Francisco de Miranda y su ruptura con España

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Francisco de Miranda y su ruptura con España

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Francisco de Miranda y su ruptura con España

Manuel Hernández González

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Colección dirigida por: Manuel Hernández González Coordinación: Vanessa Rodríguez Breijo Directora de arte: Vica Santos Bertol Control de edición: Ricardo Guerra Palmero Francisco de Miranda y su ruptura con España Manuel Hernández González Primera edición en Ediciones Idea: Febrero 2006 © De la edición: Ediciones Idea, 2006 © Del texto: Manuel Hernández González, 2006 © Del prólogo: Manuel Rodríguez Campos, 2006 Ediciones Idea San Clemente, 24, Edificio El Pilar 38002 Santa Cruz de Tenerife. Tel.: 922 532150 Fax: 922 286062 León y Castillo, 39 - 4º B 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Tel.: 928 373637 - 928 381827 Fax: 928 382196 [email protected] www.edicionesidea.com Fotomecánica e impresión: Publidisa Impreso en España - Printed in Spain ISBN: Depósito legal: Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por medio alguno, ya sea eléctrico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo y expreso del editor.

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Índice

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Introducción. Una demorada sentencia exculpatoria frente a una calumnia orquestada desde el poder..................... 13 Francisco de Miranda y su ruptura con España ...................... 19 Los antecedentes de los vínculos entre los Gálvez y los Miranda ................................................................................ 21 Los orígenes de la Contienda ........................................................ 36 La toma de Pensacola ..................................................................... 45 La primera orden regia contra Miranda por el caso Campbell .............................................................................. 54 La ofensiva contra Cagigal ............................................................ 67 La conquista de Providencia y la exasperación del conflicto con la detención de Miranda por Gálvez ........ 74 La sumaria Mirandina sobre su papel en la inspección de las fortalezas habaneras ......................................................... 85 El proceso del oidor Uruñuela contra Miranda en el asunto Campbell .......................................................................... 87 Los autos sobre el cartel de Jamaica ............................................ 97 La acusación de contrabando ..................................................... 119 El proceso del oidor Uruñuela sobre contrabando ................ 127 El juicio de residencia ................................................................... 146 La querella por la conquista de Providencia .............................150

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La dilatación del fallo del recurso de los imputados ante la Corte ................................................................................ 161 La visión de Cagigal sobre el contrabando y la fuga de Miranda .................................................................................. 165 El largo vía crucis de Cagigal desde su arribada a Cádiz hasta su marcha a Madrid .......................................... 170 Su defensa ante la Corte .............................................................. 181 Bibliografía .................................................................................. 199

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Introducción

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Una demorada sentencia exculpatoria frente a una calumnia orquestada desde el poder El proceso mediante el cual Francisco de Miranda decidió exiliarse y romper con España en 1783 ha sido uno de los periodos de su vida más desconocidos y enigmáticos. Trataremos de adentrarnos en sus complejos entresijos a partir del estudio minucioso de los legajos, conservados en la sección de Consejos y Estado del Archivo Histórico Nacional de Madrid, referentes a las causas que se abrieron a él y a su protector, el capitán general de Cuba Juan Manuel Cagigal, sobre contrabando en Jamaica e información sobre las fortalezas de La Habana al general inglés Campbell (Consejos. Legs. 20.878 a 20.882), sobre la conquista de Providencia (Leg. 20.170, Nº 4), el juicio de residencia (Consejos. Legs. 20801 a 20.810) y los recursos entablados en el Consejo de Estado ante Godoy (Estado. Leg. 3152, Nº 3), los cuales no han sido objeto de un exhaustivo estudio por parte de los investigadores. Un laberinto cuyo desciframiento, que estuvo enmarcado en un procedimiento judicial que originó graves daños y vejaciones a Cagigal, nos puede ayudar a comprender el por qué de la deserción de Miranda. Desde la perspectiva actual se evidencia el acierto de la intuición 13

del caraqueño al evadirse frente a la gravedad de las imputaciones de las que era objeto, a sabiendas de que eran falsas, pero que emanaban directamente desde el centro de decisión del poder metropolitano, maniatado por la red de intereses que gobernaba con mano de hierro José de Gálvez y contra la que poco podía hacer. De todo este largo proceso plagado de irregularidades se desprende un hecho contundente que mostramos en estas páginas: la causa sólo tuvo resolución final once años después de la muerte de José de Gálvez. Cagigal únicamente pudo declarar una vez acaecida ésta, mientras que se dilataba su injustificada prisión en Cádiz. Una vez que fue escuchado y que su defensa fue posibilitada más tarde con unas mínimas garantías –cuando la huella de su poder e influencia se habían evadido de la Corte y fallecidos ya los principales miembros de ese linaje malagueño–, fue cuando de forma bien tardía la verdad resplandeció. Pero «el mal estaba hecho», hasta el punto que en buena medida ha pasado desapercibida. Por esas fechas, la trayectoria personal de Francisco de Miranda iba por derroteros bien diferentes y contrapuestos. Acaeció de esa forma una causa que condujo a la deserción y ruptura de Miranda con España que sólo fue finalizada, nada más y nada menos que el 24 de enero de 1799 en el Consejo de Indias, 18 años después de la primera orden de prisión de su presidente contra Francisco de Miranda. Sólo entonces se dictó sentencia sobre las causas en que éste se vio envuelto, imputado de graves cargos de contrabando y de traición a España por ceder información fundamental sobre las fortalezas de La Habana a los británicos. Por esta resolución se le exoneró de todos los cargos imputados y se le hizo acreedor de la estimación de su Majestad, por su eficaz contribución al Estado español con la misión que había efectuado en Jamaica. 14

El fallo: declara libre a don Juan Manuel de Cagigal de todos los cargos que se le han hecho en esta causa, porque justamente y de arreglo a las reales órdenes y soberano interés de Su Majestad, su conducta y procedimiento en el hecho principal e incidentes de la comisión conferida a don Francisco de Miranda para que pasase a la isla de Jamaica a los objetos del Real servicio y del Estado con las facultades para el aparente comercio que contemplaba conducente a su logro y que por consecuencia que, lejos de constituir reo de delito que se le ha imputado, se le han hecho acreedor a la soberana estimación de su Majestad y el premio que así en remuneración de sus méritos y anteriores servicios, como en recompensa de sus padecimientos y atrasos en su carrera ocasionados de esta causa, se digne Su Majestad concederle en ejecución de su soberana justicia distributiva y con alzamiento de cualquier arresto, embargo de bienes, depósitos y secuestros actuados de resultas de este mismo procedimiento, le reservaban y reservaron su derecho para que por los daños, gastos y perjuicios que en su persona y caudal había padecido con motivo de esta causa, use de él dónde y cómo le convenga y contra quien corresponda. Asimismo declarábamos y declaramos por libre de todo cargo en el ejercicio de la referida comisión y sus incidencias al teniente coronel graduado don Francisco de Miranda y por legítima, exenta de todo vicio la introducción de los tres barcos titulados Puerto Espino, Tres Amigos y El Águila con los esclavos, géneros y efectos que vinieron en ellos de Jamaica y revocaron y revocan en esta parte la sentencia del juez comisionado que declaró en la 15

pena de comisos los referidos barcos, esclavos, géneros y efectos y condenó a Miranda a que pagase su impuesto a la Real Hacienda con el más valor de las tres carretas, siete yuntas de bueyes y cinco caballos en que condujo parte de aquellos efectos desde el surgidero de Batabanó hasta La Habana en privación de su empleo y en diez años de presidio en la plaza de Orán y declaraban por el contrario a dicho oficial por fiel vasallo de Su Majestad y acreedor a las Reales gracias en premio y remuneración del mérito contraído en la delicada comisión que puso a su cuidado el Gobernador Cagigal, resultando por otro punto, como resulta justificado que no fue parte ni aun noticia del hecho de haber registrado o visto las fortificaciones de la plaza de La Habana el mayor general inglés Juan Campbell como falsamente se informó a su Majestad. Libre al teniente Coronel don Miguel Antonio Herrera en lo que se condenó mancomunadamente con Francisco de Miranda en la suma de 16.000 pesos que aquél había prestado a éste para el viaje de Jamaica y se los satisfizo a su vuelta con el aumento de un 43%. Igualmente en el valor de las referidas carretas, yuntas de bueyes y caballos confirmo la sentencia en cuanto absuelvo a don Fernando Rodríguez Berenguer de la paga de 27.786 pesos y 6 reales, precio de los dos bergantines, cuatro esclavos, géneros y efectos vendidos a don Jaime Boloix y la revocaban en cuanto al apercibimiento de que en ella se sentencie de que se arreglase en los sucesivo su conducta. Revocaban en la parte que declaró caídos en penas de comiso 41.700 reales de los 44.000 que extrajo don Felipe Alwood por el surgidero de Batabonó en la goleta El Águila para Jamaica, condenándole a la paga de ellos, legítima la extracción, así pecuniaria como personal 16

por la liberalidad y socorros con que auxilió a sus individuos prisioneros en Jamaica. Confirmaban en cuanto declaró por decomiso los 47.474 pesos y 1 real embarcados sin licencia del ministro de Hacienda en 16 de mayo, 18 y 19 de junio de 1783 con la fragata Diamante de Su Majestad en época posterior al gobierno de don Juan Manuel de Cagigal y condenaban a don Felipe Alwood en dicha suma mancomunadamente con don Gilberto Maxen en 31.800 pesos y de 5.390 a don Buenaventura Galuc en la de 4.234 pesos y con Mr Well, vecino de Saint Thomas en la de 6.050 pesos. Condena a Alwood en 900 pesos, pena de tres negros que vendió clandestinamente en la bahía de La Habana y lo revocan en la condena a Alwood de ocho años de presidio en el castillo de Ulua y multa de 5.000 pesos. Conforman por decomiso los 19.374 reales de plata de los géneros que se remataron perteneciente a lo introducido por don Francisco de Miranda y don Felipe Alwood de resultas de la comisión del primero y se pasaron a la Aduana desde el castillo de la Punta y lo revocan en cuanto declaró comiso acerca de los géneros entregados a don Manuel de Letuna como personero de Patricio Stature1. ¿Qué había acontecido en la justicia española emanada del Consejo de Indias para que, en unos autos plagados de graves irregularidades, no se emitiese una sentencia definitiva que vinculase a todos los acusados, cuyo proceso se había efectuado por separado y sin posibilidad de defensa por parte del principal implicado, el capitán general de La Habana, Juan Manuel de 1 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.): Consejos. Leg. 20878. Sentencia del Consejo de Indias, Madrid, 24 de enero de 1799.

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Cagigal? Para ello tenemos que analizar los acontecimientos que condujeron a las órdenes fulminantes dirigidas contra Miranda, sin juicio y sin posibilidad de comprobación de autenticidad por parte del presidente del Consejo de Indias, José de Gálvez. Unos pormenores que tienen mucho que ver con el poder acumulado en manos de una familia malagueña, los Gálvez, y con los celos y tensiones que en ella generaban dos militares criollos, el capitán general de La Habana, Juan Manuel Cagigal, y su edecán, Francisco de Miranda. Señalaremos en primer lugar la compleja telaraña de relaciones y resquemores que unieron a las familias de Miranda y de Gálvez, que se remontan a los vínculos existentes entre ellas desde las Islas Canarias. A continuación, estudiaremos los entresijos y ambiciones que cimentaron el procedimiento de las reales órdenes reservadas que le condenaban sin posibilidad de defensa en un periodo de guerra contra Inglaterra, durante la Guerra de las Trece Colonias (1778-1783). Una actuación en la que no poco tuvo que ver la soberbia y las aspiraciones de Bernardo Gálvez y los éxitos y habilidades de Cagigal y Miranda en ese escenario bélico, que exasperaron al joven y vanidoso militar, protegido por su tío desde la jefatura del Consejo de Indias. Finalmente, a la luz de la información proporcionada por los diferentes procesos, nos detendremos en los avatares sufridos por Cagigal, su encarcelamiento en Cádiz y la defensa que ejerció de todas esas causas y de la de Miranda, tras el fallecimiento de José de Gálvez, y que condujo a la sentencia final antes citada.

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Los antecedentes de los vínculos entre los Gálvez y los Miranda Los Miranda eran un ejemplo, como acontecía con los antepasados de Andrés Bello, de una migración endogámica que se trasladó desde el Archipiélago Canario a Venezuela a lo largo del siglo XVIII. En ella no sólo lo hizo su padre, procedente del Puerto de la Cruz (Tenerife), sino muchos de sus hermanos y cuñados. Los hermanos del Precursor son también un ejemplo de esa continuidad, al casarse la mayoría con sus paisanos, e incluso dos de ellos, Javier y Ana Antonia, residieron en Tenerife, donde nacieron varios de los sobrinos del militar caraqueño. Incluso por parte de la madre provenían de ese mismo origen2 y de la misma área geográfica. Eran familias ligadas al mundo del comercio, por su procedencia social, que 2 El 23 de agosto nació en Santa Cruz de Tenerife Bartolomé Antonio, hijo del teniente capitán Antonio Almeida, natural de ese puerto y de Ana Antonia de Miranda, natural de Caracas, vecinos de Santa Cruz. Sus abuelos paternos eran Simplicio de Ameida y María Candelaria Ismaldo y los maternos eran Sebastián de Miranda y Francisca Rodríguez Carta, alguacil mayor del Santo Oficio, natural y vecino de Santa Cruz. Archivo parroquial de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, Libro 7º de bautismos. Otro de sus hijos tinerfeños, Ventura, pasó a Venezuela y casó en San Carlos, Cojedes, en 1797, con María Josefa Petronila González Bautista.

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trataron de enlazar con linajes de ese espectro para ascender socialmente. En ellos, la mujer jugaba un papel esencial en la continuidad de esos lazos dentro de las costumbres sociales. Su bisabuela materna, María Francisca Espinosa, era hija de Diego Fernández de Espinosa y de María Francisca Ravelo, por lo que estaba emparentada con el padre del Precursor. Había casado con Francisco González del Quinto, natural del Realejo Bajo. Viuda y con cinco hijos, cuatro de ellos mujeres, emprendió viaje a Caracas con todos (Francisca, Catalina, Josefa y María y Andrés), aunque una arraigó en Santo Domingo. Su hija Catalina, abuela del precursor, casó en el primer matrimonio con su paisano Cayetano de Vera, con el que tuvo un hijo adulto, Francisco José. En segundas, lo hizo con el portugués Antonio Rodríguez, con el que tuvo tres varones y dos hembras, una de ellas Micaela, la madre de Miranda3. La continuidad de esa vinculación se puede apreciar en las pocas cartas conservadas del Precursor con su familia. Cuando en ellas se habla de noticias de Islas, se refieren a Canarias, porque en Venezuela, como en otras partes del Caribe español, esa definición genérica, como la de isleño, sólo hace referencia a ese Archipiélago. Hasta en el padrinazgo se aprecia esa endogamia. Su padrino de bautismo fue un clérigo originario de Los Realejos, Tomás Bautista de Melo, que había oficiado la ceremonia 3 En Tenerife sólo poseía una casa que vendió para pagar su transporte y el de sus hijos. A ninguno de ellos le dio cosa alguna de dote. Era dueña de la casa de su morada y una tienda contigua en el barrio de Santa Rosalía, gravadas con un censo de 800 pesos al convento de San Francisco, una negra nacional comprada al asiento inglés y una negrita, su hija, a quienes dio la libertad. Contaba con un sobrino en la provincia, Tomás Espinosa, que le debía algunos pesos. Registro Principal de Caracas. Escribanía de Francisco Areste y Reyna, 28 de junio de 1743 y 28 de octubre de 1745. Una de sus hijas, Francisca González del Quinto, había casado con Tomás García y no había tenido descendencia. Poseía la casa gravada con un censo en Santa Rosalía y una negra con su cría de dos años que heredaría su madre. Tenía cuantiosas deudas. Registro Principal de Caracas. Areste y Reyna, 11 de febrero de 1728. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: Los canarios en la Venezuela colonial (1670-1810), Tenerife, 1999, p. 71.

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matrimonial de sus padres. E incluso el de confirmación fue el comerciante canario Lorenzo Rosell, anterior testigo de las nupcias maternas. El esfuerzo de su padre por ascender en la pirámide social se expresó en los enlaces de sus hijas con miembros de la comunidad mercantil isleña o estrechamente vinculados a ella. Ana Antonia lo hizo con el capitán del comercio canario-americano Antonio de Almeida, natural de Santa Cruz de Tenerife. Con él y su hermano Javier marcharon a esa localidad portuaria, donde, como señalamos, nacieron varios de sus hijos. Almeida falleció antes de 17914. En una carta su hermana Rosa, el 25 de febrero de 1779, le dijo que Ana se encontraba en Tenerife «buena con sus cuatro hijos, pero con muchas ganas de venir a su tierra (no se parece en esto a ti)»5. Su hija Rosa Agustina contrajo nupcias con Francisco Arrieta, un vasco estrechamente vinculado al comercio canarioamericano, en el que tuvo participación activa. Era bastante mayor que ella y había realizado empresas conjuntas con su padre, siendo incluso padrino de uno de sus hijos que falleció prematuramente, Francisco Antonio Gabriel. Se dieron dos circunstancias que lo ligaban directamente con dos oponentes de su cuñado y miembros de la camarilla de los Gálvez: la una, el ser asistente del concuño de Bernardo Gálvez, el capitán general de Venezuela Luis de Unzaga, que reemplazaría a su protector Cagigal en la de La Habana y que se encargaría precisamente de su frustrada detención; y la otra, la de ser pariente de uno de sus más enconados enemigos, Juan Ignacio Urriza, el intendente habanero que sería premiado con un cargo en el Consejo de Indias por su resuelta denuncia al Precursor como contrabandista contumaz en la misión de Jamaica. En su carta 4 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: «Familia y etnicidad canaria en Francisco de Miranda», Montalbán, Nº 23, Caracas, 1991, p. 248. 5 MIRANDA, F.: Colombeia, tomo II, p. 538.

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de 16 de junio de 1782, un isleño, el alférez Verde, que se había trasladado a La Habana le había dicho algo sobre tu tropiezo con el Intendente. Él es mi pariente, pero un encogimiento irregular de mí, no he labrado su correspondencia; él tiene fama en la familia y con todos, el brigadier Crame, con quien tuve mucha amistad, me aseguró que en su clase no había hallado mejor, entre infinitos que ha tratado. Yo considero que ya sea tarde, pero con todo me parecería que te lo insinuases6. Sobre su relación con Unzaga reconoce que yo era el primer asistente cuando se asomaron estos ruidos e intentamos primores y los hubiéramos hecho con otro general; pero, en fin, enviamos gente hasta Mérida y allí están; el otro año de solo regidor fui diputado al general y sin nadie consentirme con frases galanas, y puede que en Madrid se piense que somos levantados, pero ya tendrán documentos y muy formales de lo contrario7. Otra de sus hermanas, Micaela, contrajo primeras nupcias con el comerciante tinerfeño, originario de Los Realejos, Marcos Orea y Machado de la Guerra. Fue capitán de buque del tráfico canario-americano como Almeida, al igual que lo había sido su padre Pedro Orea. Su casamiento, como sus segundas nupcias con otro hijo de isleños acomodados Diego Rodríguez Núñez, fue celebrado por la familia como una consolidación de su posición social en Caracas, a pesar de las graves penurias 6 7

Ibídem, tomo II, p. 540. Ibídem, tomo II, pp. 540-541. 24

económicas por las que había atravesado la fortuna familiar a raíz de la cuantiosa inversión en la compra del título de capitán de Francisco, que lo hizo para vengar el desaire que la elite mantuana le había infligido a su padre. Marcos murió prematuramente antes de 1780, pero sus hermanos Gonzalo y Telesforo originaron, junto a un paisano suyo, Tomás Muñoz, y otros hijos de isleños, los López Méndez, una de las más importantes compañías comerciales del país. Precisamente con uno de ellos, Luis López Méndez, el que junto con Andrés Bello y Simón Bolívar le propondría en Londres su regreso a Venezuela para presidir la Primera República, casaría una sobrina suya, Josefa María Rodríguez Núñez de Miranda8. Marcos, en una de sus cartas de 17 de julio de 1772, le habló sobre un médico canario partidario de la independencia, Juan Perdomo Bethencourt, que influiría grandemente en sus ideas y sobre el que hablaba en Kiev con un amigo común, el conde de Segur. Era el facultativo de la familia y esperaba aliviarse de sus enfermedades «con la venida de Perdomo a esta ciudad, que fue anoche»9. El abuelo de los Orea, Alejandro, había sido administrador de los Príncipes, una extensa y rica propiedad perteneciente a los herederos del conquistador de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo. El padre de Bernardo de Gálvez, Matías, el futuro virrey de México, había sido mayordomo de otra colindante, la de la Gorvorana, de la que eran dueños los absentistas marqueses de Guadalcázar. Residió en la Isla entre 1757 y 1778. El ilustrado canario Lope de la Guerra puntualizó sobre su gestión que era persona que estaba bien querida en la Isla, y que, después de su venida a ella, se comenzó a su imitación a 8 9

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., op. cit. MIRANDA, F., op. cit., tomo I, p. 443. 25

plantar las parras de barra, lo que antes se hacía con mucho trabajo y costo, el primero lagar que se fabricó de piedra fue por su dirección en dicha hacienda de la Gorvolana, y en esta ocasión [1775] ha traído sarmientos de buena calidad de uvas, para que se produzcan en estas Islas, y también un telar de medias, que es el primero que entra en ellas10. Bernardo pasó en esa hacienda su niñez entre los cinco y los 19 años y se relacionó muy estrechamente con los Orea, con los que se educó y dio sus primeros pasos en la vida. Cuando las tensiones con los Gálvez se hicieron cada vez más evidentes, el 25 de febrero de 1782 su cuñado Francisco de Arrieta le comunicó al Precursor que «ese señor Gálvez era criado con los Orea, no te dejes de insinuar, que al difunto don Marcos lo amaba y los señores viejos, el señor don Matías le escribía de hijo y muy tiernamente y aun el señor ministro con el mayor agrado»11. Era una muestra de las estrechas relaciones entabladas entre ambas familias, hasta el punto de que se intercambiaban cartas incluso con José de Gálvez. Cuando la situación de Miranda se tornó todavía más difícil, una nueva misiva de Arrieta, fechada el 16 de junio de 1782, le recordó que «te previne y te vuelvo a prevenir que ese señor Gálvez se crió en casa de Orea desde los cinco años hasta los 19 y que los quiere mucho, con que insinúate». Consciente de la gravedad de las imputaciones se encargará de que «Gonzalo (Orea) le escriba con este alférez (el citado Verde) y que le pida por ti»12.

10 GUERRA Y PEÑA, L. A.: Memorias. Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII, Ed. y notas de Enrique Romeu Palazuelos, Las Palmas, 2002, p. 365. 11 MIRANDA, F., op. cit., tomo II, p. 535. 12 Ibídem, tomo II, p. 540.

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La influencia de los Gálvez en la Corte le permitió a Matías Gálvez utilizar el recurso humano del Archipiélago para proyectar la ascensión, tanto de él como de su hijo Bernardo, al conducir familias a Guatemala, y sobre todo a Luisiana, donde su vástago había sido designado gobernador. La orden de levantar el batallón llegó a Santa Cruz de Tenerife el 18 de octubre de 1777, cuando ya Bernardo, desde el año anterior, era su coronel y capitán general. Entre 1777 y 1783 se embarcaron para ese territorio 4.312 personas, de las cuales arribaron definitivamente a ese territorio norteamericano sobre las 2.000, pues se debían descontar las masivas deserciones en Cuba y Venezuela tras la declaración de guerra por España en 1779, y los fallecidos en las travesías. Gilbert C. Din estima que sobre un 45% de los emigrantes procedía de Tenerife, cerca de un 40% de Gran Canaria y las cifras restantes pertenecían a inmigrantes de La Gomera, Lanzarote y La Palma13. Otro autor, Miguel Molina Martínez, suponía más alta la participación de Tenerife, pero ello se debe a que no incluía en esas cifras los 393 gomeros14. Se da la circunstancia de que desde mediados de 1779 las salidas se paralizaron por la Guerra de Independencia norteamericana, reanudándose, pero ya con escasa intensidad en 1783. Esta política poblacionista estaba directamente inspirada por la personalidad y la obra de Matías Gálvez. Su carrera militar se aceleró cuando pasó de capitán de milicias a castellano de Paso Alto en 1775. Con el nombramiento de José Gálvez a fines de 1776 como presidente del Consejo de Indias, su ascensión sería ya fulgurante. En 1777 se le dio el recién creado cargo de teniente del Rey en las Islas. En 1777 se le nombró coronel y DIN, G. C.: The Canary Islanders of Louisiana, Baton Rouge, 1988, p. 17. MOLINA MARTÍNEZ, M. de: «La participación de Canarias en la formación y reclutamiento de Luisiana», IV Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas, 1982, tomo II. p. 143. 13 14

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en 1778 segundo comandante general de Guatemala; y finalmente en 1782 teniente general y virrey de México. Como comenta Francisco María de León, esa fulgurante sucesión de nombramientos se debió a que su hermano José se hallaba por entonces «en la cúspide del valimiento [...] Tal es por lo regular el aumento rápido, debido al favor en todos tiempos y bajo todas las formas de gobierno»15. Guerra y Peña reseñó su arribada en 1775 al puerto de Santa Cruz de Tenerife desde Málaga provisto del nombramiento por el Rey de castellano de Paso Alto. Comentó que alcanzó dicho gobierno con la protección de sus hermanos don Miguel de Gálvez, consejero de Guerra y don José de Gálvez, de Indias, y quedaron excluidos muchos patricios que, desde que murió Blas Hernández, ocurrieron con memorias a hacer presentes sus méritos y los de sus nobles ascendientes. Trajo consigo dicho Gálvez a su mujer y a un sobrino y sobrina16. Lope de la Guerra narró cómo después de haber celebrado por todo lo alto unos saraos en su casa santacrucera durante los carnavales en el día de San Matías, el 24 de febrero de 1778, el 20 de abril llegó una embarcación de Cádiz con su destino «para pasar a Honduras a encargos del servicio del Rey y examinar el sitio en que se haya de fundar la nueva ciudad de Guatemala por haberse hundido la antigua el año de 1773». El 25 dejó la isla acompañado de su mujer, una sobrina y demás familia. Llevó 15 LEÓN Y XUÁREZ DE LA GUARDIA, F. M.: Historia de las Islas Canarias (17761868), Ed. y notas de Marcos Guimerá Peraza, Tenerife, 1977, p. 5. Sobre la estancia de Gálvez en Tenerife, véase ROMEU PALAZUELOS, E.: «Matías de Gálvez, agricultor, artillero y virrey», III Jornadas de Artillería de Indias, Tenerife, 1988, pp. 91-116. 16 GUERRA Y PEÑA, L. A., op. cit., pp. 364-365.

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consigo al vecino de La Laguna y oficial de milicias Manuel de Bustamante. Le sustituyó en la recluta de Luisiana, que estaba a su cargo, el capitán de ingenieros Andrés Amat de Tortosa17. Matías con anterioridad había sido administrador de la aduana del Puerto de la Cruz, en 1771, y más tarde de la Renta de Tabacos, cargo en el que fue sustituido por su hermano Antonio, tras su nombramiento como teniente del Rey. Lope de la Guerra recoge la arribada de este último a Santa Cruz de Tenerife el 8 de enero de 177718. Más adelante relata cómo tras ella comenzó luego con proyectos y sin más licencia que la del comandante general, que discurrió le podía favorecer en la Corte, se volvió a España en una embarcación de guerra, que salió el 22 de mayo del mismo año. Luego que sus hermanos supieron su llegada y el poco fundamento con que se había ido, lo volvieron a enviar para acá, pero, habiéndose embarcado, cayó la embarcación en mano de moros y lo llevaron al puerto de Sale. Una vez libre, la embarcación siguió su viaje a la Isla, a donde llegó el 23 de diciembre. Mas él que se quedó diciendo que era para tomar satisfacción del agravio hecho al pabellón español; de allí se volvió a la Península, hizo presente éste y otros méritos y se le dio el empleo de comandante interino del resguardo de rentas reales de la bahía de Cádiz y poco después se le dio en propiedad19.

Ibídem, pp. 449 y 451-452. Ibídem, pp. 408-409. 19 Ibídem, p. 458. 17 18

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Precisamente el éxito de la recluta de Luisiana sería uno de los argumentos sobre los que giraría su encumbramiento. Era consciente de las posibilidades que ofrecían las Islas en una época de crisis, a la que acudirían prestos muchos isleños cuando se les ofrecía la oportunidad de trasladarse a América de forma gratuita y con el aliciente de recibir 90 reales de vellón de sueldo, la mitad al principio y el resto en el momento de la arribada. Además se le abonaban cuatro reales diarios hasta el momento de que saliese el barco. La mayoría de los canarios no sabían dónde estaba, ni qué futuro se les podía ofrecer, pero pesaría sobre ellos más que nada el ansia por encontrar la Arcadia Prometida. En este sentido, Francisco Javier de Izurriaga, fiscal de la Audiencia de Canarias, señaló que el achaque dominante en Canarias es el de pasar a la América [...] Sólo este principio y el que sin más recurso que el de la Providencia solían hasta aquí marchar contentos, podrá V.S. inferir el efecto que causará el enviarles con una peseta diaria desde que se alistan, el admitir casados, de prometérseles para allá tierras en propiedad para su cultivo y goce y la conducción sin costo alguno de ellos, sus mujeres y sus hijos [...] Me han asegurado que acuden como moscas a alistarse y que si no fuera por desearse la talla un poco dispuesta, habría alistadas 100 familias en toda esta isla y en negocio de 8 días20. Efectivamente el propósito de la recluta era doble, por un lado militar, formar un regimiento, y por otro poblador, a través de la migración de familias. Este último carácter sería el 20 A.H.N. Consejos. Leg. 2685 Nº 25. Véase al respecto, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: La emigración canaria a América entre el libre comercio y la emancipación (1765-1824), Tenerife, 1996.

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preponderante. Aunque en un principio se dio cierta importancia a los solteros para la formación del batallón, finalmente se optó por privilegiar los casados. De ahí que hasta 1779 predominasen los hombres y las mujeres casados, 444 y 641 frente a los varones solteros 156. Completaban las familias hasta esa fecha 133 mozos, 292 niñas y 341 niños21. Se miró en la recluta también la talla, la edad, y el origen socio-racial, prohibiendo la incorporación de mulatos y de personas penitenciadas o empleadas en oficios considerados indignos, como molineros o carniceros. Esa discriminación llevaría a decir al fiscal que de esa forma sólo quedarían en las Islas «los viejos que no reciben y los mulatos que también desprecian»22. La recluta de Luisiana se creó en unos momentos de intensa migración en la isla de Tenerife. Tendría que haber sido contestada por las clases dominantes por los graves riesgos que traería por la despoblación de la isla. Sin embargo, significativamente, sólo recibió la oposición del máximo valladar de la inmigración, el comandante general, el marqués de Tabalosos, que se opuso abiertamente a ella. La razón es bien clara, como manifestó Urtusáustegui, éste lo hacía no tanto por el bien y la utilidad del común de las islas, cuanto por ser negocio encargado a un hermano a quien no profesaba afecto alguno por otro hermano y para el regimiento de un hijo, de lo que podría resultar a todos tres un mérito grande. Lope de la Guerra señaló al respecto que lo contradijo «diciendo que si los Gálvez querían hacer su fortuna a cuenta del Rey, no lo permitiría, ni libraría dinero de la tesorería a este fin»23. MOLINA MARTÍNEZ, M., 1982, op. cit., p. 152. A.H.N. Consejos. Leg. 2.685, Nº 25. 23 GUERRA Y PEÑA, L. A., op. cit., pp. 364-365. 21 22

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Pero su pugna se estrellaría lógicamente contra el poder de esa camarilla en la Corte. Tomás de Nava subrayó que el comandante general tenía razón, pero que su actitud contrastaba con «la indolencia y el disimulo que usaba en orden a los pasajeros de nuestras embarcaciones del comercio», por lo que «semejante oposición no dimanaba de celo por el Real Servicio, ni por el bien público de la Provincia, sino de odio contra el Teniente del Rey y de otras miras personales»24. Paradójicamente, el Cabildo de Tenerife, enfrentado con el comandante general, por ir en su contra, bendice la recluta. Llegó hasta tal punto que, como consta en el acta de 10 de noviembre de 1777, Juan Porlier afirmó que le parecía providencia del Altísimo para el honor de estas islas el establecimiento de isleños en la Luisiana, con que tendrían el honor de guardar la puerta del Reino de México, como el que ya tiene desde el año de 28 de guardar el otro Reino, de que es puerta Montevideo con el establecimiento de estos isleños25. Tal actitud la enjuició Nava con ecuanimidad. Para el cabildo, Matías Gálvez, residente en Tenerife por espacio de 20 años, había recibido general estimación y su hermano José había aprobado importantes reivindicaciones del cabildo. Frente a esa política favorecedora, el comandante general «había perseguido y desterrado a los Regidores y cometido otras violencias consecuentes al plan de hacerse absoluto y formidable». Para él la actitud capitular era reflejo de los principios inconstantes por los que se gobierna, por lo que obró con manifiesta inconsecuencia, «pues pocos 24 25

Ibídem. Ibídem. 32

días antes había acordado se solicitase la suspensión de la Recluta para el regimiento fijo de La Habana por el grave perjuicio que resultaba a la isla de la emigración de sus naturales»26. Esa contradicción era algo característico de las clases dominantes canarias. En los propios encargados de la recluta las contradicciones bullían a flor de piel. Tres de ellos se negaron a ponerla en ejecución. Antonio José Eduardo, miembro de una familia de la burguesía comercial isleña estrechamente relacionada con el comercio y la emigración canario-americana, no la efectuó en La Laguna. Igual actitud mostró en Güímar Bernardo de Torres, significativo miembro de la burguesía agraria de esa localidad, y el administrador del señorío de Adeje, Francisco del Castillo Santelices, en su ámbito territorial, el cual, tras reclutar unas pocas familias, decidió concluirla. Pero otros la impulsan, como lo hizo en La Orotava Marcos de Urtusáustegui, hijo de Juan Antonio, uno de sus máximos contradictores. Esa deserción explica que desde Santa Cruz se embarcara el mayor número de la isla, el 34,5%, sencillamente porque desde La Laguna o de Güímar no se hizo. Además, este puerto recogió inscritos tanto de otras islas, como de La Gomera, como de otros pagos de Tenerife27. El propio reclutamiento de La Orotava incorporó gente de La Gomera como confirmó su alcalde mayor Ignacio Antonio Benavides: «se hallan acuartelados en esta villa 200 personas poco más o menos, naturales de La Gomera donde por fama pública corre han quedado muchas casa yermas»28. Los emigrantes canarios en Luisiana dieron pie a tres poblaciones, que tuvieron una vida plagada de dificultades en un medio hostil, para ellos desconocido. Aunque en principio los 700 primeros fueron llevados allí como reclutas para el nuevo Ibídem. MOLINA MARTÍNEZ, M., op. cit., pp. 142-144. 28Archivo Municipal de La Laguna (A.M.L.L.). Sign. S-III-36. 26 27

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batallón del regimiento fijo de Luisiana, finalmente se encaminaron a la formación de cuatro poblaciones: San Bernardo, relativamente cerca de Nueva Orleans, Barataria, al otro lado del Missisipí; Galveztown, en la confluencia del río Amite y el bayú Manchac, y Valenzuela en el bayú de Lafourche, dos de ellas con denominaciones que homenajeaban a Bernardo de Gálvez, que completó la recluta con un pequeño aporte de malagueños que dieron pie a Nueva Iberia. Barataria y Galveztown fracasaron bien pronto. La primera a causa de dos huracanes, en 1779 y 1780. La segunda, por su mala situación geográfica, que traía consigo rápidas inundaciones y prolongadas sequías. La insalubridad del terreno llevó en ambas a la emigración de la población. En la primera se dispersó por San Bernardo y Nueva Orleans. En la segunda, salvo algunas familias que permanecieron cultivando la tierra en sus proximidades, la mayoría se trasladó hacia la entonces llamada Florida Occidental, una franja territorial que siguió siendo española hasta 1810, cuando la Luisiana fue devuelta a Francia y Napoleón la vendió a los Estados Unidos. Estos colonos se marcharon a lo que luego sería la capital del actual estado de Luisiana, Baton Rouge, donde una parte de la localidad continuó con el nombre de «Spanish Town» durante el siglo XIX. Las otras dos localidades formadas por canarios fueron San Bernardo, que hoy continúa llamándose así, y Valenzuela, en el bayú Lafourche. En él ya existían con anterioridad inmigrantes acadianos franceses, por lo que la integración cultural fue más rápida. Los canarios se hicieron bilingües y aprendieron el francés. Sus señas de identidad se fueron perdiendo y sus apellidos se afrancesaron. Rodríguez se convirtió en Rodrigue, Plasencia en Plaisance, Acosta en D’Acoste y Campos en Campeaux. El auge del azúcar en los años 20 del siglo XIX transformó por completo el área, retirándose estos pequeños agricultores a áreas marginales. 34

El cultivo de la caña de azúcar sólo era factible para los hacendados por las exigencias en tierras, esclavos, animales y capital. Sólo en San Bernardo es donde la herencia cultural canaria se ha preservando hasta la actualidad en torno al bayú denominado Terre-aux-Boeufs (Tierra de Bueyes). La endogamia interna de la comunidad isleña, que se mantuvo en cierto grado hasta fechas bien recientes, permitió la continuidad de las costumbres y el idioma, un español con caracteres arcaicos, el dialecto que hablaban los canarios del siglo XVIII transformado por la evolución histórica. Agricultores en su mayoría, vendían vegetales que transportaban con sus carros de bueyes a Nueva Orleans. Pero también había pescadores que vivían de la abundancia de mariscos que caracteriza a la zona, por ser toda ella de marismas y pantanos; en este oficio destacaron y todavía hoy no pocos viven de él. Complemento importante fue también la caza, bien del venado, de la nutria o del armiño. La Costa de los Mosquitos, en Centroamérica, era un área de alto contenido estratégico que estaba envuelta en una permanente lucha por su control entre Gran Bretaña y España. Tras la paz con Inglaterra en 1783, firmada a la finalización de la Guerra de las Trece Colonias, se garantizaba a España la plena soberanía sobre ese territorio. José Gálvez pensaba que sólo se confirmaría su dominio por España si era colonizada por españoles. En 1786 se decidió finalmente a realizar esta empresa. Se pretendió con ella la fundación de pequeñas localidades en Black River (Río Tinto), Cabo Gracias a Dios, Bluefields y en la desembocadura del Río San Juan. Una parte de los inmigrantes sería reclutada en Galicia y el resto en las Islas Canarias. La expedición total sería de unos 1.298 colonos, de los cuales 306 procedían del Archipiélago. Desde Santa Cruz de Tenerife salió en la primavera de 1787 el buque La Sacra Familia, cuyo capitán era el mallorquín afincado 35

en Tenerife Gabriel Serra. En el contrato se especificaba que estaba obligado a llevar 60 familias y a hacer un entarimado en la bodega del buque con catres y divisiones para la separación de ambos sexos y niños. Cobraría 30 pesos por cada persona, fuera grande o menor, que se abonarían en Guatemala por «el aumento de la moneda y proporciones»29. El plan previsto fracasó en líneas generales. En Black River la colonización de los canarios fue bastante precaria por la hostilidad de los zambos y los misquitos. Sólo fructificaría en Trujillo. Tenía un clima mejor y mayores posibilidades para el asentamiento. Su crecimiento fue relativamente importante tras la llegada de los colonos. Antes de su llegada era apenas un puerto insignificante. Un viajero que desembarcó allí en 1803 refirió que nunca había visto tierras tan bien cultivadas y prósperas. Otra parte de los inmigrantes fundarían en 1788 el lugar de Macuelizo en el interior30. El objetivo inicial no se alcanzó. La colonización costera era muy insegura al este de Trujillo. Además, el suelo era muy pobre y la tasa de mortalidad muy elevada. Los colonos se expandieron por el interior o hacia otras partes del Imperio. Pero la costa seguía desprotegida y era muy costosa su defensa31.

Los orígenes de la contienda El 25 de enero de 1771, con veinte años de edad, Francisco de Miranda dejó el puerto de La Guaira rumbo a la Península Ibérica. Su padre, tras la afrenta recibida por parte de la aristocracia caraqueña, estaba decidido a quedar en la miseria invirtiendo toda 29 FLOY, T. S.: The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia, New México, 1967, pp. 168-169. El contrato con Gabriel Serra en Archivo Histórico Provincial de Tenerife (A.H.P.T.) Leg. 1.295. 20 de abril de 1787. 30 FLOY, T. S., op. cit., p. 170. 31 Ibídem, pp. 170-171.

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su herencia, con tal que su hijo, con la concesión de una carrera militar, vengase esa ofensa. Sebastián de Miranda compró por 85.000 reales su título de capitán. Fue un golpe mortal para su economía. El joven caraqueño aspiraba a más, estaba lleno de ambiciones. Pero para moverse en la Corte ilustrada había que tener apoyaturas y contactos, introducirse en un grupo de presión y afianzarse en él. La reforma había posibilitado que individuos del estamento llano pudieran ascender en función de su fidelidad y eficacia a los puestos más privilegiados de la administración. Mas en esa batalla por la promoción había que tener habilidad para afianzar lazos de amistad y de interés mutuo con aquéllos que, a través de los entresijos del poder, detentaban los puestos de relieve y conformaban un grupo de presión. Así había sido el proceso mediante el que José de Gálvez, un pequeño hidalgo natural de la localidad malagueña de Macharaviaya, había ascendido a la máxima jefatura del Consejo de Indias. El sevillano Francisco de Saavedra, en su autobiografía, consciente o inconscientemente, nos ha dejado unas páginas clarividentes de lo esenciales que eran esas relaciones para escalar en la esfera política. En un viaje emprendido a Madrid en abril de 1774, marchó en compañía de Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quién, sin habernos casi tratado, tenía yo una gran simpatía, la cual como suele suceder, hallé que era recíproca. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida, porque me contó varios pasajes de su vida, que era una verdadera novela. En fin formamos entonces una íntima amistad que fue en algún modo el fundamento de mi suerte ulterior32. 32 SAAVEDRA, F.: Los decenios (Autobiografía de un sevillano de la Ilustración), transcripción, introducción y notas de Francisco Morales Padrón, Sevilla, 1995, p. 81.

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Al año siguiente, en enero, volvió a encontrárselo en Sevilla, cuando se hallaba de viaje. Ya dice de él que era su «gran amigo». Le comunicó que había muerto el ministro de Marina e Indias Fray Juan de Arriaga, que su ministerio se había dividido, confiriendo el de Marina a don Pedro Castejón y el de Indias a don José de Gálvez, «con quien ofreció introducirme si nos veíamos en Madrid. Puedo asegurar que desde ese punto medio el corazón que la suerte me llamaba por este ramo, aunque no se verificó hasta más de dos años después, cuando yo había renunciado a esta esperanza»33. En junio de 1776, antes de marchar de nuevo a la Escuela militar de Ávila, tras su reapertura, en cuya creación había intervenido en 1773, frecuentó de nuevo en Madrid a Bernardo, quien «me introdujo antes en casa de su tío don Miguel de Gálvez, consejero de Guerra, cuya amistad me fue sumamente útil». A fines de ese mes volvió a Ávila el joven malagueño, a quien se le habían conferido los empleos de coronel del regimiento fijo de Nueva Orleans y el gobierno de la provincia de Luisiana. Vino por esas fechas la Corte a Madrid para trasladarse a San Ildefonso. Aprovechó «esa oportunidad», para presentarle «a su tío don José, ministro de Indias, en cuya casa comí dos veces, acompañándome y concurriendo a introducirme con su hermano don Miguel de Gálvez, que ya era mi amigo»34. Esas relaciones fueron esenciales en su trayectoria vital. Cuando en 1778 había aceptado el cargo de secretario de la embajada de España en Lisboa, a propuesta de su ministro el conde de Fernán Núñez, todo se modificó repentinamente con tan poderoso vínculo. Miguel Gálvez le comunicó que su hermano José «había hablado con el Rey acerca de mí y S.M. me había conferido una plaza no de las últimas de la Secretaría 33 34

Ibídem, p. 99. Ibídem, p. 102. 38

del Despacho de Indias de su cargo con 20.000 reales de sueldo». Quedó absorto por el compromiso contraído con el conde, pero el consejero de Guerra «procuró disuadirme de esta resolución, y quedó en que procuraría sacarme del apuro, dejando mi honor en buen lugar, contento a su hermano y el conde satisfecho». Salió «felizmente del compromiso, quedando ganancioso con una plaza que por el orden regular no hubiera podido yo obtener en muchos años siguiendo la secretaría de embajada»35. Mas no quedó ahí el ascenso. En 1780, un año después de la declaración de la participación de España en la Guerra de Independencia de las Trece Colonias, debía trasladarse a La Habana. Había sido designado comisionado regio para organizar todas las operaciones tendentes a la captura de Pensacola, ayuda a Guatemala y captura de Jamaica. Él mismo lo dejó claro en sus Decenios: debiendo ser la América, según el aspecto que presentaban los negocios, el principal teatro de la guerra, creyó don José Gálvez necesitarse allí un sujeto que, hallándose enterado de la situación de Europa y de los proyectos del gabinete, y no estando ligado con mando o empleo que le fijase en parte alguna, asistiese a las juntas militares y manifestase en ellas de viva voz los pensamientos de la Corte, reuniese los ánimos de los jefes, tratase con los generales de las naciones aliadas, dispusiese las remesas de caudales de unos parajes a otros y acudiese libremente donde lo exigiera la necesidad y el bien de la causa pública36.

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Ibídem, p. 110. Ibídem, p. 118. 39

Durante tres años Saavedra coincidió en varias ocasiones con Francisco de Miranda en ese escenario caribeño. Concluida esa misión fue designado en 1783 intendente de Caracas. El joven Miranda se propuso el 15 de junio de 1774 desde Melilla, en carta a su jefe superior, el conde de O’Reilly, solicitar su ascenso bien pronto en la carrera militar. Alegaba sus conocimientos de geografía y de idiomas (inglés, francés, italiano, latín)37. Había visto frustrada poco antes su aspiración de entrar en la escuela militar de Ávila, reservada para un grupo de oficiales considerados como sus superiores, así como de notorio mérito y capacidad. Saavedra había sido uno de sus creadores y entre los alumnos se hallaba «lógicamente» Bernardo de Gálvez. Evidenciaba su postergación. El asedio marroquí de la plaza de Melilla condujo a una expedición de castigo a Argel, de resultados desastrosos. Sin embargo se saldó paradójicamente con el nombramiento de su jefe, O’Reilly, como capitán general de Andalucía y su reconformación como inspector general del Ejército. Este oficial tuvo constancia de las críticas de Miranda que «en conversación privada había desacreditado su conducta sobre el manejo de la expedición de Argel»38. Con ese descubrimiento se vieron frustradas de nuevo sus posibilidades de ascenso y de ingreso en la escuela militar abulense. Su porvenir en el ejército era negro. Vislumbraba incluso su pase a la Marina, o embarcarse al Río de la Plata en la expedición de Pedro de Cevallos a Buenos Aires, donde sí marcharía Cagigal y su amigo y paisano José Pozo y Sucre, formado en la academia militar de Segovia. El mismo Saavedra, por entonces enquistado con O’Reilly, le dice que se encontraba postergado y le señala que «si en algún tiempo mi Inspector tuviese las facultades 37 Archivo del General Miranda, Ed. de Vicente Dávila, Caracas, 1929, tomo IV, p. 329. GARCÍA, L.: Francisco de Miranda y el Antiguo Régimen español, Caracas, 1961, pp. 153-154. 38 Archivo del General Miranda, tomo IV, p. 348.

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que corresponden a su capacidad, prudencia y conocimientos militares (revolución que puede ser que suceda un día u otro) le aseguro a Vm. que tendrá en su favor la distinción que merece»39. El sevillano vislumbraba el cambio ministerial que iba a modificar radicalmente su situación con la caída el 7 de noviembre de 1776 de Grimaldi y la ascensión a la presidencia de Indias de José Gálvez. Miranda, entre la cólera y la ofuscación, buscó una oportunidad. Ésta se le presentó en octubre de 1778 cuando se le destinó a una comisión para hacer con 107 hombres la guardia de honor a la Reina Madre de Portugal a su cruce por la frontera. Una vez finalizada, acontece un hecho trascendental en su vida. Se reintegró al regimiento de la Princesa, en el que se hallaba encuadrado, que se hallaba apostado en Madrid. Su nuevo jefe era el cubano Juan Manuel de Cagigal, con el que dio comienzo a una larga amistad. Pero éste ejerció ese cargo durante poco tiempo y le sucedió Juan Roca, que le arrestó el 15 de septiembre de 1779. Se le dio como alternativa o la cárcel o la marcha a América en la escuadra al mando de Victoriano Navía, próxima a zarpar a América para intervenir en la Guerra de las Trece Colonias. Parece que influyó en esa segunda opción el cubano, que marchaba en ella. Saavedra enjuició el carácter del caraqueño con unas reflexiones muy a propósito con las circunstancias que se ceñían sobre él: Es desgracia que todos los hombres de talento han de navegar regularmente con viento contrario. Pero me parece que el tiempo que se pasa en la adversidad no es perdido para la filosofía. Yo le deseo a Vm. mejor suerte que la que en el día tiene. Y entonces verá qué cosa tan 39

Cit. en GARCÍA, L., op. cit., p. 170. 41

dulce es contar las calamidades que ya pasaron, especialmente cuando no habiéndose merecido, traen señales de lecciones que nos da la Providencia. En desgracias aun más que en prosperidad acuérdese Vm. que tiene por amigo a Saavedra40. Su protector, Juan Manuel Cagigal y Monserrat, había nacido en Santiago de Cuba en 1739, donde su padre, Francisco Antonio Cagigal de la Vega, ejercía como gobernador. Era originario de Hoz (Teruel). Fue teniente general de los Reales Ejércitos, gentilhombre de cámara de Su Majestad y caballero de Santiago. Fue gobernador de Santiago desde el 23 de febrero de 1737, desde donde fue designado capitán general de la isla desde el 9 de junio de 1747, empleo que desempeñó hasta el 18 de marzo de 1760, momento en que fue nombrado virrey interino de Nueva España. Al cesar en su destino, volvió a La Habana y de allí marchó a Cádiz en 1761. Miembro del Consejo de Guerra en 1762, tomó durante la guerra contra Inglaterra varios pueblos de Portugal. Concluida la contienda, volvió a desempeñar su puesto en ese organismo, del que fue su decano hasta 1768. Falleció en su casa natal el 30 de abril de 1777. Había casado con la natural de Barcelona Ana de Monserrat Adame y Vela, hija del coronel Juan Monserrat y Maldonado y Cecilia Adame y Vela. El cubano fue miembro de un linaje de significados militares. Su tío, Fernando Cagigal de la Vega, fue teniente general del ejército, caballero del Orden de Santiago y primer marqués de Casa-Cagigal por real despacho de 7 de septiembre de 1747. Su hijo Fernando Cagigal y Solís fue segundo marqués, brigadier de los Reales Ejércitos, teniente del Rey en Veracruz y gobernador de Santiago en 1763, donde falleció soltero a los 56 40

Archivo del General Miranda, tomo IV, p. 385. 42

años el 11 de febrero de 1769. En sus segundas nupcias, Fernando Cagigal de la Vega tuvo varios descendientes. Entre ellos el tercer marqués, Felipe Cagigal y Niño, capitán general de Extremadura y del Consejo de Guerra. Un hijo de éste, Juan Manuel Cagigal y Martínez, V Marqués, fue capitán general de Venezuela en plena guerra de emancipación y gobernador de Santiago de Cuba desde 1819 hasta marzo de 1821. Falleció en Guanabacoa el 26 de noviembre de 1829. Su otro hermano, IV Marqués, fue capitán general de Canarias en 1803. Ya conocía las Islas por haber venido a Tenerife en 1799 mandando la división de tropas para guarnecerla. Fue depuesto por la Junta Suprema de Canarias bajo la acusación de supuesto afrancesamiento, que en 1808 se hizo con el poder en las Islas tras la invasión napoleónica y que le dio ese mando a su teniente del rey Carlos O’Donnell. Falleció en Barcelona en 1822. Otro de sus tíos, Gaspar Cagigal de la Vega, fue comandante general de Mallorca y gobernador militar de Ciudad Rodrigo. Su primo Gaspar Cagigal y López, hijo de otro tío, muerto prematuramente en la campaña de Italia con el rango de capitán, murió en la campaña del Rosellón el 8 de octubre de 1795. Su hijo de Gaspar Cagigal y Pontón, fue comandante de Nueva Barcelona (Venezuela). Su hijo Juan Manuel de Cagigal y Odoardo, nacido en esa última ciudad el 10 de agosto de 1803, fue un célebre ingeniero, militar, matemático y periodista venezolano, que estableció en Caracas una academia militar de Matemáticas, que abrió sus puertas en 183141. Juan Manuel Cagigal y Monserrat ingresó bien joven, como era común en su familia, en la Orden de Santiago, fue capitán del regimiento de La Habana hasta que en 1762 fue trasladado 41 SANTA CRUZ Y MALLEN, F. X.: Historia de familias cubanas, La Habana, 1943, tomo IV, pp. 293-295. GRISANTI, A.: El sabio Cagigal y su familia, Caracas, 1956.

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a España. En 1766 participó en las campañas de Orán y de Argel. Ascendió a brigadier en la expedición a Buenos Aires mandada por Cevallos, donde convivió a un caraqueño amigo de Miranda, José de Pozo y Sucre. A su regreso en 1778 ascendió a mariscal de campo en el bloqueo de Gibraltar. Formó parte del ejército de operaciones de América durante la Guerra de las Trece Colonias, en el que sirvió junto a él Francisco de Miranda. Ambos participaron en el sitio de Pensacola, por el que fue promovido a capitán general de La Habana. Designó edecán al caraqueño, a quien propuso realizar una misión secreta a Jamaica con el fin de obtener información precisa sobre su estado militar para proceder a su invasión, episodio que, junto con el de la conquista de Providencia y de las Bahamas, cuya capitulación encomendó al Precursor de la emancipación americana, fue el origen de crecientes tensiones con los Gálvez. Estas tensiones lo llevaron a su deposición y a su encarcelamiento en Cádiz durante cuatro años en el castillo de Santa Catalina, y a su lugarteniente a una condena de diez años de prisión en Orán y a su pérdida de rango militar, que no llegó a cumplir por haberse exiliado y romper de esa forma los lazos que le unían con la Monarquía española. Una vida atormentada que le llevaría al arresto, que sólo le sería levantado en 1793 cuando fue destinado a la campaña militar en Cataluña contra la Revolución Francesa, donde alcanzó significativos éxitos. Al final de esa contienda sería destinado a la comandancia general de Valencia, ciudad en la que falleció en 1811. La sentencia que exoneró definitivamente tanto a él como a Miranda de tan graves e infundadas acusaciones se dilató hasta 1799, casi doce años después de la muerte como presidente del Consejo de Indias de José de Gálvez.

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La toma de Pensacola Miranda puso rumbo al Atlántico desde Cádiz el 28 de abril de 1780 en el regimiento de Aragón, con el mismo grado militar de capitán. Formó parte de una gran expedición que llevaba el nombre de ejército de Operaciones de América y que tenía como objetivo servir de apoyatura a los franceses, españoles y anglo-americanos que luchaban contra los ingleses en el Nuevo Mundo. Durante la travesía, las enfermedades, especialmente el escorbuto, hicieron presa en la expedición, por lo que Cagigal tuvo que preparar hospitales improvisados en las Islas para atender a los enfermos. El caraqueño, sin embargo, no fue alcanzado por ninguna, a pesar de que su regimiento fue uno de los más castigados. Desembarcaron en La Habana entre el 3 y el 5 de agosto, tres meses después de su partida, con 30 oficiales y 388 soldados afectados, falleciendo dos de los primeros 106 soldados, un capellán y un cirujano. Cinco de alta graduación y 132 soldados habían sido hechos prisioneros y cuatro de éstos últimos habían desertado42. Mientras que Bernardo Gálvez procedió a la toma de Pensacola, una localidad portuaria situada en la Florida occidental defendida por tropas británicas al mando del gobernador y vicealmirante Parker y el mayor general John Campbell, comandante de ese ejército en la Florida, Miranda siguió en La Habana a la espera de órdenes. Apenas una parte de los batallones llegados de España salieron de la capital cubana el 28 de febrero de 1781 para ayudarle en esa acción. Sólo con la aproximación de una flota inglesa fue cuando se decidió reforzar la ocupación con un batallón de 1.600 soldados bajo el mando de Cagigal y en el que figuraba Miranda como su edecán. Salió de ese centro portuario el 7 de abril y arribó al lugar 42

GARCÍA, L., op. cit., p. 200. 45

del asedio a las dos semanas. Su participación en él fue la de uno más dentro del conjunto del ejército. El 23 de abril entraron en combate y el 8 de mayo los anglosajones se rindieron y comenzaron la capitulación. A consecuencia de ello Gálvez y Cagigal fueron ascendidos a teniente general, designándose al segundo como capitán general de La Habana, y Miranda a teniente coronel. Por su parte, Saavedra obtuvo la cruz de Carlos III. La toma de Pensacola y la capitulación se convirtieron en un elemento decisivo de la suerte futura de Cagigal y de Miranda. Lo determinante en ello fue el juicio que sobre los implicados realizó Bernardo de Gálvez a su tío y protector. El propio presidente de Indias no dejó lugar a dudas en una carta dirigida a Cagigal el 30 de agosto. Entre otros aspectos sobre su continuidad como capitán general de La Habana le comunicó que ha conocido cuánto ha hecho a su favor, y lo mucho que contribuyó en el ánimo de Su Majestad para encargarle de aquel mando su adhesión al buen partido del servicio y su amistad con don Bernardo de Gálvez, a cuyos ventajosos informes debe V.E. la superior graduación de teniente general. No deja lugar a dudas, su premio se debe al favor de su encumbrado sobrino y su permanencia y ascenso se fundamenta en su vasallaje al grupo de presión. Es más precisa al respecto: no dude V.E. que su Majestad le continuará en ese gobierno siempre que, como lo espero, siga en la más perfecta armonía con los jefes del ejército y la marina, y que para sus providencias y aciertos oiga sólo los informes del secretario don Antonio Ramón del Valle, pues este 46

sujeto merece el concepto del Rey por sus talentos y probidad y se halla instruido de todo43. Estas precisiones del presidente del Consejo de Indias demuestran fehacientemente el escaso margen de maniobra propia reservado a Cagigal. Cualquiera que obrase autónomamente, aun el mismo jefe de las tropas, estaba condenado al fracaso. En esa atmósfera en la que todos ellos se jugaban su futuro como militares en la preparación de la expedición contra Pensacola, un lance entre Victoriano de Navía y el sobrinísimo ejemplifica la delicada situación en la que se encontraba Cagigal y su edecán Miranda, en la que cualquier contratiempo o disgusto de Bernardo era visto ante sus ojos, y por ende ante los de su tío, como enemistad manifiesta y, por tanto frustración de sus posibilidades de ascenso. Navía se negó a que Gálvez revistara en tierra las tropas seleccionadas para la expedición antes de que estuvieran embarcadas. Para satisfacer los deseos del malagueño, el gobernador las embarcó y transportó al otro lado de la bahía, donde su nuevo jefe pudo efectuar tan ansiada revista. Contrariado el jefe militar, decidió pedir el inmediato relevo de su cargo, por observar perplejo cuál era su situación sin facultades, sin libertad ni recursos que no pendan de la voluntad y conceptos de otros, ya distantes, ya en diferentes sentires, y ya lentos en extremo por su natural complexión, según sucede a este General de Marina, sin cuyos auxilios nada se puede hacer. Fulminante fue la reacción del tío, que, en carta a Saavedra de 17 de febrero de 1781 resuelve 43

Archivo del General Miranda, tomo V, p. 73. 47

relevar a don Juan Bautista Bonet, don Diego Navarro y don Victoriano de Navía de sus respectivos mandos y conferirlos a don José de Solano, don Juan Manuel de Cagigal y a mi sobrino don Bernardo de Gálvez, concediendo al último amplias facultades para obrar libremente en defensa de nuestros dominios u ofensa de nuestros enemigos, sin sujeción a juntas ni consejos de guerra. Le muestra una vez más la ligazón entre el mantenimiento de su cargo, ahora despojado de parte de su poder por las atribuciones depositadas en su Bernardo, libre «de los disgustos y enfados que le causarían aquellos generales demasiado adictos a sus propios sistemas para ceder a las luces de un oficial de menor graduación y años que ellos». De esa forma podría continuar a su lado sin oposición al servicio del Rey y de la Patria, adquiriendo así el honor y consideración de que es digno su valor, sus talentos y demás cualidades. Manténgase Vm., pues, con su amigo, asístale con sus luces y con cuantos auxilios viere que pueden contribuir al feliz éxito de sus expediciones y viva seguro de que es y será siempre s amigo servidor44. El sevillano en su diario refiere que «Navía miraba como desaire de su autoridad y carácter que en las tropas de su ejército ejerciese otra persona el acto alguno de mano». Aunque se le ocurrió un medio para cortar esta disputa, fue prudente y «la callé por entonces a fin de que no preocupasen su buen efecto ciertas gentes que de una y otra parte atizaban el fuego de la

44

Cit. en GARCÍA, L., op. cit., pp. 205-206. 48

discordia»45. Sabía en realidad perfectamente que era mejor que desde arriba se allanase el camino, puesto que era preferible no actuar por su cuenta, por los riesgos de indisposición que conllevaba. Señaló que fue él quien en realidad elaboró la resolución final del embarque de las tropas: efectivamente se ejecutó así: aquella tarde, para no dar tiempo a nuevos discursos, se embarcó la tropa, y a la siguiente se desembarcó en Regla, donde Gálvez muy a su salvo se dio a reconocer por comandante de la expedición, revistó y examinó, previno y formó, sin que nadie le interrumpiese ni le observase. Este fin cómico tuvo una disputa que pudo traer consecuencias fatales46. Un lance crucial de esa conquista, que ha permitido aupar a Bernardo de Gálvez en la historia de los Estados Unidos con su sobrenombre épico de Yo solo47, demuestra una vez más su psicología. Según el testimonio de Saavedra, habiendo llegado la expedición a las cercanías de Pensacola, reconocieron los prácticos la entrada del puerto y hallaron que sólo tenía de 19 a 20 pies de agua, de suerte que el San Román no podía franquear sino muy alijado; y que los ingleses habían construido una batería de 14 cañones de 36 y 18 en un paraje llamado los Red-Cliffs o Barrancas Coloradas, cuyos fuegos señoreaban todo el canal de la entrada formada por las dichas barrancas y la MORALES PADRÓN, F.: Diario de Don Francisco de Saavedra, Sevilla, 2004, p. 140. Ibídem, p. 148. 47 Véase al respecto, CAUGHEY, J. C.: Bernardo de Gálvez in Luisiana 1776-1783, Prólogo de Jack D. L. Holmes, Gretna, 1998. REPARAZ, C.: Yo solo. Bernardo de Gálvez y la toma de Penzacola en 1781, Barcelona, 1986. 45 46

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isla de Santa Rosa, distantes al parecer entre sí como unas 700 toesas. Era casi imposible que el navío destruyese esta batería por la elevación en que estaba, y que parecía muy arriesgado que pasase el convoy subsistente la batería. Durante dos o tres días se frustró la entrada por varar en dos ocasiones. Al mismo tiempo los restantes navíos recelaban de entrar por el riesgo que representaban las baterías. En esa coyuntura crítica «en que hubo muy agrias contestaciones entre don José Calvo (capitán del San Román) y don Bernardo de Gálvez», este último, en este conflicto, sin dar parte a nadie de su resolución, se embarcó en un bergantín corsario de Nueva Orleans llamado el Gálvez-town enarboló la bandera de Comandante, se hizo a la vela y entró en el puerto pasando sin lesión alguna por medio del continuo fuego que le hizo la batería de las Barrancas. Seguidamente fue imitado por los demás barcos, excepto el ya citado que pudieron introducirse sin «avería de consideración ni desgracia alguna notable»48. En la disputa había lanzado el siguiente reto: «una bala de a treinta y dos recogida en el campamento que conduzco y presento, es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo». La reacción colérica de Calvo no se hace esperar:

48

MORALES PADRÓN, F., op. cit., pp.160-161. 50

El general es un audaz malcriado, traidor al Rey y a la Patria, y el insulto que acaba de hacer a mi persona y a todo el cuerpo de marina lo pondré a los pies del Rey; el cobarde lo es él, que tiene los cañones por culata. Otra vez semejante recado me lo debe mandar por un hombre ruin y no por un oficial para tener la satisfacción de colgarlo de un penol49. El malagueño ya tiene un símbolo para su divisa para auparlo a los altares como un héroe: Yo solo. Cuando la expedición de Cagigal con los refuerzos arriba a Pensacola, parece reinar la armonía entre éste, el almirante de la escuadra José Solano, y Gálvez. En su diario, Miranda refleja que Cagigal, su hijo, sus edecanes y Saavedra se dirigieron a tierra a conversar con el malagueño, que los «recibió con muchas demostraciones de alegría y amistad hacia nuestro General Cagigal»50. La victoria definitiva convierte a Bernardo de Gálvez en un mito. Su hazaña es sobredimensionada ante los ojos de su apasionado protector y tío. La correspondencia entre Saavedra y el presidente del Consejo de Indias es un testimonio clarividente de esa coyuntura. El sevillano le comunica que al fin Dios quiso llenar a nuestro general de gloria en medio de las grandes dificultades que iba venciendo a fuerza de constancia [...] A lo menos he servido para una cosa que me parece debe agradecérmela la Nación, conviene a saber, para contener al general que no expusiese su persona todas las veces que se lo dictaba su intrepidez y que no mirase con el desprecio que suele su vida y su quietud. 49 50

REPARAZ, C., op. cit., p. 87. Archivo del General Miranda, tomo I, pp. 159-160. 51

Su respuesta no es menos concluyente. Afirma que sus escritos los «ha oído el Rey con particular satisfacción por la justicia y honor que hace al conquistador de la Florida occidental». El tío considera la toma como «la más arriesgada y gloriosa de que se conserva memoria en los anales de todas las naciones»51. Era un síntoma más de ese encumbramiento. Sin embargo, los términos del convenio fueron un desatino que sembró el desconcierto. En las capitulaciones de 9 de mayo de 1781, concertadas entre Bernardo de Gálvez y el general británico John Campbell, se convino que las tropas inglesas fueran enviadas a Nueva York. Fue una resolución inexplicable que provocó la indignación de los aliados norteamericanos. La Corte de Madrid, con gran pesar, se vio obligada a reconvenirle secretamente, una contrariedad que tendrá paradójicamente una influencia decisiva en el devenir futuro de Cagigal y Miranda, al acusar al inglés de arrogante, con mala fe y doble juego. Unas frases de los Decenios de Saavedra han centrado el origen de las desavenencias entre Gálvez y Cagigal incluso poco antes de la victoria de Pensacola: todo iba felizmente y prometía alegres esperanzas, pero en algún modo las acibaró un incidente que yo había previsto, y aun anunciado, para que se precaviese. Gálvez, desde el primer momento, brindó a Cagigal con el mando del ejército, y aún quiso reducirlo a que lo dividiesen en la forma posible; mientras tanto le consultaba en todo lo que hacía. Pero pudieron tanto los chismes que, al fin, los desunieron y de íntimos amigos pararon en enemigos irreconciliables. Pero, ¿qué había de suceder? 51

Cit. en GARCÍA, L., op. cit., pp. 208-209.

52

Cagigal tenía a su lado por edecán y consejero íntimo al famoso Miranda, capaz de sembrar la discordia en el Paraíso. Por fin, sumergido en su tienda, se negaba a concurrir a ninguna operación. Hice yo cuanto pude para cortar este daño y sólo pude conseguir que no se hiciese escandaloso. Se tomaron, pues, ciertas medidas y por lo menos se salvaron las apariencias52. Lo sitúa en el momento en que se abría la trinchera y se colocaban baterías de cañones, morteros obuses que abrían incesante fuego. Pero, evidentemente, está escrito muchos años después, con el bagaje del mito del pérfido Miranda que se tejerá como sencilla explicación de todas esas desavenencias. La prueba palpable de todo ello está en su diario donde nada se dice al respecto. Lo cierto es que entre las capitulaciones del 9 de mayo, donde todo se prometía feliz entre Cagigal y Gálvez, y el 2 de noviembre, en que se emite la contundente Real Orden, en la que se acusa a Miranda de haberle mostrado a Campbell las fortalezas de La Habana, se fraguó el cambio radical de actitud de Bernardo de Gálvez. El mismo 12 de junio su tío siguió hablándole al cubano de que su verdadera inclinación a su persona en correspondencia de la que profesa a mi sobrino Bernardo, que es su afectísimo amigo. Y la justicia que hace el distinguido mérito de V.S. contribuyó mucho para que se le confiase ese mando en que consiste el principal móvil de nuestras expediciones. No duda S.M. y menos yo, que V.S., don 52

SAAVEDRA, F., op. cit., p. 152.

53

José Solano y mi sobrino harán una triple alianza que deje recomendada su memoria entre los españoles y que sea funesta para los ingleses53. Se puede apreciar palpablemente cómo en la mente de José Gálvez el pensamiento del sobrino, el suyo propio y el del Rey parecen ser la misma cosa. Su vasallaje augura futuros éxitos, su enemistad, el cierre total de todos los ascensos y la postergación. No cabe duda que la trayectoria posterior de Cagigal y Miranda confirman ese aserto.

La primera orden regia contra Miranda por el caso Campbell El 2 de noviembre de 1781, con una celeridad inusitada y sin ningún proceso que respaldase esa grave decisión, José de Gálvez dictó una Real Orden que dio inicio al proceso contra Francisco de Miranda. Fue el punto de partida de una auténtica persecución contra el caraqueño y su protector que, llena de irregularidades jurídicas y teñida por el más furibundo despotismo, se mantuvo incólume durante la vida del presidente del Consejo de Indias, sin que ni siquiera Cagigal pudiera declarar en ninguno de los autos entablados, del que fue interesadamente excluido por sus mandatos. La orden en cuestión era la siguiente: El Rey ha sabido con sumo desagrado que el general Campbell y otros oficiales suyos, se les permitió ver las fortificaciones de esa plaza a influjo y en compañía de don Francisco de Miranda, capitán del regimiento de 53

Archivo del General Miranda, tomo VI, p. 73. 54

Aragón, que es un entusiasta apasionado de los ingleses. Con esta noticia, que los mismos enemigos han publicado en sus colonias, se ha servido S.M. mandar que inmediatamente separe V.E a este oficial de su lado y que en primer aviso o correo u otra embarcación que salga de ese puerto para cualquiera de los de estos Reinos de España, le envíe irremisiblemente a ellos, sin confiarle pliegos ni encargo alguno de su real servicio. También reserva en la ejecución de esta providencia que no pueda traslucirse por ningún conducto, y así no debería confiarla a persona alguna, excepto el comandante del ejército de operación, por ser Miranda de uno de los cuerpos de su mando54. Es bien llamativo que se condene al venezolano a su remisión inmediata a España como traidor sin un proceso y con esa orden fulminante, cuando sabemos que se trataba de un infundio que sólo perseguía dejarle fuera de juego. Conociendo los procedimientos de José de Gálvez esa decisión sólo podía proceder de una misiva contundente de su sobrino, que deseaba eliminar a dos adversarios en la promoción militar como eran Francisco de Miranda y Cagigal, ya que, haciendo caer al primero, se colocaba en una situación muy delicada a su protector. La evolución de los acontecimientos dejó bien claro contra quién se centraba esa ofensiva amparada en la fuerza del ejercicio del mando. Una carta de Bernardo, como veremos, conservada en el proceso, evidencia en toda esa coyuntura su cinismo. El mismo presidente no deja tampoco lugar a dudas en la orden. De esa providencia sólo puede ser informado el jefe del ejército de operaciones, o sea, su sobrino. 54

Ibídem, tomo V, p. 79. 55

Apenas unos días después, el 16, otra Real Orden, le prescribe retirar a Miranda una comisión que lógicamente ya había realizado, la del canje de prisioneros españoles detenidos en Jamaica. Alega en su proceder las mismas circunstancias y ordena su relevo, «si se mantuviese aún en dicha isla», por una persona de entera confianza55. La correspondencia entre José de Gálvez y Cagigal, inmediata a esa cédula, evidencia que la acusación no sólo se ciñe contra Miranda, sino sobre Cagigal. Una carta del malagueño fechada el mismo 2 de noviembre y dirigida al capitán general de Cuba dice que El Rey se ha enterado del oficio de V.E. de 20 de julio último, igualmente que de las cartas del general Campbell y de sus respuestas, cuyas copias acompañan. S.M. ha reconocido por estos documentos que V.E. trató con demasiada condescendencia a aquel inglés y ha reparado mucho que le admitiese y tolerase con expresiones poco decorosas e insultantes que él puso en su oficio de 24 de junio contra el general don Bernardo de Gálvez, de quien recibió en Penzacola más atenciones y beneficios que merecía por su altanería, mala fe y doble trato. Pero lo que sobre todo ha extrañado a Su Majestad es el tono de amistad con que V.E. contestó a dicho oficio y la facilidad con que se prestó a la solicitud de Campbell, según la comprueba la carta que dirigió el 5 de julio al mismo comandante general Gálvez56. Es ésta justamente la punta de lanza del conflicto entre Cagigal y Miranda con Bernardo de Gálvez, que las circunstancias posteriores 55 56

Archivo del General Miranda, tomo V, p. 74. Reprod. en GARCÍA, L., op. cit., p. 213. 56

y sus celos frente a sus éxitos irán acelerando. Es el propio jefe del ejército de operaciones quien, al sentirse dolido por el trato proporcionado a Campbell, que se hallaba de paso por La Habana camino de Nueva York, tal y como se había acordado en la capitulación, una metedura de pata de tal nivel del vencedor que hizo que éste como un niño protegido y altivo viese cualquier gesto hacia el británico como un desdén. El tío es bien nítido, obra por el conducto de las cartas que le ha proporcionado su sobrino, por la documentación que éste le dio, redactada por Cagigal. Las «expresiones severas» de Campbell fueron las siguientes: Señor, no dudo habrá V.E. sabido que el general Gálvez abruptamente mandó retener en rehenes al mayor Campbell, mi secretario, el día mismo que salí de Pensacola... Considero este justificable acto arbitrario y trato inusitado con un oficial general de mi rango, prisionero bajo su autoridad, al mismo tiempo que severo sin ejemplar. Por su parte, la respuesta que, a los ojos del sobrino, fue de «amistad condescendiente» del cubano fue la siguiente, fechada el 25 de junio de 1781: Con mucho gusto ofrezco a V.E., mi intercesión con el mariscal de Campo señor Bernardo de Gálvez a fin de que cuanto antes pase el mayor Campbell personalmente a Nueva York, como me pide V.E. en su apreciable carta del día de ayer. Prescindo de las demás circunstancias que V.E. menciona, porque no me hallo instruido de ellas y ofrezco nuevamente a V.E. mis facultades en cuanto sea del agrado y servicio de su persona de V.E.

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En la misiva remitida a su sobrino afirma lo siguiente: Compañero y amigo mío. El general Campbell me pide interponga mis buenos oficios para con Vm. a fin de que el sargento mayor... Yo, deseoso de complacerle en esta parte, he de merecer a Vm. haga en el particular cuanto sea posible y le parezca más conveniente para que dicho general quede servido, sin perjuicio de nuestro intereses57. Cagigal no entra en las acusaciones del británico, sólo se limita a pedir la generosidad de quien considera su compañero y amigo, pero es bien probable que, tal y como se estaban desarrollando los acontecimientos, esa intervención, que no considera apasionada en su defensa, la viese como falta de ese vasallaje que le debía a quien había posibilitado su encumbramiento como consecuencia de sus informes y protección. Es en esa coyuntura donde encuentran verdadero sentido las expresiones de Saavedra sobre la ruptura entre ambos. Queda, pues, con esto claro que la operación contra «el entusiasta de los ingleses» iba también contra la línea de flotación de Cagigal. Él fue plenamente consciente de ello al no obedecer una Real Orden que era visiblemente injusta y a todas luces desproporcionada. En su carta a José de Gálvez de 5 de marzo de 1782 le manifiesta que por urbanidad y falta de otra prevención, le dejé a comer en mi casa, y a la tarde le franqueé uno de mis coches, para que con sus edecanes, diese una vuelta a el paseo público. Hallábase Miranda en el campo y ocupado el ayudante, por lo que previne que los acompañase el distinguido 57

Reprod. en GARCÍA, L., op. cit., pp. 213-214. 58

don José Montesinos, a quien no juzgué debía hacer más prevenciones que las de su profesión, y que están generalmente encargadas a los oficiales del puerto. Supe después que el imprudente Montesinos llevó a Campbell a la fábrica que se hace del castillo del Príncipe, extramuros de esta ciudad, y que, entrando en ella, vieron su carpintería en que se trabaja y alguna otra pieza de las mismas que se registran desde fuera, por no estar aún concluida, obrando en ello más la curiosidad y accidente que el estudio o premeditación. Ya veremos su real alcance en el mismo proceso que fue realizado después por el oidor Uruñuela, comisionado por el propio José de Gálvez para comprobar los delitos de Miranda en unos esperpénticos autos en los que de antemano quedaba sin ser juzgado ni oído Cagigal. Pero lo cierto es que el capitán general alegó que Montesinos fue reprehendido «con severidad y no nos pareció hacer mayor demostración contra éste, el ingeniero y oficial encargado del Fuerte, por que no se publicase como delito lo que sólo había sido descuido». Por ello le señaló que de esto deduce que el venezolano no tuvo ninguna intervención en el suceso que estima nimio, «pues no vio Campbell en general las fortificaciones, sino sólo una corta parte de lo que aún no lo es». Defiende a su edecán de los infundios vertidos contra él. Alega que ha servido a mis órdenes más de cuatro años, merecido mis confianzas, desempeñándolas sin el más leve humo de entusiasta apasionado de los ingleses y con mucha satisfacción y honor mío; y así me es preciso en defensa justa de mi confianza y de su conducta e inocencia afirmar la falsedad de cuanto se le imputa. 59

Reconoce que si se valía de un sospechoso de infidelidad, se convertía él mismo en un indigno. Frente a ello sobresale la conducta del caraqueño no sólo por no haber intervenido en ese hecho, sino por el mismo servicio por el que la había remitido a Jamaica y del que se había invocado su retirada por la orden de 16 de noviembre58. El propio Cagigal en su defensa, que sólo pudo efectuar increíblemente en Madrid el 18 de agosto de 1796, afirmó al respecto que el 2 y el 16 de noviembre de 1781, mientras que Miranda culminaba en Jamaica la misión que le había sido encomendada, «a impulso de siniestros informes» se acordaban en la Corte tales reales órdenes. En ellas se expresaba que el Rey había sabido con suma desaprobación que al general Campbell y a otros oficiales se les había permitido ver las fortificaciones de aquella plaza de La Habana a influjo y compañía de Miranda, que es un entusiasta apasionado de los ingleses, que así lo han publicado en sus colonias, por lo que quería Su Majestad que se separase de su lado y que en la primera ocasión lo embarque irremisiblemente a estos Reinos, tratando esta providencia con tanta reserva que no la certificase más que al general don Bernardo de Gálvez por ser de uno de los cuerpos de su mando. Le sorprendió este mandato que recibió a su tiempo, pero, hallándose igualmente cierto del mérito de aquel oficial que de la 58 Archivo del General Miranda, tomo V, pp. 79-81. Este informe, del que hablaremos más adelante en lo referente a Jamaica aparece completo sin los cortes que presenta el del archivo mirandino en A.H.N. Consejos. Leg. 20.878.

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falsedad del motivo expresado, determinado en la misma Real Orden, dudó poco y tomó el partido que le inspiraba su conciencia y su obligación, fundándose en el amor a la Justicia y en las leyes divinas y humanas que felizmente gobiernan los Reinos de Castilla e Indias59. El cubano era consciente de que toda esa batería de reales órdenes fulminantes en realidad lo que trataba era de enredar de tal forma el proceso para hacerlo intrincado e indescifrable. De ahí que señale en su defensa que se ha formado bajo la autoridad y sagrado nombre del Rey un proceso o para mejor decir un montón de procesos escandalosos, de los cuales no puede darse razón completa de otro modo que tomándose el tribunal de referencia enteramente toda la historia de los hechos propios del caso y de meditarlos con aquella atención que merece un asunto tan grave. No es menester otra diligencia que la apología de mi parte, pero este trabajo es y ha sido penosísimo y escabrosísimo, lo primero por lo intrincado y dilatado de dichos procesos y sus innumerables incidentes, formando una madeja la más enredada, son y han sido la causa que padece en su defensa, pues apenas le ha sido posible hallar quien pueda y tenga la paciencia y el tiempo necesario para desenredarla y darla a entender como conviene y lo segundo por la necesidad que no puede excusarse de censurar y de pintar con bien negros colores la conducta de muchos sujetos condecorados. Pero la primera de estas dificultades ha cesado y la segunda cesa también con los protestos que 59

A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. 61

hago y firma mi parte de cuanto dijese y pretendiese contra estas personas y cada una de ellas60. Es ésta la clave meridiana para entender la complejidad de un proceso que el interés de un poder despótico, revestido de un manto regio, hizo que la denuncia partiese de una Real Orden sin argumentos previos. Se amparaba en ella y se ocultaba a los delatores para revertir en una madeja que enjuiciaba a Miranda por un lado por parte del oidor Uruñuela, y dejaba al margen y sin posibilidad de defensa a Cagigal. Por otra conducía a este último a la cárcel sin proceso en la bahía de Cádiz. Sólo la muerte del principal responsable, José de Gálvez, allanó con estrecha lentitud el camino, al converger finalmente toda esa maraña en unos autos finales. He aquí el quid de la cuestión. Cagigal, fundamentándose en su conciencia y su obligación moral, consecuente con la falsedad de tales acusaciones, decidió no obedecer el mandato real. En sus propias palabras, «determinose a suspender el cumplimiento» y optó por remitir al Rey un informe sobre sus servicios. En él añadía que no lo había sido menor la del General del Ejército de operaciones, el cual, por lo mismo, separándole del lado de mi parte lo había destinado al suyo propio y le tenía detenido allí para acabar de rectificar algunos de sus planos y mapas y que, fenecido este trabajo, pasase al Guarico. Concluyó señalando que «así resulta más por menos» de la representación que dirigió el 5 de marzo de 1782. Aquí se encuentra un punto cardinal del proceso contra Miranda. El propio 60

Ibídem. 62

Bernardo de Gálvez, inspirador en la sombra de su detención, era consciente también de la contribución esencial para la hipotética toma de Jamaica de la documentación aportada por el caraqueño. Ya tendremos ocasión de verlo detenidamente al hablar de la expedición jamaicana, incluso con la opinión del propio Saavedra. Pero es importarte recalcarlo, porque el propio perseguidor dilató su remisión por sus propios intereses personales. Era conocedor de la información proporcionada por «el entusiasta de los ingleses»61. Cagigal trató de demostrar la falsedad del examen de la fortaleza y la no participación en ningún caso de Miranda en los hechos registrados. Puntualizó que se quejó «en aquella manera que es permitida a un vasallo de su carácter de lo que con esta imputación padecía su propio honor». Sostuvo que todo ello se lo había manifestado a la letra al Rey. Pero recibió por contestación que de las cartas del general Campbell y de sus respuestas [...] trató con demasiada condescendencia a aquel inglés y ha reparado mucho que le admitiese y tolerase con expresiones poco decorosas e insultantes que él puso en su oficio de 24 de junio contra el general don Bernardo Gálvez, de quien recibió en Pensacola más atención y beneficio que los que merecía por su altanería, mala fe y doble trato, pero que sobre todo lo que ha extrañado a Su Majestad es el tono de amistad con que V.E. contestó a dicho oficial y la facilidad con que se prestó a la solicitud de Campbell, según lo prueba la carta que dirigió en 5 de julio al mismo comandante general don Bernardo de Gálvez. 61

Ibídem. 63

Era la prueba palpable, tal y como hemos apuntado, de que él mismo era el objetivo. Pero no quedó así. Afirma que «entre otras incomodidades» no fue menos otra Real Orden de 11 de marzo de 1783, en que se halló mi parte a su tiempo [...], con la cual se mandaba en nombre del Rey que si al recibo de ella no hubiera enviado a España la persona de Miranda según le estaba prevenido [...] le hiciera inmediatamente arrestar y poner a disposición de Su Majestad en el castillo de San Carlos de la Cabaña, advirtiendo a su comandante que ha de ser responsable de toda persona a quien privara de toda comunicación y del uso de la escritura hasta que Su Majestad determinase otra cosa. Este nuevo mandato demuestra una vez más la precisión despótica de la ofensiva contra el caraqueño y el miedo subyacente de que se defendiese o comunicase «con cualquier persona del exterior incluso por escrito». Frente a la nueva determinación, Cagigal discernía que caminaba sobre una cuerda muy tensada y que arriesgaba mucho con su determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, era plenamente lúcido de que en realidad se actuaba contra él, como pudimos ver al mostrar la correlación con el incidente de la correspondencia con Campbell. Por ello mantuvo la misma actitud, «subsistió en el mismo sistema» y se decidió por las muchas consideraciones y por la muy obvia reflexión de que, siendo su carta de 11 de marzo, no podía haberse expedido con conocimiento de la verdad que pasó a la Real Noticia pocos días antes, en 5 del propio mes. Es más, sostuvo que

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nunca se dijo al Rey con vista de dicha réplica quisiere todavía se llevase a efecto el arresto del citado oficial, que había suspendido con razones tan legítimas que habían, en honor al mismo gobierno no hay ni había motivo justo para que se le haya hecho cargo con la complicidad en la fuga de este sujeto, que ya en el Guárico o ya por Europa pudo muy bien haber adquirido noticias ciertas de que se hallaba en desgracia y perseguido porque la calumnia había obstruido los caminos por donde se va al trono, que es lo que fue principalmente determinaría a tomar un partido tan arriesgado. Mi parte en este punto no está obligada a dar más satisfacción, porque nada hay en los autos que le grave más que el oficio [...] de José Gálvez [...], en otro tiempo reservado, donde por las causas y medios que allí se indican, sin hecho ninguno positivo, se le atribuye la complicidad, cuyo documento que más que el nombre de Orden Real, le haga responsable la rectitud del consejo, se verá precisada creer que, conforme a las leyes no constituye prueba plena ni semiplena, mucho menos si se consideran bien las circunstancias del asunto y las equivocaciones que consta refiere en él, la forma en que llegó a los oídos de Su Majestad el cuento de Campbell relativo al registro de las fortalezas, que este suceso creído como cierto produjo en su real indignación [...] y, en fin, que la existencia del hecho había desaparecido ya a vista de las justificaciones remitidas con la respuesta de 5 de marzo de 178262.

62

Ibídem. 65

El cubano sostiene sobre ello que no le es posible todavía dar por concluida esta narración sin esclarecer dos cosas dignas ciertamente de entendimiento, bien acerca de la insinuación en orden a los socios de Campbell, cuando este general inglés fue hecho prisionero en Pensacola, lo estuvo por el mes de julio de 81 de poco en La Habana para la isla de Jamaica. Consiste la primera en la importancia de que por influjo y complicidad de dicho oficial entusiasta se le había permitido registrar o ver las fortalezas, esto es todas o muchas, cosa que si se hubiera verificado sería execrable. Sin embargo, sólo se trató de una en obras, en la que careció de toda participación y en la que mostró su desaprobación «contra los oficiales de jurisdicción y contra don José Montesinos, y que, finalmente, el oficial dicho no influyó para ello se halló presente o acompañando al general inglés». La segunda es relativa al hecho contenido en la orden del 2 de noviembre sobre el trato debido al oficial británico. En ese punto refleja que «no se hallaba instruido de los antecedentes y que, aún cuando lo hubiera estado, se había guardado» no halla indicios de parcialidad en lo referente a «la urbanidad que el quisiera ser tratado en el mismo caso». Es más, finalmente, refiere como Juan Antonio de Uruñuela, el oidor encargado del proceso contra Miranda, al que haremos referencia más adelante, a pesar de su esfuerzo «hizo cuanto pudo, pero no habiendo sacado en limpio más que una verdad contraria en todo y por todo a las instrucciones de su comisión» tuvo que concluir de forma favorable, lo que fue ratificado por el Consejo. Era una prueba contundente de la conducta «de este perseguido general como vergonzoso abuso de delatores y enemigos, cuya inveracidad y calumnia 66

quedaron averiguadas, ejecutoriadas y llenas de oprobio sus personas, cuyo nombre ocultaron enteramente», por lo que «ha llegado el caso de que ahora se debe revelar y se revela en justicia»63.

La ofensiva contra Cagigal El 5 de marzo de 1782 Cagigal era plenamente conocedor de que la ofensiva se centraba ya en su persona. Presentó su dimisión y apeló al Rey para personalmente vindicar mi honor y el de los demás individuos a quienes la emulación y la maldad han querido injuriar por tan indignos medios. Informándole con más veracidad que otro, por conocimiento propio, los sujetos que acaudillan la impostura y son magnates de secretas facciones y pandillas en notable perjuicio del real servicio y del Estado [...] Interín no se corten los principios de facción, que secretamente contaminan este pueblo, separando desde luego al caudillo principal de ella, ni el mal podrá atajarse, ni concibo en mi honor que yo, ni nadie, pueda desempeñar la comisión con la circunspección debida64. Mientras que escribe esta representación, la ofensiva de José de Gálvez tensa nuevamente la cuerda. La Real Orden de 11 de marzo le reprehende por la comisión de Miranda en Jamaica. Reafirma cuán justos eran sus recelos «sobre el carácter de este oficial y del entusiasmo con que es apasionado de los ingleses». Argumenta algo falso que examinaremos detenidamente cuando hablemos del cartel de Jamaica: «según he sabido por la vía de 63 64

Ibídem. Archivo del General Miranda, tomo V, pp. 70-71 67

Inglaterra misma, ha cometido el enorme exceso de haber estipulado un artículo directamente contrario a las reales órdenes sobre la declaración de la presente guerra y a la real ordenanza del corso». Se trata de que las tripulaciones sin autorización serían consideradas como piratas. Le reprueba por su condescendencia frente al caraqueño por dejarle impune, por lo que debía ser «acreedor a un severo castigo por haberse excedido en materia tan grave de las facultades a que debía ceñirse su comisión, arrogándose las que solamente pertenecen a la soberanía»65. A primeros de mayo llegó a la Corte esa misiva de Cagigal de 5 de marzo. El 9 de mayo Gálvez le respondió algo ciertamente sorprendente, pero que demuestra el interés que tenía su sobrino por la documentación que Miranda le proporcionaba y que había obtenido en Jamaica: «supuesto que asegura le enviaba con el ejército a las órdenes del general Gálvez, prevéngase a éste de lo mandado a Cagigal, dejando el cumplimento al arbitrio y prudencia de aquél en cuanto al tiempo y demás que regulase conveniente»66. Eso expresa una vez más la estrecha conexión de intereses tejida entre tío y sobrino en el asunto. El objetivo ahora era retenerlo y sacarle la información para luego remitirlo como reo a Madrid. El mismo Saavedra reconoce en su diario que «Gálvez me enseñó los planos de Jamaica traídos por Miranda, que me parecieron exactísimos y muy detallados»67. En los Decenios precisa primeramente que trajo «papeles y planos de gran importancia, que Miranda traía para la expedición contra Jamaica y realmente los entregó al conde de Gálvez, por señas que todavía creo yo conservar uno de ellos, adquirido por rara casualidad». Más tarde señala que pasó dos días con el malagueño con asistencia de un ingeniero y un artillero «a vista Ibídem, tomo V, pp. 74-76. Reprod. en GARCÍA, L., op. cit., p. 223. 67 MORALES PADRÓN, F., 2004, op. cit., p. 260. 65 66

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de los planos traídos por Miranda» para con ellos acabar «de formar el proyecto del ataque a Jamaica por el punto llamado Puerto Antonio, que ofrece las ventajas más decisivas»68. Una correspondencia entre Cagigal y Bernardo de Gálvez de esas fechas, y que el primero incorpora a su defensa en su proceso, puede ayudarnos a comprender el tira y afloja entre ambos en esa especial coyuntura. El 6 de marzo de 1782 el cubano le comunica lo que me han hecho en la Corte mis desafectos y émulos de Miranda y lo que contesto con tanta reserva que hasta me he valido de la letra imperfecta de un mudo para conservar la que se recomienda e importa a mi honor y de Miranda. V.M. sabe que mi genial inclinación me llama a lo militar y que si he estimado la comisión de este gobierno ha sido precisamente por la conexión que tiene con ello y estar V.M. encargado de las operaciones nos proporcionaba unidos los medios de dar glorias a la Nación y aumentarlas a nuestra posteridad. Pero la desazón que me causa esta materia y las cláusulas de las órdenes me resfrían tanto que afirmo a Vmd. que sólo por haberle ofrecido hacer la expedición que se sirvió confiarme, procederé a ella con la mayor prontitud, mas no me atreveré a continuar en los activos términos que había proyectado, si no varía el concepto de mi conducta y califica de un modo que me autorice contra mis desafectos (que Vm. no ignora), así por lo duro que es exponerse a recibir reprehensiones por servicios, como por que la misma desautorización impide hacerlos con el ardor que deseo por bien del Estado y auxilio de Vm. Espero que Vm. mire 68

SAAVEDRA, F., op. cit., pp. 187-188 y 192. 69

esta materia como propia y que informe consecuente y con eficacia, pues, no variando el sistema, me será indispensable dimitir del Gobierno y pasar a indemnizarme a los pies del Rey, por más que sienta dejar a V.M. y a estos asuntos en tan crítica situación69. Se hallaban en vísperas de la exitosa expedición del santiaguero a Providencia, en Las Bahamas, que terminaría de agudizar la confrontación entre ambos. Era consciente de que no podía seguir desafiando las reales órdenes, por lo que era vital restaurar el nexo de comunicación con el Consejo de Indias a través del sobrino, pues sin él toda defensa era inútil. Por eso, desesperado, cree que sin su apoyo sólo le quedaba la dimisión y vindicar su honor personalmente ante el trono. No era consciente, sin embargo, o no quería creerlo que era el sobrino quien realmente estaba detrás de esa trama. Por ello acusa a enemigos suyos y celosos frente al éxito de Miranda. Cagigal creía en ese momento que detrás de esa conspiración se hallaba el obispo de La Habana, su paisano Santiago de Hechevarría y Elguézua. Así lo manifiesta al propio Miranda: El pedante del obispo sufre con bajeza la soberbia que le domina y que mi circunspección le ha impuesto, sin que sus viles adulaciones y flaquezas hayan podido corromperme a que ceda un punto de mi concepto; ha echado empeños sometiéndose hasta por escrito, contristarse, decir se moría, hasta maricadas, y por fin mil puerilidades, originadas de su ofuscado talento; pero, desatendidas, y habiéndome venido a ver cuando llegué no le recibí, y ocurriendo varios oficios en donde mezclando 69

A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. 70

los serios asuntos con los personales, llenos de inconsecuencias que él con su natural aturdimiento servía en las dislocadas especies que ministraba a los farsantes de la comedia, que creo eran los tres araña, conchas y cortes, que es lo mismo que decir el papa, Urrutia, esto es don Ignacio, Tagamena o Moya y García, el clérigo, y finalmente me creyó Abel. Ríase U. Y se acordó de su antecesor, y, no sin fundamento, entró la cobardía, sin embargo de haber arriado la bandera desde el primer fogonazo y se ha ido huyendo a Santiago, allí vive y pace sin cumplir así su obligación70. No cabe duda de que, como ha recogido Lautico García, las relaciones entre el capitán general y el prelado eran muy tensas a raíz del conflicto motivado por el matrimonio del marqués de Casa Fremañes, que había recibido licencia del primero para contraer nupcias. Sin embargo, el provisor de la diócesis le negó valor a ese permiso por ser título de Castilla y necesitar por ello el permiso explícito del Consejo. Cagigal juzgó que debía prevalecer su rango militar por encima del rango nobiliario. Al contradecirle el prelado se encolerizó y no lo recibió a su regreso exitoso de la expedición de Providencia cuando acudió a felicitarle. Es más, le escribió una carta en la que le acusa de abrogarse facultades que no le competían, lastimando su honor y autoridad y la reputación del ejército. El obispo recurrió ante el Consejo de Indias. Alegó que el gobernador le había lastimado y herido en su reputación. Sin embargo, era conocedor de que la irritación de Cagigal partía de la sospecha que «fue el obispo quien ha instruido el real ánimo de Su Majestad de que franqueaba las fortificaciones 70

Archivo del General Miranda, tomo V, p. 210. 71

a la inspección de los enemigos», como él mismo se hizo eco en su carta a Gálvez de 10 de junio de 1782. La declaración de José Montesinos sobre el asunto Campbell, de la que hablaremos detenidamente en la sumaria, fue convincente al respecto. Al arribar este militar al gabinete del capitán general se encontró con él platicando con el obispo. Al relatarle el incidente, la máxima autoridad militar cubana «se echó manos [a] la cabeza y exclamó: Ha hecho usted un disparate, no por lo que importa el hecho, sino es porque el obispo y el secretario han de fraguar mil quimeras con que criminarme»71. El prelado sostuvo ante el presidente del máximo órgano de gobierno americano que era incapaz de efectuar tal acusación. Es más, le había alabado mucho mientras estuvo unido al actual general del ejército de operación. Es verdad que no los he continuado, o porque me ha faltado motivo en su extrañeza, impulsada por el capitán Miranda, su secretario particular desde que fue electo gobernador, o porque la estrechez del tiempo sólo me ha permitido para referir las noticias publicadas y congratularme de las concernientes al heroísmo de aquel dignísimo jefe. Por ello solicita a Gálvez que haga lo posible para «salir de su aprehensión y se llega a restablecer la buena inteligencia entre los Jefes»72. En este punto, una vez más, se cierne la leyenda sobre Miranda, a quien acusa de ser el origen de esas desavenencias, cuando hemos visto que es el propio Cagigal el que lo considera 71 72

A.H.N. Consejos. Leg. 20.881. Reprod. en GARCÍA, L., op. cit., pp. 247-250. 72

como agente provocador de esas calumnias. El propio Saavedra comparte esa opinión en los Decenios: por la tarde fui a ver al Obispo, que había tenido fuertes desazones con el gobernador Cagigal, hombre bueno en el fondo, pero de cuyo carácter fácil e incauto habían abusado cuantos le rodeaban, especialmente un tal Montesinos, cabeza muy desbaratada y Miranda, talento claro, pero espíritu inquieto y peligroso que tanto ha dado después qué decir y qué hacer73. Con anterioridad, el trato dado a Campbell despertó críticas entre el pueblo y levantó encendidas censuras por parte del mismo prelado por esas muestras de amistad dispensadas a un hereje. Todo ello convirtió por esas fechas, a los ojos tanto de Cagigal como de Miranda, al obispo y a su facción como principales culpables de las denuncias en su contra, aunque más tarde el santiaguero en su defensa ya era plenamente informado de que sus enemigos reales eran mucho más poderosos. En todo caso, el obispo en el conflicto siempre se puso de parte del poder y sabía que éste estaba personificado en los Gálvez. El propio Miranda incorporó a su archivo personal una carta sobre el carácter y extraña conducta del obispo de La Habana, don Santiago de Hechevarría. Sobre él reseña de su puño y letra que, aunque este papel le parece parcial, tiene no obstante autenticidad suficiente y fue entregado por eclesiásticos de probidad al Excmo. Sr. Gobernador don Juan Manuel de Cagigal al tiempo que se retiraba para España a fin de 73

SAAVEDRA, F., op. cit., pp. 227-228. 73

darle un bosquejo de la conducta extraña con que se maneja este prelado presuntuoso74. En 1785, en su representación a Carlos III de 1785, sostiene que, a pesar de que ese prelado le ofreció por mediación del marqués de Justis un documento de su puño «para vindicación mía y seguridad de que él no tenía parte en el testimonio como se decía», seguía pensando que con toda probabilidad «todo fue tramado por este prelado intrigante y bullicioso; originado en que nunca me presté a su contemplación, y la rechazaba ridículos perniciosos absurdos que en varias ocasiones pretendió insinuarme y no quise aceptarlos»75.

La conquista de Providencia y la exasperación del conflicto con la detención de Miranda por Gálvez Mientras se desarrollaba esa tensa atmósfera, aconteció otro hecho decisivo que aceleraría la resolución del conflicto, la expedición de Las Bahamas, para la que fue nombrado como jefe Juan Manuel de Cagigal. Se la había cedido Gálvez en febrero de 1782 por insinuación de Saavedra, por considerarla

74 Archivo del General Miranda, tomo VII, p. 267. Las controversias en la oposición de la cátedra de derecho civil de la Universidad de La Habana, entre el miembro de su elite Manuel Urrutia y el protegido del prelado, el presbítero Antonio Gómez, fue otra viva demostración del ruidoso campo de batalla entablado entre los diferentes sectores de la elite cubana por el control de los cargos y los movimientos ejecutados por el provisor y prelado Santiago de Hechevarría para gobernar la Universidad y el cabildo catedralicio. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: «Universidad y sociedad en La Habana del siglo XVIII: la contienda por la cátedra de derecho civil entre Manuel Urrutia y Antonio Gómez de 1759», I Simposio de Historia de la Educación. Asociación Española de Americanistas, Sigüenza, 2005 (en prensa). 75 Archivo del General Miranda, tomo XV.

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«una empresa [en] que sólo irían 1.000 hombres, y por consiguiente es propia de un coronel»76. Sin embargo, Providencia, en Las Bahamas, se convirtió en un gran éxito para Cagigal, y, para colmo, en ella participó Miranda que fue encargado por éste para firmar los términos de la capitulación. Llegó incluso a proponer al Rey su promoción a coronel y expidió una certificación sobre su conducta en la batalla en la que recogió que sirvió como edecán a sus órdenes, «habiéndose distinguido particularmente en varias importantes comisiones que durante dicha expedición se pusieron a su cargo y contribuido muy principalmente a su conquista»77. Con fuerzas muy inferiores a los ingleses, 1.300, frente a las 8.000 con que contaba Gálvez en Pensacola y con la traición del comandante Gillón, fue rendida la plaza sin un solo muerto el 8 de mayo de 1782. Las capitulaciones mirandinas fueron un duro golpe al amor propio del malagueño, pues asentaban en su articulado que los prisioneros no podían servir contra España y sus aliados y debían marchar a cualquier puerto de la Gran Bretaña o América que estuviera en posesión de Su Majestad británica. Eran condiciones muy diferentes a su patinazo en las anteriores, que planteaban su partida a un puerto norteamericano como Nueva York. Al resaltar ese punto un amigo de Miranda, el abate Roland, en Affiches Americaines de Cabo francés de 24 de julio de 178278, se sintió aludido, máxime, además, cuando se exaltaba la empresa guerrera de Providencia con gran estrépito, se destacaba a Cagigal y a Miranda como héroes y no se nombraba para nada al general en jefe del ejército de operaciones. Se enaltecía en ese periódico la humanidad y habilidad de Cagigal e incluso los méritos de Miranda en el canje de prisioneros en Jamaica. MORALES PADRÓN, F., 2004, op. cit., p. 223. MIRANDA, F., op. cit., tomo II, p. 264. 78 Archivo del General Miranda, tomo VII, pp. 317-322. 76 77

75

La cólera de Gálvez parece no tener límites desde ese momento. Sus aduladores le incitan también a ello. Una carta de un amigo suyo desde el Cabo francés recoge cómo un antiguo informador de Miranda desde el momento de su arresto volvió a ser confidente suyo (de Gálvez), sin embargo de que lo ha despreciado en público y que no se visitaban, sólo para que escriba desde La Habana todo lo que oiga y particularmente de Vm. como que él se ha ofrecido que sabrá todo el interior de Vm. Y es el pícaro que ha contado al hombre todo el secreto que Miranda le confió. No sabemos a qué secreto se refiere. Lautico García sostiene que se refiere a que esa publicación de Roland había sido inspirada y casi dictada por Miranda79. En vísperas de su arresto por Gálvez, veía enemigos por todas partes en la cohorte de serviles del poderoso. En una carta de Bernardo a Cagigal fechada en 4 de agosto de ese año, tres días antes de su orden de detención, que el cubano incorporó como prueba del recóndito lenguaje del sobrinísimo, le comunica que espera que sean favorables las resultas. Siento a la verdad las incomodidades de Vm. que así en ésta como en su anterior carta de 6 de marzo que acompaña los documentos reservados que Vmd. me expide y reconocí. Vmd. debe creer que si estuviese en mi mano podría Vm. asegurarse de las satisfacciones, pero, no teniendo otro arbitrio que el del influjo, no dude Vm. de éste, como lo pide la justicia de los acaecimientos80. 79 80

Ibídem, tomo V, p. 93. A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. 76

Sabía perfectamente que su poder era bastante mayor en la Corte que ese influjo, por lo que era plenamente consciente de que en la acometida tenía una especial influencia. Efectivamente, el 7 de agosto, desde el Guárico, lo detiene y lo remite en una fragata a La Habana para entregarlo a disposición de Cagigal para que cumpla lo ordenado por la Real Orden de 11 de marzo81. Valiéndose del argumento demoledor de esa carta, afirma la directa implicación en toda la trama de Bernardo de Gálvez, por lo que exigirá ante el Rey su condenación, respondiendo por ello sus bienes, si el Consejo lo tuviese a bien. Por ello plantea que basta sólo su respuesta remitida desde el Guárico, cuando acababa de conquistar la isla de Providencia, para conocer su implicación. En ella se mostró muy compadecido de las incomodidades que sufría y que había comunicado en 6 de marzo reservadamente. Se dio por muy enterado de la relación y papeles que contaban los acaecimientos y reconoció la justicia con que clamaba porque si estos sentimientos hubieran sido verdaderos y hubiera obrado con arreglo a ellos, es imposible concebir que el señor don José, su tío, hubiera podido resistir a la autoridad pública y doméstica de sus informes, ni habría manifestado voluntaria e involuntariamente a la soberana rectitud del más justo de todos los Reyes en la preocupación y juicio que ha sido el origen funesto de tantos y tan escandalosos males. Mi parte siente hasta un extremo que no admite ponderación la necesidad en que le ha puesto su suerte82.

81 82

MIRANDA, F., op. cit., tomo II, p. 362. A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Defensa de Cagigal de 18 de agosto de 1796. 77

Estas contundentes afirmaciones no dejan lugar a dudas sobre la directa implicación de Bernardo de Gálvez y de su tío en el desarrollo de los acontecimientos. La «papa caliente» se la pone de nuevo a Cagigal, pero esta vez ya Miranda conoce las reales órdenes dictadas contra él. Cuatro fulminantes reconvenciones regias que el cubano le había ocultado y que ordenaban su inmediata detención y envío a España. Un amigo suyo le comunica que Gálvez le había enseñado tres reales órdenes que le obligaban a encerrarle en la cabaña y remitirle para España. Sostuvo que no ha querido hacer uso de ellas, esperando tal vez que sus anteriores recomendaciones moderasen la pena o hubiese absolución, que se vio precisado para hacerlo pues no había resistencia a cuatro órdenes que se habían expedido, la primera del 11 de marzo. Precisa algo que es bien crucial en su actitud. Le había dicho que no pensaba sino en deslucirlo por cuanto camino había, que la gaceta respiraba lo propio en lo de los prisioneros a Europa, a pesar de que querían ir a Nueva York o Charleston; y en querer autorizar a Cagigal como despótico en el mando, cuando se ha desnudado él mismo para que Cagigal brillase, etc. El confidente se extrañó también de que el cubano, que las poseía también, no le hubiese proporcionado «la primera antes de venir acá»83. Una carta de Miranda a Cagigal es un frío testimonio con el que acepta sus excusas sobre el motivo por el 83

Archivo del General Miranda, tomo V, p. 199. 78

que no le había revelado antes la existencia de esas reales órdenes. El venezolano le responde que «está muy bien amigo, y como nunca juzgo de las cosas sin conocimientos suficientes, ni creo que tampoco halla intención maliciosa en el hecho, tal vez será prudencia y moderación, lo que a otros parecería de distinto modo»84. Por ello su protector le reprocha que, «según el modo con que Vm. me escribe, denota, según lo concibo, desconfianza en mí. Soy muy consecuente y daré la vida por Vmd.»85. Otra misiva es un testigo fidedigno del ambiente que reinaba en Cabo francés. Un amigo suyo le reconviene de que temple a Cagigal, que conviene «que él subsista en su empleo para proteger a Vm. y sus miras, sin lo cual nada ha ganado Vm.». Reconoce que sufrirá mucho si no llega una contraorden de Madrid, ya que la máquina está montada y «es preciso no forcejarla demasiado». Le señala que sin la protección de Cagigal el caraqueño es «un capitán miserable, con él vale Vm. mucho más». Por todo ello debe manejarse con prudencia «a fin de confundir a tanto pícaro que persigue a Vm. sin saber por qué». Sin nombrarlo, apunta que Gálvez sufrió mucho con el artículo de la Gaceta y no había podido disimularlo. Reconoce que era cierto que poseía las tres órdenes, pero que suspendió su ejecución, «esperando que tal vez llegase gracia, y en fin rompió la mina, como Vm. ha visto». Fue precisamente el periódico lo que exasperó definitivamente su ánimo, pero «ha enseñado a todo el mundo las citadas órdenes para que no le atribuyan» a ella el golpe de mano86. Sin embargo, objetivamente, no sólo las había incumplido el capitán general, sino el mismo general del ejército de operaciones, interesado como estaba en aprovechar las informaciones Ibídem, tomo VII, p. 1. Ibídem, tomo V, p. 117. 86 MIRANDA, F., op. cit., tomo II, p. 371. 84 85

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proporcionadas sobre Jamaica por «ese entusiasta de los ingleses». Por eso retardó su detención hasta esas fechas. Sin embargo, ese clima de emulación de Miranda y Cagigal después de la resonancia de las Bahamas era para él ya insufrible. Por eso, al acontecer la arribada a La Habana en septiembre de 1782 y darle nuevamente la libertad, el gobernador, alegando su apelación al Rey de 5 de marzo, montó en cólera. El 30 de noviembre informó a su tío sobre su arresto por él y la protección brindada por la autoridad habanera. En esa misiva el caraqueño apareció con esa imagen de malevolencia perpetua y de discordia que ya recogió elaborada Saavedra en su autobiografía: Prosigue, «cada día peor este oficial en producir especies perjudiciales y esparcir la cizaña entre los jefes, se hace menos digno de encargo o confianza alguna»87. Una nueva Real Orden de 19 de febrero de 1783 volvía a insistir en su detención, pero por entonces Cagigal ya había sido depuesto. A fines de 1782 o principios del año siguiente un hombre de plena confianza de los Gálvez, concuño de Bernardo y natural de Málaga, Luis de Unzaga y Amezaga, que había sido antes gobernador de Luisiana entre 1770 y 1776, y de Venezuela entre 1777 y 1782, tomó posesión de la Capitanía General de La Habana, empleo que desempeñaría hasta 1785, en que fue premiado con la Comandancia General de Tuy, en Galicia, y el ascenso al rango de teniente general. En su mandato caraqueño se efectuaron reformas importantes como la culminación del proceso de creación de la Intendencia, el estanco del tabaco y la creación de la Capitanía General, agregándose a la región central las orientales y occidentales. Con razón refirió el cubano en la querella entablada contra él por la toma de Providencia que, después de esa victoria, por una orden de 28 87

Reprod. en GARCÍA, L., op. cit., p. 229. 80

de septiembre de 1783 «se le depuso del mando de la plaza de La Habana para conferirlo a un concuño de Bernardo de Gálvez, como casado con hermana de su mujer»88. Una Real Orden de José Gálvez, implícita en el nombramiento de Unzaga como capitán general, volvía a teñir como contrabandistas a Miranda y a Cagigal. Se le ordenó que se prohibiese «el uso del muelle del Carpinete y se deshaga la escalera que mandó hacer en él su antecesor don Juan Manuel de Caxigal para facilitar la introducción clandestina de géneros en su casa». Reservadamente se le informaba a Urriza que en el título de gobernador expedido a Unzaga se insertaba una cláusula para que «no se ingiera en asuntos de comercio. Contrabando y Real Hacienda, previniéndole que coopere a esto y guarden ambos la mayor armonía»89. Unzaga procedió inmediatamente a dictar la detención de Miranda. El 14 de abril un ayudante suyo se presentó en la posada donde habitaba. Pero no se hallaba allí, por lo que a su vuelta, penetrado de lo sucedido, decidió refugiarse en casa de un amigo suyo. Entendía que procedía de un modo furtivo y extraño por hallarse ya rumbo de España a las órdenes de Cagigal, el conocimiento pleno de todo lo sucedido hasta entonces le hizo percibir que ya no contaba con apoyos y que su causa, ante «jueces arbitrarios en su propia causa, con la divisa sic volo sic iubeo»90, estaba perdida. Por lo acontecido más tarde a Cagigal hoy bien podemos saber que optó por la resolución más atinada ante la marcha de los acontecimientos. Miranda en el momento de su deserción comunica a Cagigal que su decisión sólo tendría marcha atrás si era «oído y juzgado por tribunal competente, como cualquier vasallo tiene A.H.N. Consejos 20-170, Nº 4. Proceso sobre la conquista de Providencia. Cit en MARRERO, L.: Cuba: economía y sociedad, Madrid, 1985, vol. XII, p. 30. 90 Archivo del General Miranda, tomo VII, pp. 5-8. 88 89

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derecho». Sólo en ese caso miraría «con otro semblante los intereses de aquella patria y soberano, por quienes tantas veces he ofrecido mis trabajos». El cubano no compartía su decisión porque creía que había otra vía, la de la defensa de la causa de ambos ante el Rey. Por eso lo recomendó ante la legación española en Filadelfia y ante el general Washington. Esperaba que llegasen resultas favorables de la Corte. Esperaba ansioso «su aviso en Filadelfia antes de tomar resolución alguna»91. Gálvez había sido burlado. A fines de mayo requirió a Cagigal que le comunicara dónde se encontraba. Le respondió que se hallaba a sus órdenes «en el campo, por representación mía al Rey» al convenir el honor de ambos «vindicarse ante el Trono. Yo respondo al Rey de su persona». Le dio largas, por lo que el malagueño interpretó que se había embarcado con él en la Escuadra «para pasar a vindicar su honor», por lo que otra nueva Real Orden fechada el 18 de julio de 1783 le obligaba a arrestarle a su arribada a Cádiz. Sin embargo, al mismo tiempo, los rumores se dispararon. Se creía que se encontraba en Lisboa, por lo que requirieron al encargado de negocios se informara sobre su presencia. Por fin, el 16 de septiembre O’Reilly arrestó a Cagigal, quien le reveló el paradero de Miranda en Filadelfia. De esa forma se convirtió desde 14 de agosto de 1784 en reo de Estado y se abrió una nueva etapa en su trayectoria vital92. Simultáneamente se inauguró el calvario personal de su protector, preso en Cádiz por largo tiempo, sin poder ser procesado ni poder vindicar su honor y el de Miranda ante el trono. Con ello los hechos daban la razón al caraqueño. El poder de los Gálvez estrechó su cerco e hizo imposible que su voz se oyese ante el 91 92

Archivo del General Miranda, tomo V, pp. 242-243 y VII, 9 y 12. Ibídem, tomo V, pp. 115-117. GARCÍA, L., op. cit., pp. 230-233. 82

Rey hasta que la muerte de sus intrincados enemigos lo pudo hacer posible. El primero en fallecer fue Matías, el padre de Bernardo. Ascendido al cargo de capitán general de Guatemala, como paso previo a su colocación como virrey de Nueva España. Tenía todo pactado para que sucediese en ese empleo a Bucareli. Martín de Mayorga todavía desempeñaba la Capitanía a la que había sido aupado Matías, por lo que supo aprovechar muy bien la ocasión para reemplazarle. José no pudo perdonarle nunca esa jugada política, por lo que durante el resto de sus días sufriría como el cubano su persecución. El 29 de abril de 1783 lo destituyó como virrey y su hermano pudo entrar en México como tal. Apenas un año después, el 3 de noviembre de 1784 falleció anciano y enfermo. Bernardo, tras hacerle la merced el Rey en 1783 de la encomienda de Bolaños en la orden de Calatrava y del título de Conde de Gálvez con el vizcondado de Galveztown, fue designado capitán general de Cuba en 1784. Mas, a poco de incorporarse a su destino en La Habana, a la que había arribado el 4 de febrero, le sorprendió la muerte de su padre, por lo que sería promovido a desempeñar su empleo de virrey tal y como si se tratase de un cargo hereditario. El 17 de junio de 1785 entró en la ciudad de México. Sin embargo, apenas lo ejercería poco más de un año, pues falleció en la capital novohispana el 30 de noviembre de 1786. Pocos meses después, en pleno ejercicio de su cargo de presidente de Indias, falleció en Aranjuez el 17 de junio de 1787 su tío y protector José de Gálvez, titulado Marqués de Sonora desde 1785. Dos de sus hermanos, Miguel y Antonio, jugarían un cierto papel en este proceso. El primero, tras ejercer como alcalde de casa y corte de Madrid, fue ascendido en 1774 a ministro togado del Consejo de Guerra. En 1779 se le concedió el título de caballero de la Orden de Carlos III. En 1786 83

fue nombrado embajador en Prusia, desde donde fue destinado más tarde hacia Rusia. Desde ella, enfermo, solicitó permiso para regresar a España. Durante su traslado aconteció su muerte el 14 de julio de 1792 en la ciudad alemana de Gotha. Ya vimos cómo su hermano Antonio había sido nombrado en 1777 administrador de la renta de tabaco de Canarias. Por su apresamiento, el 28 de noviembre por la fragata del corsario marroquí Alí Pérez, que lo condujo a Sale, se quedó allí para gestionar un tratado de paz. Desde ese puerto marchó a Ceuta, donde llegó el 30 de enero de 1778, con una carta del rey de Marruecos para el monarca español. Fue finalmente removido de ese puesto en Canarias y premiado con el de comandante de rentas del resguardo de Cádiz, primero interinamente y después en propiedad. Con ese empleo coadyuvó eficazmente a la detención de Cagigal. En 1783 obtuvo la cruz de caballero pensionista de la Orden de Carlos III. La muerte le sorprendió en Madrid el 29 de diciembre de 1792, cinco meses después del fallecimiento de su hermano Miguel93. Nadie mejor que Francisco de Saavedra para explicar en sus memorias esa tragedia familiar: «se había esparcido el rumor de la muerte de José Gálvez por un barco de Cádiz arribado el 20 de julio de 1787». Aunque algunos lo consideraron infundado, «yo lo creí al menos muy verosímil reflexionando los terribles golpes que había sufrido en poco tiempo ese buen ministro». Primero, el fallecimiento de su amigo en la Secretaría de Hacienda Miguel de Muzquiz, conde de Gausa en 1785, al que sustituyó Pedro Lerena, «con quien su hermano don Antonio de Gálvez había tenido, durante la asistencia de éste en Sevilla, ruidosas desavenencias». Poco después unas «desazones domésticas» obligaron a «su inseparable hermano don Miguel a 93

AA.VV.: Los Gálvez de Macharaviaja, Málaga, 1991. 84

tomar la embajada de Petesburgo en la edad de más de 90 años». Finalmente, el terrible golpe de la muerte de su justo hermano, don Matías, y con poca interrupción la de su sobrino el conde de Gálvez, que era el ídolo de su afecto y en quien cifraba las esperanzas de su posteridad. Estos golpes, que no pudieron de hacerle una fatal impresión, habían abatido su ánimo hasta un extremo que se me hacía visible con su correspondencia confidencial94.

La sumaria mirandina sobre su papel en la inspección de las fortalezas habaneras Francisco de Miranda abrió por su cuenta una especie de sumaria para esclarecer la visita del británico a las fortalezas de La Habana cuando, en 1783, Luis de Unzaga sustituyó a Cagigal en la Capitanía General. Consciente de lo que se jugaba en esos momentos, en los que todavía no había decidido desertar por verse abocado a la cárcel sin posibilidad ninguna de defensa, se dirigió el 11 de febrero a un grupo de personas de la elite habanera para que manifestasen por escrito la verdad de lo ocurrido. Incluso solicitó al gobernador el testimonio del mismo Montesinos. Todos ellos atestiguaron fehacientemente que el día de la ocurrencia se hallaba en la hacienda Ojo de Agua, a más de cuatro leguas de la ciudad, en la compañía de sus dueños, el conde de Casa Montalvo y su familia. Entre los testigos se encontraba su paisano y amigo de la infancia, el ingeniero caraqueño José del Pozo y Sucre, que se hallaba en esos momentos en La Habana, levantando planos, 94

SAAVEDRA, F., op. cit., p. 278. 85

entre ellos el de la villa de Güines. Años más tarde firmó con él la célebre declaración de independencia de París. También declaró un personaje clave en su proceso en lo referente a Jamaica, Miguel Antonio Herrera. Demostraron por la alta posición social lo incrustado y relacionado que se hallaba el caraqueño entre la expansiva sacarocracia habanera, porque, amén de los indicados, lo reafirmaron Diego Berrera, editor del Calendario Manual y Guía de forasteros de esa ciudad de 1781 y de la Gazeta de La Habana, dada a la luz por esas fechas; el conde de Buenavista; el marqués del Real Socorro; el gobernador del Castillo del Morro José Montero, etc. En el escrito en que solicita esas declaraciones, hace constar que «ciertas personas desafectas y de dañada intención, han informado a la Corte, en notable perjuicio de mi reputación y crédito» tales infundios. El mismo regidor Gabriel de Peñalver y Calvo llegó a decir que fue «tan público, como que nadie en esta ciudad pudo ignorarlo por los muchos que lo presenciaron, y confesádolo varias veces su único autor Montesinos a presencia mía y de otros». El mismo conde certificó que se hallaba con él y su familia en su hacienda «con motivo de divertirse». Para darle refrendo legal a todas esas declaraciones, presentó una solicitud al capitán general para que se juramentase a Montesinos y los declarantes reconociesen la certeza de sus opiniones y la verosimilitud de sus firmas. Todos ellos lo reafirmaron ante escribano. Montesinos, juramentado, confesó que por estar ausente Miranda, que era el que sabía inglés y hacía habitualmente de intérprete, fue él con los oficiales británicos por conocer francés, idioma que era hablado por el edecán de Campbell. El cochero se dirigió a la loma de Aróstegui, sin que él lo reparase. En ella vio la fortaleza del Príncipe, a la que se dirigió voluntariamente,

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quedando el que declara como diez o doce pasos atrás, dando lugar a que el centinela y el oficial de guardia lo detuviesen, que estaban a la puerta, pero, viendo lo entraban y acompañaban así dicho oficial, como el de ingenieros, se incorporó el exponente, a quien nada le preguntaron perteneciente a permiso de gobierno, con ellos y finalizado se retiró con dicho señor, sin que ningún otro sujeto español lo acompañase a ida y vuelta95.

El proceso del oidor Uruñuela contra Miranda en el asunto Campbell El 18 de marzo de 1782, José de Gálvez dio sorprendentemente tres comisiones diferenciadas por sendas reales órdenes al regente de la Audiencia de Guatemala, Juan Antonio de Uruñuela. La primera tenía como finalidad el «descubrimiento y comprobación de los excesos y delitos cometidos con motivo del contrabando» introducido desde Jamaica «con la protección del gobernador de ella el teniente general don Juan Manuel de Cagigal». La segunda se centraba en el incidente Campbell. De esa forma convertía el asunto en dos procesos diferentes sin aparente relación entre sí. Examinaremos en estas páginas el segundo a la luz de la documentación que él mismo nos proporciona. La tercera, el juicio de residencia de Cagigal como capitán general de La Habana. La intención de José Gálvez con la creación de una comisión a Juan Antonio de Uruñuela para juzgar el affaire mediante tres procesos distintos, como si se tratara de asuntos diferentes, tenía el objetivo de crear una confusión jurídica que lo convirtiera en algo intrincado y sin ninguna relación. Por eso emitió 95

Archivo del General Miranda, tomo V, pp. 94-113. 87

el mismo día, el 18 de marzo de 1782, una Real Orden de su puño y letra tanto para el caso de Campbell, como para el del cartel de Jamaica, para un comisionado de su confianza, que sería premiado, primero con la regencia de la Audiencia de Guatemala a los dos meses de esa Real Orden, y finalmente con un cargo en el Consejo de Indias. En las dos, asombrosamente, se excluyó del proceso a Cagigal, a pesar de ser el principal acusado junto con Miranda, con lo que se quiso privar de defensa al principal implicado96. Ese mismo día le designó también por otra para proceder a la residencia, a la que nos referiremos más adelante. Juan Antonio Uruñuela Aransay había nacido en Santurde (Burgos) en 1733. Educado en las Universidades de Sigüenza y Salamanca, perteneció al colegio mayor de Oviedo de esa última universidad y recibió el grado de licenciado por la de Ávila. Había competido para la obtención de una cátedra de derecho en Salamanca, donde fue rector de su colegio. En diciembre de 1766 fue designado oidor de la Audiencia de Manila, desde la que ascendió a la alcaldía del crimen de la mexicana en febrero de 1777. Tras ser oidor del tribunal de México a partir de junio de 1778, fue nombrado regente de la de Guatemala en junio de 1782. El 5 de noviembre de 1789 obtuvo el cargo de fiscal de Nueva España en el Consejo de Indias, un empleo que detentó hasta su muerte en 1793 y desde el que hizo cuanto pudo por dilatar el proceso y por obstaculizar el acceso a la documentación reservada. El año de su investidura fue condecorado con la Orden de Carlos III97. Los premios tributados por tales gestiones no pasaron desapercibidos a Cagigal. En su escrito de 4 96 A.H.N. Consejos. Leg. 20881. Autos de Juan Antonio de Uruñuela sobre la permisión a John Campbell de ver las fortalezas de La Habana por parte de Juan Manuel de Cagigal. 97 BURKHOLDER, M. A. y CHANDLER, D. S.: Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821, Westport, 1982, p. 337.

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de julio de 1798 puntualiza que «el comisionado quería manifestar su gratitud a la mano benéfica que le había elevado a la Regencia y no reparaba en medios»98. Se da la circunstancia de que cuando se dio la Real Orden Uruñuela era todavía oidor de la Audiencia de México. Tan sólo dos meses después fue ascendido a la Regencia de la de Guatemala. Eso contribuyó a retardar su comisión, pues inició sus trabajos en diciembre de 1783. José Manuel Pérez Cabrera afirma que el comisionado llegó a La Habana procedente de México a fines de marzo de 1783. Sin embargo, las primeras diligencias eran del último mes de ese año99. Es probable que desde la capital cubana se dirigiera a Guatemala a tomar posesión de su nuevo empleo. El escenario era ya bien diferente. Unzaga había tomado posesión de la Capitanía General desde el 22 de diciembre de 1782 y Miranda había decidido marcharse para los Estados Unidos. La Real Orden era un documento bien expresivo de sus intenciones. Demostraba que la ofensiva no era realmente contra Miranda sino contra Cagigal. Refería a Uruñuela lo siguiente: sabed que Campbell consiguió que el teniente general don Juan Manuel de Cagigal, gobernador y capitán general de Cuba le permitiese a él y a otros oficiales suyos ver las fortalezas de dicha plaza de La Habana por informe y en compañía del teniente general don Francisco de Miranda, capitán de mi regimiento de infantería de Aragón, mientras que llegaba a mi real noticia este suceso, supe con sumo desagrado y decepción que el mismo Juan Manuel de Cagigal comisionó a Miranda para que pasase 98 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Escrito de Juan Antonio Cagigal de 4 de julio de 1798 sobre la conclusión del proceso judicial sobre contrabando. 99 PÉREZ CABRERA, J. M.: Miranda en Cuba (1780-1783), La Habana, 1950, p. 36.

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a la isla de Jamaica con el aparente pretexto de arreglar un convenio o cartel de canje recíproco de prisioneros. Es el santiaguero el principal objeto de su ira pues se empeñó en proteger los designios de Miranda y, abusando escandalosamente de la autoridad que le tenía confiada parece que empleó el brazo militar destinado a la defensa de la isla y de mis reales órdenes y providencias y a la protección de mis soberanos súbditos en frustrar enteramente la providencia de aquel ministerio. Con desaire de la jurisdicción, dio lugar a la introducción del contrabando y propició el que «la propia casa de gobierno fuera el asilo del fraude», resistiéndose a obedecer las reales órdenes y los autos que pendían en el tribunal de la Intendencia. Por ello «para que no queden impunes los referidos excesos y atentados y sea reparada la ofensa que se ha hecho a la parte de mi real autoridad» dio poderes a Uruñuela para que desarrollara una causa de pesquisa al respecto, recogiendo los autos formados en la Intendencia. Pero, «sorprendentemente», el principal acusado, sobre el que gira todo el proceso, quedó excluido de la sumaria, al remitir su proceso a una sumaria de residencia, no dándole con ello posibilidad alguna de defensa100. Se iniciaron de esa forma dos procesos por separado, en los que no podía participar su principal reo, que no fue juzgado en ellos, ni tenía posibilidad alguna de defenderse. Nada más abrirse el expediente a finales de diciembre de 1783 y principios de 1784 y proceder a la declaración de todos los testigos, 100 A.H.N. Consejos. Leg. 20881. Autos de Juan Antonio de Uruñuela sobre la permisión a John Campbell de ver las fortalezas de La Habana por parte de Juan Manuel de Cagigal.

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todos coincidieron en descartar a Miranda y remitirse únicamente a Montesinos en la visita de la fortaleza. Entre los deponentes podemos significar la exposición de Juan Gual, subteniente del regimiento del Príncipe por entonces y por esas fechas teniente del fijo. Sostuvo que fueron don Francisco Montesinos [sic] y don Alejandro Mandiola, oficial del cuerpo de ingenieros y encargado de aquella obra los que efectuaron la visita de la fortaleza del Príncipe y «se retiraron a poco de su entrada». El gobernador de la plaza repugnó ese hecho y «le parece que el teniente coronel don Francisco de Miranda, desaprobando la conducta de Montesinos en este hecho. Le dijo también que lo había arrestado o iban a hacerlo»101. Ante la contundencia de los hechos, que eximían totalmente de responsabilidad a Francisco de Miranda, se vio obligado a proceder contra «el distinguido Francisco Montesinos». Fíjese el grave error y el poco rigor de la sumaria al no averiguar la exacta identidad del implicado, al que, partiendo de lo testimonios anteriores, a pesar de que era un oficial, le sustituyó su verdadero nombre de pila, José y lo llamaron Francisco en la misma resolución remitida a Madrid. Sin embargo, el implicado se hallaba ausente en España desde hacía poco, donde había marchado en compañía del teniente general Juan Manuel de Cagigal. En su escrito al Consejo de 4 de enero de 1784 precisó que «fue el conductor e introductor del mayor de los ejércitos de Inglaterra don Juan Campbell en el castillo del Príncipe». Al no proceder contra él «en un exceso tan reparable», consultó a Su Majestad la forma de proceder en este caso102. Por todo ello reconoció el 5 de enero que el británico, en compañía de otro oficial de esa nacionalidad, entró en el castillo del Príncipe y no 101 102

A.H.N. Consejos Leg. 20881. Ibídem. 91

en otra fortaleza de La Habana, «al parecer sin noticia del gobernador don Juan Manuel de Cagigal, ni por influjo, ni en compañía del nominado Francisco de Miranda». Sin embargo sostenía que, pese a ese hecho, a Montesinos «no resulta se le hubiese arrestado» ni hecho cargo de «este atentado», ni «yo lo puedo practicarlo ahora por ser público en esta ciudad que pasó a esos reinos en compañía del mencionado»103. El fiscal del Consejo de Indias ordenó el 16 de abril que se abriese en Cádiz una investigación sobre Montesinos. La diligencia fue en principio incoada por el oidor decano de la casa de contratación, Bartolomé Ortega. Lógicamente no fue hallado ningún Francisco que respondiese a los datos aludidos, sino «un don José Montesinos, el que ha salido de ella. Se dice haber pasado a Gibraltar y aparecen algunos inicios de ser el mismo que en La Habana se denominaba y conocía por don Francisco». No se sabe su paradero, por lo que el objeto principal es averiguar la complicidad e influencia que pueda haber en aquel caso en don Juan Manuel Cagigal, de quien era dependiente y familiar el tal Montesinos, y en cuyo coche condujo a que vieren la fortaleza los citados ingleses. Ante este hecho ordena el 12 de agosto de 1784 la declaración del cubano104. Puede observarse al respecto con esta orden contra quién en realidad se procedía y a quién se trata de inculpar. Como no era posible proceder contra Miranda, toda la artillería se proyecta ahora contra el depuesto capitán general. En efecto, el 16 de noviembre de 1784 Cagigal fue interrogado en Cádiz sobre el asunto. Conviene fijarse en lo sorprendente de este hecho en una persona a la que no se le había dado la oportunidad de expresarse ni de defenderse, ni tan 103 104

Ibídem. Ibídem. 92

siquiera de presentar pruebas. Se le llamó a declarar en un hecho específico sólo por su relación con Montesinos, sin posibilidad de defensa y con el objetivo de tantear las posibilidades de incriminarle en el asunto, como se aprecia por el juicio del valor del fiscal. En su testimonio señalaba que «el mozo apellidado Montesinos, que se llama José, según lo ha oído en La Habana y por tal lo ha conocido». Reconocía que no vivía en sus casas, «bien que por favor y compasión le dijo viniese a comer a su casa cuando gustase y en él iba cuando quería y aún, abusando del favor que le hacía por caridad, tomó demasiada confianza», por lo que «tuvo que reprehenderle». Afirmó que regresó con él a Cádiz, mas, sin embargo no vino como tal familiar. Al producirse el desembarco se fue a comer y a vivir por su cuenta hasta que fue arrestado en el castillo de Santa Catalina. Finalmente, ante esos hechos, el fiscal, en su escrito fechado en Madrid el 25 de junio de 1785, tuvo que reconocer que pasó los oficios correspondientes para proceder contra Montesinos, por lo que resultó de todo ello que no tuvo parte en el suceso y que este dimanó de la imprudencia de Montesinos [...] y de la tolerancia y descuido del ingeniero y oficial de guardia en haber permitido la entrada sin presentar la licencia por escrito del gobierno, como estaba mandado, si bien disminuye mucho el exceso [...] de que no reconoció las obras interiores de fortificación, ni pasó de la carpintería en donde a la sazón se estaba trabajando. Entendía que el único cargo que se le podía hacer al capitán general era el siguiente: si bien procedió a disponer «se procediese a la corrección del oficial de guardia y al ingeniero de 93

trabajo no debió olvidar a Montesinos, a quien no resulta se hiciese la menor reconvención o advertencia, sin embargo de que había sido el principal inculpado». Por todo ello le reconvino. Sostuvo que dio margen a que se creyera que o había procedido Montesinos de acuerdo con él en la introducción de la fortaleza del Príncipe o que fue más poderosa la intención y confianza que tenía con este subalterno que no le estreche obligación que le impone su empleo de corregir un exceso105. Finalmente se procedió al interrogatorio de Montesinos. En él expresó que su verdadero nombre y apellidos eran los de José Ignacio Fernández Montesinos y Álvarez de Toledo, natural de Orihuela y vecino de la villa de Rincón de Soto (Logroño), soltero, de 36 años de edad, oficial de infantería voluntario en la última campaña de América septentrional. Refirió que había sido preso en Cádiz en 1779 por enconos particulares, sin formalidad judicial, y que «ha sido atropelladamente condenado según el testimonio de condenación que fue remitido a ocho años de armas al fijo de Puerto Rico». Al no haber fijo en aquella plaza, fue remitido al de La Habana. En esa plaza «por evitar su muerte en aquel clima, lo destinó al de Luisiana, en el cual, agravando sus achaques, obtuvo licencia del inspector general de todas las tropas de América conde de Gálvez». Con ese documento regresó a Cádiz, donde «en octubre de 1783 se le volvió a arrestar de orden del señor José Gálvez». Solicitó su libertad por medio de un testimonio de la licencia que tenía, por lo que suplicó a Su Majestad por las vías de gracia y justicia. Sin embargo, al denegársele «falsificó la firma de Gálvez en 105

Ibídem. 94

la gracia del indulto y éste es el motivo porque ha tres años padece esta prisión». Compruébese al respecto los pasos medidos del presidente del Consejo de Indias para detener al natural de Orihuela. En cuanto al asunto Campbell afirmó que, por entender el francés y hallarse ausente Miranda, el único conocedor del inglés, fue requerido por Cagigal para que, sirviéndole de nexo el ayudante del británico, entendido en el idioma galo, le acompañase en paseo en su coche y que él no podía es porque no quería ni ir al vidrio por razón de su carácter y a la testera por razón de su crianza, a lo que el que responde los acompañó sentado al vidrio, y con la fatiga de hallar por medio del intérprete ayudante de campo, no reparó el destino que llevaba el coche hasta que el mismo general inglés le dijo en la cima de la loma de Anzostegui [sic], aquí hicimos nosotros un retrincheramiento para batir la plaza el año de 1761 [sic] y yo era ayudante de campo del general Havermarle [sic]. Al decir esto le mandó parar y se apeó para ver sus vestigios, reparando en el castillo que se encontraba construyendo. A continuación, «el cochero, por no hacerlos andar a pie, cosa que en la América no hacen ni aun los negros libres, llevose el coche a la fortaleza». Dieron un paseo por la plaza baja del castillo y «entraron a admirar los famosos trozos de cedro y caoba que estaban sin trabajar en la carpintería». Sostuvo que fue «a aquel destino sin propia deliberación, de lo que se infiere que no salió con destino a él y que el gobernador sólo le encargó genéricamente les acompañase a paseo». Por ello, al llegar al gabinete donde se encontraba Cagigal platicando con el obispo al tiempo de acostarse, al referirle el paseo, 95

se echó manos la cabeza y exclamó: Ha hecho usted un disparate, no por lo que importa el hecho, sino es porque el obispo y el secretario han de fraguar mil quimeras con qué criminarme, pero yo lo remediaré enviando a Vm. a La Cabaña preso y suspendido sus empleos a los oficiales, lo que no hizo dicho gobernador por sí, sino dio comisión a don Luis Huet, brigadier directo de ingenieros, para que examinase el hecho e informase de la provisión que halle por conveniente, que fue arrestar a los oficiales en sus casas y amonestarlos106. Tras este interrogatorio, el fiscal entendió por su propuesta de 16 de noviembre de 1787 que no se aprecia «previsión de malicia» ni «trascendencia perjudicial a la defensa de aquella plaza por no haber llegado a reconocer los extranjeros el interior del fuerte». El fallo del Consejo se dilató, sin embargo, hasta el 6 de febrero de 1790. En él se hizo constar que, «aunque el referido Cagigal no había dado satisfacción completa al cargo que se le hizo» de emitir providencia contra José Fernández Montesinos, el conductor de Campbell al castillo del Príncipe, «como tampoco resulta malicia, gravedad, no recelos de trascendencia perjudicial en el hecho que motivó este procedimiento, no halla necesidad ni motivo urgente para que lo continúe el Consejo», por lo que la causa queda sobreseída107.

106 Ibídem. Pueden apreciarse en este testimonio los arraigados convencionalismos sociales en Cuba, que parecen fundamentarse en criterios étnicos y sociales. Véase si no por qué Cagigal no optó por ir en el carruaje y los prejuicios sociales hacia el caminar al pie en las ciudades, que rechazan hasta los negros libres. El canario Manuel Antonio Ramos Marrero en una descripción de La Habana de mediados de los años sesenta, señaló que «las calezas se han hecho ya tan comunes que tienen por razón de estado no dar un paso a pie». RAMOS, M. A.: Viaje a las Antillas (1765-1768), Tenerife, 2004, p. 44. 107 A.H.N. Consejos. Leg. 20.881.

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Los autos sobre el cartel de Jamaica La segunda grave acusación contra Miranda nació de su expedición a Jamaica. Su objetivo teórico era el canje de lo prisioneros españoles presos en esa isla a cambio de los británicos confiados a su cuidado y vigilancia. Pero esa era la excusa para conducirle hacia esa posesión inglesa. El objetivo real era obtener información precisa sobre su defensa para una hipotética invasión que estaba programada por parte del ejército de operaciones en la región. Hasta entonces se habían efectuado sucesivas incursiones de esa naturaleza amparadas en reales órdenes y financiadas con cargo a los privilegios que conllevaban, que habían tenido resultados infructuosos por la impericia de sus protagonistas. Nadie mejor que Cagigal para explicarlo en su defensa. Consideró que el origen de todo ello se centraba «en un caso que por su naturaleza y circunstancias tiene un lugar muy principal en este negocio y es el primer eslabón del cual dependen todos los que forman la cadena». Ese punto de partida fue el comerciante de Cádiz, Pedro José Ruiz. Emprendedor y activo, se había dedicado al contrabando, por lo que, temeroso de la justicia se había retirado a Jamaica, donde vivía ventajosamente. Con la declaración de la guerra, expulsado de ella, retornó a La Habana en octubre de 1779. Se presentó ante el capitán general Diego José Navarro, solicitando el indulto regio. A cambio de él se comprometía a darle precisas noticias del estado de esa isla, no sólo de lo que ya conocía, sino a través de la adquisición de otras «yendo y viniendo a ellas por sí o por medio de otras personas sin pedir sueldo». Sólo pedía a cambio llevar y traer algunos frutos con conocimiento de la Intendencia. El cubano precisa que, como en aquellos tiempos se ansiaba por «cualquier medio de adquirir luces acerca de las cosas de los 97

enemigos, el Gobierno no dudó aceptar el ofrecimiento y las condiciones». De esa forma se efectuó el primer viaje con el patrón José Nieto en una balandra suya propia llamada la Activa. Fue provisto de «un franco y muy expresivo pasaporte autentificado con su firma y las del comandante de mar del Intendente, sin duda para evitar en cuestiones de jurisdicción entre estos jefes, que por lo mismo parece tuvieron parte en la confianza y secreto». Retornó con las noticias que pudo obtener, «cuyo mérito ignoramos» y con géneros, «cuya calidad y valor tampoco sabemos, pero sí que en su desembarco y expendio nadie le puso ni el más leve embarazo»108. El capitán general Navarro había dado parte a la Corte de su resolución. El Consejo la aprobó por Real Orden de 14 de abril de 1780. En ella se le hizo «la notable prevención de que en caso necesario se valiese de su autoridad sola como jefe superior de la isla. Por ello acordó el Gobierno otro nuevo viaje en los mismos términos, pero con un pasaporte sólo firmado por él, tal y como se había aprobado en la Real Orden anterior. Aunque en la salida y en la navegación no se le puso estorbo alguno, «la diferencia dicha probablemente dio ocasión a algún resentimiento u opinión de desaire» al retorno. Navarro no pudo ver su final por haber sido relevado en su transcurso por Cagigal. Al desembarcar la fragata en el puerto de Casalda para hacer aguada, el ministro de matrícula de Trinidad, al ver que traía géneros de Jamaica, envió un corsario para que lo apresara y trajera a puerto. En él se le formó proceso en calidad de contrabando. Al dársele parte al capitán general, se vio «falto de luces e instrucción» por lo que pidió información al secretario. Éste le respondió que sobre este tema no sólo contaba con la aprobación de la Real Orden de 1780, 108

A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Defensa de Cagigal de 18 de agosto de 1796. 98

sino que en tiempos de sus antecesores Bucarelli, Pascual de Cisneros y el marqués de la Torre se habían permitido y hecho practicar por aquel gobierno con secreto muchos viajes a Jamaica bajo el pretexto y velo de comercio a favor de los encargados de la empresa, pero sin disposición alguna de la Real Hacienda y con el objeto verdadero de espiar y retornar noticias puntuales acerca de los interior de aquel establecimiento británico. Encontró también que durante el mando de Antonio María Burarelli se efectuaron tales viajes por José Landa. Éste, a su regreso a Batabanó, fue tratado como contrabandista por el cabo del resguardo de rentas Miguel Chaves. Se da la circunstancia de que es el mismo que lo hará de orden del Intendente en los autos en que fue acusado Miranda. Sin embargo, al emitirse por el gobernador las correspondientes órdenes «fue dejado Landa en libertad plena». Pascual Cisneros autorizó otros de semejante especie por medio del mismo José Nieto. Al acontecer el regreso del último durante el mandato del marqués de la Torre, «este jefe, instruido de todo, dio sus providencias para que se aprovechase de los géneros y efectos de comercio que traía, pero con disimulo y sin escándalo, a fin de excusar todo mal ejemplo». Una Real Orden despachada en el Pardo el 14 de enero de 1784 desaprobó las actuaciones contra Nieto, declarando que «debía respetar y obedecer el pasaporte del general Navarro, como también que ni don José Solano, ni otro jefe de mar tenía derecho a que se le comunicase los casos reservados que se hacen en aquel Gobierno»109. Esa última sentencia era bien contradictoria con lo acontecido a Miranda y a Cagigal, como veremos. En su enjuiciamiento 109

Ibídem. 99

«se desconoció» la existencia de tales antecedentes e incluso esa sentencia coetánea absolutamente contradictoria con la emitida por el oidor Uruñuela. Este comisionado hizo caso omiso del testimonio del capitán general y de su defensa, de la documentación archivada en los precedentes al respecto, e incluso del testimonio de Miguel de Herrera, como tendremos ocasión de ver, incluso a sabiendas. Estaba claro que otros eran sus objetivos. No eran, pues, pocos los antecedentes en los que fundamentaba Cagigal su decisión para trasladar a Miranda a la isla de Jamaica, máxime en las circunstancias excepcionales que se daban en su persona, en contraste con los casos anteriores. El cubano en su defensa sostuvo que los viajes anteriores no habían producido grandes efectos, pues sus noticias, como procuradas por personas que principalmente atendían a sus intereses y además no eran inteligentes ni profesionales del arte de la guerra, se reducían a informes verbales y algunas gacetas, cosa que de ningún modo podía dar las instrucciones militares puntuales y técnicas que se necesitaban en aquella ocasión para obrar con pleno conocimiento y probado acierto si llegase el caso de la conquista proyectada. Para lograrlo era necesario mudar de mano y valerse de un oficial de algún carácter que, al valor, al talento y la sagacidad y al amor a la gloria, juntase la inteligencia y uso de los idiomas más comunes de Europa, la instrucción en los varios ramos científicos y prácticos del arte de la guerra, especialmente en las matemáticas militares, práctico además en delineación en forma y levantar planos por sí mismo y otros conocimientos. 100

Él constataba por experiencia que todas esas circunstancias y habilidades se daban excepcionalmente «en la persona en la que puso los ojos». Sin embargo, tenía que encontrar una excusa para trasladarlo a esa posesión británica ocultando esos designios. Esa circunstancia la proporcionaba «esa misma coyuntura», ya que los ingleses «deseaban con ansia el arreglo del corso y el canje de prisioneros»110. Cagigal reconoció que eligió a Miranda por esas cualidades excepcionales reunidas en su persona. Éste se ofreció a ejecutarla comunicándole la comisión oficial del corso y canje y «en escrito reservadísimo la principal, que era el objeto verdadero». Al no tratarse «con misterio» la primera, dio cuenta de ello al intendente para que contribuyese a habilitar una embarcación con sólo cuatro mil pesos como único caudal aportado por la estrechez que atravesaba la Real Hacienda. Si bien no confió ni al intendente ni a otro jefe «el designio oculto», sin embargo «se enteró y fue sabedor que Miranda llevaba además otros encargos reservadísimos del servicio del Rey y así se expuso en el pasaporte que le dio bajo de su sola firma». Siguió en ello el ejemplo de Diego Navarro en la última Real Orden. Mas, dado que los cuatro mil pesos sólo podían servir para la misión oficial, pero no para la secreta, que por su carácter exigía una estancia más dilatada, arguyó el pretexto de convertirlo en comerciante de efectos, para que «pasasen por realidades las apariencias, hiciese el comisionado en Kingston una vida opípara y grata aún a aquellos habitadores». Con tales encargos se le podía ver tratar como comerciantes y así ganarse los confidentes y el más tiempo de que tuviese necesidad y despejando el velo que lo paliaba todo, no se diese lugar a engendrar 110

Ibídem. 101

sospechas ni a que se trasluciesen los designios y operaciones ocultas de un encargo ímprobo y peligroso111 . En la instrucción reservada dada a Miranda el 9 de agosto de 1781, Cagigal le comunicó que explícitamente el cartel debía de tener tres puntos principales: la gratificación diaria de los prisioneros para su subsistencia, y en el caso de su embarque atendiendo a su graduación y costo de la vida en el país, la elección de los puertos más ventajosos para el canje y su transporte en un parlamentario para su conducción al puerto de destino112. En ningún punto de esa documentación oficial constaba lógicamente «la misión secreta». Ese mismo día transmitió tal decisión a José de Gálvez. En la misiva indicaba que la elección de su edecán se debía a su «capacidad e instrucción reunidas al conocimiento de idiomas extranjeros»113. El capitán general aseveró en su defensa que el intendente no podía aportar tales recursos necesarios e indispensables para tal misión. Es más, precisó, «aun cuando se hubiese hallado con fondos para ello habrá convenido el no pedírselos». Por tanto, para allanar este embarazo y para que el comisionado no careciera de un reglamento por donde guiarse, «le entregó de su puño y letra una instrucción [...] cuyo tenor muestra el sistema más bien concebido o enderezado al fin que se meditó y formó con sinceridad». En ella le informó de los motivos del encargo. Le especificó que debía de tener «alguna condescendencia con los ingleses para ganarles su afán y para deslumbrarlos» y que «tenía que alargar la negociación todo el tiempo posible» para disponer del necesario para obtener los datos requeridos sobre

Ibídem. MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 131-132. 113 Ibídem, tomo II, p. 138. 111 112

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la isla. Sin embargo, esa duración excesiva era inviable «sin sospechar a la sombra de su carácter público». Por ello se dio el arbitrio de aparentar comercio y trato con los negociantes, y en consecuencia no sólo la autorización para buscar dinero pareciéndole necesario, sino también para asociarse y atraer a los confidentes ingleses, aunque fuese permitiendo alguna negociación, como se había practicado con Nieto en su viaje. La previno también «lo incomunicable de esta instrucción» a otra persona que no fuera el Rey «aun cuando hubiese de perder la vida por ello»114. El capitán general le ordenó que trajese de vuelta dos o tres bergantines escogidos, de los que se haría cargo la Real Hacienda, o a lo menos se hiciese con los fletamentos de su cuenta en utilidad del servicio. El real objeto de su estancia allí sería la exacta noticia y puntual razón de los puertos, calas, bahías, fondeaderos, planos de aquella isla, sus fuerzas interiores y exteriores de mar y tierra, sus fortalezas y artillería, sus parajes más a propósito para un desembarco, que particularmente se instruyese por aquella banda del norte y sur de la parte oriental de la isla des Puerto viejo hasta la punta de Morante con cuanto pareciere oportuno, y, en fin, de todas estas cosas y de las que pudieran servir a la delineación formase y alzase planos topográficos, los más puntuales y extensos que fuese posible para lograr los conocimientos de que se carecía y se necesitaba115. 114 115

A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Ibídem. 103

Se le había encargado un auténtico plan de espionaje militar de la isla de Jamaica, que incluía con precisión toda su información militar y topográfica para con ella en la mano plantear una invasión en toda regla con el mayor grado de eficacia posible. Unos retos tan delicados y vastos que no podían efectuarse, como refleja Cagigal, con el caudal «demasiado mezquino» de 4.000 pesos, por lo que se vio obligado a recibir otros 16.000 que «a premio de mar le prestó, no sin algún conocimiento de los fines», el teniente coronel Miguel Antonio de Herrera, significado miembro de la oligarquía habanera y caballero de la Orden de Santiago116, que por este hecho fue procesado. Fueron estas las instrucciones y los medios con los que se embarcó Miranda desde el puerto de Batabanó en la goleta el Rosario, cuyo patrón era Iñigo de Sevilla, llevando en ella algunos prisioneros ingleses el 12 de agosto de 1781, un momento en el que, recuerda Cagigal, por ser capital en los futuros acontecimientos, por lo que no cogían en absoluto por desprevenido al Intendente, «se encontraba mi parte disputando vivísimamente con el comandante de la armada sobre el apresamiento de Nieto y la conducta de los ministros de la Intendencia»117. Puntualiza al respecto que este conflicto tendría su influencia en el viaje de Miranda. Señala que

116 El habanero Miguel Antonio Herrera y Chacón, bautizado en la parroquia de Santa María del Rosario, era hijo de Gonzalo Luis de Herrera y Berrio, originario de Cartagena de Indias, IV Marqués de Villalta y primero de su linaje asentado en la capital cubana, donde fue alcalde ordinario en 1757 y de la habanera María Catalina Chacón y Torres, hija del teniente coronel y alcalde ordinario Félix Chacón y Castellón. Fue también como su antecesor alcalde ordinario. Había ingresado en la orden de Santiago en 1779, contrajo dos nupcias, una con Luisa Santa Cruz y Santa Cruz, hija de pedro Beltrán de Santa Cruz, regidor perpetuo y alcalde ordinario y la segunda con María Isabel Pedroso y Zayas, hija de Mateo Pedroso Florencia, también regidor y alcalde. SANTA CRUZ Y MALLEN, F. X., op. cit., tomo II, pp. 196-202. 117 A.H.N. Consejos. Leg. 20878.

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no tardaron en verse los efectos de este resentimiento, pues, a pesar del cuidado que se puso en el secreto, no debió dejar de traslucirse en alguna parte y de formarse por el ministro de Trinidad algunas sospechas de que se llevó caudal para retornarlo en géneros, mayormente hallándose cerrado el puerto en aquella ocasión. Ello es que, habiendo visto el oficial comisionado en la precisión de una arribada forzosa a aquel puerto parece que se formó la idea de interceptarle y apresarle, como se había practicado con Nieto. Esta tentación se materializó cuando llegó a oídos del teniente gobernador, pues se creyó por su oficio en la obligación de comunicar su recelo a su jefe. De esa forma lo ejecutó comunicando su justo recelo al jefe inmediato y usó la fuerza precisa para embarazarlo118. Sobre ello se le efectuó un cargo al capitán general, pero no tuvo consecuencia alguna, bien «o porque los ministros del tribunal llegaron a comprender el ánimo determinado en que esta el Gobernador de resistirle o por otro motivo cualquiera»119. Se puede, pues, apreciar que ya desde el primer momento se pusieron obstáculos a la realización de la expedición mirandina en lo referente a los géneros, a pesar de los precedentes anteriores y el proceso entablado sobre el caso Nieto, lo que demuestra que el clima de tensión reinante entre los ministros de la Intendencia y la Capitanía General se había agudizado a pesar de que las reales órdenes que le otorgaban tales poderes a ésta última eran conocidos por ellos. Bastante tiempo después de arribado a Jamaica, Miranda le había relatado a su jefe que su llegada a Trinidad se debió a que el práctico 118 119

Ibídem. Ibídem. 105

que tenía se le había puesto enfermo, por lo que el comandante de marina le dio el suyo propio y al día siguiente se hizo a la vela. Sin embargo, nada dice de sus recelos, por lo que ciertamente no lo conocía120. Lo cierto es que el comisionado prosiguió su viaje, «bien que no sin dificultades y riesgos en su ida, estadía y vuelta», hasta que fue apresado por un corsario inglés y tuvo que comparecer ante al Almirantazgo británico de Kingston a título de que llevaba dinero. Finalmente, esto último se descartó con el pretexto de que aquellos caudales iban destinados a la subsistencia y socorro de los prisioneros españoles, por lo que fue dejado en libertad. Este suceso, reflejado en la gaceta local , fue incorporado a los autos de la intendencia «como un documento coadyuvante», con el añadido de la equivocación de que el caraqueño «llevaba en moneda y letras de cambio 40.000 pesos, siendo así que por el informe de los autos, harto más seguro que el que pudo tener el gacetero de Jamaica, lo que resulta es que solamente sacó de La Habana 20.000 en dos partidas de 4 y 16 cada una»121. Este proceder, teniendo presente la documentación de los autos originales británicos, demuestra abiertamente la mala fe y las directrices con que se actuaba en el affaire. Miranda había recriminado desde la bahía de Bluefields (Jamaica) el 5 de septiembre de 1781 al comandante de la balandra El Port Morant su apresamiento y la supresión de su gallardete español. Fueron actos que estimó «arbitrarios y enteramente opuestos al derecho de gentes» por su carácter de embarcación parlamentaria122. El cartel fue firmado el 18 de noviembre de 1781, tal y como parece en el ejemplar impreso en español e inglés, con el MIRANDA, F., op. cit., tomo II, p. 154. A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Ibídem. 122 MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 139-140. 120 121

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beneplácito de ambas partes, que lo ratificaron. Con anterioridad a esta firma ya había efectuado varias remesas de prisioneros. Miranda incluyó en su archivo personal ese convenio para el canje de prisioneros con el capitán general de Jamaica Dalling y el vicealmirante Parker, comandante en jefe de los navíos de la armada británica en la región. Asimismo dejó reflejado el número de prisioneros españoles remitidos a la isla de Cuba y los británicos llevados a Jamaica. Asimismo hizo constar las raciones proporcionadas a los prisioneros tanto sanos como enfermos. Incluso se encuentran en él las cuentas de su estancia en la residencia de Miss Cheer y las entabladas con el comerciante Fitch123. En la Real Orden de 16 de noviembre de 1781, que curiosamente es coincidente en las fechas con el canje, se expresa la recriminación de Miranda en esa comisión, alegando su carácter de «entusiasta de los ingleses». En ella se ordena su relevo por una persona de su entera confianza. El 11 de marzo de 1782 otra nueva disposición regia reprehende a Cagigal por la comisión de Miranda en Jamaica. Reafirma cuán justos eran sus recelos «sobre el carácter de este oficial y del entusiasmo con que es apasionado de los ingleses». Sus argumentos tienen poco fundamento sobre el cartel. En ella a través de una fuente sorprendente se vierte que, «según he sabido por la vía de Inglaterra misma, ha cometido el enorme exceso de haber estipulado un artículo directamente contrario a las reales órdenes sobre la declaración de la presente guerra y a la real ordenanza del corso». Le reprueba por su condescendencia frente al caraqueño por dejarle impune, por lo que debía ser «acreedor a un severo castigo por haberse excedido en materia tan grave de las

123

Ibídem, tomo II, pp. 169-184. 107

facultades a que debía ceñirse su comisión, arrogándose las que solamente pertenecen a la soberanía»124. Sin embargo, Cagigal reseña que desde el momento que puso pie en la isla «no perdió de vista la comisión secreta ni el deseo de hacer los demás servicios a que alcanzase su diligencia y le proporcionase la ocasión»125. En este punto alaba su actuación: «lo que ejecutó allí muestra la aplicación con que se dedicó a desempeñar el gravísimo encargo». Las relaciones entabladas dan fe de su inteligencia y «la destreza y disimulo con que debió insinuarse en la estimación de afecto de aquellos jefes y otras personas que podrán haber puesto sus ojos sobre un huésped tan sospechoso y por último el riesgos que, según la naturaleza de la comisión, debió correr por infinidad de motivos». Al cabo de un tiempo prudencial consideró que no debía permanecer allí por más tiempo, por lo que decidió embarcarse. Arribó al puerto de Batabanó el 14 de diciembre de 1781126. Las minutas conservadas en el archivo personal de Miranda dan cuenta de sus gestiones para introducirse entre la elite dirigente de la isla con invitaciones a través de Lord Henry Fitzgerald, H Ross o Mr. Mc Lean. El primero concertó con él su presentación ante el comisario de guerra Neville en el transcurso de una obra de teatro. Se encargó incluso de buscar para él «la publicación del General Wolfe, a quien tanto admira». Le manifiesta que «quedaría personalmente agradecido si el capitán Miranda aceptara los otros tres escritos que le ha enviado anteriormente, que son netamente inferiores, pero no carentes de cierto mérito»127.

Archivo del General Miranda. Tomo V, pp. 74-76. A.H.N. Consejos. Leg. 20878. 126 Ibídem. 127 MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 167-169. 124 125

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El capitán general elogia la gestión de Miranda en Jamaica: «El cartel de canje concluido, con ventajosas noticias exactas de las escuadras enemigas existentes y que se esperan en aquella isla, del número de sus tropas veteranas y de milicias, planos topográficos del país bastante exactos» y tres embarcaciones ligeras y tres bergantines: el Puerco Espín, El Águila y los Tres Amigos «con varias otras cosas y negociaciones que no podía fiar a la pluma y comunicaría a la vista y asimismo con el inglés don Felipe Alwood que, arriesgando también su persona, le había servido informes en facilitarle luces, conocimientos y causales que igualmente le había franqueado a los españoles prisioneros», por lo que «y para su indemnidad se había permitido una corta negociación conforme a las instrucciones reservadas». Para evitar todo tipo de problemas, Cagigal le reconvino que «se le desembarcase y condujese a La Habana en términos de que se desvaneciese toda idea de contrabando, esto es que no se diese escándalo, quedando en lo demás a su cargo las disposiciones convenientes para la introducción»128. La llegada a La Habana de Miranda fue para Cagigal un motivo de goce porque los materiales proporcionados excedieron incluso «las esperanzas que había concebido». Le supusieron «una satisfacción tan grande que sólo puede ponderarse con decirse que fue por igual a la amargura y malos tratos que uno y otro experimentaron de parte del Intendente de la Real Hacienda y por su influjo y siniestros informes aun del ministerio más inmediato a la Real Persona»129. Estas frases son demoledoras por apuntar directamente al impulsor directo de esa ofensiva, el mismo que había dirigido desde el año anterior toda su batería de reales órdenes contra Miranda y por ende contra él. 128 129

A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Ibídem. Ibídem.

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El 22 de enero envió un informe reservado a José Gálvez sobre los servicios prestados en Jamaica por el caraqueño. En él dio cuenta en primer lugar que la correspondencia secreta de Pedro Ruiz y José Nieto no había supuesto noticia sustancial sobre Jamaica. El malagueño era consciente de la existencia por tanto de tales reales órdenes y por ese mismo tiempo, como hemos visto, había dado los parabienes a tales gestiones. Le relata las noticias de consideración obtenidas por Miranda, el estado de sus tropas, planos topográficos del país y la consecución incluso de tres embarcaciones ligeras de excelente disposición para avisos o para el corso. Para tan peligrosa misión le comenta que se valió de sujetos de confianza y con medios que le franquearon caudales y que le permitieron «extraer del servicio enemigo contra las rigurosas prohibiciones que hay para ello». Finalmente, le señala que «por su mérito y remuneración le había permitido a mi nombre traer una negociación como de seis a ocho mil pesos consistente en lienzos de hilo blanco y pintados, la que si yo le permitía desembarcar, conduciría por tierra a esta ciudad a la sombra de su equipaje, escolta y pasaporte». Le recuerda que todo ello estaba permitido por Real Orden y que había acontecido en los casos anteriores y que en todo caso es incomparable el permiso de tan moderada negociación, de que el interesado sólo utiliza la gracia de su concesión y derechos, pues no expuso el principal de la Real Hacienda, sino los suyos, de que empleó los más a beneficio de ella en los buques y demás servicios, con grave peligro de su vida, si se comprende, por su nación130.

130

MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 215-217. 110

Este texto es clave para entender la actuación de José Gálvez. Demuestra palpablemente algo que ya era evidente para el presidente del Consejo de Indias. No había ninguna duda en todas sus actuaciones posteriores porque era plenamente conocedor de la existencia de tales atribuciones depositadas en los capitanes generales y que él mismo se había encargado de ratificar. El propio Cagigal se encargó de refrescarle la memoria. Tampoco se puede hablar de desconocimiento en los funcionarios de la Intendencia, muchos de los cuales habían tratado con casos semejantes y se habían visto envuelto en similares hechos en fechas bien recientes. En ninguno de los documentos del proceso abierto por el oidor Uruñuela, ni en las sucesivas reales órdenes de Gálvez, consta para nada la existencia de tales atribuciones de los capitanes generales, aunque uno de los implicados, Miguel Antonio Herrera, hará referencia a ellas. Con ello se puede apreciar que el procedimiento de raíz partía de un interés oculto, que explica el porqué de desvincular a Cagigal de los autos para que no se defendiese con toda la artillería que le proporcionaban los privilegios concedidos a la máxima autoridad militar de Cuba para actuar de esa forma, con la presentación incluso de sentencias coetáneas adoptadas por el propio Gálvez. Evadirlos de los autos fue sin duda una opción interesada. No obstante, lo mismo podemos decir de la documentación obtenida por Miranda en Jamaica. De ella no se habla para nada en los autos y en las reales órdenes a pesar de que fue utilizada, como hemos visto, desde el primer momento por su sobrino. Tanto él como el mismo Saavedra emplearon sus planos y se felicitaron por su exactitud, hasta el punto que el mismo Bernardo, haciendo caso omiso de las reales órdenes que él conocía y que lo apremiaban a detenerlo, le «sacó el jugo» y sólo procedió a ello después de extraerle toda la información y de servirse de su conocimiento para completar todos los perfiles 111

de los planos valiéndose de expertos en topografía. Fue precisamente el ridículo que le proporcionó en la conquista de Providencia lo que acentuó aún más su cólera y le llevó a decidirse finalmente por eliminarlo de la escena. José de Gálvez recibió puntual noticia de todos los informes militares que el caraqueño conservó en su archivo personal131. Es sorprendente que para nada se valore esa contribución en los autos de Uruñuela, que se contentan por un lado, como hemos visto, a contestar a las reales órdenes, disgregando el proceso en el asunto Campbell, por un lado, y en un simple delito de contrabando, por otro, sin entrar para nada en los objetivos reales de la expedición. No interesaba sin duda porque no comulgaba con el argumento fundamental de la causa, que era precisamente que el caraqueño actuaba como un agente al servicio británico por su carácter de «entusiasta». Precisamente en la Real Orden de 11 de marzo de 1781 se le reconviene por firmar un canje ilegal. En su informe Cagigal no deja lugar a dudas de los méritos de Miranda en su misión secreta. Por ello pormenoriza detenidamente todos y cada uno de sus logros, lo que reproducimos para que se pueda apreciar la riqueza, el valor y exactitud de la documentación proporcionada por el venezolano. Para ello señala que conviene saber que dicho oficial, sin contar con los trabajos y fatigas de un canje copiosísimo, trajo entre los papeles y noticias lo primero un estado de las tropas regladas de milicias, negros, caballería, asémilas, planos mayores y menores con distancias y otras circunstancias individuales. Lo segundo, una lista muy menuda de las fuerzas marítimas que los ingleses esperaban entrar, de las que a la sazón tenían en el puerto y fuera de él, con 131

MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 187-193. 112

expresión del nombre de cada navío, el de su comandante, sus portes respectivos, su artillería, sin olvidar el número de corsarios participantes. Lo tercero, otro plano topográfico muy individual de toda la isla, sus costas, lugares, partidos, caminos habilitados y todo cuanto hay en ellas digno de atención para el caso. Lo cuarto, otro particular de las bahías de el Puerto Real y Kingston, puertos principales de Jamaica, con todas sus cercanías, entradas, fondos, fortificaciones que las guardan, dominación de ellas, artillería directa de sus fuegos, dotaciones, situación, altura, caminos cubiertos, plazas de desembarco y clara y menuda explicación de todo. Lo quinto otro asimismo especial del Puerto Antonio, al norte de la isla, segundo en la estimación de los ingleses, porque en él unen todas sus flotar para navegar a este oeste por el pasaje de barlovento, sus bahías, entradas, fuertes y artillería, sus aguadas y población y su seguridad y ventajas particulares, la reunión de escuadras con su cercanía al importante puerto de Santiago de Cuba y bahía de Guantánamo, situada a cuarenta leguas de travesía, que se hace en una noche y que aún es menos respecto de la parte occidental de la isla Española , Cabo de tiburón , muelle de San Nicolás e isla de Vacas, cuyos barloventos, facilitan su navegación, pudiendo dar abrigo seguro a las armadas más numerosas y facilitar la abundantísima y cómoda porción de aguas y leña. Y sexto una tabla sacada por los observaciones constantes de ocho años hechas en Spanishtown de los vientos que reinan siempre allí y de las lluvias que caen periódicamente con distinción de los meses y aun de los días que ocurren132. 132

A.H.N. Consejos. Leg. 20878. 113

No se contentó con ello Miranda, sino que recogió asimismo libros, papeles, conocimientos y observaciones útiles sobre el asunto. Por último, «bajo la condición de que pareciese conveniente al Gobierno español, dejó apalabrado y dispuesto con neutrales dinamarqueses y con los dueños de los efectos el modo de traer y comprar tres o cuatro fragatas cosarias de buena calidad de 20 a 30 cañones». Se planteaba el transporte de provisiones de lonas, jarchas y pertrechos navales, redimidos a precios cómodos. De esa forma se financiaría la restitución a su trabajo de «un gran número de negros nuestros católicos cautivos que no habían entrado en el canje, cuyos clamores hacían muy respetables las leyes de la humanidad y la religión». Se trataba de negros esclavos cristianizados presos en Omoa y costas de Nicaragua. Finalmente, se proponía con ello también «el rescate de una grande cantidad de azoques que los ingleses nos han apresado» que escaseaban en México y «cuyos tenedores estaban prontos a concluir el tratado con equidad»133. Todas esas observaciones demuestran una medida estrategia por parte de Miranda, no sólo por la información obtenida, que era tan sólida y de tal valor que fue inmediatamente «capturada» por Bernardo de Gálvez, sino para posibilitar intercambios y canjes esenciales para España y que no contemplaba el acuerdo suscrito. Por eso propone a la Corona la adopción de nuevos acuerdos que permitiesen zanjar los flecos que quedaron pendientes en la negociación y que podían ser de gran utilidad para el país. En ese sentido van encaminadas sus proposiciones para posibilitar de un lado el suministro barato de barcos y pertrechos necesarios para el corso a través de su transporte en buques neutrales daneses, y por otro el rescate de 133

Ibídem.

114

los esclavos presos y los materiales retenidos y capturados por los ingleses, que eran vitales para la minería mexicana, como el mercurio, y cuyo suministro la guerra había paralizado o encarecido y escaseado extraordinariamente. Téngase en cuenta al respecto que sólo eran ideas que solicitaba su adopción a la Corona. Tan bien engarzadas estaban y de tanta utilidad fueron que para nada se habla en todo el proceso sobre la contribución del caraqueño. Es más, significativamente, se oculta en todo momento en el juicio desarrollado por Uruñuela, interesados como estaban en convertir su viaje a Jamaica en un gigantesco fraude de contrabando. Con precisión Cagigal prosigue su exposición. Pausadamente desgrana el caudal de información proporcionado por el caraqueño. Además de los objetivos reseñados, aporta recomendaciones para la promoción de invenciones útiles para el comercio, la agricultura y la economía pública. En este punto aparece una vez más no sólo su formación militar, matemática y topográfica, que le permitió, junto con su dominio del inglés, obtener una documentación de primer orden para una hipotética invasión de Jamaica, sino se vislumbra también el ilustrado, cuyas impresiones y experiencias adquiridas le impulsar a proyectar reformas en todos los órdenes. Ese torrente de noticias acumulado, reconoce él mismo que no puede justificarlo por consistir en libros, manuscritos y apuntes que él se llevó, se perdieron en diversos accidentes o se los «llevaría consigo en su fuga»134. En el extracto de sus servicios da cuenta de que concierne entre otros asuntos a «las simientes de algunas hierbas y granos de pasto de que se sirven en Jamaica los ingleses con muchas ventajas, deseoso de proporcionar por este medio el fomento de la cría de ganado en esta Isla, que 134

Ibídem. 115

se halla en grave decadencia y es tan indispensable para la manutención del ejército y escuadras, así como para sostener su agricultura y población»135. Se conserva en el archivo personal de Miranda la numerosa relación de libros adquiridos por él en esa isla, que son un fehaciente testimonio de su interés y formación. Muchos de ellos son textos de primera línea de la Ilustración británica, como las obras de Johnson, Hume, Goldsmith, Burke, algunas traducciones de los regalistas franceses, como la obra de Bossuet, textos masónicos, diccionarios, obras de historia, libros sobre formación militar, algunas novelas y lo que él llama en su catálogo «una larga historia de Jamaica»136. Cagigal destacó el mérito del caraqueño al obtener esa obra, que proporcionaba datos de gran valor sobre esa isla. Se trataba de History of Jamaica de Edward Long (1734-1813), impresa en Londres en 1774. Su autor era un blanco con intereses en el Caribe, que intentaba mantener una perspectiva local, aunque su etnocentrismo superaba su objetividad. Su concepción de sociedad libre, como la de Thomas Jefferson, no incluía a los esclavos137. Aunque no había nacido en esa próspera colonia, fue miembro de una rica e influyente familia conectada con ella desde los primeros tiempos de su ocupación. Nunca fue completamente criollo en su análisis. Sin embargo, ello no le impidió tener una visión crítica de esa sociedad. Había viajado extensamente por el mundo. Por esa razón se consideraba superior frente a los blancos insulares. A menudo se mostraba crítico con la manera de ser de los criollos. Habló con sarcasmo de sus extravagancias, con desaprobación de su desaprovechada MIRANDA, F., op. cit., tomo II, p. 229. Ibídem, tomo II, pp. 161-164. 137 KNIGHT, F. W.: «El Caribe en la época de la Ilustración (1788-1837)», en PIQUERAS, J. A. (ed.): Las Antillas en la era de las Luces y la Revolución, Madrid, 2005, p. 18. 135 136

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gestión agrícola y con impaciencia de los abusos tolerados por el gobierno. Quería que se desarrollaran reformas que estimularan su cambio. Como él mismo señaló en su prólogo, su intención fue dar una competente información de los establecimientos civiles y militares y el estado de Jamaica en todo lo referente a su agricultura, clima, ríos, suelos, etc., sobre el carácter de sus habitantes y en especial sobre sus esclavos negros. De ahí que fuera calificado como peligroso para los británicos por el cubano. Su obra no es sólo una fuente de información, sino un estudio sobre el desarrollo de la isla, su historia administrativa y la evolución de su sistema social. Como reseña Elsa V. Goveia, es un verdadero acontecimiento en la historiografía sobre el Caribe británico. Una de las más agrias condenas de la corrupción oficial y de la ineficiencia de su burocracia. Si bien, como los americanos, entraba en contradicción su defensa de la libertad política con la coexistencia de la esclavitud. No la abominaba y restringía los derechos a los hombres libres138. Todo ello se acredita con las copias presentadas por su parte en enero de 1782 al intendente y al comisionado de la Armada y las respuestas que éstos le dieron. Señaló que ambas autoridades de Hacienda y Marina despreciaron las previsiones de compra de fragatas y de pertrechos navales, el rescate de negros y de azogues, «cuyos originales no exhibo por haber extraviado, como otros muchos, en su viaje y desgracias y protesto hacerlo siempre que parezcan». Por tal resistencia nada tuvo eficacia, prescindiendo de que las razones fueran buenas o malas. Refirió que podría preguntarse sobre ello al comisionado de Marina ya que se encontraba vivo por aquel entonces.

138 GOVEIA, E. V.: A study of the historiography of the british West Indies to the end of the Nineteenth Century, Washington, 1980, pp. 53-61.

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Podría además aportar los informes originales, «si los conserva». Toda esa documentación haría ver la previsión, riesgos y merecimientos del oficial, que no hizo más que promover y dejar preparado lo ejecutado de sus proyectos para el caso de que el Gobierno los tuviese por útiles, en los cuales sólo se expuso gravísimamente, cuando más no fuese por las confianzas que debió entablar y los muchos tratados que debió hacer con un grande número de personas139. Sobre los planos topográficos y noticias, precisó que copias de ellos fueron remitidas por la vía reservada, debiéndose conservarse en el Consejo. Las otras con motivo de la pronta salida que hizo de Madrid la viuda de Bernardo Gálvez se hallaron también ente los papeles de este general y por mano del señor Francisco de Saavedra, ministro vivo del Superior Consejo de la Guerra se trasladaron al mismo ministerio. Sin embargo, a pesar de su mucho valor, no pudo acceder a ellos pese a la instancia de su parte y el oficio del Consejo, pues el Rey «tiene negado el franquear muchos de los papeles reservados». Por tal motivo recurrió a su juramento para que se viera que era cierto lo que decía, aunque planeó que seguiría insistiendo en la solicitud de tales documentos a las vías reservadas. No obstante, manifestó que entre sus papeles había podido hallar dos ejemplares de los dos primeros planos, los cuales exhibió y juró «haberse sacado, puesto en limpio y copiado por 139

A.H.N. Consejos. Leg. 20878. 118

los mismos originales del autor de ellos». Ya hemos recogido los testimonios anteriores de Gálvez y del mismo Saavedra que ratifican lo dicho por el cubano140.

La acusación de contrabando Ya pudimos ver cómo la amenaza sobre Miranda como contrabandista se cernía desde su misma salida desde aguas habaneras, cómo se mostró abiertamente desde su escala forzosa en el puerto de Trinidad. El 13 de diciembre regresó a la Perla de las Antillas. Desembarcó discretamente en el surgidero de Batabanó con tres embarcaciones ligeras. Desde él se apresuró en dar a conocer al general Cagigal sus logros. Llevaba a bordo 130 prisioneros y un ejemplar autorizado del cartel convenido en Jamaica. Amparándose en los privilegios especiales concedidos al capitán general, el británico Felipe Alwood ha traído lienzos de hilo y objetos de loza por valor de unos seis u ocho mil pesos en compensación de su indispensable ayuda y su financiación. Si recibió su autorización serían desembarcadas y agregadas a su equipaje para ser conducidas a La Habana con el mayor sigilo bajo la protección de la escolta y del pasaporte del comisionado. La máxima autoridad militar lo asintió y le ordenó que tratase de desvanecer toda sospecha de contrabando conduciéndola con la debida precaución hasta las propias puertas de la ciudad, donde él daría las correspondientes órdenes para su libre entrada y franqueo. Tras concedérsele esa autorización, su equipaje y mercancías, compuestos por seis baúles y un barril, fueron transportados en tres carretas bajo la protección de dos soldados y de los tres sirvientes del caraqueño. Sin embargo, se vieron sorprendidos en el camino por empleados del resguardo montados de rentas que recibían instrucciones reservadas del intendente 140

Ibídem. 119

Urriza, que detuvieron su marcha. A pesar de sus protestas, prendieron a los sirvientes y le faltaron al respeto y a la consideración al edecán del capitán general. El gobernador, indignado por lo sucedido, de lo que le había dado cuenta Miranda, no vaciló en dirigirse el 15 de diciembre a Urriza confesándole sin ambages la verdad de las cosas, pidiéndole que se tramitara el hecho fundamentado en las reglas extraordinarias que el Rey le había concedido y de las que se hacía un uso discrecional y debido141. Se negó a que los bultos fueran conducidos a la aduana, pero admitió que ellos dos los sometieran a una rigurosa inspección en un paraje discreto, extramuros de la ciudad. El intendente, por su réplica de ese mismo día, se escudó en la ordenanza y le recordó que el reconocimiento del equipaje debía hacerse en las dependencias de la Aduana por sus funcionarios y en presencia de los hombres del resguardo que los tomaron. Sostuvo que «cualquier innovación en esto sería perjudicial a mi opinión, que su amistad no quede vulnerada por condescendencia de ella, y sería hacer el asunto más ruidoso, exponiéndonos todos más»142. Ante esa disyuntiva radical, el capitán general ordenó su depósito en un cuarto separado del castillo de la Punta, a la vista de algunos de los empleados del intendente, siéndole llevadas a él las llaves del local. El gobernador le convidó a reconocer su contenido y a colocar en el depósito llaves y cerradura nuevas. Sin embargo, la máxima autoridad de Hacienda insular se consideró burlada y lo acusó de haber embarazado en la puerta de la muralla la entrada en la ciudad de los bultos. Cagigal examinó por sí mismo los equipajes en presencia del administrador de rentas Raimundo de Onís y del vista de aduana 141 142

MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 196-197. Ibídem, tomo II, p. 196. 120

José de Andrade, a quienes había convocado expresamente. El escribano del gobierno, Ignacio de Ayala, tomó nota detallada de los papeles, libros, documentos y ropa de sus baúles. Las mercaderías de Alwood, consistentes en lo señalado por su edecán, le fueron entregadas. Unos días después fueron conducidas a La Habana, traídas por mar desde Batabanó, las cajas de loza. Evaluadas, dieron la suma total en ambas partidas de unos 9.400 pesos. Sin embargo, esas fabulosas cifras de piezas de contrabando que supuestamente contenían los baúles no aparecían por ninguna parte. No obstante, se elaboró en la Corte a partir de esa hipotética escandalosa introducción, una nueva Real Orden con los pliegos de cargo, redactados por Urriza y conducidos a Madrid por su secretario Juan Patiño. Este último había salido de La Habana el 27 de diciembre de 1781, siendo apresado el 8 de febrero de 1782 por un corsario. Al ser desembarcado en Lisboa, desde la capital portuguesa, partió hacia la capital del Reino, a donde llegó el 28. Con la misma rapidez con que con anterioridad se había emitido la grave acusación a Miranda, se formuló otra nueva y se animó al intendente a proseguir con la prosecución de ese negocio. Una Real Orden de 11 de marzo de 1782 participaba la llegada a la Corte de Patiño. Relató todos los pormenores contenidos en el pliego que portaba, que se vio obligado a arrojar al agua antes de su apresamiento. Sólo con el testimonio tomó ese día las resoluciones convenientes para impedir que en lo sucesivo vuelvan a representarse en esa plaza unas escenas tan escandalosas a sus habitantes y tan contrarias al buen orden y régimen que debe observarse en cualquier ciudad culta, aun prescindiendo del interés de la Real Hacienda.

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Reconoció el celo del intendente y sus «acertadas providencias» tomadas «para justificar y contener el mal proceder de Miranda y de su protector el capitán general», por lo que debía proceder en la averiguación de tales fraudes, «guardando una inviolable reserva hasta tanto que puedan reducirse a efecto las providencias que ha acordado». El 17 de mayo otra Real Orden aprobó la respuesta que el intendente dio al oficio que le pasó Cagigal sobre las tres negociaciones entabladas en Jamaica por su edecán referentes a los azogues, los negros y los efectos navales de una fragata francesa apresada en la costa de África143. Mientras tanto, Cagigal le había escrito sobre el asunto el 22 de enero de 1782 a José de Gálvez. En su informe le relató detalladamente lo sucedido. Sostenía que por el exceso con que los ministros de rentas ocuparon los carros en las inmediaciones de Batabanó, menospreciando mi pasaporte, ultrajando a los soldados de salvaguardia, faltando el respeto del oficial y deteniendo a los barcos e ingleses que los mandaban. La inspección demostró que era una negociación de sólo 8.136 pesos a la vista de los mismos dependientes de rentas. Con ello se desvaneció la calumnia de aquellas alhajas preciosas, considerables cantidades y contrabandos que escandalizaron en el sistema vulgar esta ciudad e Isla y la de Jamaica; porque lo que verdaderamente merece valor y estimación son los tres buques, a que, por destinados a real servicio, no acomoda el apodo144 . 143 144

Reprod. en PÉREZ CABRERA, J. M., op. cit., pp. 39-41. MIRANDA, F., op. cit., tomo II, pp. 222-223. 122

José de Gálvez para nada tuvo en cuenta lo relatado por Cagigal en la emisión de esas reales órdenes, ni tan siquiera la existencia de tales privilegios concedidos a los capitanes generales, que él mismo, como hemos visto, en fechas coetáneas y en casos similares había ratificado. Estaba claro que había una nítida voluntad para proceder contra Miranda y «su protector el capitán general», tal y como reza el mismo Gálvez en la Real Orden comunicada el 11 de marzo de 1782 al intendente habanero. En ese mismo día otra disposición regia ordenó al capitán general el inmediato arresto del caraqueño en la prisión de La Cabaña, privándole de toda comunicación y del uso de la escritura. Simultáneamente, un oficio del presidente del Consejo de Indias le comunicó la desaprobación de la comisión de Miranda. En él volvió a utilizar el mismo sorprendente conducto británico, la gaceta jamaicana, para argumentar que con la gruesa suma de dinero en moneda efectiva y letras de cambio que transportó a Jamaica con el aparente objeto de socorrer los prisioneros (lo que no ejecutó) y con el verdadero designio de emplearlas (como lo practicó) en muchos géneros comerciables para transportar a esa Isla en diferentes flagatrises, introducirlos clandestinamente y expenderlos en ella, a pesar de las severas prohibiciones que hay para hacer semejante negociación y del interés de esos vasallos, igualmente que de la Real Hacienda. Fueron, sin embargo los testimonios de «algunas personas fidedignas de conocida probidad y celo», los que le notificaron las medidas adoptadas por el intendente para frustrarlo, que

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V.E., por su parte, se empeñó y consiguió frustrarlas, moviendo una ruidosa competencia con aquel ministro, facilitando entre tanto la introducción y expendio del contrabando y procediendo contra las personas legítimamente comisionadas para su aprehensión145. Le reconvino que «desaprueba altamente su conducta», porque «ninguna ley, ninguna ordenanza, ninguna orden, ninguna razón» le autorizaba a no ser conducidos por la aduana incluso los papeles de importancia. Nada podía «coartar las facultades propias del intendente», por lo que le acusa de ser «violento y contrario a las reales intenciones». Sin embargo, se reserva tomar las providencias oportunas «cuando se halle informado por las vías regulares y tenga pruebas bien contextuadas de tan escandalosos procedimientos»146. Éste es un testimonio contundente de su proceder en este asunto, primero al obviar la existencia de reales órdenes que privilegiaban los procedimientos de Cagigal, de las que estaba perfectamente informado, y en segundo lugar, de las vías que él mismo declaró como irregulares (gaceta británica y personas fidedignas) a través de las que se valía para sentenciar la detención de Miranda y la reprobación de Cagigal. A éste último, no obstante, lo eliminó como inculpado en el proceso, tal y como vimos había acontecido en el asunto Campbell y en el que veremos posteriormente. El intendente Juan Antonio de Urriza, originario de Santisteban (Navarra) y pariente del cuñado de Miranda Francisco de Arrieta, fue «premiado» con la continuidad en el cargo que detentaba desde 1776 hasta el año del fallecimiento de José 145 146

Ibídem, tomo II, pp. 274-276. Ibídem, tomo II, p. 276. 124

Gálvez. Asimismo, fue reconocido el 29 de septiembre de 1781 con los honores de ministro de capa y espada en el Consejo de Indias, cargo que hizo efectivo una década después, el 18 de diciembre de 1791, cuando fue nombrado ministro supernumerario de capa y espada. Tomó posesión de ese empleo el 2 de enero de 1792 y lo sirvió hasta su muerte el 14 de diciembre de ese año147, lo que le convirtió, como veremos, en un nuevo obstáculo para Cagigal en su lucha por ver allanada una sentencia favorable a su causa en ese organismo. La defunción de José de Gálvez en 1787 parece que actuó como un factor decisivo en el hecho de que se evaporase «la inmunidad» con la que éste le amparaba, hasta el punto de que se vio implicado precisamente en un caso de contrabando de graves proporciones en la Guerra de las Trece Colonias, el mismo cargo en el que inculpó a Miranda, le llevó a su cese. Antes de arribar a La Habana había sido empleado de la Real Hacienda en Cartagena y cónsul español en Burdeos. En América había sido funcionario de las de Campeche. Guatemala, Nueva Orleans y Providencia. En la capital cubana fue comisionario ordenador de marina y administrador general de rentas. Al fallecer el segundo intendente, su paisano Nicolás José Rapún, le sustituyó primero interinamente y después en propiedad por Real Orden de 15 de mayo de 1776. En 1786 Gálvez requirió mediante una orden muy reservada al por entonces gobernador de la isla, José de Ezpeleta, que había sido envuelto por él en la acusación de contrabandista en Jamaica, la apertura de una información sobre una denuncia anónima de un fraude millonario durante la última guerra. La misiva procedía del entorno del administrador general de rentas 147 BURKHOLDER, M. A.: Biographical Dictionary of Counciliors of the Indies, 1717-1808, Wesport, 1986, p. 126.

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Raimundo de Onís y se había elaborado entre finales de 1785 y comienzos de 1786. Influenciado por colaboradores suyos postergados por Urriza, tenía muy buenas relaciones con el círculo de Floridablanca. Como consecuencia de todo ello, se decidió enviar al oidor de México, José Pablo Valiente, con poderes especiales para averiguar su certeza. Se detuvo al asesor de la Intendencia, Diego Miguel de Moya, lo que contribuyó a agobiar al navarro, que dirigió a Gálvez una carta en la que le recordaba el ataque de apoplejía sufrido dos años antes y le pedía su renuncia. Pasó más de un año antes de recibir contestación, tiempo este en que residió fuera de La Habana, entre los baños de Madruga y la hacienda de un comerciante amigo, todo ello para evitar su humillación. El presidente del Consejo le ordenó a fines de 1786 su relevo y regreso a España, pero advirtiéndole que podía estar tranquilo respecto a las denuncias vertidas contra él. En mayo de 1787, Valiente se hizo cargo de la Intendencia de forma interina. Urriza regresó a la Península en agosto, donde se enteró del fallecimiento de su protector. Solicitó una plaza en el Consejo, sosteniéndose hasta entonces con la mitad de su sueldo, que alcanzó, como señalamos antes, a fines de 1791, tras su declaración de inocencia. Aunque quedaba exculpado, sin embargo la cantidad defraudada superaba los dos millones doscientos mil pesos. El nuevo intendente se mostraba, sin embargo, convencido de que tal operación habría sido imposible sin su anuencia implícita o explícita148. Ezpeleta en un primer momento confirmó la existencia del fraude, pero se esforzó todo lo que pudo en exculpar a Urriza, 148 AMORES MOHEDANO, J. B.: «Juan Ignacio de Urriza y la intendencia de La Habana (1776-1787)», en ESCOBEDO, R., ZABALLA, A. y ÁLVAREZ GILA, O. (eds.): Euskal Herría y el Nuevo Mundo. La contribución de los vascos a la formación de las Américas, Vitoria, 1996, pp. 227-247.

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consciente de la confianza depositada en él por el marqués de Sonora. Mas, una vez fallecido éste, depuso frente al ministro canario Antonio Porlier lo que nunca se hubiera atrevido en vida de aquél. Atribuyó tales desórdenes a la total independencia del intendente en la dirección de la Real Hacienda. Las pesquisas del nuevo jefe de rentas interino José Pablo Valiente en 1787 cuestionaron su trabajo al frente de ese organismo durante más de once años149.

El proceso del oidor Uruñuela sobre contrabando Habíamos visto con anterioridad cómo José Gálvez, por la Real Orden de 18 de marzo de 1782, había comisionado al oidor Juan Antonio de Uruñuela para que investigase separadamente la visita de Campbell a las fortalezas de La Habana y lo referente al contrabando, todo ello excluyendo de los autos a Cagigal. En lo concerniente a esto último, el malagueño sostuvo que la máxima autoridad militar cubana había comisionado a Francisco de Miranda para que pasase a la isla de Jamaica con el aparente pretexto de arreglar un convenio o cartel de canje recíproco de los prisioneros de guerra detenidos en las islas de Cuba y Jamaica, pero [en] realidad con otros designios, como lo denota el haber llevado consigo crecidas sumas de dinero en moneda efectiva y letras de cambio.

149 AMORES MOHEDANO, J. B.: Cuba en la época de Ezpeleta. (1785-1790), Pamplona, 2000, pp. 302-304.

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Tras la conclusión del convenio, «contra lo expresamente prevenido en mis Reales Cédulas», amparándose sobre un punto que había persistido el anterior gobernador de La Habana don Diego José Navarro y cuya resolución pertenecía únicamente a mi real soberanía, fue empleando los caudales que llevaba en grandes surtidos de géneros con el objeto de introducirlos en la isla de Cuba en embarcaciones particulares para hacer en ella un trato ilícito reprobable y severamente prohibido a toda clase de personas y abusando escandalosamente de la autoridad que yo le tenía confiada parece que empleó el brazo militar destinado a la defensa de la isla y de mis reales órdenes y a la protección de sus súbditos en frustrar enteramente la providencia de aquel ministerio con desaire de la jurisdicción, dio lugar a la introducción y exposición del contrabando y a la impunidad del grave delito150. Hizo que «la propia casa de gobierno fuera el asilo del fraude y aún se adelantó a proceder contra las personas legítimamente comisionadas para la aprehensión del mismo», por lo que se formalizaron autos que pendían en el tribunal de la Intendencia. La comisión tenía como objetivo la reparación de tales excesos y atentados por la ofensa hecha a «la parte de mi Real Autoridad depositada en mi intendente de Ejército y de Real Hacienda»151. En la concesión de esta comisión se puede apreciar cómo José Gálvez «olvida» el éxito de la misión secreta mirandina, del que tenía perfecto conocimiento y de la que su 150 A.H.N. Consejos. Leg. 20.881. Sumaria de Juan Antonio Uruñuela sobre el contrabando de Miranda en Jamaica. 151 Ibídem.

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sobrino se había aprovechado para una prevista invasión de Jamaica, convierte esta expedición en un simple negocio de contrabando bajo el pretexto de un cartel. Además se encuentra en esa resolución dos hechos sorprendentes que reafirman una vez más su parcialidad: en primer lugar, el capital abultado que conduce, cuya única fuente es la Gaceta de Jamaica, teniendo en su mano toda la documentación al respecto proporcionada por Cagigal y por la Intendencia, y en segundo lugar una difamación que sabía que era falsa: que Miranda no proporcionó fondos para la subsistencia de los prisioneros, cuando en las cuentas presentadas se dio puntual relación de los gastos. El fiscal encargado de la sumaria fue José Barea, que era «el menos antiguo» de la Real Hacienda en La Habana, lo cual demostraba su evidente parcialidad de los autos al ser parte implicada. Sobre él, Cagigal, en su escrito de 4 de diciembre de 1788, diría que «deseaba una colocación y creía que podría servirle de algún mérito para ella la justa o injusta acriminación»152. Por su informe, fechado en La Habana el 10 de noviembre de 1783, estableció los siguientes cargos contra un capitán general que curiosamente no podía ser juzgado, ni tener derecho a defensa. Afirmó que «va a repetir en este punto lo que siente por lo delicado de la materia», al recaer el mérito principal en un gobernante que por su cargo de jefe de la isla no debió de franquear sus puertos en un tiempo tan crítico como el de la próxima pasada guerra para que se estableciese en ella un comercio reputado por las leyes fraude del reino en detrimento manifiesto del de nuestra nación, se abusase de las banderas 152 A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Escrito de Juan Antonio Cagigal de 4 de julio de 1798 sobre la conclusión del proceso judicial sobre contrabando.

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parlamentarias en desdoro de las leyes de guerra, se valiese de la autoridad de las armas con escándalo del señor intendente, engañándolo oficios aparentes del real servicio para atropellarle del resguardo y poner en rigurosísima prisión a dos de los principales cabos del servicio, ser inobediente a las órdenes del soberano y finalmente proteger la fuga de su mismo edecán, que éste con su consentimiento desertándose del ejército pase las Provincias Unidas de la América inglesa. Éstos eran, en esencia, sus cargos, que le llevaron «mal aconsejado por su edecán Miranda y nada cauto». La expedición a Jamaica en lo aparente sonaba para negociar el canje de prisioneros, pero en calidad no era éste el objeto primero de su envío, sino el de comerciar con los caudales que preparó y dejar establecida una negociación mercantil que fuese capaz de producir riquezas mientras dirigiese el gobierno, aunque por otro lado pereciese el giro de nuestro comercio153. Todo ello explica la razón de la salida de Miranda con precipitación desde el surgidero de Batabanó en la goleta Nuestra Señora del Rosario con calidad de parlamentaria. En ella marchó con 21.000 pesos en moneda, sin guías y sin conocimiento del intendente, pudiendo llevar tal vez lo restante hasta completar los 40.000 en letras de cambio que publicó la Gaceta de Kingston en septiembre de 1781, sobre cuya cifra hizo defensa en el almirantazgo para su devolución por ser declarada mala pieza. Sostenía que cuando Cagigal le solicitó los 4.000 pesos al intendente para 153

A.H.N. Consejos. Ibídem. 130

su habilitación, nada le dijo sobre sus fines, ni del restante caudal que llevaba clandestinamente, ni menos indicó sus designios y que, para facilitar el éxito de la comisión reservada en Jamaica le era necesario a su edecán valerse de los medios de comercio como paso propicio a exponer las confianzas de aquel gobierno, desenvolver las interioridades del enemigo e instruirse de lo que fuese conducente a las operaciones de nuestra Corte, como lo había practicado con este jefe, Diego José Navarro. El conocimiento de lo acontecido con la balandra de José Nieto en Trinidad fue el móvil que le llevó al capitán general a prevenirle al caraqueño a resistirse con la fuerza de las armas, que no guardase fuero el corsario, aunque fuera de guerra, que pasase a bordo y pusiese al capitán y a su tripulación en arresto, lo remitiese sin pérdida de tiempo a su disposición y que hiciese lo mismo con el comandante de los guardacostas o ministro de matrícula si deliberase oponerse154. Interpretó el fiscal que la conjunción de todos estos pasos demostraban que su objeto fue sólo el de servir de «instrumento para el comercio clandestino en que Miranda iba a llenar los senos de su avaricia». Planteó que «éste es el lugar en que no podrá descenderse con naturalidad a los posteriores lances ocurridos con la intendencia en orden a los flagatrises y al contrabando de las tres carretas». Todos los lances posteriores se justificaban en ello. Por ese motivo se empeñó el general en 154

Ibídem. 131

proteger a las carretas para «que no se malograse», originando resoluciones que, «puestas en ejecución después resultaron violentos atentados y en desaire del ministerio». Lo mismo cabe decir de la retención de los carros al llegar a la puerta de la tierra para su aprehensión en el castillo de la Punta, «cuyo suceso escandaloso por su naturaleza, se hizo más por la multitud de gentes que ocurría a aquel paraje a verlas, no conversando de otra cosa que la tropelía hecha a la intendencia»155. Ante el carácter escandaloso de tales hechos, entendió que el capitán general se vio arrinconado y no le quedó otro arbitrio para ocultar el contenido y satisfacer al intendente con algún género de apariencia que le dejase en quietud que pretextarle en oficio de la misma fecha que inmediatamente le pasó, que, habiendo formado aquella provisión porque los guardias, entre otros equipajes que se conducían de Jamaica, había retenido los de su edecán y que trayendo en el suyo varios papeles de asuntos reservados del Estado que sólo debían revelarse a Su Majestad, no era regular pasasen a otro destino. Concluyó, como ya sabemos, que los dos lo viesen en esa fortaleza. La respuesta del intendente fue que sólo estaría dispuesto si fuera en la Aduana, «lugar que el Rey destinaba para custodiar los contrabandos y que se haría el examen con tal sigilo y reserva en una de los alas de aquella oficina». Allí se podrían llevar los papeles y dejarían los demás objetos en sus manos, «pues no respondía en la integridad de lo aprehendido, ni en sus resultas». La respuesta del gobernador fue tan sucinta que no pasó de otro renglón que éste: «Quedo advertido del oficio 155

Ibídem. 132

de V.S. de este día y de su resistencia»; posteriormente se hizo inventario de todas las piezas depositadas en las bóvedas del castillo «para poder acreditar en todo tiempo las que habían aprendido en las tres carretas»156. Barea argumentó que en ese inventario se hizo «aparentando que los doce de ellos pertenecían al capitán Miranda como su equipaje». Los muebles eran de Felipe Alwood, aunque por entonces sólo se identificaron por sus iniciales. El fiscal no se explicaba cómo se podía calificar tales bienes como del real servicio cuando tres meses después, por oficio a la Intendencia, solicitó Miranda su venta. Lo mismo puntualizaba sobre la negativa de fondear los Tres Amigos y el Puerco Espín por su calidad de flagatrises y la aparente contradicción de su edecán en el mismo oficio de haberlos traído en este puerto a asuntos del real servicio, «como es que don Francisco de Miranda los vendió después a don Jaime Bolix con los tres negros que condujo en 12.660 pesos por escritura de 17 de abril de 1782»157. Aseveró que los cargos contra Cagigal eran mayores «por la inobediencia a los preceptos respetables de su soberano», que le ordenaban «pusiese en segura prisión» a su edecán. Sin embargo se descubrió que en vez de aplicarlo «abrigó su fuga y dio lugar a que, malicioso o lleno de sospechas, la emprendiese a las Provincias Unidas de América». En ellas indagaba «el modo más propicio y conveniente de introducirse en Nueva York por el influjo del mencionado inglés don Felipe, de quien pretendió las correspondientes cartas para sus amigos». Por todo ello concluyó su alegato que toda esa trama tenía como objetivo impedir

156 157

Ibídem. Ibídem. 133

que se conozca a toda luz la complicidad de este general por protector de los graves crímenes de su edecán, por auxiliador del contrabando que condujo en los flagatrises, por contraventor a las leyes fundamentales del reino, que lo prohíben, porque franqueó la puerta de la Isla al comercio con la Jamaica que si en estos tiempos está vedada, con más razón en el de guerra, por favorecer al comerciante inglés don Felipe Alwood, que vino de aquella colonia con Miranda no sólo con el interés que tenía en el mismo contrabando, sino para entablar una general negociación, como se ha descubierto de sus papeles con perjuicio del comercio nacional y del Estado, por haberse valido de las armas para ajar la autoridad del intendente atropellando a sus ministros y sobre todo por haber también protegido la fuga del mismo Miranda en desacato158. El fiscal fue clarificador en su intervención: el capitán general estaba implicado directamente en el negocio de contrabando. Incluso enmascaró uno mayor que se proponía hacer Alwood. El comerciante británico quería aprovechar su estancia en la isla y las conexiones desarrolladas en ella para articular un plan de comercio permanente con Jamaica. Sin embargo, como se podrá apreciar en el proceso definitivo, esos hipotéticos planes y posteriores negociaciones no estaban avalados por la protección y los privilegios en que se amparaba Cagigal, por lo que merecía condena, sin tener en ello ninguna implicación Cagigal que, por otro lado, ni estaba en la isla ni mucho menos tenía ningún poder en ella. Sorprende, sin embargo, que se siga fundamentando la suma del capital conducido sólo en el testimonio de una gaceta y 158

Ibídem. 134

que no se valore en ningún momento ese supuestamente desproporcionado contrabando, que por su propio testimonio velado se puede apreciar que no era tan gigantesco como se había argumentado. De eso eran conscientes hasta los ministros de Hacienda. Las manifestaciones en su diario, de Francisco de Saavedra, a quien precisamente no se le puede acusar de parcialidad hacia Cagigal y mucho menos hacia Miranda, se hacen eco de ello: Sobre avisos que tuvo el intendente de que traía un gran contrabando le hizo observar y, en efecto, el contrabando iba a ser aprehendido. Pero el gobernador Cagigal se apoderó anticipadamente de él, y lo hizo depositar en uno de los fuertes de la plaza. Reclamó el intendente, y después de mil contestaciones picantes quedó en que la real hacienda se fuese a entregar de dicho contrabando. Pero, aunque se había dicho que el valor de este negocio pasaba de 90.000 pesos, no se encontraron sino algunos géneros de corta entidad, que se supuso haber venido para cubrir papeles y planos de gran importancia, que miranda traía para la expedición contra Jamaica y realmente los entregó al Conde de Gálvez159. En cuanto a las pruebas contra Miranda, las conclusiones del fiscal Barea prosiguieron con una similar argumentación a las vertidas contra Cagigal. Asumían el concepto que esos supuestos caudales no sirvieron para ayudar a los prisioneros, sino para invertirlos en contrabando:

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SAAVEDRA, F., op. cit., pp. 187-188. 135

Laudable acción hubiera sido y muy acreedora a un debido precio [los 40.000 pesos para los prisioneros] si hubiera sido cierta en la ejecución, pero, como fue engañosa, luego que se hizo la devolución de los caudales, descubre falsedad [...] No hallaron más que desprecios y frívolas razones que en breves términos se reducían a que los caudales de Su Majestad tenían otra destinación y apenas alcanzaban para los objetos primarios a que habían sido dirigidos160. Sus acusaciones se centran en que Miranda se vio acorralado por los prisioneros que imploraban el remedio «de sus abundantes miserias». Sin embargo, lo que hizo fue atropellar con violencia a Manuel Esteban de Altobe, ministro del navío mercante la Concepción de Terri, al que «con empellones arrojó por las escaleras y su casa y después lo remitió a esta ciudad a disposición del gobierno en calidad de preso». Para él tales procedimientos se encaminaban a «poner en plata la ejecución de sus ideas»161. Unió a sus caudales otra suma considerable, con que lo habilitó el comerciante británico Fitch, que excedía de 19.000 pesos, lo invirtió todo en géneros y efectos de aquella colonia, con sólo la deducción de 7.000 que le costaron los tres buques en los que acomodó su carga, después de haberse surtido en los sus almacenes. Para conseguir la salida sin embarazo, interesó en la empresa a Felipe Alwood, para facilitar el pretexto de que los buques vendrían de parlamentarios y que durante la guerra no servirían al Rey de España contra Gran Bretaña. Para

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A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Ibídem. 136

ello se hizo afianzar en 12.000 pesos. Al disponer el Gobierno el reconocimiento y entrega al caraqueño en correspondencia al servicio que había hecho a Su Majestad, aunque se aforó todo como ellos quisieron, se hizo la entregar prevista, y, por consiguiente se condujo de su orden al almacén que tenía preparado con inmediación a la casa del propio general. En él se dio comienzo públicamente a la venta de géneros y muebles de que estaba compuesto el contrabando, «deduciendo antes las alhajas preciosas que se repartieron a varios individuos». Se hizo después una venta al por mayor al comerciante Fernando Rodríguez Berenguer, que ascendió a 25.478 pesos, con inclusión de cuatro negros bozales. Con el interés pagó la deuda que tenía pendiente con Fitch162. De toda esa trama deriva, según los planteamientos de José Barea, la fuga de Miranda: «¿Qué otra cosa es sino conocer y confesar su grave acto no tener que contestar a estos cargos y escapar de la pena, aun a costa de perder su empleo en el ejército y la naturaleza del reino?»163. Esa simple respuesta al problema parece olvidar todo lo precedente y la causa emprendida contra su jefe, que no tenía en realidad posibilidad de defensa. El juicio incluía también delitos de contrabando imputados a miembros y altos cargos de la administración española que se hallaban presos en Jamaica, como el brigadier José Ezpeleta164, Ibídem. Ibídem. 164 Nacido en Barcelona en 1742 e hijo de padres navarros de origen noble y dedicados a la carrera de las armas. Desembarcó en La Habana en 1779 con el ejército de operaciones comandado por Bernardo de Gálvez, mereció pronto su confianza en la guerra, hasta el punto que fue nombrado gobernador de Mobila entre enero de 1780 y febrero de 1781. Ascendido a brigadier, enlazó con María de la Paz Enrile y Alcedo, hija del hacendado 162 163

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aunque éste quedó exculpado y exonerado de responsabilidad a diferencia de los anteriores, amparado sin duda por su inclusión dentro de la camarilla de los Gálvez, hasta el punto que en 1785 fue premiado con la Capitanía General de La Habana, que ejerció hasta 1790. Se le acusaba de obtener, «bajo la dirección de Felipe Alwood», diferentes objetos suntuarios, entre ellos dos pianos fortes, una exquisita caña de bastón con puño de oro y en él la inscripción de Ezpeleta y un reloj de oro165. Precisamente en el momento de su significativo casamiento con una destacada integrante de la elite habanera se vio envuelto en este proceso junto con otros hacendados y comerciantes, entre ellos su propio suegro. Éste adujo que sólo trajo algunos géneros para la boda de su hija. Viajaba regularmente a Jamaica por ser factor de la Compañía gaditana de negros. La Corona lo había utilizado en 1779-1780 como espía para obtener información sobre la defensa de la isla. En Jerónimo de Enrile tenemos otro caso en el que se ejecutó la célebre Real Orden proporcionada a los capitanes generales cubanos en caso de guerra, lo que demuestra su conocimiento directo por otro de los implicados. habanero Jerónimo Enrile, más tarde primer marqués de Casa Enrile, de ascendencia genovesa. Al regresar temporalmente el malagueño a la Península, lo dejó como su sustituto en el gobierno de la Luisiana, anteponiéndose a otros jefes más antiguos, lo que demuestra la confianza depositada en él. En septiembre de 1783 fue nombrado inspector general de tropas de Nueva España, aunque siguió ejerciendo como capitán general sustituto. Al ser ascendido Bernardo al cargo de virrey de Nueva España, marchó con él como inspector de las tropas hasta que a finales de 1785 regresó a Cuba como máxima autoridad insular. En 1789 fue designado virrey de Nueva Granada, cargo que ejerció hasta fines de 1796. Fue premiado con el título de Conde de Ezpeleta de Biere. En la Península fue presidente del Consejo de Castilla y capitán general de Castilla La Nueva. En 1807 ejerció la de Cataluña. Su negativa a jurar a José Bonaparte le costó su arresto y exilio en Francia. A su regreso en 1814 fue nombrado virrey de Navarrra. Sustituido por Espoz y Mina por la revolución liberal de 1820, fue repuesto por la reacción absolutista en julio de 1823, y falleció en noviembre de ese año en Pamplona, a los 82 años de edad. Véase sobre Ezpeleta, AMORES MOHEDANO, J. B., op. cit. 165 A.H.N. Consejos. 138

Se da «la casualidad» de que Felipe Alwood tenía estrechos vínculos con La Habana a raíz de del negocio de la citada empresa. Leví Marrero reseña que en uno de los frecuentes viajes a Jamaica introdujo en la Perla de las Antillas el célebre árbol del mango, la Mangifera indica, de procedencia asiática, que se convirtió desde entonces en una de las frutas más abundantes y apreciadas de la isla, con la sucesiva adición de nuevas variedades aportadas por los marineros extranjeros arribados a los distintos puertos habilitados desde 1818166. Otro exculpado fue el suegro de Bernardo de Gálvez, Gilberto de Saint Maxent. Se les absolvió a todos ellos aduciendo la necesidad, la publicidad, el tácito consentimiento de los jefes y todo tipo de circunstancias eximentes167. No lo fueron, sin embargo, ni el marqués de San Felipe y Santiago, a pesar de «lo nimio» de sus implicaciones y mucho menos Felipe Alwood. Pero, lógicamente, ellos no estaban vinculados al clan familiar malagueño. No obstante, Ezpeleta no olvidaría la afrenta del intendente Juan Ignacio de Urriza. En cuanto la coyuntura de alianzas, le fue favorable para proceder contra él, a raíz de la muerte en 1787 de José de Gálvez, y cuando había que prestarse a servir a «nuevos amos» en la presidencia del Consejo, se aprestó a asentarle, como vimos, un golpe contra su línea de flotación precisamente en una grave implicación de contrabando en la Guerra de las Trece Colonias. Asimismo, como veremos, a diferencia de la posición obstruccionista del Consejo de Indias, proporcionaría en 1787, ya fallecido José de Gálvez, al oidor de la casa de la contratación Juan Álvarez Valcárcel las reales órdenes en las que se amparaba Cagigal para la misión secreta de Miranda168. MARRERO, L., op. cit., Vol. 12, p. 55. AMORES MOHEDANO, J. B., op. cit., p. 14. 168 A.H.N. Consejos. Leg. 20878. Relación del proceso contra Cagigal y Miranda. 166 167

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Miguel Antonio Herrera presentó un mes después, el 10 de diciembre de 1783, un escrito en su defensa de gran interés para explicar la trama y el origen de la financiación de que sirvió Francisco de Miranda para realizar su misión secreta en Jamaica. El comerciante habanero surtió la casa de Cagigal, desde su toma de posesión y le suplió diferentes cantidades de dinero para su establecimiento a través del conducto de su edecán. Gracias a ello conoció su liberalidad, por lo que le confió «la noticia de comisión secreta de Estado». Le precisó que no tendría éxito si no disponía de alguna suma de dinero, en que aparentar negociación para disipar toda sospecha y que le sirviese para mantener comunicación con los comerciantes y vecinos que le permitiesen acceder a la información. Le proporcionó para ello 16.000 pesos, previniéndole que lo principal de ellos lo invirtiese en negros bozales y el resto lo emplease en lo que estimase conveniente al buen éxito de su encargo. Él conocía perfectamente los casos anteriores de Manuel López, José de Landa y José Nieto acaecidos en los gobiernos de Bucarelli, marqués de la Torre y Diego Navarro, que relató detenidamente, por lo que estimaba que ese caudal sería introducido en esta plaza «del propio modo que aquellos lo hicieron, del que sacaron». Con ello creía hacer al Rey un recomendable servicio. Miranda «no se acordó del encargo de los negros bozales», por lo que «empecé a dudar de su buena fe. Por eso se negó a suplirle las nuevas cantidades que le pedía». Finalmente, se dispuso que los 16.000 pesos invertidos se le pagasen con el premio correspondiente, a estilo de comercio, lo que se verificó devolviéndole los géneros recibidos por él. En esa coyuntura el intendente calificó como contrabando «lo que yo estimaba comisión de Estado». Al respecto alegó sus méritos al proporcionarle más de 10.000 pesos a Cagigal para su establecimiento, de los cuales sólo recuperó 5.000, de su generosidad al 140

suministrarle carne fresca y aguardiente de su propio bolsillo a los soldados del destacamento de Marianao, además de los dos reales que les pagaba. Les construyó alojamiento en un desierto donde guardaban el forraje y se acuartelaban, para el que hizo traer de su cuenta y riesgo «desde España la fornitura de mi regimiento». Asimismo, en la organización de la guerra facilitó en dos ocasiones los negros de sus ingenios sin interés alguno para las obras de fortificación. Recordó a su vez los servicios prestados por él y sus padres al Rey graciosamente, «en los ahogos del ministerio», por lo que concluyó: «¿Quién, pues, podrá dudar que en uso de mi genio magnánimo y en continuación del servicio de mi soberano franqueé los 16.000 pesos para la comisión de Estado?»169. El informe de este cualificado representante de la oligarquía cubana es un testimonio fehaciente de la coyuntura reinante en La Habana en la ofensiva contra Cagigal y contra Miranda. Por eso expresaba miedo porque sabía que se vería irremediablemente afectado al considerar su negocio como contrabando y no como servicio a la Corona, amparado en los privilegios concedidos a los capitanes generales. Sin embargo, demostró un riguroso conocimiento de los mismos a pesar de su carácter secreto desde épocas pretéritas. Para proceder al préstamo de ese dinero, se le señaló el carácter de misión secreta de Estado. Él, como perfecto conocedor de éstas, no vaciló y procedió a darle esa suma, previniéndole que la invirtiese prioritariamente en negros bozales, que eran por aquellos años anteriores a la liberalización de la trata y en plena expansión de la economía de plantación azucarera el principal negocio para un comerciante y hacendado como era él. En ese marco encuentra explicación su reconvención a Miranda,

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Ibídem. 141

por no haberle traído lo adeudado en bozales sino en mercancías de tela y loza. En su defensa alega algo que demuestra hasta qué punto el caraqueño se había convertido para los jueces en el símbolo de la maldad personificada, al que nadie aparenta conocer y con el que nadie tuvo relaciones más que las aparentemente obligadas. Por ello afirma en su defensa con el apoyo de testigos, que «jamás me vieron comer, concurrir ni tener con Miranda algún acto inductivo de amistad, que el trato recíproco no pasó de las líneas políticas que después se declaró por enemigo irreconciliable». Por tales circunstancias suscitó la demanda de Alwood ante el tribunal del auditor de guerra y se vio obligado a apremiarle para que le devolviese su dinero. Esa enemistad explica «su olvido del encargo de los negros», por lo que era absolutamente falsa «la amistad íntima» con el edecán que le atribuye el comerciante británico170. Su alegato finalizó con una bomba de relojería en la que ni a Uruñuela ni al fiscal les interesaba entrar: la legalidad del procedimiento se amparaba en los poderes reservados dados por el Rey a los capitanes generales en tiempo de guerra, privilegios que fueron reafirmados en esa misma coyuntura por decisión regia en casos similares y mucho menos exitosos. Probablemente ninguno de esos jueces esperaba en un implicado que no fuera Cagigal un conocimiento tan preciso de las reales órdenes que regulaban tales atribuciones. Por ello en la sentencia absolutoria de 1799 se contemplaba la indudable mala fe del procedimiento judicial, al no abordar en ningún momento la existencia de tales privilegios de los que por otra parte tenían perfecta ilustración todos y cada uno de los funcionarios de la Intendencia. 170

Ibídem. 142

En su defensa señaló que «en el expediente que pedí a V.S. se reservase», había probado con testigos y documentos las facultades que recaían en los capitanes generales para «iguales comisiones, siempre que lo han exigido las providencias gubernativas, sin que jamás se atribuyese crimen de trato ilícito a sus autoridades y favorecedores». No se puede ser más preciso ni contundente. Explicita lo acontecido con Manuel López durante el gobierno de Bucarelli, con José Landa en el del marqués de la Torre y con José Nieto en el de Diego José Navarro. Recordaba al tribunal que ellos emprendían el viaje secretamente a manera de contrabando, sin que la aduana ni nadie lo supiese. Ellos buscaban el dinero que era preciso como Miranda, para franquear el motivo de su comisión. Ellos lo traían clandestinamente al abrigo de los jefes. Caminaban de noche por vías insólitas. Y ellos a nadie daban cuenta. Ningún interés rendían del erario del procedimiento de los efectos. Ellos se tomaban las utilidades a sus dueños y en ninguna oficina se hizo constar la empresa a beneficio del sigilo. Así consta de las certificaciones que a mi instancia han puesto las oficinas del rey y así lo asegura la secretaria de la capitanía general. Frente a ello se pregunta: Y si esto es así porque aquellos hicieron bien y yo más. ¿Por qué se han reputado dignos de premio y yo de pena? Y ¿por qué a aquellos se han dejado ilesos y a mí se me trata como reo y se me arresta, se me quita el honor, se embargan los bienes y me quieren condenar a perder

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los 16.000 pesos que liberalmente expuse a los peligros del mar sin fianza ni seguridad. Se le objeta que yo no debía suplir ese dinero porque Miranda, a la sombra del capitán general se dirigía a efectuar contrabando por lo que sería en él delito. Sin embargo, entiende que «el Rey había puesto en manos de aquel general las riendas del gobierno en el crítico tiempo de la guerra. Lo tenía autorizado del mismo modo que sus antecesores»171. Ninguno de esos requerimientos y contundentes argumentos constan en la sentencia de Uruñuela, emitida pocos días después, el 22 de diciembre de 1783. La misma falló que fueron bien aprehendidos y comprendidos en el derecho de comiso los tres buques El Puerco Espín, Tres Amigos y el Águila, los cuatro esclavos y todos los géneros y efectos que vinieron en ellos por considerarlos de contrabando ilícito y de procedencia enemiga. Se incluyen en éstos las tres carretas, siete yuntas de bueyes y cinco caballos que condujeron parte del contrabando desde el surgidero de Batabanó hasta el castillo de la Punta. Condenó en ausencia a Francisco de Miranda, ordenándole el abono a la Hacienda Pública de 45.946 pesos y dos reales, además de los 16.000 que con que con el interés de 43 y tres cuartos por ciento satisfizo a Miguel Antonio de Herrera y en el valor de las carretas, yuntas de bueyes y caballos. Herrera fue gravado con la suma que invirtió con el aumento del interés citado y en el valor de tales medios de transporte. Felipe Alwood fue sancionado con 41.600 de los 44.000 procedentes en su mayor parte del contrabando que consiguió introducir en la goleta El Águila. Se le absolvió de 24.000 recibidos de Juan Miguel de Aguirre y se le cargó también con otros 41.474 por haberlos embarcado 171

Ibídem. 144

en plata y barras de oro el 12 de mayo y el 18 y 19 de junio en la fragata Diamante de pabellón británico y en 900 de 3 negros procedentes de Jamaica y vendidos clandestinamente en la bahía de este puerto. Liberó a Fernando Rodríguez Berenguer de la paga de 27.678 pesos y seis reales, precio de los dos bergantines, esclavos, géneros y efectos que vendió a Jaime Boloix y le apercibió de que en lo sucesivo arreglara su conducta, absteniéndose de entrar en negociaciones sospechosas de contrabando. Asimismo declaró por decomisos los 19.364 reales de plata de los géneros rematados y de los que consta de la carta de pago, como también los cedidos a Manuel Letona, personero de Patricio Starford, por lo que le requería que los introdujera a la tesorería en un plazo de tres días. No se consideró autorizado por su comisión para juzgar la actuación del capitán general ante tales contrabandos y fraudes cometidos con su protección, «dejándola enteramente a la soberanía de Su Majestad». Incluyó en el delito de comisos los cuatro barriles de géneros comprados por el marqués de San Felipe y Santiago y remitidos a La Habana por medio del teniente de fragata José del Río, por lo que debía abonar los 2.890 pesos de su importe y le reservaba el derecho que le asistía contra Del Río por el interés que al parecer tenía en ellos. En lo referente a la parte criminal castigó a Miranda con la privación de su empleo y con la pena de diez años de presidio en la plaza de Orán. Sobre Herrera se solicitó la consulta al Rey, conforme al artículo 20 de la real instrucción por su pertenencia a la Orden de Santiago. Finalmente, Felipe Alwood fue gravado con 8 años de presidio en el castillo de San Juan de Ulúa y la multa de 500 pesos, remitiéndosele a la primera ocasión, y el marqués de San Felipe y Santiago con la sufrida hasta la fecha. Los gastos procesales debían correr por cuenta de todos ellos, a excepción del marqués, que sólo debía pagar la 145

sexta parte. Quedaban en libertad Miguel Antonio de Herrera, el marqués y Fernando Rodríguez Berenguer una vez satisfechos las costas172. Se podía apreciar en la sentencia de Uruñuela cómo se limitó a contabilizar el contrabando como si se tratara de una simple introducción clandestina de géneros y efectos. Sin comprobación real elevó a sumas astronómicas el supuesto fraude con el que serían condenados. Para ello se amparó en el hipotético descontrol de los fardos propiciado por la actuación de un capitán general excluido del proceso y sin derecho a defensa. Para nada se entró en el tema capital de las potestades de esa máxima autoridad. Desde esa perspectiva no hizo más que asumir al pie de la letra la orden regia que recibió al hacerse cargo de la comisión. Ésta fue en realidad una mera formalidad porque se limitó a refrendar en el papel los cálculos sobre el contrabando introducido, elaborados por los funcionarios de la intendencia, que fueron en realidad los que determinaron la resolución final, como se puede apreciar en la actuación de su fiscal José Barea. La decisión de Miranda de desaparecer de la escena quedó de esa forma reafirmada por un veredicto que le condenaba irremisiblemente a la pérdida de su condición de militar, a la condena al presidio y a unas sanciones pecuniarias a las que nunca podría hacer frente. Todo ello al mismo tiempo que Cagigal sufría su particular vía crucis en el Cádiz gobernado con mano férrea por Antonio de Gálvez.

El juicio de residencia El siguiente paso emprendido contra Cagigal por José de Gálvez fue su juicio de residencia. En el mismo día que los dos anteriores, el 18 de marzo de 1782, emitió una Real Cédula 172

Ibídem. 146

fechada en el Pardo, para proceder a ella. Se le encomendó también, como las anteriores, a Uruñuela, un hombre de su plena confianza. En ella, primeramente expresaba su relevo en el mando de la capitanía de La Habana, originado por una orden de 11 de marzo. Una vez depuesto se le decretó «sin pérdida de instante» su pase al servicio en el ejército de operaciones al mando de Bernardo de Gálvez, que salía desde La Habana rumbo a Cádiz. Debía trasvasarse inmediatamente el poder al concuño de su sobrino Luis de Unzaga y Amézaga. Ante esa precipitada salida la destituida máxima autoridad militar de la Isla debía de dejar en La Habana apoderado para proceder a su residencia, que se hiciera cargo de la correspondiente fianza para hacer frente a las posibles penas que podrían derivarse de ella173. El 4 de mayo de 1783, Uruñuela manifestó que Cagigal no había dado el poder para proceder a la residencia con las correspondientes fianzas. Existía uno fechado el 4 de marzo otorgado al capitán y regidor del cabildo habanero Juan Tomás Jáuregui en primera instancia. Contaba como sustitutos al teniente coronel José Montero y el ministro interventor de las obras de fortificaciones de la plaza Juan Martín Galiano. El 3 de mayo Jáuregui se comprometió a su defensa, pero no al pago de la condena. Finalmente ese mismo día se procedió a dar al anterior el poder definitivo174. Uno tras otro los cargos reunidos por Uruñuela contra Cagigal fueron desmontados por la defensa. El primero de ellos hacía referencia a no haber celebrado audiencias demorando su despacho en seis, ocho o más días en perjuicio de los litigantes. Fue absuelto en la sentencia tanto de éste como de los posteriores. Su apoderado alegó que todo el mundo fue testigo de las 173 174

A.H.N. Consejos. Leg. 20.908. Juicio de residencia de Cagigal. Ibídem. 147

graves ocupaciones diarias que tuvo que hacer frente, motivadas por la guerra desde que tomó el mando de la Capitanía. Para contrarrestar esas deficiencias, después de las dos de la tarde, en que finalizaba tales asuntos de primera atención, emprendió tal audiencia hasta las tres y cuatro de la tarde en que le instaban fuese a comer. En los casos en que era imposible acudir «por este medio gravoso al público y a su salud», daba comisión al teniente auditor de Guerra. La segunda imputación fue la de haber tolerado que sus mandatos fueran efectuados por otras personas que no fueran el alguacil mayor o su teniente. Su defensa expuso que él siempre delegó en tales funcionarios. En caso de que la parte ejecutante entregase el mandato a quien no le correspondía, no era culpa suya. La tercera acusación consistía en la falta de celo tanto de él como su teniente en la visita a los presos de la cárcel los sábados. Invocó sus gravísimas ocupaciones, que le llevaron a delegar en éste tales visitas que se ejecutaron completamente por él ese día. El cuarto residía en no haber nombrado visitadores de las haciendas, hatos, corrales, vegas, situadas tanto a barlovento como a sotavento de La Habana. Entendía que la ley se cumplía con el establecimiento de los capitanes de partido y sus lugartenientes, que no eran otra cosa que «unos jueces pedáneos». Éstos, que habían acreditado su actividad y celo durante su gobierno, eran responsables en las faltas que dentro de su jurisdicción se cometiesen. Asimismo la experiencia había acreditado que el empeño en tales visitas «por medios extraviados», no llevaba a otro objeto que «sacar aprovechamiento de los habitantes con extracciones violentas y perniciosos disimulos de los excesos y pecados públicos, quedando sin corrección los escándalos y en peor estado los desórdenes». Ante ello, el marqués de la Torre extinguió dichas visitas durante su gobierno por auto de 7 de enero de 1774. 148

Finalmente, por el hecho de que la ley exigía que se efectuasen de tres en tres años, mientras que él sólo estuvo al mando de la isla 19 meses, tiempo en el que las graves ocupaciones de la guerra las habían impedido175. La quinta imputación se limitaba a no haber procedido a la apelación a la Audiencia de Santo Domingo en los casos del reo Francisco del Pozo, condenado en primera instancia a 200 azotes y ocho años de presidio con grillete al pie, de Catalina Cubero, desterrada a la villa de Santiago por tres años y de Catalina Guverino en uno. En su defensa argumentó que Pozo era «un ladrón notorio», castigado ya esos mismos azotes por las calles públicas de esa ciudad durante el gobierno del marqués de la Torre. Había sido preso en cuatro o cinco ocasiones por los mismos delitos. En esta última aprehensión había sido detenido con las ganzúas de las que se valía para sus robos. A las dos implicadas se les encontraron en sus casas las ganzúas y los géneros extraídos por aquél de varias tiendas de mercaderes. Entendía que no perjudicaba a su legítima defensa por ser de los casos exceptuados. La sexta inculpación se ceñía a la carencia de fianza en el depositario general. A ello se arguyó que, siendo éste el marqués del Real Socorro, no tenía sentido por ser «notoriamente poderoso en más de medio millón, caudal existente en bienes raíces, muebles y gemovientes». La séptima se centraba en los 6.454 reales de los 9.405 exigidos en razón de multas, que debían haber sido aplicadas la mitad a las penas de cámara. En su descargo sostuvo que con la declaración de la guerra, al mismo tiempo que escaseaban los emolumentos, no había asunto que se triplicase e incluso cuadriplicase. La correspondencia con otras gobernaciones y con la corte era incesante, por lo que no había fondo con qué subvenir 175

Ibídem. 149

a tales gastos, ni para el número de escribientes exigido. Para remediarlo debía de gratificarse tanto a los supernumerarios como a los extraordinarios por medio de su secretario, el teniente coronel Ramón del Valle, con el ramo de multas. Dejó bien claro que «no se interesó en un maravedí de dicha parte». Sobre este punto ya había el precedente, en caso similar, de Diego José Navarro en 414 aprobados por el Rey por Real Orden de 18 de agosto de 1781. La última se refería a no haber mandado que el licenciado Rafael Binelo se le exigiese 25 pesos a que le condenó la Audiencia de Santo Domingo. Señaló que durante esas fechas, entre el 10 de mayo de 1782 y el 1 de junio se hallaba en la conquista de Providencia176. Uruñuela tuvo que reconocer que no había ninguna imputación el 4 de febrero de 1784. El fallo definitivo en lo concerniente a Cagigal fue emitido por el consejo el 15 de abril de 1791177. Casi dos años después de esta sentencia, en su escrito a Godoy de 26 de marzo de 1793, en solicitud de una Junta de Generales para dirimir su proceso, Cagigal diría sobre su residencia que, a pesar de ser entablada por ese comisionado que invitó a todos los habitantes de la Isla a deponer contra él, «no se presentó ni un solo individuo que se quejase de la justicia del General, ni de su amor y celo por el bien público, por lo que fue declarado íntegro, buen ministro y servidor del Rey» 178.

La querella por la conquista de Providencia Una de las causas más increíbles que se originaron contra Cagigal por parte de José de Gálvez fue la referente a la conquista de Providencia en Las Bahamas. Una Real Orden de su A.H.N. Consejos. Ibídem. Ibídem. 178 A.H.N. Estado. Leg. 3152, exp. Nº 3. Memorial a Godoy de 26 de marzo de 1793 de Juan Manuel de Cagigal solicitando su juicio por una Junta de Generales. 176 177

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puño y letra, fechada en el Palacio Real el 19 de diciembre de 1784. Se inició a raíz de una carta del comandante general de la Marina del ejército de operaciones de la guerra José Solano, fechada el 26 de julio de ese año. En ella hablaba de la ninguna pericia en esa empresa por parte del cubano, de la que resultaron desgraciados incidentes. Estos últimos fueron corroborados por una carta del comisionado accidental de marina en La Habana, Juan José Salabarría, que dio cuenta de que esa expedición se hallaba muy expuesta. Finalmente transmitía que había sido «de su real desagrado» la respuesta que dio al jefe del ejército de operaciones, su sobrino Bernardo Gálvez. En ella expresaba, según relataba la carta de éste último, «de que no pensaba valerse de la Marina real, porque nunca había coadyuvado al logro de las empresas de tierra por ser expresión denigrativa al cuerpo de la Armada, de cuyos servicios se halla Su Majestad muy satisfecha»179. Se inició de esa forma, con tan endebles argumentos, unos nuevos autos contra la actuación de Cagigal, en este caso en un hecho victorioso que sin duda quería eclipsar el todopoderoso tío y el encumbrado y despechado sobrino. Originado a raíz de unas denuncias tan endebles, siendo una de ellas simplemente una supuesta declaración verbal del cubano al conde de Gálvez, el expediente fue un fehaciente testimonio de la forma de actuar de ese linaje y explicaba claramente sus resquemores y envidias frente a una exitosa campaña y una ejemplar capitulación en las que se mostraron la habilidad y el genio de ese militar y de su edecán Miranda, que levantó la inmediata reacción de indignación del jefe del ejército de operaciones, que no había proporcionado ningún recurso para su realización y que en cierto sentido esperaba que se estallasen en ella, al tiempo 179

A.H.N. Consejos. Leg. 20.170, exp. Nº 4. 151

que, él, con todos los medios en sus manos, se alzase como un genio de la milicia con la ocupación de Jamaica. José Solano y Bote, que había sido designado comandante en jefe de la marina de ese ejército de operaciones después de la toma de Pensacola, era originario de Zurita (Cáceres), donde nació en 1726180. Esa victoria le mereció, además del enunciado cargo, el ascenso a teniente general y el título de Vizconde de Ardid. Después de finalizada la guerra le fue otorgado el título de Marqués del Socorro. Regresado a la Península fue nombrado consejero de Estado, empleo que ejerció hasta su muerte en Madrid en 1806. Con posterioridad obtuvo en los conflictos bélicos de 1790 y 1796 el mando de la escuadra. Arrasó las islas de San Pedro y Miquelón y los establecimientos británicos de Bull y Chateaux y echó a pique más de cien buques mercantes de esa nacionalidad. En 1802 se le dio el encargo de pasar a Nápoles con una escuadra para conducir a la prometida del príncipe Fernando y el prometido de la infanta María Isabel. Fue ascendido más tarde a capitán general de la Armada y continuó desempeñando esa plaza de consejero de estado hasta su muerte a los 80 años de edad. A propuesta del fiscal, el Consejo de Indias ordenó encomendar la formalización del proceso el 26 de abril de 1785 a la Audiencia de Contratación de Cádiz, cuyos ministros se estaban encargando por entonces de otros autos concernientes a Cagigal, como tendremos ocasión de ver más adelante, dado que el cubano se hallaba preso en esa ciudad. Fue remitido al fiscal de ese tribunal, José de Castilla Caballero. Su fallecimiento, el 15 de enero de 1786, 180 Había sido cuarto comisario de límites entre los dominios españoles y portugueses en 1753. Entre 1763 y 1771 fue capitán general de Venezuela. En ese último año fue designado como tal en Santo Domingo, donde ascendió a brigadier. Concluida la designación de límites con los franceses, en 1779 pidió licencia para continuar sus servicios en la armada, donde fue promovido a jefe de escuadra. En febrero de 1780 se le confirió el mando de una escuadra de 12 navíos para la guerra de las Trece Colonias.

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hizo que fuera traspasado a su sustituto Juan Álvarez Valcárcel el 31 de enero. Pero éste, al hallarse comisionado en Portugal en asuntos del real servicio, envió una misiva desde la localidad de Peniche el 7 de marzo de 1786, en la que avisaba que no podía evacuarla por ahora. Finalmente, se nombró al oidor Ramón Rivera y Peña181. El promotor fiscal, el licenciado José Manuel Belluga, elaboró unas conclusiones procesales, el 29 de noviembre de 1785, gravemente acusatorias a la actuación del cesado capitán general habanero. Sostuvo que éste puso en gravísimo riesgo a la expedición que se le puso a su cuidado, actuando en contra de las reales armas y «del honor de las armas de Su Majestad expuestas a ser ultrajadas». Con las ingeniosas respuestas de que se ha valido en su confesión argumentó que no podían ser desvanecidas las severas imputaciones. Señaló que se había valido de documentos de personas cuya respuesta no era fácil por su dilatada ausencia. Demostraba con ello «la poca sinceridad y mucho artificio», dirigido todo ello a «oscurecer su delito, el desprecio y ultraje a un cuerpo tan respetable y de tanto honor como el de la marina» y los perjuicios y riesgos que originó a la expedición. Su atribución a Gálvez de las culpas por no incorporar la marina no son creíbles, en su opinión, por habérsele encargado «enteramente a su arbitrio». Por todo ello le debían imponer graves penas182. En su respuesta de 13 de julio de 1786 apunta a la línea de flotación del informe. Lo considera más propio de un adulador del cuerpo de la marina y de Gálvez que de aquel que debe actuar con la equidad de una justicia templada. La reacción del promotor fiscal por su escrito de 6 de octubre de 1786 manifiesta que lejos 181 182

A.H.N. Consejos. Leg. 20.170, exp. Nº 4. Ibídem. 153

de disiparse su delito lo hace mayor, ya que, además de no satisfacer los cargos «se vale de expresiones indecentes contra el juez»183. Las cosas se modificaron con la muerte de José de Gálvez. Por fin pudo defenderse ante la Corte el 14 de julio de 1789. En ese día su abogado Ignacio Machuca, al tiempo que solicitó que se le entregasen los autos, aludió a la infeliz situación en la que se hallaba en Cádiz, falto de medios aún para subsistir con su familia y que le imposibilitaban pagar los honorarios de un abogado184. Una vez obtenidos, el 14 de abril de 1790, expuso sus planteamientos. Constituyeron una pieza de artillería demoledora contra sus enemigos. Habló ahora con una rotundidad y una claridad de convicciones hasta entonces desconocidas. Era un signo de que a trompicones su causa se abrió paso en un Consejo en el que había sido sustituido Gálvez por el hermano del Conde de Floridablanca, José Moniño, cuyo destino permaneció unido al de su hermano, al arrastrarle en su caída en 1792. No obstante se encontraban dentro de él personas del clan de los Gálvez, y entre ellos el mismo Uruñuela, al que, a finales de 1791, se le incorporó otro «premiado» del malagueño, Urriza. En su exposición Ignacio Machuca, en nombre de Cagigal, hizo ver lo inexplicable de un delito originado por una victoria que fue «la más ventajosa de las conquistas que se hicieron en la América durante la última guerra», ejecutada sin dispendio de caudales, sin profusión de sangre y sin muerte de un solo soldado, ocupándose en un momento una de las plazas más interesantes del Estado y más útiles y necesarias a la conservación de la isla de Cuba y su 183 184

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comercio y con ésta a la de la América entera de que con razón es llamada antemural185. Por el contrario, tras esta victoria, se le hundió en la miseria y el abatimiento. Por ello criticó a José Solano en uno de los puntos capitales de su argumentación: el notorio contraste entre el mito de Pensacola y la conquista de las Bahamas. Le acusó de falta de correspondencia y fidelidad por haber sido él y no Gálvez quien le involucrara en el éxito que le encumbró. El cubano, como jefe del auxilio de esa plaza, fue el que lo condujo a la gloria, porque Bernardo de Gálvez se había negado en todo momento a que interviniese la Marina. Demoledor, le acusó de convertirse «en el único y principal autor del socorro de Pensacola para hacerse adquirir el título de Castilla» que se le otorgó en agravio del que fuera el verdadero director. Fue precisamente su asistencia en el sitio la que produjo la admisión de la Marina y la conquista de la plaza. Puso los puntos sobre las íes al señalar que sus cartas de 26 y 28 de julio de 1782 fueron el principal fundamento de este procedimiento, al ser no sólo el origen de «una inquisición tan indecorosa», sino de estos mismos autos186. Cagigal sostenía que Gálvez quería todos los recursos para la invasión de Jamaica por ser la principal de las posesiones inglesas. Por ello no pudo conseguir el capitán general las cortas fuerzas con que contaba la Marina, que le había solicitado y que éste le negó. Ése fue el origen de la delegación en él de la expedición de Providencia, como se evidencia en la Real Orden de 28 de noviembre de 1782. En ella «el difunto ministro de Indias» manifestó que su sobrino había comisionado al capitán 185 186

Ibídem. Ibídem. 155

general a esa conquista sin la asistencia de esas fuerzas de marina. Entendía que sólo con este aserto del presidente del Consejo de Indias quedaban desmantelados los argumentos de la delación de Solano y la posterior «inveraz contestación» de Bernardo de Gálvez, erigidas como piedra angular de los autos187. Los diarios de Saavedra demostraron fehacientemente la veracidad de los argumentos del cubano. En los Decenios refleja cómo el sevillano había tenido conferencias con Gálvez y Solano sobre la campaña de la isla de Providencia, «madriguera de corsarios que estaban allí en el acecho de nuestros barcos de comercio, y nos hacían grave daño». El malagueño le consultó «si convendría que él fuese mandando una expedición». Él opinó que no por considerarla de un oficial de grado inferior al suyo; y que tal vez el más a propósito para caso sería el brigadier don Luis Huez, comandante de ingenieros, que había formado con bastante conocimiento su plan de ataque, y con poco más de 1.000 hombres podría verificarlo en breves días188. Su testimonio permitió clarificar cómo Gálvez, de acuerdo con el comandante en jefe de la Marina, se llevó la corta armada disponible para su propósito de la invasión de Jamaica, al tiempo que convinieron Gálvez y Cagigal sobre la expedición a Providencia. El estado de esa flota era tan deficiente que, como reseña el sevillano, «Solano se había retirado con su escuadra, pretextando el mal estado en que se hallaban los más de los navíos de ella»189.

Ibídem. SAAVEDRA, F., op. cit., p. 170. 189 MORALES PADRÓN, F., 2004, op. cit., pp. 260-261 y 321. 187 188

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La contestación de Bernardo de Gálvez de 7 de junio de 1783 a su tío fue para él «una especie de chisme absolutamente impropio de un general de su clase». Con él pretendía manifestar el encono que le produjo en odio de mi parte y con «el depravado fin de ofender a nombre suyo el distinguido cuerpo de la Marina». En la respuesta el sobrino le había hecho ver que, después de acceder a su solicitud de hacerse cargo de la ocupación de Providencia, el cubano le dijo «de palabra» que «no pensaba en valerse de la marina porque nunca había coadyuvado al logro de las expediciones de tierra»190. El ex capitán general le dio «la vuelta a la tortilla» al inferir que fue el malagueño quien «tuvo las más odiosas disputas en su fatal empresa de Pensacola con el comandante del navío San Ramón». Para nada se valió de los auxilios de la marina en esta conquista. Todo lo contrario, blasfemó y blasfemaba de tan ilustre cuerpo en cuantas ocasiones se le proponía ofender, sin timidez ni embozo a todos sus individuos, sin excepción aún del más alto, de que los propios marinos son testigos, pues llegó el caso de ser reconvenido por alguno y retractado en consecuencia sus proposiciones. El malagueño en todas las empresas a su cargo no contó nunca con la Real Armada, incluida la misión de los establecimientos enemigos del Pich, cuya empresa fue confiada a buques y empresarios particulares. El cubano contraatacó al plantear que las expresiones que éste le atribuye emanaban en realidad de sus más íntimos pensamientos191. 190 191

A.H.N. Consejos. Leg. 20.170, exp. Nº 4. Ibídem. 157

Cagigal fue más allá y destruyó el mito de Pensacola que permitió encumbrar en los anales de la historia a Bernardo de Gálvez. Sostenía que ni en la expedición del Pich ni antes en esa anterior se le formó causa ni proceso, elogiándose unos servicios que se abultaban a la sombra del favor y protección de un ministro tío carnal, a cuya orden los ejecutaba y cuya vía era imposible que la piedad y justificación del Rey se instruyese de la verdad de unos hechos que realmente constituían delincuente a su autor y lo hacían acreedor a reprehensión y castigo en lugar de las inmensas gracias, mercedes, premios y graduaciones que se le dispensaban por haber sacrificado con imprudencia y falta de conocimiento en el arte que profesaba las infinitas vidas de vasallos e inmensas sumas al Estado, haciendo poderosa su casa, al paso que otros jefes, como mi parte, tenían que contraer empeños para subsistir192. Es sin duda la más frontal denuncia del carácter temerario de una expedición como la de esa plaza de la Florida occidental que permitió crear el mito y la aureola de un Gálvez invicto e invencible que en realidad actuó como un temerario y cuya victoria sólo aconteció con el apoyo de los refuerzos dirigidos por Cagigal. Fue precisamente, como contraposición, la victoria y capitulación de las Bahamas la que le encolerizó definitivamente con Cagigal y Miranda, a los que veía como los más lacerantes críticos y obstáculos frente a su frenética ascensión a la gloria. Para destruir el argumento de Gálvez, Cagigal refirió que bastaba examinar su oficio de 20 de enero de 1782 en el que le urgía su salida de La Habana para proceder a tal campaña, que 192

Ibídem. 158

él mismo recomendaba a su nombre por merecerlo su crédito militar. Planteaba que si la expedición hubiera sido funesta podría haber argumentos para su crítica, «aunque siempre sería muy delincuente», el malagueño por otorgarla sin los refuerzos requeridos por ser él en última instancia su máximo responsable como jefe del ejército de operaciones. Mas, al ser victoriosa, «no hay medio humano que le redima del concepto falaz a que queda reducido»193. Todo ello era así por haber sido siempre el conducto por donde su tío evacuó de oficio todos los procedimientos en ésta y las restantes reales órdenes. Las derivaciones de esa victoria le supusieron su deposición como capitán general, su arresto y encarcelamiento y el despojo de sus bienes, un «torbellino de esta horrible persecución» que sólo pareció finalizar cuando «Dios por sus altos juicios fue sucesivamente arrancando de este mundo a los individuos de la casa que lo fomentaban y sostenían». De esa forma «amanecía más claro el día» con un nuevo ministro de Indias, «el digno jefe que hoy lo ocupa». Con su designación «comenzaron a respirar «aires más puros y a franquear libre audiencia a los oprimidos y vejados». Moniño le permitió comparecer personalmente ante los tribunales superiores194. El cubano no se arredró y habló por primera vez con contundencia sobre los auténticos culpables de su desgracia y la de su edecán. Era precisamente la tragedia familiar de los Gálvez la que le permitió precisamente poder respirar. Compareció al respecto el desenlace de ella narrado por Saavedra que vimos con anterioridad con esos juicios de valor para ver su directa imbricación con un carácter revestido de «justicia divina».

193 194

Ibídem. Ibídem. 159

Finalmente esgrime que si la intención de Gálvez al dotarle de fuerzas tan débiles y subalternas fue la de eliminarle como contrincante, tuvo, sin embargo, «la fortuna que con ellas alcanzó la gloria», con una victoria sorprendente, por la que fueron ocupadas en pocas horas un puerto tan importante como el de Providencia y las demás islas de Bahamas. Pormenorizó todo lo que se rindió a sus pies, desde varios castillos y fortificaciones con cañones que superaban el número de 300, 93 pedreros, 4.977 balas, 206 palanquetas y seis obuses, entre otras armas y municiones. Asimismo fueron arrestadas tres fragatas, tres bergantines, cinco goletas y dos balandras, equipadas con 160 cañones y 65 buques mercantes de particulares. Con esa ocupación se puso bajo la obediencia real cinco fortificaciones, 19 puestos fortificados, 17 poblaciones formadas por 566 casas y 3.223 vecinos, todo ello sin pérdida de un individuo y sin haber gastado los 3.000 pesos que se libraron para su financiación195. El informe del fiscal del Consejo de Indias de 4 de mayo de 1790 demostró fehacientemente el cambio parcial operado en ese tribunal. Sobre el cargo de que no contó con los auxilios de la Marina, sostuvo que era «verosímil que no se contase con la Real Marina o por tenerla más desembarazada y pronta para el principal objeto» o porque, como aseguró José Gálvez, no se los había dado el comandante de Marina. Por tanto no se derivan cargos contra Cagigal por haber dirigido la empresa con delegación de Gálvez y «por lo mismo le rinde enhorabuenas». La sentencia de 4 de junio de 1791 recogió que el cubano era acreedor de la real benevolencia, por lo que debía resarcirse su honor196. Fue la primera ocasión en la que la Corona reconocía el injusto trato que se le había proporcionado. En su escrito de 26 195 196

Ibídem. Ibídem. 160

de marzo de 1793 a Godoy, el depuesto capitán general sostuvo que Bernardo de Gálvez sólo le dio un batallón de infantería y se vio obligado a tomar «embarcaciones fletadas» por haberse llegado aquél toda la Marina para la expedición contra Jamaica, «no dejando fuerzas algunas en el puerto de La Habana capaces de auxiliarle arbitrio». El fallo del tribunal, abiertamente favorable a él, proponía «el resarcimiento de su honra e intereses por los medios más adecuados y correspondientes al largo tiempo y quebranto que por dicha causa había padecido»197.

La dilatación del fallo del recurso de los imputados ante la Corte Los implicados, excepto lógicamente Miranda y Cagigal, que no podían por haberse entablado contra ellos el juicio de residencia y no haberse posibilitado su defensa en el juicio, recurrieron el fallo ante el Consejo de Indias el 5 de enero de 1784. José Antonio Sanz, como representante de Miguel Antonio de Herrera, en su nombre, ya evacuó su primer informe el 20 de marzo de 1784. Siguió fundamentando su defensa en los mismos argumentos que con anterioridad había hecho en La Habana el acusado. Se amparaba en las atribuciones depositadas por el Rey en los capitanes generales, que le llevaron a prestarle a Miranda los 16.000 pesos, tal y como había acontecido en otros casos similares y bien próximos por parte de otras autoridades de similar rango. El mismo abogado se hizo cargo de la defensa del Marqués de San Felipe y Santiago. Insistió en que Uruñuela no dejó de sentenciar a ninguno de los procesados por esta causa, aun 197 A.H.N. Estado. Leg. 3.152 exp. 3. Solicitud a Godoy de Junta de Generales de 23 de marzo de 1793.

161

cuando no fuesen reos principales de ella. Su condena por el pago de cuatro baúles de mercaderías, constándole no ser él el comprador, ni el que las envió a La Habana, ni el que se sirvió de ellas procedía de haber sido privado de sus ropas y de su libertad en el viaje que emprendió entre La Habana y Santo Domingo. Alegó en su defensa su petición de mantener a su costa un escuadrón de caballería en la ciudad de San Felipe y Santiago de Bejucal, con lo que se ayudaba a la defensa de la isla por ser una plaza abierta y constituida a mucha distancia de las guarniciones que pudieran auxiliarla. El capitán general lo solicitó al Rey y fue muy favorable a que él se convirtiese en su coronel «por ser un joven robusto, rico y aplicado con bastantes luces, buena conducta» y por ser de su señorío el territorio donde se levantaría, con lo que se conciliaría el servicio del Rey con la razón de no extraerse de su jurisdicción por causa del fuero de que gozan en las milicias los vecinos de sus estados. Por todo ello sostuvo que el Consejo debía tener en cuenta el hecho de que era «un título de Castilla, señor de la ciudad que da nombre a su título y dueño de otros posesiones de las más pingües del país»198. Era más que evidente la intención de Uruñuela de incluir en el proceso a todos los implicados en asuntos de contrabando en los buques conducidos por Miranda, aunque se tratase de un caso distinto al objeto de la comisión. El fiscal en su informe de 14 de julio de 1784 recogió el hecho de que dos posteriores reales órdenes fechadas el 14 de mayo y el 9 de julio de ese año se hicieron eco de los ruegos del ministro de Inglaterra ante el conde de Floridablanca para que se le concediese la libertad a Felipe Alwood. En ellas se mandaba al Consejo que informara sobre la posibilidad de tal 198 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Autos de segunda instancia del proceso de contrabando sustanciado por el comisionado Uruñuela.

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supresión de ese arresto, «queriendo Su Majestad que se propague a aquel inglés los alivios que sean posibles a su persona, independientemente de la responsabilidad a que se hallen sujetos sus bienes». Sin embargo, este magistrado entendió que el estado de la causa no permitía la excarcelación de un reo condenado a pena corporal hasta que, sustanciada la segunda instancia, debiera revocarse la sentencia de la primera, pues «sólo la Real persona de Su Majestad en uso de su soberanía y supremo poder puede no sólo allanar el arresto de un delincuente, sino también condonarle el delito»199. Lo inaudito es que en ese punto la sentencia parecía dilatarse de forma indefinida y todo de inmediato se paralizaba. Nada parecía obrarse desde entonces sobre el asunto hasta un nuevo informe elaborado por un nuevo fiscal el 18 de junio de 1788, cuyos planteamientos eran ya netamente diferentes a los hasta entonces evacuados. Téngase en cuenta que entre julio de 1784 y esa última fecha la situación en el Consejo de Indias se había modificado radicalmente. Apenas unos meses después de la muerte de Bernardo de Gálvez, el 17 de junio de 1787, falleció en Aranjuez en pleno ejercicio de su cargo de presidente de Indias, su tío y protector José de Gálvez. La desgracia parecía cernirse sobre ese linaje, aunque todavía permanecían vivos Miguel y Antonio, si bien el primero vagaba camino del destierro diplomático, nonagenario tal y como vimos había narrado, su amigo y protegido Francisco de Saavedra. Sólo el último seguía implicado directamente en la trama desde su cargo como administrador del puerto de Cádiz, aunque pronto le sorprendería la muerte en Madrid, en diciembre de 1793. Ya en vida del marqués de Sonora poco a poco se iba erosionando su poder, como aconteció con el nombramiento de un declarado enemigo 199

Ibídem. 163

de Antonio, Pedro Lerena como secretario de Hacienda en 1785 tras el óbito de su amigo en la secretaria de Hacienda Miguel de Muzquiz, conde de Gausa. Un nuevo escrito del fiscal, fechado el 18 de junio de 1788, demostró los cambios originados en el Consejo de Indias. Pero, al mismo tiempo, la continuidad de las presiones por parte de los antiguos protegidos de José de Gálvez. No debemos olvidar que Uruñuela, que había sido premiado con el cargo de ministro de ese organismo, se mantendría en pleno ejercicio de él hasta su fallecimiento en 1793 y lo mismo Urriza. Consciente de esto Cagigal recurrió el 13 de diciembre al enterarse que el antiguo intendente de La Habana había sido nombrado consejero. Le dirigió una misiva al presidente Francisco Moniño en la que le expuso que, estando presto a presentar su defensa ante ese tribunal, pidió su no intervención en el proceso por «las malas consecuencias que podía producir el hecho sólo de mirar los actuales jueces como compañero suyo». La resolución real de 2 de enero de 1792 señalaba que si la causa se hubiera de ventilar en la sala en que Urriza asistiera, éste no debía concurrir a ella200. El fiscal, por un lado, afirmó que el principal reo de contrabando, Francisco de Miranda, se hallaba ausente de los dominios de Su Majestad, por lo que había sido preciso substanciar la causa en cuanto a él con sentencia en rebeldía, «sin que se pueda aún formar cabal concepto de su culpa, por no habérsele oído», lo cual evidenciaba un cambio radical en la argumentación de ese ministerio. Mas, por otro, precisó, que por lo que hacía a Cagigal, los cargos que contra él resultaron se quedaron sin contestación a causa de su ausencia a estos reinos, cuyo defecto no ha podido subsanarse aquí 200

Archivo General de Simancas (A.G.S.). Guerra. Leg. 6.847, exp. Nº 1. 164

todavía porque, no habiendo tenido a bien Su Majestad acceder a que venga a esta Corte a defenderse, ha sido preciso suspender su audiencia hasta más oportuno tiempo para no perjudicar la dilación a los otros comprendidos que han apelado. Éstos dos eran Herrera y Felipe Alwood, que «se hallaba preso y su causa muy recomendada por el ministerio de su nación, en cuya virtud vino Su Majestad en no ampliarle la prisión bajo la correspondiente fianza»201. Este informe demostraba hasta qué punto el poder de los Gálvez y sus protegidos había obstaculizado la realización del juicio y había torpedeado todos los intentos de Cagigal para hacerse oír en la Corte desde su prisión gaditana. La dilación del juicio de segunda instancia era una prueba inequívoca de ese afán, a pesar de las presiones británicas por dar una solución final a la detención de un comerciante de su nacionalidad. Téngase en cuenta que esa recomendación del fiscal no dejaba lugar a dudas sobre la implicación del Consejo en su negativa a dar la oportunidad de defenderse al cubano en un proceso en el que era, junto con Miranda, el primer implicado, la primera declaración del ex capitán general aconteció en 1790 y sólo podría proceder a su defensa en 1796, retardándose el fallo exculpatorio hasta 1799.

La visión de Cagigal sobre el contrabando y la fuga de Miranda Cagigal, en su defensa de 1796, sostenía que Urriza procedió informado de todos los antecedentes de la Real Orden de 24 de abril de 1780 y «del sistema y objeto de estos viajes». Era 201

A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. 165

falsa la afirmación de la necesidad de ser habilitado por la Real Hacienda, con lo que se daba a entender que el aparente comercio se hacía de cuenta del erario. En ninguna de las expediciones anteriores se pudo hallar razón que lo justificase. Señalaba que, «a fin de que no quede el menor escrúpulo, conviene hacer presente que ni el general ni su comisionado tuvieron interés ninguno en esta expedición. Para convencerse con evidencia debe observarse cuáles fueron los artículos traídos de Jamaica». Éstos fueron el equipaje de su edecán, a quien se le entregó por él en el castillo de la Punta, «en lo que no hubo hallar reparo el censor menos indulgente y más intolerante», los géneros y la loza permitidos al «confidente inglés» (Alwood) que los recibió regulados y tasados unos en la dicha fortaleza y los otros de orden de Uriza, los cuatro baúles y diferentes muebles, que se pasaron a la Aduana, donde se les debió dar destino, «como que no habían merecido la protección del Gobierno» y las carnes saladas, que también estuvieron depositadas en ese registro arancelario y que desde él marcharon para su venta y cuyo principal comprador fue la misma Real Hacienda. Su valor sirvió para satisfacer a Herrera sus préstamos. El corto resto sobrante se entregó al confidente inglés en pago de los 19.000 pesos y más que reclamaba como suplido por la casa de Fitch. El último capítulo fue el de los tres baúles, de los cuales el mismo oficial con permiso de la Intendencia vendió al comerciante Baloix y que con los tres esclavos importó los 12.600 pesos que «es bien cierto no dejó escapar Alwood pues aún no bastaban para cubrir el reembolso que pretendía»202. Ante tales cifras es contundente:

202 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Defensa de Cagigal ante el Consejo de Indias de 18 de agosto de 1796.

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He aquí un raro linaje de contrabando en que los llamados contrabandista y protector no tienen intereses algunos. Aunque se diga que mi parte se excedió en haber concedido el indulto de algunos efectos, nadie lo dudará sabiendo cómo se extendió la inmunidad del equipaje203. Estima que en este caso fue Urriza el motor principal por «haber obrado sin buena fe, con desorden e injusticia notoria, así en el principio y progresos de la llamada causa de contrabando, de que fue autor único y de los autos de pesquisa, como en las muy repetidas representaciones y dilaciones». En cuanto a los procedimientos de Uruñuela, también lo considera culpable porque «se abandonó con el pretexto de que unos testigos estaban ausentes y otros habían fallecido». Sus pesquisas, si se observan sus procedimientos, «tienen señas bien características de parciales y de un celo, el más abusivo con que cooperó a las pesquisas que han sufrido y sufren el buen nombre y la hacienda de mi inocente parte»204. El cargo más grave contra él fue cómo «se vendó a sí mismo los ojos» ante el testimonio de Herrera sobre la existencia de una Real Orden que facultaba a los capitanes generales a proceder de la forma en que actuó Cagigal, tal y como lo habían hecho sus antecesores. Consideraba inaudito el que no tuviera en cuenta la documentación que el hacendado habanero puso a su disposición. Pero en ese punto glosó que las causas que pudieron influir en ofuscar a este ministro hasta el punto de haber adoptado unos sentimientos y un modo de proceder que seguramente 203 204

Ibídem. Ibídem. 167

había reprobado toda su vida, no son difíciles de adivinar en meditando como conoció las manifestaciones e íntimas relaciones que se ven entre las personas y hechos principales de este proceso. Fueran las que fueran «no puede ser menos de ser comprendidas en las dichas condenaciones como cooperante y auxiliador»205. Firme alegato sobre su culpabilidad e implicación directa en la trama. Baste ver los rápidos ascensos acontecidos durante la comisión y después de ella para entender su actuación. No podía ser más concluyente el cubano. Sobre lo referente a la fuga de Miranda se le había hecho cargo de que, habiéndosele dirigido una orden regia positiva para su arresto y remisión a España, él «no lo hizo caso por favorecerlo y libertarlo de las consecuencias a que les sujetaba el control y dio lugar a su notoria fuga. Sostiene que, de ser cierto, quedarían frustradas la autoridad real y sus intereses». Sin embargo, entendió que sería un «cargo terrible, si fuera cierto», mas «es igualmente obra de la calumnia bastante conocida y confundida con las demostraciones». Para justificarlo reseñó el carácter infundado de las reales órdenes de 2 y 16 de noviembre de 1781. Las posteriores, como las de 17 de marzo de 1782 no pudieron haberse expedido con conocimiento de la verdad que pasó a la noticia del Rey pocos días antes, el 5 de ese mes. Nunca se le dijo al Soberano «con vista de dicha representación quisiese todavía llevarse a efecto el arresto del citado oficial, que había suspendido con razones tan legítimas como hacen honor al mismo soberano»206.

205 206

Ibídem. Ibídem. 168

Sin embargo, por esa decisión no había motivo justo para que se le haya hecho cargo con la complicidad en la fuga de este sujeto, que ya en el Guárico o ya por Europa, pudo muy bien haber adquirido noticia cierta de que se hallaba en desgracia y perseguido porque la calumnia había obstruido los caminos por donde se va al trono, que es lo que principalmente le determinaría a tomar un partido tan arriesgado. Mi parte, en este punto, no está obligado a dar más satisfacción porque nada hay en los autos que le grave más que el oficio instruido del señor don José Gálvez, que obra en el expediente en otro tiempo reservado, donde por las causas y medios que allí se indican, sin hecho ninguno político, se le atribuye la complicidad, cuyo documento, por más que el nombre de orden real le haga responsable, la rectitud del Consejo se verá precisamente a creer que, conforme a las leyes, no constituye prueba plena ni semiplena, mucho menos si se consideraban bien207. Hoy en día sabemos que fue precisamente Bernardo de Gálvez quien comunicó a Miranda las reales órdenes que le condenaban al arresto y la remisión a España, por lo que fue esa obligada postración, confirmada por el poder de ese linaje y las graves imputaciones que desde su ira partían, lo que le llevó al caraqueño a tomar esa decisión de fugarse y romper con España. Fue la casualidad, el no encontrarse en la posada donde residía cuando se procedió a su detención, decretada por Unzaga, lo que le decidió, plenamente consciente de lo que se le venía encima, a 207

Ibídem. 169

tomar esa resolución. De forma refinada, pero no menos concluyente, arremetía contra una Real Orden cuyo fundamento sólo se justificaba por la firma regia desde donde partía. En su memorial a Godoy, de 26 de marzo de 1793, por el que solicitaba ser juzgado por una junta de generales, argumentaba que no tenía ninguna responsabilidad en su huida. Por ello se le encarceló, pero no se le abrió ninguna causa, ni se le convenció de su culpabilidad. Aseveraba que «el capitán Miranda había desaparecido aprovechándose de la facilidad que le proporcionaba la entrada de las embarcaciones de los angloamericanos». En numerosas ocasiones el caraqueño había expresado a la superioridad «los motivos que le obligaron a ausentarse y que ha ofrecido muchas veces después el presentarse con tal que lo juzgase otro tribunal que el de sus calumniadores, lo que nunca ha conseguido»208. En un escrito de defensa elaborado el 4 de octubre de 1799 sostuvo que «la malevolencia» le había condenado por la fuga de Miranda, lo que era «el último convencimiento de sus delitos». Frente a tal acusación, aseveró que ya había pasado «el siglo de estos raciocinios». Expresó que el caraqueño huyó por la poca precaución con que se procedió a su arresto, por los peligros que se vio amenazado porque creyó que podría manifestar mejor al trono su inocencia desde un país extraño que desde un oscuro calabozo, porque vio obstruido para la verdad los conductos que debían trasmitirla y ocupados por la calumnia. Esa evasión no nacía de que «su conciencia le acusase de ese infame reato», sino de todo lo contrario. El capitán general suspendió su 208 A.H.N. Estado. Leg. 3152, exp. Nº 3. Memorial a Godoy de 26 de marzo de 1793 de Juan Manuel de Cagigal solicitando su juicio por una Junta de Generales.

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arresto por creer que debía hacerlo. Por ese hecho se vio precisado su ejecutor «a mendigar en los países extranjeros»209.

El largo vía crucis de Cagigal desde su arribada a Cádiz hasta su marcha a Madrid Miranda asumió las consecuencias de su decisión al declararse fugitivo, desertar del ejército y romper con España. Sin embargo, por un tiempo creyó que esa determinación pudiera haber sido reversible por la intervención directa ante el soberano de su protector. La trayectoria posterior del cubano demostró que en cierto sentido el caraqueño optó por el único camino viable ante la realidad de las circunstancias, ya que nada podía hacer frente a la persecución que sobre él ejerció la influencia y el poder desplegado desde la Corte por los Gálvez. Al arribar a la bahía de Cádiz inició en septiembre de 1783 el depuesto capitán general su largo y particular vía crucis hasta que se le permitió defenderse ante la Corte en 1796 y se emitió la sentencia tres años después. Él mismo relató que salió en un navío de la escuadra que conducía al ejército de operaciones después de la firma de la paz en julio de 1783. Justo detrás de ella marchaba una fragata suya propia, el Héroe, fletada por la Real Hacienda y en la que se había embarcado bajo de registro y con los despechados correspondientes 24 cajas de azúcar de su pertenencia. Nada más llegar quedó «confinado en una plaza de donde no se le permitía pasar a otra parte». Al poco tiempo,

209 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Escrito de Juan Antonio Cagigal de 4 de julio de 1798 sobre la conclusión del proceso judicial sobre contrabando.

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a consecuencia de orden u órdenes reservadas del ministro, fui puesto en la rigurosa prisión del castillo de Santa Catalina, donde no acabaría si me detuviese a referir los trabajos que padeció, muy impropios de su calidad y carácter porque llegaría hasta la inhumanidad la indigencia de lo más necesario, la desnudez y el desabrigo210. Se hallaba en tan penoso arresto cuando una Real Orden redactada por José Gálvez el 4 de diciembre de 1783, dirigida a su hermano Antonio, comandante de la bahía de Cádiz, le indicaba que la fragata de Cagigal, «aunque sonaba el nombre de otra persona», quería Su Majestad su embargo con todo lo que tuviese a bordo. Debía formarse individual inventario y tasación de todo ello por inteligente con intervención del maestre o sujeto que la tuviese a su cargo o que destinase a este fin Cagigal, sino continuase en negar su dominio, que la hiciese comprar y armar de cuenta de la Real Hacienda con el destino de guardacostas al seno mejicano y que dejase después en la tesorería de Indias su valor y el de sus pertrechos y útiles al fin de que se adjudicase a su tiempo al mismo a quien pertenece, conducida que fuese la causa de residencia y pesquisa que contra su persona se actuaba en La Habana211. Puede apreciarse en esa cédula regia cómo se trataba de involucrar directamente los bienes de Cagigal con el supuesto negocio de contrabando de Miranda. De ahí la insistencia en

210 211

A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Defensa de Cagigal de 18 de agosto de 1796. Ibídem. 172

que el ex capitán general reconociese que su origen derivaba de ese «negocio». La fragata Héroe fue tasada en 14.080 pesos. No fueron incorporadas a su inventario las 24 cajas de azúcar «que no se duda existían allí». La irregularidad del inventario fue notoria, pues no contó ni con las firmas del contramaestre ni del guardián, ni con la intervención del escribano que la certificase. Asimismo, tampoco fueron incluidos los muebles pertenecientes a su equipaje, que parece fueron depositados en un paraje llamado «del caño del trocadero». Relevante de la actitud adoptada contra Cagigal fue la incautación de unas estampas calificadas de «indecentes». Replicaba al respecto el cubano que «no resulta con qué genero de indecencia», pues eran unos grabados excelentes, entre ellos la Venus de Medicis y semejantes, cuyas obras por su mucho primor apreciaban singularmente los curiosos y aficionados al dibujo y que se conservaban en los museos para el aprecio y admiración del arte y no para el abuso. Apuntó la causa de esa incautación al considerar que este especie podía figurarse de modo que contribuyese también a la humillación de mi parte se hizo alto en ella, se dispuso que se reclamase las tales estampas un comisario de la Inquisición de Sevilla, se pasó el hecho a noticia de la Corte, como si tuviese una gran relación con el asunto de que se trataba y últimamente se dio lugar a que se mandasen entregar con el ruido y solemnidad de una Real Orden212. Estos procedimientos eran un ejemplo de la actuación despótica de Antonio Gálvez al frente a la comandancia de la bahía de 212

Ibídem. 173

Cádiz con la plena bendición y dirección de su hermano. Se detenía a un supuesto delincuente una vez más a través de las reales órdenes, sin posibilitar en ningún momento su defensa, alegando un supuesto juicio habanero al que no se le había dado la posibilidad de defenderse. No se le abría ningún procedimiento judicial, sino se entablaba una correspondencia entre los dos hermanos con el objetivo claro de dilatar sine die la causa e impedir el ejercicio de su defensa por parte del implicado. Alguien no precisamente sospechoso de «infidelidad» a los Gálvez, como Francisco de Saavedra, se refirió con contundencia en sus memorias al poder depositado en el comandante gaditano. En un suceso narrado en ellas expuso que reunió todos sus esfuerzos para luchar con el resguardo de tierra más difícil de reducir a la razón porque sus individuos presumían tener más apoyo en la Corte y estaban infatuados con el predominio casi absoluto que por su carácter irresistible y su conexión con el ministro de Indias ejercía en Cádiz don Antonio Gálvez en todos los ramos de la Real Hacienda213. Antonio Gálvez remitió a su hermano el expediente con una carta de 20 de abril de 1784 que incluía el informe que le había solicitado por el que Cagigal recibiría el valor verdadero de la fragata y de sus equipajes para satisfacer los empeños que había contraído en su compra. A ella añadía otra misiva reservada en la que en sustancia manifestaba «haber oído decir a muchos sujetos condecorados de La Habana tuvo allí durante su gobierno un tráfico grande y de ganancias considerable», ya 213

SAAVEDRA, F., op. cit., p. 239. 174

que nadie podía hacerse con una fragata por tan sólo el salario de unos meses. Todos estos hechos, en su opinión, mostraban cómo el malagueño, obligado de la autoridad que le daba su conexión con el conducto y ministro único por donde todos estos casos debían llegar al soberano, delinquió impunemente, así en cooperar a las calumnias con que se ha procurado oscurecer el mérito heredado y adquirido de mi parte, como en haberle perjudicados y mermado aquella porción de su hacienda que consistía en su fragata, su valor verdadero y en lo demás que traía a bordo. No dejaba lugar a dudas sobre la interrelación entablada por el comandante de la bahía en su carta y «el contrabando que dio motivo a la pesquisa y aún de otros muchos». De esa forma atentaba contra su honor al revestirlo «por verdadero y directo contrabandista y defraudador y aún por comerciante de la clase la más abominable y sórdida que podría caber en una persona de su esfera»214. Se daba con ello un paso más en la condena de la depuesta máxima autoridad militar de La Habana, al revestirla no sólo de la caracterización de protector de un contrabandista, sino como el auténtico eje y beneficiado sobre el que se realizaban y amparaban todas esas actividades ilegales, de las que el cartel de Jamaica era sólo una implicación más en un contubernio de implicaciones aún mayores. La prueba más evidente de los métodos despóticos de los Gálvez y de toda la red de partidarios que siguieron controlando el Consejo de Indias hasta su muerte se plasmaba en la persistencia del encarcelamiento de Juan Manuel Cagigal en el 214

A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. 175

gaditano castillo de Santa Catalina hasta que fue ésta paralizada por su marcha a Madrid en 1789, para proceder a su defensa ante el máximo tribunal americano. Más de cinco años de arbitrario arresto en los que ni se dio la posibilidad de defensa ni se ejecutó ninguna provisión al respecto esperando prácticamente a que feneciese en la celda. Por esas fechas Cagigal era plenamente consciente de que en el Consejo de Indias no tenía nada que hacer mientras que en él mandase José Gálvez. Por eso trató de que su caso se ventilase en el de Guerra, con una junta de generales, en la que se le hiciesen los cargos y se le oyese. Mas, en aquella coyuntura, era imposible. El 22 de agosto de 1783 lo había solicitado, pero una Real Orden de 16 de septiembre de ese año, comunicada por el conde de Floridablanca, había resuelto que sólo acontecería si, una vez fallada la residencia y la causa entablada contra él por Uruñuela, hubiesen cargos por la vía militar215. Ante la frustración de esa posibilidad, solicitó al Consejo que se le alzase la detención y se le permitiese presentarse en la Corte para su defensa, que se hallaba fundamentada en papeles que no debían revelarse por su carácter reservado. Indicaba que sólo subsistía con la media paga «en un país tan caro como Cádiz», lo que le había obligado a empeñarse aun cuando sobrevivía «sin la decencia correspondiente» e imposibilitado de recurrir por falta de medios. Sobre esa petición el fiscal, en su respuesta de 17 de octubre de 1784, argumentó que la providencia de su arresto tenía su origen en la vía reservada y que era ésta por la que se hallaba detenido en Cádiz. Por tal circunstancia el Consejo no tenía facultad para modificarla. Entendía que al cubano no le cabía otro arbitrio que solicitarlo ante Su Majestad, que era donde correspondía, o que el Consejo remitiese la respuesta 215

A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Relación de la causa contra Cagigal y Miranda. 176

a José de Gálvez para que se dignase resolver lo que le pareciese mandándose comunicarlo a este tribunal. Este tribunal aprobó la remisión de «la carta acordada» al Rey para que dictaminase al respecto. Una Real Orden de 17 de noviembre de 1784 insistía en que no debía venir a la Corte a proceder a su defensa y planteaba al Consejo que si éste lo reputaba preciso, comisionase a un ministro de la Audiencia de Contratación de Cádiz para que oyese a ese general y le admitiese los documentos que tuviese que presentar en su defensa, tratándose todo ello con la máxima prevención216. Estaba claro que el objetivo de Gálvez era seguir utilizando la vía reservada para torpedear su defensa e impedir que el militar se presentase ante la Corte. No obstante, esa última posibilidad que le abría al Consejo sería para él contraproducente. Fue quizás un error de cálculo por creer que su hermano Antonio tenía controlada a los ministros de la Casa de Contratación, pero la actuación honesta del oidor Juan Álvarez Valcárcel, como veremos más adelante, se convirtió en una de las mayores apoyaturas del depuesto capitán general. El 15 de enero de 1785 el fiscal del Consejo entendía que la demora de la resolución de la causa en La Habana podía ocasionar graves daños a los demás reos, para los que se estaba actuando ya la segunda instancia. No hallaba otra forma para abreviarla que la remisión de los autos originales al ministro de la Audiencia de Contratación que fuese del agrado del consejo. Este tribunal acordó la remisión de los autos, basándose en lo prevenido en la Real Orden anteriormente señalada de 17 de noviembre de 1784. El 18 de junio de 1785 se acordó que el ministro de la Audiencia gaditana que entendiese en la causa de Cagigal la formalizase con la mayor brevedad posible para su 216

Ibídem. 177

remisión al Consejo. En ese estado, nombró este organismo el 23 de agosto de 1786 al oidor Juan Álvarez Valcárcel217. Mientras tanto, Miranda remitió desde Londres el 10 de abril de 1785 por intermedio del ministro Bernardo del Campo una representación a Carlos III, por la que solicitaba su retiro del ejército y algunas compensaciones. Todavía creía que su petición podía ser atendida. En ella denunciaba «el injurioso y tropélico procedimiento que en mi persona ha querido también ejercer el ministro del departamento de Indias José Gálvez». Describía su trayectoria personal y méritos militares. Decía algo muy importante en las claves de su pensamiento, y sin duda en el de esa camarilla de poder del despotismo ilustrado. Atribuía el trato ofensivo de los Gálvez a «la desventaja mayor de todas para el asenso, que es ser americanos según la opinión general y particular del señor ministro actual de Indias». Se sentía «cansado de lidiar con poderosos enemigos». Su hipotético triunfo «nunca pagaría los prejuicios que ocasionan siempre en la honra, y lo que es más, en el precioso tiempo que para ello se gasta futilmente; pudiendo sacar inestimables ventajas si se dedicase a estudios sólidos y útiles ocupaciones, que son más análogas con su genio». Decidió renunciar a la carrera militar, por lo que solicitó rembolsar los ocho mil pesos que le costó su empleo de capitán y los sueldos anteriores. Sólo solicitó el perdón y que se le reconociera que ha «procedido siempre con pureza y con altos deseos del mejor servicio»218. El 26 de mayo de ese año, Floridablanca le escribió a través de ese mediador con dilaciones, que fundamentó en la extensión del documento. En realidad lo que se trataba era de ganar tiempo para que Campo pudiera organizar un plan para prenderlo y 217 218

Ibídem. MIRANDA, F. op. cit., tomo III, pp. 421-431. 178

enviarlo a España fuera de Inglaterra. Cuando se hallaba en ruta entre Berlín y París, se dio cuenta en esta última a la policía gala para que lo detuviese tan pronto como pisase territorio francés. El 6 de noviembre de 1785 un norteamericano que le acompañaba se dirigió al albergue convenido en París con el marqués de Lafayette. Allí se percató de que el posadero ya había sido advertido de su llegada. La policía le interrogó sobre el paradero del caraqueño. Smith se lo comunicó a su amigo francés, quien le recomendó que le escribiera para que no arribase a París. En clave le comunicó lo anterior el 10 de noviembre. Miranda siempre pensaría que el marqués francés había sido cómplice de ese complot. Durante varios meses la Corona ignoró su paradero. En Turquía volvió a intentar su captura en julio de 1786. De allí marchó Rusia, donde la zarina Catalina II multiplicó sus atenciones y le permitió vestirse con un uniforme de coronel español y fue distinguido con el título de conde. El encargado de negocios español, Pedro de Macanaz, protestó el 13 de julio de 1787 por tales atributos y exigió su entrega a España, secundado por el conde de Segur, embajador de Francia y el representante del reino de Nápoles. Pero la zarina reaccionó nombrándolo coronel de la armada imperial y le propuso permanecer en Rusia y hacer allí la carrera militar. El venezolano rehusó amablemente y decidió marchar a Suecia, donde España dirigía otra petición semejante, pero Gustavo III la rechazó por el respeto que le inspiraba la corte rusa. Toda una serie de rumores esparcidos por funcionarios españoles trataron de denigrarlo. Incluso se decía que se hallaba preso en Madrid, tras ser capturado subrepticiamente en Londres. El 29 de junio de 1789, ya de regreso en Londres, le dirigió una carta a Del Campo sobre las gestiones iniciadas en 1785. Pero ya no le engañó. Dirigió una nueva carta a Floridablanca el 15 de julio de 1789. Al mismo tiempo otra a la zarina, en la que agradecía su 179

protección. El 6 de abril de 1790 el ministro le dio finalmente una respuesta: el Rey no podía tomar una decisión por estar comprendido «en un proceso en que conviene se defienda y purifique su conducta». El 23 de abril escribió sus últimas cartas como súbdito español. Se dirigió a la Corte renunciando a su cargo en el ejército. Decidió en sus propias palabras ponerse «así en la dura precisión de sacrificar todo mi caudal e intereses, y lo que es más, la dulce compañía de mis padres y deudos, para escoger una Patria que me trate al menos con justicia y asegure la tranquilidad civil»219. Los subrayados son suyos. Una persecución tan larga y despiadada y la imposibilidad de ver defendida su causa con las mínimas garantías no sólo con Gálvez, sino con el mismo Conde de Floridablanca llevó definitivamente a su ruptura con España y a luchar denodadamente por el proyecto emancipador. Las contradicciones jurídicas en el proceso en España eran notables. Mientras la causa en lo referente a los demás reos, incluido Miranda, se hallaba en segunda instancia, en lo referente a Cagigal, Uruñuela todavía no había dictaminado. La vía reservada de Gálvez seguía obstaculizando su defensa ante el consejo, al tiempo que una telaraña de querellas se entablaban contra él, como hemos visto. Pero, en medio de esa maraña, se procedió por primera vez a oír al reo principal. El oidor le tomó declaración. En ella el cubano argumentó que el contrabando se fundamentaba en las reales órdenes que habían utilizado sus predecesores y que la documentación al respecto debía de encontrarse en la Capitanía General de La Habana. El 9 de abril de 1788 por su auto se libró el correspondiente despacho al gobernador de La Habana para que remitiese copia 219 Ibídem, tomo VIII, pp. 513-514. BOHÓRQUEZ MORÁN, C. L.: Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina, La Habana, 2003, pp. 104-142.

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certificada para la sustanciación de la casa. Sin embargo, para evitar demoras, se pidió también al Consejo que, por medio del presidente de la sala de justicia, se solicitasen copias a la Secretaría de Estado o a las vías reservadas de Guerra, Hacienda e Indias. Sin embargo, esa demanda fue infructuosa porque se les indicó que habían sido buscadas «con la mayor escrupulosidad y no se había encontrado orden alguna que permitiese semejante introducción»220. Con esa decisión de mostraba claramente que no había interés por «hallarlas».

Su defensa ante la Corte Finalmente, el camino se le despejó para poder presentarse ante la Corte. El 5 de enero de 1789 el Rey se sirvió concederle licencia para venir a Madrid a defender su causa, manteniendo esa villa como lugar de arresto. Asimismo se le ordenó al oidor de la Casa de Contratación remitiese los autos en el estado en que se hallaban. Éste los remitió el 3 de febrero con lo obrado por él, que se reducía a la declaración del imputado y a las diligencias del despacho del oficio a La Habana para solicitar las reales órdenes sobre permisión de contrabando a los capitanes generales. Mas, entre esos documentos, se encontraba una sorpresa proporcionada por José de Ezpeleta, el testimonio de aquéllas remitido a Cádiz el 14 de agosto de 1788. Se quebraba de esa forma por parte de ese capitán general la política de ocultamiento sistemático practicada por la camarilla ligada a los Gálvez, aunque eso sí después de la muerte de su todopoderoso jefe. El 20 de abril de 1790, ante el escribano de cámara, se procedió por parte de Miguel Calixto de Acedo y Ximénez221 a la A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Natural del lugar de Acedo, donde nació en 1730. Se formó en las Universidades de Oñate y Salamanca, donde se licenció en derecho, fue en América oidor de la Audiencia de Santo Domingo y alcalde del crimen en la de México hasta que en 1779 se hermano el 220 221

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confesión de Cagigal, que continuó durante los días 21 y 22. En ella afirmaba ser natural de Santiago de Cuba y originario de las montañas de Burgos, casado con Ángela Durán, teniente general de los reales ejércitos, de 51 años de edad. En ella, frente a las graves acusaciones de contrabando, señaló lo ya conocido: que procedió en el asunto con arreglo a la Real Orden que le amparaba, pues siempre había estado en la inteligencia de que le facultaba para lo que hizo, mayormente con tan justo motivo como fue el procurar averiguar todos los particulares de más interés para la conquista que se intentaba de la Jamaica, como de facto se verificó, que se trajesen planos y noticias, las cuales se remitieron por vía reservada y los planos al teniente general don Bernardo de Gálvez222. La declaración refería que Miranda salió con 4.000 pesos de la Hacienda y «fueron los únicos caudales que llevó con orden y con noticia del confesante y de ningún modo dio permiso ni consentimiento para que llevase los 16.000 pesos de Herrera». El dinero público transportado lo fue «para socorrer prisioneros». Se evidenciaba por la forma de las acusaciones vertidas, el tono de ellas y la misma forma de testificación del implicado que fue una auténtica pantomima de Antonio Gálvez, demostrativa una vez más de su directa involucración en el proceso, conde de Erauz escribió a Gálvez en su favor, por lo que fue nombrado poco tiempo antes de la muerte de éste, oidor en la Audiencia de la Casa de Contratación de Cádiz el 26 de marzo de 1786. El 24 de junio de 1789 había sido promovido al Consejo de Indias en reemplazo de Areche. El 3 de septiembre de 1807 entró en la Cámara de Indias, en la que sirvió hasta su muerte el 8 de noviembre de 1814. Era, pues, un magistrado que debía su promoción al malagueño. BURKHOLDER, M. A., op. cit., p. 2. 222 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Confesión ante escribano de cámara en Cádiz de 20 de abril de 1790 de Juan Manuel de Cagigal. 182

gran parte de la supuesta confesión se centraba más que en la exposición del capitán general cesado, que quedaba difusa y envuelta dentro de las recriminaciones contra él. Términos tales como que el apresamiento de los guardacostas de la Marina de una embarcación cargada con géneros ilícitos se había hecho frente a una tripulación de gente sin carácter alguno, ni que demostraban ser de consecuencia, por lo cual, aunque hubiesen visto la firma del capitán general, podían dudar de ella, pero que en la expresada embarcación en que venía Miranda, no solamente irrespetaban la bandera parlamentaria, sino que abusaban de la autoridad del capitán general en insultar al oficial de grado que, caracterizado con el pasaporte del contenido le intentaban atropellar, y, siendo esto en desaire al de su empleo le pareció estar obligado a dar orden para que se le castigase el atentado. En todo caso las manipulaciones y las incoherencias de la «supuesta confesión» eran más que desconcertantes y demostrativas de procedimientos «poco ortodoxos»223. El 27 de noviembre de 1790 Cagigal solicitó al Consejo que se remitiese la documentación que sobre el caso existía en la vía reservada. Se reiteró la petición, pero la contestación no fue menos significativa, o no existían o «no había venido Su Majestad en acceder». Sólo les fue entregada la carta del comisario del resguardo de Cádiz Antonio Gálvez con las diligencias practicadas sobre la venta de la fragata Héroe224.

223 224

Ibídem. A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Relación de la causa contra Cagigal y Miranda. 183

El cubano se hallaba angustiado por graves penurias que obstaculizaban su supervivencia y la de su familia en la Corte y hacían inviable su defensa. Ante ello, su escrito de 17 de noviembre de 1790 relataba su viaje forzoso a Cádiz en su fragata Héroe y su incautación por Antonio de Gálvez. Este comandante del resguardo había procedido a su embargo y venta «con tal tiranía y generalidad» que incluyó en ella su equipaje y muebles que debían haber quedado exentos. Por esa apropiación «quedó reducido a estado de mendicidad, preso en una fortaleza de aquella plaza y privado aun de los sueldos de su grado y hasta de las ropas y vestidos», lo que le condujo a empeños y «a recibir como un pordiosero los auxilios que absolutamente se le despojó». Esa confiscación como fianza de las causas de residencia y de contrabando, había sido aprobada por su hermano por vía reservada el 21 de mayo de 1784. Mas, como quiera que de la residencia había sido absuelto y que para hacer frente a la de contrabando bastaban las cantidades embargadas en La Habana y «las cuantiosas partes de presa que le corresponden de las conquistas de Pensacola y Providencia», solicitaba el reintegro del dinero embargado en la depositaría de Indias, de Cádiz. Sin él no podía hacer frente a la subsistencia de su familia en Madrid ni sufragar los gastos de los pleitos. El Consejo aprobó el 13 de abril de 1791 la entrega de la tercera parte de los 14.050 pesos en que fue valorado el barco, que había sido destinado a Veracruz como guardacostas225. En ese estado de cosas, el 14 de agosto de 1790 había remitido el capitán general de La Habana Luis de las Casas un testimonio de las diligencias que cometió el Consejo al difunto auditor de Guerra José de Cartas y Texerinas. Sin embargo, Cagigal se encontraba con problemas para ultimar con sus abogados su 225

Ibídem. 184

defensa. Por eso, el 28 de noviembre de 1792 pidió tres meses de aplazamiento, concediéndole dos el 13 de abril de 1793. Nuevos aplazamientos la dilataron hasta que el 23 de febrero de 1795, el fiscal reconoció que la dilación se debía a que se hallaba ausente, empleado en la guerra contra la República Francesa, por lo que se debía haber librado despacho a Pamplona o donde se hallase. El 4 de mayo este funcionario señaló que, para evitar nuevas demoras, ignorándose si en la actualidad permanecía en objetos del real servicio en Valencia, era conveniente hacer presente a Su Majestad el estado de estos autos226. En ese intervalo de tiempo se había producido la defenestración del conde de Floridablanca y con ella la de su hermano José Moñino. El 28 de julio de 1792 fue designado presidente del Consejo de Indias el canario Antonio Porlier y Sopranis, cargo que desempeñó hasta la invasión francesa de la Península. Las condiciones paulatinamente se tornaban más propicias, máxime con los fallecimientos de Urriza y Uruñuela en pleno ejercicio como magistrados de ese tribunal. En efecto, el 26 de marzo de 1793, siempre desconfiando que el poderoso núcleo de presión de la camarilla de Gálvez le coartase la vía entablada en el Consejo de Indias, presentó una solicitud ante Godoy, en la que, al tiempo que solicitaba su reingreso al ejército para participar en campaña en la guerra contra la República francesa, pedía también que su caso fuera resuelto en el Consejo de Guerra por una junta de generales. Era la segunda vez que lo planteaba, ya que vimos con anterioridad que la primera se había frustrado en tiempos del conde de Floridablanca. Era «la obligada herencia de mis antepasados», a pesar de los sinsabores y disgustos que le «estaban acabando la vida años hace», lo que le llevan a pedir «la gracia de 226

Ibídem. 185

ser empleado en su real servicio y en defensa de la religión y de la Patria. Tras relatar todas las causas entabladas contra él y Miranda, pidió la concesión del «resarcimiento de su honor por un consejo de generales que suplica para la pública satisfacción de sus agravios». Ellos debían ver por sí mismos la causa pendiente del contrabando227. El 19 de abril de 1793 su esposa, María Ángeles Durán, volvió a reiterar su reincorporación a filas «para que no quede en la inacción quien ha heredado y halla en su corazón tan poderoso estímulo para sacrificar su vida en defensa de su Rey, Patria y Religión»228. Si bien la junta de generales no fructificó y el proceso se siguió ventilando en el Consejo de Indias, el cubano sí se reintegró al ejército como oficial en la guerra contra la Revolución francesa (1793-1795). En junio de 1793 dirigió las tropas españolas acantonadas en el Vallespir con el objetivo de atacar la poderosa fortaleza de Bellegarde, situada en un punto estratégico en el camino hacia la frontera del Perthus. El sitio dio comienzo el 12 de junio y el 22, el coronel Dubois-Brulé tenía que aceptar la rendición ante el agotamiento de los recursos y el deterioro de las murallas. Se constituyó como uno de los principales artífices del triunfo español. La Gaceta de Madrid anunció el mismo día de la capitulación de la plaza la celebración de un Te Deum y la salida hacia Barcelona de 900 hombres de la guarnición derrotada229. Tras la paz sería designado comandante general de

227 A.H.N. Estado. Leg. 3.852, exp. Nº 3. Escrito de Cagigal al Duque de Alcudia el 26 de marzo de 1793 solicitando su reincorporación a filas y su juicio por una junta de generales. 228 Ibídem. Escrito de María Ángeles Durán solicitando la reincorporación a filas de su marido. 229 AYMES, J. R.: La Guerra de España contra la Revolución Francesa (1793-1795), Alicante, 1991, p. 58.

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Valencia, ciudad en la que pasaría los últimos años de su vida hasta su fallecimiento en 1811230. Lo cierto es que desde su arribada a la Corte, hasta que acometió su defensa el 18 de agosto de 1796, contando con el asesoramiento del abogado Ignacio Machuca, transcurrieron más de seis años. El Consejo rindió diferentes despachos a la justicia de Valencia para que en el plazo de 30 días despachase los autos. El 2 de julio de 1795 se le acusó de rebeldía y el 20 que substanciase los autos en los estrados, situación que se dilató hasta la defensa señalada231. En ese testimonio comenzó por declararse inocente de tales acusaciones y por imputar directamente a Urriza, a Antonio Gálvez y a Uruñuela. Se consideró ultrajado por el primero por sus delaciones, por el segundo por su carta por la vía reservada de 20 de abril de 1784 y por el tercero por sus procedimientos. Los tres le infringieron graves daños «en su hacienda, en su reputación, mérito y ascensos» por lo que debían ser condenados mancomunadamente. Al haber fallecido debían serlo sus bienes donde quiera que se hallen, estimados en más de 100.000 pesos, atendiendo a la condenación proporcionada a cualesquiera otras personas a quienes de cualesquiera modo parezcan imputables en todo en parte, éstos darán cuenta, ya como autores principales e inmediatos, ya como cooperantes o de otra manera, sin omitir las demostraciones penales correspondientes a los diversos grados de malicia y a la justa satisfacción del ofendido232.

230 A.H.N. Estado. Escrito de Francisco Javier Elipe al Marqués de Bajamar de 15 de abril de 1973. GRISANTI, A., 1956, op. cit., p. 14. 231 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Relación de la causa contra Cagigal y Miranda. 232 A.H.N. Consejos. Leg. 20.878. Defensa de Cagigal de 18 de agosto de 1796.

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Un rasgo que se convierte en trágico de este proceso por su dilatación en el tiempo, lo que lo convierte más afrentoso para Cagigal y Miranda, es que los principales implicados se hallaban ya todos fallecidos en 1796. Por eso exigió que fueran precisamente sus bienes los que asumieran la afrenta originada a su honor y reputación. Además de esto lógicamente reclamó el desembargo y la entrega a su parte sin costo alguno de los caudales suyos que se hallaban depositados en La Habana y en la tesorería de la Real Hacienda de Cádiz, y especialmente las cajas de azúcar, equipaje y otros efectos de la fragata Héroe, cuyo abono debía ser proporcionado por los bienes de Antonio de Gálvez. Para recuperar su prestigio dañado, dado que no podía resarcirse con el castigo de los principales implicados, solicitó la comunicación de esa sentencia al ejército de La Habana en la Gaceta de Madrid y en los demás medios «donde lo requiera el honor el interesado», ya que «ya para doce años que mi parte es el espectáculo o el escándalo del ejército de estos reinos y aun de toda Europa». No se hallaba procesado por su falta de valor, de fidelidad o de pericia en su profesión militar que práctica y especulativamente empezó a aprender casi desde la cuna al lado de los más ilustres ejemplos domésticos que ha oído su casa y en todas cuantas campañas y funciones han ocurrido en el discurso de su edad, ya de subalterno, ya de jefe, según la serie de sus diversos grados, siempre con buen nombre y aplauso, sino por una acción que calumniosamente se le ha atribuido, la más indigna de una persona de su entereza y circunstancias233.

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En todo momento el cubano se presenta como el militar de linaje y de alcurnia, de origen hidalgo, se creía heredero de una tradición en el desempeño de esa profesión, cuya dignidad ha sido mancillada por una afrenta cuya trama nada tiene que ver ni con su actuación en el ejército, que considera intachable e incluso resplandeciente en su ejercicio americano, máxime después de sus éxitos de Pensacola y Providencia, ni con su fidelidad a la Corona. Apuntó firmemente la causa real de esa postergación: su imputación ha sido «dispuesta, tramada y consumada entre muchos sujetos del mayor carácter con el ánimo premeditado de instruirle quitarle el honor y oscurecer si fuera posible eternamente su carrera». Borrarle de la escena pública y acabar con su carrera era, pues, el objetivo meridiano de esas personas de gran preponderancia en la Corte. Entendía que era el momento de desvelarlas. El asunto Campbell, a pesar de ser juzgado con la parcialidad de Uruñuela y con las calumniosas instrucciones de las reales órdenes de Gálvez y de las cédulas del Virrey de Nueva España, al ser remitido al Consejo tuvo una resolución tan favorable a este perseguido general como vergonzoso abuso de los delatores y enemigos, cuya inveracidad y calumnia quedaron averiguadas, ejecutoriadas y llenas de oprobio sus personas, cuyo nombre ha llegado el caso de que ahora se debe revelar y se revela en justicia. El primero de ellos fue Antonio Gálvez que hizo lo que pudo para que no se le levantase el arresto que padecía en Cádiz y se le permitiese marchar a la Corte «después de la muerte del señor José Gálvez y asimismo en los oficios que pasó a las

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diferentes vías reservadas». Su hermano siempre lo consideró como protector de la fuga de Miranda. Éste noticiosos sin duda por medios que ignora y para lo cual pudo tener muchos, de la persecución y ruina que se le disponía por una imputación notoriamente falsa se atropellase, se precipitase y dejando de servir a su patria se determinase para salvar su persona a su mal aconsejada fuga. De ahí nació que fuera siempre mirado por el ministro como su cómplice y auxiliar en su evasión234. Sostenía que su causa y la seguida contra Miranda nacieron precisamente de sus victoriosas campañas militares en la guerra, que «debieron haber servido de escalón para mayores cargos». No obstante, no parece sino que fueron un medio preciso para la tentativa de quitarle el honor un montón de personas conspiradas, muchas de ellas concentradas en el seno de cierta familia, las unas por odios y celos que hacen poco favor a su memoria y las otras por complacencia y lisonja para el logro de sus fines particulares235. En este punto apuntaba con clarividencia al origen real de la trama. Los éxitos y la capacidad militar contrastada de los que se valieron tanto él como su edecán Miranda en las misiones americanas, promocionados si se quiere con cierta altivez en los medios de comunicación a través de amigos de este último, levantaron los rencores y las envidias de un linaje todopodero234 235

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so como el de los Gálvez. Al mostrar aparentemente mayor efectividad en sus batallas victoriosas y al convertirse en un peligro para sus aspiraciones de ascenso y reconocimiento, despertó las iras de un encumbrado Bernardo de Gálvez y motivó la decidida intervención de su tío para que su protegido tuviera la necesaria proyección y continuidad de la dinastía en el poder. Esos afanes encontraron un coro de personajes dispuestos a ascender mostrándose serviciales ante tales requerimientos. Al ser destinado Cagigal al ejército de operaciones el socorro de Pensacola, el mando militar y político de la isla de Cuba, la conquista de Providencia y todos sus esmeros y servicios envenenados por la malicia producían el acervo justo de cuatro causas, una la actual y otras de cargos, los más terribles sobre dicha conquista, que hizo por sí sólo, otro sobre el registro de las fortalezas de La Habana y otra sobre su residencia. Tenía la justicia y la honrada satisfacción de que las tres últimas están juzgadas a favor suyo y que espera que ésta tenga idéntico final236. Sin embargo, un lamento le persigue: «¿Cómo pueden resarcírsele tantos años de amargura y de humillación y de pleitos injustos?» Esos once años le han causado daños incalculables en el patrimonio que debía de dejar a sus hijos, le han originado inmensos gastos por tantas persecuciones. Y, por el contrario, «todas las personas causadoras de estos perjuicios o cómplices y cooperantes en ellos han fallecido llenas de riquezas, que son las apropiadas para resarcirlos e indemnizarlos y si se pregunta cuáles son esas personas», él responde que unas son 236

Ibídem.

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desconocidas y otras no, pero de estas últimas unas lo son más o menos según su implicación. Entre ellas debían entrar las que dieron supuestos informes fidedignos en lo relativo al asunto Campbell, cuyo nombre debía constar necesariamente en la vía reservada utilizada que debe ser desentrañada. Sostenía que debían de ser inculpados Juan Ignacio de Urriza, Juan Antonio de Uruñuela, el comandante de la bahía de Cádiz Antonio Gálvez y entre las menos conocidas aquél o aquella que, sirviendo más inmediatamente que otros algunos a los pies del soberano y siendo el canal necesario y único por donde las delaciones debieron llegar a sus reales oídos, abusaron de su incomparable justificación y lograron indignarle y mantener la indignación con informes sucesivos dando razón a los individuos de las culpas propias de cada uno de estos. Por la principal parece ser el señor Urriza, aunque los conocedores ejecutaron su malignidad antes según el orden los tiempos, si es que no fue comprendido también en este número. El intendente para él tuvo que obrar de mala fe por ser «el autor único» de la causa de contrabando. Lo mismo acontece con Uruñuela por haber dejado muchas cosas sin justificar y por abandonar otras con el pretexto de unos testigos se hallaban ausentes y otros habían fallecido. Sus procedimientos presentaban el carácter de parciales «y de un celo, el más abusivo». Pero no eran «nada en comparación del raro y singular arbitrio con que, sin medir sus inconsecuencias, se vendó a sí mismo los ojos y se excuso a tomar las luces que le ofrecían las justificaciones, alegatos y pretensiones individuales del teniente coronel Herrera»

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sobre los viajes autorizados por los anteriores capitanea generales, proporcionándole papeles autorizados al respecto237. Subrayaba que las causas que pudieron «ofuscarle» hasta el punto de adoptar unos sentimientos y una maldad de proceder que seguramente había reprobado toda su vida no son difíciles de adivinar en meditando como conocía las manifestaciones e íntimas relaciones que se ven entre las personas y hechos principales de este proceso. Pero sean las que se quieran parecer, que no puede ser menos de ser comprendidas en las dichas condenaciones como cooperante y auxiliar. Afirma que no hubo dispuesto la providencia que, después de muerto el señor don José de Gálvez, se hubiese remitido no sólo el expediente de dicha comisión, sino también la carta informe que el mismo don Antonio escribió en 20 de abril de 1784, lleno de especies las más envenenadas y perjudiciales al honor de mi parte238. Las actuaciones de los dos y especialmente la misiva del último no es necesario de discurrir para comprender cuanto debió contribuir este informe a arraigar las preocupaciones en el entendimiento y voluntad de un hermano ministro y cuanto a mantener a Su Majestad en el concepto de que se le había hecho formar239. Ibídem. Ibídem. 239 Ibídem. 237 238

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Pero no quedaban ahí las responsabilidades, Cagigal las extiendió también al jefe del ejército de operaciones, debiendo responder él por sus bienes. Aseveraba que este general, «sobrino de los dos hermanos, cooperó a los mismos fines, sobre que pudieran darse muchas pruebas». Para él bastaba la carta que le dirigió el 4 de agosto de 1782 desde el Guárico, una vez concluida la conquista de Providencia. En ella se mostraba muy compadecido de las incomodidades que sufría y que le había comunicado reservadamente el 6 de marzo. Reconoció la justicia con que clamaba, por lo que, si estos sentimientos hubieran sido verdaderos y hubiera obrado con arreglo a ellos, es imposible concebir que el señor don José su tío hubiera podido resistir a la autoridad pública y doméstica de sus informes, ni hubiese mantenido voluntaria e involuntariamente a la soberana rectitud del más justo de todos los Reyes en la preocupación y el juicio que ha sido el origen funesto de tantos y tan escandalosos males240. Con ello dejaba bien claro que la responsabilidad última de toda la trama residía en el poderoso clan de los Gálvez que tejió la telaraña de su poderosa influencia en la Corte. Finalmente solicitó que, como quiera que durante ese tiempo había discurrido la novedad de haberse desplazado desde Madrid a Campa y haber mudado su residencia a Valencia, por lo que se reservaba la posibilidad de incorporar otros papeles a su vuelta a la ciudad del Turia241.

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Ibídem. Ibídem. 194

El informe del fiscal del Consejo, fechado el 10 de noviembre de 1796, era breve pero concluyente: «si se examina el inmenso alegato del general Cagigal no se hallan en todo él otro punto ni otro hecho que merezca reputarse», pudiendo solicitar la multa y demostración que estimara justa242. El máximo tribunal indiano dictaminó el 3 de marzo de 1797 la evacuación de los autos. Sin embargo el acusador público manifestó que el cubano no había comparecido a tomar los autos, por lo que nuevamente le acusaba de rebeldía para que se concluyesen consejo, proposición que hizo suya ese organismo el 24 de mayo. A ello le siguió una petición de Cagigal, por la que suplicaba la suspensión por tener que volver a instruir otro abogado por haber fallecido su defensor. Se le dio un mes perentorio para la entrada de los autos. Replicó que en el corto término de un mes era imposible hallar letrado que quisiera instruirse en tan vasto como voluminoso negocio. Se contentaba con que al tiempo de la vista se tuviese en cuenta lo que ya tenía presentado243. El 4 de octubre de 1798 presentó su escrito final en que reiteraban las imputaciones contra los Gálvez, Uruñuela, Uriza y el promotor fiscal de la causa de contrabando José Barea244. El fallo de la sala de justicia del Consejo se dilató hasta el 24 de enero de 1799. El tribunal estuvo compuesto por los magistrados Tomás Antonio Álvarez de Acevedo, Gaspar Soler Ruiz, el Conde de Pozos Dulces, José Agustín Castaño y Miguel Calixto Acedo y Ximénez. Éste último fue el que había efectuado su confesión en 1790245. En él se reconocía como A.H.N. Consejos. Informe del fiscal de 10 de noviembre de 1796. Ibídem. 244 A.H.N. Consejos. Escrito de Juan Manuel Cagigal sobre el juicio de contrabando de 4 de octubre de 1798. 245 Álvarez Acevedo era asturiano y tras muchos años de residencia en América, donde se casó con una limeña, asumió su puesto en el Consejo en 1790, que desempeñó hasta su muerte el 31 de octubre de 1802. Vio frustrada, sin embargo, su solicitud de incorporarse a 242 243

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el comisionado Uruñuela no tuvo presentes los documentos presentados por Herrera que el comandante de marina de La Habana se negó a franquear y que la Capitanía General alegaba «no había expediente que pudiera conducir a las intenciones de Herrera». Tras explicar que la actuación de Cagigal y Miranda era perfectamente legal, declaró libre al cubano de todos los cargos incriminados, por lo que, lejos de constituirse reo del delito imputado, se le han hecho acreedor a la soberana estimación de Su Majestad y al premio que en remuneración de sus méritos y anteriores servicios, como en recompensa de sus padecimientos y atrasos en su carrera, ocasionados de esta causa, se digne Su Majestad conceder en ejecución de su soberana justicia distributiva y con alzamiento de cualquier arresto, embargo de bienes, depósitos y secuestros actuados de resultas de este mismo procedimiento, le reservaban y reservaron su derecho para que por los daños, gastos y perjuicios que en su persona y caudal padecidos la Cámara. Gaspar Soler era natural de Elche. Había sido oidor de la Casa de Contratación en 1776 y del Consejo de Indias desde el 10 de septiembre de 1779. Fue ministro togado desde febrero de 1782, obtuvo honores de cámara el 14 de noviembre de 1789 y sirvió en ese tribunal hasta su muerte, el 24 de marzo de 1789, apenas dos meses después de emitir esa sentencia. Melchor Jacot Ortiz Rojano Ruiz de la Escalera, conde de Pozos Dulces, era natural de Málaga, de una familia de su elite, con padre y abuelo regidores de la ciudad. regente de Lima en 1776, efectuó la residencia del virrey Amat. En 1778 fue admitido en la Orden de Carlos III. Entró en el Consejo en 1788 y recibió el título nobiliario en 1790. El 9 de julio de 1800 accedió a la Cámara, donde sirvió hasta su muerte en 1807. Castaño, natural de Hellín, fue recibido como bachiller en cánones por la Universidad de Orihuela. Entre 1750 y 1757 tuvo prácticas de derecho en la oficina de José de Gálvez. Por sugerencia de su paisano José Moniño, conde de Floridablanca, fue nombrado agente fiscal en el Consejo de Estado en 1768, donde ejerció hasta que fue nombrado gobernador y superintendente de las minas de Almadén en 1782. Se incorporó como oidor a la Casa de Contratación en 1785 y cuando ese cuerpo fue abolido el 4 de agosto de 1790, fue nombrado ministro togado del Consejo de Indias hasta su muerte en Madrid el 12 de marzo de 1807. BURKHOLDER, M. A., op. cit., pp. 7, 118, 65 y 23. 196

con motivo de esta cause use de él donde y como le convenga y contra quién corresponda. Esa inocencia la hacía extensiva a Miranda, cuya actuación la declara como «legítima, exenta de todo vicio». Lo consideraba, frente a la severa condena impuesta por Uruñuela. «por el contrario a dicho oficial por fiel vasallo de Su Majestad y acreedor a las reales gracias en permiso y remuneración del mérito contraído en la delicada comisión que puso a su cuidado el gobernador Cagigal» y como falsamente acusado en la vista del mayor inglés Campbell. Quedaron también libres de cargos el teniente coronel Miguel Antonio de Herrera y Fernando Rodríguez Berenguer. Alwood fue sentenciado como libre en todo lo referente a sus actividades mercantiles en los navíos conducidos por Miranda. Se estimó legítima la extracción y libre de toda pena tanto pecuniaria como personal, siendo «acreedor a la benevolencia y gratitud de la nación española por la liberalidad y socorros con que auxilió a sus individuos prisioneros en Jamaica». No le exceptuaban, sin embargo, de los contrabandos posteriores, ajenos a la misión mirandina, por lo que se confirmaba como comiso los 47.474 pesos y un real embarcados sin licencia el 16 de marzo y el 19 de junio de 1783 en una época posterior al gobierno del cubano. Le condenaban a pagar mancomunadamente con Gilberto Maxen 31.800 pesos, 5.390 con Buenaventura Galua, 4.231 con Mr. Webt en 6.050 y en 900 de tres negros vendidos clandestinamente. Se le revocaba la de ocho años de presidio en el castillo de Ulúa y multa de 5.000 pesos. Finalmente, el marqués de San Felipe y Santiago quedaba libre de todo cargo. Se le obligaba a pagar los derechos correspondientes por lo traído desde Jamaica como si se tratase de un registro. Por tal motivo se le alzaba la suspensión de empleo «si aún durase impuesto por esta causa, para que pudiera 197

continuar su servicio». Culminaba de esa forma el largo calvario de más de una quincena de años con el que se vieron afrentados tanto él como Miranda por los Gálvez y su camarilla. El 10 de diciembre de 1799 Cagigal, siendo comandante general de Valencia, comunicó a su antiguo edecán la sentencia. El caraqueño se hallaba por entonces en Londres. Le informó de su absolución y le dio copia del dictamen. Le manifestó que cuando supiese exactamente su paradero le remitiría copia autorizada para su seguridad y satisfacción. De esa forma podría sin ningún recelo venirse por Barcelona a Valencia, donde tengo mi destino como en cuartel; lo que, si Ud. determina, espero me avise por el correo de Barcelona el día que debe llegar aquí para recibirle y traérmelo a ésta su casa para que desde ella pasemos a Madrid juntos esta próxima primavera a reclamar nuestro derecho en virtud a la reserva que contiene la sentencia acerca de daños y perjuicios246. Mas en el umbral de esas fechas sus planes eran ya bien distintos y lógicamente nunca fue a ver a su antiguo protector. Había roto definitivamente con España desde 1789 y estaba en negociaciones con el gabinete británico para implicarlo en la independencia de la América española. Sus actividades eran plenamente conocidas por la Corona y ni ellas, ni el riesgo que conllevaba su pase a en esas condiciones a la Península, le conducirían a pleitear en la Corte por sus derechos. Al romper con España en 1783, si bien albergó por algunos tiempos la posibilidad de que se resarciera su situación, en la misma representación a Carlos III de 1785 ya había reflejado que sólo quería el 246

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reconocimiento de su lealtad y el abono de su inversión en la carrera militar y los sueldos que le debían. Ansiaba ya actuar por libre y no verse ligado a la Corona por el servicio de las armas. El criollo se había, pues, emancipado y quería luchar contra la tiranía «ilustrada» que había marginado a los naturales de las colonias y aupado al poder a las camarillas que controlaban las redes de nepotismo y clientelismo en la Corte.

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