante el tiempo de venta. Vendedores (en términos genéricos) y pasajeros producen y reproducen modos de accesos legítimos a la reproducción social: vender para unos, pedir para otros. En las interacciones y en los actos rituales de venta/pedir no sólo se reproduce la ideología del mercado sino que se (re)construyen las desigualdades sociales en tanto estas formas de interacción construyen formas de acceso a la reproducción social complejas que están fuera del marco de protección laboral pero sobre todo porque los pone en un universo simbólico e imaginario de exclusión. Centrarse en la construcción de las desigualdades implica pensar los procesos sociales de forma relacional, compleja y como producto de un devenir histórico de larga duración

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(Gootenberg y Reygadas, 2010). Y los modos de categorización (trabajo/no trabajo; busca/manguero; etc.) y su puesta en relación son una puerta para comprender el modo en que se van naturalizando y resignificando en prácticas culturales y en contextos concretos. Por otro lado, la territorialidad de la desigualdad está presente. Así por ejemplo las percepciones de los comportamientos de los vendedores en dos líneas de trenes son diferentes. Existen percepciones diferenciales sobre el estatus de los vendedores, como trabajadores o como pobres. Así, por ejemplo, mientras en la Línea Roca que va hacia el sur del conurbano bonaerense, los vendedores cuentan con un estatus similar al de los pasajeros, en la línea Mitre que va hacia el norte, una de las zonas más ricas del conurbano, parece existir una diferenciación de clase entre unos y otros. En tanto las personas que usan el transporte tienen diferentes trayectorias de clase, la construcción que vendedores y pasajeros hacen unos de otros también lo son. Esto es un punto importante ya que permite la construcción de un territorio de venta. Asi, mientras las calles y la cantidad de edificios, comercios, depósitos, etc. genera la posibilidad de una mayor oportunidad de generar rutas en el caso de la recolección de residuos,8 en la venta ambulante son los trenes y los recorridos que éstos realizan los que deben dividirse. Los límites de lo posible son muchos menos en el segundo caso. Entonces estos procesos son importantes a la hora de comprender la producción de la desigualdad social ya que tienen efectos sobre la apropiación del territorio y de los modos de supervivencia. Que ellos se expresen en prácticas y discursos cotidianos, que se produzcan y reproduzcan en las interacciones es importante a la hora de generar

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Siempre y cuando los cartoneros trabajen de forma individual. En los últimos años el crecimiento de las cooperativas ha ido generando un proceso de colectivización de los espacios de recolección.

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diferencias sociales y capitales distintos. En el territorio es posible ver los componentes de desigualación de larga duración (como los sujetos legítimos) así como los de más corta duración en función de los ingresos y las expulsiones cotidianas de los cartoneros.

A modo de cierre Kessler (2014), analizando diferentes dimensiones, da cuenta la existencia de tendencias contrapuestas en relación con lo ocurrido con la desigualdad en Argentina en la última década. Segura (2014: 2) dice que en las ciudades latinoamericanas en la última década es posible ver un movimiento paradójico en las relaciones entre ciudad y desigualdad en la América Latina contemporánea: mientras por un lado en la última década muchos países de la región han implementado políticas que lograron reducir (levemente) la desigualdad de ingresos, por el otro continúa la expansión de áreas metropolitanas fragmentadas (…) [que] incrementa no solo la desigualdad en el acceso a la ciudad y a sus bienes, servicios y oportunidades, sino que también consolida (…) redes y circuitos sociales segregados, que reducen las posibilidades de movilidad social ascendente.

Para Segura, si bien las desigualdades se objetivan en el espacio urbano (en tanto acceso desigual), también es el mismo espacio –con sus múltiples temporalidades– el que condiciona la (re)preoducción de las desigualdades (2014: 3). Ambos autores marcan la necesidad de pensar de manera compleja los procesos de desigualdad social a partir de múltiples dimensiones y procesos que no son unidireccionales. El espacio urbano es una dimensión central de estos procesos. No sólo porque como marca Segura es posible ir más allá de la tesis del espejo entre entre desigualdad y segregación o siguiendo a Kessler la mejora en una dimensión puede implicar el empeoramiento en otra, sino porque

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las condiciones espaciales van constituyendo formas de desigualdad social en el espacio que impactan en las vidas de las personas de diferentes formas. Tanto el espacio físico como los procesos sociales espacializados van constituyendo formas de desigualdad social. En algunos casos, es la propia forma de vida la que es negada en el espacio urbano, que va erosionando las formas dignas de vivir. Reconocer esto no implica negar que incluso las elecciones y los diferentes modos de vida tengan efectos concretos en las condiciones objetivas de vida. Tampoco implica desconocer los condicionantes históricos de las formas de elección. Indagando en las trayectorias de vida es posible comprender las prácticas cotidianas compartidas de discriminación, explotación, humillación enmarcadas en experiencias de clase. Pero también experiencias y prácticas de diversión, identificación, sensibilización, producción de discursos sobre sus vidas que constituyen las diferentes formas de vida. Las identidades o las identificaciones pensadas de manera territorial permiten ver toda esta multiplicidad que está entrelazada con procesos que tienen otras temporalidades y que deben ser tenidos en cuenta al comprender los procesos que van sedimentando las prácticas sociales. No todos los procesos de desigualdad tienen la misma temporalidad. Las desigualdades urbanas tanto físicas como simbólicas persisten por mucho a los cambios económicos y se entrelazan con ellos que, a su vez, no su unidireccionales. Ellos se anclan en el territorio, en concepciones morales, en prácticas culturales que se naturalizan y que cosifican las diferencias. La dimensión económica de la desigualdad sin duda es central. Pero como desarrollé es importante volver a pensar qué es incluido en esta dimensión. Entonces, antes que tomarla como algo dado es necesario ponerla en cuestión mostrando que la misma forma en que se construyen las fronteras de lo económico es constitutiva de las desigualdades. En este sentido, los procesos y las pugnas por la imposición de discursos en torno a lo legítimo o moralmente correcto también lo son. Los casos muestran

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que una misma acción o un mismo grupo puede ser vecino, cartonero, extranjero, trabajador, etc. Y ello tiene efectos en los modos de ganarse la vida y de inserción social. Las etiquetas funcionan territorialmente y a partir de ellas se producen relaciones de desigualdad. Es por ello que es necesario un fuerte esfuerzo de desconstrucción para subjetivizar a las miles de personas que viven de actividades callejeras informales mostrando sus particularidades y sus modos de vida. Para ello hay que tener cuenta su agencia, sus sentimientos, la dominación y sus resistencias, las imposiciones. Para ello es imprescindible abordar los fenómenos sociales tanto en las dimensiones estructurales como en los procesos subjetivos. Esta misma línea es retomada por los estudios que buscan complejizar los estudios de los procesos económicos dando cuenta de los procesos históricos y de los modos en que las personas entienden lo que es una vida que vale la pena vivir, los modos dignos y legítimos de acceder a la reproducción social. Esta visión implica centrarse en los procesos de reproducción social no sólo como formas de obtención de dinero sino como maneras de integración social y como modos de vivir que pugnan socialmente por ser reconocidos.

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Cuerpos e identidades extranjerizados: vecinos/as y travestis en disputa El caso de la zona roja de Palermo, 1996-2005 MARTÍN BOY

1. Introducción La autonomía político-administrativa que adquirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 1996 instaló en la agenda pública y política la derogación de los denominados “edictos policiales” y la creación de un Código de Convivencia. Este proceso político fue promovido por los diferentes actores involucrados bajo el argumento de la necesidad de democratizar el acceso a la justicia y de quitarles facultades a las fuerzas policiales para otorgarle así mayor protagonismo al Poder Judicial. Este proceso abrió un debate público que involucró a vecinos/as, funcionario/ as, religiosos, travestis, organizaciones de la sociedad civil, entre otros grupos, y tuvo como uno de sus principales ejes el dilema de qué hacer con la oferta de sexo callejera. La CABA contaba con diferentes áreas donde se ofertaba sexo en la vía pública. A estas se las solía denominar “zonas rojas” y se encontraban ubicadas en barrios del norte (Palermo), del sur (Constitución), del centro (Once) y del oeste (Flores). A partir de la derogación de los edictos policiales, sólo una de estas zonas rojas se convirtió en un eje

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de discusión pública: la de Palermo. ¿Qué particularidades tenía esta área? Pueden identificarse rápidamente dos: por un lado, los/as vecinos/as que residían en este barrio eran de clase media y media alta, contaban con un nivel socioeconómico notoriamente más elevado que los/as vecinos/ as que habitaban en las otras zonas rojas; por otro lado, quienes ofertaban sexo en el área de Palermo eran exclusivamente travestis1 y, en este sentido, los discursos del resto de los actores adquirieron particularidades que giraron en torno a la extranjerización de las travestis anclada en la ajenidad y en la abyección de ciertos cuerpos y prácticas. En este trabajo se problematizarán los discursos que fueron publicados en dos medios gráficos (Clarín y La Nación) entre 1996 y 2002 sobre la zona roja de Palermo, ya que sus vecinos/as, posiblemente debido a su capital social y político asociado a su clase social, fueron quienes lograron instalar la oferta de sexo de travestis como un conflicto urbano que tuvo eco en la agenda pública y política de la ciudad. No sucedió lo mismo con las otras áreas donde habitaban vecinos/as de clase media baja y baja. En el conflicto urbano de Palermo, se pusieron en disputa cuáles eran los usos legítimos e ilegítimos del espacio público, para qué actores era o debía ser la ciudad, quién merecía vivir en ella, quiénes eran los extranjeros o forasteros y quiénes los/as nativos/as. En este escrito se debatirá sobre la otredad que ciertos actores construyeron a partir de narrativas morales que promovieron la preminencia de ciertos grupos e identidades y expresiones de género por sobre otros en espacios públicos. Tanto la moral como el género son variables que deben de tenerse en cuenta a la hora de problematizar las

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Se decidió utilizar la categoría travesti ya que para el período que se estudia era el concepto que la gran mayoría de ellas utilizaba para autodefinirse. Hoy en día también se utilizan términos como trans, transexual, transgénero.

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formas y los procedimientos a través de los cuales se construyen espacios urbanos. A continuación se presentará un apartado útil para contextualizar lo enunciado.

2. Breve presentación del caso: la zona roja de Palermo La CABA comenzó a ser autónoma en 1996 y sus habitantes por primera vez votaron a su Jefe de Gobierno. Esta autonomía implicó algunas reformas institucionales de importancia, tales como la creación de una Constitución propia,2 de un Poder Legislativo así como la derogación de los edictos policiales, entre otras. Los edictos policiales comenzaron a regir en la ciudad en la década de 1930 y tuvieron la característica de regular los comportamientos cotidianos de la población, como por ejemplo no salivar en el espacio público, no utilizar máscaras, prohibir los festejos de carnaval (en épocas dictatoriales, sobre todo), no gritar en el espacio público, sancionar las prácticas viciosas de los homosexuales y el vestir ropas del sexo opuesto. Los edictos, además, facultaban a las fuerzas policiales a arrestar, multar y sentenciar. Esto quiere decir que éstas no necesitaban apelar al sistema judicial para poder operar. Cuando la CABA logró la autonomía, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo se resuelve comenzar un proceso de democratización del acceso a la justicia a raíz de la presión ejercida por la sociedad civil. Esto tuvo como resultado la derogación de los edictos para comenzar con la construcción de un Código de Convivencia que tuvo como referente al sistema judicial y que le quitó libertad de acción a la fuerza policial.

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Argentina cuenta con un sistema político federal. Esto quiere decir que cada una de las provincias cuenta con una Constitución propia y una Legislatura provincial.

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En 1996 se derogaron los edictos3 y se inaugura un espacio de debate que incluyó a los/as vecinos/as a la hora de planificar y construir el Código de Convivencia. En este momento fue cuando la zona de Palermo se instaló en la agenda pública y política. Los/as vecinos/as, las organizaciones de la sociedad civil, los/as funcionarios/as públicos/as, el empresariado y hasta las autoridades de la Iglesia Católica se pronunciaron sobre qué debía hacerse con la oferta de sexo en la calle. En este artículo me centraré, principalmente, en los discursos de los/as vecinos/as y se recuperarán algunos testimonios de activistas trans que recuerdan aquel momento. La zona roja de Palermo puso en contacto en el espacio urbano a otredades de género y de clase que comenzaron a disputarse los límites y los alcances de lo público. Por un lado, los/as vecinos/as representaban a los estabilizados en el territorio y, por el otro, los cuerpos travestis aparecían como parte del flujo de un espacio público al que no pertenecían en términos de clase, de identidad o expresión de género y de trayectoria barrial y habitacional. Ante esto, surgió un interrogante: ¿de dónde venían las travestis que ofertaban servicios sexuales? ¿Cómo fueron construidos sus cuerpos y sus identidades desde la perspectiva de los/as vecino/as?

3. (In)migraciones travestis: puntos de partida y de llegada Diferentes estudios indicaron que un alto porcentaje de la población trans que vivía en la CABA no nació en la ciudad. Hasta este momento, existen tres informes que brindan 3

Vale aclarar que cada una de las provincias de Argentina (veintitrés más la CABA) cuenta aún hoy con un Código de Faltas y que recién en 2012 se derogaron los artículos que prohibían el “uso de ropas del sexo opuesto” en las provincias de Neuquén y Formosa.

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información sobre las características sociodemográficas de la población trans de Buenos Aires. En 1999 el primer estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) titulado “Informe preliminar sobre la situación de las travestis en la Ciudad de Buenos Aires” (Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, 1999) indicó que, en una muestra de 133 travestis encuestadas en la CABA, sólo el 38% era originaria del Área Metropolitana de Buenos Aires: el 41% provenía de las provincias del noroeste, el 11% de provincias del noreste, el 10% eran extranjeras (el 57% de países no limítrofes y el 43% de países limítrofes), el 5% de provincias del Centro, el 2% de provincias del Oeste y el 2% de provincias del Sur de Argentina. El 62% de las travestis encuestadas en la Ciudad de Buenos Aires no había nacido en la ciudad, era (in)migrante. El estudio más reciente, realizado en 2007, fue publicado en el libro titulado Cumbia, copeteo y lágrimas (Berkins, 2007) donde también se indagó sobre el lugar de nacimiento de las trans.4 La particularidad de este trabajo es que relevó características sociodemográficas relativas a migraciones en la población trans en otras provincias sin incluir a Buenos Aires: Salta y Tucumán (Noroeste), Córdoba (Centro), Mendoza (Oeste) y Neuquén (Sur) con una muestra total de 257 casos. Los resultados fueron interesantes porque indicaron que las travestis encuestadas en Salta (92,4%) y en Córdoba (94%) eran originarias de la provincia. En Mendoza, el 81,4% era de la provincia y en Tucumán y Neuquén los porcentajes descendían al 69,4% y 51,1% respectivamente. Una posible interpretación, teniendo en cuenta los resultados del estudio ya citado de 1999, es que hay provincias que son expulsoras de trans y que no son 4

Es importante aclarar que los estudios citados sólo incluyeron a identidades y expresiones de género femeninas, no contemplando a los hombres trans.

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receptoras. El ejemplo de esto paradigmático es Salta ya que en 1999 se detectó que la mayoría de las migrantes trans en CABA eran del Noroeste. Sin embargo pocas trans decidían migrar hacia Salta. Si se comparan los datos estadísticos de las (in)migraciones de travestis hacia la CABA con las de la población en general que reside en la ciudad, el contraste es aún mayor. Según la información relevada por la Encuesta Anual de Hogares realizada en 2014, el 25,8% de la población total de la ciudad proviene del resto del país y el 12,1% son extranjeros (6,8% de países limítrofes, y 5,3% de países no limítrofes). Esto quiere decir que el 62,1% de los residentes de CABA nacieron en la ciudad, no son (in)migrantes. Recordemos que el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (antes citado) de 1999 había indicado que el 62% de las travestis era (in)migrante. La misma cifra pero al revés: el 38% de la población de la ciudad era (in)migrante y, para el subgrupo de las travestis, el porcentaje de las nacidas en la ciudad ascendía solamente al 38%. Más allá de las conjeturas que puedan hacerse, estudios muestran que la (in)migración en la población trans es una alternativa concreta y cercana: la (in)migración atraviesa sus trayectorias familiares, residenciales, educativas y laborales. Otro de los elementos que cruza a esta población es la oferta de sexo como una actividad que permite la supervivencia a edades tempranas. En este sentido, los grandes centros urbanos se convierten en polos de atracción porque existe un mercado sexual y porque es en éstos donde pueden gozar de cierto anonimato que las protege del estigma familiar, barrial o comunitario. Al decir de Delgado Ruiz (1999), el espacio público es aquel en el que el sujeto que se objetiva, que se hace cuerpo, que reclama y obtiene el derecho de presencia (…), se convierte en una nada ambulante e inestable.

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Esa masa corpórea lleva consigo todas sus propiedades, tanto las que proclama como las que oculta, tanto las reales como las simuladas.

Este autor señala que en el espacio público es donde se producen las relaciones de tránsito, los vínculos ocasionales que muchas veces se encuentran en la frontera de no ser relación en absoluto. En el cruce de las personas que ocurre en los grandes centros urbanos se produce una desatención cortés, consiste en mostrarle al otro que se le ha visto y que se está atento a su presencia y, un instante más tarde, distraer la atención para hacerle comprender que no es objeto de una curiosidad o de una intención particular. (Delgado Ruiz, 1999)

Poco se sabe del “otro” en este tipo de relaciones en la vida urbana; se pueden presumir o sospechar cosas a partir de indicios (ropas, actitudes, modismos, etcétera), pero no tendremos casi ninguna certeza del prójimo. Esta imposibilidad de saber sobre el “otro” nos otorga la posibilidad de ser anónimos en la ciudad y esta condición, al decir de Delgado Ruiz, actúa como una capa protectora frente a las miradas estigmatizadoras (Delgado Ruiz, 2008: 352), sobre todo de los círculos afectivamente cercanos. Los sujetos que se saben posibles candidatos a ser discriminados, especial aunque no exclusivamente, utilizan el anonimato como una estrategia para invisibilizar los atributos que la sociedad condena. Delgado Ruiz identifica entre otros grupos a los inmigrantes y se abre un interrogante: ¿puede pensarse que las identidades y las expresiones de género travestis gozan de este anonimato o la mirada del Otro lee estos cuerpos con un anclaje particular que alimenta la estigmatización? ¿De qué tipo de anonimato gozan las travestis en el espacio público de las grandes urbes?

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En palabras de la activista Lohana Berkins, “a diferencia de gays y lesbianas, las travestis no tenemos opción en cuanto a nuestra visibilidad. No podemos elegir no decir a nuestras familias qué somos o queremos ser, no podemos elegir cuándo salir del closet” (Berkins, 2003: 136). El testimonio de Berkins, pone en duda la posibilidad de ser anónimas desde otra perspectiva: es muy dificultoso para una travesti pasar desapercibidas si así lo quisiera. Si bien es cierto que muchos transeúntes marcarán la diferencia a partir de un gesto, una mirada o una acción concreta, pocos/as de ellos/as sabrán sobre la historia personal de la travesti. En todo caso, será una travesti más de la ciudad. En otras palabras, hay marcas corpóreas y comportamientos que pueden ser simulados y otros que no: el cuerpo travesti representa la ruptura de la regla que asocia a tal genitalidad tal género. Esto último imposibilita en la gran mayoría de los casos el total goce de las oportunidades que otorga el anonimato. Como hay ciertos cuerpos y prácticas que delatan y que exponen a la estigmatización, será interesante problematizar en el próximo apartado los discursos emitidos por los/ as vecinos/as de Palermo acerca de la presencia de travestis en las calles del barrio para analizar bajo qué formas y contenidos se construyen fronteras simbólicas en espacios urbanos concretos.

4. Cuerpos extranjeros en tierras nativas La presencia de cuerpos travestis en las calles del barrio de Palermo no pasó desapercibida para los/as vecinos/as. En los discursos de estos últimos primó la necesidad de defender los usos y las prácticas legítimas de un barrio como este. Mayol (1994) entiende al barrio como el lugar de uso habitual y sostiene que

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puede considerarse como la privatización progresiva del espacio público. Es un dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo más íntimo (el espacio privado de la vivienda) y el más desconocido (el conjunto de la ciudad o hasta, por extensión, el mundo) (…). El barrio es el término medio de una dialéctica existencial (en el nivel personal) y social (en el nivel de grupos de usuarios) entre el dentro y el fuera. Y es en la tensión de estos dos términos, un dentro y un fuera que poco a poco se vuelven la prolongación de un dentro, donde se efectúa la apropiación del espacio. El barrio puede señalarse como una prolongación del habitáculo (…) El barrio es la posibilidad ofrecida a cada uno de inscribir en la ciudad una multitud de trayectorias cuyo núcleo permanece en la esfera de lo privado. (Mayol, 1994: 10)

El posicionamiento de Mayol puede ser indicado para problematizar la apropiación de los/as vecinos/as sobre el espacio público contiguo a sus viviendas para entender la forma en la que se organizaron para que la oferta de sexo en la vía pública deje de estar presente en su cotidianeidad. Posiblemente, veían en los cuerpos travestis una amenaza a la extensión de su propiedad privada o, dicho de otro modo, a su avance sobre el espacio público aledaño a sus viviendas. Los testimonios publicados en Clarín y La Nación, los dos diarios con mayor tirada en la Argentina, dieron cuenta de dos grandes dimensiones argumentales que forjaban, por un lado, el proyecto de ciudad que tenían en mente los/as vecinos/as y, por el otro, qué tipo de valores debían fundar el barrio que habitaban, tópicos que trascendían el conflicto puntual de la zona roja pero que funcionaban como narrativas morales que oponían un proyecto virtuoso y auténtico de comunidad a lo otro, al orden desenfrenado que busca corromper el proyecto de los buenos vecinos.5 5

En este artículo se concibe a los medios de comunicación no como plataformas neutras en las que las opiniones de los/as vecinos/as se explayan sino como un actor más que genera sentidos. De todas formas, en otros trabajos

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Tal como propuso Noel (2011) cuando trabajaba el conflicto entre los/as nuevos/as vecinos/as y los/as consolidados/as residentes en la localidad balnearia de Villa Gesell, analizar los discursos publicados en medios gráficos permite ver la génesis y los contenidos de algunos de los repertorios morales a través de los cuales los actores legitiman sus posiciones y sus acciones. Desde esta perspectiva, se comenzará con la primera de las dos dimensiones encontradas: ¿para quién es el barrio? ¿Quién lo merece?

4.1 Argumentos en defensa de la vuelta al barrio perdido Los/as vecinos/as de la zona roja comenzaron a realizar asambleas barriales para debatir cuál era la posición que debían asumir para solucionar lo que percibían como un problema. En estas asambleas se decidió dejar de reclamar castigo a la oferta de sexo en la calle y se comenzó a elaborar un proyecto que, luego, fue presentado en la Legislatura de la CABA en 2000. Este proyecto tenía como propósito promover la reglamentación de la oferta de sexo callejero en determinadas zonas que se encontraran alejadas de sus viviendas. Estos/as vecinos/as habían detectado que la sanción a la oferta de sexo no terminaba con ella sino que habilitaba a la policía a cobrar a las travestis montos de dinero a cambio de no ser arrestadas. El nuevo tipo de acercamiento a los/as representantes electos/as en el marco del proceso de autonomía de la ciudad se vio plasmado en los medios de comunicación. Tal como publicaron Clarín y La Nación, Son padres y madres de familia de distintos barrios, que a lo largo de los últimos dos años participaron de marchas y carpas de protesta para que la Legislatura porteña prohibiera ofrecer sexo en las puertas de sus casas. Ahora piden en los que se analizaron las versiones taquigráficas de los debates públicos también se encontraron discursos de vecinos/as que promovían cierto uso y pertenencia legítimos sobre el espacio público.

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reuniones con el jefe de Gobierno y con todos los bloques de la Legislatura porteña, pero el tiempo los hizo cambiar de opinión: quieren crear por ley una o varias zonas especiales, en las que prostitutas y travestis puedan trabajar libremente, sin tener problemas con la Policía ni alterar la vida cotidiana de los barrios residenciales (Clarín, 23/08/2000). Juan Fernández vive en Borges y Charcas y, en lo que concierne a la oferta de sexo en la vía pública, propuso: “La prostitución tiene que ser como en Holanda, donde hay áreas exclusivas para los que quieran recurrir a ella, o como era antes, cuando los prostíbulos estaban en la calle 25 de Mayo” (La Nación, 04/03/1999).

En estos documentos aparecen repertorios morales que delinean que hay espacios pertinentes para ofertar sexo y otros que no. Nunca se cuestiona que ciertos grupos recurran a la oferta de sexo como estrategia de supervivencia sino que se intentaba promover un tipo de barrio en el cual los padres y las madres de familia pudieran poder vivir su vida cotidiana con comodidad. La sexualidad de la zona roja aparecía como un foco de peligro frente a valores que asociaban el orden con la familia nuclear y la oferta de sexo con lo ajeno, con lo que hay que alejar. De esta forma, los/ as vecinos/as presentaron como estrategia ante los funcionarios públicos la necesidad de administrar la distancia, de llevar la zona roja más allá. El alejamiento de las travestis devolvería al barrio la armonía ya que los clientes dejarían de frecuentarlo, el tránsito se aliviaría y la policía dejaría de tener una entrada de dinero a través de los sobornos. Esto manifestaban los/as vecinos/as en aquellos años: El barrio es un desastre y la prostitución es cotidiana. Mire: si yo fuera mujer no caminaría por la calle, porque no se distinguen de los travestis. En cuanto al castigo, no se va a cumplir –dijo Carlos Izzo–, porque acá nada se cumple. Los verdaderamente castigados son los decentes, quienes pagan impuestos y cumplen con la ley (La Nación, 23/12/1998).

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“Ellos (por la policía) coimean (sobornan) a los travestis y los dejan trabajar”, dijo Irene Lugones, del pasaje Emilio Zola. “Al tema se le dio tanta publicidad en este tiempo que la zona se convirtió en un circuito de miniturismo”, dijo la mujer (La Nación, 23/12/1998). A veces, son los clientes los que alteran el orden público. A eso de las 10 (de la noche), comienzan a llegar los primeros autos, con la música a todo lo que da. La presencia del travesti es un imán, dijo Gonçalves (La Nación, 11/05/2002). Otros recibieron la medida con gratitud, como Lidia Leiva, que reclama mayor seguridad en el barrio de Palermo Viejo. “No es posible que la policía no pueda hacer nada hasta que no te hieran o te maten. Acá hay drogadictos, ladrones, y no sólo prostitutas. Parece que los derechos son para los bandidos y no para la gente bien”, se quejó (La Nación, 04/ 03/1999). “Nosotros no estamos en contra de los travestis por ser travestis, sino por lo que causan en el barrio”, dijo Durañona y Vedia. “Vienen patotas –agregó– y grupos de jóvenes alcoholizados a pelearlos. Los travestis hacen exhibiciones inmorales”, sentenció (La Nación, 13/10/2001).

Estos fragmentos dan cuenta de narrativas morales acerca de una zona de Palermo, un barrio que había cambiado el uso de su espacio público, que se había visto alterado. En los testimonios aparecen dos ciudades: por un lado, aquella habitada por la gente decente, los/as legales, los padres y las madres de familia que pagan sus impuestos y, por el otro, aquella ciudad plagada de grupos asociados a los malos hábitos que se benefician de la laxitud y la corrupción inherente a las instituciones responsables de aplicar los castigos correspondientes, los forasteros que amenazan los valores asociados al orden y las buenas costumbres propios de los/as vecinos/as domiciliados/as. A partir de ciertas categorías que desarrolla Elias cuando analiza la presencia de los forasteros (los nuevos habitantes) en ciertos pueblos de Estados Unidos, puede pensarse que la llegada de las travestis que ofertaban sexo en la vía pública representaba la anomia y reforzaba la identidad de grupo de los/as vecinos/

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as establecidos/as. La existencia de la zona roja de Palermo provocó que estos/as vecinos/as se organizaran y unificaran discursos frente a lo que aparecía como una infección anómica, en términos de este autor (Elias, 2003: 227). La presencia de los forasteros fue funcional para que los/as establecidos/as hicieran un frente común. En palabras de Elias, “la exclusión y la estigmatización de los forasteros por parte del grupo establecido fueron poderosos instrumentos utilizados por este último para preservar su identidad, afirmar su superioridad y mantener a los demás en el lugar que les correspondía” (2003: 223). La administración de la distancia con respecto a las travestis, su alejamiento espacial, implicaba poder conservar un modo de vida, las normas compartidas por el vecindario. Con las travestis y los visitantes alejados no habría grupos foráneos que contaminaran de anomia y suciedad al barrio. ¿Qué se dijo de los cuerpos e identidades travestis?

4.2 Argumentos en torno a los cuerpos travestis en Palermo En el barrio de Palermo, a diferencia de las otras zonas rojas de la ciudad, la oferta de sexo callejera era exclusivamente de travestis. Y esta característica le dio matices particulares al conflicto. Los cuerpos y las identidades travestis aparecieron en los testimonios de los/as vecinos/as, una y otra vez, como fuentes de mayor irritación. Los cuerpos travestis semidesnudos despertaban incomodidades para unos y gustaban al mismo tiempo a otros. Quienes buscaban servicios sexuales de travestis eran asociados a lo ilegítimo y a lo clandestino, lo que reforzaba los reclamos de los/as vecinos/as que apuntaban a la recuperación de la norma perdida. Los/as vecinos/as devinieron en policías de lo que circundaba a sus viviendas y los cuerpos travestis representaron una irrupción al orden legítimo: eran rechazados y un imán a la vez.

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Estos cuerpos pusieron en jaque la división binaria del sistema sexo-género. Exponían a los/as transeúntes y vecinos/as a poner en duda los esquemas aprehendidos para clasificar a las personas. Obligó a los padres y a las madres a hablar de sexualidad a sus hijos/as, a desnaturalizar que a tal genitalidad correspondía tal tipo de aspectos físicos y comportamientos. Farji Neer sostiene que hay sujetos inteligibles al esquema binario de género y, siguiendo a Judith Butler, define como “género inteligible a aquellos que en algún sentido instituyen y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo” (Farji Neer, 2013: 26). Los testimonios de los/as vecinos/as publicados en los medios gráficos fueron claros: mostraron a adultos/as que no sabían cómo estar cerca de lo que desconocían, de lo inclasificable, de lo ininteligible pero que por las dudas rechazaban. “Tiene que haber algún tipo de control porque el travestismo es una aberración. Yo salgo a correr por la zona y me gritan de todo. Además, no sé cómo explicarles a mis hijas que un hombre puede llegar a parecerse a una mujer” –sentenció Alberto Torielli Pérsico, de Aráoz y Paraguay (…) (La Nación, 04/03/1999). “¿Qué les digo a mis hijos cuando me preguntan si eso –un travesti– es un hombre o una mujer?”, se preguntó Paula Ortega, madre de dos niños de 2 y 5 años (La Nación, 11/ 05/2000). “Los travestis ni siquiera tendrían que estar en la calle”, dijo, indignado, Daniel Cancelo (La Nación, 11/05/2000).

Y cómo se explicaba que los cuerpos travestis, no ajustados a la norma social, despertaran curiosidad era otro de los puntos que los/as vecinos/as no se podían responder. Estos cuerpos travestis actuaban como imanes. “Las amas de casa del barrio dicen que son perseguidas por hombres que las confunden con prostitutas. Es una situación muy compleja. Están parados semidesnudos en las esquinas y uno pasa con sus hijos y no sabe qué decirles. Además

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provocan disturbios, después de las nueve de la noche se empiezan a formar caravanas de autos y es un lío”, dijo Eugenio Ramírez, presidente de la Sociedad de Fomento de Palermo Viejo (Clarín, 15/03/1998). Pero no siempre quieren contratar los servicios de los travestis. La gente no viene a comprar el producto, sino a ver lo que pasa. Vienen en grupos de más de tres personas y, generalmente, están borrachas, afirmó Juan Pablo Gonçalves, otro vecino de la zona (La Nación, 11/05/2002).

Si bien los medios gráficos publicaron testimonios de vecinos/as de Palermo que se sentían perjudicados por la oferta de sexo en el espacio público, también el debate sobre la derogación de los edictos ´policiales y la creación del Código de Convivencia motivó la conformación de organizaciones vecinales que se autoproclamaban representantes del vecindario. Según Berkins (2003: 137), estas asociaciones representaron “un grupo social muy activo, que expresaba la queja acerca de que su barrio (Palermo) se había transformado en una virtual Zona Roja, y pedía más represión policial y normas más duras para erradicar a las travestis”. Para Raffo (2006), lo que estaba en disputa en el conflicto en torno a la oferta de sexo en las calles de Palermo entre los/as vecinos/as y las travestis era la definición de cuáles eran las formas de sexualidad admisibles para la sociedad. En palabras de la autora, las reacciones de los vecinos del barrio de Palermo Viejo frente a la nueva reglamentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron nítidamente perceptibles y visibles las dificultades para afrontar la cuestión de la diferencia y de los derechos. En relación con las reacciones de los vecinos y el grado de conflictividad que el reconocimiento de los derechos de las minorías supuso, podría lanzarse una hipótesis: lo que se jugó en definitiva fue la negociación del uso del espacio público (la práctica de la prostitución en sí) y, sobretodo, la visibilidad de esa diferencia tan perturbadora y de esas elecciones sexuales no convencionales. (Raffo, 2006: 20)

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Es importante dar cuenta que las mujeres nacidas con vagina que también ofertaban sexo en el espacio público en otras zonas de la ciudad no fueron incluidas ni interpeladas por los discursos de los/as vecinos/as. Esto indicó que no todos los cuerpos gozaban de la misma admisibilidad y que los cuerpos travestis representaron un desafío al binarismo hombre/mujer, una amenaza a la correspondencia directa entre la genitalidad y la identidad y la expresión de género. La presión de los/as vecinos/as de Palermo fue tan intensa que la clase política elegida por el voto popular decidió modificar el nuevo Código de Convivencia y penar nuevamente la oferta de sexo en la calle. Años más tarde, en 2005, una normativa reglamentó la actividad y permitió que pudiera desarrollarse en el espacio público sólo si se realizaba a más de doscientos metros de una vivienda, un centro educativo o un templo religioso. La única área de oferta de sexo que se vio modificada a partir de esta reglamentación fue la de Palermo.

5. Conclusiones La condición de extranjero suele ser asociada a la inmigración. Como se mencionó, las (in)migraciones son una constante en las trayectorias de vida de las travestis que vivían en la CABA, debido a la expulsión de sus núcleos familiares, por la falta de oportunidades de trabajo en sus lugares de origen o por asumir una identidad y una expresión de género que desafiaba el orden social de las comunidades de las que eran oriundas. Sin embargo, los discursos de los/as vecinos/as que fueron publicados no apelaron a esta condición de extranjería para proponer el alejamiento de las travestis. Entonces, ¿bajo qué nuevas formas debe pensarse la extranjería en los grandes centros urbanos atravesados por el anonimato?

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Los discursos de rechazo de los/as vecinos/as apelaron a la defensa de la moral y a las buenas costumbres de los/as establecidos/as ancladas en el cumplimiento de los valores representados por la familia nuclear moderna, en los límites admisibles de las prácticas y las identidades sexuales y en la definición de los usos (i)legítimos de un territorio determinado. Tal como se trabajó desde la antropología urbana, la construcción de otredades en las ciudades permite pensar que los discursos y las prácticas presentes en torno a las sexualidades también producen el espacio urbano. En este sentido, la construcción de un Otro al que hay que castigar, alejar y controlar es, a su vez, la delimitación y legitimación de un Nosotros. Como sostiene Bartolomé (2006), la frontera (que se traza con un “otro”) nos ofrece la posibilidad de una singularidad en la cual afirmarnos, un recurso para el ser de cada colectividad humana que se percibe como distinta. (…) Muchas veces, las diferencias se utilizan para construir estereotipos caricaturescos sobre “los otros” (…) o también les adjudicamos (a ese “otro”) nuestras propias fantasías (Bartolomé, 2006: 7).

Grimson también nos permite pensar las fronteras simbólicas que se tejen en las ciudades. Este autor sostiene que es necesario estudiar los límites de las identidades y, sobre todo, los “dispositivos a través de los cuales se construyen esas diferencias, articulándolas en la mayor parte de los casos con formas de desigualdad” (Grimson, 2005: 127). En estas desigualdades se siguen (re)produciendo las nociones de un Otro que, en este caso, se encontró encarnado en los cuerpos y en las identidades travestis. En el caso de la zona roja de Palermo, la caracterización de la construcción de un Otro apeló a una condición de extranjería pero no por la condición de nacionalidad sino por la ajenidad que estos cuerpos e identidades representaban por su clase social, sus prácticas y por una identidad y expresión de género inclasificable en un país en donde a mediados de la década de

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1990 todavía no habían existido fuertes debates en torno a la extensión de los derechos sexuales para la población de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Este capítulo es una invitación a problematizar cómo la sexualidad, el cuerpo y la identidad y expresión de género también son variables a través de las cuales los diferentes actores construyen el espacio urbano. De esta forma, éstos edifican y fortalecen diferencias socioeconómicas, otredades, fronteras, muros físicos y simbólicos para administrar las distancias con respecto a lo que se concibe como una amenaza a lo propio. El extranjero, el otro, el forastero, el indecente, el ilegal, el intruso, entre otras figuras posibles, se encarnan en un mismo grupo: el de la vereda de enfrente, el que reconfirma la propia legitimidad.

6. Bibliografía citada Adjuntía en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) (1999). Informe preliminar sobre la situación de las travestis en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Mimeo. Berkins, Lohana (2007). Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe Nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros. Buenos Aires: A.L.I.T.T. Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual. — (2003). “Un itinerario político del travestismo”. En Maffía (comp.) Sexualidad migrantes. Género y Transgénero. Buenos Aires: Feminaria Editora, pp. 127-137. Bartolomé, Miguel (2006). “Discontinuidades en América Latina”. Revista Todavía, 5. Delgado Ruiz, M. (1999). “Anonimato y ciudadanía”. Revista Mugak, 20, tercer trimestre.

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Elias, Norbert (2003). “Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros”. Revista REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 104, pp. 219-251. Farji Neer, Anahi (2013). Fronteras discursivas: travestismo, transexualidad y transgeneridad en los discursos del Estado argentino, desde los Edictos Policiales hasta la Ley de Identidad de Género. Maestría en Investigación de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Grimson, Alejandro (2005). Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur. Buenos Aires: CLACSO. Mayol, Pierre (1994). “El barrio”. En De Certrau, Michel, GIARD, Luce y MAYOL, Pierre (comp.). La invención de lo cotidiano, T. 2. Habitar, cocinar. Universidad Iberoamericana, México. Noel, Gabriel David (2011). “Guardianes del paraíso. Génesis y genealogía de una identidad colectiva en Mar de las Pampas, Provincia de Buenos Aires”. Revista del Museo de Antropología, 4, pp. 211-226. Raffo, María Laura (2006). Ciudadanías en construcción. Un estudio sobre organizaciones de travestis en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: CLASPO- Argentina.

Fuentes consultadas Encuesta Anual de Hogares de 2014. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Sobre la productividad social de un conflicto urbano Disputas en torno a la apropiación de la Canchita de los Bomberos (Mar del Plata, 2012-2015)1 MARÍA LAURA CANESTRARO2

Durante 2012 se crea el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar3 que constituye una novedosa política de acceso al suelo y a la vivienda para sectores medios que hasta entonces habían quedado por fuera de las operatorias masivas de los últimos años. Atendiendo a la doble demanda de necesidad de vivienda y de impulso del sector de la construcción, se proyecta la gestión de 400.000 créditos hipotecarios a nivel nacional para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para la adquisición de viviendas en el marco de desarrollos urbanísticos. Posteriormente, se añade la compra de viviendas a estrenar, y la compra de terreno y construcción.

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De acuerdo con los datos disponibles, el análisis se centra en el período 2012-2015. A partir del 10 de diciembre de 2015, con la asunción del nuevo gobierno nacional se modificaron áreas de gestión –y por ende, funcionarios a cargo– y recientemente se han anunciado diversas modificaciones en los objetivos y en la implementación del programa. [email protected] En adelante, Pro.Cre.Ar.

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Hacia fines de septiembre de ese mismo año, el Municipio de General Pueyrredón4 anuncia las tierras disponibles para comprometer en su implementación bajo la modalidad “desarrollo urbanístico”, entre las que figura el predio conocido como “Canchita de los Bomberos” en el barrio Parque Luro de la ciudad de Mar del Plata, donde se prevé la construcción de departamentos monoambientes y dúplex, en terrenos aportados por el Estado nacional. Frente a ello, rápidamente se conforma un grupo de vecinos autoconvocados en defensa de la utilización de dicho predio como espacio verde, que lleva adelante una diversidad de estrategias –incluida la presentación de un recurso de amparo ante la justicia– en vistas a manifestarse en contra de la decisión del municipio y evitar la construcción de viviendas en el lugar. Progresivamente, el conflicto suscita la aparición en escena de otros actores que también juegan un papel central en la producción de la ciudad y pugnan por legitimar sus posiciones (asociación vecinal de fomento, colegios profesionales, etc.). Aquí nos proponemos, siguiendo el abordaje de Melé (2003; 2006), reflexionar acerca de los efectos sociales que el conflicto produce en tres dimensiones: la territorialización, que refiere a las formas de apropiación simbólica del espacio que suelen reforzarse o modificarse en el proceso; la irrupción del conflicto en el espacio público, que remite a las formas de deliberación pública en que el conflicto es procesado; y la actualización local del derecho, que alude a la juridificación del conflicto y, con ello, a las resignificaciones y transformaciones que se producen una vez que ingresa al mundo del derecho (Azuela y Mussetta, 2009; Azuela y Cosacov, 2013). En este marco, nos preguntamos: ¿qué representaciones simbólicas y qué imaginarios urbanos emergen en el conflicto? ¿Trascienden el territorio e irrumpen en la esfera pública o más bien se acotan a aquél? ¿De qué forma ingresa 4

En adelante, MGP. Su cabecera es la ciudad de Mar del Plata.

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del conflicto al mundo jurídico? ¿Se mantienen los objetivos en el corto plazo o se modifican? ¿Es posible identificar estrategias por parte del Estado en función de sus diferentes dispositivos institucionales y jurisdicciones? ¿Son coincidentes o contrapuestas? ¿Cómo se vincula este proceso a la dinámica y a la estructura urbana de la ciudad? En definitiva, ¿qué efectos sociales produce el conflicto? Con el propósito de reflexionar sobre estas cuestiones, realizamos entrevistas en profundidad a vecinos autoconvocados, recopilamos documental producido por estos actores y participamos de las charlas informativas que realizaron para dar a conocer la problemática. Asimismo, relevamos normativa y sistematizamos información periodística, boletines vecinales y publicaciones realizadas en redes sociales; también realizamos un registro fotográfico. A continuación describimos el origen y el desarrollo del conflicto para luego poner el foco en cada una de las dimensiones implicadas en su productividad social. Finalmente, vinculamos los efectos sociales que produce en la dinámica y estructura urbana de la ciudad.

Del solárium al Pro.Cre.Ar: usos y destinos de la Canchita de los Bomberos En su origen, las tierras que se hallan en disputa por su posible destino para la implementación del Pro.Cre.Ar pertenecen a María Luro de Elissathe Chevalier –hija de Pedro Luro, uno de los principales propietarios del Partido de General Pueyrredón–; posteriormente se delimitó sobre ellas el barrio que alude a su figura: Parque Luro. Ya hacia inicios de 1900, varias hectáreas de la zona pasan a ser propiedad de la familia Unzué que destina el predio a la construcción de un solárium para el tratamiento de la tuberculosis en niños.

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En 1947 se crea la Sociedad de Vecinos Zona Parque Luro, y así se comienza a canalizar una variedad de reclamos orientados a urbanizar la zona. Dos años más tarde, en 1949, se reconoce oficialmente la Sociedad de Fomento Parque Luro.5 Ese mismo año, se emplaza en el barrio el Destacamento del Cuerpo de Bomberos, aledaño al terreno que actualmente se halla en disputa, cuya denominación deviene de aquel hecho histórico ya que era el lugar utilizado para actividades recreativas de los bomberos. Según relata el informe técnico realizado por profesionales a pedido del grupo de vecinos autoconvocados, ya por 1951 “surgió la necesidad de una plaza pública”.6 No es casual la mención de este dato, pues la apelación a esta demanda se erige como un hito en el argumento construido por estos vecinos, desde una doble dimensión: como espacio público y como espacio verde. A partir de ello se hilvanará un imaginario dominante sobre el conflicto y, así, su ingreso al mundo del derecho. Hacia 1950 se disuelve la Sociedad de Beneficencia, que había sido destinataria de la donación de la familia Unzué, y se transfieren sus bienes al patrimonio del Estado nacional. Una década más tarde, hacia 1960, con la erradicación de la enfermedad que había motivado su construcción, el solárium queda abandonado y sus autoridades no le otorgan destino al predio. Fue a partir de inicios de la década de 1980 que, con la demolición de la histórica institución, se suscitaron diversas disputas en torno a los usos y destinos del predio. Desde entonces, permanece sin destino certero.

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Ordenanza 506. Nos referimos al informe “Impacto por el cambio de uso del predio “Canchita de los Bomberos”, coordinado por Arq. Norma Fernández Bravo, Arq. Ariel Ondartz y Lic. Paula Rivera. El mismo consta de cuatro partes: I) Impacto Histórico-Ambiental, II) Impacto Urbano-Arquitectónico, III) Impacto sobre la infraestructura de servicios públicos y IV) Impacto demográfico, habitacional y educativo; y es presentado públicamente en el mes de abril de 2013.

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En 1985, se reservan algunas parcelas para la construcción de un Centro de Convenciones y Congresos Nacionales e Internacionales con Sala de Conciertos y Hotel de 5 estrellas, para lo cual se modifica su uso residencial de baja densidad y se afecta como Distrito de Urbanización Futura.7 En 1990, a través de la ordenanza 7896 se declara de interés municipal “las fracciones no construidas de propiedad de los gobiernos nacional y provincial, y de sus empresas y organizaciones descentralizadas, ubicadas en el Partido de Gral. Pueyrredón”. Y se agrega que, en aquellos casos en que no esté contemplada la cesión gratuita al municipio, este solicitará un tratamiento prioritario para constituirse como comprador preferencial. Si bien esta normativa alude con vaguedad a una diversidad de inmuebles, en 1991 se señala explícitamente el interés del municipio por gestionar la cesión de las fracciones fiscales del predio en cuestión, hasta el momento bajo la jurisdicción del Estado Nacional. En 1996, hay un intento de instalación de un Parque de Diversiones “Park American”; sin embargo, el Ejecutivo municipal deniega el permiso de uso del suelo.8 Dicha medida se toma en función de que los usos solicitados difieren de aquellos a los que está afectado el predio; de que esos usos, “en cuanto a concurrencia de público, nivel de ruido y concentración vehicular se muestran incompatibles con el carácter residencial del área circundante al predio propuesto”; de que se tuvo en cuenta la proporción de vecinos opuestos a la instalación; entre otros. Para 1997, a través de la ordenanza 11.150,9 se establece la normativa urbanística relativa al destino como “Centro Cultural de Convenciones y Hotel Cinco Estrellas”, se desafecta parcialmente el distrito de Urbanización Futura y se ordena la apertura de tramos cedidos y no abiertos al

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Ordenanza 6331. Decreto 0063 Abroga la ordenanza 6331.

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público, y la donación al uso público (calle), y así se define el ensanche de diversos tramos. Asimismo, se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación dos de las parcelas del predio para ser afectadas a espacio verde y libre de uso público. En 1998, mediante la ordenanza 11.738, se convalida un convenio por el cual el Estado nacional designa a la municipalidad como “depositaria en custodia del inmueble propiedad de aquel (…) hasta tanto el Estado Nacional determine el destino final del predio en el marco de lo dispuesto en las normas que rigen la materia”; así se reserva el derecho de revocar el convenio y, si así fuera, a exigir la restitución inmediata de inmuebles. Los años subsiguientes se suceden una serie de denuncias alrededor de diversas actividades que se desarrollan en la Canchita de los Bomberos: desde la instalación de un circo durante la temporada estival, pasando por el funcionamiento de un camping clandestino e incluso la ocupación en forma esporádica o permanente. Posteriormente, en 2009, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado transfiere parte del predio al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la construcción del Museo de Arte Contemporáneo. Un año después, en marzo de 2010, se aprueba el marco urbanístico para un “Plan Particularizado de Desarrollo” del sector, que alcanza tanto la construcción del museo como a la del Distrito descentralizado Norte y la posibilidad de afectación de parte de la zona para vivienda multifamiliar u hotel de categoría no inferior a tres estrellas.10 Días antes de la resolución, algunos vecinos manifiestan su malestar por los rumores al respecto y reclaman la existencia de un espacio verde en el lugar. “Esa ordenanza contempla el museo, una sede para la descentralización de la Municipalidad, la cual es muy importante, pero también indica que podría haber un hotel cinco estrellas y edificios, nada tiene que ver 10

Ordenanza 19.640. El plan queda sujeto a la convalidación por parte del Poder Ejecutivo Provincial.

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con nuestra intención y con los que nos habían dicho. Nos oponemos rotundamente a todo esto”, declara por entonces Cristina Rojo, presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Parque Luro a un medio local. Haciendo hincapié en las dificultades que ese proyecto acarrearía en términos de infraestructura, agrega que “la lucha por la plaza sigue”.11 Finalmente, se construye el museo y hacia fines de 2013 queda inaugurado. También continúan desarrollándose iniciativas privadas en la zona –en general, edificios sobre la costanera–. En paralelo, se desestima la concreción del Distrito Norte y se prevé una localización alternativa. Pero, sin duda, las principales disputas se vinculan con el proyecto urbanístico de construcción de viviendas en el lugar, enmarcadas en el Pro.Cre.Ar.

El proyecto urbanístico El Pro.Cre.Ar se crea en junio de 2012 con el objetivo de “facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social”.12 En septiembre se anuncian las tierras disponibles que pueden quedar comprometidas bajo la modalidad “desarrollo urbanístico”; entre ellas está el predio conocido como “Canchita de los Bomberos”, donde se prevé construir apartamentos monoambientes y dúplex, en terrenos aportados por el Estado nacional. Días después del anuncio, un grupo de vecinos se autoconvoca en defensa de la utilización del predio como espacio público y contra la construcción de viviendas, atendiendo además al impacto demográfico que podría ocasionar en el crecimiento poblacional de la zona. En este contexto, 11

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“Vecinos se oponen al negocio inmobiliario que se escondería detrás del Museo de Arte Contemporáneo”, Portal de Noticias 0223.com.ar; 17/02/ 2010. Decreto Nacional 902.

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se reúnen vecinos con autoridades del MGP, la Administración Nacional de Seguridad Social,13 el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario, con el fin de conocer el proyecto y de intentar alcanzar algún consenso respecto de él. Desde el MGP se reitera la intención de conservar los espacios verdes y se prevé que, del total de la superficie, quede un 70% de plaza pública y un 30% de viviendas.14 Se hace referencia a la sanción de normativa adecuada con modificaciones que “buscan reducir sus usos, garantizar el predominio del espacio público verde –el cual es de un 60% de la superficie– y asegurar que los emprendimientos que se pudieran hacer en el futuro no impactaran en la morfología del sector”, sostiene Marcelo Fernández, director de Asuntos de la Comunidad.15 Mientras tanto profesionales de los Colegios de Arquitectos y de Martilleros muestran ciertos reparos con la propuesta, recogiendo parcialmente los argumentos de los vecinos autoconvocados, quienes además recurren a los servicios de un abogado para una posible demanda judicial pues cuestionan la legalidad del proceso. El letrado José Esaín, especialista en derecho ambiental, considera que la selección de ese predio “está viciada” ya que “no se cumplió con lo establecido por la ley provincial que exige la realización de una evaluación de impacto ambiental (…) El error es que no han evaluado los impactos y tampoco tuvieron en cuenta el valor ambiental urbanístico que tiene el predio”.16

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En adelante, ANSES. Es uno de los principales organismos que participa del financiamiento del Programa, junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a otros inversores privados. Asimismo, funcionarios de ANSES explican que se está desarrollando el estudio en cumplimiento de Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 11.723) que exige la presentación de Evaluación de Impacto Ambiental, que será cumplimentado con otros que realizarán las empresas a la hora de presentar la propuesta. Portal de Noticias 0223.com.ar, 28/09/12, en alusión a la ordenanza 19.640. Portal de Noticias 0223.com.ar, 27/10/12.

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Tal decisión intenta desmotivar la oposición de los vecinos, que desde la MGP se considera mayoritariamente centrada en la “necesidad” de mantener un espacio verde. “Ahora van a tener un espacio verde. Ya no pueden decir nada, salvo que reconozcan que no quieren esas casas ahí”, manifiesta un referente municipal en un portal de noticias.17 Conjuntamente, el Concejo Deliberante respalda en su mayoría la decisión del Ejecutivo respecto de la construcción de parques públicos; los matices derivan de la reserva de superficie disponible o no para el Pro.Cre.Ar. Casi en simultáneo, el titular de ANSES anuncia la construcción de 250 viviendas en la Canchita de los Bomberos.18 Sin embargo, a pesar de las modificaciones que se le hacen al proyecto original en vistas a recoger parcialmente el pedido de los vecinos, estos intiman al municipio para que realice una evaluación de impacto ambiental en el predio y que, hasta tanto ello se produzca, se detengan las obras.19 Los plazos se vencen y el MGP no da respuesta a la solicitud. Consecuentemente, en el mes de marzo de 2013 los vecinos, a través de la Asociación Vecinal de Fomento Parque Luro, presentan un recurso de amparo en el Juzgado Correccional N.° 4. En los días subsiguientes, continúan las denuncias sobre los supuestos incumplimientos del municipio. Y ante la llegada de operarios de la empresa constructora –COARCO– que intentan colocar postes para alambrar la manzana junto a personal de seguridad, los vecinos se instalan

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Portal de Noticias 0223.com.ar; 14/03/13. El monto total de la inversión se estima en de $183.965.354, con un plazo de 13 meses. Así, queda expresado en el cartel de obra colocado en el predio, que es pintado –para tapar la información– apenas horas después. La presentación gira en torno a tres ejes: 1) la solicitud de información ambiental en tanto la construcción de viviendas en el lugar debe necesariamente poseer licenciamiento ambiental, 2) que en caso de no poseer la información requerida se notifique al Banco Hipotecario y al Fondo Fiduciario PROCREAR y ordene la suspensión de trámites administrativos; 3) que se acceda a los expedientes de evaluación de impacto ambiental y se convoque a una consulta o audiencia pública.

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en la plaza a las 5 de la mañana exigiendo a aquellos una autorización judicial para hacerlo. Un día después de estos hechos, y a un mes de la presentación judicial, el 25 de abril de 2013, la Dra. Camadro, titular del Juzgado Correccional N.º 4, dicta una medida cautelar a favor de los vecinos y ordena a la MGP la suspensión de las obras hasta completar el informe de impacto ambiental. Seguidamente se anuncia la presentación de ese informe20 y se da continuidad al estudio preliminar elaborado en octubre de 2012. A raíz de ello, el secretario de Obras y Planeamiento de la MGP, José Luis Castorina, expresa que el municipio se encuentra respondiendo a la causa, que cuenta tanto con la declaración de impacto ambiental extendida por la Dirección de Gestión Ambiental como con los planos aprobados. Por tanto, si bien no comenzarán las obras hasta que la justicia no resuelva de manera firme, no se descarta la construcción en la Canchita, aunque se han comenzado a evaluar terrenos alternativos para avanzar con las obras del Pro.Cre.Ar. Sin embargo, en el mes de agosto, el juez subrogante Leonardo Celsi –a cargo del Juzgado Correccional N.º 4– resuelve reafirmar la medida cautelar y rechazar la presentación de la MGP. En resumen, la sentencia presenta tres disposiciones: “1. Hacer lugar a la acción de amparo, 2. Invalidar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 3. Imponer costas a la Municipalidad de General Pueyrredón”.21 Finalmente, a pesar de la apelación de la MGP a la sentencia en primera instancia, el 24 de octubre de 2013 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo resuelve fallar en segunda instancia a favor de la petición de los vecinos y así queda la sentencia firme.

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Realizado por Trecc S.A. amarlaplaza, Revista Mensual de Vecinos “Canchita de los Bomberos”, Año 1, número 09. Septiembre de 2013.

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A fines de 2014, se presentó en el HCD un proyecto para destinar los terrenos de la denominada “Colonia Alfonsina Storni”, en el barrio Constitución, para poder viabilizar el desarrollo urbanístico. Sin embargo, los vecinos del sector también manifestaron su oposición tanto en función del supuesto impacto ambiental negativo que tendría la construcción de viviendas en el lugar como del cumplimiento del destino para el cual las tierras fueron donadas.

Imaginarios en disputa: territorialización e irrupción en el espacio público El proceso descripto remite inexorablemente a un cúmulo de acciones que guían las prácticas de los principales actores involucrados en la disputa. Es decir, son emergentes de una diversidad de representaciones e imaginarios urbanos, de puntos de vista (Bourdieu, 2002), que subyacen al conflicto alrededor de la construcción de viviendas en el predio de la Canchita de los Bomberos: sea a favor, en contra e, incluso, en tensión. Siguiendo a Baeza (citado en Hiernaux, 2008: 18), los imaginarios sociales son una variedad de construcciones mentales de significancia práctica del mundo que se comparten socialmente y otorgan sentido a la existencia. En particular, los imaginarios urbanos, al decir de Hiernaux, “son fruto de la capacidad humana para representarse la ciudad a partir de imágenes que se presentan de ella al individuo y la sociedad y transformar esa representación en un imaginario actante, es decir, actos guiados por la imaginación” (2008: 18). Es a partir de la sistematización de la información relevada que podemos definir ciertas categorías de análisis en las que se plasman imaginarios actantes; en definitiva, diversas representaciones del espacio que se hallan en disputa y que tienen incidencia en las prácticas de los indi-

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viduos. Tales formas de apropiación simbólica se refuerzan o se modifican en función del conflicto y así delimitan el proceso de territorialización (Mele, 2003). Ellas son la concepción del espacio público, la apelación al pasado o el mito de origen, la alusión a lo político y las tensiones entorno a la valorización del espacio.

La concepción del espacio público La alusión al espacio público se convierte en el eje nodal del conflicto. Desde los vecinos autoconvocados, asume una diversidad de acepciones. En general, como sinónimo de “nuestro espacio verde”, “de uso comunitario”, como un bien colectivo que merece ser defendido apoyándose en argumentos legales. Incluso, sostienen que históricamente han sido los únicos que lo han mantenido como tal: “con los primeros reclamos de la plaza llegamos hasta el día de hoy con los vecinos defendiendo el predio y, en ese sentido, no debemos perder de vista que tampoco los vecinos pueden cumplir el rol que tiene que cumplir el Estado”. Así, se autoadjudican la actuación frente a los déficits del municipio, entendiendo que la propuesta de mantener la plaza “tendría que haberse originado desde el Estado”.22 Este argumento es cuestionado por los vecinos del barrio que se manifiestan a favor de la construcción de las viviendas que consideran que, siendo precisamente el Estado el propietario de las tierras, puede darle a ellas el destino que considere más conveniente. La presunción comunitaria señalada se pone en tensión al momento en que trasciende el espacio barrial y se lo define como un espacio de la ciudad. Así, refieren a que “no solamente hay que tomar la cuestión de la Canchita de los Bomberos como una cuestión de índole barrial sino que hay que tomarlo como una cuestión ciudadana, o sea,

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Palabras de Arq. Ondartz, coautor del informe “Impacto…”. Charla de presentación, 29/04/13.

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una cuestión de los marplatenses”.23 Tanto desde lo técnico, por estar situada en un espacio lineal dentro de la franja costera, como desde lo simbólico, para ser usado y disfrutado por todos los marplatenses e, incluso, turistas. “Desde Plaza España hasta Camet no hay un solo espacio público y ahora lo estaríamos perdiendo (…) se está cambiando un extremo de la cuerda por otro extremo: este espacio verde y de todos se convertiría en uno completamente cementado y privatizado”,24 dice el abogado patrocinante de los autoconvocados. En relación con las críticas que reciben ciertos argumentos considerados estigmatizantes respecto de los posibles destinatarios de las viviendas, los vecinos autoconvocados consideran que su oposición no es al programa en sí mismo sino a su emplazamiento: “es en un sentido positivo que hay que hablar no en detrimento del Pro.Cre.Ar sino a favor del espacio verde para todos los marplatenses y para la ciudad de Mar del Plata”.25 En esa línea, sugieren que el destino debiera garantizar “igualdad”, a pesar de que sus prácticas lo ponen en tensión: “No es una cosa u otra. Es la playa, la plaza, las viviendas y el trabajo, pero cada cosa en su lugar (…) queremos dejar en claro una vez más que el espacio público que se defiende es aquel que tiende fundamentalmente a la mezcla social, el que de su uso permite un derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe garantizar en términos de igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad”.26 Destacan la importancia del acceso a la vivienda pero también cierta calidad de vida; por ello, mencionan la existencia de lugares alternativos para llevar adelante el progra23 24 25 26

Palabras de Arq. Fernández Bravo, coautora del informe “Impacto…”. Charla de presentación, 29/04/13. Portal de Noticias 0223.com.ar, 26/03/13. Palabras de Arq. Fernández Bravo, coautora del informe “Impacto…”. Charla de presentación, 29/04/13. Diario El Atlántico, 22/10/12.

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ma habitacional. E incluso llegan a proponer que “entre los baldíos y las casas en venta del barrio se podría satisfacer la demanda de 220 viviendas (y aún más) y al mismo tiempo conservar la plaza y la fisonomía del barrio”.27 Reforzando ese discurso, uno de sus asesores profesionales sostiene que la vivienda colectiva ya ha fracasado, que hay muchas áreas sobredensificadas y desvalorizadas.

La apelación al pasado o el mito de origen Los vecinos autoconvocados aluden recurrentemente a la donación del inmueble que realizara la familia Unzué con un fin específico, benéfico. Es ese argumento, ligado al “origen” del predio, es el que otorga legitimidad al reclamo. De él se desprenden otros que remiten de diversas formas a aquel y que ponen en jaque el papel desempeñado por el Estado en el cumplimiento de la finalidad, que consideran se ha apropiado de las tierras y es necesario “hacer entrar en razón”. Entre ellos, destacan que la disputa por la plaza se remite a la década de 1950 –“sobre este terreno los vecinos siempre se manifestaron. No es que esto es algo nuevo”–,28 cuando se presentó un proyecto de parquización de la zona, que con posterioridad fue archivado. Uno y otro argumento –la finalidad originaria y el reclamo por el espacio público– aparecen unificados de manera recurrente: “Que se respete el espacio verde que desde hace más de 80 años disfrutan todos los vecinos”.29 Sin embargo, el propio intendente pone en duda la canalización de esta demanda a través de la vía institucional: “Si bien nunca existió un proyecto de una plaza para ese lugar –porque nunca hubo una iniciativa de algún legislador o de algún particular en tal sentido, aclaró– sí advertimos que se despertó una inquietud reciente entre los 27 28 29

Solicitada “Intendente Pulti conserve la Canchita de los Bomberos como espacio público de escala urbana” (disponible en Change.org). Entrevista a vecinos autoconvocados, 13/04/13. Diario El Atlántico, 15/10/12.

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vecinos que queremos recoger y considerar”.30 En relación con la concreción del proyecto de plaza frente al Museo de Arte Contemporáneo, un portal de noticias local publica que una alta fuente municipal expresó que “Ahora van a tener un espacio verde. Ya no pueden decir nada, salvo que reconozcan que no quieren esas casas ahí”.31 En esa misma línea, otros vecinos del barrio que se manifiestan a favor de la ejecución del Pro.Cre.Ar en la zona refutan el argumento de los autoconvocados expresando que el predio siempre estuvo abandonado. “En la Canchita jugaron mis hijos, cuando era aprovechada por varios clubes deportivos y colegios de la zona, quienes se encargaban de su mantenimiento. Luego (…) fue poco a poco convirtiéndose en tapera, depósito de basuras, nidal de roedores y asiento de casillas precarias. Y así se mantuvo por largos años”.32 Quien habla incluso sostiene que si bien fracasó la propuesta de realizar un centro de convenciones no fue por resistencia por parte de la Sociedad de Fomento. “Es recién ahora, cuando se corre el riesgo de darle un destino que beneficie a familias integradas por ciudadanos con iguales derechos a los de la ‘gente como uno’ pero aún carentes de la oportunidad de acceder al derecho fundamental a poseer una vivienda digna, cuando el vecindario se alarma, se indigna, protesta legalmente y se ocupa de mantener la Canchita hecha un primor”.33 Más aún, destacan que quienes hoy se oponen “nunca se quejaron” frente a otras hechos sucedidos en el predio; e incluso con la instalación de Museo de Arte Contemporáneo “no dijeron nada”.34

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Diario La Capital, 13/03/13. Portal de Noticias 0223.com.ar; 13/03/13. M.S., vecino del barrio desde hace 40 años. Comentario hecho en el Portal de Noticias 0223.com.ar, 25/10/13. Ídem. H.M., vecino del barrio desde hace 30 años. Comentario hecho en el Portal de Noticias 0223.com.ar, 25/10/13.

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La alusión a lo político La utilización del conflicto como recurso político predomina en el discurso de los vecinos autoconvocados. Es desde ese ámbito que consideran que se originó la disputa: “parece que el conflicto lo hubiésemos generado nosotros. Y, en realidad, se genera a partir de que los que, realmente, gestionan políticas de Estado lo hacen como si fuese la ciudad suya. Y nunca es escuchando a los ciudadanos, que son los que están sufriendo, de alguna manera, esa cuestión porque si vos pagás los impuestos están sosteniendo ese tipo de gestión”.35 Así, en principio, lo político aparece cuestionado en términos de los sujetos (“los políticos”), que la gestionan. En tal sentido, Esaín expresa “hay un error en la toma de decisión del proyecto de construcción de viviendas en un espacio verde, que para los funcionarios municipales es un baldío que cumple con todas las normas para ser edificado, pero para los vecinos significa la única plaza en la zona”.36 Asimismo, manifiestan no haber tenido ningún tipo de acercamiento “excepto por ahí del bloque de (concejal) Arroyo, que opinan como nosotros”.37 Sin embargo, otro concejal (Rodríguez), vecino del barrio, presenta un proyecto de ordenanza en el que le solicita al Ejecutivo que intermedie ante el Gobierno nacional para relocalizar el proyecto de construcción de viviendas.38 Sumado a ello, destacan la desinformación tanto de los funcionarios municipales como de las otras dependencias estatales involucradas en el programa. Cuestionan incluso su desempeño, tanto en lo que respecta a la definición del proyecto como al supuesto negociado que lo subyace. Por estos motivos, una vez que la justicia falla en segunda instancia, se plantean un posible enjuiciamiento de los 35 36 37 38

Entrevista a vecinos autoconvocados, 13/04/13. Portal de noticias 0223.com.ar, 27/10/12. Entrevista a vecinos autoconvocados, 13/04/13. Portal de noticias Loquepasa.net, 15/08/13.

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funcionarios involucrados en la decisión. “Fueron muchos años de este conflicto. Ahora que la Justicia nos dio la razón, creo que deberíamos accionar contra los funcionarios municipales que hicieron todo mal. Que vayan presos sabemos que es imposible, pero al menos que respondan con su patrimonio”.39 Finalmente, se entiende la política en sentido abstracto, casi despolitizada. “Quisimos de alguna manera cuidarnos de posicionarnos políticamente”.40 Se la entiende incluso escindida del plano jurídico que, en detrimento de las “malas decisiones” de los políticos que faltaron a la ley avasallando derechos, aparece con una entidad suprema: “la justicia dijo no” a los Gobiernos provincial y municipal. Contrariamente, quienes se manifiestan a favor del proyecto sostienen que fue precisamente la justicia la que que excedió sus funciones “falla casi siempre a favor de los cipayos en estos casos, ya nos acostumbramos a eso”.41

Las tensiones entorno a la valorización La cuestión de la valorización del espacio genera diversas controversias. Mayoritariamente, los vecinos autoconvocados sostienen que la implementación del Pro.Cre.Ar acarrearía una desvalorización, aunque también ponen el foco en la pretensión de revalorización que habría detrás del propósito del desarrollo urbanístico. En tal sentido, la ejecución del plan oscilaría entre un proceso de revalorización-desvalorización. Se alude a la desvalorización del barrio tanto desde lo material como desde lo simbólico. Desde lo material, se argumenta el impacto que tendría en la infraestructura del barrio. “Son 221 viviendas y 245 cocheras, cocheras subterráneas (…) son entre 1200 y 1500 personas. Eso es lo que

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Portal de noticias 0223.com.ar, 25/10/13. Entrevista a vecinos autoconvocados, 13/04/13. AR. Comentario hecho en el Portal de noticias 0223.com.ar, 25/10/13.

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hablamos, ¿no? De golpe. En promedio, la incidencia dentro del barrio, en promedio, es un crecimiento del 14%”, cuando bajo parámetros “normales” hace lo propio al 3.5% anual.42 Sin embargo, los vecinos autoconvocados consideran que la infraestructura ya es deficiente. Asimismo, se hace énfasis en el proceso de desvalorización que atraviesa el sector en términos comparativos con la zona sur que ha atraído otro tipo de inversiones “Desde hace años, la zona norte viene sufriendo una serie de consecuencias producto de obras que se han realizado al sur de la ciudad (…) tiene un montón de inversiones puestas en espacios públicos que en la zona norte nunca, nunca se hicieron. O sea, la zona norte siempre fue producto de la decisión de lo que había que solucionar para toda la ciudad pero nunca específicamente hubo una propuesta para la zona norte”.43 Atendiendo a los argumentos esgrimidos por los vecinos que se oponen al proyecto, sus promotores destacan que “La línea arquitectónica es coherente con la del Museo de Arte Contemporáneo, lo que revaloriza la zona y le da más valor, aún a las construcciones preexistentes (…) La idea es que los que allí vivan puedan, a su vez, disfrutar de un área de esparcimiento realmente amplia (…) le agrega valor a toda la zona, además de solucionar los problemas de vivienda de muchas personas, generando un círculo virtuoso en el que se conjuga el diseño, la comodidad y el área verde al alcance de todos los vecinos”.44

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De acuerdo con la Dirección de Estadística (MGP), en 1991 Parque Luro tenía 9041 habitantes, en 2001 la cifra ascendía a 10.189 y para 2010 alcanzaba las 11.353 personas. Ello significa que el crecimiento poblacional –en términos relativos, con una variación intercensal de 12,69% y 11,42% respectivamente– se viene produciendo desde hace algunas décadas y ha demostrado una merma en el último período. Palabras de Arq. Fernández Bravo, coautora del informe “Impacto…”. Charla de presentación, 29/04/13. Entrevista a Diego Bossio, titular de ANSES. Diario La Capital, 13/03/13 y 17/03/13.

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Desde una dimensión simbólica, recogiendo la preocupación por el déficit infraestructural, los vecinos autoconvocados ponen el foco en los perjuicios que implicaría para los beneficiarios del Pro.Cre.Ar vivir allí. “(…) a lo que lo van a traer es, realmente, a un lugar muy deficitario y que le van a hacer pagar el departamento muchísimo más de lo que podrían pagarlo en cualquier otro sector de la ciudad en forma independiente”.45 Ello se vincula además con la tensión que se generaría entre la “población receptora” y “la población que se agrega” en relación a la disputa por los recursos existentes en el barrio: “(…) aparte de los servicios, ¿qué va a pasar con todo lo demás? Tan simple como vas a ir a comprar pan y ya no hay porque… “no, tenés que venir antes de las 11”. Es decir, modifica el día a día”.46 Por su parte, el Colegio de Arquitectos se manifiesta a favor del Pro.Cre.Ar pero reconoce la complejidad de la provisión de tierra sosteniendo que “el Estado, fundamentalmente el Municipal, debe planificar adecuadamente la decisión de asignación de tierra pública a la realización de estos emprendimientos, no puede ni debe caer en la determinación reduccionista de otorgar los lotes ‘disponibles’ sin considerar si son los ‘adecuados’”. Así, sugiere la revisión del proyecto y la evaluación de alternativas superadoras que no acarreen conflictos sociales.47 También desde el Colegio de Martilleros se ponen reparos a al proyecto, sosteniendo que “Mar del Plata necesita espacios verdes” y que, además de “consultar y escuchar a todos los vecinos”, debe mantenerse una coherencia con el lindero Museo de Arte Contemporáneo “que va a ser orgullo de la ciudad y atraerá al turismo cultural”.48

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Entrevista a vecinos autoconvocados, 13/04/13. Entrevista a vecinos autoconvocados, 13/04/13. Portal de Noticias 0223.com.ar, 04/10/12. Palabras del presidente del Colegio profesional, Miguel Donsini. Portal de Noticias 0223.com.ar, 15/10/2012.

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Contrariamente, los vecinos del barrio que se manifiestan a favor del proyecto consideran que este es un argumento discriminatorio. “Sumá los espacios verdes (jardines en el frente y fondo) de todas las casas de nuestro barrio, más las redes pluvial, cloacal, de gas, de agua corriente ya instaladas, más la escasa altura de las edificaciones del proyecto, y luego evaluá cuál es la magnitud del impacto ambiental (…) hay un importante componente de discriminación social en muchas de las protestas y reclamos contrarios a la ubicación de este proyecto de Pro.Cre.Ar”49.

La juridificación del conflicto o las amenazas ¿a la naturaleza? Al momento de teorizar en torno al proceso de judicialización de un conflicto, Azuela (2006) sostiene que existen condiciones prejurídicas previas al ingreso del conflicto al mundo del derecho: la mediación simbólica y la selección social.50 La primera refiere a que no existe una reacción directa a los problemas sino que cada sociedad lo hace en función de los códigos que hereda de su propia historia; mientras que la segunda refiere a que, ante la imposibilidad de compartir todas las representaciones que construyen los individuos en relación con el entorno, aquellas imágenes que terminan predominando son el resultado de la selección que es producto también de aquellos códigos. Si bien ambos conceptos, dice Azuela, “son, de entrada, fáciles de aceptar, cuando son usados de manera sistemática constituyen el mejor antídoto en contra de las simplificaciones vigentes en el sentido común: la idea de que la difusión de cierta información sobre la crisis ambiental es suficiente 49 50

M.S, vecino del barrio desde hace 40 años. Comentario hecho en el Portal de Noticias 0223.com.ar, 25/10/13. Si bien Azuela refiere exclusivamente al derecho ambiental, consideramos que ello bien podría extrapolarse a otros campos.

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para crear una ‘toma de conciencia’ que a su vez producirá los cambios de comportamiento que se requieren para enfrentar dicha crisis” (2006: 16). En relación con ello, Carman (2011) sostiene que existe un contexto en el que la cuestión ambiental aparece de manera progresiva en la agenda pública de Gobiernos nacionales e internacionales, y destaca la creciente “concientización” que sobre ellas han asumido diversos actores –en su mayoría, colectivos que se organizan en función a una amenaza– y que han sabido desplegar diversas estrategias vinculadas tanto a la exigibilidad de normativa existente como a la creación de jurisprudencia al respecto. En relación con ese proceso, Azuela (2006) reconoce que “en los códigos de las sociedades modernas, existen rasgos que nos predisponen a favor de causas ambientales” (2006: 16). En este sentido, como decíamos anteriormente, el imaginario dominante o colonizador (Hiernaux, 2008a, 2008b) sobre el conflicto se construye alrededor de una idea de espacio público-verde-comunitario –al que se refiere indistintamente de esa manera– que se halla amenazado no sólo en relación con el déficit infraestructural de su entorno sino, centralmente, en función de la imposibilidad de conservar lo que han elegido: “una vida apacible, en un ambiente limpio y con una vecindad respetuosa de los otros”.51 Parafraseando a Bauman (2003), una comunidad imaginada. Ligada a esa representación aparece una idea de identidad unívoca, que aquellos consideran preexistente al conflicto y que pretende conservarse. Además, esta se visualiza no sólo en relación con los beneficios que acarrea para el barrio en particular, sino que lo trasciende y permea la definición de la ciudad misma, con pretensiones de alcanzar cierta legitimidad dentro de la “ciudadanía marplatense”, e incluso, turista. Asimismo, se descalifican los argumentos de quienes se manifiestan favorablemente al proyecto: 51

amarlaplaza, Revista Mensual de Vecinos de “Canchita de los Bomberos”, nº 2, febrero 2013.

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“Muchos por desconocimiento y sin ningún tipo de argumentación válida, intentan quitar legitimidad al reclamo de la conservación del espacio público como plaza”.52 Sumado a ello, como señaláramos, los vecinos aluden reiteradamente a la donación del inmueble que realizara la familia Unzué con un fin específico, benéfico. Es ese argumento, ligado al “origen” del predio otorga legitimidad al reclamo, anclado en una idea de naturaleza-plaza-beneficio que se erige como suprema, siquiera dando lugar a poner en duda si acaso el acceso a la vivienda no lo es. Se refuerza así, parafraseando a Dascola (1996, citado en Carman, 2011), la existencia de un arraigado naturalismo, sostenido en la creencia de que la naturaleza existe como objeto trascendental, con un dominio ontológico que es exterior a los seres humanos y que además cuenta con iguales fronteras y que está activada por las mismas leyes. Como contrapartida, los futuros beneficiarios del desarrollo urbanístico del Pro.Cre.Ar serían destructores de esa naturaleza, de ese espacio verde, cuyo carácter público quedaría vedado. Es decir, del discurso de los autoconvocados se puede inferir que la ejecución del programa implicaría la privatización de ese espacio, echando por tierra la finalidad que aquel pudiera tener como uso social-colectivo, como lo sería en su afectación a la necesidad de vivienda e incluso incorporando los intereses de ambas partes (Estado-beneficiarios/vecinos autoconvocados), a partir de la contrapropuesta hecha desde la MGP. Sin embargo, paradójicamente, la acepción de lo público quedaría supeditada arbitrariamente a un fin de algunos actores que lo pretenden legitimar como si fuera universal –y que, bajo otras condiciones, no se opusieron a un destino alternativo, como la construcción del Museo de Arte Contemporáneo u otros emprendimientos inmobiliarios privados en la zona–.

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Ídem.

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En ese mismo sentido, se pone en jaque el incumplimiento de la “finalidad originaria” por parte del Estado. Lo novedoso aquí es, a diferencia de lo que sucede recurrentemente en otros conflictos de proximidad que se vertebran a partir de las “amenazas a la naturaleza”, que inicialmente se demanda al Estado la intermediación frente a un privadodesarrollador de un emprendimiento por parte de quienes habitan el entorno o se solidarizan con la causa, tal como queda evidenciado en los trabajos de Azuela y Mussetta (2009) sobre la construcción en áreas protegidas de México, de Carman (2011) sobre la ejecución de un proyecto en la Reserva Ecológica de la ciudad de Buenos Aires, o de Azuela y Cosacov (2013) en relación con la construcción de torres en el barrio porteño de Caballito, sólo por mencionar algunos ejemplos. Pero en el conflicto de la Canchita de los Bomberos es precisamente el Estado –específicamente en su jurisdicción municipal y nacional, y en su dimensión ejecutiva– quien promueve el proyecto, y así la disputa se remite a la concreción de una política pública y no a un problema entre privados.53 Más allá de que en su desarrollo aquellos conflictos logren irrumpir en el espacio público y se visibilicen como disputas que involucran a un espectro más amplio de actores e interlocutores (justicia, gobiernos locales, provinciales y nacionales, colegios profesionales, etc.), en su origen, aquellos y estos implican puntos de partida diversos. Parafraseando a Wright Mills (1994), en su inicio unos constituyen inquietudes vecinales mientras que el otro se erige como una resolución de un problema público, vinculado a la necesidad de acceso a la vivienda. Sumado a ello, si analizamos el punto de inflexión que supone la entrada del conflicto al mundo del derecho observamos que los discursos –acciones y omisiones– del Estado 53

No desconocemos que al constituirse el Pro.Cre.Ar como una política crediticia, la resolución queda, en última instancia, supeditada a la esfera privadadoméstica. Sin embargo, aquí nos referimos a la modalidad desarrollo urbanístico y, centralmente, al acceso al suelo que estaría garantizado por el Estado, que proveería terrenos de su propiedad.

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son múltiples e incluso contradictorios, y que despliegan alternativamente –como sostuviera Bourdieu (1999)– su mano izquierda y su mano derecha. Es decir, de acuerdo con el prisma desde donde se mire la disputa, por un lado, se pretende garantizar el acceso a la vivienda y, por otro, se obstaculiza ese proceso priorizando su función regulatoria y excluyendo tal posibilidad. De esa manera, el derecho como discurso no sólo designa la realidad sino que la instituye (Austin, 1999, citado en Azuela, 2006). Y en esta disyuntiva, la constitución de un imaginario dominante o colonizador (Hiernaux, 2008) es central y, en ese proceso, las estrategias de visibilización que se ponen en juego: amplia difusión de la problemática (Facebook, Blog, Página web, Boletines vecinales, etc.), realización de actividades en el predio, pedido de Banca 25, búsqueda de adhesiones entre otros actores (petición en Change.org: “Sí a la plaza”), asesoramiento profesional (arquitectos, abogado, etc.), marchas a tribunales y al municipio, entre otros. Con ellas, los vecinos autoconvocados logran irrumpir en el espacio de la deliberación publica y su punto cúlmine confluye en la judicialización del conflicto, que pone en evidencia que el derecho despliega su fuerza comunicativa como si el orden jurídico no pudiera ser de otra manera, naturalizando lo cultural, lo que no es sino una construcción histórica (Azuela, 2006). Más aún, la apelación a la “justicia ambiental” constituye una práctica central para legitimarse en ese espacio deliberativo. Ello se ve favorecido porque, como dice Carman (2011), el campo ambiental no está dado sino que tiene límites en permanente construcción, que son objeto de múltiples disputas.

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Distancia social-distancia espacial: efectos de lugar Nos propusimos analizar la productividad social de un conflicto urbano (Mele, 2003) que se genera a partir del destino de un predio para la construcción de viviendas en el marco del Pro.Cre.Ar. Para ello, en un primer momento, abordamos los imaginarios urbanos como productores de actos guiados por la imaginación, distanciándonos de aquellos enfoques donde prevalece la representación de la ciudad sin interrogarse sobre las implicancias que ello tiene sobre las prácticas de los individuos en el espacio urbano (Hiernaux, 2008). En función de la sistematización del trabajo de campo, delimitamos cuatro categorías para pensar en los imaginarios que se cristalizan en la disputa: la concepción del espacio público, la apelación al pasado o el mito de origen, la alusión a lo político y las tensiones entorno a la valorización del espacio. A grandes rasgos, podemos afirmar que a partir de ellos se produce un “choque de imaginarios” (Hiernaux, 2008a)54 como resultado de las diversas representaciones que los actores producen y reproducen en la disputa por la apropiación simbólica del espacio en cuestión y que se hallan en tensión. Por una parte, se distingue la producción de un imaginario dominante o colonizador (Hiernaux, 2008a, 2008b), que se construye centralmente alrededor de la tríada espacio público-verde-comunitario que se halla amenazado. Este emerge, principalmente, de las representaciones de los vecinos autoconvocados y alternativamente de otros actores que apoyan su demanda (Colegio de Arquitectos,

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Hiernaux (2008a) refiere a la relación entre los imaginarios de urbanistas y planificadores urbanos, que se plasma en proyectos urbanísticos, y los imaginarios acerca de la vida urbana de los habitantes de esos espacios. Como consecuencia, se produce el choque de imaginarios, cuyo resultado visualiza en las prácticas cotidianas de los habitantes de dicho espacio. Si bien abordamos un proceso distinto, creemos que tiene una capacidad explicativa para dar cuenta de cómo se (re)construyen los diversos imaginarios en relación con el espacio disputado, logrando imponerse unos por sobre otros.

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Colegio de Martilleros, etc.). Si bien ellos se perciben a partir de estrategias de resistencia –básicamente, a la ejecución de una política pública–, lo hacen a partir de prácticas tendientes a reforzar una dinámica crecientemente segregativa. En tal sentido, como sostiene Oslender “no todas las resistencias se dejan clasificar como ‘progresivas’. De hecho, algunas resistencias refuerzan estructuras existentes de dominación y sujeción” (2002: 9). También identificamos un imaginario de resistencia (Hiernaux, 2008a, 2008b) que sostiene una representación distinta del territorio en cuestión, que encuentra su legitimidad en la defensa del derecho a la vivienda –que se viabilizaría para las familias beneficiarias del programa– y, en menor medida, a la ciudad –centrado en la crítica a la estigmatización subyacente al discurso de los autoconvocados que manifiestan su perjuicio por la ejecución del Pro.Cre.Ar en ese predio pero no lo hicieron sostenidamente al momento de destinarse parte de él a la construcción del Museo de Arte Contemporáneo–. Estas representaciones, si bien son compartidas alternativamente por una diversidad de actores (vecinos del barrio, posibles beneficiarios, funcionarios de gobierno), no logran plasmarse en un argumento sólido que dispute la definición de otro imaginario dominante y subvierta el escenario.55 Todo ello coadyuva a la irrupción del conflicto en el espacio público, que constituye otra de las aristas del análisis de la productividad social que propone Melé (2003). En tal sentido, si bien con pretensiones analíticas, resulta casi imposible escindir el proceso de territorialización de dicha irrupción, en tanto el concepto de imaginario actante amalgama tal vinculación. A pesar de pretender despolitizar la política, no es sino a partir de la construcción de un espacio político que los vecinos autoconvocados logran interpelar

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Habiendo contactado a potenciales beneficiarios del desarrollo urbanístico, no accedieron a ser entrevistados, sólo manifestaron percibir el “fracaso”, por intereses mezquinos, en el derrotero del acceso a la vivienda propia.

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las decisiones políticas-estatales; reforzándolo con el discurso jurídico a su favor. En definitiva, como sostiene Melé, la productividad de los conflictos urbanos es territorial, jurídica y política. Así, el hecho de instalar la disputa en el campo ambiental facilita su deliberación pública en tanto, como dice Azuela (2006), “en los códigos de las sociedades modernas, existen rasgos que nos predisponen a favor de las causas ambientales” (2006: 16). En definitiva, la llamada “naturaleza” se construye, percibe y representa socialmente. De alguna manera, para ser “políticamente correcto” se antepone el discurso ambiental. Ello evidencia que, como sostiene Carman (2011), algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan como máscara de la segregación sociourbana. Así, el posicionamiento estratégico de los vecinos autoconvocados en el campo ambiental y, a partir de él, en el jurídico, posibilita la reconversión del capital adquirido en el campo urbano y así obstaculiza la implementación de una política de acceso a la vivienda, en particular, y el refuerzo de una dinámica urbana excluyente, en general. Y que, como contrapartida, coadyuve a la revalorización de la zona o, al menos, la mantenga acorde con los cánones del imaginario dominante descripto. El caso abordado ilustra así las tensiones que moldean la ciudad. La construcción de un imaginario dominante refuerza una dinámica urbana segregacionista que se disimula bajo diversos argumentos: centralmente ambientales aunque también económicos y sociales. La mirada que prevalece en el conflicto naturaliza el binomio distancia socialdistancia espacial y profundiza la desigualdad existente aun en el contexto de una intervención estatal que, a contrapelo de las tendencias características del urbanismo neoliberal, conlleva un componente de justicia espacial. Tal como si la categoría de beneficiario de una política de vivienda se asociara, parafraseando a Oszlak (1991) al merecimiento de

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sólo algunos lugares de la ciudad, jerarquizando el espacio urbano y restringiendo el derecho a ella sólo a quienes pueden acceder desde una lógica privada-mercantil.

Bibliografía Azuela, Antonio (2006). Visionarios y pragmáticos. Una aproximación sociológica al derecho ambiental. Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM)-Fontamara, México. Azuela, Antonio y Mussetta, Paula (2009), “Algo más que el ambiente. Conflictos sociales en tres áreas naturales protegidas de México”. Revista de Ciencias Sociales. UNQUI, N.º 16, pp 1-25. Azuela, Antonio y Cosacov, Natalia (2013). “Transformaciones urbanas y reivindicaciones ambientales. En torno a la productividad social del conflicto por la construcción de edificios en la Ciudad de Buenos Aires” [versión electrónica]. Eure, 39 (118), pp. 149-172. Bauman, Zygmunt (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, Siglo XXI. Bourdieu, Pierre (dir.) (2002). La miseria del mundo. Buenos Aires, FCE. — (1999). Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona, Anagrama. Canestraro, María Laura (2015). “Imaginários em disputa ou sobre a territorialização de um conflito urbano: o caso da Canchita de los bomberos (Mar del Plata, Argentina)”; URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 2 (2). pp. 237-249. — (2015b). “Detrás de un ‘espacio verde’ o a propósito de la utilización del discurso ambiental. Apuntes sobre la juridificación de un conflicto urbano”. Revista de Direito da Cidade. Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). 2 (2).

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Carman, María (2011). Las trampas de la naturaleza. Medio ambiente y segregación en Buenos Aires. Buenos Aires, CLACSO-Fondo de Cultura Económica. Hiernaux, Daniel (2008a). “Presentación. Los imaginarios urbanos de la dominación y la resistencia: un punto de partida”. Iztapalapa, 64-65. año 29. pp. 7-12. — (2008b). “De los imaginarios a las prácticas urbanas: construyendo la ciudad de mañana”. Iztapalapa. 64-65; año 29; pp. 15-35. Mariano, Cecilia (2000). “Actores y prácticas económicas en las tierras rurales de Mar del Plata, 1874-1910”. Ponencia presentada al VI Congreso Argentino de Antropología Social, UNMDP, Mar del Plata; septiembre. Mele, Patrice (2003). “Introduction: conflits, territoires et action publique”. En Mele, P., Larrue, C. y Rosemberg, M. (coords.). Conflits et territories. Presses universitaires Francois-Rabelais, Maison des sciences de l’homme. Oslender, Ulrich (2002). “Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una ‘espacialidad de la resistencia’”. Scripta Nova; Revista Electrónica de geografía y Ciencias Sociales; Universidad de Barcelona. Vol. VI. Núm. 115. Oszlak, Oscar (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires, CEDES-Humanitas. Topalov, Christian (1979). La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis. México, Editorial Edicol. Wright Mills, Charles (1964). La imaginación sociológica. México, FCE.

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Construyendo un barrio “de clase media” Narrativas, moralidades e identidades de clase media en disputas urbanas en un barrio de Buenos Aires NATALIA COSACOV

Introducción En Buenos Aires –y en otras ciudades–, es posible encontrarse de modo casi cotidiano con apelaciones a la identidad de clase media o a narrativas históricas a ella asociadas para justificar o impugnar transformaciones urbanas. Son los propios actores, identificados como “vecinos”, quienes traen discursos sobre la clase media y reactualizan disputas, que tienen una larga historia en la ciudad, sobre quiénes tienen derecho a pertenecer. En Buenos Aires, clase media parece ser una poderosa identidad social y las narrativas articuladas en torno a ella son particularmente efectivas para (re)producir diferencias de clase y cartografías normativas (Guano, 2004) sobre quiénes pertenecen a dónde y quiénes no pertenecen a ningún lugar… o al conurbano. El artículo retoma el trabajo de campo realizado en el barrio de Caballito, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre 2006 y 2010. En particular, se centra en dos escenarios de disputas que ocurrieron de

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modo simultáneo en ese espacio barrial: la movilización de un grupo de “vecinos” contra la construcción de torres y edificios y las protestas de otro grupo de “vecinos” que reclamaban el desalojo de un asentamiento de cartoneros. Esas dos demandas aglutinaron –en cierta medida– modos diferentes de pensar y de explicar su propio lugar en la sociedad y, en ambos casos, supusieron la construcción de “otros” cuya presencia es impugnada en ese espacio barrial. Quienes se comprometieron en la protesta contra las torres y edificios pueden pensarse como involucrados en disputas culturales (Douglas, 1998) al interior de las clases medias. Contiendas de gustos y de valores inscriptos en el contexto de una creciente heterogeneización de las clases medias no sólo en términos socioeconómicos sino también en términos de estilos de vida. Por su parte, quienes se comprometieron en la protesta para erradicar el asentamiento de cartoneros, están involucrados en producir y espacializar distinciones de clase, expulsando a gente pobre asentada en ese espacio barrial al que reivindican como residencial y de ciudadanos que pagan altos impuestos por residir allí. Se trata de dos movilizaciones vinculadas a procesos estructurales de la ciudad. En el “asentamiento” y en “las torres” están condensados procesos más generales vinculados con el boom inmobiliario y su reverso: el déficit habitacional y la pobreza urbana. Luego de la crisis de 2001 y la posterior devaluación del peso en 2002, la economía argentina comenzó un proceso de recuperación y de crecimiento sostenido. Una de las actividades donde fue notable es en el sector de la construcción. Como indicador, sirve referir a la dinámica de los permisos de obra. Mientras que en 2002 cayeron a 690, al año siguiente fueron un poco más del doble, y muestra un crecimiento continuo en los años posteriores hasta 2008, momento de la crisis financiera mundial. Este dinamismo se expresó en la proliferación de obras en construcción en su mayoría destinadas a nuevas viviendas. Es importante señalar que más del 50% de esas viviendas nuevas se distribuyeron sólo en 6 de los

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48 barrios de la ciudad, dato que expresa un alto grado de concentración del boom inmobiliario, un reforzamiento de la segregación socioterritorial y un proceso de valorización diferencial del suelo urbano. Como señala Baer (2006), las zonas más demandadas para la construcción de nuevas viviendas fueron aquellas que presentan altas densidades, poseen buena accesibilidad al centro, alta calidad urbana, cercanía a centros comerciales y de servicios y un nivel socioeconómico homogéneo de sus habitantes. La selectividad de la zona también fue acorde al tipo de vivienda que se construyó de manera predominante: multiviviendas destinadas a sectores medios-altos y altos (Mignaqui, 1998; Welch Guerra y Valentíni, 2005; Duarte, 2006; Szajnberg y Corda, 2007; Baer, 2008). Caballito es uno de los seis barrios donde se localizó una gran proporción de emprendimientos residenciales. Del total de viviendas construidas en la ciudad en el periodo 2000/2009, el 10,4% se concentró en esta zona. En algunas partes del barrio, esto implicó que de manera simultánea se registrara un edificio en construcción por manzana (Informe Reporte Inmobiliario, 2008). Los datos del Censo 2010 muestran que entre 2001 y 2010, se incorporaron al barrio 6000 nuevos residentes, lo que significó un crecimiento del 3,4% de su población y revirtió el sentido decreciente que se había registrado en el período intercensal anterior (1991-2001). Unos años antes de ese boom inmobiliario y en el contexto de la profunda crisis social de 2001, se registraron en la CABA ocupaciones de predios públicos y privados ubicados en zonas centrales por parte de familias pobres. Este tipo de asentamientos fueron denominados “Nuevos Asentamientos Urbanos” (NAU) para distinguirlos de las villas miserias, los históricos asentamientos de personas pobres en la ciudad. Mientras éstas últimas se localizan en su mayoría en la zona sur de la CABA, cuentan con una trama más o menos estable, tienen algunos servicios y son reconocidas en los mapas oficiales, los NAU son modalidades de

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pobreza urbana que tienen un marcado carácter intersticial y se distribuyen en distintos puntos de la ciudad (Rodríguez, 2009). La ubicación de los NAU tuvo por efecto una mayor proximidad física entre grupos socialmente distantes y reforzó aquello que registra Kessler (2009) como un desdibujamiento de la oposición barrio versus villa como ordenador central de las fronteras entre lo seguro y lo peligroso. Los NAU emergieron como alteridades geográficamente próximas en barrios centrales de la ciudad. Ubicado a pocos metros del Club Ferrocarril Oeste y a otros tantos del emprendimiento inmobiliario “Dos Plaza Caballito” –uno de los recientes desarrollos residenciales de torres amuralladas– se encontraba el asentamiento Morixe, donde vivían unas 200 personas. Según la Comisión de Vivienda de la Legislatura (CVL) de la CABA había estado allí desde finales de los años noventa, pero algunos vecinos señalan el año 2001 como el momento en que comenzaron a asentarse familias pobres. Algunos eran habitantes recientes en ese asentamiento, muchos eran “cartoneros”1 que con el cierre del “tren blanco”2 –en febrero de 2008– decidieron quedarse en áreas centrales de la ciudad. Otras familias habían llegado ahí luego de que fueran expulsadas del sitio que ocupaban antes, también en Caballito, en la calle Donato Álvarez y las vías. A metros del asentamiento, del otro lado de la vía, existía un depósito de cartones y material reciclable (botellas, chapas, madera, cartones). Las tierras sobre las que estaban emplazados eran terrenos

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Se llama “cartoneros” a las personas que recolectan cartones y otros materiales reciclables –lo que para otros son residuos– en las calles de la ciudad. El “tren blanco” o “tren cartonero” fue un servicio especial prestado en los ferrocarriles metropolitanos luego de la crisis de 2001. En aquel entonces, miles de personas desocupadas o en situación de pobreza se volcaron a la actividad de juntar materiales reciclables. Este servicio espacial de los ferrocarriles trasladaba a los “cartoneros” desde el centro de los barrios centrales de la ciudad hacia los suburbios.

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públicos nacionales, propiedad de la ADIF3 que antes de la privatización de los trenes fueron la playa de Cargas y Maniobras del ex ferrocarril Sarmiento. La presencia del asentamiento así como también la vertiginosa transformación del barrio resultado del boom inmobiliario resultaron disruptivas para muchos de sus residentes que decidieron frente a ello dedicar esfuerzo y tiempo en desplegar acciones de protesta, realizar presentaciones ante los tribunales, entrevistarse con funcionarios y legisladores y volverse atractivos para los medios de comunicación. Esas transformaciones materiales del barrio y sus contestaciones son ámbitos donde se negocian identidades y diferencias de clase. Al involucrarse en protestas y reclamos, los residentes movilizados no sólo están comprometidos con la construcción de un espacio barrial como ellos imaginan que debe ser, también allí disputan –y construyen– el sentido de “ser de clase media” y dan explicaciones sobre quiénes son esos “otros”. Es en ese proceso relacional de impugnación de esas transformaciones y de esos “otros” presentes en el espacio barrial donde también producen su propia identidad, actualizando narrativas históricas sobre las clases medias argentinas y sus imaginarios espaciales. En esos espacios de conflicto, el drama de las fronteras sociales y espaciales se intensifica. Quiero evidenciar los discursos y las prácticas de esos “vecinos” en tanto actualizan narrativas y moralidades de clase media que –al tiempo que performan y espacializan esa identidad– niegan a “otros” la legitimidad de ese anclaje residencial o, más aún, la pertenencia a la propia ciudad. Además, como sugieren Elwood et al. (2015), me interesa resaltar cómo esos momentos en que residentes de clase media luchan por hacer del barrio lo que imaginan que debe ser –en particular la movilización por el desalojo del asentamiento de cartoneros– constituyen momento

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Sociedad del Estado Administración de Infraestructura Ferroviaria encargada de administrar los bienes ferroviarios que estaban bajo la jurisdicción de la ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes).

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de producción de políticas de la pobreza. Siguiendo a esos autores, las “políticas de pobreza” refieren a las ideas, los discursos y las acciones de grupos sociales en respuesta a la pobreza, ya sea para aminorar sus efectos o para defenderse a sí mismos contra su presencia. Preguntarse por la producción de políticas de pobreza necesariamente implica un abordaje relacional situado en zonas de contacto entre personas pobres y no pobres. Como señalan Lawson et al. (2015), esto supone asumir de entrada que “los actores ‘no pobres’ están profundamente implicados en la producción y la transformación de la pobreza a través de sus roles en la legitimación de diferencia” (2). En ese marco, los barrios centrales de la CABA son un escenario privilegiado4 para observar este tipo de dinámicas.

Orígenes y avatares de un barrio en transformación Caballito es un barrio ubicado en el centro geográfico de la CABA, está “en el medio”. La historia de su urbanización está íntimamente articulada al hecho de estar atravesado por lo que fue históricamente el eje tradicional de tráfico desde los tiempos de la Colonia, “la espina dorsal de Buenos Aires”5, la actual Avenida Rivadavia. Desde su conformación en las primeras décadas del siglo XX, Caballito fue imaginado como lugar donde podían desarrollarse valores de privacidad, respetabilidad, tradición y familia. Por esos años, la vivienda individual fue el polo positivo de una distinción que se recortó contra la 4

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En un artículo anterior (Cosacov y Perelman, 2014) exploramos la productividad de analizar los contactos entre cartoneros y vecinos para dar cuenta de los umbrales de tolerancia frente a esos “otros” y las tácticas que esos “otros” despliegan para poder realizar su trabajo de recolección de materiales reciclables en barrios de clase media de la CABA. Así se refería a la Av. Rivadavia Guiraldes, el Intendente de la ciudad, en una nota que enviara en 1909 al Ministro del Interior (MCBA, 1909: 395; citado en Dhan Zunino, 2009).

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vivienda colectiva y, en particular, contra el conventillo, considerado un “peligro de orden físico y moral” (Aboy, 2007: 28). En ese contexto, la vivienda individual fue investida de todas las virtudes de las que carecían –hasta entonces– los alojamientos colectivos. El conventillo, así como las pensiones y los inquilinatos, predominaban en las zonas céntricas y eran lugares de convivencia que se articulaban más allá de los vínculos de parentesco. Por el contrario, la vivienda individual era posible en los suburbios y quedaría estrechamente vinculada a una noción de hogar familiar, a un núcleo de convivencia sostenido en la sangre (Aboy, 2007). Trabajadores, inmigrantes o nativos, encontraron en el “ser propietario” no sólo un elemento de seguridad sino también de respetabilidad en el contexto de esa nueva sociedad que se iba conformando en las primeras décadas del siglo XX (Adamovsky, 2009). En ese contexto, llegar a Caballito significaba lograr una estabilización social y espacial y una mayor consideración social. A mitad de siglo XX Caballito ya era un barrio consolidado. Su ubicación geográfica estratégica y la infraestructura de transporte allí instalada –ya contaba con dos líneas de subterráneo, un tren metropolitano y una diversidad de líneas de tranvías que lo atravesaban– fueron colocando a este barrio como residencial, pero también con una fuerte impronta comercial de escala barrial y urbana y una significativa conectividad con el resto de la ciudad. Como señala Torres (1992), el cambio de la posición relativa de aquellos barrios que como Caballito pasaron de ser periferia a comienzos de siglo a ciudad central en 1940 “fue capitalizado por aquellos sectores de trabajadores que habían logrado –en las primeras décadas del siglo– acceder a la pequeña propiedad residencial estableciéndose en el suburbio” (1992: 159). Así, Caballito fue quedando, entre mito y realidad, entre narrativas históricas y relatos autobiográficos, como un barrio de clases medias ascendentes.

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El relato autobiográfico de una de las entrevistadas es elocuente. El abuelo de Marita fue uno de los cuatro millones de europeos que arribaron entre 1880 y 1910 a la Argentina y parte de ese 60% que se radicó en Buenos Aires. A diferencia de las pautas que tendría la migración interna dos décadas más tarde, esta inmigración europea se asentó en las zonas céntricas de la ciudad de manera predominante, y una de las modalidades habitacionales más extendidas fue el “conventillo”. Ramón llegó de España a Buenos Aires. Vivió en piezas de distintos conventillos e inquilinatos, ubicados en el centro de la ciudad. Durante cinco años fue chofer de una familia “adinerada” y luego se transformó en taxista. En 1917 compró un terreno en Caballito. Además del financiamiento ofrecido por loteadores, Ramón solicitó dinero a prestamistas en distintos momentos. Con ese dinero construyó su casa, primero de un piso, luego le agregó otro piso, hizo un gran garaje y arriba del garaje construyó dos departamentos para alquilar. Al poco tiempo, el abuelo de Marita vivía de rentas. Había hecho de ese terreno un lugar no sólo para vivir, sino también para obtener recursos monetarios. El garaje de Ramón sería una de las primeras playas de estacionamiento del barrio. Circula como un recuerdo familiar que Ramón decía que Caballito era un barrio que iba a “progresar”. Hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, Caballito pasó de ser un territorio imaginado –y que en gran medida así había funcionado– como asiento de clases medias ascendentes a un territorio cada vez más exclusivo. El boom inmobiliario poscrisis 2001 fue parte de ese proceso. La demolición de casas viejas y su sustitución por edificios o torres amuralladas se reiteraba en cada manzana de algunas zonas del barrio. Muchos emprendimientos en marcha y otros terminados mostraban una tendencia a la consolidación del tejido en altura, lo que implicaba la demolición del tejido existente.

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No era la primera vez que Caballito atravesaba por un proceso de transformación de su morfología. Al filo de los años cincuenta y sesenta, la construcción de edificios fue masiva y verticalizó algunas de sus zonas hasta entonces caracterizadas por sus casas bajas.6 Aquel momento ha sido mencionado en la literatura especializada como el de mayor acceso a la pequeña propiedad urbana de amplios sectores de las clases medias.7 Políticas directas e indirectas implementadas durante el peronismo están en la base de ese proceso.8 A mitad de siglo y en las dos décadas siguientes las transformaciones del barrio formaron parte de un contexto social de democratización del bienestar (Torre y Pastoriza, 2002) y fueron en gran medida la materialización y la posibilidad de una movilidad social ascendente. Pero las transformaciones recientes en Caballito se inscribieron en un contexto social signado por el aumento de la desigualdad y la preeminencia de lógicas excluyentes y de segmentación social que también operaron en el territorio. Esto no fue privativo de Caballito, forma parte de una dinámica más general de fragmentación socioespacial de la metrópoli de Buenos Aires (Janoschka, 2002; PrévôtSchapira, 2000, 2001).

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Como señala Ballent, pese a que el Gobierno peronista pretendió estimular la construcción a través de esa ley –además de democratizar el acceso a la propiedad– no logró tal objetivo en el período de su gestión. Si bien favoreció la venta de unidades existentes, “el boom de la construcción en propiedad horizontal se registró en las décadas del sesenta y del setenta, hasta la crisis de 1975, y se basó en el apoyo del crédito oficial a través de planes de ahorro y préstamo” (1999: 40). En la CABA el aumento de la proporción de propietarios pasó de 17,6% en 1947 a 45,6% en 1960, según los datos de los respectivos censos. En particular, la construcción directa de viviendas a cargo del Estado, el financiamiento de la demanda a través de los créditos ofrecidos por el Banco Hipotecario Nacional, la regulación de los alquileres, la Ley de Propiedad Horizontal sancionada en 1948, así como el abaratamiento de los viajes –consecuencia de la nacionalización de los ferrocarriles– están entre los principales factores que tuvieron efectos directos en la producción material de la ciudad y el acceso a la vivienda, tanto en la periferia como en la ciudad central.

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Los cambios en el barrio trajeron también una novedad tipológica: la llamada torre-country o torre amurallada.9 En Caballito ya existían algunas torres de perímetro libre o semilibre, cercadas por una reja, que ocupan una fracción de manzana. Pero a diferencia de éstas, las torres amuralladas ocupan terrenos equivalentes a una manzana y además de tener cámaras de seguridad están perimetradas por un muro infranqueable a la mirada exterior. Fueron dos los emprendimientos que los “vecinos” movilizados señalaron como paradigmáticos de los cambios en el barrio. Uno fue el complejo “Caballito Nuevo” que ocupa gran parte de la manzana que recortan las calles Vallese, Colpayo, Arengreen y Rojas. Es una obra que impacta por su volumen y el contraste con el tejido urbano de la zona, conformado de manera predominante por casas bajas o multiviviendas que no superan los dos pisos. Las torres fueron perimetradas por un muro y están rodeadas de un parque de 9000 m2 “en una de las manzanas más tranquilas del barrio, con excelente accesibilidad”.10 Cada torre, de 35 pisos, tiene cinco ascensores de alta velocidad y un gimnasio. El predio cuenta con una pileta climatizada con bar incorporado, canchas de tenis y fútbol, spa y vestuario con lockers para personal de servicio. Estas características se ofrecen en los folletos como “una completísima infraestructura de amenities y servicios, pensados para el confort, la tranquilidad y el esparcimiento de sus propietarios”. La misma publicidad de este desarrollo residencial se construye en oposición a una práctica constitutiva de la sociabilidad barrial: el club. 9

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Siguiendo a Welch Guerra y Valentini (2005), esta tipología edilicia comienza a ofrecerse en nuestra ciudad a comienzos de la década del noventa y su auge está estrechamente vinculado al boom inmobiliario de 1991 y 1992. En términos geográficos, la construcción de torres amuralladas se expandió primero en todo el eje norte de la ciudad y en algunos partidos lindantes, pero a mediados de los años noventa fue notable su avance hacia el noroeste y el oeste. En Caballito, su implantación se registra junto al boom inmobiliario tras la devaluación de 2002. Según folletos y página web del emprendimiento: www.torrescaballitonuevo.com.

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La publicidad señala: “lo que otros tienen en el club, vos lo tenés en tu casa”. El complejo tiene dos entradas principales, independientes para cada torre, portones automáticos y puestos de control y seguridad. Otro de los emprendimientos residenciales de estas características está ubicado a pocas cuadras del anterior: el complejo “DosPlaza Caballito”.11 La importancia de este emprendimiento inmobiliario radica, al igual que el anterior, no sólo en sus dimensiones, sino en el hecho de que son tipologías habitacionales que no existían con anterioridad en el barrio. “DosPlaza” está ubicado entre la sede del Club Ferrocarril Oeste y la vera del ferrocarril, en las calles García Lorca y Martín de Gainza. Dos torres de 33 pisos con cuatro ascensores de alta velocidad y uno de servicio, rodeadas de una parquización de 10.500 m2. Entre los servicios y la infraestructura con la que cuenta, hay cuatrocientas cocheras fijas, pileta, solarium, gimnasio, seguridad las veinticuatro horas y vestuarios para el personal. La protesta de los “vecinos” y sus consignas atestiguaban que esos cambios en el entorno barrial resultaban disruptivos. La verticalización creciente del barrio, la velocidad y multiplicación de las construcciones que mostraban la “angurria de los desarrolladores” y la presencia de esa nueva tipología en Caballito a la que calificaron como “paradigma de una ciudad neoliberal”, tensionaron la configuración socioespacial previa y actualizaron imaginarios espaciales ligados a ese territorio. No voy a detenerme en las formas de protesta desplegadas en las calles, los recursos de amparo presentados ante los tribunales o cómo ser “vecinos de Caballito” importó para llegar a los medios de comunicación y a los legisladores de la ciudad, coronando con éxito la protesta.12 Eso ha 11 12

Se puede ver en www.dosplaza.com. Los “vecinos” lograron no sólo fallos favorables ante los tribunales, sino también dos leyes aprobadas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que rezonificó y bajó las densidades y alturas permitidas en varias manzanas del barrio. Para ampliar ver, Azuela y Cosacov (2013).

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sido desarrollado con anterioridad en otro artículo (Azuela y Cosacov, 2013). Quiero detenerme en cómo disputaron la legitimidad de sus demandas e imaginarios espaciales. Y cómo en ese proceso categorizaron a las “torres” y sus habitantes, esos “otros”, como contrapunto de una identidad de clase media –siempre negociada– a la que ellos se autoadscriben y reivindican. Hay que decir que, a pesar de movilizar narrativas, moralidades y la propia identidad de clase media al elaborar sus explicaciones, quienes se movilizan lo hacen como “vecinos”, una identidad que despoja cualquier movilización de intereses de clase.

Estéticas y méritos en la impugnación moral a “las torres” y sus habitantes Ana vive en una casa de dos plantas cuya fachada es de ladrillo a la vista y en su interior presenta un estilo definido por ella como “cálido”. Desde que se mudaron ella ha puesto gran dedicación y pasión a su casa. Esta casa en la que vive Ana es la culminación de una trayectoria residencial que corona otra, de movilidad social ascendente. La mamá de Ana, nacida en Carlos Casares, era hija de inmigrantes rusos. El papá había llegado de Rumania y era vendedor de ropa. Mi papá era muy bohemio, vendedor con la valijita de ropa, dentro de la Capital, su clientela estaba en Parque Patricios, en el Once, y se manejaba con ingresos más que acotados. Vivíamos en un departamento de dos ambientes, interno, alquilado, costaba bastante pagar el alquiler. Mi mamá no trabajaba, y nosotros éramos cinco […], teníamos muchos problemas económicos.

Cuando tenía 10 años, Ana se mudó con su familia a Villa Celina. Sus padres habían empezado a pagar las cuotas a una empresa constructora que quebró y el Banco

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Hipotecario se hizo cargo de todos los perjudicados, otorgando “facilidades para acceder a una vivienda en un monoblock en la General Paz, donde está el autódromo, pero de enfrente, del lado de provincia […] eran como unos 20 monoblocks, una zona fea”. Al poco tiempo de comprar su casa actual, la “casita de mis sueños”, comenzó a modificarla acorde a su gusto y cuando se me dio el sueño de la casita después de muchísimos años me aboqué a la casa. (…) hice la parrilla ¡por favor el asado! Y el cantero de la calle, (…) le saqué el hogar, le puse uno más rústico, tipo campiña francesa que me encanta, ¡yo quería todo así! Y esos listones de madera en el techo también…

Hay en la casa de Ana una intención de hacer de cada objeto que ha colocado una elección estética, de que la belleza se introduzca en la cocina, en el baño, en el comedor. Ella es dibujante, estudió en un terciario y se dedica desde hace mucho, junto con su marido, al merchandising publicitario. Ella misma ha hecho muchas de las cosas que cuelgan de las paredes. En su casa no hay una separación de espacios entre lugares funcionales, prácticos y otros socialmente designados para ser “decorados”. En la casa de Ana todo está decorado con un estilo campestre. Ana enmarca su oposición a los cambios en el barrio en un relato sobre el fin de una sociedad que a muchos –como ella– les permitió acceder, a través de un crédito y con esfuerzo, a su primera propiedad. Ella se siente portadora de una “cultura del esfuerzo” que contrasta con “lo ostentoso” y “fácil” de quienes compran los departamentos: Mi casa ha sido el fruto de tanto, de tanto esfuerzo y de la elección de vivir en este barrio […]. Argentina se caracterizó por una gran clase media y esta gran clase media tenía sus matices. Lo cierto que en los noventa hubo una barranca hacia una clase media baja atroz por todas las industrias que se cerraron. Entonces las hipotéticas, los hipotéticos

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ocupantes de los edificios estos nuevos, podrían ser la juventud que necesita o quiere mudarse y les resulta mucho más económico que una casa. Un departamento, como me pasó a mí en su momento. Pero lo cierto es que a la mayoría de los jóvenes le resulta inaccesible. Ni siquiera un departamento, y ni siquiera hoy tenemos los planes del Banco Hipotecario, que era un plan social para una clase media baja como era mi caso. […] Acá no estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo que le permite comprar un departamento de clase media, esto está pensado en función de clase media alta, o muy alta, yo qué sé, las torres de Colpayo con pileta olímpica de natación, canchas de tenis, eso es un barrio cerrado, en el mismo barrio. Es un barrio sobre el barrio. Está pensado con otras variables, que no son el interés por la gente que compone el barrio, porque el tejido social viva bien (Entrevista a Ana, abril de 2008).

La “cultura del esfuerzo” de la que se sienten portadores tiñe de legitimidad sus propiedades y apropiaciones. Pero esa “cultura del esfuerzo”, ese sacrificio al que remiten una y otra vez, no necesariamente remite a una concepción individualista del ascenso social. En el relato de los “vecinos” emerge cierta añoranza de un Estado que tuvo un rol de igualador de las desventajas sociales y se lo reivindica, aunque es parte del pasado. En la explicación de su propia posición social logran articular un discurso meritocrático con la reivindicación de ese Estado que tuvo políticas habitacionales y educativas que les permitió llegar a donde están hoy. Casi todos los entrevistados han transitado su escolaridad en el sistema público, de nivel medio, terciario y universitario. Reivindican un Estado que formaba parte de una sociedad que acompañó trayectorias sociales ascendentes sustentadas en “esfuerzo” y “sacrificio”, en una “cultura del trabajo”. En esa construcción relacional, las “torres” encarnan procesos de “especulación”, “modos fáciles de ganar dinero”, “negocios con ganancias extraordinarias”. Quienes residen en esas nuevas edificaciones son colocados como aquellos

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que han podido acceder a bienes sin haber seguido una trayectoria signada por el “esfuerzo”, “sin trabajar”: “Los departamentos que se hacen tampoco se hacen para gente que trabaja, ¿me entendés? No son departamentos para clase media para abajo. Son deptos para clases altas, entonces tampoco están solucionando un problema habitacional” (Entrevista a Rubén, octubre de 2007). Una entrevistada enmarcaba la indignación que le generaban las nuevas construcciones en un relato acerca de que “la clase media” viene sufriendo una “cadena de pérdidas” y que “la casa” aparece como el “último reducto” donde refugiarse emocional y patrimonialmente. Tanto ella como la mayoría de los vecinos movilizados tienen más de cincuenta años. Han vivido experiencias significativas de ascenso social intergeneracional, la gran mayoría constituyen la primera generación de sus familias que accede a la universidad y hacen de su origen inmigrante un relato épico. Quienes se movilizan colocan como núcleo de su relato la noción de sacrificio y esfuerzo, para explicar cómo llegaron a tener lo que tienen y a vivir en el lugar en el que residen. La experiencia familiar de ascenso social atraviesa el relato de estos vecinos y enmarca poderosamente la explicación de la legitimidad de sus apropiaciones. Relatos autobiográficos que encarnan y actualizan lo que Visacovsky (2014) llama “el relato de origen de clase media”. Un relato –elaborado durante la primera mitad del siglo XX– sobre el éxito del inmigrante de origen europeo y de sus descendientes que resalta las virtudes del trabajo y el esfuerzo como camino al éxito y al progreso. Siguiendo al autor, la eficacia y la vigencia de este relato descansa en su capacidad de brindar un camino moral de ascenso social y en funcionar como principio de diferenciación de caminos inadmisibles y aquellos considerados moralmente aceptables. Los “vecinos” ponen a jugar este origen virtuoso y desde allí evalúan y categorizan a esos “otros” como encarnando caminos moralmente inadmisibles y expresando la materialización del quiebre de una sociedad que ya

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no premia ni acompaña esos caminos morales de ascenso social. Es decir, enmarcan la indignación que les produce la construcción de las torres, el deterioro del barrio, del entorno que rodea su casa, la degradación de su hábitat, como un suceso más de una cadena de eventos críticos que han puesto en jaque lo que han logrado con trabajo, esfuerzo y educación. En el relato de los “vecinos” emerge el neoliberalismo como la etapa de la Argentina en la que se produjeron esos “trastocamientos” que hicieron posible caminos de éxito moralmente inadmisibles. “Piojos resucitados”, “futbolistas enriquecidos” son algunos de los modos de nombrar a esos “otros” de los que ellos se distinguen. Pero los cambios en el barrio no sólo impactan en esa moralidad de clase media, también en las estéticas (siempre negociadas) a la que esa identidad remite. Roberto, que también vive en una casa de dos plantas de ladrillo a la vista, con un jardín grande, rechaza la estética de las nuevas construcciones y la distingue de la que siempre caracterizó al barrio: “Caballito era un barrio residencial. Caballito sur era un barrio de petit hoteles, de arquitectura maravillosa, de patrimonio arquitectónico, cultural. (…) La avenida Pedro Goyena era una calle de casas hermosísimas. La hicieron añicos con un estilo hollywoodense”. Aluden al estilo de las nuevas construcciones como “hollywoodense” y marcan que allí predomina un exceso de iluminación, vidrios, espejos, tonos grises, blancos y negros y unos materiales como el acero que ellos oponen a la calidez de la madera. Las nuevas construcciones aparecen como portadoras de una estética distinta al estilo francés e inglés que reivindican como identidad del barrio y toman distancia de aquel estilo, no quieren ser asociados a eso. Pero detrás de estos materiales y estilos, ellos afirman que existe una intencionalidad de “ostentación”, de querer “aparentar” lo que no se tiene. En esa línea, dicen que quienes viven en los nuevos edificios no lo hacen sólo por la mayor seguridad que proponen, sino también por

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la presencia de las llamadas amenities, porque “muestran lujo”. Marcos, un psicoanalista que vive en una vivienda tipo dúplex ubicada en un pasaje tranquilo del barrio, con árboles viejos y casas bajas, me decía algo similar. Esa impostura de clase media alta, de hacer cierto sacrificio para mandar a sus hijos a una escuela privada y por ahí los dos pibes duermen en el living, es como algo, a mi criterio, que me hace un cortocircuito, es decir, como que hay ciertas prioridades me parece. Y también, tienen ciertas actitudes de creérsela, esta cuestión de tener como una posición ideológica en el mundo que no se condice ni con la posición económica ni con la trayectoria de clase familiar, para decirlo de un modo. Si vengo de una familia patricia y tengo como cierta soberbia, bueno por lo menos se justifica biológicamente, naturalmente, tengo un apellido, nací así, en una casa pituca de Recoleta y aunque hoy viva con dos mangos, bueno, me quedé con la soberbia porque lo mamé. Pero hay gente que viene de hogares muy humildes y se ha hecho como una especie de repudio a sus orígenes. (…) gente que tiene un modo de hablar y de plantarse, que no tiene nada que ver con sus recursos y el lugar donde vive. (…) como si fueran los “dueños de”, gente que tiene una impostura, una cosa de, no sé si llamarla de clase, sería como de clase cultural, no encuentro la palabra, me falta vocabulario sociológico [riéndose], es decir, esa posición, una cierta corriente, una cierta subclase que es la posición que marca la 4×4, o determinado tipo de coche, determinado modo de vestir a los pibes. El tipo de vestimenta es cierto tipo de ropa que está en las revistas, está en la publicidad, ese tipo de ropa. Visten a los pibes de esa manera, uno nunca va a ver a los pibes vestidos medio indiecitos. No sólo la cuestión de la ropa, la cuestión del trato también es diferente. Es gente de mucho “anteojo ahumado”, hay una distancia…

Olga, una arquitecta que vive en una casa ubicada en una zona que está declarada Área de Protección Histórica por el valor arquitectónico de las viviendas, me señalaba que los “nuevos” tienen otro tipo de actitud, de invasión, acá en la otra cuadra tenemos un colegio privado y cada

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vez que hay una fiesta escolar te estacionan el auto en tu garaje, no les importa absolutamente nada, ellos son los dueños de todo”. En estos discursos, emerge cierta “retórica de la adecuación” (Liechty, 2009: 349) que remite a la noción de moderación y punto medio, coloca a los “vecinos” como portadores de un “consumo esclarecido”, guiado por una jerarquía de valores adecuada. A esos “otros”, en cambio, se le atribuyen consumos que a ellos les hace “cortocircuito” y que califican de “impostados”, aludiendo a que buscan fingir algo que no son. Hay una impugnación moral acerca de las prioridades que tienen esos “otros” frente a las que serían “adecuadas” para una clase media. Como señala Douglas (1998), la cultura es una contienda sobre la decoración como lo es sobre tantas otras cosas (1998: 84). Los bienes se utilizan para mostrar distinciones, entre viejo y joven, superior e inferior, insider y outsider. Lo interesante –siguiendo a Douglas– es poner a dialogar los continentes y los contenidos. En la retórica de la adecuación, lo que está en juego es un juicio acerca de un mal uso de objetos y comportamientos moralmente inaceptables que evidencian que no fueron adquiridos a lo largo de generaciones de correcta herencia. Son considerados por los “vecinos” como vulgares. Las “torres” buscan “ostentar”, “exhibir poder” mediante objetos –también las 4×4 son parte de ello– sin formar parte de una serie legitimada de consumos y de trayectorias. A diferencia de esos “otros”, los “vecinos” se sienten portadores de historias familiares de ascenso social sustentados en el esfuerzo y el sacrificio. Un relato que remite a sus antepasados inmigrantes y que actualiza el relato de origen de la clase media.

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Purificando el territorio. La lucha por el desalojo del asentamiento De modo simultáneo a quienes se involucraron en las contestaciones contra la construcción de edificios y torres, otros “vecinos” estaban comprometidos en lograr la expulsión de un asentamiento de cartoneros. Fue la presencia visible de esa pobreza la que activó la movilización y la organización. En septiembre de 2007, se construyó un puente peatonal y vehicular que cruza las vías uniendo a la calle Yerbal y Avellaneda a la altura del Club Ferrocarril Oeste. Si bien este asentamiento de cartoneros hacía tiempo que estaba allí, fue la construcción de este puente lo que creó una “zona de contacto”,13 puesto que tornó visible el asentamiento antes bastante solapado por la morfología del lugar. Una vecina relataba: Cuando el puente se terminó, dejó al descubierto un montón de viviendas precarias que aparecieron entre las vías del ferrocarril y el club Ferrocarril Oeste, cuya instalación crece incesantemente. Junto con todo este movimiento de viviendas precarias, empezaron a aparecer los robos a casas, negocios, autos y transeúntes. (…) Como si esto fuera poco, a fines de diciembre, un numeroso grupo de personas, aparentemente de origen peruano, invadieron dos propiedades que estaban desocupadas en Yerbal al 1420 y 1428 (…) A poco que apareció toda esta gente, dejaron de funcionar todas las luces de la calle, desde la esquina de Yerbal y Nicasio Oroño hasta la mitad de la cuadra del 1400. La calle de noche es un peligro mayor que de día, ya que, a la marginalidad de nuestros nuevos vecinos, se agrega una oscuridad que asusta… (Relato de vecina en una carta dirigida a una de las organizaciones del barrio, 14 de enero de 2008).

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Este concepto pone el acento “en el modo en que están constituidos los sujetos en sus relaciones mutuas, en la copresencia, en interacción” (Geertz, 2002: 78).

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En ese breve relato de una de las vecinas, están condensados todos los modos de categorizar que los vecinos movilizaron para aludir al asentamiento de familias pobres que se dedican al cartoneo. Como señala Carman (2011), la contaminación tiene diferentes acepciones implicadas en los proceso de segregación urbana y funciona siempre entrelazándose con discursos más amplios, como la concepción de ciudadano, los modos adecuados de ocupar el espacio, de relacionarse con el resto de los sujetos presentes en el territorio, con discursos morales, etc. En el asentamiento se condensa la “ilegalidad”, la “inseguridad”, la “suciedad” y la “oscuridad”. Formas de categorizar el asentamiento que también son alimentadas por los medios de comunicación que, al mes de construido el puente, comenzaron sacar notas sobre el asentamiento no como un problema de pobreza urbana sino como foco de inseguridad.14 Al mismo tiempo, comenzaron a proliferar diversos foros virtuales donde “los vecinos” opinaban sobre el asentamiento, las villas y lo que, según ellos, se debería hacer. Me interesa transcribir la intervención de un miembro de una de las organizaciones del barrio a quien, unos meses después, le sería otorgado el premio al Vecino Participativo 200915 y quien fuera uno de los referentes en el tema del desalojo del asentamiento:

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“Caballito: denuncian que la zona del nuevo puente es muy insegura. Las miradas apuntan a un asentamiento ubicado entre las vías” (Clarín, 25/10/ 07); “La inseguridad golpea al nuevo puente de Caballito” (Infobae, 25/10/ 07); “Crece la ocupación de un terreno ferroviario en la zona de la cancha de Ferro. Pelea entre vecinos y cartoneros por un asentamiento en Caballito” (Clarín, 28/06/08); “Vecinos de Caballito exigen la erradicación de asentamiento” (Infobae, 29/06/08). Juan Matienzo fue quien recibió el premio por “por su compromiso y trabajo por la seguridad y la higiene en el barrio”. Los premios al Vecino Participativo se enmarcan en el Programa de Fortalecimiento de la Participación Institucional (FOPAI). Desde 1991, y mediante Dto. Nº 578/90, el Gobierno de la Ciudad realiza el acto celebratorio, “en homenaje al vecino/a participativo/a”. En dicho evento, vecinos y organizaciones elegidos por los vecinos de los 48 barrios porteños son reconocidos por el Jefe de Gobierno de la Ciudad por su contribución a la mejora de la calidad de vida del barrio.

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Desde hace meses, vecinos del barrio de Caballito, venimos observando con mucha preocupación un nuevo asentamiento ilegal debajo y en adyacencias del nuevo puente, (…) en el que se acumulan en gran extensión y en forma constante desperdicios. Por otro lado, dichos elementos son quemados y seleccionados para su posterior traslado en camiones que estacionan todas las noches en doble mano sobre la calle Yerbal al 1300, siendo todo este conglomerado un foco de infección y asentamiento de roedores y alimañas, además de ser evidentemente un espectáculo nada agradable para los habitantes que cumplimos con las ordenanzas municipales. (…) Este asentamiento se suma paralelamente al precario conjunto de viviendas y basura acumulada ya existente detrás de los terrenos del Club Ferrocarril Oeste (al que concurren periódicamente cientos de niños). Este nuevo foco (aún disipable si se actuara con la urgencia que este tema requiere) inaugura otro potencial conjunto de viviendas precarias, pero a no más de 50 metros de nuestras viviendas. Los vecinos, con total desconcierto, divisamos desde nuestras viviendas, cómo se acumulan montañas de desperdicios y se efectúan frecuentes incendios intencionales a toda hora de materiales diversos (…) los cuales invaden nuestros hogares y obligan a cerrar las ventanas, afectando nuestra salud. Por otro lado, según consta, Caballito es una zona residencial, y por su condición de tal abonamos altos impuestos, mientras que estos asentamientos ilegales y precarios, tanto como las prácticas que los acompañan, hacen que los vecinos veamos con desagrado este tipo de invasiones visuales y ambientales, que van en desmedro del lugar en el que hemos elegido vivir. Ante la falta de respuesta policial (llamados múltiples al 911- visitas a Seccionales 12º y 13º) se hace manifiesta nuestra impotencia como ciudadanos de esta capital, al no ser escuchados nuestros reclamos (…) es por ello que los vecinos afectados por este grave problema, solicitamos en forma urgente a las autoridades que tomen las medidas necesarias (…). Ya que a todas luces vemos en este asentamiento, no sólo una situación ajena a la legalidad, con consecuencias notables de inseguridad en la zona (varios ilícitos) y con perjuicio ambiental; sino también la transformación de esta zona de transición a metros de nuestras viviendas, como el foco inicial de una potencial villa… (Intervención de Juan Matienzo en Forocaballito, resaltado mío)

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En el relato de Juan, la contaminación ambiental se anuda con la creencia acerca de que la condición de “ilegalidad” tiene “consecuencias notables de inseguridad en la zona (varios ilícitos)”. Al igual que en el primer relato citado, para estos vecinos hay una superposición entre “ilegalidad”, “inseguridad” y “contaminación”. Estos modos de categorizar a esos “otros” pobres funcionan también justificando su expulsión. Como veremos, el poder público –encarnado en funcionarios de Gobierno– parece compartir esa comunidad moral que construyen los vecinos y que al tiempo que refuerza las fronteras con los “otros” pobres, la diluye con los funcionarios. Pero antes, es preciso decir que frente a esos “otros” construidos como sucios y delincuentes –además de usurpadores– los “vecinos” refuerzan su lugar de “ciudadanos de esta capital” que “cumplen con las ordenanzas” y “pagan altos impuestos” por vivir en ese barrio. Al igual que sucedió en el caso de la protesta contra la construcción de edificios y torres, la identidad social de quienes se movilizan –y que en ese proceso la refuerzan–parece ser sumamente poderosa para abrir canales de visibilidad tanto en los medios de comunicación como frente a las agencias de gobierno. Los “vecinos” consiguieron tener ocho reuniones con altos funcionarios de la ciudad para plantear los principales problemas del barrio. Me interesa recuperar un intercambio entre vecinos y funcionarios que pude presenciar en una de las reuniones. En la reunión del 2 de octubre de 2008, estuvieron presentes diversos funcionarios, entre ellos, el Director General de Reciclado Urbano. La presencia de este funcionario se debía a que sería el encargado de explicarles a “los vecinos” los plazos legales para la desocupación del asentamiento, así como las futuras mecánicas de funcionamiento de los recicladores urbanos. La intervención del funcionario comenzó con una frase que le garantizó que los vecinos –muy acostumbrados a hacer interrupciones con frases como “somos profesionales, no nos pueden engañar”– le prestaran mucha

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atención. El funcionario inició su exposición diciéndoles que estaba ahí para “contarles el plan para ver cómo atacamos Caballito”. Lo escucharon atentamente: “el Gobierno tiene la postura de que acá –en el barrio– no se recicla más, se van, te damos los recursos y te vas a un centro verde. El espacio público no es negociable, se los saca por las buenas o se aplica la ley. El espacio público es para que pueda ser usado y disfrutado por los vecinos, no para que esté usurpado”.

En ese momento, la explicación del funcionario se vio interrumpida por acotaciones desordenadas de distintos vecinos: “sí, ¡no se le debe dar recursos a nadie que no se esfuerce!” “no se les puede regalar todo” “al final somos unos boludos, permisivos, dejamos que esa gente usurpe los espacios públicos del barrio” “parece que en Caballito fuéramos millonarios ¡y somos muertos de hambre!”

El centro verde al que aludía el funcionario queda en el Parque Roca, en Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad. Villa Soldati es uno de los tres barrios que conforman la Comuna 8, la más pobre de la ciudad (Cfr. Cosacov et al., 2011). Tanto para “los vecinos” como para los funcionarios en Villa Soldati sí es adecuada la instalación de un centro de reciclado. Estas son las instancias cotidianas, microsociales en los que se (re)producen “cartografías normativas de pertenencia” (Guano, 2004), que distribuyen personas y objetos según una jerarquía de lugares. El funcionario les prometió a los vecinos que el día 22 de octubre se procedería al desalojo del acopio de materiales reciclables y del asentamiento. Además, continuó el funcionario, “según la Ley 992 y (el) Código Contravencional, no puede haber ningún reciclador urbano que no esté vestido, con carro y

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registrado. Los recicladores urbanos es un paso del cartonero a reciclador urbano, y no es lo mismo, puesto que no vive en el barrio, llega y se va”.16 A continuación de la explicación del funcionario, una vecina planteó que tenía la duda de si “la tracción a sangre está permitida en la ciudad”. El funcionario le contestó que la tracción a sangre era lícita, “es como el caso de los de Disco, que llevan un carrito”. A continuación, otra vecina, agregó “sí, pero no es lo mismo uno que hace delivery para Disco y un cartonero”. Interrumpiendo, la primera vecina que había planteado la cuestión sobre la legalidad o no de la tracción a sangre, aclaró: “yo no hablo de los cartoneros, hablo de la tracción a sangre de animal, de los carritos tirados por caballos”. Por un instante, “la tracción a sangre” los convocó a los dos: caballos y cartoneros fueron figuras que estuvieron en paralelo. Ese malentendido revelaba el modo en que habían sido tematizados los cartoneros y los habitantes del asentamiento por parte de estos “vecinos” y funcionarios: despojados de derechos, sin ser considerados ciudadanos, ni acaso humanos, esos “otros” eran puestos en el límite de la sociedad. Eso era posible por una absoluta naturalización de la desigualdad, que la invisibilizaba como problema. En la explicación que los “vecinos” elaboraron sobre el asentamiento y la necesidad de desalojarlo sostuvieron un modo individualista y meritocrático de entender las maneras de estar y de habitar la ciudad y el propio lugar que se ocupa en la sociedad. A lo largo de las reuniones y en otras

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Como hemos señalado en un trabajo anterior (Cosacov y Perelman, 2014), el Estado realiza operaciones estratégicas destinadas a colocar a los cartoneros como “trabajadores recuperadores”. Los cartoneros pueden ser usuarios legítimos de esos espacios en tanto “trabajadores recuperadores”, pero no como habitantes. En los barrios porteños de clase media los cartoneros no pueden constituirse en “vecinos”. Y en ello el Estado nuevamente emerge operando a través del uso de la fuerza pública.

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situaciones que compartí con “los vecinos”, emergió con claridad la condena moral de estos vecinos hacia los habitantes del asentamiento, sustentada en la “falta de esfuerzo”. Corría el 16 de octubre de 2008; ese día se desarrollaría otra reunión. Sin embargo, cuando llegué estaban unos quince vecinos en la puerta del Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) que estaba totalmente cerrado. Adentro había un policía que dijo no tener información de una reunión. Allí empezó toda una discusión sobre qué deberían hacer ante esta “falta de respeto” que era suspender la reunión sin avisarle a nadie. Allí decidieron escribir un acta y firmarla dejando constancia de que se habían hecho presentes tal como había sido acordado en la reunión anterior. Mientras se debatía qué escribir en el acta, llegó una mujer que decía saber por qué se había suspendido la reunión. Contó que habían asaltado toda una serie de negocios cercanos al asentamiento. Eran los del asentamiento los que habían robado. El hecho había ocasionado que cortaran calles, el tránsito se había complicado para cruzar el puente y varios policías estaban en la zona. Esa noticia generó muchísimos comentarios. Había pasado lo que muchos anunciaban que ocurriría si el asentamiento no era erradicado de ese lugar.17 Unos minutos después, aproveché que esta señora y un grupo de unas seis personas habían salido de “la ronda” principal que se dedicaba a redactar el acta para preguntarles qué pensaban acerca de por qué esa gente vivía ahí y si no contemplaban que estas personas no tenían otro lugar donde habitar, no tenían otra opción. Algunos no dijeron nada, y si bien hubo como una gestualidad de asentimiento, después de la intervención de una vecina se instaló un discurso acerca de que los antepasados de ellos también habían sido “inmigrantes” y “pobres”, “y ser pobre no está mal”, pero sus antepasados, a diferencia de los habitantes 17

Nunca pude confirmar si efectivamente había sucedido esa cadena de robos. Los diarios al día siguiente no publicaron nada al respecto.

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del asentamiento, habían “trabajado”, se habían “esforzado” y habían logrado ascender socialmente. Al igual que los vecinos movilizados en contra de la construcción de edificios y torres, el relato de origen de la clase media es desplegado para explicar el lugar que tienen en la sociedad, teñir de moralidad sus trayectorias de ascenso social y distinguirse de quienes no pueden reivindicar para sí ese origen virtuoso. En este caso, por no poder alegar un origen blanco y europeo. A diferencia de la otra protesta en la que los “vecinos” movilizados lograban articular una explicación meritocrática con una lectura más colectivista en la que recuperaban la importancia del Estado como igualador de desventajas sociales, en ésta emergieron explicaciones meritocráticas individualistas. La naturalización de la desigualdad, la no problematización de la existencia de una distribución desigual de recursos y de los mecanismos que intervienen en ello, no sólo reforzó la esencialidad de esos “otros” –los cartoneros vagos, sucios, delincuentes– sino que también llevó a explicar por un “modo de ser”, el lugar que ellos mismos –“los vecinos”– tienen en la sociedad.

Un final anunciado… Unos meses después, el día 15 de mayo de 2009, se desalojó el asentamiento. Una revista barrial, cuyos editores forman parte de esos vecinos que estuvieron en las reuniones con los funcionarios, publicó una nota sobre el desalojo. En la nota puede leerse: Este desalojo no sólo fue posible por el accionar gubernamental, sino que también el compromiso cívico de los vecinos al denunciar el basural y el asentamiento, dio lugar al desalojo. La acción de una asociación vecinal, abocada a solucionar temas reales y concretos que nos afectan a todos, sin elaborar proyectos legislativos que muchas veces muestran cierto interés político; ha demostrado que vale la pena involucrarse y

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participar. El desalojo se desarrolló en armonía. Los ex habitantes del predio se instalarán ahora en un espacio digno y propio, ya que cada grupo familiar ha sido beneficiado con un subsidio que les posibilitó adquirir un terreno y una vivienda en el conurbano (18/05/2009, Revista barrial Horizonte, resaltado mío).

Conclusiones Recuperamos dos situaciones de conflicto en el barrio de Caballito que nos permitieron evidenciar cómo “los vecinos” en el proceso de trabajar por lo que imaginan y desean que sea el barrio, no sólo construyen a “otros” sino que también negocian su propia identidad. En ese sentido, las disputas urbanas en torno a los usos legítimos del espacio y sus legítimos habitantes constituyen momentos de producción del orden social y espacial y de las diferencias de clase. En esas dos situaciones de conflicto, la pregunta se dirigió a comprender cómo los vecinos construyen sus sistemas de diferencias, sistemas que crean clases de “otros”, y qué diferencias se seleccionaron como “problemáticas”. En ello, resulta significativo cómo las transformaciones por las que atraviesa el barrio son interpretadas y leídas a la luz de un relato sobre la clase media argentina y sus avatares. La clase media termina siendo el eje alrededor del cual se elaboran explicaciones sobre lo existente, lo que ocurrió en el barrio y desde donde se construyen identidades y diferencias de clase. Ya sea contra “las torres y edificios” o contra “el asentamiento”, es en el contexto de esas prácticas relacionales que “los vecinos” negocian qué significar ser de clase media. Tanto en esa delimitación por arriba o por abajo, se movilizan narrativas y moralidades de clase media. Sin embargo, en la delimitación frente a “las torres” y sus habitantes, emergen explicaciones más colectivas, los “vecinos” se colocan como encarnando una cultura de lo público que

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los diferencia de esos “otros” y reivindican un rol del estado como igualador de las desventajas sociales para explicar sus trayectorias sociales. En la explicación de su propia posición social logran articular un discurso meritocrático con la importancia del papel del Estado al acompañar trayectorias sociales sustentadas en el sacrificio y el esfuerzo. Al mismo tiempo, construyen a esos “otros” –habitantes de las torres– como encarnando trayectorias de ascenso social moralmente inadmisibles y personas menos comprometidas que ellos con lo colectivo. Hacen juicios sobre sus comportamientos: “se creen dueños de todo” y ponen en serie esos comportamientos con la elección por tipologías arquitectónicas cuyo valor está puesto en el uso más privado de espacios. Los “vecinos” oponen a ello su imaginario espacial de un barrio como espacio público y colectivo frente a esos “otros” a los que se categoriza como individualistas. Por su parte, en la explicación que dan sobre el asentamiento y la necesidad de desalojarlo, la mirada estructural, el contexto social, parece borrarse. Prima en cambio un modo meritocrático e individualista de entender las maneras de estar y habitar la ciudad y el propio lugar que se ocupa en la sociedad. Refuerzan una esencialidad tanto para explicar por qué son “pobres” los del asentamiento, como para explicar su propia posición social. Para cerrar quisiera agregar una última cuestión que, aunque requiere ser ampliada, es preciso destacar. Estas situaciones muestran de qué modo el espacio público está atravesado por lógicas de inclusión/exclusión y el modo en que algunos grupos, más que otros, logran instalar la definición sobre sus usos legítimos. En ese proceso, la participación ciudadana de estos vecinos muestra la paradoja de que su uso es para producir un cierre social. Estos vecinos necesitan del Estado –y lo consiguen– para lograr territorializar una frontera simbólica sustentada, pero a la vez reproductora de desigualdades sociales. La lucha exitosa de “los vecinos” para erradicar el asentamiento es una clara muestra de ello.

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Desde diversos ámbitos tanto académicos y como gubernamentales, a nivel local como internacional, la promoción de la participación ciudadana ha sido una de las apuestas más compartidas en vías a ampliar la democracia. Pero es preciso discutir y complejizar las miradas en torno a la participación ciudadana. A la luz de las disputas analizadas, el problema pareciera ser no una despolitización de la sociedad en el sentido de un menor interés por los asuntos públicos, sino el carácter impolítico al que conducen estas formas de participación, esto es, “la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común” (Rosanvallon, 2007: 38). El poder público, por su parte, lejos de favorecer el trabajo político entendido como una restitución de la globalidad, de las causas subyacentes de fenómenos sociales, capaz de otorgar inteligibilidad a ese mundo común, refuerza y realimenta la disgregación. La participación de estos vecinos, implicados en producir el barrio como ellos imaginan que debe ser, son prácticas políticas en tanto implican movilización de recursos para orientar las decisiones de gobierno respecto al espacio urbano. Al mismo tiempo, son prácticas moldeadas por sistemas de clasificación, que categorizan y jerarquizan a ellos mismos y a los “otros”, al tiempo que se sostienen en evaluaciones morales. Sin lugar a dudas, es preciso asumir que los barrios son ámbitos densos de producción de diferencias de clase (Elwood et al., 2015). Las clases están estructurándose en interacciones sociales, en arenas públicas y privadas, en discursos sociales y en distintos ámbitos de la vida social (Bourdieu, 1998; Giddens, 1998; Devine, Savage, Scott y Crompton, 2005). Y uno de esos ámbitos son los barrios de la ciudad.

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La villa “playón de Chacarita”: surgimiento y expansión, conflictos entre nuevos y viejos vecinos Políticas públicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2000-2015) VERÓNICA PAIVA1

Introducción Desde mediados de la década de 1990, surgieron en zonas centrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) una serie de nuevas villas de emergencia que no tenían existencia previa en la urbe. Desde ese momento, comenzaron las investigaciones orientadas a conocer las razones de su surgimiento y las características de sus habitantes (Szajenberg, 2009; Defensoría, 2006; Sindicatura, 2007). En diálogo con esas investigaciones, este capítulo aborda el caso del “playón de Fraga”, una villa ubicada en el barrio de Chacarita que se formó en los últimos quince o veinte años. De acuerdo con ello, el trabajo indaga sobre el momento histórico y las causas de surgimiento del “playón”, las razones por las cuales se asentaron sus habitantes, las estrategias habitacionales y las trayectorias residenciales

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FADU-UBA, [email protected].

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implementadas y las condiciones sanitarias, urbanísticas y habitacionales en las que viven. Por otro lado, y en línea con la temática central de este libro, analizaremos la conflictividad generada a partir del surgimiento de la villa entre viejos y nuevos habitantes el barrio. Para cumplir con los objetivos propuestos, en un primer apartado realizaremos una breve reseña histórica sobre el término “villa de emergencia”, luego daremos cuenta de las causas de surgimiento de la villa “playón de Fraga”, de las trayectorias y estrategias habitacionales de sus residentes y, luego, de la conflictividad que genera el asentamiento entre nuevos y viejos vecinos.

Metodología La investigación que sostiene este escrito se realizó en base a información de documentos oficiales, crónicas de diarios de circulación masiva y a partir de una serie de quince entrevistas en profundidad que buscaban conocer las trayectorias residenciales y las estrategias habitacionales de los habitantes del “playón”, tomadas entre 2013 y 2014. Las entrevistas se tomaron de acuerdo con una guía de preguntas que marcaban el rumbo del encuentro pero que no excluían la emergencia de temas nuevos y relevantes. Los entrevistados se contactaron por el método de bola de nieve (Taylor y Bodgan, 1987), por lo cual no se trata de entrevistas representativas de la población total del playón. Se tomaron siguiendo el criterio de saturación teórica de Glasser y Straus, es decir, el que indica que debe darse por finalizada la muestra cuando la incorporación de nuevos casos no agregaría información teórica (1967). Por la misma vía se tomaron también algunas entrevistas a vecinos colindantes a la nueva villa y se trabajó con un blog de “vecinos del playón de Fraga” que sirvió para conocer algunas de sus opiniones.

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Sobre el término “villa” En Argentina se denomina “villa” a las ocupaciones espontáneas de tierras surgidas hacia la década de 1930, como efecto de las migraciones internas iniciadas por la demanda de empleo que generó la industrialización por sustitución de importaciones posterior a la crisis de 1930. La primera villa se llamó “Villa Desocupación” y se formó en las cercanías del Puerto Nuevo (zona norte de la CABA), a partir del asentamiento de obreros portuarios despedidos en el contexto de la crisis de los años treinta (Novick 2003). Posteriormente, y a partir de ese antecedente, fue acuñada la expresión “villa miseria” o “villa de emergencia”, que se refiere a los asentamientos de trazado irregular, en general ubicados en tierras de propiedad fiscal, ocupados por migrantes internos o de países limítrofes que arribaron desde mitad del siglo XX y levantaron sus casas con materiales perecederos, sin equipamientos y sin regularidad dominial (Novick 2003; Bellardi y De Paula, 1986). Sus ocupantes las llamaron “villas de emergencia” justamente porque pensaron que su localización en el lugar era temporaria, hasta que encontraran un sitio mejor para vivir (Merklen, 1991). Su existencia se acentuó en la década de 1950 a partir de las migraciones internas y se expandió hasta mediados de 1970. Dicho período se caracterizó por el sostenido crecimiento de las villas, cuya cantidad de habitantes pasó de 34.000 en 1956 (21 villas) a más de 200.000 en 1976 (31 villas) (Dirección de Estadísticas y Censos, 2011). Luego de ello, y en el contexto de la dictadura militar que se inicia en 1976, sobrevino la erradicación de los pobladores y la baja del número de habitantes hasta la restauración de la democracia en 1983 (Aristizábal, 1998). Según el censo de 2010, la población en villas y asentamientos (sin definir a qué se refieren con uno y otro) aumentó un 52,3% entre 2001 y 2010 (Bermúdez, 2011).

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En cuanto a las características tipológico-espaciales, la villa se caracteriza por ser un tejido de tipo irregular formado por lotes de diferentes tamaños (Bellardi y De Paula, 1986; Aristizábal, 1988), lo que se relaciona con el criterio que poseían los primeros pobladores en torno de su estancia en dichos lugares. Concretamente, pensaban que la villa era un lugar de tránsito hasta que pudieran acceder a sus viviendas definitivas, de mayor consolidación, razón por la cual no dedicaban demasiada atención a la forma ni al tamaño del terreno (Bellardi y De Paula, 1986). En cuanto a la organización social implementada para ocupar el espacio, se trató de asentamientos espontáneos, a los que seguían otras ocupaciones relacionadas con la llegada de familiares y amigos de otras provincias de Argentina o de países limítrofes y del Perú. Hasta el momento, ésta sigue siendo la forma dominante de organización social y espacial para poblar las villas, aunque con un marcado aumento del mercado informal de compraventa de terrenos y casas (Paiva, 2013). En la actualidad, la población de las villas presenta un perfil poblacional heterogéneo que incluye inmigrantes internos y de países limítrofes y también población nacida en el Conurbano Bonaerense que se trasladó a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales (Cravino, 2006). En todos los casos, esta mudanza fue precedida por la existencia de familiares o conocidos que ya habitaban la villa y que brindaron las redes de información necesaria para la ocupación y el acondicionamiento del sitio. Este hecho, unido a la cantidad de organizaciones intermedias tales como comedores, instituciones de asistencia y delegados encargados de representar a los pobladores ante las autoridades estatales, mejoran la calidad de vida de los habitantes de las villas de emergencia.

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El playón de Chacarita. Ubicación, reseña de su gestación y etapas de crecimiento del asentamiento El “playón de chacarita” es un núcleo poblacional ubicado en dos hectáreas correspondientes a la playa de maniobras del ex Ferrocarril Urquiza, detrás de la Estación Federico Lacroze, entre las calles Céspedes, Fraga y Teodoro García, del barrio Chacarita de la CABA. Según un informe de la Defensoría del Gobierno de la CABA, en 2006 había establecidas allí 120 familias (Defensoría, 2006), mientras que un segundo informe indicó que hacia 2007 ya se habían asentado alrededor de 500 personas (Sindicatura, 2007). Según el censo general de población y viviendas de 2010, residían allí 2324 personas: 1184 mujeres y 1140 varones (GCBA, Dirección de Estadística y Censos, 2010). Es decir que entre 2006 y 2010, la población creció de modo exponencial. El sitio donde surgió el poblado era la playa de maniobras que cayó en desuso hacia mediados de los años noventa a partir de las privatizaciones de los ferrocarriles. Desde la Estación Federico Lacroze circulaban trenes metropolitanos y de larga distancia, como por ejemplo “El Gran Capitán”, que unía la CABA con Posadas (Misiones) y que fue un ícono de la importancia del transporte ferroviario en la vida cotidiana de la población argentina, desde su nacionalización en 1948 hasta el comienzo de la operatoria de privatizaciones iniciada en 1991. Pero, además del transporte de pasajeros, desde esta estación salían trenes de carga de granos, aceites y carnes hacia Misiones, Corrientes y Entre Ríos, cuya actividad se concesionó en 1997 a la América Logística Latina (ALL) hasta el año 2013 en que volvió a la gestión del Estado. Toda la prolífera actividad que supo tener el ferrocarril Urquiza generó la construcción de viviendas para los empleados ferroviarios en las diversas estaciones. En la de Federico Lacroze se construyeron una serie de viviendas para los trabajadores que eran trasladados a la CABA para

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realizar tareas de mantenimiento o de reparación de los trenes de esa estación. Durante años, ese fue el único núcleo poblacional que existió en la estación ferroviaria y se trataba de viviendas con todos los requerimientos legales y con todos los servicios de agua, luz, etc., necesarios para la buena habitabilidad. Todas esas viviendas están hoy rodeadas por otras que fueron construidas con posterioridad al año 2000. Siguiendo las palabras del mismo empleado ferroviario que habita el lugar: El sitio se fue poblando de a poco y cuando me di cuenta estaba rodeado de una cantidad de familias que se ubicaron en el terreno vacío. La mayoría eran desalojados de lugares cercanos, pensiones o casas que estaban en el barrio. No pudieron seguir pagando los alquileres y comenzaron a venirse acá. (Entrevista a empleado del ferrocarril, agosto de 2013)

A este primer conjunto de viviendas ferroviarias, le siguieron ocupaciones sucesivas de terrenos que fueron transformando ese espacio en un nuevo poblado pobre y precario de la ciudad, en tiempos cercanos al año 2000.

El crecimiento del playón de Fraga desde el año 2000 en adelante Además de los documentos oficiales, uno de los textos pioneros en relación con la villa de Fraga fue el realizado por Szajnberg y equipo (2009). El texto sostiene que la eclosión poblacional del playón se dio a partir del año 2000 con la instalación de gente que no podía seguir pagando alquileres en las pensiones cercanas y se asentó en el lugar:

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Las primeras viviendas autoconstruidas totalmente (esto es, por fuera de los vagones en desuso) fueron localizadas sobre la calle Fraga, utilizando la medianera que separa el predio de la calle como paredón propio, y con aberturas al exterior. (Szajnberg 2009: 52)

Con posterioridad a este primer movimiento de personas, aproximadamente a partir de 2003, el sitio comenzó a poblarse de inmigrantes del interior del país y de países limítrofes o de la región (peruanos, paraguayos, bolivianos) y por nuevos vecinos de zonas aledañas corridos por los desalojos o la suba de alquileres (Szajemberg, 2009: 52). Por su parte, otro informe de la Defensoría del Pueblo en 2008 describe cuáles eran las condiciones ambientales, sanitarias y sociales de los habitantes del playón en ese período: De la observación realizada en los sectores comunes del predio y en algunas unidades de vivienda se comprobó que las casillas están construidas a partir de la disposición irregular de tirantes, tablones y placas de material fenólico. En algunos casos, el material de cubierta lo constituyen chapas metálicas y, en otros, placas de madera. Asimismo, se constató que los muros perimetrales que limitan el predio se encuentran sostenidos -en su mayoría- por construcciones precarias y, en ellos se apoyan algunas de las viviendas. Además, se observó que los pasillos internos del asentamiento son de tierra, sin detectarse pendientes planificadas, hecho que las convierte en inundables (Defensoría 2008: 1).

Y se agrega: “Los vecinos manifiestan que carecen de agua segura para el consumo humano por la inexistencia de fuentes de agua corriente, debiendo proveerse de la misma mediante conexiones precarias y baldes” (Defensoría 2008: 2-3). Si se citaran los párrafos de este informe referidos a electricidad, residuos y gas, la descripción de la situación no diferiría de la comentada, ya que durante años el playón fue un sitio muy precario, sin servicios, ni recolección de

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residuos. El testimonio de algunos de sus primeros habitantes abona el comentario realizado: “Vivíamos con mi mamá en una pensión de aquí cerca. Pero nos desalojaron. Alguien le dijo a mi mamá de venir aquí pero ella no quería porque el lugar era muy precario. No había nada, ni luz, ni agua, ni nada. Con el tiempo aceptó y nos vinimos para acá en el 2007” (M., agosto de 2013). En esta primera etapa la ocupación de los terrenos se producía por individuos o familias que se asentaban sin un patrón organizado, ni social ni espacialmente. Los lotes eran de tamaños diversos y de trazado irregular, la información sobre sitio disponible para instalarse corría entre parientes y amigos y aún no existía un mercado informal de compra-venta. Desde 2006 hasta 2009, el lugar se pobló lentamente, pero luego de esa época no sólo se aceleró el ritmo de instalación, sino que cambió la modalidad de edificación: Fraga fue creciendo exponencialmente. Ahí viven alrededor de 700 familias y cada vez llega más población del conurbano y de países limítrofes. También gente que no podía pagar el alquiler en otras villas, como la 1.11.14. Como ya no cuenta con espacio para crecer a lo ancho, se desarrolla a lo alto: sus construcciones de ladrillos tienen entre cuatro y cinco plantas. Cuando empezó el asentamiento, en el año 2001, apenas había algunas casillas de obreros ferroviarios. Después se fue instalando más gente, aunque hasta 2006 se levantaban pocas casas de material. Tres años más tarde, las construcciones alcanzaban las tres plantas y en 2011, cuatro” (Santiago López Moreno, Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Ministerio de Desarrollo Social del GCBA a Diario Clarín, 07/07/2013).

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Trayectorias residenciales y estrategias habitacionales de los residentes del playón Vamos a entender como trayectoria residencial el conjunto de cambios de residencia que realizan los hogares o las personas a lo largo de su vida (Di Virgilio, 2007) y, como estrategias habitacionales, todas las tácticas implementadas por los habitantes para acondicionar el sitio donde viven, lo que incluye las acciones utilizadas para acceder a los terrenos, las usadas para edificar la vivienda y los mecanismos puestos en marcha para acceder a los servicios mínimos indispensables: agua, luz, gas (Di Virgilio, 2007). Con estos conceptos como marco de referencia, algunos extractos de entrevistas tomadas a personas del playón permitirán conocer por qué llegaron hasta ahí y cómo satisfacen sus necesidades habitacionales. Llegué a Buenos Aires hace veinte años. Vivíamos en una pensión cerca de acá. Nos desalojaron y buscamos aquí. En la actualidad tengo luz y compré un tanque de agua usado que se carga con el camión cisterna que trae todos los días el Gobierno de la ciudad. Mi mamá vive abajo y yo, acá arriba con mis hijos. Las conexiones de luz están sobrecargadas por la cantidad de vecinos que se cuelgan de ella (M., agosto de 2013).

El testimonio de A., otra mujer que llegó no hace tanto tiempo, esclarece aspectos vinculados a las trayectorias y las estrategias: Yo vine de Perú directamente para acá. Vine para acá porque acá ya estaba mi primo. Nunca quise alquilar en otro sitio sino que me fui mudando acá. Primero alquilamos una pieza horrible en la parte de adelante. Era chica y muy fría porque era en un segundo piso. Y cara. Nos cobraban 1000 pesos por la pieza y compartíamos el baño y la cocina. Se cortaba el agua y la luz. Luego me mudé a otra pieza más atrás y esa está mejor. A veces se corta la luz porque está sobresaturado

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y se recalienta y se corta. Una vez se cortó todo y luego se me quemó la televisión. Sobre la garantía no te piden nada, sólo tenés que pagar por adelantado. Con la dueña bien, sólo si rompes algo tenés que repararlo. Yo gano más o menos 3000 pesos como empleada doméstica por hora y 1100 se me van en el alquiler. Acá en el comedor te dan la leche y un pan o una facturita y además tengo Ciudadanía Porteña que en mi caso son más o menos $ 4002 (A., 2014).

Varios testimonios reproducen la procedencia, la trayectoria y las estrategias habitacionales de los pobladores del playón. Se trata de personas desalojadas de casas tomadas o pensiones del barrio o de inmigrantes más o menos recientemente llegados al país, que no pueden acceder a alojamientos generados por el mercado formal, ya sea departamentos o pensiones y, por esa razón, se asientan en ese sitio. Yo vivo en Buenos Aires hace 4 años. Llegué de Perú a un lugar donde mi hermana alquilaba que es en el barrio de Once, sobre Pasteur. Estuve viviendo ahí con ella, durante nueve meses. Luego tenía que entregar el lugar y la familia crecía porque me vine con mi nena, y tuvimos que salir a buscar un lugar para alquilar y buscando, buscando, llegamos a esta villa por una conocida de mi hermana que nos avisó de unas piezas que alquilaban. Cuando ingresamos pagábamos $ 800 y nos mantuvieron el precio hasta 2011 en que pudimos comprar este primer piso que nos salió 20.000 en el año 2013. Te venden el aéreo y construís. Aquí de alguna forma estamos mejor, en Pasteur no había agua caliente para nada. Aquí tampoco hay pero tenemos la posibilidad, o será porque no era mío el espacio, acá mi marido puso un calefón eléctrico y por lo menos tenemos agua caliente todo el día. La desventaja es que se corta cuando están las fases sobrecargadas, ese es el problema que tenemos con la luz (L., entrevista agosto de 2014).

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La canasta básica total (bienes mínimos necesarios para no caer en la pobreza) era de $ 1522,06 por persona en marzo de 2014.

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Los testimonios no sólo dan cuenta de las trayectorias y las estrategias sino de la lógica predominantemente mercantil y de producción inmobiliaria informal que predomina dentro del playón ya que, como se ha visto, los terrenos, las casas y las piezas se compran o alquilan a precios que rondan los $ 1000 (alquiler). Términos como “venta del espacio aéreo” o carteles que indican “Aviso: se alquila pieza. Sólo o con pareja. No con chicos” dan cuenta del ingreso de una lógica mercantil que se extiende sin las leyes del mercado formal y que convive con estrategias no mercantiles, como informar sobre sitios disponibles o la ayuda entre parientes.

Conflictos entre nuevos y viejos vecinos El “playón de Fraga” es una villa que surgió en el medio del tejido urbano del barrio de Chacarita, un sitio residencial de la CABA. Su surgimiento no pasó inadvertido ante los vecinos sino que, al contrario, provocó fuerte repudio. Tal fue el rechazo que un grupo de ellos armó un blog para publicitar la situación y existen diversos sitios en Facebook y en Twitter donde los vecinos pueden postear opiniones. ¿Qué dicen esos post? Los vecinos de Chacarita somos gente que vivimos hace mucho en nuestro querido barrio y nos da mucha bronca que hasta ahora ningún Gobierno tome las riendas y haga lo que la ley manda. Luchamos por la erradicación de este predio, no queremos urbanización de tierras usurpadas. No es correcto premiar con títulos de propiedad a quién usurpó y hasta realizó negocios inmobiliarios en tierras de mi país (Blog: “no al asentamiento del playón de fraga”, 2015) ¡¡Vienen a laburar de narcos y de trata!! La Villa Fraga es un criadero de delincuentes y el 90% son extranjeros. Vivo a metros del lugar y conozco bien la zona. (Carlos, invitado, wikimapia.org, 2014)

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No queremos villa en nuestro barrio. (Blog: “no al asentamiento del playón de fraga, 2015) Narcos, borrachos, planeros, ruidos a toda hora. (Blog: “no al asentamiento del playón de fraga”, 2015)

Como dejan ver las frases, la queja no se relaciona con elementos construidos del barrio o con la ausencia de infraestructura o servicios suficientes, sino con otro aspecto de la vida barrial, concretamente, con la presencia de un “otro” al que se le adosa toda una serie de males sociales y urbanos. Es que, como plantean Duhau y Giglia (2004), existe un “orden urbano” que emana de distintos tipos de urbanismo y reglamentos sobre la ciudad: tránsito, formas de uso de los artefactos urbanos, de los espacios públicos, de las infraestructuras, cuyo quiebre por la aparición de nuevos usos no previstos genera conflictividad. Pero además de este orden ligado a la forma y a los usos reglamentados, existe otro uso validado en la cotidianeidad, que se aprende durante el proceso de socialización y que informa a los sujetos sobre el uso “correcto” de la ciudad (Duhau y Ciglia, 2004: 263-264). Por eso, para los viejos vecinos del área lindante al playón de Chacarita, hay “buenos y malos vecinos”, “locales” y “extranjeros”, “propietarios” y “usurpadores”, “trabajadores y planeros”, usuarios “legítimos” e “ilegítimos” de la ciudad, más toda otra serie de caracteres estigmatizantes que se le imputan a quien no comparte el habitus urbano (Duhau y Ciglia, 2004: 264). Es que, tal como plantean De Certeau y otros, el barrio es, casi por definición, un dominio del entorno social, una porción conocida del espacio urbano en la que, más o menos, el usuario se sabe reconocido. El barrio debe entenderse como esa porción del espacio público en general (anónimo, para todo el mundo) donde se insinúa poco a poco un espacio privado particularizado debido al uso práctico cotidiano de este espacio (De Certeau et al., 1994: 8).

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Por esta razón, quien no comparte el habitus de los “buenos vecinos” del barrio es un desconocido, un extraño, un “otro” delictivo al que hay que alejar.

Políticas públicas dirigidas a las nuevas villas, a sus habitantes y al barrio mismo Cuando se exploran las políticas públicas dirigidas a las nuevas villas, se detecta una gran ausencia de normas y políticas relativas a estos nuevos núcleos poblacionales. En términos generales todas las villas de la CABA están incluidas dentro de la Ley 148 de atención a la problemática de villas y núcleos habitacionales transitorios (Legislatura de la Ciudad Autónoma, 30/9/1998) lo que implica el reconocimiento y la puesta en marcha de procesos de radicación y de urbanización para todas las villas de la ciudad. Si bien en la práctica no existen tareas concretas dirigidas a la radicación y a la urbanización (excepto algunos casos aislados en las villas de zona sur), lo cierto es que al menos existe una ley que admite su existencia y exige que deben hacerse reformas urbano-sanitarias adecuadas a un área residencial. En cambio, en lo relativo a las nuevas villas, hasta el momento no han sido reconocidas como tales, sino como “nuevos asentamientos”. Esto es así porque los primeros documentos que daban cuenta de la formación de nuevos poblados en situación precaria se referían a la existencia de “asentamientos nuevos” y no de villas (Defensoría, 2006). Sin pretenderlo, los valientes documentos de la Defensoría que denunciaban la existencia de personas en situación de desamparo social y habitacional contribuyeron a validar un tipo de núcleo poblacional –el asentamiento– que no está comprendido dentro de la Ley 148 y en el que se escudan las autoridades competentes para no tomar medidas para intervenir con políticas de radicación y de asistencia sanitaria. Uno de estos casos es el playón de Chacarita.

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Este tipo de medidas no sólo deja ver la fuerza de los documentos oficiales para convalidar tipologías de núcleos urbanos (el asentamiento y no la villa), sino también la pericia de las instituciones para escudarse en estas normativas y no intervenir. Hasta el momento, el Gobierno de la ciudad asiste a los habitantes mediante instrumentos de política social, como la Tarjeta Ciudadanía Porteña, pero no con medidas de fondo que contribuyan a la solución habitacional definitiva de los habitantes. En lo referente a las políticas públicas orientadas a mitigar el conflicto entre nuevos y viejos vecinos, son inexistentes las relativas a mesas de debate, talleres participativos o cualquier otro instrumento orientado a conciliar posiciones y equilibrar la convivencia vecinal.

En síntesis La villa del “playón de Fraga” surgió en una época cercana al año 2000 a partir del asentamiento de personas desalojadas de las pensiones y casas tomadas de la zona, que se instalaron en las playas de maniobras y depósitos que quedaron sin uso luego de las concesiones de las redes ferroviarias a empresas privadas. Tal como dejaron ver las trayectorias y las estrategias habitacionales, existieron tres momentos en la formación de la villa de Chacarita: uno inicial en el que sólo hubo viviendas de los empleados del ferrocarril (hasta el año 2000, aproximadamente), una segunda etapa en que se asientan vecinos desalojados de casas tomadas o pensiones cercanas a la estación, en que la villa crece lentamente por medio de ocupaciones espontáneas o tomas de tierra más o menos organizadas, y una tercera, cercana a los años 2008 o 2009, en que se precipita el crecimiento de la villa a partir de la instalación de personas que se mudaron desde otros sectores de la ciudad y por la llegada de inmigrantes

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de países cercanos o migrantes internos. En esta etapa, no sólo se aceleró el ritmo de expansión, sino que se generalizó el crecimiento en altura y el acceso al hábitat por vía de la compra o del alquiler de terrenos y casas, emulando lógicas mercantiles. El surgimiento de esta nueva villa en medio del tejido formal de un barrio tradicional como el de Chacarita provocó reacciones negativas de parte del resto de los vecinos que vieron amenazados el “orden urbano”. Dicha conflictividad puede entenderse a la luz de los comentarios de Pierre Bourdieu en “Efectos de lugar”: Si el hábitat contribuye a formar el habitus, éste hace lo mismo con aquél, a través de los usos sociales, más o menos adecuados, que induce a darle. Así, nos inclinamos a poner en duda la creencia de que el acercamiento espacial de agentes muy alejados en el espacio social, pueda tener, de por sí, un efecto de acercamiento social: de hecho, nada es más intolerable que la proximidad física (vivida como promiscuidad) de personas socialmente distantes. (Bourdieu, 2010: 121-122)

De este modo Bourdieu cuestiona una premisa sostenida por otros autores como Kaztman (2001) que postula la coexistencia espacial de personas de distinto nivel socioeconómico para alimentar la heterogeneidad y la integración social. La posición de ambos autores marca un contrapunto valioso al momento de pensar el perfil de las políticas públicas a implementar en la ciudad.

Bibliografía Aristizábal, Zulema e Izaguirre, Inés (1988). Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Buenos Aires: CEAL.

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Bellardi, Marta y De Paula, Aldo (1986). Villas miserias: origen, erradicación y respuestas populares. Buenos Aires: CEAL. Bermúdez, Ismael (2011). “La población en villas creció más del 50%”, Clarín, 7/9/2011. Disponible en: www.clarin.com/capital_federal/poblacion-villascrecio-ciento_0_550145018.html. (Consultado el 3/ 10/2012). Bourdieu, Pierre (2010). “Efectos de lugar”. En La miseria del mundo. Buenos Aires: FCE. Cravino, María Cristina (2006). Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. Buenos Aires, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. GCBA. Dirección General de Estadística y Censos (2010). “Cuadro sobre población en villas y censos según censo y edad en base del censo de población y vivienda”. (mimeo) Cravino, María Cristina, Del Río, Juan Pablo y Duarte, José Ignacio (2008). “Un acercamiento a la dimensión cuantitativa de los asentamientos y villas del Área Metropolitana de Buenos Aires”. En Cravino, María Cristina (org.). Los mil barrios (in)informales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (2006). Informe de Situación: Desalojos de “Nuevos Asentamientos Urbanos”, Buenos Aires (mimeo). De Certeau, Michel, Giard, Luce y Mayol, Pierre (1999). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana. Di Virgilio, Mercedes (2007). “Trayectorias residenciales y estrategias habitaciones entre familias de sectores populares y medios residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”. Congreso Latinoa-

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mericano y caribeño de ciencias sociales. Congreso en conmemoración de los 50 años de FLACSO, Quito, Ecuador. Entrevista a Santiago López Moreno, Subsecretario de fortalecimiento familiar y comunitario, GCBA. En: “En la calle Fraga, el asentamiento de Chacarita ya es una villa: tiene edificios de 5 pisos”, Clarín, 7/7/2013. Disponible en: www.clarin.com/ciudades/asentamientoChacarita-villa-edificios-pisos_0_951504946.html (Consultado el 27/8/2014). Katzman, Rubén (2001). “Seducidos y abandonados. El aislamiento social de los pobres urbanos”. Revista de la Cepal, N. 75. Disponible en: www.cepal.org/publicaciones/xml/6/19326/Katzman.pdf (Consultado el 20/ 8/2016). Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley 148 de “Atención a la problemática de las villas y núcleos habitacionales transitorios” Merklen, Denis (1991). Asentamientos en la Matanza. La terquedad de lo nuestro. Buenos Aires: Catálogo. Novick, Alicia (2003). “Villa”. En Novick, Alicia (ed.). “Las palabras de la ciudad: ciudad, villa, suburbio, barrio, country club, plaza, chalet y conventillo”. Crítica. N.° 131. IAA-FADU-UBA (mimeo). Paiva, Verónica (2013). “Nuevas formas precarias de acceso al hábitat. El caso de ‘La Carbonilla’, Paternal, Ciudad de Buenos Aires, década de 1990”. REA, Agenda de Reflexión en Arquitectura. N.° 19, FADU-UBA. Szajnberg, Daniela (coord.) (2009). Los nuevos asentamientos informales en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: FADU-NOBUKO.

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Jóvenes frente a la fragmentación socioespacial Estrategias de encuentro, negociación y disputa en y por el espacio público porteño. Parque Mujeres Argentinas de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2011-2012) MARÍA ROSA PRIVITERA SIXTO

Introducción En 2011 tomé conocimiento de las disputas nocturnas establecidas entre jóvenes residentes de los barrios porteños de Villa Lugano y Villa Soldati, practicantes de skate y longboarding,1 y los vecinos residentes de las torres aledañas al Parque Mujeres Argentinas del barrio Puerto Madero, en torno al uso de dicho espacio público. Si bien tales tipos de discrepancias son las que suelen generar la mayor cantidad 1

Las prácticas del skate y longboarding surgen en vinculación a otras prácticas como el surf, de la que se toma la idea de “montarse” sobre un tabla que se desliza, no ya sobre el agua, sino sobre el pavimento de la costa oeste de Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, en el marco de una época que ha sido caracterizada por el historiador Eric Hobsbawm (1995) como de “auge de la cultura juvenil” en las sociedades urbanas occidentales, durante la cual los jóvenes comienzan a ser erigidos en grupo social independiente. Son prácticas sociales que se desarrollan a escala global, entre el pasatiempo de estilo rebelde y anti-social, y el disciplinamiento por las vías de su deportivización (Camino, 2010) y su mercantilización.

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de los conflictos que caracterizan la vida de y en las grandes ciudades contemporáneas (Duhau y Giglia, 2008), la particularidad y la relevancia de nuestro referente empírico surge de los vínculos sociales y espaciales que se estaban poniendo en juego. Es que mientras los barrios pertenecientes a la comuna 8, en los que los jóvenes residían, se destacan por la presencia de un gran número y tamaño de conjuntos de vivienda social, villas, asentamientos y espacios verdes que configuran una estructura “fuertemente fragmentada y discontinua” que rompen con el tradicional damero de la trama urbana porteña (Secretaría de planeamiento, MDU, 2011), la discontinuidad de Puerto Madero surgía de que su acceso se hallaba limitado a un puñado de puentes giratorios que desde fines del siglo XIX conectan esta isla artificial al centro histórico, político y financiero de la ciudad (Khalil, 2014: 3). Ahora, para la segunda década del siglo XXI, Puerto Madero ya era reconocido como paradigma de la recualificación urbana que desde hacía algunas décadas se había vuelto hegemónica como forma de hacer ciudad, mientras los barrios de la comuna 8 lo eran de la relegación con respecto a esos procesos de recorte y de iluminación selectiva ejercidos por el capital financiero inmobiliario de la mano del Estado (Girola et al., 2011). Y mientras Puerto Madero era reconocida como “emblema de una urbe reconfigurada principalmente –aunque no de modo exclusivo– para el disfrute de los sectores sociales más acomodados” (Girola, 2006), la comuna 8 era la que concentraba los indicadores más deficitarios de la ciudad, agrupando a fines de 2011, según datos del propio Ministerio de Desarrollo Urbano, la población con los niveles más bajos de ingresos, con más del 60% de sus hogares ubicados entre los estrato medio-bajo (37%) y bajo (28,6%), amén de que el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (13,4%) duplicaba el promedio a nivel ciudad, lo que contribuía “a desarrollar, sostener y reforzar un territorio segregado en relación con el resto de la ciudad” (Rodríguez y Zapata, 2013: 50).

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Ahora bien, son los jóvenes uno de los sectores de la población que se ven más expuestos a la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión en las sociedades contemporáneas, aunque no todos lo están por igual (Saraví, 2009). Al respecto son contundentes las disparidades entre los jóvenes que residen en la zona sur –que incluye a la comuna 8– y aquellos que residen en el norte de la ciudad de Buenos Aires: mientras indicadores como nivel de repitencia, precarización laboral, desocupación o carencia/déficit de servicios de salud, en el año 2012, duplicaban los valores del norte, otros como la deserción escolar y los problemas sociorresidenciales los triplicaban; así, se observaba incluso que frente a una tasa de desocupación del 16,2% entre los jóvenes con problemas sociorresidenciales, la de aquellos jóvenes que no tenían tales problemas habitacionales apenas alcanzaba el 8,9%, “lo que reafirma la situación de ‘acumulación de desventajas’, para usar la expresión con la que Gonzalo Saravi (2006) define las formas de exclusión en América latina” (Chorny y Paura, 2015: 4).2 Pues bien, en el marco de aquella línea que indaga en los procesos de interacción/negociación cotidiana a través de los cuales se reproducen las desigualdades socioterritoriales en la ciudad contemporánea de Buenos Aires, este escrito analiza la problemática inserción de un grupo de jóvenes residentes de una de las zonas más relegadas de la ciudad, en el espacio público de uno de los barrios porteños más modernos y lujosos. Para ello nos valdremos de observaciones de campo realizadas en el parque Mujeres Argentinas del barrio de Puerto Madero, entrevistas a usuarios y vecino del parque entre los años 2011 y 2012, y otras fuentes primarias. Se pretende establecer tanto el valor diferencial que las prácticas de los jóvenes podían adquirir al ser ejercidas en sus barrios de residencia y fuera de estos, como

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Cifras arrojadas por la Encuesta Joven 2012, que no sólo no fueron corregidas por las políticas públicas, sino que continuaron acrecentándose según la encuesta de 2014 (Chorny y Paura, 2015).

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los límites de lo que resultaba socialmente tolerable en el particular territorio público de Puerto Madero. Asimismo se examinarán las prácticas y los discursos puestos en juego a la hora de legitimar y negociar los distintos tipos de apropiaciones trabadas en la disputa por el uso y el control de dicho espacio público. Ello nos conducirá a sostener que la experiencia que de la ciudad pueden tener estos jóvenes es efecto de toda una historia de acumulación de desventajas respaldadas por los Estados, inversores privados y vecinos porteños, pero también de su pretensión y capacidad de darse algo más que experiencias de padecimiento, victimización y exclusión. De modo tal que aun cuando en la ciudad proliferen procesos de fragmentación socioespacial, los contra-usos que los jóvenes se muestran capaces de ejercer, además de cuestionar y redefinir los límites de lo que resulta posible hacer en y con el espacio urbano, también deben ser interpretados como estrategias de encuentro entre pares y copresencias con sus otros urbanos.

Copresencia y representaciones espacio-temporales en el Parque Mujeres Argentinas Durante mis visitas al parque Mujeres Argentina de Puerto Madero, lo que más llamó mi atención fue que las decenas de grupos que estaban “andando” en skate, en longboard, en rollers, o en distintos tipos de bicicletas, o paseando a sus perros, trotando, practicando breakdance o realizando algún tipo de celebración, se sucedían a la vez, circulando y esquivándose, “sin molestarse” unos a otros. A mi modo de ver, la disposición corporal de esos actores dentro de aquella dinámica de circulación a primera vista pacífica, hablaba de una eficaz incorporación de normas. Estos cuerpos se volvían expresión de una “manera de estar, de comportarse” (Bourdieu, 1986: 184), “adecuada” a las interacciones que se deben

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sostener en el espacio público urbano. Me refiero a las “reglas de urbanidad” (Giglia, 2000) que constituyen estos códigos de comportamiento e incluyen un arduo trabajo “en el sentido goffmaniano de una evitación de señales y expresiones”, una actitud de “desatención cortés” que, esquivando la mirada y el tacto, nos permite hacer como que no vemos a los cientos de otros que por allí transitan (Villalobos, 2004: 26). Esto resulta posible en tanto los espacios constituyen esferas de significación social, que Contienen visiones del mundo o éticas particulares (…) que constituyen la propia realidad y que permiten normalizar y moralizar el comportamiento a través de perspectivas propias. (…) Es de esperar (…) un comportamiento diferenciado de acuerdo con el punto de vista de cada una de esas esferas de significación. (Da Matta, 1985: 53)

Sin embargo, aun cuando la idea del espacio público suponga tal convergencia mínima de sentidos acerca de lo que significa frecuentarlo e integrarlo, el mismo podrá ser definido como entrecortado por diferentes representaciones, emergentes a partir de los usos que califican al espacio y le atribuyen sentidos, orientando acciones sociales y siendo por estas delimitado de manera reflexiva, contribuyendo así a una conflictiva construcción práctica del espacio público (Leite, 2004). En el caso bajo análisis, la tensión se presentaba entre los jóvenes de entre 17 y 30 años de edad, practicantes de skateboarding y longboarding venidos de la comuna 8, y algunos de los residentes de las torres-country3 aledañas al parque Mujeres Argentinas.

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La categoría refiere a un espacio social pretendidamente “aislado de su entorno, despegado del tejido urbano, cerrado a la calle con cercas y paredones, elevado en altura para capturar vistas al río y a los parques, concentrado en planta baja para ganar capacidad constructiva y para

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Es que más allá de los usos planificados para el mobiliario de dicho parque, este se veía sometido a proyecciones de sentidos que habilitaban usos no convencionales: en el caso del skateboarding se trata de saltos y deslizamientos sobre escaleras, bancos, barandas y bordes en general –untados con cera–, mientras que en el del longboarding más bien se trata de extensos deslizamientos a través de sendas/caminos/calles, a altas velocidades. Estos contra-usos, que hasta incluían cambios en la ubicación del mobiliario, suponían la transformación de la funcionalidad con la que estos y el parque habían sido originalmente diseñados –imagen 1–. Al respecto, una de las chicas de 25 años de edad, que hacía poco empezaba a “andar” con la tabla, en una de las entrevistas que tuvimos en el parque naturalizaba: “Esta plaza está hecha para andar, ¡mirá! Escaleras, bajadas, barandas…”, invitándome gestualmente a observar uno de los parques con mayores dimensiones de la recualificada isla portuaria, custodiado por una decena de agentes de Prefectura, y que asimismo se destacaba por un diseño que poseía barrancas, desniveles y muros de piedra, así como extensas rampas y escaleras de cemento que permitían acceder a su centro.4 Imagen de bancos de cemento usados como rampas en las escaleras, o corridos a un lado para facilitar deslizamientos. Parque Mujeres Argentinas ver Diario La Nación, 30/05/2014.

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generar un parque propio, que junto a los equipamientos y servicios comunes conforman una alternativa ‘urbana’ a las promesas del country club o barrio cerrado (seguridad, confort, contacto con la naturaleza, exclusividad)” (Tercco, 2005). Diseño que por otro lado, algunos autores interpretan en términos de barreras físicas que limitan el accionar de los usuarios, pero facilitan “la vigilancia omnipresente” por parte de las fuerzas de seguridad “que detectan y corrigen las más mínimas desviaciones” (Khalil, 2014: 16).

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La excentricidad de este parque era producto de la predilección que, con mayor sistematicidad en los años noventa, las intervenciones público-privadas habían comenzado a mostrar sobre los espacios públicos en el marco de las estrategias del “urbanismo escenográfico” que, orientadas por imperativos del diseño, la belleza y la distinción, buscaban “sellar el carácter único del flamante barrio”, promoviendo la transformación de “porciones” de la ciudad-problema –atravesada por una creciente segregación y discriminación–, en “porciones” de la ciudad-negocio (Gorelik, 1997 citado en Girola et al., 2011: 29). Pero por otro lado, también respondía a la pretensión de que Puerto Madero pudiera reeditar el ideal moderno del espacio público como lugar de urbanidad y de civilidad, escenario de convivencia pacífica y previsible con la otredad (Girola et al., 2011: 35) como parte de un espíritu de época. Una pretensión propia de la Argentina de fines de los años ochenta, en función de lo cual los nuevos espacios públicos, según declamaban los funcionarios a cargo del proyecto de recualificación, debían “expresar la postal de la vuelta a la democracia, donde se celebrara la diversidad, haciendo coexistir el hecho de que fuera un lugar de prestigio (…) pero que a la vez sea un ámbito de lo popular, y así expresar la naturaleza del centro, lugar donde coexisten todos los sectores sociales” (Crovara y Girola, 2009: 11). Ahora bien, pese a esas percepciones y pretensiones celebradoras del civismo, “una ideología que concibe la vida social como terreno de y para el consenso, en que ciudadanos libres e iguales acuerdan convivir amablemente cumpliendo un conjunto de preceptos abstractos de buena conducta” (Delgado 2007: 17), las apropiaciones y las interacciones practicadas en esos espacios hacían surgir fronteras y disputas por lo que resultaba tolerable y no tolerable en ese barrio de clases altas. Los contra-usos practicados por los jóvenes skaters instituían entonces otro concepto de espacio público. En primer lugar sus contra-usos cuestionaban la imagen de consumidores pasivos de espacios

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diseñados previamente por otros actores con miras a ejercer su control social, y más bien expresaban la realidad de apropiaciones selectivas –incorporan y desechan– de la ciudad neoliberal, capaces de erigir a los espacios públicos en un “espacio de y para la acción social”, “de y para el conflicto”, “donde se dirimen batallas por definir de quién es y qué significa”, aun cuando su raíz ideológica sigua siendo un ideal de sociedad de libres e iguales (Delgado, 2004: 3). Como mínimo una vez a la semana, entonces, vecinos y usuarios del parque Mujeres Argentinas se hacían y enfrenaban la misma acusación: estar intentando realizar un usufructo privado del parque, mientras el ideal de espacio público sería el de aquel que debe ser de todos a la vez pero de nadie en particular. En este punto, la intervención de los agentes de Prefectura Naval –a cargo de la “seguridad” de la zona– resultaba clave a la hora otorgar/impugnar legitimidad a los usos y a los usuarios en la reproducción del espacio público de Puerto Madero, tal y como veremos a continuación.

La nocturnidad de Puerto Madero, escenario, objeto y producto de la disputa Acerca de la mecánica de su intervención en el conflicto, uno de los oficiales de Prefectura apostados en el Parque Mujeres Argentinas con los que pude conversar en 2012 me comentaba que, más allá del conflicto más amplio por los espacios públicos de Puerto Madero, que involucraba a otros usuarios –automovilistas, cartoneros, etc.–, otras temporalidades –fines de semana–, otros canales de demanda –reuniones con miembros de la Corporación Puerto Madero y otros funcionarios públicos–, eran los residentes linderos al parque los que, de forma más cotidiana, solían llamar a la línea telefónica de la Prefectura, demandando la restricción de los deslizamientos y los saltos

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realizados con las patinetas, bajo el argumento de que generaban una contaminación sonora intolerable, amén de que destruían el mobiliario público. Luego, “desde la central, un superior le pide al oficial más cercano a la zona ruidosa, que corra a los chicos de un sector a otro del parque”. A continuación señaló un edificio que yo tenía a mis espaldas para indicarme que eran los vecinos de aquella torre quienes solían quejarse con mayor frecuencia y con una sonrisa agregó: “los vecinos son medio mala onda… pero el problema no es por la tarde sino por la noche, cuando tienen ganas de descansar”. Efectivamente, los jóvenes practicantes de skateboarding y de longboarding de la comuna 8 tenían predilección por el uso esas instalaciones por las noches, “cuando no hay tanta gente”, ya que durante el día y los fines de semana el parque se volvía escenario de actividades masivas –paseos familiares y románticos, mateadas y otras actividades deportivas– que limitaban materialmente sus saltos y sus desplazamientos. Ahora, aunque no todos los vecinos consultados se mostraron en desacuerdo con aquellos usos –algunos llegaron hasta a celebrar la diversidad de apropiaciones de que eran objeto los espacios públicos de su barrio–, los que sí lo hacían demandaban a la Prefectura poner en juego la fuerza performativa de su lenguaje. Frente a tal confrontación de una temporalidad residencial del descanso y una temporalidad del ocio, la Prefectura gestionaba el conflicto proponiendo entonces una tercera opción ligada al “tránsito”. Concretamente, las 23 hs eran el punto de referencia fijo a partir del cual aquel espacio público “abierto”, que durante las jornadas diurnas era sede de masivos encuentros entre pares y entre desconocidos, se vería cercado simbólicamente, ya que ciertas actividades serían restringidas bajo el argumento de que “los vecinos tienen ganas de descansar”. El símbolo numérico abstracto generaba un cambio de disposición en cuanto a lo que resultaba tolerable y, a medida que transcurriera este nuevo tramo, la presencia de los sujetos en el parque

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levantaría más y más sospechas, lo que haría que se vieran por ende “legítimamente” sujetos a la vigilancia de las fuerzas de seguridad. En un sentido, ello implicaba que la nocturnidad pública gestionada por los agentes de Estado estaba comprometida con la desigual inserción socioespacial de los actores sociales, en función de lo cual sus argumentos no tenían la misma legitimidad ni generaban los mismos efectos, y sus prácticas no eran sometidas a las mismas sanciones: los reclamos de los residentes de arriba, de las torres-country, eran los que dirigían los desplazamientos que los de abajo, usuarios del parque, debían hacer. Aquí nos enfrentamos a la existencia de una serie de derechos exclusivos que pretendían ser erigidos para los demás en “prohibiciones de derecho o imposibilidades de hecho” (Bourdieu, 1999: 298). El derecho de quienes habitaban las alturas de Puerto Madero a descansar, a solicitar a la Prefectura se respete su “tiempo de…”, planteaba así la prohibición de apropiaciones diversas respecto al espacio público. Ello encuentra sostén en un marco sociocultural atravesado por el capitalismo, en el que, aún cuando la tendencia sea a representarse el tiempo, así como al espacio y a los sujetos, de formas cada vez más individualizados y autonomizados del sistema social del cual son emergentes (Da Matta, 1985), el orden social es un ritmo y adecuarse a él implica respetar ese tempo (Bourdieu, 2006). Me refiero a una temporalidad disciplinada y disciplinante que, no pudiendo escapar ya a su conversión en dinero, podrá ser gastado o malgastado, pero perderlo, un escándalo moral (Thompson, 1984; Weber, 1993). Y así, aquel ocioso que pierda el tiempo será similar entonces a un animal que no sabe medirlo (Le Goff, 1983). Justamente, los vecinos leían las prácticas nocturnas de los jóvenes cual expresión de una carencia de civilidad amenazante, que los agentes de

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Estado estaban entonces llamados a imponer, haciendo surgir un nuevo orden nocturno bajo el que debía imponerse la noción del espacio público como “lugar de tránsito”.5 No obstante ello, los jóvenes con los que trabajé negociaban y disputaban estas definiciones y significaciones hegemónicas desde su propia rutina cotidiana, es decir, ello no necesariamente pensado desde la transgresión, sino actuado desde la naturalización del orden social (Giddens, 1982), tal y como deja entrever la reflexión de Lorenzo respecto a las demandas de los vecinos: -L: A MÍ me parece una MIERDA… me parece una mierda porque, sí, les puede molestar el ruido… pero si tanto les molesta… ¡QUE SE JODAN! O sea… a mí, si yo tuviera una plaza de esas características para usar en otro lugar… la verdad que no iría a Puerto Madero, porque no es un lugar que me guste en sí mismo… -MR: ¿Por qué? -L: PORQUE NO ME GUSTA TODO EL AMBIENTE QUE HAY, DE MUCHA PLATA [tono firme y alto, como reafirmando su opinión]… ME GENERA UN POCO DE RECHAZO, O SEA ES COMO QUE ESTÁ TODO MUY LINDO, ESTÁ TODO MUY LIMPIO… eh… pero ya me parece demasiado… No sé, me parece demasiada plata y demasiada gente de plata… que en sí mismo es “esa es SU plaza, y nos dejan a NOSOTROS usarla”… y a mí eso me molesta… (…) mismo Puerto Madero… es un barrio construido en los noventa… que, una vez iba con un amigo caminando, y me dijo algo que es verdad… es como… su propio… mueven los puentes para cruzar de un lado para el otro y se aíslan de todo el resto de la ciudad… o sea hasta ese grado de… división… potencial tienen… Pero esa no deja de ser una plaza pública, el punto

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El accionar de la prefectura coordinaba así las actividades dentro y fuera del parque, con el paso de un tiempo abstracto, cosificado y cuantificado a través de las horas del reloj, que es experimentado como si fuera algo real. Sin embargo, tal y como señala Leach “nada existe en el principio de la cosa o de la naturaleza de nuestra experiencia, que sugiera que el tiempo deba necesariamente transcurrir a una velocidad constante (…) De hecho, creamos el tiempo al crear intervalos en la vida social” (1985: 206).

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es que… ellos, yo lo sé porque uno de los vecinos se lo dijo a mi amigo que… ponen plata para cuidar la plaza, tiene como parte de las expensas… una parte va para el mantenimiento de la plaza… en última instancia como espacio público puede ser usado por todos, de muchas formas… y aparte… en particular…no me molesta joderle a esa gente… -MR: Ah… es como una actitud ya de… ¿Choque? -L: NO, ES QUE CUANDO ESTOY ANDANDO NO LO PIENSO, pero cuando lo pienso…

Este testimonio explicita la configuración del espacio público de Puerto Madero no sólo como un espacio que debe ser de todos y para todos, sino además como un espacio conflictivo a partir del cual se configuran y expresan fronteras sociales –ellos vs nosotros–. Ahora bien, la mediación de los Prefectos resultaba clave en el sostenimiento de la copresencia conflictiva, ya que no venía a resolver el conflicto por la vía de la prohibición-exclusión, sino que su forma de gestionarlo habilitaba el ejercicio de una presencia negociada, lo que puede ser observado en el descargo del Prefecto Mayor al ser interpelado sobre “la problemática de la seguridad” en un medio de comunicación barrial: Es un tema delicado. (…) nos genera denuncias que creo injustas, aduciendo que nosotros no controlamos o no brindamos mayor seguridad a los parques, fundamentalmente ‘Mujeres Argentinas’ (Dique 3), ‘Micaela Bastidas’ (Dique 2) y ‘Eva Perón’ (Dique 1). Destaquemos primero que la función principal de la Prefectura no es la de Guardaparques. En la mayoría de los espacios verdes importantes de Buenos Aires hay gente a la que el Gobierno de la Ciudad le paga un sueldo para que vigile los parques. Cuanta más gente destinamos a los parques para que los chicos no anden con la patineta, para que no destruyan el emblema, para que no pinten graffitis en la pared, para que no estropeen el césped, todo ese personal se lo quitamos a la seguridad de Puerto Madero. Es una cuestión de prioridades: para nosotros es fundamental evitar la salidera bancaria, cuidar los cajeros automáticos… Con esto no estoy diciendo que no haya que destinar agentes al cuidado de los parques: en Mujeres Argentinas apostamos entre 3 y 5 prefectos

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(…). Pero son muchas hectáreas y nuestro personal puede desalentar algunas prácticas y conductas, pero no puede prohibir actividades que están permitidas, como el skate. (Portal de noticias Nuevo Madero, 2010)

La mediación de los Prefectos entonces estaba construida en base a la percepción que tenían de cada uno de los actores implicados e incluso del rol que creían estaban llamados a cumplir en Puerto Madero. Así, las demandas de los residentes de Puerto Madero de prohibir las maniobras con las tablas de skate o de longboard en el espacio público eran sancionadas por los Prefectos no sólo como injustas –para con su tarea en el barrio– sino además como desmesuradas y hasta casi absurdas –frente a los delitos contra la propiedad privada–. Respecto a la cuestión prohibicionista, este fragmento coincide con el relato que en 2012 uno de los prefectos apostado en el Parque me daba respecto de que, tras el llamado de algún vecino, él se limitaba a “explicarles bien a los chicos” –quienes por su parte caracterizaban a los oficiales de la Prefectura como “muy correctos”, de un trato diferente al que tiene la Policía Federal– que debían desplazarse hacia otra parte del parque, “pero no los echo, y bueno, en la otra esquina que se arreglen con el otro oficial…”. Ello en definitiva supone que la nocturnidad de Puerto Madero, gestionada por los agentes de Estado, no resultaba totalmente comprometida con los deseos de “los vecinos”. Por supuesto que el imperativo de tener que desplazarse de una esquina a la otra del parque podía pretender tener un efecto desgastante, pero en tanto el desplazarse por el espacio formaba parte de la lógica misma de las prácticas de skate y longbaording, el cumplimiento de esas demandas por parte de los jóvenes más bien actuaba como un modo de negociar sus visibles y ruidosas presencias. Por último además hipotetizo que el sostenimiento de la conflictiva presencia de los jóvenes de la comuna 8 en el espacio público de Puerto Madero era efecto del hecho de

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que sus prácticas configuraban parte del concierto masivo de actividades deportivas que daban “pulso” a la vida del fragmento escenográfico de la ciudad-negocio. Y a pesar de las carencias de civilidad que los vecinos pudieran ver en sus prácticas, tal participación suponía la disposición de un tiempo-dinero “libre” de obligaciones laborales, tanto como la capacidad de transfigurar ese tiempo ocioso para el capital en tiempo de ocio, en el que es posible no sólo consumir sino además competir por la acumulación de capitales simbólicos (Bourdieu, 1999), capaces por ejemplo de efectivizar operaciones de blanqueamiento sociocultural como las que propone el ideal europeo del espacio público porteño. Competencias que asimismo resultarían beneficiosas para la materialización de la postal porteña que funcionarios y agentes inmobiliarios pretenden presentar en el mercado de las ciudades globales.

Salir del barrio, agenciar un lugar en la ciudad neoliberal Hasta aquí hemos dejado entrever, retomando un sentido relacional de lugar (Massey, 1991; Leite, 2004), la noción de que el valor del espacio público de Puerto Madero para los jóvenes residentes de la comuna 8, y por ende de la disputa por su apropiación, surgía de las carencias de infraestructura que la comuna 8 presentaba, cuyas plazas y parques en gran medida se encontraban enrejados y limitados por una franja horaria en la que era legítimo su uso, claro que tampoco para cualquier práctica: por ejemplo, en muchas estaba prohibido jugar a la pelota, ingresar con animales o andar en bicicleta –disposiciones todas que el Gobierno de la ciudad pretendía controlar mediante el apostamiento de “guardianes de plazas” que, sin embargo, no se sostuvieron en el tiempo–.

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Sin embargo, más allá de las cualidades estéticas o “técnicas”6 que puedan volver atractiva una plaza o cualquier otro espacio público para “andar”, en esa valoración los vínculos sociales establecidos en y a partir de los espacios comunes de sus barrios de residencia resultan ser igualmente relevantes. En esa dirección un joven de diecisiete años de edad sostenía con respecto a las plazas de su barrio: -Q: Ahí… ¡es re feo! son todos re-kaqui… (…) hay una plaza, ‘ta buena…pero no me gustaría andar ahí… (…) están todos “los negros” [sonríe]. -MR: ¿Qué significa eso? -Q: Y… que te re vacilan, te descansan. Ponele, te caes, y se cagan de la risa… (…) si salgo con todos los pibes… me cebo más, y ya está, estoy con todos los pibes que andan, para andar solo es re feo…

Por un lado, la cita es reveladora de una relación de alteridad que se establece frente a otros actores con los que se comparte el lugar de residencia, pero de quienes se toma distancia en base a una valoración diferencial respecto a esa otra forma de practicar el ocio que suponen las prácticas del skate y del longboarding. Esa distancia se construye mediante una racialización que busca invertir la jerarquía de quien ejerce la burla, y así la impugnación de la que se es objeto. A partir de ello, apropiarse de espacios públicos allende sus barrios de residencia implicaría asimismo una operación de blanqueamiento. Estos vínculos establecidos en y a partir de los espacios comunes de sus territorios de residencia son entonces también factores explicativos de ese “salir” del barrio, en busca, si no de reconocimiento y de respeto, por lo menos de la indiferencia y el anonimato prometidos por 6

Básicamente, los elementos “técnicos” que determinan el valor de algún parque o plaza para “andar” poseen una funcionalidad hegemónica divergente a la asignada por estos chicos y estas chicas, como las barandas y las rampas pensadas para personas con movilidad reducida, que son “voladas” junto a las escaleras o los bancos, cuyos bordes son también untados con cera de vela para deslizarse por ellos con las tablas.

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el ideal moderno del espacio público. Y por otro lado, la cita asimismo explicita que es la presencia de un grupo de pares capaces de reconocer y de valorizar esas otras formas de practicar el ocio lo que habilita la apropiación de nuevas áreas de la ciudad. En primer término ello supone que así como estos jóvenes elegían trasladarse a Puerto Madero, las disposiciones acerca de lo que resultaba posible y deseable hacer en y con el espacio público urbano7 habilitadas por el skate y el longboarding disponían su traslado hacían a otros parques, edificios públicos y skateparks –áreas exclusivamente diseñadas para la práctica del skateboarding y que simulan el mobiliario urbano como ser escaleras, barandas, rampas de acceso, etc.–. Las travesías así generadas resultan ser formas de apropiación del espacio urbano y lugares propicios para disparar imaginarios (Canclini, 1999) que les permiten trazar sus propios mapas urbanos (Delgado, 1998) y conducen a cuestionar la imagen de los residentes de espacios “relegados” cual inmovilizados, anclados al territorio de la periferia.8 Sostengo entonces que lo señalado hasta aquí nos obliga a cuestionar aquellas perspectivas que al subrayar demasiado la fragmentación social y los procesos de repliegue 7

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Ese circuito urbano resulta tramado a partir de una mirada particular sobre la ciudad, que la clasifica, identificando y jerarquizando aéreas pasibles de intervención con sus tablas. Así, ante el interrogante de “¿Qué plazas tendrían ‘tanto’...?” [me refiero a las condiciones “técnicas” para andar con un skate], uno de los jóvenes me planteaba “Es que en realidad no hay UNA plaza que tenga TANTO… la plaza que más podes aprovechar para andar en skate, y que es mucho mejor, es la que está… la plaza Houssay… (…) porque tiene escaleras, tiene más bordes… igual yo no fui nunca a andar ahí, así que tampoco te sé decir mucho… pero la conozco a la plaza, pasas con el colectivo, la vez, y ya te das cuenta…”. Ello confirma algunas tendencias advertidas por otros autores hacia fines del siglo XX, como la de que el barrio –entendido como el territorio propio– ha dejado de ser el epicentro del mundo y de las prácticas juveniles, así como la noción de que las formas de adscripción identitaria juveniles, sus representaciones, sus anhelos, sus sueños, sus cuerpos, deben ser entendidas en el intricado entramado de múltiples interacciones, puesto que los jóvenes son actores en el mundo social, no fuera de este (Reguillo, 2000: 112-113).

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o guetización en grandes ciudades contemporáneas, como Buenos Aires, terminan por construir una imagen absolutamente pasiva de los sujetos frente a los procesos sociales, cuya única experiencia es la del padecimiento. No discuto que los procesos de fragmentación socioespacial existan, más bien planteo que poniendo el foco en la agencia de los sujetos, podremos dar cuenta de formas alternativas en que los jóvenes buscan hacerle frente: construyendo sus propios circuitos a través de los que recorren la ciudad en busca de alternativas formas de estar juntos, lo que nos conduce al segundo comentario. Aquel testimonio nos conduce a sostener también que las prácticas ejercidas por estos jóvenes, de “salir a andar”, de transitar por el espacio urbano, suponen activas y complejas formas de integración/inclusión al orden social, capaces de configurar modos de estar juntos, formas de copresencia con sus otros generacionales y con sus otros de clase, amén de con su grupo de pares, más allá de un modelo de ciudad orientado a la atracción de capitales (Yúdice, 2002) –lo cual no significa que no lo tengan de alguna forma en cuenta–,9 configurando experiencias del espacio urbano que desbordan las acciones que pueda planificar el Estado,

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Al momento de la entrevista EO tenía 27 años de edad, desde los 15 andaba en skate y desde hacía 2 había comenzado a practicar longboarding. Respecto al interrogante sobre el atractivo del Parque Mujeres Argentinas, él me comentaba que “y… lo que tiene la plaza es como… caminos en un piso muy liso, y un espacio verde muy grande… o sea es un espacio verde muy grande… con… pasillos de material muy liso donde las ruedas (…) Lo que tiene es que… primero que no está enrejada… segundo que ¡es MUY grande! entonces uno puede patear con la tabla. Hay otras plazas que no… no se puede, mismo si pensás en un parque grande como ‘el Centenario’, la vereda… es más vieja, está rota… hay puestos de feria, que está bueno, pero para andar no te sirve. Ahí encima lo que tiene de bueno es que, bueno… en invierno hace mucho frío, pero, en verano es un lugar RE-fresco, está al lado de la costanera y circula mucho viento (…) Está muy cuidado… hay mucha plata en esa plaza. MR: ¿Por eso te gusta ir ahí? -EO: No es que me guste ir a la plaza porque tiene mucha plata encima, sino porque las condiciones que me da para andar con la tabla son mucho mejores.”

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de la mano de otros agentes privados (Leite, 2004), constituyéndolo en verdadero lugar de encuentro, de protección y de pertenencia identitaria.10

Palabras finales La principal hipótesis que estructuró este capítulo fue que la residencia en áreas estigmatizadas y segregadas socioespacialmente no determina únicamente experiencias juveniles de padecimiento, victimización o exclusión, sino que puede además erigirse en motivación de apropiaciones materiales y simbólicas del espacio urbano allende sus áreas de residencia. Prácticas sociales que, como el “salir a andar” –apropiación local de imaginarios y prácticas de ascendencia global como el skateboarding y el lonboarding–, son vehículo de una forma de experimentar la ciudad que no permanece anclada al barrio, y asimismo supone adscripciones a lugares-valores que van articulando procesos de configuraciones identitarias juveniles, entre pares y frente a sus otros urbanos, construyendo y expresando formas complejas de integración, no solamente pacíficas, sino también conflictivas, en tanto suelen darse en el marco de relaciones de poder radicalmente asimétricas. Por ello mismo pudo observarse a los jóvenes residentes de territorios históricamente marginados negociando su presencia y su reconocimiento en el espacio público del barrio más exclusivo de la ciudad neoliberal –la aceptación de desplazarse de una esquina a otra del parque o la apelación al ideal del espacio público como lugar de y

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El hecho de que esos mismos jóvenes con posterioridad lograran impulsar la creación de un skatepark en Villa Lugano, a manos de la gestión macrista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hayan continuando interviniendo de modo directo en su gestión –vía la realización de una “escuelita de skate” y de campeonatos–, poniéndose en contacto con jóvenes de otros barrios, reafirma la hipótesis sostenida.

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para “todos”–. Acciones que, siguiendo la perspectiva de Canclini, podrían ser pensadas en la sintonía de las tácticas –en oposición a estrategias–, en tanto no tienen por meta gestionar en beneficio de la mayoría las dificultades propias de la vida urbana, sino que suponen pequeños arreglos y transacciones de beneficio personal (1999: 128). Ahora bien, ello no tanto a fuerza de su propia voluntad, como de la tracción que todavía ejerce el ideal del espacio público moderno en los habitus urbanos de los actores cotidianamente implicados en el ordenamiento de la experiencia de esta área de Puerto Madero. Ello, sin embargo, no implica que no se establezcan diferentes espacios y temporalidades basadas en fronteras morales y simbólicas. De ello da cuenta, justamente, el conflicto sostenido entre vecinos residentes y jóvenes usuarios venidos de la zona “sur”. Fronteras asimismo expresadas en la visible ausencia de personas pernoctando o ejerciendo la prostitución en el parque, prácticas que sin embargo sí eran ejercidas a espaldas de su muro más alto, justo sobre el boulevard que opera de frontera entre la urbanización Puerto Madero, la Reserva Ecológica y el asentamiento “Rodrigo Bueno”.

Bibliografía Bourdieu, Pierre (1986). “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo”. En Materiales de sociología crítica. Madrid: La Arqueta, pp 183-194. — (1999). “El ser social, el tiempo y el sentido de la existencia”. En Meditaciones Pascalianas. Barcelona: Anagrama, pp. 275-305. — (2006). Argelia 60. Buenos Aires: Siglo XXI.

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El conflicto como abordaje de la conformación urbana El caso del proyecto del puente Letizia en Córdoba, Argentina MARIANNE VON LÜCKEN

Introducción En este trabajo se propone analizar las diferentes posiciones que toman dos actores colectivos a partir de la construcción de un puente que conectaría a dos barrios de la ciudad de Córdoba (Argentina) en el marco de una dinámica de transformaciones urbanas. Se trata del proyecto del puente Letizia que uniría Villa La Maternidad-San Vicente y Barrio Juniors-General Paz. Este conflicto puede clasificarse como de implantación, resultado de la oposición de los residentes a un proyecto llevado a cabo por actores públicos en una localización determinada (Melé, 2003: 2). En particular, se hará foco en las experiencias de dos colectivos distintos, uno por cada barrio. Por un lado, la Comisión contra el desalojo de Villa La Maternidad (CDVLM) del barrio San Vicente, surgida en el año 2004 a partir de la implementación de una política habitacional que implicó el desalojo y el traslado de parte de la población de la villa. Por el otro, el Centro vecinal barrio JuniorsGarzón Agulla (CVJGA) del barrio General Paz-Juniors,

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surgido aproximadamente en el año 2010 para canalizar diferentes reclamos en un contexto de transformaciones urbanas a escala barrial. A partir de la construcción del puente Letizia emerge un conflicto que une ambos lados del río contra la gestión municipal y provincial, por demandas diferentes. Del lado de General Paz, la principal oposición consiste en considerar que el puente tendrá impactos ambientales perjudiciales sobre la vida social del barrio; del lado de San Vicente, se considera el hecho de que el puente atravesará Villa La Maternidad, lo que pone en cuestión nuevamente la permanencia residencial de sus habitantes. La descripción que acompañará el análisis se articula a partir de datos obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas realizadas durante noviembre de 2009 y mayo de 2012 a habitantes de Villa La Maternidad y de Barrio Juniors; observación no participante durante varias reuniones en los mismos períodos, conjuntamente con otras fuentes de datos secundarias, como informes gubernamentales, artículos de prensa, folletos, entre otros. A continuación, se expondrán algunos conceptos sobre la ciudad y el conflicto, útiles para esbozar un breve marco teórico; luego se caracterizarán las recientes transformaciones de la ciudad de Córdoba que hacen de fondo a los actores involucrados en el conflicto. Posteriormente se analizará específicamente la dinámica del conflicto para finalizar con algunas reflexiones en torno a los elementos que aquél revela.

Algunas consideraciones sobre conflictos urbanos Se comprende a la ciudad como un proceso social de base espacial en la que diversos actores, con programas y objetivos diferentes, se interrelacionan por medio de prácticas espacialmente entrelazadas (Harvey, 2007: 371). De manera

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esquemática, las diferentes orientaciones a las que responden los actores pueden clasificarse en la lógica de la ganancia, donde la ciudad es objeto y soporte de negocios; en la lógica de la necesidad, impulsada por quienes no logran procurar condiciones de reproducción social en el ámbito del mercado; y en lógica de lo público, donde el Estado actúa a través de regulaciones y políticas proveyendo el sustento para el despliegue de otras lógicas (Herzer et al., 1994). En tanto que los actores urbanos responden a lógicas e intereses diferentes, la dinámica de conflicto es inherente a la conformación de la ciudad. Por conflicto urbano se entiende aquel derivado de la trama de relaciones desarrolladas por los actores sociales en torno a la producción (consumo) social del espacio (Huarte, 2012: 228). No es la lucha que se da en el espacio de la ciudad lo que define a un conflicto como urbano, sino las contradicciones que surgen del proceso de construcción de un “modelo de organización territorial” dentro de un modo de producción y de organización social de la sociedad capitalista (Lezama en Huarte, 2012: 228). Siguiendo a Sabatini (en Azuela y Cosacov, 2013: 151-152), los conflictos territoriales son antes que nada conflictos sociales por el control del territorio, que tienen un carácter multidimensional y distributivo (…) Suelen surgir en torno a grandes proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios originados por cambios de usos de suelo y la distribución de esas externalidades. Mientras en algunas situaciones los actores públicos son cuestionados por haber permitido cierto tipo de utilización o por no haber impedido un proyecto privado, en otros son los actores públicos los promotores de la construcción de una infraestructura en una localización determinada que es resistida.

Las situaciones de conflicto permiten poner de relieve diferentes intereses que se enfrentan en un espacio determinado (Melé, 2003). No obstante, para referirse a un conflicto como territorial, no basta con que existan antagonismos

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en relación con representaciones del territorio, sino que tales desacuerdos sobre la apropiación o el uso del espacio deben expresarse públicamente (Azuela y Cosacov, 2013: 151-152). Las situaciones de conflicto (sigo en adelante a Melé, 2003: 3-12) pueden expresarse mediante su publicidad, así como su juridización, su denuncia o protesta, su desobediencia civil, que dan cuenta de las relaciones de fuerza que obligan a la toma de posición de los distintos actores y que son reveladoras de las relaciones de la población con el espacio; de las capacidades, los recursos, las estrategias y los discursos de los habitantes; de las posiciones en relación con un proyecto urbano, de las representaciones que tienen los actores sobre la ciudad, de las voluntades de apropiación reales o simbólicas del espacio de ciertos grupos sociales; de las capacidades y los recursos de los habitantes movilizados; de sus estrategias, sus repertorios de acción y sus capacidades para investir las redes de acción pública (Melé, 2003). Las situaciones de conflicto no sólo constituyen un momento de enunciación, sino que también son momentos de aprendizaje, en el sentido de que las movilizaciones de habitantes por temáticas de proximidad también son ocasiones para tomar conciencia del funcionamiento del aparato político-administrativo, de aproximarse a las redes de intereses cruzados sobre el territorio y de asociarse y aliarse reduciendo el aislamiento social1 (Melé, 2003). Melé (2003: 2) señala diferentes expresiones de conflictos: 1. Oposiciones o controversias entre habitantes, usuarios y actores públicos frente a la elección de una localización, a la realización de una infraestructura o a algún proyecto de arquitectura. Se clasifican como conflictos de implantación, vinculados a la percepción de los impactos potenciales de un proyecto. 1

Sobre este aspecto, véase Simmel (2000) y Coser (1961).

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2. Rivalidades y controversias por el uso de un espacio. Los actores públicos son cuestionados por haber permitido cierto tipo de utilización o por no haber impedido un proyecto privado. Estas situaciones pueden considerarse como conflictos de usage (uso). 3. Los debates, las rivalidades entre actores públicos o parapúblicos a partir de la negociación de proyectos o de la puesta en práctica de políticas públicas.

Transformaciones en la ciudad de Córdoba En el marco de la globalización, los cambios en el ámbito económico, social, cultural y político han dejado sus huellas en el territorio a partir de una nueva configuración urbana (Sassen, 1999; De Mattos, 2010). En menor o en mayor medida, y a pesar de las jerarquías que pueden reconocerse entre las ciudades a escala global, este proceso impacta en todas ellas reconfigurando su posición en el sistema productivo generando nuevos fenómenos urbanos que dejan marcan en el territorio en esta etapa del desarrollo capitalista (dualización, fragmentación, segregación socioespacial, gentrificación) y que dan cuenta de un desarrollo geográfico desigual inter- e intraurbano (Sassen, 1999; Harvey, 2000). Asimismo, esta nueva configuración urbana se asocia a nuevos artefactos urbanos (centros de convenciones, hoteles de lujos, nuevos parque industriales, shoppings y lugares de ocio, entre otros) (Ciccolella, 1999; Veres, 2013) y a nuevas orientaciones en materia de política urbana, crecientemente caracterizada por la adopción de la lógica empresarial para el gobierno de las ciudades (Harvey, 2004; De Mattos, 2004). Los cambios se ven impulsados por dos tendencias de crecimiento que no son mutuamente excluyentes. Por un lado, una tendencia centrífuga de crecimiento de la periferia y, por otro lado, una centrípeta de renovación de áreas

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centrales –en algunos casos acompañada de procesos de gentrificación– que involucran el desarrollo de vacíos urbanos y de áreas industriales obsoletas (Carrión, 2001; Contreras, 2012; Coulomb, 2012; Azuela y Cosacov, 2013). De hecho, si nos centramos en la ciudad de Córdoba2 ambos procesos convergen en las trasformaciones que viene experimentando la ciudad desde la década de 1990 más aceleradamente. Por un lado, un proceso de suburbanización que progresivamente se fue estructurando de forma segregada, es decir, de sectores medios y altos en barrios cerrados, y de sectores vulnerables procedentes de áreas centrales y relocalizados a partir de la política habitacional (Tecco y Valdés, 2006; Falú y Marengo, 2004: 217; Díaz Terrero, 2011; Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2008; Peralta, 2011; Cervio, 2012; Capdeville, 2014; Peralta y Liborio, 2015); y por otro lado, el crecimiento por densificación en áreas centrales y pericentrales de la ciudad (Dellavedova et al., 1997; Gordillo, 2010; D’Amico y Castro, 2007; Mandrini, Capdeville y Ceconato, 2010; Caporrosi, 2011; von Lücken; 2013; Capdeville, 2013, 2014; Faraci, 2015). Veamos entonces a continuación cuáles son los cambios que ocurren tanto en las áreas centrales y pericentrales como en la periferia urbana, y cómo se insertan Villa La Maternidad y sus habitantes en estos procesos.

Procesos de transformación y movimientos centrífugos En el marco de las intervenciones en el área pericentral y central de la ciudad se destacan, por un lado, emprendimientos privados de diversa envergadura que involucran a

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La ciudad de Córdoba, con una población de 1.330.023 personas (Censo 2010), es el segundo centro urbano a nivel nacional, después de Buenos Aires. Cumple el rol de centro administrativo provincial al albergar las principales instituciones de gobierno, establecimientos sanitarios, educativos, culturales, actividades industriales, comerciales y diversos servicios.

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desarrollistas urbanos e inmobiliarios (Capdeville, 2014) y, por otro, grandes obras públicas promovidas por actores estatales –a nivel municipal y provincial–. A partir del año 2003 aproximadamente, se produce una reorientación de las construcciones en altura de barrio Nueva Córdoba –que tradicionalmente concentró este tipo de edificaciones– hacia los barrios tradicionales de la ciudad, que conforman el área percicentral como Alberdi, General Paz, Alta Córdoba y Güemes (Gordillo, 2010). Este proceso de densificación se relaciona en parte con la crisis de 2001 y la reactivación económica a partir de la actividad de la construcción, la rentabilidad de la soja y la inversión en bienes inmobiliarios como una alternativa de reserva de valor y búsqueda de seguridad del capital por parte de inversores y ahorristas, en un contexto de falta de confianza en el sistema bancario (von Lücken, 2013; Capdeville, 2013; Capdeville, 2014). Según datos publicados por la Corporación Inmobiliaria de Córdoba S.A. en 2006, en enero de 2003 el municipio de Córdoba había otorgado permisos para construir por 25.000 m2, mientras que para la mitad del mismo año habían alcanzado 137.000 m2. En ese sentido, la actividad creció un 448% (Vivienda y Ciudad, Informe para el Plan Director de Córdoba s/f). Es importante destacar como una innovación la herramienta de gestión que promueven las alianzas públicoprivadas como una forma de introducir transformaciones en la ciudad. Esta nueva institucionalidad es promovida desde las Bases para el Plan Director (2008)3 y no sólo se limita a obras en las áreas centrales y pericentrales de la ciudad, sino también para la periferia urbana. A partir de estos convenios se establecen cambios en el patrón de ocupación del suelo, incrementando su aprovechamiento, generando ganancias extraordinarias para los grupos empresarios por vía de la excepción a la normativa vigente que establece qué y cuánto construir es legal en determinado terreno. A 3

También llamado “Plan 2020”.

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cambio de dicha excepción, las empresas deben construir obras para la ciudad, espacios públicos o infraestructura. La medida levantó muchas polémicas porque no queda claro qué tipo de obras se deben realizar y cuáles son los montos que deben destinar las empresas para aquéllas. También se destaca en las Bases para el Plan Director (2008) como uno de sus objetivos centrales la recuperación y la puesta en valor del centro de la ciudad,4 su densificación para contrarrestar la extensión de la mancha urbana, y la recuperación de la costanera a partir de planes por tramos y planes específicos para diferentes polígonos de la ciudad De esta forma, acompañando desde la política pública procesos de inversión privada, surgen emprendimientos privados y grandes obras públicas que transforman el paisaje y la vida social urbana como el nuevo Centro Cívico –obra planteada como emblemática de la ciudad– y la ampliación de la Terminal de Ómnibus (Terminal de Ómnibus del Bicentenario), ambas inauguradas en el año 2011 y que desde su proyección hasta su concreción suscitaron diversos conflictos. Por lo general, este tipo de obras resultan ser emblemáticas de la actual tendencia a dar identidad a la ciudad mediante la estrategia del “citymarketing” (Benko, 2000; Berg y Klink, 1995; Dumont, 1995), para la cual la recuperación de las riberas de ríos y frentes marítimos representa uno de los principales objetivos. Es importante señalar que ambas obras se encuentran en las cercanías de Villa La Maternidad.

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En el área central se realizaron intervenciones, como la peatonalización de la calle Caseros en el entorno de la Manzana de las Luces, el reacondicionamiento de la ex cárcel de mujeres, el Paseo del Bueno Pastor, el Palacio Martín Ferreyra, Museo Caraffa y Faro del Bicentenario, lo que generó un corredor turístico y comercial. Actualmente se lanzó el concurso nacional Ideas para la Renovación Urbana del Área Central de la Ciudad de Córdoba, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y promovido por las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA). La convocatoria cierra en septiembre de 2015.

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Imagen del Centro en: https://goo.gl/pMl7Fe

Cívico

del

Bicentenario

Movimientos centrípetos: la suburbanización de los sectores medios, medio-altos y bajos Suburbanización de las elites

En lo que respecta a la suburbanización de los sectores medios y altos en urbanizaciones cerradas, si bien en Argentina es posible encontrar los primeros barrios cerrados en los años sesenta (Torres, 2006), recién en los años noventa estas nuevas formas de habitar se masificaron. En Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, los primeros countries y barrios cerrados surgieron como primera vivienda. Estas urbanizaciones privadas fueron acompañadas a nivel local ex post por un cambio en las ordenanzas del uso del suelo urbano –la Ordenanza 8606/91– a partir del cual la Municipalidad de Córdoba estableció un reglamento específico que las denominó como “Urbanizaciones Residenciales Especiales” (URE), para sortear las irregularidades de estos primeros barrios y flexibilizar los criterios de localización y definir que las áreas verdes, a pesar de estar definidas como públicas, se reservaran para uso exclusivo de los residentes (Capdeville, 2014: 140). Siguiendo el trabajo de Peralta (2011) a pesar de registrarse en la ciudad una tasa urbana decreciente (en 1991-2001 se registró una tasa de crecimiento de 8,92% y durante el período 2001-2010 una tasa de 3,75%), el crecimiento inmobiliario reflejó un proceso inverso. En los últimos 10 años, la ciudad agregó 205 nuevas urbanizaciones: 159 barrios, 35 countries y 11 ciudades-barrios para erradicar villas miserias. Si se toman en cuenta los complejos de edificios o housings, la cifra se incrementa a 231 urbanizaciones, localizadas principalmente en las zonas sur y noroeste de la capital (Perelta, 2001: 232).

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En lo que respecta a la localización geográfica hacia el sur existen 35 nuevos barrios, 14 countries y barrios privados, 5 complejos y un barrio-ciudad. Al noroeste se localizan 28 barrios, 15 countries y 10 complejos. “En estas dos zonas de la ciudad están 29 de los 35 barrios privados y sólo se radicó apenas un barrio ciudad. El norte, sudeste y oeste de la ciudad se desarrollaron en menor medida: 35, 31 y 22 nuevas urbanizaciones respectivamente” (Perelta, 2001: 233) Además del cono de alta renta hacia el noroeste, la autopista a Villa Carlos Paz se ha consolidado como nuevo corredor inmobiliario, con 6 emprendimientos que suman 951 has. Las claves de estos nuevos desarrollos son el ingreso al valle de Punilla, rápidos acceso a la ciudad y la oferta de tierras, a pesar de presentar carencias en algunos servicios (Perelta, 2001: 234). Es importante señalar que después de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y municipios aledaños (Unquillo, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos, Malagueño, Alta Gracia, La Calera y otros) tienen el mayor número de urbanizaciones cerradas de Argentina en variedades como barrios cerrados, countries, barrios chacras, clubes de campo (Perelta, 2001: 235). Suburbanización de los sectores populares

En cuanto a la suburbanización de los sectores populares, se destaca el programa habitacional Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación de los Grupos Vulnerables afectados por las inundaciones en la ciudad de Córdoba, conocido como “Mi Casa, Mi Vida”. Esta política consistió en la construcción de 46 conjuntos habitacionales en la periferia urbana de entre 50 y 600 viviendas y el traslado de la población que habitaba en villas y asentamientos a aquéllos, lo cual significó la erradicación de casi la totalidad de estas formas de hábitat de la ciudad e impulsó la liberación de tierras sobre la que anteriormente se ubicaban, algunas en

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áreas centrales, como el caso de Villa La Maternidad, ubicada en el borde de barrio General Paz, hacia el barrio San Vicente (von Lücken, 2011). Este programa habitacional surgió a raíz de las inundaciones que afectaron a varias zonas de la ciudad de Córdoba en marzo de 2000. A raíz de este acontecimiento, el 19 de octubre del año 2001 se sancionó el Decreto Nº 2565/01 que declaraba el estado de emergencia hídrica y social para 12.500 familias (11.000 en áreas inundables y 1500 en otras áreas de riesgo ambiental), sentando las bases para el programa “Nuevos Barrios/ Mi Casa, Mi Vida”, implementado a partir del año 2003 y que se extendió hasta 2009.

Análisis del conflicto urbano a partir del caso del puente Letizia En este apartado analizaremos el conflicto que involucró a los vecinos de barrio General Paz Juniors, representados en el Centro Vecinal Juniors Garzón Agulla, los vecinos de Villa La Maternidad y el Gobierno, tanto provincial como municipal, a raíz de la construcción de un puente llamado “Letizia”. El puente Letizia se planificó como una obra complementaria a la ampliación de la Terminal de Ómnibus en el año 2009 con el objetivo de reorientar el tránsito de autobuses de mediana y larga distancia. Posteriormente, en septiembre de 2010, el Gobierno provincial presentó un proyecto de revalorización del río Suquía donde se planteaba la recuperación urbanística y paisajística de la costanera comprendida entre el puente Santa Fe y el futuro Puente Letizia. Este proceso de recuperación involucra tanto emprendimientos públicos –como la construcción de la sede del Concejo Deliberante de la ciudad (actualmente detenida), el Centro Cívico, el Centro de Convenciones y la nueva Terminal

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de Ómnibus– como emprendimientos privados sobre la costanera, donde la altura permitida es mayor que en otros sectores de la ciudad. En julio de 2013, se inauguró un parque lineal en el marco de este proyecto (LVI, 13/07/2013). Estas nuevas obras permiten enmarcar la construcción del Puente Letizia en un proyecto de transformaciones urbanas más amplio, que es la revalorización de toda la ribera del río, al son de desarrollos privados y obras típicas de este tipo de empresarialismo urbano como sedes administrativas y centros de convenciones tendientes a diseñar fragmentos urbanos (Harvey, 2007). En septiembre de 2011 estalla el conflicto, en el momento en que la empresa constructora instaló el obrador del lado de Villa La Maternidad (LVI, 27/09/ 2011). A pesar de que fuentes provinciales señalaron que el proyecto se consensuó con la gestión municipal, que decide la bajada del puente, éste fue un punto controversial puesto que la obra se inició en base a un anteproyecto y no había certezas de las áreas que serían afectadas finalmente.5 Ante esta incertidumbre, los vecinos de ambos extremos comenzaron a movilizarse en busca de repuestas a partir de diferentes estrategias, marcando la visibilidad de sus posiciones antagónicas hacia la obra (von Lücken, 2014). A la fecha la obra del puente Letizia no se concluyó, sólo está construido el tramo que cruza al río pero ninguna de las bajadas en los extremos, es decir, los accesos al puente.

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Esta información ha sido obtenida durante una reunión entre el Director de Urbanismo de la Municipalidad de Córdoba y vecinos de barrio General Paz-Juniors el día 8/05/2012 (en adelante R1).

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A pesar de que el puente Letizia es una obra inconclusa, interesa analizar esta intervención urbana por el conflicto que acarreó, puesto que permite poner de relieve diferentes intereses que se enfrentan en un espacio determinado (Melé, 2003). En este caso se trata de un conflicto de implantación. Se define como oposición frente a la elección de localización de una obra de infraestructura, como el Puente Letizia, vinculado a la percepción de los posibles impactos del proyecto (Melé, 2003). A continuación analizaremos el conflicto del puente Letizia teniendo en cuenta los actores comprometidos; la expresión pública del conflicto; las discusiones y los argumentos esgrimidos por los actores; las representaciones en torno a la ciudad y el desarrollo urbano que construyen. Imágenes del Puente Letizia, ver: https://goo.gl/ DcRd1m

Los actores colectivos en cuestión Los actores urbanos se definen en torno a cuestiones a partir de las cuales actúan de manera comprometida y plantean diversas estrategias. Para dar cuenta de la conformación de la Comisión contra el Desalojo de Villa La Maternidad (CDVLM) y del Centro Vecinal Juniors Garzón Agulla (CVJGA) como actores colectivos, se realizará un recorrido por las cuestiones en torno a las cuales ambos actores se conformaron como tales previamente al conflicto por el Puente Letizia. Villa La Maternidad y la CDVLM

Con más de 80 años de antigüedad, Villa La Maternidad creció en los márgenes del río Suquía vinculada al funcionamiento del ferrocarril y a las actividades económicas

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localizadas en barrio San Vicente.6 Se encuentra a diez cuadras del centro de la ciudad y a cinco de la Terminal de Ómnibus. En sus inmediaciones se localiza el polo sanitario, la estación de Ferrocarril Mitre, la Escuela Presidente Rivadavia, el nudo vial Mitre, el Centro Cívico del Bicentenario y la Nueva Terminal de Ómnibus. Hasta mediados del año 2004 residían en la villa aproximadamente 400 familias, gran parte de las cuales fueron trasladadas al conjunto de viviendas “Ciudad de Mis Sueños”, a 14 km del centro de la ciudad, con motivo de la implementación de programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida”. Para los terrenos desalojados de villa La Maternidad se preveía la construcción de un parque lineal considerando el “alto valor urbano, por sus visuales al río, por su proximidad con el área central, como espacio factible de ser apropiado para uso recreativo, deportivo y cultural” (Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba, 2003), con lo cual es posible inferir cierto interés en estos terrenos. El desalojo de los predios comenzó en octubre de 2003, pero el traslado de los habitantes se consumaría en junio de 2004, bajo un clima de tensión entre aquellas familias que se oponían a la relocalización. Ante la resistencia, las autoridades provinciales procedieron con intimidación, presión y amenazas. Ante el desalojo, resistieron 70 familias que finalmente se redujeron a 32.7 En función de canalizar sus reclamos, en el contexto del desalojo se formó la CDVLM, que contó con

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El barrio San Vicente se fundó en 1870 a partir de un loteo privado (Boixadós, 2000). Al igual que General Paz, es un barrio pueblo de la ciudad de Córdoba. En sus inicios fue zona de veraniego y luego fueron instalándose diferentes actividades productivas –molinos, mataderos, fábricas de hielo, de ladrillos, de cerveza– que transformaron el perfil del barrio. La resistencia al desalojo se argumenta por problemas de salud, puesto que “Ciudad de Mis Sueños” se encuentra ubicada cercana a zonas contaminadas por el uso de agroquímicos –baste pensar en el caso de barrio Ituzaingó, que llegó a proceso judicial por fumigaciones–. Por otra parte, existen también otros factores, como el deterioro de las condiciones laborales, el aumento del costo de traslado, la ruptura de estrategias de subsistencia para la reproducción de la vida cotidiana y el desarraigo (von Lücken, 2011).

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apoyo de organizaciones, vecinos y estudiantes externos a la villa. Las actividades de la comisión consistieron en la realización de protestas con cortes de calles, marchas, festivales de solidaridad, petitorios formales a las autoridades provinciales y nacionales, y uso de los canales legales para frenar los desalojos y la intimidación. Ante esta resistencia, el Gobierno provincial demandó a los habitantes por usurpación. Luego, se sucedieron una serie de medidas, como la firma de acta de intención en octubre de 2004 para la construcción de viviendas en la zona para quienes resistieron. La última iniciativa por parte del Gobierno provincial fue la firma de un acta de acuerdo por la urbanización de la villa en enero de 2009, que a la fecha no se concretó. Recientemente la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba comenzó a trabajar en diferentes proyectos de urbanización en conjunto con la comunidad para la radicación definitiva in situ y la urbanización de la villa, pero a pesar de las iniciativas, aún no hay manifestaciones por parte del municipio ni de la provincia para colaborar con estos proyectos. Actualmente, la situación habitacional de los habitantes de Villa La Maternidad es incierta y presenta mayor complejidad, puesto que al núcleo de las 32 familias que originalmente resistieron se sumaron vecinos que retornaron del barrio al que fueron trasladados, y nuevos habitantes. Este panorama se inserta en el contexto de transformaciones aledañas que involucran la construcción del Puente Letizia, que precisamente atravesará la villa añadiendo incertidumbre a la situación de la población.

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Barrio General Paz y el Centro Vecinal Juniors Garzón Agulla (CVJGA)

Barrio General Paz8 se ubica en la zona este de la ciudad de Córdoba. Fue fundado en 1870, a partir de un loteo privado desarrollado en diferentes períodos, por lo cual en su interior fue adquiriendo características diferenciales. El barrio, habitado predominantemente por sectores de clase media, presenta un tejido urbano consolidado, en algunas zonas con un marcado carácter residencial de baja densidad, como el sector de Barrio Juniors –última área en lotearse en los años cincuenta–, con características de barrio jardín, viviendas tipo chalet y gran arbolado. Este sector aún no ha sido afectado por el crecimiento en altura puesto que la normativa no lo permite. No obstante, sus habitantes se sienten amenazados por los cambios en el entorno. Como se señaló anteriormente, las intervenciones en áreas centrales de la ciudad cobraron más fuerza a partir de 2003. Fue entonces cuando la construcción comenzó a extenderse hacia los barrios tradicionales que bordean el casco céntrico, produciendo un crecimiento por densificación en zonas anteriormente de baja densidad, sustituyendo viejas tipologías por edificios de multiviendas. En este contexto, Barrio General Paz ofrece características óptimas en relación con otras áreas de la ciudad: infraestructura completa, cercanía al centro y rápida accesibilidad a otros puntos de la ciudad, marcado carácter residencial, y una amplia oferta comercial.9 Por estos motivos, el barrio se convirtió en un nuevo

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Al igual que San Vicente, es un barrio del área pericentral de Córdoba –barrios pueblo–. Se destacan el rubro gastronómico con restaurantes de primera línea a los que acuden habitantes de toda la ciudad y un incipiente circuito de galerías de arte.

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sector de concentración de la construcción y de atracción de inversiones inmobiliarias,10 predominantemente multiviendas de un promedio de 7 pisos de altura. Junto a las transformaciones morfológicas, ambientales y de densidad poblacional, este proceso creó nuevos circuitos comerciales y usos del espacio, y así configuró una nueva identidad del barrio (Gordillo, 2010: 4). Además, la construcción del Centro Cívico en sus inmediaciones implicó mayor flujo vehicular y poblacional, nuevas áreas comerciales y su resignificación como espacio simbólico, ya sea para actos de gobierno o protestas. Imagen de acto de gobierno y protesta en el Centro Cívico, ver: https://goo.gl/yGl68r En este contexto de cambios se conforma el CVJGA para tratar diferentes problemas del barrio, como el mal funcionamiento de cloacas, luminarias, mal estado de las calles, inseguridad, falta de planificación urbana ante el crecimiento inmobiliario y de instancias de participación, entre otros. Entre sus reclamos, se destaca la oposición al emprendimiento de 3 torres de 40 pisos proyectado en terrenos de una ex fábrica situados frente al nuevo Centro Cívico. Los vecinos objetaron el proyecto ante el Concejo Deliberante de la ciudad, considerando que su dimensión afectaría a sus condiciones de habitabilidad. Además dudan de la veracidad del permiso de edificación municipal11 y de que se hayan realizado estudios de impacto ambiental (La voz del interior, 30/06/2011). 10

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Con base en el directorio inmobiliario y de la construcción de La voz del interior 2008, 2009 y 2010, se puede observar la idea recurrente de que Barrio General Paz constituye una nueva área de oportunidades para la inversión inmobiliaria por parte los principales grupos desarrolladores urbanos de la ciudad. Esto también surgió de las entrevistas realizadas a miembros de las principales desarrollistas y constructores del sector. Este emprendimiento, junto con otros 47, fue aprobado por decreto municipal, excediendo las alturas permitidas (Marconetti, D. 2/07/2011).

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El conflicto por el Puente Letizia Expresión pública del conflicto

Para referirse a un conflicto como territorial, no basta con que existan antagonismos en relación con representaciones del territorio sino que tales desacuerdos sobre la apropiación o el uso del espacio deben expresarse públicamente (Azuela y Cosacov, 2013: 151-152). El conflicto por el puente se inicia con la instalación del obrador en Villa La Maternidad. En primera instancia tanto los vecinos nucleados en el CVJGA como los de CDVLM recurrieron a diferentes medios de comunicación como estrategia para hacer públicos sus reclamos ante la falta de información y de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes –municipales y provinciales– sobre el proyecto del puente. Los cortes de calle como actividad de protesta también contribuyeron a hacer visible la situación. Es en esta acción donde ambos actores se encontraron, luego de haberse reunido en varias ocasiones para tratar el tema. Se sostiene que una de las dimensiones productivas del conflicto es su función socializadora, en el sentido de que por medio de coaliciones o asociaciones facilita la vinculación de grupos o de individuos que de otra manera no tendrían relación o serían antagónicos (Coser, 1961: 177). En expresión de un miembro de la CDVLM, “el pueblo se está uniendo contra un mal común a todos, que es este avasallamiento que el gobierno de turno hace sobre nuestros derechos” (Entrevista realizada el 12/05/2012 a un informante clave de la CDVLM –en adelante “E2”–). Además de las protestas para lograr visibilidad y presionar a las autoridades, ambos actores realizaron reclamos por medio de las instituciones que consideran que deben acatar sus demandas como ciudadanos. Los vecinos de Barrio Juniors-General Paz, al enterarse de que el puente podría bajar al barrio, comenzaron a recurrir a las distintas

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oficinas gubernamentales como la Dirección de Vialidad Provincial, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y Concejo Deliberante, con el fin de obtener información del proyecto y encontrar interlocutores a sus reclamos. Ante el Concejo Deliberante, un miembro del CVJGA expresó: Me hubiese gustado, y hubiese sido el deseo de la comisión a la cual presido, que esta información que obra en mi poder [en relación al plano del anteproyecto del puente] me la hubiesen entregado ustedes de buena fe, porque para eso el contribuyente paga sus impuestos y ustedes cobran sus salarios…como presidente vecinal vengo a escuchar las explicaciones que usted me va a dar del puente y los elementos de juicio que usted dice tener en su poder para que nosotros lo podamos evaluar como ciudadanos que nos comprende toda la ley. (E1)

A partir del fragmento anterior, es posible dar cuenta de una demanda por falta de participación y consenso ciudadano que reclaman los vecinos de CVJGA, derecho que consideran que les corresponde en tanto contribuyentes, dejando traslucir una concepción patrimonialista de ciudadanía. En cuanto al contacto de los vecinos de Villa La Maternidad con los funcionarios de diferentes niveles, se sostiene que fue menos fluido. Por su parte, escribieron varias cartas a la Presidenta de la Nación y al Gobernador con el fin de obtener alguna respuesta sobre cómo impactaría esta obra sobre su situación habitacional, teniendo en cuenta que llevan varios años tratando de llegar a algún tipo de solución y que tienen en su trayectoria varios acuerdos firmados con autoridades públicas que no se cumplieron. Discursos y argumentos

A pesar de unirse en un reclamo conjunto a partir del reconocimiento de un enemigo en común, surgen diferencias en cuanto a los argumentos de oposición que se relacionan

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con las distintas percepciones sobre cómo consideran que el puente los afectará. Los vecinos del CVJGA consideran que el Puente Letizia, al bajar a Barrio Juniors, tendría impactos negativos a nivel ambiental e infraestructural y que implicaría cambios en el perfil del barrio, puesto que en un área residencial en donde anteriormente había una calle con poco tránsito vehicular, con el puente aumentarían los flujos, ingresarían colectivos y algunas casas quedarían tapadas por la obra. Además, consideran que con esta obra no se estaría respetando la elección residencial que ellos compraron, ya que produciría un cambio en el entorno. El siguiente texto plasmado en un folleto que se repartía en el barrio ilustra esta visión: ¿Qué verá desde su ventana? ¿Un paredón? ¿Un mar de autos? ¿O el árbol del vecino del frente? ¿Hasta qué hora tendrá sol cuando terminen las torres de 40 pisos? ¿Qué pasará con el Puente Letizia? ¿Será el paso de colectivos? ¿Cuántos días seguiremos sin luz, gas agua y con líquidos cloacales brotando en las esquinas? (Folleto repartido en Barrio General Paz-Juniors en mayo de 2012).

Del lado de Villa La Maternidad, la preocupación de los vecinos de la CDVLM está ligada a su futuro habitacional puesto que la bajada del puente atravesaría la villa perjudicando a las familias residentes sobre el pasaje Letizia y también al resto de los habitantes. Por lo tanto, sus reclamos están ligados a la urbanización de la villa: “si no hay urbanización, no hay puente, es lo que nosotros pretendemos, que nos urbanicen. Esa es la lucha de hace 8 años” (E2). Además, consideran que el puente es una excusa para efectuar el desalojo encubierto en obra pública: “Lo que pasa es que son astutos… resulta ser que para expropiar acá no pueden, pero sí pueden por algo de utilidad pública. Entonces, el puente como es algo de utilidad pública, lo están usando para poder entrar” (E2).

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Las situaciones de conflicto generan como forma de socialización positiva la unión de los grupos. En este caso, se reduce el aislamiento entre distintos grupos sociales en pos de una demanda común: la oposición a la construcción del puente. Sin embargo, se conserva la distancia social. Esta idea se observa con mayor claridad al indagar en cómo se inicia la relación entre ambos actores. Al respecto, un miembro del CVJGA expresó en referencia a los habitantes de Villa La Maternidad: Cuando ven que yo me estoy moviendo se vienen corriendo, porque esta gente tiene mucha voluntad pero no tiene capacidad para hablar. Desgraciadamente, son gente humilde, que no ha tenido la capacidad que nos dio la vida a nosotros de poder capacitarnos un poquito más, nada más. Pero son gente buena, son gente trabajadora, son gente. (E1)

Esto también se relaciona con otro argumento de fondo a la oposición del puente, que es vincular la inseguridad de Barrio Juniors-General Paz con San Vicente, donde se ubica Villa La Maternidad. El Puente Letizia es visto como “otro puente que conecta con San Vicente” y se considera perjudicial para la seguridad del barrio, puesto que ya existe un puente de conexión en el cual los vecinos exigen mayor control policial para que “no se escapen los ladrones” (sobre la base de R1). En Villa La Maternidad se expresa que, si bien estuvieron junto al CVJGA en cortes de calle, son conscientes de las barreras que limitan esa unión y que una de las oposiciones al puente por parte de los vecinos de Barrio Juniors-General Paz es impedir que los habitantes de la villa tengan una vía de acceso al barrio: Nos tratan de involucrar en esto pero siempre conservando su, como te podría decir, su discriminación disimulada…la gente de allá [de barrio Juniors-General paz] no te la dice directamente “no al puente porque va a pasar esto” ellos están así, sabiendo que los negros de mierda no tienen que ir para

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allá, porque nosotros somos villeros y somos peligrosos para ellos, porque si pasan por acá algo van a chorear. Entonces ellos están disfrazando un poco. Pero a ellos les molesta el puente, a nosotros también, y bueno, ese bien común que hay, aceptamos… yo no soy un nene de pecho, yo me doy cuenta de que la gente te acepta por obligación. (E3)

En este sentido, se observa una oposición conjunta al puente expresada en el momento de la acción como cortes de calle, pero la argumentación con respecto a cómo consideran que la obra los afectaría es diferente de cada lado. Es decir, se trata de grupos diferentes que en una determinada situación social se reúnen por un interés común, pero esto no diluye las diferencias. Comparten el territorio, una cercanía física, pero no necesariamente comparten una visión sobre el territorio. Además, vale la pena subrayar que si bien hay una socialización positiva, el fantasma de la inseguridad depositado en la pobreza opera como barrera entre ambos grupos. Las representaciones de la ciudad y las posiciones en relación con el desarrollo urbano

El conflicto por la construcción del puente resulta significativo en términos analíticos puesto que a partir de los discursos, de las estrategias de acción y de las reivindicaciones que movilizan a los actores surgen visiones acerca de la forma en que se construye la ciudad. En este sentido, tanto la CDVLM y CVJGA denuncian la primacía del capital y los intereses privados sobre la planificación de la ciudad, puesto que sostienen que el Puente Letizia se está construyendo para beneficiar a un empresario: El puente que quieren hacer para bajar los ómnibus por la costanera al anillo de circunvalación, me parece una excelente idea, pero Bugliotti quiere hacer un traje a su medida, no le interesan los ómnibus que andan por la ciudad, sino que

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quiere abrir el barrio Juniors para que vengan a comprarle [en referencia al centro comercial propiedad del empresario ubicado en frente a villa La Maternidad]. (E1)

En Villa La Maternidad el argumento se repite, pero con el trasfondo del miedo al desalojo: El puente lo está haciendo Bugliotti para que terminen de sacar a la gente de acá para hacer el emprendimiento de él acá… Bugliotti no nos quiere acá, a pesar de que nosotros somos los mejores clientes que tiene él, todos los días vamos a comprarle a él. Pero él no quiere nuestra plata, él quiere la plata de la gente de barrio General Paz, de toda esa gente que vive para aquel lado,…o sea que el puente le hace falta a él y es un traje a medida este puente para él. (E3)

Más allá de la obra del puente, en ambos extremos hay una visión compartida respecto al desarrollo urbano en general: sostienen que las trasformaciones urbanas estimuladas por la política pública están regidas por los intereses del capital y orientadas a la intervención en sectores puntuales de la ciudad para apuntalar un crecimiento urbano orientado al mercado. Además es interesante observar que a partir de una obra pública, se vislumbran transformaciones urbanas que van más allá de la obra en sí y que demuestran que los cambios en el sector de estudio tienden a desplazar a la población de menos recursos y acondicionar el territorio –territorios centrales– para los sectores más favorecidos de la sociedad, reforzando un desarrollo urbano excluyente.

Reflexiones finales Teniendo en cuenta que el análisis de los conflictos urbanos permite una aproximación para comprender la relación entre los habitantes de la ciudad y la acción pública sobre el territorio (Melé, 2003), a lo largo de este trabajo se buscó

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dar cuenta de las diferentes posiciones que toman los actores –enmarcados en la Comisión contra el Desalojo de villa La Maternidad y Centro Vecinal barrio Juniors-Garzón Agulla– en torno a una obra de infraestructura promovida por la acción pública, como lo es el Puente Letizia. En función de este propósito, se intentó mostrar cómo se fueron constituyendo los actores colectivos involucrados, afectados por diferentes transformaciones en sus entornos urbanos inmediatos, que confluyeron en la oposición a la construcción del puente, pero sustentada en diferentes argumentos. Del lado de Juniors-General Paz, el cuestionamiento se relaciona con los impactos ambientales, los cambios en el perfil del barrio, la falta de planificación, la sustentabilidad urbana y el avasallamiento a sus derechos de propiedad. Del lado de Villa La MaternidadSan Vicente el principal reclamo es la amenaza de desalojo encubierta en obra pública, es decir, la permanencia en el centro de la ciudad. En tal sentido, resulta interesante dar cuenta de cómo el conflicto por el puente opera en soldar dos grupos sociales diferentes, es decir, generar relaciones de afinidad, básicamente en el momento de las protestas, a la hora de compartir información y en la concepción del desarrollo urbano regido por la lógica del capital, más allá de que argumenten que esta obra los perjudica de manera diferente. Teniendo en cuenta que las políticas urbanas articulan modalidades específicas de producción de la ciudad, la obra del puente, en tanto intervención en infraestructura urbana, nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la ciudad. Las políticas urbanas, y la obra pública en particular, son materia frecuente de conflictos territoriales, en tanto forman parte de un proceso público por el cual el Estado crea condiciones necesarias para las transformaciones económicas, sociales y ambientales de determinadas áreas de la ciudad a través de la promoción de áreas susceptibles de renovación; la oferta de beneficios fiscales para la rehabilitación; la inversión de fondos públicos en la mejora de

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servicios públicos en áreas seleccionadas; las intervenciones dirigidas a los propietarios para rehabilitar o vender su propiedad; la rezonificación y recalificación del suelo (Rodríguez y Di Virgilio, 2011: 26). No obstante, a lo largo de este trabajo podemos observar cómo esas políticas son resistidas por actores que tiene capacidad de resistencia y ponen límites a las transformaciones urbanas.

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— (2013, 13 de julio) “Con fuegos artificiales, cerraron los festejos en la costanera del río Suquía”. Consultado en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/confuegosartificiales-cerraron-festejos-costanera-rio-suquia. Pandolfi, Germán. Un plan para cambiarle la cara al Centro. 31/08/2008. Diario La Voz del Interior. Propuesta para los vecinos de ex Villa La Maternidad. Secretaría de información pública y programas especiales. Documento sin publicar. Córdoba. Protesta de vecinos de villa La Maternidad. La voz del Interior 28/10/2011. Consultado en: www.lavoz.com.ar/ ciudadanos/protesta-vecinos-villa-maternidad. Provincia y municipio presentaron plan para recuperación del Suquía. La mañana de Córdoba. 30/09/ 2010. Consultado en http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=31728 Proyecto de Ley para la urbanización de villa La Maternidad (2012). Taller Colectivo y Participativo “Proyecto Urbano Villa la Maternidad”. Relevamiento 2003 Organismo a cargo: Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba. Préstamo 1287- OC-AR. ASENTAMIENTO “LA MATERNIDAD” /designación 38 A. Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación de los Grupos Vulnerables Afectados por las Inundaciones en la Ciudad de Córdoba. Sub-componente de recuperación ambiental de las zonas de riesgo inundables desalojadas para ampliar las áreas verdes de recreación en la ciudad de Córdoba. Sigue la resistencia a la construcción del puente Letizia en la Costanera. La Voz del Interior 27/09/2011. Consultado en: www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sigueresistencia-construccion-puente-letizia-costanera. Terminal de ómnibus del Bicentenario. Consultado en: http://www.informesynoticiascordoba.com/wpcontent/uploads/2012/07/Nueva-Terminal-deCordoba.jpg.

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202 • Fronteras en la ciudad

Villa la Maternidad resiste. Consultado en: http://villalamaternidadcordoba-argentina.blogspot.com.ar/. Vivienda y Ciudad, Informe para el Plan Director de Córdoba. Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Ordenamiento Territorial, Ambiente y Vivienda, Dirección de Urbanismo, Córdoba en su situación actual, Bases para un diagnóstico

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Acerca de los autores

Martín Boy Licenciado en Sociología (UBA). Magíster en Políticas Sociales (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigador asistente del CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y profesor regular titular de la Universidad Nacional de José C. Paz. Especialista en temas vinculados a pobreza urbana, zonas rojas y conflictos urbanos en el espacio público.

María Laura Canestraro Licenciada en Sociología (UNLP), Magíster en Ciencia y Filosofía Política (UNMdP), Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Asistente del CONICET, con sede en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Humanidades de la UNMdP. Docente-investigadora y extensionista de la misma universidad. Integrante de la Asociación Civil Hábitat y Vida. Ex Becaria del CONICET (2004-2010) y del Lincoln Institute of Land Policy (2008-2009).

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Natalia Cosacov Licenciada en Sociología (UBA) y Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Becaria posdoctoral del CONICET. Fue seleccionada en 2015 para ingresar a la Carrera de Investigador (CIC) de esa institución. Miembro del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), donde integra proyectos de investigación referidos a procesos de renovación urbana, conflictos, desigualdad social y movilidad urbana. Ha dictado seminarios de posgrado en la UNC, UNSAM y FLACSO Argentina. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro.

Verónica Paiva Magíster en Gestión Ambiental Urbana y Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigadora de FADUUBA. Especialista en temas de historia y sociología urbana, tales como higienismo y ciudad, ambiente urbano y cartoneros y recolección informal de residuos.

Mariano Perelman Licenciado en Antropología Social (UBA) y Doctor en Antropología Social (UBA). Investigador Adjunto del CONICET, investigador de Instituto Gino Germani. Docente regular del departamento de Antropología (UBA) y del Doctorado en Ciencias Sociales (UBA).

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María Rosa Privitera Sixto Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas (UBA). Adscripta de la cátedra Antropología de los procesos políticos: El Estado de la carrera de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Doctoranda en Antropología (UBA). Investiga procesos conflictivos de producción del espacio público urbano en ciudades atravesadas por el neoliberalismo, focalizando en las prácticas y representaciones de jóvenes de clases medias y bajas, habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Marianne von Lücken Licenciada en Sociología (UBA). Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Sociales y se desempeña como tesista en el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino GermaniFSOC-UBA, dentro de la cual participa de diversos proyectos de investigación. Docente en la carrera de Sociología de la materia Procesos Sociales y Urbanos: la ciudad en la teoría. La investigación desarrollada en su carrera se interroga sobre los procesos sociales y urbanos de la ciudad de Córdoba, puntualmente sobre la renovación urbana del área pericentral.

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