EU-USA: se levanta la tormenta

EU-USA: se levanta la tormenta



De cara al público la Comisión solía maquillar , hasta cierto punto, las
implicaciones sociales de ciertas políticas. Ahora bien, esto ya no es
posible del todo en casos en los que las consecuencias se desparraman, cada
vez con mayor intensidad, por las sociedades europeas. Ejemplifica el alto
grado de interpenetración de las economías y la incidencia de nuevas
pulsiones integracionistas sobre dimensiones esenciales de lo que todavía
queda de soberanías nacionales. Y es mucho. Para bien o para mal, la
experiencia ha mostrado que si se desea mejorar la integración hay que
integrarse más. De lo contrario surgen situaciones que generan agravios
comparativos o ventajas competitivas. Como no hay armonización de la
fiscalidad directa han salido a la luz casos en los que se revela, por
ejemplo, la pugna por atraer inversiones extranjeras gracias a un menor
nivel de imposición. El escándalo luxemburgués acaba de ponerlo de relieve.




La idea de Brittan, ampliada, resurgió durante la recién expirada Comisión
Barroso a propuesta del presidente Obama y en plena crisis monetaria,
financiera e institucional. Del tema se encargó (no por casualidad) el
comisario de Comercio, Karel de Gucht. Liberal flamenco muy controvertido
en Bélgica [se sugiere echar un vistazo a Wikipedia en francés. La entrada
en la versión castellana es muy breve y completamente obsoleta]. Abanderó
un tipo de librecambismo que le enfrentó con varios políticos franceses a
quienes acusó de "proteccionistas", como si hubieran incidido en un pecado
nefando difícilmente perdonable. Apoyado por Barroso, se manejó mejor que
Brittan. El proyecto de mandato de negociación tuvo una trayectoria no
demasiado dilatada, se filtró por los distintos escalones del Consejo de la
Unión y se aprobó el 14 de junio de 2013. Los funcionarios debieron
trabajar como esclavos durante casi cuatro meses. Ningún Estado miembro
rompió filas. La totalidad de mandato no se hizo pública, pero esto es algo
relativamente normal. La conocían los Gobiernos y las burocracias de los
Estados miembros y, de buena o mala gana, todos le dieron su respaldo.

Como organismo político la Comisión no es insensible a las ideologías. Si
la mayor parte de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE es de
derechas, la Comisión se orientará también en esta dirección. Si predominan
los Gobiernos socialdemócratas o liberales irá en estos sentidos. El juego
en el colegio en el que se fragua la toma de decisiones es más sutil. Los
intereses ideológicos no son los únicos en presencia. También tienen
importancia los específicamente nacionales y la necesidad de conseguir
mayorías cómodas de tal suerte que se eviten votaciones y den al exterior
sensación de fortaleza y unidad.

El lector no debe dejarse deslumbrar por el caso del presidente de la
Comisión que es el cargo en que se refleja más nítidamente el choque de las
orientaciones ideológicas. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo
tal circunstancia ha quedado clara. Los grupos políticos filtraron a sus
candidatos a la Presidencia de la Comisión y lograron, con gran berrinche
del primer ministro británico, que fuesen aceptados por los Gobiernos de
las mismas cuerdas. Esto, sin embargo, no quiere decir que en las próximas
elecciones en 2019 vuelva a repetirse el fenómeno.

La oposición contra el TTIP (ATCI) pronto adquirió dimensiones realmente
extraordinarias. Las negociaciones las había llevado a cabo la Comisión,
negociador por la UE, que informa con regularidad de su marcha a los
Estados miembros en el seno del Consejo. Antes, mucho antes, la Comisión
negociaba en presencia de funcionarios de los Estados miembros que no
intervenían pero vigilaban. El negociador, en consecuencia, tenía que
demostrar sus cualidades como tal a dos bandas encontradas. Con el sistema
actual la calidad de la información que se suministra puede no reflejar
bien los altos y bajos de todo proceso negociador. Algunos se enteran
mejor de lo que realmente pasa. Otros no. Nada de lo que antecede significa
que el negociador por la Unión no sea excelente. En el caso del TTIP (ATCI)
lo es. De ello puedo dar testimonio personal.

Es imposible, con todo, mantener bajo cuerda la marcha del proceso. Tampoco
es recomendable. En las negociaciones que aquí nos interesan los resultados
parciales (cualificados por el principio de que nada es final hasta que
todo se haya negociado) fueron transpirando hacia los medios de
comunicación y las redes sociales. Noticias ciertas y rumores abultados
despertaron alarma. Las implicaciones de la ATCI son, en efecto, enormes.
No tardaron en acudir a las barricadas numerosas ONGs, fuerzas de la
sociedad civil, expertos, etc, tanto a la derecha como a la izquierda del
espectro ideológico. Tampoco faltaron organizaciones, generalmente
empresariales o sindicales, que defendieron sin reparos temas en los que
tenían un interés eminente. Economistas y juristas apoyaron a los dos
bandos. Pronto cristalizaron dos objeciones absolutamente fundamentales. La
primera atañe a la determinación del equilibrio deseable entre regulación y
desregulación. La segunda se refiere al riesgo de que ciertos poderes de
los Estados miembros pudieran verse disminuídos como resultado de las
negociaciones.

La primera objeción, muy articulada por las organizaciones sindicales
aunque no solo por ellas, pone el acento en que las negociaciones parecía
que iban inclinándose demasiado en el sentido de una desregulación
demasiado amplia con el fin de estimular la competencia a escala
internacional. Esto significa facilitar el acceso de los productos de ambas
partes al mercado opuesto. En teoría económica la competencia incita a
mejorar los niveles de eficiencia y productividad. Pero en un mundo en el
que no reina el tipo de competencia perfecta de los libros de texto han
surgido temores de que el TTIP (ATCI) pudiera hacer recaer principalmente
el impacto de la desregulación sobre la mano de obra. En claro: los
trabajadores y los pequeños empresarios. Si en un país X los niveles de
protección laboral, alimentaria, sanitaria, de salubridad pública,
medioambientales, etc., son netamente inferiores a los del país Y, el
juego de la libre competencia tenderá a inducir a este a rebajar los
niveles con el fin de reducir sus costes y defenderse de la agresividad
comercial de X.

En tal perspectiva suele afirmarse que un acuerdo equilibrado debería optar
no tanto por favorecer la libre competencia sino por promover una cierta
igualización en los niveles de protección de cada parte. Para muchos no
está demostrado que el resultado conseguido hasta ahora lo logre en grado
suficiente. Tras esta argumentación late la noción de que los mecanismos de
protección europeos son, en muchos casos, superiores a los de Estados
Unidos. Las feroces discusiones entre republicanos y demócratas por
introducir un sistema de seguro médico obligatorio que ni siquiera es un
remedo de los europeos no han hecho sino agudizar la preocupación.

También se aduce que en el sector servicios existen numerosas limitaciones
a la libre competencia perfectamente motivadas en la medida en que la
educación, la salud o el suministro de bienes públicos, por citar unos
cuantos ejemplos, no deben quedar sometidos en la mayor medida posible al
imperio del mercado, ni a escala nacional ni internacional. Esto conecta
con una discusión que se da en casi todos los Estados miembros entre la
derecha y la izquierda sobre la ampliación de las medidas privatizadoras.
No hay que recordar lo que pasa en España en el campo de la sanidad.

En un acuerdo con Estados Unidos, afirman las posturas críticas, sería
necesario que para cada uno de los sectores productores de bienes públicos
se determinasen las circunstancias, modalidades y extensión de las
respectivas aperturas del mercado sin dejar demasiado al automatismo de la
libre competencia internacional. Favorecer esta debería ser un objetivo
instrumental y, por consiguiente, más o menos maleable en función de las
disposiciones que se negocien entre las partes. Como siempre, hay que ver
los detalles. En general, la nueva Comisión Juncker se ha comprometido a
no disminuir los niveles europeos. ¿Lo conseguirá?

(Continuará)