ETNIAS ORIGINARIAS Y CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU
1- Las Etnias Originarias del Perú y su derecho a una justa y equitativa representatividad en el Congreso de la República.
2- La realidad multiétnica del Perú y su vigencia en la vida política, económica y cultural.
3- Las Etnias Originarias y el Documento Nacional de Identidad (DNI)
4- Crece la conciencia social para cerrar la aberrante brecha étnico-cultural en el país.
5- La tesonera lucha de las etnias originarias del Perú por el respeto a sus derechos ancestrales.
6- La política neoliberal aplicada en el Perú, se ensaña contra los derechos ancestrales de las etnias originarias.
1. Las Etnias Originarias del Perú y su derecho a una justa y equitativa representatividad en el Congreso de la República.
Existen en el Perú más de 7 millones de personas de la etnia QUECHUA, más de 1.5 millones de la etnia AYMARA, en la Sierra, y cerca de medio millón de las etnias SELVATICAS, representan alrededor de 1/3 (30%) de la población del Perú 2013 – 30'475,141 habitantes. Habitan un territorio que sus ancestros ocuparon desde tiempos inmemoriales, antes de que aparecieran en él otras expresiones que caracterizan la singular diversidad étnica del país.
Les asiste el pleno derecho de tener sus propios representantes étnicos, directa y exclusivamente elegidos por ellos dentro de su ámbito poblacional, al Congreso Nacional (diputados, senadores o lo que exista) en el porcentaje que les corresponde 30% (40 de 130 actuales) y de participar en el manejo de los destinos del país que habitan, elaborando y aprobando las leyes que requiere para su desarrollo y las que tengan significado en la defensa de sus derechos ancestrales y su bienestar futuro. El Ministerio de Cultura del Perú al publicar el 1er. Listado Referencial de Comunidades, reafirma la importancia del derecho de los pueblos Indígenas u Originarios a ser reconocidos como sujetos de derechos colectivos.
2. La realidad multiétnica del Perú y su vigencia en la vida política, econónomica y cultural
Debemos rescatar al Estado multinacional, pluricultural, descentralizado, integracionista, inclusivo con todas las etnias originarias, ampliar la Democracia y recuperar la soberanía de gobernar con justicia.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (2008), en su Art. 27, dice: "Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso." Su Art. 46,3, agrega "Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe."
El proceso de cambios efectuado por las FFAA, lideradas por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975), extirpó uno de los pilares fundamentales de la economía semifeudal - los latifundios, situación que se heredara desde la Colonia y continuó en la República. Se dio un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las etnias originarias que ancestralmente habitaban y habitan en el Perú. Fundamentalmente dedicadas al cultivo de la tierra en la Sierra y Selva, todavía representan el estamento más atrasado de nuestra sociedad. Los cambios económico-sociales, impactaron poderosamente en la psicología campesina al desaparecer el trato de: sí señor, sí patrón, sí amito, la cabeza baja, la cerviz inclinada.
Sin embargo, desde ese entonces a la fecha, los sucesivos gobiernos de Morales Bermúdez, del APRA con Alan García Pérez, del dictador Alberto Fujimori, de Alejandro Toledo y, ahora, Ollanta Humala, han desactivado todos los logros políticos, económicos y sociales que se alcanzaron, aplicando las políticas neoliberales, que atropellan los derechos e ignoran los intereses de las etnias originarias, del campesinado, de los obreros y de todo el pueblo.
Nuevamente se han impuesto "los estamentos sociales con inmenso poder económico, con amplio dominio de los medios de comunicación, con poderosa influencia en todos los gobiernos para fortalecer y acrecentar inmensamente su riqueza y sus intereses, que viven y activan centralizados en Lima, que son excluyentes y prepotentes en todo sentido en el país que los cobija, del cual obtienen su exagerada riqueza, que es elitista, que se excluyen de la realidad profunda del país y de la defensa de sus Recursos Naturales, que no se interesan por recuperar la soberanía de los intereses de la nación".
3. Las Etnias Originarias y el Documento Nacional de Identidad (DNI) en el Perú
Esta grave situación también tiene su manifestación legal en el Documento Nacional de Identidad – DNI, que se define como un documento de identificación personal e inequívoca de los ciudadanos en el Perú, al no mostrar la pluralidad étnica característica de nuestra realidad. El Diccionario Enciclopédico, define como nación al "conjunto de personas que tienen el mismo origen étnico, hablan generalmente la misma lengua y están ligadas por una historia común" lo que aplica a todas y cada una de las etnias en el Perú.
Subrepticiamente (subrepción: acción oculta y a escondidas de un hecho para obtener lo que se desea) en el DNI del Perú, "de oficio" el Estado ha omitido la nacionalidad, ha desaparecido como por arte de magia, en la mentalidad de los peruanos, la existencia de las distintas etnias y sus problemas, su "ancestralidad" y orgullo. ¿Acaso se puede tomar como inclusión la desaparición de la denominación étnica de las personas en un documento?.
4. Crece la conciencia social para cerrar la aberrante brecha étnico-cultural en el País
En el panorama político, social, económico, cultural, de defensa de los derechos humanos, etc., múltiples voces y organizaciones se manifiestan decididamente contra las normas emitidas por el gobierno en beneficio de las empresas transnacionales, que perjudican los derechos de las etnias originarias, de los obreros, de los trabajadores y asalariados en general, la preservación racional del medio ambiente, la integridad del Estado y del País.
En la Primera Conferencia del VII Seminario de Reforma del Estado realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP/2012, se expresó "lamentablemente la brecha étnico-cultural no se ha cerrado, todavía, en nuestro país. La crisis se ahonda con la desigualdad en las estructuras productivas, con la no distribución de la riqueza, con instituciones llenas de prejuicios y discriminación, con la falta de oportunidades para los más pobres para un trabajo digno".
El analista Félix Jiménez, Profesor Principal de la PUCP, en su artículo publicado en el diario UNO del lunes 10 de mayo 2015, expresa "El conflicto por el proyecto minero Tía María – como en los de Conga y Bagua en su momento -, es la expresión de la fractura del país en dos: el Perú oficial y el otro Perú postergado, menospreciado, discriminado y violentado en sus derechos. No hay reconocimiento político y jurídico explícito del carácter multicultural del otro Perú de la Sierra y de la Selva. Por eso, el Perú Oficial, actualmente aliado con el extractivismo neoliberal, menosprecia sus demandas de preservación ecológica y sus derechos de posesión o uso de sus territorios". Y agrega "Imponer un proyecto minero sin contar con una licencia social legítima, es políticamente etnocrático – como diría Rodolfo Stavenghagen – y antidemocrático, porque viola los derechos de las comunidades" y concluye "La globalización neoliberal es también una integración, pero que vulnera la autodeterminación nacional y resta soberanía a los Estados de nuestros países. La estrategia que planteamos es de autodeterminación frente a la presión de la globalización, pero esta, sin duda, requiere de mecanismos de cooperación política y económica como la Comunidad Andina, el Mercosur, la Unasur y el Celac, para mantener nuestra independencia de las grandes potencias".
5. La tesonera lucha de las etnias originarias del Perú por el respeto a sus derechos ancestrales
En los Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, 1928, José Carlos Mariátegui expone su tesis de que "La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en la propiedad de la tierra. En la República, tiene lugar, la absorción de la propiedad comunal e individual indígena por el latifundismo", y preconoce "La solución del problema del indio tiene que ser económica-social. Sus realizadores deben ser los propios indios".
Es lo que sucedió y está sucediendo con las luchas populares a muerte, donde, generalmente, mueren en su mayoría los comuneros que defienden sus tierras, su modo de vida, el futuro e sus hijos, y lo hacen sin influencia de partidos, sin liderazgos de jefes encumbrados, ni reconocidos políticamente. La necesidad de luchar por sus reivindicaciones (reivindicar: "recuperar uno lo que de derecho le pertenece, y que estaba en poder de otro") está profundizándose en la conciencia de los pueblos del Perú. ¿Acaso se les puede tildar (tildar: "señalar a alguien con alguna nota denigrativa" para tratar de minimizarlo y hasta criminalizarlo) de terroristas, de subversivos, de anti inversiones, de anti mineros? Fijémonos bien quien los tilda así y que intereses económico financieros defiende y cuánto va a ganar por ello en dólares. ¡Buscar, conocer, reflexionar, actuar!. No nos dejemos engañar.
6. La política neoliberal aplicada en el Perú, se ensaña contra los derechos ancestrales de las etnias originarias del país.
"Ensañar: aprovecharse y deleitarse en causar el mayor daño y sufrimiento posibles"
Recordemos la terrible situación que se vivió en la Curva del Diablo, en Bagua, el 5 de junio de 2009, las manifestaciones campesinas rechazaron, haciendo valer sus derechos ancestrales y legales, los decretos legislativos que vulneraban su integridad territorial, destruían su modo de vida, su existencia. El gobierno de Alan García Pérez entregaba los recursos naturales del país a la inversión extranjera.
El "aprista" Alan García Pérez, en actitud claramente racista, despectiva ("perros del hortelano"), y sin el menor respeto por la vida humana (murieron 33 peruanos entre indígenas y policías y hubo 300 heridos), sin considerar el logro positivo obtenido por el general PNP Javier Luis Uribe Altamirano en sus conversaciones con los representantes indígenas, lo relevó y anuló las posibilidades de un desenlace sin muertos ni heridos, ordenó la represión indiscriminada de los pobladores indígenas y sus dirigentes. Las secuelas de su irracional actitud, y la de sus ministros, se sienten hasta ahora: en el Poder Judicial, en el que las comunidades campesinas del Perú no encuentran una vía efectiva para exigir justicia, se piden condenas de prisión de 90 años o perpetua para sus dirigentes campesinos, otro estuvo 59 meses detenido sin sentencia, a otro lo golpearon salvajemente. Para la prepotencia hecha persona - Alan García y los dirigentes apristas, que no han sido acusados ni judicializados – era necesario castigar, escarmentar a los pobladores campesinos y a sus dirigentes, que se habían opuesto a sus designios entreguistas y funestos. ¡Que gobernabilidad la de Alan García Pérez!
En Tía María -2015, Arequipa, Ollanta Humala elegido con votos de quienes ahora ataca y asesina, repite los aciagos hechos del pasado, las comunidades protestan por la justa defensa de su territorio, sus derechos ancestrales, la defensa del medio ambiente, y son reprimidos, masacrados, perseguidos, encarcelados y los organismos del Estado: Gobierno, Poder Judicial, Fiscalía se ponen de lado de quienes emplean la fuerza para servir a intereses extranjeros expoliadores de nuestros Recursos Naturales. ¡Que gobernabilidad la de Ollanta Humala Tasso¡
En artículo publicado en Diario UNO del 06 de junio de 2015, la congresista Verónika Mendoza, destaca que "Aun hoy los conflictos relacionados con las etnias originarias, se siguen "resolviendo" reprimiendo y criminalizando en lugar de ser canalizados oportunamente por la vía del diálogo". Que, "Seguimos viendo a los territorios de los pueblos indígenas como despensa de recursos a ser rematados" y que "la ley Nº 30327, - Cuarto Paquetazo, promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF (Humala – Segura) facilita el otorgamiento de servidumbres y derechos de vía enterrenos eriazos lo cual incluye de facto a los territorios de 4000 comunidades indígenas que aún no han sido reconocidas lo cual dificultará su titulación".
Rodrigo Montoya Rojas en "Pueblos Indígenas y Elecciones", artículo publicado en Lucha Indígena, Nº 80, 2013, escribe "El estado nación peruano negó a los pueblos indígenas el derecho de votar con el argumento de no saber leer ni escribir", (¿de quien es la culpa de que esta situación prevalezca?) en el mismo artículo sostiene que "la cuota del 15% de candidatos indígenas en las elecciones municipales –norma que dio Alejandro Toledo – aseguraba y asegura su fracaso electoral, demostrado en 3 elecciones municipales efectuadas" y agrega que los movimientos políticos indígenas deben hacer lo necesario para derogar esa cuota y proponer un cambio alternativo.
El Cineforo Sudamericano sobre Industrias Extractivas, realizado en octubre de 2011, expresa "El impacto de las industrias extractivas (minería, petróleo, pesca y agronegocios) y de otros proyectos de desarrollo puede ser devastador para los pueblos indígenas. Las comunidades son reubicadas por la fuerza para dejar paso a las actividades de extracción. La contaminación puede perjudicar el acceso de la gente al agua potable" "Las empresas pueden ser cómplices y, en algunos casos, directamente responsables de abusos contra los derechos humanos. A menudo las industrias extractivas dividen las comunidades y enfrentan a grupos".
El analista Carlos Monge, en "diarioUNO.pe", menciona" sabemos ahora que elMinisterio de Cultura se negó a publicar la lista completa de pueblos indígenas que ya están en listado desde fines del 2012, con lo que permitió que 25 nuevas concesiones mineras se inicien sin los respectivos procesos de consulta. Y que a lo largo de varios años del ministerio de Energía y Minas (MINEM) y después el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), dejaron prescribir más de 1000 reportes de daños ambientales causados por empresas del sector hidrocarburos y energía. Así, las empresas responsables se ahorraron las multas que les tendrían que haber sido impuestas, y la divulgación de sus malas prácticas ambientales" ¿Quiénes son los funcionarios culpables que deben ser denunciados y castigados? ¿Acaso los ministros de los sectores mencionados: Cultura – Luis Peirano Falconí, Diana Alvarez-Calderón Gallo; Energía y Minas – Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga Alba, Rosa María Ortiz Ríos; OSINERGMIN – Jesús Tamayo Pacheco, no estuvieron informados?!!
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Mayo 2015
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