Estudio introductorio a las investigaciones en biopolítica y gubernamentalidad

ISSN 0717-3512

25/ 2013

2do Semestre

Número Temático BIOPOLÍTICA Y GUBERNAMENTALIDAD EN CHILE

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

Concepción-Chile

SOCIEDAD HOY Departamento de Sociología y Antropología • Universidad de Concepción • Chile

SOCIEDAD HOY ISSN 0717-3512

Publicación Semestral del Departamento de Sociología y Antropología Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción Ciudad Universitaria s/n, Concepción, Chile Fono (41) 2203048. Fax (41) 2215860. Sitio web: www.sociedadhoy.cl COMITÉ EDITORIAL

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Manuel Antonio Baeza R., [email protected] SECRETARIO EJECUTIVO Y EDITOR

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Canje, distribución y ventas Depto. de Sociología y Antropología, Universidad de Concepción, [email protected] Publicación indexada en Latindex y Redalyc Diciembre 2014.

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SOCIEDAD HOY Departamento de Sociología y Antropología • Universidad de Concepción • Chile

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Estudio introductorio a las investigaciones en biopolítica y gubernamentalidad An introduction to the investigations on biopolitics and governmentality 7 Iván Pincheira Torres Nuevos discursos acerca de la felicidad y gubernamentalidad neoliberal: “Ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá por añadidura” New Discourses on happiness and neoliberal governmentality: “Dedicate yourself to being happy and everything else will follow” 29 Rodrigo De La Fabián, Antonio Stecher De las prácticas de muerte a la sobrevivencia: apuntes para la comprensión biopolítica de la Dictadura Militar en Chile From death’s practices to the survival: notes for a biopolitical understanding of the military dictatorship in Chile 47 Luna Follegati Montenegro Estado de excepción y campos de concentración en Chile. Una aproximación biopolítica State of exception and concentration camps in Chile. A biopolitical approach 65 Mariela Cecilia Ávila Interventores en salud mental y psiquiatría como interfase en un orden colonial Interveners in Mental Health and Psychiatry as an interface in a colonial order 79 Jimena Carrasco El aporte de las ciencias humanas a las pervivencias del golpe de estado. Cuarenta y más años para una ruptura democrática en Chile The contribution of the human sciences to the survivals of the 1973 coup d’etat. Forty years and more for a democratic rupture in Chile 97 Miguel Urrutia F., Pablo Seguel G. Ruina, degeneración y contagio: Toxicomanía y peligrosidad social en Chile Downfall, degeneracy and infection: Addiction and social dangerousness in Chile 145 Mauricio Becerra Rebolledo

Biopolítica y efectos de normalidad Biopolitics and effects of normality 163 Tuillang Yuing RESEÑAS

Adán Salinas Araya, La semántica biopolítica. Foucault y sus recepciones. Viña del Mar: CENALTES Ediciones, 2014, 346 pp. ISBN 978-956-9522-00-0 175 Felipe Stefano Ruiz Bruzzone

PRESENTACIÓN Sociedad Hoy 25: 5-6, 2do Sem. 2013

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Biopolítica y gubernamentalidad en Chile

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l presente volumen de Sociedad Hoy se propone poner en discusión investigaciones guiadas por las ideas de uno los autores más importantes de la filosofía y teoría social contemporánea, Michel Foucault. Las palabras que dan título a este volumen son precisamente dos ideas anclas propuestas por Foucault: Biopolítica y Gubernamentalidad. En su estudio introductorio, el Dr. Iván Pincheira presenta con claridad y amenidad estos dos conceptos en sus diversas aplicaciones en diversos contextos del globo y Chile. Justamente, este volumen de Sociedad Hoy nace de la constatación de un vacío de publicaciones en revistas de ciencias sociales tematizando los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad en Chile. Cuando conversamos con el Dr. Iván Pincheira acerca de la idea de llenar ese vacío con un volumen de Sociedad Hoy dedicado a Foucault y sus discípulos en Chile, la recibió con un entusiasmo contagioso. Agradecemos toda la dedicación de Iván por contribuir a dar vida a este proyecto. Los resultados de este trabajo colaborativo se sintetizan en este número, que reúne estudios críticos e investigaciones aplicadas a ámbitos diversos, considerando las múltiples transformaciones de los últimos decenios de dictadura y democracia neoliberal que ha vivido Chile. Focos diversos como la relación entre el desarrollo de ciertas ciencias humanas y la dictadura militar (1973-1990), la producción de prácticas de muerte en los campos de concentración de Pinochet, las intervenciones en psiquiátricos, la regulación de conductas toxicómanas, así como nuevos discursos sobre felicidad neoliberal, son todos temas abordados en este volumen. La producción autoritaria de una (inestable) normalidad neoliberal, y los procesos de subjetivación ciudadana que esto ha conllevado, permiten pensar a Chile desde la mirada de la biopolítica y gubernamentalidad. La consideración de la emergente resistencia y movimientos sociales que buscan otro camino, alternativo al modelo de acumulación neoliberal hegemónico, son la visión propositiva y de mayor potencial para la transformación social que ofrece esta mirada foucaultiana de la sociedad contemporánea. Vivimos tiempos de cambio social acelerado, conflictos y rupturas. Esta mirada foucaultiana contribuye significativamente a acompañar, pensar y encauzar estos enmarañados pero esperanzadores caminos de transformaciones y revoluciones

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Presentación

sociales. Que actualmente agitan, mueven y direccionan a las multiplicidades de chilenas y chilenos, pueblos y culturas latinoamericanas, a luchar decididamente contra el poder de muerte del capitalismo neoliberal contemporáneo. Robinson Torres Salinas, PhD© Secretario Ejecutivo y Editor

Dr. Manuel Antonio Baeza Director

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Estudio introductorio a las investigaciones en biopolítica y gubernamentalidad An introduction to the investigations on biopolitics and governmentality IVÁN PINCHEIRA TORRES1

Resumen Teniendo como objetivo indagar en los aspectos constitutivos de nuestros actuales marcos de gobierno, para una conjunto de investigaciones desarrolladas a nivel internacional, los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad se han constituido en útiles herramientas de análisis. En estos trabajos se examinará tanto pensamientos, ideas y razonamientos como estrategias, planes y acciones concretas implementadas desde distintas instancias de gobierno. En estas circunstancias, al caracterizar algunos de los diferentes campos de problematización que se han venido configurado dentro de esta área de estudios, esperamos hacer mayormente comprensible las especificidades que los términos biopolítica y gubernamentalidad comportan. Palabras clave: Biopolítica, gubernamentalidad, racionalidades y prácticas. Abstract Studies developed internationally have demonstrated that the concepts of biopolitics and governmentality have become useful tools of analysis, particularly in the investigation about the constitutive aspects of our current government frameworks. Thoughts, ideas, reasoning, and strategies; plans and concrete actions implemented by various levels of government are examined in these studies. In these circumstances, by characterizing the different fields of inquiry that have been framed within these studies, we aim to make comprehensible the particularities posed by the notions of biopolitics and governmentality. Keywords: Biopolitics, governmentality, rationalities and practices. Recibido: 03.11.14. Aceptado: 19.12.14.

1 Dr. en Estudios Americanos, académico e investigador postdoctoral del Departamento de Sociología, Universidad de Chile. Agradezco a Fondecyt, proyecto nº 3130602, el apoyo brindado al desarrollo de mi investigación postdoctoral. El presente texto es producto de esta investigación. E-mail: [email protected]

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Introducción Las nociones biopolítica y gubernamentalidad se han constituido en pertinentes claves analíticas para la descripción de nuestras contemporáneas prácticas de gobierno. Siendo parte del acervo conceptual actual, en referencia a las palabras biopolítica y gubernamentalidad se han desarrollado diferentes líneas investigativas que han visibilizado aspectos que resultan importantes de considerar al momento de caracterizar las actuales modalidades de gobierno. Elaboradas inicialmente por Michel Foucault, las categorías de biopolítica y gubernamentalidad han sido utilizadas en diversas propuestas investigativas desarrolladas a nivel internacional. En estos términos, el abordaje de tales nociones responderá al interés por estudiar un conjunto amplio de instituciones, discursos, reflexiones y procedimientos a partir de los cuales se han venido constituyendo las modernas instancias gubernativas. Desde el momento en que constatamos la existencia de una serie de formulaciones teóricas que han incorporado las nociones de biopolítica y gubernamentalidad en sus respectivos marcos de análisis, nos parece pertinente remitirnos a estos mismos desarrollos investigativos para, de este modo, hacer reconocibles algunos de los significados o definiciones contenidos en ambas categorías. Será, pues, prestando atención a su utilización como herramientas de análisis, pertinentes al objetivo de escrutar racionalidades y prácticas de gobierno, que podremos comprender las especificidades que los términos biopolítica y gubernamentalidad comportan. Son varias las modalidades de gobierno que han sido problematizadas utilizando los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad. Considerando una pluralidad de discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales, son diversos los mecanismos y dispositivos explorados desde estas investigaciones. De este modo, entonces, a continuación vamos a describir algunas áreas de indagación en donde ambas nociones se presentan como útiles instrumentos de análisis. Así nos referiremos a fenómenos tales como: la actualización de la antigua potestad soberana que faculta al Estado el ejercicio monopólico de la violencia; el establecimiento de una red de instituciones vinculadas al sistema penal o educacional contemporáneo; la medidas tendientes a intervenir en los procesos poblacionales, tanto a nivel de la gestión de los rasgos biológicos como de la regulación de las conductas y la constitución de subjetividad. Sin pretender abarcar el universo amplio de exploraciones hechas sobre estos temas, al establecer estos campos de problematización, lo que interesa es más bien advertir los rendimientos que para la teoría social se logran a partir del uso de los conceptos biopolítica y gubernamentalidad. Los estudios en biopolítica y gubernamentalidad han venido proporcionando claves analíticas que resultan sumamente pertinentes para cualquier programa de investigación interesado en hacer inteligible el presente. En esta perspectiva, a continuación nos detendremos en una serie de trabajos estructurados en función del uso de dichas herramientas analíticas.

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Prácticas de soberanía Estableciendo una relación de poder que vincula –de manera asimétrica– al soberano y al súbdito, la soberanía se presenta como la forma de gobierno que fue predominante hasta la emergencia de las modalidades gubernativas modernas. Tal como señala Foucault (2007: 62-63), en la relación de soberanía el soberano sustrae productos, cosechas, objetos fabricados, armas, fuerzas de trabajo, coraje; también tiempo y servicios. Así también se tendrá necesidad de recurrir al ejercicio de la violencia, o promover cierta amenaza de violencia, para que esa relación de soberanía se mantenga efectivamente. Así se establecía en el Antiguo régimen el derecho a matar. Ahora bien, para Foucault (2008), entre el siglo XVII y XVIII, Occidente sufre una profunda transformación de esos mecanismos de poder, a partir de entonces el derecho de muerte tendió a desplazarse hacia un poder de administración de la vida. Ese poder sobre la vida se desplegó en dos polos. Uno de los polos estará concentrado en el aumento de las capacidades productivas del cuerpo humano a través de una red de instituciones disciplinarias. El otro polo estará dirigido a la regulación de los procesos biológicos de la población. El establecimiento de la disciplina y la biopolítica caracteriza a las prácticas de gobierno moderno, cuya más alta función ya no es la de matar sino la de invadir la vida enteramente. Si bien el viejo derecho soberano retrocede como tecnología hegemónica de gobierno, los procedimientos soberanos siguen operando en la actualidad. Esta situación Foucault (2000) la describirá a propósito de la experiencia del racismo de Estado. A través del racismo se ejercerá el derecho de matar en un sistema político centrado en regular la vida de las poblaciones. En estas claves Foucault problematizará el nazismo. En el nazismo se conjugan los mecanismos disciplinarios, biopolíticos y soberanos. Para Foucault no hay Estado más disciplinario que el régimen nazi. Tampoco existe un Estado en que las regulaciones biopolíticas, dirigidas al control de la procreación, herencia y enfermedad, hayan sido tomadas en cuenta de manera tan insistente. En cuanto al carácter soberano de la experiencia nazi, el derecho de matar se expresa en el intento de exterminio de otras razas a través de la guerra. En esta misma línea, Estado de excepción es el término del que se sirve Giorgio Agamben (2005) para referir a la estructura jurídica por medio de la cual el poder soberano seguirá operando durante el siglo XX. A partir de la suspensión del orden jurídico, sancionado en expresiones tales como decreto de emergencia, estado de sitio o toque de queda, cuando es declarado el estado de excepción los ciudadanos son despojados de sus derechos políticos; así serán considerados por el derecho solamente en calidad de seres vivientes. Constatando la existencia de una íntima solidaridad entre democracia y totalitarismo, para Agamben (2002) el estado de excepción tiende cada vez más a

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presentarse como la forma de gobierno dominante en la política contemporánea. El campo de concentración sería el lugar paradigmático de esta condición. El campo de concentración no es una simple aberración histórica perteneciente al pasado, sino que puede ser considerada como la matriz oculta del espacio político en que vivimos todavía. Nos encontramos en presencia de un campo cada vez que, teniendo como efecto la producción de una nuda vida, el estado de excepción se materializa. La nuda vida es la existencia despojada de todo valor político. En este sentido el campo de concentración es el espacio más radical donde se ejecutan las biopolíticas contemporáneas: donde la vida desnuda, privada de todo derecho, es objeto de una constante y actualizada violencia soberana. Propuesta por Roberto Esposito (2005), la noción de inmunidad es otra de las categorías utilizadas para referir a la continuidad de las prácticas de gobierno soberanas. La búsqueda de inmunización es el paradigma que por excelencia describiría los actuales mecanismos de control social. La exigencia parece ser la de una guerra preventiva que aniquile cualquier elemento peligroso aun antes de que pueda cosechar sus víctimas. Sujeta a prescripciones provenientes del ámbito político y jurídico, afirmar la vida, protegerla, implicará exponerla a la muerte. Esta situación Esposito (2011) la graficará en una serie de casos. En el primero se muestra cómo sobre el territorio de Afganistán, en noviembre del 2001, al mismo tiempo que eran arrojadas bombas de gran poder destructivo, también eran arrojados desde el cielo paracaídas con ayuda humanitaria consistente en alimentos y medicina. Otro caso analizado es el ocurrido en Rusia en octubre del 2002, cuando en una acción policial en contra de un comando terrorista checheno, que tenía cerca de mil personas secuestradas en un teatro de Moscú, deja como saldo 120 rehenes muertos. Espósito también analiza la política gubernamental China de aborto generalizado de fetos femeninos. A través de estos casos es posible apreciar cómo las políticas de administración de la vida amenazan en convertirse en una política de gestión de la muerte. La continuidad de los mecanismos de poder soberano también será problematizada por Michael Hardt y Antonio Negri (2004), esta vez en relación a la guerra. En estos términos, buscando movilizar a la sociedad contra los que serán identificados como sus enemigos, hoy en día se invocarán constantemente metáforas bélicas, tales como guerra contra la delincuencia, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo. Una característica central de este tipo de guerras es que no tienen límites espaciales y temporales determinados. Ya sea que se trate de la lucha contra la delincuencia, las drogas o terrorismo, en tanto se encuentra dirigida a crear y mantener el orden social, la guerra en nuestras sociedades no tiene fin. Combinando intervenciones militares y policiales, la guerra se ha convertido en un régimen de biopoder, es decir, en una forma de dominio con el objetivo no solo de controlar a la población, sino de producir y reproducir todos los aspectos de la vida social. En esta misma dirección, Hardt y Negri (2008) constatarán cómo es que, en lo

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que específicamente a la guerra al terrorismo refiere, desde el atentado a las Torres Gemelas, la solidaridad con las víctimas y el miedo a nuevos peligros hicieron que las poblaciones norteamericanas y europeas, en su mayoría, fueran creando una identidad de masas legitimadora de un estado de guerra permanente. El carácter soberano contenido en la acción política contemporánea también será considerado para referir a procesos propios de las sociedades periféricas. En esta línea investigativa, a través del concepto de necropolítica, el camerunés Achille Mbembe (2011) analizará diversas prácticas de gobierno que producen muertes a través de un ejercicio sistemático de la violencia y terror. En estas coordenadas, entendido como un espacio en que rige un estado de excepción en donde el esclavo es despojado de todo tipo de derechos, la plantación colonial fue el lugar –por excelencia– donde se han ejecutado las técnicas necropolítica sobre las que se conformaron los regímenes de gobierno occidentales. Más cercanos en el tiempo, las prácticas necropolíticas se evidencian en el régimen del apartheid en Sudáfrica. Allí, en los territorios reservados a no-blancos, los denominados township, se ha vivenciado opresión y pobreza intensas basándose en la raza y la clase. En la actualidad la forma más nítida del necropoder es la ocupación colonial de Palestina. Para el investigador africano, la ocupación colonial de Palestina es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinario, biopolítico y necropolítico. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado. Para el caso latinoamericano las prácticas soberanas también serán un pertinente descriptor de realidad. De esta manera el brasileño Castor Bartolomé (2011) señalará que en las sociedades modernas, atravesadas por la lógica utilitarista, se abandonará aquellas vidas que no son útiles. Esta situación se verifica en las favelas en donde se amontonan personas para sobrevivir; en la condición de hacinamiento muchos de los presidios de los países latinoamericanos; las condiciones de escolaridad de millones de niños en áreas rurales y barrios urbanos de la periferia; las condiciones de trabajo y los salarios miserables de una gran parte de los empleos para los más pobres; la experiencia de la mayoría de los hospitales públicos con centenas de enfermos en los corredores y las salas de emergencia. En esos espacios, la suspensión de los derechos es la norma que regula la existencia de la vida. Por eso se conforman en campos de excepción. En Latinoamérica estos campos serán el espacio biopolítico donde la vida abandonada es mejor gobernada porque está más efectivamente controlada. En diálogo con las lecturas anteriores, el investigador Antonio Fuentes Díaz (2012) sostendrá que la necropolítica, como tecnología de gobierno, se vincula con las zonas de excepcionalidad que hacen parte de los sistemas políticos en México, El Salvador y Guatemala. En estos países no se generaron condiciones estructurales que aseguraran la vida de vastos sectores de la población; y esta vulnerabilidad permanente se agrava ante los procesos de acumulación neoliberal, que obligaron

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a reducir y refuncionalizar al estado social en América Latina desde la década de los ochenta en adelante. En este escenario –de la violencia juvenil ligada a las maras, del crimen organizado por el narcotráfico o las degradadas condiciones en que se realizan los desplazamientos migrantes–, la necropolítica de lo desechable y la nuda vida han llegado a ser parte constitutiva de las formas de gobierno latinoamericanos. Para el caso chileno, Myrna Villegas (2010) indaga en la doctrina jurídica del derecho del enemigo, y en el rol que ha desempeñado en la acción estatal en materia indígena. El derecho del enemigo –nos indica la criminóloga chilena– surge hacia la década de los ochenta en Europa, cuando se buscaba hacer frente a una serie de riesgos propios de la sociedad globalizada, los cuales no habían podido ser enfrentados con las herramientas del viejo derecho penal liberal. Enemigo, en este concepto, es un ciudadano que por su posición, forma de vida, raza, religión o pertenencia a una organización, ha huido de manera duradera del derecho. En estas circunstancias, la doctrina del derecho penal del enemigo ha sido utilizada en el tratamiento que se ha dado a la cuestión mapuche por parte del Estado, específicamente en lo que se refiere al control punitivo. De este modo se ha transitado desde la aplicación de la Ley de seguridad del Estado, hasta la aplicación de la Ley de conductas terroristas. Además, sostiene Villegas, habría que considerar también un trato penal durísimo mediante la legislación penal común, llegándose a hablar de una verdadera militarización de las comunidades, especialmente aquellas que sostienen prácticas de resistencia. Sistema penal Junto con reconocer el despliegue de políticas que darán continuidad a las lógicas propias de los regímenes de soberanía, al estudiar las modernas prácticas de gobierno se describirá también su carácter productivo. Foucault (2002) ya venía constatando que en los siglos XVII y XVIII surgen técnicas de poder que se concentraban fundamentalmente en el cuerpo individual. La sociedad disciplinaria es aquella en la que la dominación social se construye a través de una red difusa de dispositivos y aparatos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. Tal como sostiene el francés, se formará entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos de obediencia). En este marco de análisis Foucault (1991) estudiará la prisión. Teniendo en cuenta algunas indicaciones metodológicas, Foucault señalará que su objeto de

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análisis será lo que es dicho y lo que es hecho, las reglas impuestas y las razones dadas en determinados regímenes de prácticas. En estas circunstancias Foucault escribirá una historia no de la prisión como una institución, sino una historia más amplia de las prácticas de encarcelamiento. Se buscaba así mostrar su origen o, más exactamente, mostrar cómo esta forma de hacer las cosas fue posible de ser aceptada en cierto momento como uno de los principales componentes del sistema penal, llegando así a parecer –la cárcel– una instancia natural, evidente e indispensable de este sistema. En esta misma línea de indagación, inscribiendo el problema de las prácticas carcelarias al interior del problema de la política criminal en general, David Garland propondrá mostrar cómo están organizados actualmente el control del delito y la justicia penal. A este respecto se constatará que a partir de los años ochenta comenzará el declive del enfoque de la política penal del Estado de bienestar, modelo en el cual se asumía que la reforma social de mejora de las condiciones económicas reduciría la frecuencia del delito. Además había un marcado énfasis en la rehabilitación del infractor de la ley. El argumento del sociólogo británico será que nuestros actuales dispositivos de control del delito han sido moldeados fundamentalmente a partir de una combinación de neoliberalismo de libre mercado y conservadurismo social. En estas circunstancias, prestando atención a un campo amplio de prácticas ejecutadas por actores estatales y no estatales y formas de control que son tanto preventivas como penales, David Garlan (2012) analiza algunos indicadores de cambio que caracterizan la situación actual. Estos son: el declive del ideal de la rehabilitación; el resurgimiento de las sanciones punitivas y la “justicia expresiva”; la generalización del temor al delito; relevancia preponderante de las víctimas; politización y tendencia populista de las políticas criminal; la reinvención de la prisión; la reformulación de la infraestructura de la prevención del delito y la expansión de la seguridad comunitaria; el desarrollo de una criminología centrada en el tratamiento altamente punitivo del delito, la comercialización del control del delito. Ampliando el espectro de lo que será entendido como una conducta criminal, las políticas de la “ley y el orden” o de la “seguridad ciudadana” serán un factor estructurante de nuestras sociedades contemporáneas. En este sentido, para Jonathan Simon (2011) los políticos redefinieron al ciudadano ideal como una víctima del delito cuyas vulnerabilidades justificarían una desmesurada intervención estatal en los más variados ámbitos. De esta forma, las escuelas, las familias, los lugares de trabajo y los barrios serán gobernados a través del delito. Según el criminólogo norteamericano, las formas de conocimiento a través de las cuales se estructura el campo de acción contra el delito se constituyen en un nuevo tipo de racionalidad de gobierno. Siendo alentados por campañas políticas que ubicarán el tema de la inseguridad y el miedo al delito al centro de sus preocupaciones, los saberes que se han sido asociados al control del delito pasarán a estar disponibles fuera de los dominios temáticos originales. Se convertirán, entonces, en herramientas poderosas

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con las que cualquier forma de acción social se puede interpretar como un problema de gobierno. En estos términos se explica cómo, ya sea en los barrios cerrados que se expanden alrededor de los centros urbanos, la implementación de análisis obligatorios para detectar el posible consumo de drogas en los trabajadores, la instalación de detectores de metales al ingreso de las escuelas, en todos estos espacios, los ciudadanos serán tratados permanentemente como delincuentes. Dentro de esta misma área de problematización, Pat O’Malley (2006) advierte cómo a través de la noción de riesgo se estructura el sistema penal contemporáneo. El riesgo será concebido como una modalidad de gobierno de los problemas a través de la predicción y la prevención. Siendo una tecnología habitual en el área de la salud pública, operando a través de programas como la inmunización en masa y la promoción de exámenes clínicos en pacientes considerados de alto riesgo, este tipo de enfoque se ha trasladado a otros ámbitos de gobierno. Es el caso de la justicia penal, un campo en el que el riesgo se ha vuelto una técnica cada vez más importante para ocuparse de aquellos condenados por delitos y, así también, para la prevención de las acciones delictivas. De esta forma, el investigador australiano describe cómo la racionalidad política neoliberal ha moldeado tanto el desarrollo de tecnologías de gestión de riesgo como los enfoques para gobernar el delito. Quizás, sostendrá O’Malley, esto sea evidente principalmente en la erosión de la seguridad social y la crisis penología terapéutica asociada con el Estado de bienestar. El desarrollo del neoliberalismo y de las técnicas de gobierno basadas en el riesgo se han unido para modelar a las instituciones y prácticas de la actividad policial, los tribunales y el conjunto de prácticas e instituciones penales. Para el caso latinoamericano, y la situación argentina en específico, nos encontramos con investigaciones tales como la desarrollada por Mercedes Calzado, Mariana Fernández y Vanesa Lio (2011), en donde se nos indica que en nuestras sociedades de seguridad el sujeto político interpelado es el ciudadano víctima. En estas circunstancias el Estado se presenta como dador de protección a un ciudadano en riesgo. En este marco realizarán un estudio de estas lógicas en la comunicación política argentina, a partir del análisis de piezas comunicacionales de la campaña 2011 del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este caso permite identificar el discurso electoral centrado en la eficacia del Estado en el control de los riesgos y la seguridad. Tal como indican las investigadoras trasandinas, el orden social comienza a girar en torno a un tipo de gubernamentalidad basada en la gestión de los riesgos y la vida de la población mediante los dispositivos de la comunicación política. En este contexto, lejos de apelar al discurso confrontativo de la guerra contra la delincuencia, los spots de campaña revisados más bien promueven una discursividad en torno de la gestión eficiente, en pos de revivir una ciudad para nosotros los vecinos. La seguridad urbana, entonces, se concibe en la campaña como responsabilidad vecinal de sujetos privados que se unen para administrarla en función del propio costo-beneficio.

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En cuanto a la situación chilena, se encuentra el trabajo desarrollado por María Emilia Tijoux (2006) en torno al lugar desempeñado por la cárcel en la contención de un universo de población que –conformado en su mayoría por personas pobres– serán consideradas y tratadas como clases peligrosas. Produciendo rendimientos políticos, la guerra contra la delincuencia articula todas las campañas electorales. Se denunciará así al gobierno y a la justicia cada vez que actúen con mano blanda, debilidad o tolerancia con los delincuentes. De este modo se promoverán acciones de gobierno que tendrán como consecuencia la sobrepoblación y saturación de las instalaciones en las cárceles chilenas. En estas condiciones el sistema carcelario se constituye en un espacio donde, tal como lo demuestran informes oficiales, se ejecutan torturas y malos tratos a personas detenidas. Además la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre estas denuncias, conlleva a que pocos de estos maltratos conduzcan a sentencias judiciales. Una vez que ha sido expuesto a las violencias carcelarias, constata Tijoux, el prisionero quedará con marcas que no podrá quitárselas de encima. Quien ha estado en la cárcel no es nunca más el mismo o la misma. Sistema educativo Según señala la colombiana Amanda Cortés (2011), mirar desde la perspectiva de la gubernamentalidad la práctica educativa implica que nos situemos metodológicamente en una matriz que nos ayuda a ver cómo se configura y cómo opera este campo estratégico de gobierno. Se procura de este modo analizar el cruce existente entre las racionalidades políticas, los fines éticos, y las formas de subjetivación producidas en los espacios educativos. En estas mismas claves de lectura, al revisar la producción investigativa latinoamericana relativa a este ámbito de problemas, Isabel Cassigoli y Mario Sobarzo (2010: 199) observan que la conversión de los estudiantes y de los profesores en capital humano, implica que la gestión de la vida se convierte en el verdadero objetivo de los dispositivos que constituyen el entramado teórico-práctico que llamamos educación. Así, la disciplina, la gestión educativa, el sistema estructural y legal que sustentan el discurso y la praxis en esta área, funcionan como dispositivos que permiten el control de quienes participan en ella. La educación ya no puede ser entendida sólo bajo el modelo del disciplinamiento de los cuerpos, pues el sujeto que intenta formarse ya no es el sujeto dócil sino el sujeto cliente, que debe ser capaz de escoger con autonomía las diferentes ofertas que se dan en el mercado. En este escenario, Alfredo Veiga-Nieto y Maura Corcini (2011) analizarán las políticas de inclusión que hoy en día son parte de la agenda educativa brasileña. Así se indicará que a través de las políticas de inclusión, que persiguen garantizar una escolarización de calidad para todos, el Estado logrará enseñar al mayor número de personas posibles a ser buenas consumidoras y exce-

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lentes competidoras. Muchos otros atributos se articulan con ese saber consumir y competir; la flexibilidad, la perfomatividad, la aceptación del trabajo invadiendo todos los tiempos de la vida, la insatisfacción permanente, la educación a lo largo de la vida, la especialización, los endeudamientos interminables son algunos de estos atributos. En estas condiciones se comprende que tal estado de cosas sirve como sustento para que los Estados, afinados por el neoliberalismo, se interesen tan resueltamente por las políticas de inclusión. Continuando el análisis del caso brasileño, Karla Saraiva y Iolanda Montano dos Santos (2014) van a plantear que, en cuanto las sociedades actuales tienen como elemento organizador a la noción de riesgo, las escuelas están siendo llamadas a participar en estas nuevas formas de gestión del riesgo. Contribuyendo, entonces, a la producción de sujetos capaces de identificar las amenazas a las cuales están expuestos y, de este modo, adquirir las habilidades que les permitan tomar las actitudes adecuadas para minimizarlas. En esta misma dirección, Samuel Brasileiro Filho e Hildemar Luiz Rech (2014) se concentran en las implicaciones existentes entre estrategias de subjetivación y la entrada en escena de la pedagogía basada en competencias. Según los investigadores brasileños, la aparición de la pedagogía de las competencias, en cuanto un conjunto de prácticas educativas vinculadas a la gubernamentalidad neoliberal, marcó la transición desde –por un lado– unas prácticas educativas centradas en la adquisición de un conocimiento disciplinar hacia –por otro lado– una enseñanza definida por la adquisición de habilidades, orientadas al desarrollo de una identidad profesional flexible, adaptable a las innovaciones y los cambios en el mundo del trabajo. Asentándose en la formación de sujetos que puedan impulsarse en este mundo de incertidumbres y contingencias, se trata de una educación para la adquisición de competencias que permitirán al sujeto ser empresario de sí mismo. En definitiva, a través de una educación basada en competencias, la racionalidad neoliberal propende hacia la constitución de sujetos emprendedores. De la misma manera, para el caso argentino, Silvia Grinberg (2006) describe un conjunto de nuevos principios de regulación y conducción de la conducta y producción de subjetividad, tal como se presentan en las propuestas oficiales de reforma de la escolaridad desde la década de los noventa en adelante. En estos discursos pedagógicos, la noción de gestión ha venido a ocupar el lugar de anclaje de las críticas a una sociedad que se describe como rígida, estable, jerárquica, que aprisiona a los sujetos impidiéndoles optar, participar y desarrollarse. Frente a ello, el gerenciamiento aparece como el relato de un nuevo tipo de sociedad, que se pretende flexible, sin relatos totalizadores, abierta al cambio y a la creación permanente. La gestión, se supone, generará las condiciones para que eso suceda: la ampliación de la capacidad de decisión y acción de los individuos. La identidad debe ser construida, las decisiones tomadas y todo depende de la capacidad y acción de los individuos, quienes son llamados a producir su propio destino. Desde estas ló-

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gicas los sujetos son llamados a adquirir un conocimiento que les permita reducir la incertidumbre, actuar sobre la complejidad o, en otras palabras, volver predecible una realidad que, por definición, es imprevisible. Pero no es solamente la incorporación de las lógicas del management y el empowerment lo que caracteriza a las prácticas educativas argentinas. A este respecto Gabriela Orlando y Sofía Dafunchio (Dafunchio et al., 2014) reflexionan sobre la cotidianeidad de las escuelas emplazadas en contextos de extrema pobreza urbana. Abordando, más específicamente, las formas en que docentes y estudiantes experiencian tales dispositivos en una escuela secundaria del conurbano Bonaerense. El objetivo aquí es reflexionar sobre las formas que asume la regulación de la vida escolar en estos territorios y en una época que se caracteriza por el dejar vivir y dejar morir. En donde las instituciones y sus miembros quedan expuestos diariamente a situaciones que, por insólitas, no tienen respuestas estandarizadas, normativizadas, excepto, quizás, la consigna de resolver rápidamente cuánto y cómo se pueda; procurando así evitar que la situación estalle. Se trata de estallidos que dejaron de ser excepcionales y se transformaron en formas regulares de actuación: es así que los sujetos experimentan su escolaridad en esa situación de desborde constante. En relación al proceso chileno, el investigador Juan González (2010) describe el proceso de evolución del discurso sobre la libertad educativa que defendieron los grupos conservadores chilenos durante el siglo XIX y XX, en oposición a los liberales que preferían la igualdad educativa como derecho fundamental. Sin embargo, en el escenario actual la conjunción de ambas racionalidades –liberal y conservadora– es lo que permitirá la unidad ideológica a un bloque de poder que ha hegemonizado la política educativa en las últimas décadas. Este pacto de elites será lo que sustente el proceso de mercantilización de la educación en Chile. En este sentido, González propondrá la necesidad de desactivar todo los dispositivos que sostienen la actual estrategia discursiva de la alianza liberal-conservadora. La cual está orientada en un mismo ejercicio a la producción de plusvalía y también a la constitución de una subjetividad dócil a los intereses de las elites bicentenarias. A través del análisis de textos oficiales del ministerio de educación chileno, Carla Fardella y Vicente Sisto (2013) constatan cómo las políticas de fortalecimiento de la profesión docente han tomado una decidida orientación a la gestión, estableciendo procedimientos de evaluación del desempeño, fijación de estándares, y pago por resultados, profundizando los cambios al interior de las escuelas públicas, estableciendo competencia e incentivos económicos como los principales referentes del trabajo docente. De este modo el énfasis en la gestión supondrá una apelación directa a las identidades de los actores: su autonomía, capacidad de emprendimiento y decisión, serán los factores de los que dependerá –en definitiva– el devenir de la educación en Chile. El nuevo sujeto docente es obligado a ser activo y flexible para poder dar respuesta al inestable mercado escolar. Este nuevo trabajador debe ser adaptable, en formación constante, insertarse, incorporarse y despedirse simul-

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táneamente de numerosos proyectos, transitar entre tareas diversas. Y es justamente esta capacidad de adquirir nuevas competencias y ser polivalente, lo que le da valor en el mercado y lo hace un sujeto empleable. El trabajo docente también será abordado en relación a las prácticas de gobierno en el ámbito universitario. Es así que Raúl Rodríguez (2012) se concentra en las condiciones de precarización de aquellos que se dedican a la docencia universitaria. Será a partir del proceso de privatización de la educación superior, sancionado por la reforma universitaria gestada en dictadura, que se explica el surgimiento de esta “inteligencia precaria”. En estas circunstancias se establecerá un tipo de universidad centrada en el capital humano, donde trabajadores y estudiantes han devenido pequeños capitalistas. La inteligencia precaria, entonces, tiene lugar en una economía que ha colocado en su centro el saber –capitalismo cognitivo–, y que ha transformado a las personas en emprendedores dispuestos a competir por un lugar en el mercado del saber. La base de ese mercado es una universidad en donde el trabajo académico –la investigación y la enseñanza– quedarán supeditados a la gestión laboral propia del management. Regulación biopolítica de la población Junto con la soberanía y las disciplinas, otra tecnología general de gobierno es la referida a la biopolítica. A través del concepto de biopolítica, Foucault (2000) dará cuenta de una forma de gobierno tendiente a intervenir en el ámbito de los procesos vitales de la población, tales como proporción de nacimientos, enfermedades, vejez o decesos. Con las primeras demografías se pondrá en funcionamiento la medición estadística de estos fenómenos. El fin es tomar gestión de la vida, optimizar un estado de vida. De esta manera, también, otro campo de intervención será el de los seres humanos como especie y su ambiente de existencia; se trata, pues, de actuar sobre el espacio de la ciudad. La población, en definitiva, será gobernada en consideraciones de las dimensiones biológicas y políticas que comporta. Así el Estado moderno alcanzó su forma más acabada; la vigilancia y la disciplina fueron reforzadas por una regulación biopolítica de la población. Será en relación a la noción de biopoder que Foucault (2008) problematizará más en detalle el concepto de biopolítica. Así describirá con mayor precisión este mecanismo de regulación que se ubicarán al nivel de la vida biológica, el cual buscará asegurarla, mantenerla y desarrollarla. Refiriendo al despliegue en conjunto de técnicas disciplinarias y procedimientos biopolíticos, el biopoder fue un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo. De este modo el capitalismo pudo garantizar la inserción controlada de los individuos en el aparato de producción. En este marco de análisis, será en relación a la sexualidad que se identificarán los rasgos de este biopoder que se ha propuesto administrar la vida.

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Concentrado en los siglos XVIII y XIX europeo, Foucault señalará cuatro tipos de intervenciones a partir de las cuales se desplegó la política del sexo. En esta descripción se hace manifiesta la articulación entre –por un lado– una anatomopolítica que busca disciplinar el cuerpo humano y –por el otro– una regulación biopolítica de los aspectos vitales de la especie. 1) La histerización del cuerpo de la mujer: se trata de un triple proceso por el cual el cuerpo de la mujer ha sido analizado como integralmente saturado de sexualidad, ha sido integrado al campo de las prácticas médicas y, finalmente, se ha establecido su comunicación orgánica con la sociedad, en nombre de la responsabilidad que les correspondía en la salud de sus hijos y de la solidez de la institución familiar. 2) La pedagogización del sexo del niño: se trata de apartarlos de prácticas sexuales por cuanto conllevan peligros morales y físicos para el individuo y la población. Los padres, las familias, los educadores y los médicos deben, por lo tanto, hacerse cargo de estas actividades potencialmente peligrosas. 3) La socialización de las conductas procreadoras: socialización económica para incitar o frenar la fecundidad de las parejas, socialización política de la responsabilidad de las parejas, socialización médica del control de los nacimientos. 4) La psiquiatrización de los placeres perversos: el instinto sexual ha sido aislado como instinto biológico y psíquico autónomo, sus formas anómalas han sido analizadas clínicamente, las conductas han sido han sido normalizadas y patologizadas (Castro, 2004: 326). Ampliando la descripción de los mecanismos de gobiernos organizados alrededor de la regulación de la vida de las poblaciones, para Paul Rabinow y Nikolas Rose (2013), el biopoder opera hoy en día a través de configuraciones que combinan tres planos: en primer lugar, una forma de discurso verdadero sobre los seres vivos y una serie de autoridades consideradas competentes como para decir la verdad; en segundo lugar, estrategias para la intervención sobre la existencia colectiva en nombre de la vida y la salud; en tercer lugar, modos de subjetivación, en que los individuos pueden trabajar en sí mismos, bajo ciertas formas de autoridad, en relación a los discursos verdaderos, por medio de prácticas desde su ser interior, en nombre de la vida o la salud, individual o colectiva. Las consideraciones recién señaladas resultan relevantes, toda vez que a continuación nos detengamos en algunas investigaciones que problematizan –tanto a nivel internacional como latinoamericano– nuestros vigentes mecanismos de regulación de los procesos biológicos de la población. De esta forma, discursos de autoridad, estrategias de intervención y modos de subjetivación, son dimensiones siempre presentes al momento de abordar, tal como revisaremos, nuestras contemporáneas políticas públicas en salud. En relación al ámbito trasnacional, Didier Fassin (2010a) sostendrá que el simple hecho de vivir, expresado en el derecho a la vida, ha ido ocupando un lugar central en los discursos de los derechos humanos, mientras los derechos económicos y sociales han pasado a segundo plano. Entendida como el valor atribuido a la

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vida como bien supremo, la biolegitimidad se constituirá en un rasgo dominante, en la construcción internacional de los derechos humanos y también de una razón humanitaria. La instauración de la biolegitimidad, es decir, la legitimidad del mero hecho de vivir como objetivo central de las actuales formas de gobierno, se ha impuesto a partir de los genocidios ocurridos durante el siglo XX. Por esto Fassin planteará que no se trata de cuestionar estos principios globalmente aceptados. Se trata más bien de interrogarse sobre las formas que adquiere la biolegitimidad hoy y sobre las consecuencias de su aparición. En esta línea de indagación, Didier Fassin (2010b) problematiza el ámbito de la salud pública. Según lo ha planteado la OMS, “uno de los derechos fundamentales de todo ser humano es alcanzar el grado más alto posible de salud”. Pero en realidad este derecho trata más precisamente de medicamentos que de salud. Hoy en día, la invocación al derecho a la vida equivale a reivindicar el acceso a los tratamientos. Esta situación se ha constatado en el caso de acciones judiciales efectuadas en varios países por grupos de enfermos, que a menudo padecen afecciones raras que necesitan medicamentos caros. En dichos procesos judiciales el resultado es casi siempre favorable a los pacientes. Desde entonces, el principio de justicia social aplicado a la asignación de los recursos públicos, en particular en temas relativos a la salud, se ha visto desplazado por un principio de justicia que da a los que piden, en detrimento de los que no tienen acceso a los tribunales, y que restringe la salud a los medicamentos en menoscabo de otras necesidades. Si es innegable que el derecho a la vida sirve como palanca para lograr que más enfermos obtengan tratamientos, es llamativo que el uso de este derecho tome cada vez más la forma de acciones judiciales y que la referencia a la vida se restrinja de manera creciente a los medicamentos. En esta misma dirección, el antropólogo, sociólogo y médico francés, sostendrá que el reciente terremoto que asoló la isla de Haití, desencadenando más de doscientos mil muertos, ha mostrado cómo es más fácil movilizar a la opinión pública internacional y los gobiernos del mundo, para salvar algunos centenares de vidas, que movilizar para corregir unos desórdenes económicos y políticos, que explican las veinte mil defunciones anuales de niños menores de un año en la isla. Por supuesto, no se trata de cuestionar la generosidad y urgencia de las ayudas aportadas a este país, sino de reflexionar sobre lo que es pensable y legítimo en el mundo contemporáneo. Así se plantea la necesidad de interrogarnos sobre la tensión entre razón humanitaria y justicia social y, más especialmente, sobre la forma en la que la legitimidad que se reconoce al derecho a la vida en las modalidades de gobierno contemporáneas, ha contribuido a la menor visibilidad de las desigualdades sociales y a la dificultad de construirlas como una causa compartida (Fassin, 2010). Dentro del campo de investigación latinoamericana, también se constata la existencia de una serie de estudios atentos a los cruces e interferencias que la biopolítica pueda tener con la política pública de salud y con la historia de la política sanitaria

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de nuestros países. Según Tuillang Yuing y Rodrigo Karmy (2014), en cuanto al aporte que ofrece la biopolítica cuando acude a los debates e investigaciones del área de la salud, debe tenerse presente que al menos desde la formulación foucaultiana, la biopolítica ha estado ligada a la arremetida de una medicina social que ha contribuido a la normalización y regulación de los modos de vida. En ese sentido, la preocupación médica, en su vertiente sanitaria, salubristas y eugenésica, acude a la conformación de la población como aquel objeto de gobierno privilegiado del ejercicio biopolítico del poder. Además, en todas aquellas tensiones teóricopolíticas de la salud pública en las que se ve implicada una cierta noción de vida, la utilización de la noción de biopolítica parece contribuir a una desnaturalización de los conceptos, a una vacilación de las prerrogativas del saber médico o legal y a una puesta en cuestión de las experticias, en beneficio de un debate crítico, cuyo único dictamen es que no existe un saber ni último ni primero sobre la vida, y que por lo tanto, de lo que se trata es de interrogar el sentido que ésta –la vida– cobra al interior de tramas siempre litigantes. Pese a los intentos de toda biologización y más allá de todo principio trascendental, la vida es siempre lo que de ella resulta en un encuentro –histórico y determinado–, con la política. En esta dirección, para el caso colombiano, será en relación a la discusión sobre aborto que la antropóloga Zandra Pedraza (2007) problematiza la centralidad que ha adquirido la noción de vida dentro de nuestras actuales políticas de salud. En el debate colombiano sobre el aborto se instaura una pugna por el derecho a la vida del embrión y el feto, y el derecho de las mujeres a una vida digna de vivirse. En este contexto de contienda legislativa, se prioriza la defensa de la vida biológica, y sólo con la certificación del peritaje médico-psicológico se acepta la defensa de la vida emocional y de la subjetividad femenina. En las medidas estatales relativas al aborto no se reconoce la subjetividad femenina como factor político válido. Así se manifiesta entonces cómo la vida biológica antecede en relevancia jurídica a la vida política. Estos serán, pues, los razonamientos que sustentarán la despenalización parcial del aborto en Colombia. En la sentencia C-355 del año 2006, que despenaliza parcialmente el delito de aborto, los principales argumentos esgrimidos remiten a los siguientes eventos que justifican suspender el aborto: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; cuando el embarazo sea producto de un abuso sexual o cualquier situación no consentida por la mujer. Para Zandra Pedraza, lo que la Corte ha podido reconocer en esta sentencia es el derecho a la vida que tienen las mujeres embarazadas, el cual –en calidad de derecho fundamental– no puede ser ignorado y vulnerado en virtud de la preeminencia absoluta de la protección de la vida del feto. Al resolver la Corte defender el derecho a la vida de la persona sobre el derecho a la vida de una persona en potencia –como lo es el feto–, no serán la autonomía

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y la libertad, concedidas al ciudadano por la concepción liberal del derecho, las que pueden esgrimirse para garantizar la vida digna de las mujeres, sino la defensa implacable de la vida como derecho fundamental. En relación a la situación chilena y francesa, Michaela Mayrhofer y Hernán Cuevas (2010) se abocan al estudio de las prácticas de resistencia que se llevan a cabo en el campo del biopoder. En estos términos describirán el desenvolvimiento de las organizaciones de pacientes, las cuales serán entendidas como formas de identidad colectiva politizada que no sólo luchan en contra de la enfermedad, sino también en contra de las formas de exclusión, estigma y discriminación, desigualdad en la distribución del acceso a servicios de salud. Al mismo tiempo, se manifiestan en acciones de protesta que desafían a las autoridades médicas, las políticas de salud, sistemas de creencias biomédicos y prácticas de investigación. En definitiva, las organizaciones de pacientes –en particular– y los movimientos sociales en salud –en general– han introducido su propia biopolítica, generando cambios importantes en el campo del biopoder. En este trabajo Mayrhofer y Cuevas (2010) estudiarán la Asociación Francesa contra las Miopatías y Vivopositivo, una coordinadora de agrupaciones de personas viviendo con VIH/SIDA en Chile. Será a partir del desarrollo de sus propias prácticas de producción de conocimiento, que ambas organizaciones de pacientes van a redefinir sus roles dentro del campo del biopoder. Del lado de la Asociación Francesa contra las Miopatías, esta organización desarrollará las prácticas del biobanking, la cual refiere al almacenamiento y clasificación de tejidos y ejemplares orgánicos con fines de investigación biomédica. Del lado de Vivopositivo, sumado a la producción de investigación social en VIH/SIDA –publicando por cuenta propia una serie de estudios que suman una decena de libros y documentos–, desarrollarán acciones tendientes a la creación de conciencia pública y la provisión de acompañamiento y consejería de pares. A partir del análisis de las similitudes, diferencias y tendencias que pueden inferirse de estos dos casos escogidos, se concluirá que ha emergido como posibilidad una nueva configuración de saber/poder en el campo del biopoder. Así se articularán saberes no expertos y de activistas, ya sea en tensión o colaboración, con el régimen de verdad biomédico. Gubernamentalidad Al igual que lo ocurrido con el concepto de biopolítica, la utilización de la noción de gubernamentalidad responde, en el trabajo de Michel Foucault, al interés por entender ese “conjunto de procedimientos, reflexiones y tácticas que tienen por objeto ejercer una forma específica de gobierno sobre la población” (2006: 133). Así definirá a la gubernamentalidad como un tipo de saber político que sitúa en el centro de sus preocupaciones la noción de población y los mecanismos capaces de

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asegurar su regulación. Pero esta vez los mecanismos de gobierno que se describen a través de la noción de gubernamentalidad no se ubican solo al nivel de los procesos biológicos de la población, sino más bien al nivel de la conducta y la constitución de subjetividad. Teniendo como principio de regulación la adecuación a las lógicas del mercado, la gestión de las poblaciones no puede disociarse de la racionalidad política liberal. En este orden de cosas, para Foucault el liberalismo será entendido como “una práctica gobierno, es decir, como una manera de actuar orientada hacia objetivos específicos y regulada por una reflexión continua tendiente a regir la conducta de los hombres con instrumentos estatales” (2007: 319). Ya sea en su versión clásica, en su vertiente ordoliberal alemana o en su traducción neoliberal norteamericana, el liberalismo no se limita a ofrecer sencillamente garantías de libertades (libertad de comercio, de propiedad privada, de expresión), por el contrario, organiza las condiciones bajo las cuales los individuos pueden y deben ejercer esas libertades. Ahora bien, en el mismo proceso de producción de libertad se pone en riesgo a los participantes del proceso, por lo que se asistirá a la implementación de diferentes medidas de protección. El liberalismo es el juego que deja que la gente haga y que las cosas pasen, que las cosas transcurran; dejar hacer, dejar pasar y el transcurrir, será en relación de la gestión de esos procesos que se introducen los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006: 70-71). Por ejemplo, la libertad de comercio sólo puede ser establecida si se toma un conjunto de medidas preventivas destinadas a evitar situaciones como el monopolio que produce una limitación a esa libertad de comercio (2007: 84). Si por un lado, el liberalismo administra los intereses individuales, por otro lado, al mismo tiempo administra los peligros. De este modo se habilitan mecanismos de seguridad que deben garantizar que los individuos y las poblaciones estén menos expuestos a riesgos. No obstante lo anterior, situaciones tales como la amenaza del desempleo, el riesgo de contraer una enfermedad, la inseguridad de ser víctima de un delito, no son solo efectos colaterales del desarrollo del liberalismo, sino que son una condición necesaria. El liberalismo se nutre del peligro, lo somete a un cálculo económico de sus ventajas y sus costos. En estos términos, tal cual constata Thomas Lemke (2010: 249), “los dispositivos de seguridad remiten a procesos de constitución de subjetividad”. Así se explica cómo la incitación del temor al peligro sea el correlato psicológico y cultural interno del liberalismo. La divisa del liberalismo es que los individuos se vean a perpetuidad en situación de experimentar su vida, su presente, su futuro, como portadores de peligro. Acá Foucault describe, por ejemplo, las campañas del siglo XIX sobre las cajas de ahorro [para los pobres]; la aparición de la literatura policial y el interés periodístico por el crimen a partir de mediados del siglo XIX, las campañas relacionadas con la enfermedad y la higiene. Es así como tenemos que ese arte liberal de gobernar conforma una formidable extensión de los

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procedimientos de control que constituyen el contrapeso de las libertades (2007: 86-87). En función de estas claves analíticas, abocados al estudio de las tecnologías de gobierno liberales, nos encontramos con una serie de investigaciones desarrolladas tanto en Europa como Latinoamérica. A este respecto, tal como sintetiza Santiago Castro-Gómez (2010), la historia de las técnicas de seguridad propias de las tecnologías de gobierno liberal ha sido un área de trabajo continuada por una serie de investigaciones tales como El Estado providencia de François Ewald, La invención de lo social de Jaques Donzelot, Gobernar la pobreza de Giovanna Procacci. En estas aproximaciones se traza una genealogía del gobierno liberal en relación al funcionamiento de las leyes sociales aprobadas entre finales del siglo XIX y principios de siglo XX en Francia; las que concernían al desempleo, las enfermedades y los accidentes del trabajo, incluyendo el modo de operar de las compañías de seguro. Según Castro-Gómez, el denominador común de estos tres libros es el examen de las transformaciones sufridas por la racionalidad del liberalismo clásico en el momento en que la industrialización hizo que la pobreza se convirtiera en un asunto que debía ser gobernado con urgencia. Si lo que se buscaba era impedir los levantamientos de la clase obrera y domesticar su peligrosidad, entonces había que producir e intervenir sobre un nuevo medio ambiente llamado sociedad. Dando continuidad al análisis que constata que la sensación de peligro es una condición y correlato cultural interna al liberalismo, Robert Castel (2004) advierte cómo el estado subjetivo de temor pasará a formar parte constitutiva del actual programa neoliberal. El sentimiento de inseguridad, va a indicar el sociólogo francés, no es un dato puramente de la conciencia, por el contrario, va de la mano de configuraciones históricas. Más concretamente, los miedos del presente se relacionan directamente con el fin de las protecciones sociales –para enfrentar los riesgos de la enfermedad, los accidentes, la vejez– que fueron garantizadas durante el periodo del Estado de bienestar. De este modo, hemos asistido al paso de un ‘Estado social’ a un ‘Estado de seguridad’. Con un discurso y una práctica que apunta al retorno de la ley y el orden, como si el poder público se movilizara esencialmente en torno del ejercicio de la autoridad. Es en este nuevo marco que actualmente asistimos a la escenificación de una hiper-preocupación por la seguridad. Se instala entonces el miedo como núcleo central de la sociabilidad. No obstante, esta ideología de la prevención y sus tecnologías aplicadas resultan ser limitadas e ineficaces. Estando destinadas al fracaso, las prácticas estatales se deslizan hacia una pulsión de seguridad que concibe nuevas clases peligrosas, y que en definitiva pone en el límite la posibilidad de la cohesión social. En esta misma área de interés, en Latinoamérica la noción de gubernamentalidad ha sido una herramienta analítica útil para indagar en la gestión de la cuestión social a través de políticas públicas sostenidas en racionalidades neoliberales. A este respecto, Mónica de Martino (2014) se adentra en el debate internacional sobre

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los Programas de Transferencia de Renta Condicionada (PTC). Estos programas gubernamentales se implementan de manera focalizada en los segmentos más pobres de la población latinoamericana, y transfieren aportes monetarios (renta) que se encuentran condicionados al cumplimiento de determinadas exigencias (contraprestaciones) que deben ser cumplidas, ya sea por los individuos como por las familias, en el campo de la salud, educación y el trabajo, especialmente. La transferencia de renta y su concomitante exigencia de contraprestación, representan una concepción social como inversión en capital humano. Por este motivo estos programas poseen un discurso innovador, basado en el principio de ciudadanía activa del individuo, entendida como la posibilidad de asumir elecciones en libertad. Desde este enfoque los PTC deben aportar las herramientas y las capacidades para que los individuos superen la situación de pobreza e indigencia. De esta manera, si la pobreza se asocia a capacidades y logros individuales, la responsabilidad última de la situación de pobreza recae en el propio individuo. Se aprecia aquí, entonces, la racionalidad última de los Programas de Transferencia de Renta Condicionada: la individualización de la pobreza. Esto llevará a la investigadora uruguaya a sugerir que la teoría del capital humano se ha transformado en un dispositivo de gestión tecnocrático de la pobreza e individualización de los problemas sociales. El desarrollo de capacidades, el aumento de capital humano, se encuentran dentro de las posibilidades de cada individuo, de cada beneficiario. Así la pobreza podría leerse casi como un estilo de vida que se elige, una vez otorgado el beneficio, será responsabilidad de los propios individuos o familias el poder superar su situación (de Martino, 2014). En diálogo con el conjunto de trabajos empíricos interesados en la problemática del gobierno de las poblaciones y su vinculación con la cuestión social, Carolina Rojas (2010) analizará en qué medida los dispositivos dirigidos al tratamiento de la extrema pobreza en Chile, durante la década del 2000, son una forma de gubernamentalidad moderna. Estudiando los programa Chile Solidario y al programa Puente, se mostrará cómo en una sociedad guiada bajo los principios de una ética neoliberal, lo que estaría en juego entonces son mecanismos de intervención, de información y de saber orientados a modelar a los sujetos en tanto población. Según las definiciones del programa Chile Solidario-Puente, la acción gubernamental se organiza en torno a los siguientes ejes: La entrega de un bono consistente en un apoyo monetario por 24 meses para las familias participantes; el acceso prioritario a subsidios y programas sociales estatales; acompañamiento a las familias por parte de profesionales llamados Apoyos Familiares, que a través de visitas periódicas a las familias desarrollan una metodología de intervención psicosocial preestablecida. El programa gubernamental Chile Solidario-Puente compromete a los sujetos definidos como extremadamente pobres a insertarse en los sistemas sociales básicos de regulación de la población. En otras palabras, de lo que se trata es de un conjunto de información y control con respecto a la vida social y biológica de los

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sujetos en extrema pobreza que asegura que puedan ser convertidos en individuos sociales. Estas acciones de conducción se actualizan en cada intervención, y no sólo involucra a los extremadamente pobres, sino a todos los individuos y agentes que participan de esta gestión. Tanto los profesionales intervinientes –denominados Apoyo Familiares– como los beneficiarios participan y son objeto de un proceso de coerción. De tal forma, las lógicas de los ‘afectos’, la de ‘formación’ y la de ‘recompensa-condicionamiento’, se instalan en el espacio de interacción mutua, gobernando entonces las conductas de unos y otros –Apoyos Familiares e individuos pobres–, definiendo lo que hacen y lo que son (Rojas, 2010). Para finalizar. Tal como hemos podido apreciar, en el panorama académico internacional son varios los trabajos que se han desarrollado en relación a las matrices de análisis proporcionadas por las categorías de biopolíticas y gubernamentalidad. Sin duda que este tipo de estudios no se reduce a los investigadores ni a los ámbitos de problematización acá expuestos. Tampoco la profundidad de estos análisis se restringe a los breves esbozos recién señalados. Referencias Agamben, G. (2002). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida I. Valencia: Pre-Textos. Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Homo Sacer II. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. Bartolomé, C. (2011). La excepción jurídica y la banalidad de la vida humana: Los derechos sociales en el marco de la biopolítica. Hendu 1(1), 44-55. Brasileiro Filho, S., Hidelmar, R. (2014). Uma interpretação biopolítica da pedagogia das competências e sua relação com a governamentalidade neoliberal. En Grinberg, Silvia, Eduardo Langer e Iván Pincheira (Comps.) Cuadernos de pensamiento biopolítico latinoamericano # 2 (pp. 143-149). Buenos Aires: UNIPE. Calzado, M.; Fernández, M.; Lio, V. (2013). Ciudad segura. Vecindad, víctimas y gubernamentalidad. Notas sobre la campaña electoral del PRO en la Ciudad de Buenos Aires (2011). Confluenze 5(1), 249-263. Cortés, A. (2011). La noción de gubernamentalidad en Foucault: reflexiones para las investigaciones educativas. En Amanda Cortés y Dora Marín (Eds.). Gubernamentalidad y educación. Discusiones contemporáneas (pp. 17-34). Bogotá: IDEP. Cassigoli, I., Sobarzo, M. (2010). Biopolíticas del sur. Santiago: Arcis. Castel, R. (2004). La inseguridad social ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Manantial. Castro, E. (2004). El vocabulario de Michel Foucault. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. Castro-Gómez, S. (2010). Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre editores. Dafunchio, S.; Orlando, G. (2014). Docentes y estudiantes en contextos de extrema pobreza urbana. Un análisis de episodios escolares en tiempos del dejar vivir. En Grinberg,

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Nuevos discursos acerca de la felicidad y gubernamentalidad neoliberal: “Ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá por añadidura”1 New Discourses on happiness and neoliberal governmentality: “Dedicate yourself to being happy and everything else will follow” RODRIGO DE LA FABIÁN2 ANTONIO STECHER3

Resumen El presente artículo analiza los nuevos discursos acerca de la felicidad. Dichos discursos comienzan a irrumpir en occidente a partir de comienzos de los años 2000, particularmente en los ámbitos de las políticas públicas y de los saberes “psi”, en especial en la sub-disciplina denominada Psicología Positiva. La principal hipótesis de este artículo es que dichos discursos participarían de la racionalidad de gobierno de sí y de los otros propia del neoliberalismo contemporáneo. En primer lugar, el artículo muestra que las políticas públicas, en detrimento de las tradicionales variables objetivas –como el PIB o el Ingreso Per Cápita–, han incorporado la necesidad de medir y de producir el bienestar subjetivo. En segundo lugar, el artículo muestra el giro inaugural de la Psicología Positiva, la cual sostiene que la felicidad no sería efecto de circunstancias externas, sino que fundamentalmente el resultado de actividades voluntarias que cada individuo puede realizar. Finalmente el artículo, sirviéndose de las distinciones entre las formas de gobierno propias del liberalismo clásico y del neoliberalismo introducidas por M. Foucault, muestra la particular forma de subjetividad que estos discursos acerca de la felicidad interpelan y producen. Palabras clave: Felicidad, políticas públicas, Psicología Positiva, gubernamentalidad neoliberal. Abstract This paper analyses the new discourses on happiness. Such discourses began to break into the West culture from the early 2000s, particularly in the fields of public policy and “Psy” knowledges, especially in the sub - discipline called Positive Psychology. The main hypothesis of this paper is that these discourses participate in the contemporary neoliberal rationalities of the government of our-

1 Este artículo es una versión ampliada y revisada de una conferencia, de los mismos autores, titulada “Saberes “psi” y racionalidad neoliberal de gobierno: un análisis del discurso sobre la felicidad en la Psicología Positiva”, IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica, Bogotá, septiembre de 2013. 2 Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Santiago-Chile. E-mail: rodrigo. [email protected] 3 Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Santiago-Chile. E-mail: antonio. [email protected]

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selves and of the others. In the first place, this paper shows that public policies – to the detriment of traditional objective variables, such as GDP or Per Capita Income – have incorporated the need to measure and produce subjective wellbeing. Secondly, the paper shows the inaugural turn of Positive Psychology, which affirms that happiness would not be the effect of external circumstances, but primarily the result of voluntary activities that each individual can make. Finally, using the distinctions introduced by M. Foucault between classical liberal and neoliberal ways of governing, the paper shows the particular form of subjectivity that these discourses about happiness interpellate and produce. Keywords: Happiness, public policies, Positive Psychology, neoliberal governmentality. Recibido: 31.01.14. Aceptado: 03.10.14.

1. Introducción Un rasgo distintivo de los imaginarios sociales de la modernidad contemporánea es una creciente preocupación, atención y producción discursiva en torno a la problemática de la felicidad y el bienestar subjetivo de las personas. Esto, tanto a nivel de los Estados, las agencias globales, los medios masivos de comunicación, las empresas y sus estrategias publicitarias, las disciplinas científicas, como de los mismos individuos (Binkley, 2014; Pincheira, 2013a; Pincheira, 2013b). Si bien la búsqueda de la felicidad ha sido un componente ineludible de la promesa moderna de progreso y de la gestión y administración biopolítica de los territorios y la población, no es menos cierto que, bajo las actuales coordenadas históricas de la modernidad tardía, la preocupación por la felicidad humana ha adquirido, en la esfera pública y privada, una particular forma y un renovado interés y centralidad (McMahon, 2006). Es posible observar, así, especialmente desde finales de los 90 en adelante –y en directa relación con la consolidación del nuevo régimen flexible y global de acumulación capitalista y del nuevo modo de regulación socio-política de liberalismo avanzado o neo-liberal (Harvey, 1998; Rose, 2003)– un proceso a través del cual la felicidad, por diversas vías y mecanismos, y en complejas articulaciones con otros discursos, prácticas, técnicas y objetos, ha ido instituyéndose como un significante medular del imaginario social contemporáneo. Como ha analizado detalladamente Sam Binkley (2011a, 2011b, 2014), en poco más de una década, la pregunta por el bienestar subjetivo y la felicidad personal –habitualmente entendida como un objeto de especulación filosófica, un atributo inasible de la experiencia singular de las personas (Binkley, 2011a), o un mero resultado esperable pero colateral de la modernización y el incremento del bienestar material de las poblaciones– se transformó en: un nuevo eje de problematización e inteligibilidad de lo social, en un objeto de estudio de diversas disciplinas científicas de análisis, en un foco de la medición e intervención de la política pública, en un pilar de la gestión de las or-

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ganizaciones (Happy Manager), en un mandato y promesa de numerosas campañas publicitarias, en una métrica desde la cual cartografiar el mundo y re-pensar la noción de desarrollo, en un telos que orienta las acciones y decisiones de los sujetos, así como en un objeto de diversos saberes “psi” y tecnologías del yo que buscan modelar el modo de relación con uno mismo. Como ha sido analizado desde el campo de los Estudios de la gubernamentalidad, la expansión de estos nuevos saberes y tecnologías sobre la felicidad en las últimas décadas, participaría de lo que ha sido denominado como la racionalidad de gobierno neoliberal o de liberalismo avanzado (Castro-Gómez, 2010; Rose, 2003). Esto es, de un conjunto de prácticas que buscan conducir la conducta de los individuos, regular su campo de acciones, establecer un particular modo de relación del sujeto consigo mismo basado en la adopción de ciertos valores, creencias, aspiraciones y anhelos, que orientan el ejercicio de su libertad y que son consistentes con ciertos objetivos y metas propios de la racionalidad política neoliberal: mercantilización, privatización, individualización, desregulación, empresarización, competitividad, rentabilización y des-estatización de todas las relaciones sociales (Binkley, 2014; Dean, 2008; Du Gay, 2000). En ese marco, el presente artículo se propone desarrollar y discutir la tesis de que el análisis de los nuevos saberes y técnicas sobre la felicidad y el bienestar subjetivo, y su ensamblaje con la racionalidad de gobierno neoliberal, exige analizar simultáneamente la expansión de la preocupación por la felicidad y el bienestar en el campo de las políticas públicas (gobierno de los otros) y en el campo de los saberes “psi” (gobierno de sí). Más que como fenómenos aislados entre sí, se argumentará que la expansión de los discursos sobre la felicidad en esos dos campos debe ser analizado en conjunto, visibilizando cómo dichos saberes y técnicas sobre la felicidad y el bienestar constituyen una tecnología de gobierno en donde se articulan y confluyen tanto (macro)tecnologías de dominación a través de las cuales el Estado y las autoridades sociales gobiernan grupos, instituciones y poblaciones, como (micro) tecnologías del yo a través de las cuales los individuos se autogobiernan y relacionan consigo mismos de un particular modo (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 1990, 2006). La búsqueda de las políticas públicas por medir y gestionar el bienestar y la felicidad subjetiva de los miembros de una población, así como las tecnologías del yo que nos ofrecen los nuevos saberes “psi” para operar y actuar sobre nuestros propios pensamientos, conductas y emociones expandiendo nuestra autorrealización y felicidad personal, constituyen un ensamblaje híbrido de técnicas, materialidades, estrategias, cálculos y discursos que participa de la gubernamentalidad neoliberal. Esta particular forma de gubernamentalidad, que se inscribe en la larga tradición de formas de gobierno liberal y problematizaciones biopolíticas de la modernidad, supone una forma de conducción de la conducta de los otros y de uno mismo que requiere, al mismo tiempo que produce, nuevas modalidades de configuración subjetiva (sujección y subjetivación) articuladas en torno a la figura del “empresario de

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sí mismo”. Como argumentaremos, la expansión de los saberes y técnicas de la felicidad juegan un rol relevante en términos de promover esta figura del “empresario de sí” que afirma su libertad de elección y se orienta por el deseo de “[…] conducir su propia existencia como un proyecto para la maximización de la calidad de vida […]” (Rose, 2003, p. 244), y que rehúsa y desconfía de las jerarquías, vínculos y autoridades institucionales afirmando siempre el valor de la libertad, el bienestar subjetivo y la autorrealización personal (Burchel, 1996). Con miras a desarrollar esta tesis y línea argumental, hemos organizado el artículo del siguiente modo. Discutimos, en primer lugar, la creciente centralidad que ha adquirido en los últimos años la preocupación por medir y producir el bienestar subjetivo en la esfera de las políticas públicas. En segundo lugar, analizamos el caso de la Psicología Positiva, como el principal lugar dentro del campo de los saberes “psi” contemporáneos de generación y expansión de una nutrida gama de conocimientos y tecnologías del yo orientadas a la medición y autogestión de la felicidad personal. En tercer lugar, se desarrolla una reflexión que busca visibilizar las conexiones entre la centralidad del tema del bienestar subjetivo en el campo de las políticas públicas, con la centralidad del tema de la felicidad en el campo de la Psicología Positiva; analizando cómo ambos planos se articulan, configurando una tecnología de gobierno que juega un rol central en la racionalidad neoliberal contemporánea, en la producción de sujetos empresarios de su propia felicidad y en el horizonte histórico más amplio de la biopolítica de la modernidad. 2. Felicidad, políticas públicas y gubernamentalidad neoliberal En el área del diseño de políticas públicas, la preocupación contemporánea por la felicidad se liga a una mirada que pone en duda la eficiencia de los indicadores económicos tradicionales –como el PIB o el Ingreso Per Cápita– para medir el bienestar subjetivo de las personas4. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta crítica lo constituye el informe encargado el 2008 por el ex-presidente francés Nicolás Sarkozy. Dicho documento, redactado por una comisión dirigida por tres

4 La noción de bienestar subjetivo implica la felicidad, pero es más amplia. Según la OECD el bienestar subjetivo sería: “Buenos estados mentales, incluyendo todas las variadas evaluaciones, positivas y negativas, que las personas hacen de sus vidas y las reacciones afectivas de las personas a sus experiencias.” (OCDE, 2013. La traducción es nuestra.) Sin embargo, en este artículo dicha diferencia no será tan relevante como la distinción entre las dimensiones objetivas y subjetivas de la felicidad/bienestar. De este modo, vamos a tratar como sinónimos bienestar subjetivo y felicidad, pues entendemos que en ambos casos la autoridad para darles significado y determinar los factores que influyen en ellos recae en las personas (Alexandrova, 2005). Esta perspectiva se erige como una reacción frente a una manera “objetiva” de medir el bienestar de las personas, es decir, por medio de distintos índices cuyo valor y relación con la felicidad individual ha sido establecido por el saber tecno-científico y su horizonte normativo.

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economistas, Joseph Stiglitz, Amartya Sen –ambos premios nobeles– y por Jean– Paul Fitoussi, declara: “(…) ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica (…).” (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009). Consecuentemente con este renovado interés por la felicidad como objetivo central de las políticas públicas, en el último tiempo se ha desarrollado una serie de encuestas que pretenden medir el Happiness Index de distintos países y regiones del globo (Ura, Alkire, Tshoki & Wangdi, 2012; United Nations, 2012; OCDE, 2011a; Helliwell, Layard & Sachs, 2012). En la misma línea, la ONU el año 2012 estableció el 20 de marzo como El Día Mundial de la Felicidad (Naciones Unidas, 2012). Específicamente en Chile, el 2011 se publicó el primer Barómetro de la Felicidad Coca-Cola y se incorporaron, el mismo año, a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN, 2011), preguntas orientadas a medir el Índice de Felicidad; el 2012 se publicó la Encuesta de Desarrollo Humano del PNUD (2012), “Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo”. A su vez, el 2013, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV, 2013) realizó una medición de este índice a nivel nacional. Este renovado interés por el tema de la felicidad y la consecuente proliferación de discursos y tecnologías que la ponen en un lugar central en el campo de las políticas públicas, se organiza de manera consistente con un giro en la relación entre la racionalidad económica y el bienestar subjetivo. A continuación damos tres ejemplos de orígenes diversos donde se puede apreciar este giro: Primer ejemplo: entrevista hecha el 2011 en un matinal de televisión abierta al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera: (…) nuestro gobierno está comprometido con que el país crezca, derrote el subdesarrollo, que logremos hacer crecer la inversión, el empleo, pero no podemos olvidarnos de que lo que realmente importa no es el crecimiento económico, es la felicidad de la familia. (PNUD, 2012, p. 35)

Segundo ejemplo: “Comisión Stiglitz” (…) existe una diferencia creciente entre las informaciones transmitidas por los datos agregados del PIB y las que importan realmente para el bienestar de los individuos. (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009, p. 10)

Tercer ejemplo: Encuesta de Desarrollo Humano del PNUD 2012 “Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo”

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(…) el debate en torno a la felicidad sitúa en el centro del análisis social la pregunta por “aquello que realmente importa”, tanto en la vida de las personas como en el devenir de la sociedad. (PNUD, 2012, p. 30)

El giro inaugural de estos discursos acerca de la felicidad implica una modificación en las estrategias retórico/discursivas de legitimación de las políticas públicas. Lo que realmente importa, es decir, aquello que le da sentido y valor a las políticas públicas, ya no son las variables objetivas de medición del desarrollo y crecimiento económico, sino el grado en que logran medir y promover la felicidad subjetiva de las personas. De este modo, lo que realmente importa, supone un desplazamiento de lo “objetivo” a lo “subjetivo”, entendiendo por esto último: La subjetividad (…) la cara individual de la vida en sociedad. Es el espacio de interioridad de los individuos, formado por sus emociones, reflexiones, percepciones, deseos y valoraciones, donde construyen una imagen de sí, de los otros y del mundo en el contexto de sus experiencias sociales. En este espacio se genera el bienestar o el malestar subjetivos, que se relacionan con las autoevaluaciones, positivas o negativas, que las personas hacen de sus vidas y del contexto social en el cual las despliegan. (PNUD, 2012, p. 30).

Es decir, aquello que realmente importa sería este espacio interior donde se construye y significa la felicidad. Sin embargo, esto no quiere decir que este valor subjetivo no se correlacione con variables objetivas, tales como el ingreso, la educación, la salud, la sustentabilidad, etc. De hecho, tanto el PNUD (2012) como la “Comisión Stiglitz” (Stiglitz Sen, & Fitoussi, 2009) hacen hincapié en distinguir y valorar ambas dimensiones. Pero, tomando en consideración, en primer lugar, el valor central que para estos nuevos discursos tiene la manera en que las personas evalúan y valoran sus vidas; y, en segundo lugar, la idea de que dicha subjetividad sólo podría ser conocida a partir de ella, ya que es, hasta cierto punto, irreductible a índices objetivos (Ovalle & Martínez, 2006); entonces esta entronización de la subjetividad necesariamente se traduce en una re-significación del valor de las políticas públicas en general y de los índices tradicionales de medición del desarrollo en particular. Tal como se afirma en el informe de la “Comisión Stiglitz” (Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009) no es que el PIB esté equivocado, sino que, en la medida en que el nuevo acento está puesto en el bienestar subjetivo, su sentido y sus alcances son otros. De este modo, estas políticas públicas, en el contexto de los nuevos discursos acerca de la felicidad, ya no se dirigen o interpelan prioritariamente a un otro colectivo y abstracto. Por ejemplo, podemos apreciar con claridad este movimiento cuando la OCDE introduce su Índice de Felicidad del siguiente modo: “El Índice de una Vida Mejor (Your Better Life Index) está llegando a aquellos más afectados

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por esta investigación: ustedes. Tu voz es crucial en este debate acerca de lo que más importa para el progreso de nuestras sociedades” (OCDE, 2011b. La traducción es nuestra). Frente a la fría generalización que implicaba vincularse a los individuos por medio de variables poblacionales, estas nuevas políticas parecen susurrar al oído de cada persona, por separado y con igual intensidad. Pero es importante notar una paradoja: se trata de políticas que si bien se legitiman al identificar la subjetividad individual como el principal agente del valor, al mismo tiempo, se orientan a medir recurrencias y producir tecnologías que generen formas homogéneas de valoración. Esta tensión entre el otro poblacional –medible y generalizable– e individual –enigmático e irreproducible– lo encontramos con particular claridad, por ejemplo, en la retórica del ex-Presidente de Chile Ricardo Lagos (2000-2006), quien creó una figura, “la Sra. Juanita”, para identificar al destinatario de las políticas públicas: “Lo que estoy tratando de decirle a la Sra. Juanita, que entiende poco de finanzas internacionales, es que en la cuenta que va a pagar por los servicios públicos va haber una disminución”. (Lagos, 2004). La Sra. Juanita condensa perfectamente está tensión entre lo genérico –es cualquier señora pobre– y lo singular –le hablo a usted en particular. En este mismo sentido, los nuevos discursos acerca de la felicidad encuentran su legitimidad en tanto expresan y prometen impactar en el resto de individualidad no susceptible de ser generalizado5: puesto que, lo que realmente importa, no es que esa cifra poblacional, abstracta y anónima, mejore, sino que tú, que no te sientes representado por las frías estadísticas, seas feliz. 3. Psicología Positiva Esta sub-área del campo de la psicología –desarrollada desde fines de los años 90’ por los psicólogos Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi (2000) y fuerte-

5 Es necesario precisar qué entendemos por esta imposibilidad de generalización, pues, en efecto, estos nuevos discursos acerca de la felicidad sostienen la idea de que el bienestar subjetivo es medible y que tiene patrones colectivos. Por ejemplo, el PNUD (2012, p. 99) concluye que habrían cinco estados deseables que para los chilenos se vinculan con su bienestar. Dentro de estos están: vínculos primarios significativos estables, poseer capacidades para realizar proyectos, entre otros. La pregunta clave es: ¿qué diferencia estos indicadores de, por ejemplo, el PIB, en cuanto a su relación con la felicidad? En efecto, la diferencia no es sólo, ni principalmente, de contenido, sino que tiene que ver con la forma en que han sido construidos. La relación entre PIB y felicidad es de principio, pues nadie realizó una encuesta para preguntarle a la gente si realmente le importaba. Mientras que las mediciones del PNUD son inductivas y se supone que expresan la voluntad de las personas. Entonces, cuando decimos que los nuevos discursos acerca de la felicidad interpelan y encuentran su legitimidad en un resto de subjetividad no generalizable, queremos decir que ella no se puede generalizar a priori y que, inversamente, cualquier generalidad sólo tiene sentido en la medida en que recoge y expresa la particularidad de cada individuo. Dicho de otra manera, lo colectivo sería la sumatoria de cada una de las señoras juanitas.

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mente promovida desde la American Psychological Association (APA), de la cual Seligman fue presidente el año 1998– asume como objetivo el estudio de las condiciones subjetivas –emociones, cogniciones, rasgos de personalidad, etc.– que contribuyen al bienestar y a la felicidad de las personas (Lyubomirsky, 2007; Seligman, 2002, 2003). A nivel global, la Psicología Positiva ha tenido un crecimiento exponencial6 en los últimos años. Este desarrollo tuvo su primer gran impulso el 2002, año en que Martin Seligman publica el libro fundacional de esta disciplina: La auténtica felicidad (Seligman, 2003). En el caso particular de Chile, la recepción de la Psicología Positiva se ha producido especialmente en el ámbito de la salud mental, por un lado, y del mundo de las empresas y de la gestión de los recursos humanos, por otro. Así, la expansión de talleres de promoción del bienestar y la salud mental desde esta perspectiva, la noción de “felicidad organizacional” o de “gestión de la felicidad en la empresa” que empieza a circular en programas de MBA y en grandes organizaciones, y el desarrollo desde el 2011 de encuestas de medición de la felicidad de los chilenos, son expresiones de esta progresiva expansión del discurso de la felicidad en nuestro país. Situada en el contexto más amplio del giro antes descrito, la Psicología Positiva tiene ciertas características que la distinguen. Las iniciativas en políticas públicas y felicidad tienden a relevar la importancia de medir la felicidad para de ese modo orientar su accionar. Sin embargo, en ese campo de las políticas públicas, no hay desarrollos específicos de tecnologías que garanticen la producción de bienestar subjetivo. Pues bien, de esta falencia se hace cargo la Psicología Positiva. Para decirlo de un modo sucinto: si las políticas públicas orientadas por la felicidad deben llegar a la interioridad emocional de los individuos, sería imposible actuar a este nivel con políticas centralmente organizadas. Ellas, a lo más, pueden intentar generar ciertas condiciones “objetivas” que se asocien a la posibilidad del bienestar subjetivo. Si, tal como lo vimos, el bienestar depende de una interpretación individual y subjetiva del mundo, para producirlo es necesario actuar sobre ésta directamente. La Psicología Positiva es, pues, una estrategia de autogobierno y producción de felicidad que les promete a los individuos ser los artífices de su bienestar.

6 Este crecimiento se refleja, por ejemplo, en que hoy en día las universidades de Harvard, Pennsylvania y de East London, entre otras, cuentan con programas en esta subdisciplina. Los aportes financieros para la investigación también han crecido enormemente. Por ejemplo, cerca de USD226.000.000 les fueron dados a investigadores de esta área por el Instituto Nacional de Salud Mental de los EE.UU. en los últimos años y la Fundación John Templeton le otorgó un fondo de USD 6 millones a Seligman para generar investigación colaborativa entre esta rama de la psicología y las neurociencias (Ruark, 2009).

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La hipótesis central de la Psicología Positiva es que la felicidad individual depende de tres factores: un rango fijo genético, que incide en un 50%; factores circunstanciales –tales como el dinero, la salud, etc.– que determinan la felicidad en un 10%; y, el más relevante para esta perspectiva, factores que dependen de la voluntad, que incidiría en un nada despreciable 40% en el bienestar subjetivo (Bohem & Lyubomirsky, 2002). De modo que en términos estratégico discursivo, la Psicología Positiva se propone como una tecnología capaz de incidir en el 40% del total de la felicidad que depende de factores que los individuos de manera voluntariosa pueden producir y autogestionar. Entonces el factor más prometedor para afectar el cambio en la felicidad crónica, es la porción aproximada del 40% representada por la actividad intencional (…). Caracterizada por actos comprometidos y esforzados con los cuales las personas eligen comprometerse, actividades intencionales que pueden ser comportamentales (por ejemplo, practicar actos aleatorios de bondad), cognitivas (por ejemplo, expresar gratitud), o motivacionales (por ejemplo, perseguir metas intrínsecamente significativas) (Bohem &Lyubomirsky, 2002. La traducción es nuestra).

Este enfoque, que pretende fomentar y producir la felicidad individual, sería según Seligman una reivindicación de una vocación que estaba en los orígenes de la psicología pero que ésta habría olvidado luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Guerra, dice Seligman (2002), la psicología tenía tres misiones diversas: curar las enfermedades mentales, hacer la vida de las personas más productiva y plena e identificar y fortalecer los talentos sobresalientes. Sin embargo, luego de la Guerra, la necesidad de tratar a los excombatientes habría determinado que la psicología se redujera a la primera de sus vocaciones, es decir, a la curación y el tratamiento de patologías mentales. La psicología, dice Seligman, se convirtió en “victimología” (Ibíd.) y quedó presa de lo que algunos llaman una “ideología de la enfermedad” (Maddux, 2008). Pero, ¿cuál es la importancia de estimular la felicidad individual? O, si se quiere, ¿cuál es la promesa de la Psicología Positiva? En un capítulo del libro La auténtica felicidad, que se llama “¿Por qué molestarse en ser feliz?”, Seligman (2003) afirma que las personas felices rinden mejor cognitivamente, se enferman menos y viven más, son más productivas en el trabajo, los eventos negativos les afectan menos y establecen mejores relaciones sociales. De modo que Seligman resume la relevancia de la búsqueda de la felicidad entendiéndola como una Win-Win situation (Seligman, 2003: 68-69), la cual podemos resumir figurativamente del siguiente modo: “Si yo soy feliz, vivo más y mejor, hago más felices a mis seres queridos y a mi empleador”. Es decir, la felicidad se ha tornado una nueva modalidad del capital humano y el costo de producirla es, por ende, una verdadera inversión.

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La radicalidad de la apuesta de la Psicología Positiva, en términos de sostener que la interpretación de la realidad es lo que verdaderamente determina la felicidad subjetiva, se expresa con claridad en la cita siguiente: Tanto la divorciada cuyo único pensamiento sobre su ex-marido se encuentra focalizado en la traición y la mentira, como el palestino cuyo cavilar sobre su lugar de nacimiento se halla centrado en la ofensa y el odio, son ejemplos de amargura. Los pensamientos negativos intensos frecuentes sobre el pasado son la materia prima que bloquea las emociones de felicidad y satisfacción, y tales pensamientos impiden la serenidad y la paz. (Seligman, 2003, p. 111).

Por lo tanto, podemos apreciar que la Psicología Positiva genera un discurso y, asociado a él, estrategias tecnológicas7 que interpelan/producen un sujeto que centra su bienestar en la auto-producción de determinadas emociones. En otras palabras, se trata de un sujeto empresario de su felicidad, que ya no cree –y no necesita creer– que otros, como el Estado por ejemplo, sea relevante para su propio bienestar. Es decir, este sujeto de felicidad, ya no puede maldecir a su entorno –a su ex-marido o a la violencia política, según los ejemplos de Seligman– para quejarse por su infelicidad. En efecto, si el 40% de la felicidad depende exclusivamente de la voluntad individual, entonces sólo él es responsable de producirla. En un breve texto llamado “Psicología Positiva y Felicidad”, inserto en el Primer Barómetro de la Felicidad Coca-Cola, medición del Happiness Index que el Instituto de la Felicidad Coca-Cola realizó en Chile el 2011, el psicólogo y Director Ejecutivo de la empresa “Enhacing People-Instituto de Psicología Positiva”, Claudio Ibáñez, escribe: Una de las creencias más extendidas es que la felicidad es un resultado, es decir, un estado emocional que se produce cuando alcanzamos algo (como un título profesional), ejecutamos un determinado comportamiento (como ir al cine) o cuando nos ocurre un acontecimiento positivo (como el nacimiento de un hijo). Si bien esto es cierto, lo que se desconocía es que existe una poderosa relación inversa: que la felicidad conduce a los buenos resultados. Uno de los grandes hallazgos de la Psicología Positiva ha sido descubrir que las personas más felices viven más, gozan de mejor salud, son más productivas, obtienen mejores resultados, disfrutan mejores relaciones y son más generosas. Este descubrimiento, (…), se puede expresar de la

7 Algunos ejemplos de técnicas cuya eficacia estaría “científicamente” probada son: “La visita de gratitud” la cual consiste en escribirle una carta de gratitud a un ser querido y luego leérsela cara a cara. O, el ejercicio llamado “Lo que estuvo bien”, también llamado “Las 3 bendiciones” el cual consiste en anotar todas las noches antes de dormirse 3 eventos que durante el día habrían salido bien.

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siguiente manera: ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá por añadidura. (Ibáñez, 2011. Las cursivas son nuestras).

En este fragmento podemos encontrar de manera condensada algunas de las claves más relevantes de los discursos acerca de la felicidad y de la Psicología Positiva en particular. Este campo de saber-poder se posiciona discursivamente como una reivindicación propiamente científica que vendría a desmitificar un gran supuesto: que la felicidad sería consecuencia de circunstancias externas a la subjetividad individual. Tanto en el campo de las políticas públicas como en el de la Psicología Positiva, esta inversión resulta inaugural para estos discursos. Sin embargo, la Psicología Positiva va a empujar las cosas un poco más allá. Puesto que no sólo va a mostrar la relativa independencia entre indicadores objetivos y subjetivos de la felicidad, sino que va a suponer que los factores subjetivos determinan a los objetivos. En sus términos, “habría una poderosa relación inversa” que promete que si te ocupas del 40% de la felicidad que está en tus manos, el 10% de los hechos circunstanciales también mejorará. Todo esto se resume en la máxima ética que debe orientar y producir al nuevo sujeto neoliberal: ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá por añadidura. 4. Biopolítica, gubernamentalidad liberal/neoliberal y la nueva búsqueda de la felicidad Foucault afirma que el gobierno liberal actúa fundamentalmente sobre los individuos en tanto que población (Foucault, 2004: 23-24). Esto quiere decir que, desde la perspectiva de la gubernamentalidad liberal, los sujetos son gobernados en tanto seres vivientes y no como sujetos de derecho (Lemm, 2010, p. 15). O, dicho de otra manera, el punto de contacto entre el gobierno liberal y los individuos es la vida y, por ende, el arte de gobernar supone conocer y gestionar las variables que la rigen. Con esto tenemos una primera pista del vínculo, muchas veces poco evidente, entre gubernamentalidad liberal y biopolítica. Si, a diferencia del poder soberano que se afirmaba en su capacidad de dar muerte, el poder biopolítico se caracteriza por legitimarse en su aptitud para hacer vivir (Foucault, 1984, p. 167), la gubernamentalidad liberal representa los saberes y las tecnologías que permiten gestionar la vida de los individuos, o, si se prefiere, a los individuos en tanto vivientes, en un doble registro: el gobierno de los otros y el gobierno de sí (Foucault, 1990a, p. 49). Pero, para entender este vínculo, entre biopolítica y gubernamentalidad liberal es necesario ser aún más precisos.

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En primer lugar, según Foucault, el punto de contacto entre el poder y la población no es sólo la vida en términos genéricos, sino más precisamente lo que él denomina deseo (Foucault, 2006, p. 97) o interés (Foucault, 2004, p. 46-47). Al respecto escribe: En efecto, ¿qué era el soberano para los juristas, no sólo los juristas medievales sino también los teóricos del derecho natural, tanto para Hobbes como para Rousseau? El soberano era la persona capaz de decir no al deseo de cualquier individuo; el problema consistía en saber de qué manera ese “no” opuesto al deseo de los individuos podía ser legítimo y fundarse sobre la voluntad misma de éstos. […] Ahora bien, a través del pensamiento económico y político de los fisiócratas vemos formarse una idea muy distinta. […] El problema [para la racionalidad liberal] es saber cómo decir sí, cómo decir sí a ese deseo. (Foucault, 2006, p. 97).

Este “sí” al deseo implica que las formas de control y gobierno liberales no actúan directamente sobre el individuo –como los dispositivos disciplinarios (Foucault, 2006: 27)– sino que a “distancia” (Miller & Rose, 2008), acondicionando un medio –milieu– (Foucault, 2006: 40-41) que induzca a las personas a elegir “libremente” aquello que siempre debieron elegir. Gestionar la vida es, entonces, conducir la conducta (Foucault, 2006: 223-225) de los individuos por medio de estrategias que orienten sus deseos. Es justamente en estas nuevas estrategias de gobierno a distancia, que los saberes “psi” han tenido un rol preponderante, operando como un traductor o bisagra entre el macro poder objetivante –procesos de sujeción o el gobierno de los otros– y la manera en que las personas participan activamente en dichos procesos –procesos de subjetivación o el gobierno de sí mismo. Un ejemplo clásico al respecto sería el condicionamiento operante desarrollado por Skinner (Foucault, 2004, p. 274). En él se trata de generar un entorno de recompensas estratégicamente dispuestas, que induzcan al individuo a elegir, en total consonancia con sus deseos, aquellos que se espera que elija. En segundo lugar, esta capacidad de gestionar el deseo de los individuos requiere de un tipo de gobierno que conozca y se dirija a los individuos. Se trata de lo que Foucault identificó como el antecedente genealógico de la gubernamentalidad liberal y que él llamó “Pastoral Cristiana”. En este sentido, como el buen pastor, el poder liberal debe interpelar no sólo al rebaño en su conjunto, sino a cada una de las ovejas en particular. A este gesto, Foucault lo llamó “poder individualizante” (Foucault, 1990b, p. 98). Por lo tanto, la gubernamentalidad liberal opera bajo una aparente paradoja: individualiza para mejor homogeneizar. Tal como con anterioridad Althusser (1995, p. 274) argumentaba que a través de los aparatos ideológicos del Estado –colegio, iglesia, la armada, etc.– los individuos eran sujetados a macro formas de poder en la directa medida en que aprendían sus oficios y ganaban autonomía, en un sentido

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más amplio, desde Foucault, podemos decir que el poder individualizante produce una forma relativamente homogénea de ser sujeto estimulando a los individuos a construirse como únicos e irreductibles a lo colectivo. Es decir, el proceso de homogenización ocurre en la misma medida en que los individuos se experimentan cada vez más libres y más dueños de sus propias vidas. En esta genealogía de la gubernamentalidad liberal, Foucault va a diferenciar al neoliberalismo, donde el vínculo entre individuo y poder se verá particularmente exacerbado. En efecto, las formas de gobierno neoliberales alientan y presuponen la activa participación de los individuos en sus procesos de sujeción. Es decir, el nuevo “Espíritu del Capitalismo” se traduce en: “[…] autonomía, responsabilidad y la libertad/obligación […] a activamente tomar decisiones para sí mismos” (Du Gay, 2000). A esta nueva forma de subjetividad neoliberal Foucault (2004, p. 232) la llamó “empresario de sí”, cuya principal característica es estar fuertemente individualizado, siendo él mismo su principal capital. Es decir, para el empresario de sí el sueldo que recibe, el automóvil que maneja, al grupo de amigos que frecuenta o el colegio al que sus hijos asisten, no son más que oportunidades para incrementar su capital. Por lo tanto, si al empresario de sí le va mal ya no puede culpar a su jefe o al Estado, sólo pude culparse a sí mismo por su incapacidad de capitalizar las oportunidades que están en todos lados. En este contexto, los nuevos discursos acerca de la felicidad implican una expansión del biopoder hacia un espacio de intimidad que tradicionalmente quedaba fuera de éste. Pues una cosa es gestionar los intereses y otras es incidir en las condiciones mismas de aquello que orienta todos los deseos: la felicidad. Es decir, ya no basta con la “Caja Negra” de Skinner que dejaba en la privacidad los motivos últimos que llevaban a cada quien a emprender tal o cual conducta. Ahora lo importante no es sólo que alguien haga algo, sino sobre todo la tonalidad afectiva con la cual emprende su labor. Por lo tanto, en primer lugar nuestra hipótesis es que la Psicología Positiva nos permite comprender cómo en el neoliberalismo, a propósito de este nuevo biocapital que es la felicidad, se sutura la brecha entre las políticas públicas –el gobierno de los otros– y las formas concretas de devenir sujeto neoliberal –gobierno de sí. Pero, en segundo lugar, junto con esta solidaridad entre ambas, vamos a mostrar que la Psicología Positiva va a operar como una suerte de giro irónico que extremará, hasta un punto paradójico, el discurso de las políticas públicas acerca del bienestar subjetivo. Tal como lo vimos, a propósito de las políticas públicas y los nuevos discursos acerca de la felicidad, ellas están constituidas en una aparente tensión: por una parte, como nunca antes, interpelan a una subjetividad irreductible y no generalizable, pero la tratan de manera genérica y poblacional. Se trata pues del “poder individualizante” del que nos habla Foucault y el cual implicaría una “[…] simultánea individualización y totalización de las modernas estructuras de poder”. (Foucault, 2001, p. 1051. La traducción es nuestra). En este contexto, lo que el análisis de las

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políticas públicas y de la Psicología Positiva nos permite precisar es que la eficacia de este doble movimiento detectado por Foucault parece requerir de estrategias diferenciadas. Por una parte, la emergencia de políticas públicas que singularizan la generalidad, al interpelar y legitimar un “tú” irreductible8 al saber tecno-científico. Por otra parte, la Psicología Positiva que generaliza la singularidad, al habilitar la posibilidad de que todo individuo se experimente como radicalmente irreductible a lo colectivo, es decir, que todo individuo se experimente igualmente único, singular y responsable de la gestión de sí mismo y la maximización de su bienestar. Sin embargo, la Psicología Positiva va un poco más allá del hecho de generar un entorno –milieu– que favorezca la adopción de ciertas formas de ser sujeto, que los hagan dóciles a las nuevos macro discursos acerca de la felicidad. Pues en ella se aloja una fuerte desconfianza hacia cualquier forma de pensar lo colectivo. Se trata de una verdadera “fobia al Estado”, la que Foucault (2004, pp. 77-83) identificó como una posición fundacional del neoliberalismo. Es decir, si por una parte la Psicología Positiva y estas nuevas políticas públicas ligadas al bienestar subjetivo, tendrían en común el interpelar/producir y entronizar como la fuente de valor privilegiada a un sujeto fuertemente individualizado, por otra parte ellas se distinguen ya que en la primera dicho sujeto se desarticula de lo colectivo de una manera mucho más radical. Recordemos que, según la Psicología Positiva, tan sólo el 10% de la felicidad depende de aspectos exógenos, dentro de los cuales cabría situar a las políticas públicas. Por lo tanto, este sujeto, a diferencia de la Sra. Juanita, no estima que su “billetera” dependa de las políticas estatales, sino de lo que él, como un buen empresario de sí, pueda capitalizar. La dimensión irónica de este giro, que implica afirmar que si queremos generar felicidad debemos producirla directamente, se juega en torno al punto de contacto entre la Psicología Positiva y las nuevas políticas públicas, vale decir, el sujeto fuertemente individualizado como fuente exclusiva del valor. La diferencia es que la Psicología Positiva, con una suerte de pragmatismo anglosajón, va más allá de medir y ofrecer lo que el individuo desea, puesto que transforma a la felicidad individual en un capital diferenciado9 y, al mismo tiempo, genera un campo de saber tecno-científico para intervenir en ella sin pasar por las viejas variables indirectas, de las cuales las políticas públicas parecerían seguir prisioneras. Es decir, si bien las políticas públicas han comenzado a medir aquello que realmente importa a las personas, siguen operando bajo la lógica de que es posible aumentar la felicidad

8 Por “irreductible” entendemos que le saber tecno-científico no puede presuponer lo que dicha subjetividad anhela, sino que por el contrario, dicho saber debe encuestarla y definirse a partir de ella. 9 “La felicidad es un líquido, de la misma manera en que los instrumentos monetarios, como las acciones, son líquidos. (…) Es un tipo de moneda emocional que puede ser gastada, como el dinero, en los aspectos de su vida que usted verdaderamente valora, como la salud, las relaciones y el éxito en el trabajo”. (Biswas-Diener & Dean, 2007. La traducción es nuestra.)

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incidiendo indirectamente: mejorando la calidad de los vínculos primarios, por ejemplo. Por el contrario, el giro de la Psicología Positiva implica proponer que habría que intervenir en las condiciones subjetivas que generan el valor. Ya que para qué esperar: “¿Qué quieres hacer?, ¿ser feliz o seguir esperando que alguien o alguna circunstancia te haga feliz? Si esperas eso, la ciencia te asegura que serás infeliz. Es hora de cambiar y tomar tu felicidad en tus propias manos” (Castro, 2013). La Psicología Positiva no sólo establece un puente entre el macro y el micro nivel social, sino que además representa la fetichización del individuo en su rechazo a lo colectivo. De este modo se hace cargo de una ambivalencia culposa que atraviesa el discurso de las políticas públicas. Si en la retórica de legitimación de estas últimas encontramos la culpa por haber maltratado al individuo, en la Psicología Positiva se encarna la venganza de éste, pues ahora es el individuo el que maltrata a las políticas públicas y, en general, a toda promesa colectiva de felicidad. 5. Para concluir A lo largo del artículo hemos discutido el modo como los saberes y técnicas que articulan los nuevos discursos sobre la felicidad participan de la nueva racionalidad de gobierno neoliberal. Se ha propuesto entenderlos, no desvinculadamente ni como un signo de emancipación y progreso moral, sino como una tecnología de gobierno donde se articulan y confluyen tanto (macro)tecnologías de dominación de grandes grupos poblaciones a través del diseño y ejecución de políticas públicas crecientemente centradas en analizar indicadores de bienestar subjetivo, como(micro) tecnologías del yo diseñadas por una nueva Psicología Positiva que provee a los individuos de tecnologías autoaplicables y los alienta a maximizar su potencial emocional y su autorrealización personal, y a responsabilizarse por su propia felicidad. Tecnología o dispositivo de gobierno que configura un entramado heterogéneo de prácticas discursivas y no discursivas, articuladas por una específica racionalidad práctica o programa (neoliberal) de gobierno que define ciertos objetivos, medios y estrategias, y que configura un espacio de (auto)conducción de la conducta, individual y colectiva, de los sujetos contemporáneos a través de la estructuración de un campo posible de acciones. Como hemos destacado, se trata de una tecnología de gobierno en que se articulan no sólo juegos de saber/poder que objetivan a los individuos como sujetos de un cierto tipo, sino también vectores de subjetivación que promueven, incitan, y alientan a que los individuos se relacionen consigo mismos y hagan una particular experiencia de sí basada en la figura del empresario y la búsqueda de una felicidad crecientemente individualizada.

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De las prácticas de muerte a la sobrevivencia: apuntes para la comprensión biopolítica de la dictadura militar en Chile From death’s practices to the survival: notes for a biopolitical understanding of the military dictatorship in Chile LUNA FOLLEGATI MONTENEGRO1

Resumen Desde la lectura biopolítica, el presente artículo busca comprender la historia reciente de Chile apelando a una crítica sobre los discursos teóricos que posibilitaron la llegada de la democracia. Sostenemos que la biopolítica, a través de sus distintos expositores, nos entrega interesantes claves analíticas para comprender la historia latinoamericana. Particularmente, apuntamos que durante la dictadura militar chilena se gestó un tipo de gubernamentalidad que se basó en una práctica de sobrevivencia, en relación a tres ejes: la producción de muerte; la economización de la política entendida como práctica constitutiva del neoliberalismo; y la elaboración de una racionalidad política transicional que cimentó el despliegue democrático neoliberal. Los efectos de esta nueva gubernamentalidad son reforzados por la excepcionalidad jurídica del período, potenciada por la constitución de 1980. Palabras clave: Biopolítica, dictadura, democracia, excepción, sobrevivencia. Abstract From a biopolitical viewpoint, this article seeks to understand recent Chilean history resorting to a critique of the theoretical discourses that made the arrival of democracy possible. We argue that biopolitics, through its different authors, provide interesting analytical tools to understand this history. Particularly, here, we argue that during the Chilean military dictatorship a type of governmentality was engendered that was based in a practice of survival, related to three axes: the production of death; the economization of politics understood as a practice that is constitutive of neoliberalism; and the elaboration of a transitional political rationality that laid the foundations for a democratic neoliberal development. The effects of this new governmentality are reinforced by the legal exceptionality of the period, strengthened in its turn by the Constitution of 1980. Keywords: Biopolitics, dictatorship, democracy, exception, survival. Recibido: 29.05.14. Aceptado: 18.08.14.

1 Doctoranda en Filosofía Política, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Santiago, Chile. E-mail: [email protected]

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De las prácticas de la... / L. Follegati M.

Inicio Quizás, lo que hoy se requiera, al menos para quien hace de la filosofía su profesión sea el camino inverso: no tanto pensar la vida en función de la política, sino pensar la política en la forma misma de la vida. Roberto Esposito, Bios, biopolítica y filosofía

Desde distintas aristas del pensamiento nacional se ha planteado una interesante crítica en torno a nuestro sistema democrático instaurado en la década de los ’90. Las voces analíticas han construido un relato donde se ponen en cuestión temáticas fundamentales como la ciudadanía, participación, rol del mercado en el quehacer público, etc. La llamada democracia protegida ha sido flanco de diversas opiniones en tanto no ha demostrado un explícito quiebre con las políticas estructurales implementadas en el régimen autoritario (Gómez Leyton, 2010). Los planteamientos biopolíticos inaugurados por Michel Foucault (1998, 2001, 2006, 2007) nos entregan claves adecuadas para comprender nuestra historia reciente. Esta inquietud proviene del interés por la particular experiencia chilena. Dentro de espectro latinoamericano, nuestra historia política se anuda en una compleja y dramática construcción amparada en la dictadura militar, la cual logra sintetizar –a lo menos– dos situaciones: la autoritaria y la neoliberal. Consideramos que Chile se sitúa en un especial escenario, donde la dictadura militar –desde la excepción y aniquilamiento– sienta las bases para el rearme del capitalismo actual mediante la articulación de un sistema político que se yergue en los cimientos mismos del régimen. Esta conflictividad sería de especial interés para un análisis político del proceso de la transición. El Golpe, y la construcción discursiva que le secunda en las nociones transitológicas, constituyen espacios de aniquilamiento no sólo en los sentidos explícitos del horror, a través de la persecución, tortura, desaparición y muerte, sino que también en la forma de comprender la política. En este sentido, habría que pensar las posibilidades de situar la producción y posibilidad de muerte en dictadura como una tecnología de la guerra, en tanto inicio y componente sustantivo de la gubernamentalidad neoliberal. En la presente ocasión desarrollaremos un análisis que se sitúa desde la oportunidad de comprender la historia reciente desde una lectura biopolítica contemporánea. A partir de la radicalidad de la dictadura militar chilena, ahondaremos en una aproximación basada tanto en el componente excepcional como neoliberal. Apuntamos a que la cifra de este proceso estaría dada por la figura de la sobrevivencia, en tanto vida atravesada por la máquina de muerte, precarizada y por el neoliberalismo, y gestionada por la democracia transicional.

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I La recepción biopolítica en la América reciente Los planteamientos biopolíticos2 apuntan a una forma de comprensión donde existe un nexo entre economía, gobierno y sistema jurídico, claramente escenificados en el modelo neoliberal donde el gobierno de la vida adquiere una dimensión impensada. Sin entrar en un recorrido conceptual acabado3, podemos señalar a modo de síntesis que las condiciones de posibilidad del sujeto viviente, inmerso e imbuido en el campo soberano, comienzan a desplegarse como subrepticias técnicas de poder cuyo objetivo es el de potenciar la administración de los cuerpos mediante métodos capaces, por un lado, de aumentar las fuerzas y aptitudes de los sujetos y, por otro, de docilizarlos en relación a los nuevos horizontes de sentido que emergieron con las sociedades capitalistas. Paulatinamente, desde esta lectura sobre el biopoder, se ha logrado constatar el establecimiento de un régimen de libertad que configura técnicas de gobierno específicas, y que mantiene vigente las inestabilidades del sistema económico mediante la producción de discursos gubernamentales, sociales y políticos que actúan como soporte. Como dirá Foucault en Historia de la sexualidad: “El principio de poder matar para poder vivir, se ha vuelto principio de estrategia entre estados; pero la existencia en cuestión ya no es aquella, jurídica, de la soberanía, sino puramente biológica de una población” (Foucault, 1998:129). El problema de la vida, su regulación y las facultades de muerte serán entonces problemas centrales que, desde una nueva óptica, inaugura nuestro autor francés. Como se sabrá, las derivas biopolíticas han atravesado una serie de producciones posteriores. Apuntando a la dimensión estratégica que enmarca la captura de la vida desde el despliegue de poderes en los contextos de la medicina, derecho y economía (Karmy 2011), autores como Giorgio Agamben (2003, 2005, 2007), Roberto Esposito (2003, 2005, 2006, 2009) y Toni Negri (2000), han posicionado un fructífero despliegue del concepto. Particularmente, la recepción latinoamericana de los autores italianos apunta a una especial vinculación entre nuestra realidad

2 En términos conceptuales, la denominación de Foucault de biopolítica corresponde a la dualidad griega que, explicitada por Giorgio Agamben, se ejemplifica en la dicotomía entre bios y zoé. Esta última acepción dice relación con el simple hecho de vivir, común a todas las especies que pueblan el planeta, unificando a animales, plantas y humanos. Por el contrario, bios se refiere a la caracterización específica del desenvolvimiento político de los hombres y mujeres, abriendo de paso la posibilidad para el espacio de la libertad. Por biopolítica entonces Foucault aludiría justamente a la politización del espacio de la zoé en el contexto de la racionalidad moderna, es decir, la politización de la vida biológica, o el gobierno de la vida. En este sentido, las técnicas de gobierno configuraron un accionar organizado y sistematizado cuyo ejercicio se realizaba directamente sobre la vida humana (Agamben, 2003; Cassiogli y Sobarzo, 2010). 3 Para un desarrollo interesante del término biopolítica, sus recepciones y adecuaciones, contamos con los aportes de Edgardo Castro (Karmy, 2011).

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histórica-institucional-cultural y los aportes biopolíticos. Desde la colonia4 hasta las dictaduras militares del cono sur, hemos podido apreciar la vigencia de problemas como la eugenesia, el racismo de Estado (Foucault, 2001), la medicalización de las políticas públicas, por mencionar sólo algunos fenómenos. En este sentido, el “olvido foucaultiano” sobre la colonia y lo indígena se ha posicionado como un punto de partida para la estructuración de un análisis donde se evidencia el eurocentrismo, apuntando la observación hacia un hecho histórico que se reconoce más tempranamente en América (Castro-Gómez, 2010; Rodríguez y Tello, 2010). Considerando lo anterior, la herramienta biopolítica en América Latina nos ayuda a comprender cómo los estados han podido transformar no sólo el sustento de lo político, su representación y densidad, sino que también el contenido y funcionalidad del ser humano en dicho contexto. La obligatoria productividad inherente a los ciudadanos del presente siglo XXI no es sino una consecuencia de este proceso extrapolado a los más extremos márgenes, cuya racionalidad se constituye desde la legalidad criolla del siglo XIX. La construcción de la racionalidad estatal, desde este período histórico, tendió a una concentración del poder para la producción de un nuevo tipo de sociedad que logró configurar y materializar existencialmente la relación entre población y producción. El motor de dicha transformación radicó en el fortalecimiento de un poder estatal que representó y manejó los intereses del mercado. Por otra parte, la constitución estatal en la mayoría de los estados latinoamericanos requirió la constitución de un mito de nación y, al mismo tiempo, la aparición de un monstruo, de un enemigo interno o, en palabras de Roberto Esposito, del paradigma de la inmunidad. El indio, el roto, el revolucionario, delincuente, o el extranjero operan como permanentes amenazas al interior del sistema, las cuales sirven de igual manera para demarcar lo propio, lo legítimo, lo normalizado. La América Latina del siglo XX se caracteriza por la tensión constante entre una constitución soberana que busca reiteradamente las formas de rearticulación entre un sistema económico capitalista y el desarrollo de una gubernamentalidad tendiente a la regulación de la población y a la restricción de lo político, cuyo eje fundante sería el estado decimonónico y su mito fundacional a través de la idea de Nación. Los estudios en biopolítica han tenido en nuestro país un eco no menor5, en el sentido de potenciar nuevas lecturas que comienzan a mostrar sus rendimientos

4 Rodríguez y Tello acuñan la idea de biocolonialidad, la cual se caracteriza por: “política colonial que tenía a su cargo el gobierno de los cuerpos indígenas, los cuales bajo ninguna docilidad fueron obligados a ocupar sus fuerzas en las minas de oro y plata” (Rodríguez y Tello, 2010). 5 Es interesante constatar la producción nacional en torno a la biopolítica y sus derivaciones. Destacamos tres textos al respecto: Michel Foucault: Neoliberalismo y biopolítica (Lemm, 2010); Biopolíticas del sur (Cassigoli y Sobarzo, 2010); Políticas de la interrupción (Karmy, 2011). Además se han publicado números temáticos en la revista Pléyade y Aneconómicas y tres congresos realizados en Santiago.

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para comprensión teórica e histórica del pasado reciente. Nos ayuda a comprender la forma en que los estados han podido transformar no sólo el sustento de lo político, su representación y densidad, sino que también el contenido y funcionalidad del ser humano en dicho contexto. En este sentido, la peculiaridad de nuestra realidad actual posee la complejidad de constituirse a lo menos en relación a tres discursos: la ineludible existencia de las democracias, la inalterabilidad del orden neoliberal y la funcionalidad de los movimientos sociales. Nuestras subjetividades se desenvolverían en esta estática practicidad, estableciendo pequeños mecanismos de movimiento y extrañas formas de disrupción. El vínculo entre soberanía y utilidad, o entre lo jurídico y lo económico se constituye como problema biopolítico que es propicio observar en la particularidad histórica. La radicalidad represiva de las dictaduras en América Latina condicionó un proceso de ordenamiento social tanto de las perspectivas económicas como de lo social. En algunos países, la violencia militar se manejó a la par de una estrategia neoliberal enfocada hacia el despliegue de lógicas funcionales –principalmente de mercado– que buscaron evitar las interferencias y luchas de las subjetividades políticas. En este sentido, Sergio Villalobos-Ruminott señala que la limitación normativa de las teorías “transitológicas” chilenas se enmarca en un relato excepcionalista que apunta a la continuidad de la democracia en nuestro país (2010: 18). Ello se articula como criterio estandarizado y oficial sobre el cómo comprender el pasado nacional. Veamos algunos apuntes al respecto. III La construcción gubernamental en dictadura La producción de matrices teóricas de carácter sociológico o politológico para comprender el proceso emprendido desde la Unidad Popular hasta la transición democrática, ha generado formas de reordenamiento y recomposición social basándose en el ámbito modernizador de la dictadura chilena. El Golpe fue entendido como parte de un agotamiento de un modelo político de las prácticas partidistas en el período de la UP6. Tal como señala Villalobos-Roumniott, estas lecturas apelan a un criterio jurídico de comprensión de la política,

Para una lectura apropiada del proceso, es preciso revisar los textos de José Joaquín Brunner, Cultura autoritaria en Chile (1981) y de Eugenio Tironi, El régimen autoritario. Para una sociología de Pinochet (1998). 6

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El cual se expresa en la representación de las causas del golpe como un agotamiento del sistema de representación que llegaba a los años 70s, deslegitimado y sobrecargado de expectativas... En este periodo, y de manera progresiva, se habría agotado el sistema político sometido a demandas sociales inabarcables, cuestión que explicaría la crisis de legitimación de la misma actividad política. Esto habría coincidido con una sobre-ideologización debida, entre otras cosas, a un contexto latinoamericano efervescente (Villalobos-Ruminott, 2010: 23).

Abandonando las agendas radicales, los autores provenientes de renovadas vertientes políticas de centro izquierda profesionalizaron una lectura epistemológica y política acerca del Golpe, donde se desplegaban los lineamientos para una política democrática basada en el consenso, la estabilidad y responsabilidad política y económica. Basándose en una lectura republicana, anidada en una estabilidad constitucional, la Unidad Popular irrumpe como un desborde de la acción política. Desde José Joaquín Brunner (1988), hasta Manuel Antonio Garretón (1984) pasando por Eugenio Tironi, podemos observar la producción de saberes (epistémicos) que posibilitaron una transición que ocultaba una modernización neoliberal, otorgando una comprensión de la política, de su acción y despliegue enmarcado en los designios del estado y en una opción redemocratizadora. La idea de una transición es justamente la posibilidad de naturalizar los designios desplegados por el régimen autoritario, que heredaba en la democracia y en la sociedad no sólo una sociabilidad distinta, sino que también una facultad de economización de la vida y las relaciones humanas mediadas por el estado y la empresa privada. La dicotomía dictadura-democracia, basada en una lectura eruptiva del Golpe, construyó un período postautoritario que –como posibilidad constitutiva– se erguía en tanto se diferenciaba de la dictadura: la única posibilidad viable para el fin del terror. A partir de lo anterior, se constituyó un modelo de subjetividad política, un deber ser desplegado desde un discurso cimentado en la intelectualidad chilena, como también en una serie de prácticas concretas representadas desde políticas públicas hasta producciones mediáticas. Estos discursos se configuraron como un trasfondo político para una reconfiguración social y ciudadana del país (Follegati, 2011). Esta lectura procesual omite una serie de implicancias que es preciso abordar con mayor despliegue, quizás en otra oportunidad. Sin embargo, podemos sostener que es preciso observar la historia reciente desde una mirada cuya búsqueda radique en las continuidades, anidamientos y producciones gubernamentales y epistémicas originadas en el seno autoritario y continuadas tanto desde lo institucional (y constitucional), como también por la elaboración de una cierta racionalidad política que nace a partir de las lecturas comprensivas de la relación UP-Golpe,

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desde los años ’807. Como bien señala Idelber Avelar (2000), las transiciones son las dictaduras mismas. Villalobos-Ruminott enfatiza: La determinación del golpe como un accidente o como un destino inexorable, en todo caso, no supone, como fácilmente se podría creer, dos concepciones distintas de la temporalidad, sino una y la misma: aquella preñada de continuismo jurídico que insiste en evaluar la evolución política del país de acuerdo a un criterio institucional y termina remitiendo la actividad política al estrecho marco de la racionalidad estatal. El golpe no es ni un accidente ni una necesidad, sino un reiterado ejercicio de reconfiguración institucional frente a las amenazas precipitadas, esta vez, por la radicalización de las demandas sociales (Villalobos-Ruminott, 2010: 40).

El Golpe, y la construcción discursiva que le secunda en las nociones transitológicas, constituyen espacios de disciplinamiento y normatividad no sólo en los sentidos explícitos del horror, a través de la persecución, tortura, desaparición y muerte, sino que también en la forma de comprender la política. Basada en la lectura de la polarización y sobre ideologización de la sociedad pre ’73, la racionalidad política articulada desde los gobiernos de la Concertación utilizó la herencia golpista: el miedo, la desvinculación social, el individualismo y la desconfianza fueron elementos constitutivos para una nueva política madura y capaz de enfrentar los desafíos de la transición. Una nueva política o una impolítica desde Esposito (1996). La consecuente restructuración democrática, en el caso chileno, por ejemplo, requirió de una des-violentización de las relaciones sociales y políticas, extrayéndole el sustento conflictivo a toda relación de lo político. Con ello, no sólo se levantó un discurso hegemónico manejado por las oligarquías políticas y económicas, sino también una condición anestésica como premisa necesaria para la adopción de un modo de vida biopolítico y una subjetividad servicial y acomodaticia a los fines del mercado y de la estabilidad. Los problemas biopolíticos adquieren un cariz fundamental para comprender el proceso contemporáneo chileno. Desde la estructura jurídico-soberana de occidente, el paradigma inmunitario y el biopolítico, podemos atender a las complejidades de nuestra realidad. Para Rodrigo Karmy (2007): “Si la dictadura soberana de Pinochet obedece, pues, al ‘paradigma soberano’ (aquél que, según Foucault, ‘hace morir y deja vivir’), los gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia operan, pues, como el ‘paradigma biopolítico’ (‘hace vivir y niega la muerte’)”. Los

7 Sobre las producciones emanadas desde finales de los 70 y todos los 80, podemos observar la recopilación de textos elaborada por Flacso Chile, en el siguiente link. Allí se encontrarán textos de Norbert Lechner, Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, Ángel Flisfisch, Eugenio Tironi, entre otros. Ver: http://lanic.utexas.edu/ project/laoap/flacsofull.html

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gobiernos democráticos transicionales se constituirían en este espacio articulando dos nociones potenciadas desde el espacio autoritario: la política en tanto gubernamentalidad; y la potenciación de la vida desde un espacio económico constituyéndola en sobrevivencia. Esta última será nuestra tesis. III La excepcionalidad como clave analítica Willy Thayer señala en su texto El Golpe como consumación de la vanguardia (2006), y siguiendo a Patricio Marchant, la lectura del Golpe desde las ciencias sociales es vista como un paréntesis invertido: “ )…( ”. Esta inversión en ningún caso demoniza el Golpe como algo que irrumpe desde fuera de la historia. Más bien descarta cualquier voluntad explicativa del acontecimiento Golpe como simple interrupción de la historia democrática de un territorio. El paréntesis invertido revierte suplementariamente la relación de la Dictadura con el pasado democrático –y viceversa–, contagiando la resonancia del nombre democracia subsumida en el cliché del cientista-social. El paréntesis invertido dispone a la Dictadura como verdad irreconciliable de la democracia y la historia de la institucionalidad burguesa… El paréntesis invertido señala que la democracia burguesa siempre fue estado de excepción hecho regla (Thayer, 2006: 21).

Comprender la Dictadura desde la excepcionalidad, apela a una forma de resituar la complejidad analítica del proceso chileno. Remitirnos al problema de la soberanía es preguntarnos también, desde las lecturas de Giorgio Agamben, por la relación entre estado de excepción y estado de naturaleza: Estado de naturaleza y estado de excepción son sólo las dos caras de un único proceso topológico… aquello que se presuponía como exterior (el estado de naturaleza) reaparece ahora en el interior (como estado de excepción), y el poder soberano es propiamente esta imposibilidad de discernir entre exterior e interior, naturaleza y excepción (Agamben, 2003: 54).

Excepción que se configura mediante una relación de bando, donde el que ha quedado fuera de la ley no es indiferente a ésta, sino que es abandonado por ella, situándose en un lugar expuesto al peligro, en la interdicción entre vida y derecho (Agamben, 2003: 44). Cuerpos que se caracterizan por un abandono, por una disposición a recibir muerte: verdaderos súbditos que forman el nuevo cuerpo político

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de occidente. Desde esta ribera, cierta producción intelectual chilena8 ha profundizado una mirada biopolítica de la dictadura donde la excepción soberana se ha convertido en la expresión política contemporánea. Pues, el estado de excepción al romper sus confines espacio-temporales, tiende a coincidir en todas partes con el ordenamiento normal (Agamben, 2003: 54). La excepcionalidad, en tanto rasgo característico de nuestra construcción soberana occidental, se construye como un proceso constitutivo del legado republicano nacional, siendo más que un reverso, un cariz explícito del contexto político chileno. Esta lectura se yergue como un develamiento frente a las prácticas sociopolíticas conservadoras y tradicionales, apelando a una resignificación de las concepciones sociológicas explicativas del pasado reciente. Lo paradójico de la Latinoamérica democrática actual, es que se gesta en esta conflictividad que se instaura radicalmente, sobre todo en el caso de Chile. Conjugando un desicionismo schmittiano, con las perspectivas transformistas de la derecha neoliberal, el escenario nacional se plegó a la necesidad soberana (Karmy, 2007). El espacio excepcional se grafica en un escenario donde ocurre la toma del poder jurídico desde el ámbito militar, aplicando una normalización hacia los cuerpos desde dos aspectos: el disciplinamiento y la distribución neoliberal propiciada por el “shock” de los Chicago Boys. El espacio de la excepción es entonces el correlato desde donde se articula bios y zoé, y donde paradigmáticamente se compone un doble atentado a las vidas que se desenvuelven en el espectro dictatorial. IV Figuras de la sobrevivencia: el horror En definitiva, el objeto de la policía es la vida: lo indispensable, lo útil, lo superfluo. La policía debe garantizar que la gente sobreviva, viva e incluso se supere. Michel Foucault. Omnes et singulatim

La dictadura chilena compone un nuevo escenario sobre la vida. No solamente en tanto que el cuerpo social se recompone como vidas que merecen ser vividas y vidas que no desde un ámbito biológico, sino que también en el sentido de un diagrama que se instalada desde lo ideológico en un doble espacio: el de la militancia política (a través del terrorismo de estado) y el neoliberal (mediante la reforma

8 Destacamos a académicos como Rodrigo Karmy, Sergio Villalobos-Ruminott, Raúl Rodríguez, Miguel Urrutia, Juan Pablo Arancibia, por mencionar algunos. Nuevos referentes han surgido en las publicaciones conmemorativas para los 40 años del Golpe Militar en las revistas Pléyade N°11 y Aneconómicas N° 4.

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constitucional). Frente a este último elemento, el despliegue gubernamental de la dictadura se instaura como un mecanismo que busca la productividad individual, amparándose en el designio de la imposibilidad o la pérdida de la posibilidad política. El neoliberalismo se encarga de convertir las vidas vaciadas de lo político en sobrevidas, apuntando a una vida economizada y supliendo el lazo social de carácter comunitario por un vínculo regado de prácticas que apelan a mantenerse vivos a como dé lugar. ¿Qué es sino el neoliberalismo aquel sistema que propugna una forma de vida rayana en lo irrealizable? ¿Qué es sino el contexto moderno una lucha por mantener las condiciones mínimas de existencia? Así como dirá Negri y Hardt (2000) en relación a los mecanismos de articulación mediática y su vinculación con los cuerpos, la dictadura y luego el discurso transicional operó biopolíticamente en la medida en que se constituyó como una racionalidad que “vendió” una justificación política y económica sobre el cómo hacer las cosas. El biopoder desplegado en la dictadura ocupa un lugar de despliegue desde adentro, estableciendo mecanismos del miedo en lo social. Vigilancia y seguridad serán tópicos comunes ya tratados en este aspecto, apelando a fenómenos que propiciaron las prácticas de sobrevivencia en la población chilena. Ineludible es en este sentido remitirnos al fenómeno de los campos de concentración. El campo de concentración ocupa la figura del horror como un mecanismo de despolitización, propiciando la desarticulación comunitaria y cimentando una automatización de la vida. El campo de concentración, vuelto paradigma, nos entrega los lineamientos para comprender “cómo el abandono legal que sufre la vida, se sigue reproduciendo más allá del campo de concentración nazi” (Ávila, 2013: 73). Como es el caso de las dictaduras latinoamericanas, donde la vida queda atrapada nuevamente en este escenario, apareciendo imágenes de los detenidos desaparecidos, cuyas vidas arrancadas transitan en el terreno del horror extremo, de la incapacidad del entierro, de la figura espectral de una vida que ha dejado de ser, pero que sin embargo está presente en un espacio de memoria, de lucha y de presencia/ausencia. Asumiendo que la estructura dictatorial tomó forma de estado de excepción, comprendemos que el campo de concentración contribuye a la producción de sobrevivencia. No solamente en el sentido individual en relación a la experiencia de habitar en su espacio, sino que también desde las formas de articulación para con la vida. Es decir, el terrorismo de estado en el escenario chileno apunta a la neutralización y reconfiguración del individuo, desplegando un sistema que, articulado por el miedo, apuntaba a esa necesidad de reconfigurar la sociedad, establecer nuevos cánones y mecanismos de desenvolvimiento. El campo no sólo opera desde los afectados, de sus familias y entorno sociopolítico, sino que también desde la forma de normalización que se conjuga al momento de desvirtuar lo político. Se sobrevive también en la medida que la producción de nuda vida es lo característico que

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busca el régimen autoritario. El campo demuestra una vez más el modelo jurídicopolítico al cual estamos expuestos. Así, desde el espacio moderno, la vida en sí misma lleva el peso de la supervivencia. En tanto figura central de este escenario, la vida es atrapada en ciertos circuitos económicos y jurídicos: “La ambición suprema del biopoder es producir en un cuerpo humano la separación absoluta del viviente y del hablante, de la zoe y el bios, del no-hombre y del hombre: la supervivencia” (Agamben, 2005: 163). En este sentido, la supervivencia se transforma en una clave para comprender un nuevo cariz de la nuda vida desde un espacio mediado por la excepcionalidad y articulado por el neoliberalismo. El caso del Chile dictatorial será fundamental al respecto. Si la excepcionalidad nos demuestra las posibilidades de muerte, en un sentido tecnificado y racionalmente constituido a través de los campos de concentración, la deshumanización dictatorial se sitúa en el doble sentido que hemos comentado: despolitizado y productivo (economizado). La humanización propuesta por la dictadura, entonces, se configura en tanto economización de la vida. No sólo el Estado imbuido de un registro librecambista, sino que también una vida que adquiere sentido en su más extrema desolación. Es en el mercado desde donde la comunidad vuelve a convertirse (ya no vida) en su reverso, sino en sobrevivencia. Es por esto que el ensayo neoliberal, aunado de un designio de muerte, juega en Chile una síntesis macabra, no sólo una experiencia aniquilante, sino que también un contenido anestesiante. La excepcionalidad es vuelta como forma de gobierno desde el espacio económico, ejemplificado en la transición chilena. La idea de una tanatopolítica se vuelve vigente en tanto se reconfigura a través del paradigma inmunitario de Esposito, al proteger a la vida a través de su forma de negación. El italiano remarca el eslabón faltante en la lectura foucaultiana: “Sólo si se la vincula conceptualmente con la dinámica inmunitaria de protección negativa de la vida, la biopolítica revela su génesis específicamente moderna” (Esposito, 2006: 17). La síntesis del proceso se condice mediante un diagnóstico donde la muerte adquiere tanto un espacio constitutivo como límite externo. Desde el régimen biopolítico, la vida se vuelca hacia un umbral de sobrevivencia, donde los problemas del continuar vivo parecen traspasar los propios límites de la conservación hasta configurarse en una forma de vida. La sobrevivencia entonces, en los lindes establecidos por el marco jurídico-político democrático, a partir de la década del ’90 se basa en esta aporía donde la vida misma se relaciona con una muerte ajena, transformándose el tánatos en una característica de la reformulación de las dinámicas de poder en el escenario golpista. Sin embargo, como observábamos al comienzo, este éxito fue posible en tanto que se construía una racionalidad política que apelaba a una funcionalidad de lo

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político, de lo jurídico y económico. Este espacio discursivo transitológico podría referirse a una forma de gubernamentalización que se instala en un período anterior a la llegada de la democracia (1990), pues su despliegue emerge en el contexto dictatorial y en relación a un discurso que aboga por la vida (derechos humanos) y la democracia. ¿Es posible hablar de una gubernamentalidad dictatorial pero cuyo despliegue se realiza desde la figura del adversario político (la oposición)? ¿Podríamos pensar que el pliegue ‘dictadura-transición’ desde este problema nos entregaría nuevas lecturas sobre la complementariedad entre ambos regímenes? Sin duda que las preguntas recién planteadas requieren de una dimensión de análisis complejo que demanda ser tratadas en una próxima ocasión. Sin embargo, es atingente señalar que la figura de la sobrevivencia opera como un síntoma que nos demuestra la articulación entre el régimen de muerte y el productivo, el espacio preciso desde donde se erige el neoliberalismo. IV Figuras de la sobrevivencia: Neoliberalismo Si la sobrevivencia explícita es vista desde el espacio de la despolitización fundada a punta de las armas, es necesario observar la panoplia que posibilita su accionar. El sistema capitalista es el lazo constitutivo de un contexto liberal que esgrime la constitución de individuos que se yerguen en un contexto liberalizado. El neoliberalismo, propiciando una molecularización de la forma empresa (Castro-Gómez, 2010: 202), posiciona una nueva experimentación social donde el mantenerse vivo se transfigura como la única opción de la libertad prometida. La libertad en tanto nuda vida, otorga la posibilidad ineludible de morir de hambre. Como señala el propio Hayek: “No puede decirse que sufra coacción si la amenaza de hambre para mí y para mi familia me obliga a aceptar un empleo desagradable y muy mal pagado o incluso si me encuentro a merced del único hombre que quiera darme trabajo” (Hayek, 1997: 166). El neoliberalismo se orquesta mediante un régimen de sobrevivencia, y a través de un sistema de gobierno (dictatorial y democrático). Que el pueblo ‘upeliento’ se volcara hacia la población neoliberal, se constituye como condición de posibilidad a partir de una sociedad desvinculada, disociada en su sentido político y comunitario. Por lo mismo, el origen fundado en el horror y la existencia de los campos de concentración son constitutivos de estos regímenes de vida. La sociedad neoliberal es el punto cúlmine de una gubernamentalidad propugnada desde la sobrevivencia, en tanto cifra de nuestra contemporánea realidad en cuanto que se constituye como un ideal individual y fragmentario, oculto del sentido original de la comunidad. En esta dirección, tal como sostendrá el italiano Roberto Esposito, ante los procesos de extinción de lo común (munus):

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[E]l individuo es inducido a cerrar su originaria apertura y a circunscribirse a la esfera de su interior ¿Qué otra cosa es la inmunización sino una forma de progresiva interiorización de la exterioridad? Si la comunidad es nuestro ‘afuera’, el fuera-denosotros, la inmunización es aquello que nos retrae al interior de nosotros mismos, rompiendo todo contacto con el exterior (Esposito, 2009: 85).

Entonces, estando impregnada de una deriva inmunitaria, la dictadura reimprime un sistema ya existente desde varios siglos atrás. La vida es reinserta en un circuito en tanto que logra circunscribirse al ámbito del mercado, salvaguardando los ideales de la propiedad, el mercado y el consumo. La apertura del sobreviviente se diagrama mediante la búsqueda del beneficio propio, del olvido de su realidad, de su situación mediante un mundo de fantasía construido por tarjetas plásticas y posibilidades de ser alguien más. Cuando su propia posibilidad de muerte se transforma en subjetividad. La precarización laboral conlleva a un designio que se construye mediante la capacidad de emprendimiento: “Su única posibilidad de sobrevivencia consiste en autoemprenderse, en desarrollar iniciativa individual” (Rojas, 2006: 46). En la conocida frase de Hayek “no todos los hombres vivientes tienen derecho a seguir viviendo” (citado por Vergara, 2003: 14) se torna explícito el carácter de la sobrevivencia: efectivamente el neoliberalismo se considera un sistema donde la vida es permitida para y por algunos, donde el resto funciona como organismo luchando por su (in)existencia. El proyecto neoliberal extrema las condiciones de intervención del mercado en todas las esferas de la sociedad con el objeto de mantenerse vigente y en constante transformación, mediadas por las necesidades del capitalismo tardomoderno. La sociedad no es pensada desde la communitas, sino justamente lo contrario: una civilización que desde el origen resalta el facto individual y propium como valor fundante. La libertad neoliberal es entonces la contradicción de la comunidad. En este sentido, el neoliberalismo establece una producción subjetiva que se reproduce gubernamentalmente, a través de mecanismos perniciosos como el endeudamiento y hedonismo consumista. Estas prácticas se constituyen como condición de posibilidad de la empresa postfordista, estableciendo nuevas relaciones intersubjetivas que terminan por promover, desde otro registro, formas de sobrevivencia en los escenarios actuales. La gubernamentalidad es interesante en la medida que introduce nociones como la de autorregulación que, en palabras de Castro-Gómez, logra “que el gobernado haga coincidir sus propios deseos, decisiones, esperanzas, necesidades y estilos de vida (Lebensführung) con objetivos gubernamentales fijados de antemano” (Gómez, 2010: 43). En el mismo sentido, Esposito señala que “por una parte, el poder ya no se relaciona circularmente consigo mismo… sino con la vida de aquellos a quienes gobierna en el sentido de que su fin no es la

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obediencia tan sólo sino también el bienestar de los gobernados” (Esposito, 2006: 60). El biopoder, desde este registro, se reconstruirá a través de la promesa de la felicidad, entendiendo por ello una felicidad basada en la ausencia de muerte y prácticas de sobrevivencia. El despliegue democrático subsiste mediante un gobierno providencial que logra articular los nuevos designios neoliberales, cuyo origen se constituye en el seno dictatorial. Thayer señala: “Transición nombra, no el pasaje de la Dictadura a la democracia, sino la transformación que la Dictadura operó, el desplazamiento del Estado como centro-sujeto de la historia nacional, al mercado excéntrico postestatal” (Thayer, 2006: 124). Así, la figura de la democracia se torna una ilusión de la representación, enfocándose en un régimen directamente gubernamental. Cierre La discursividad transitológica de la cual hemos hablado actúa de manera efectiva vinculando una racionalidad que logra distinguir radicalmente democracia y dictadura desde el semblante de la vida (en relación al hacer morir y dejar vivir), como también en cuanto a los límites de la política. La estrategia empleada se configura en un doble ámbito, en tanto que supone una dimensión política (excesos) y una dimensión económica (actuar según las reglas neoliberales). La construcción de una racionalidad concertacionista si bien se elaboró en dictadura, despliega su deslinde gubernamental en la democracia de los ’90 y 2000, apelando a una discontinuidad con la dictadura, pero forzando una legitimación en ésta en la medida que se establece como proceso redemocratizador, donde una de las mayores ausencias es la propia comunidad política, traspuesta por una comunidad económica. Este doble vínculo juega un importante rol al lograr que se profundicen las condiciones de sobrevivencia en ausencia de lo político. En este sentido, la clave de la transición democrática y de la cimentación discursiva que la amparó, fue sentar las bases de un proceso consensual ausente de lo político. La constitución de los 80’, en las manos de Jaime Guzmán, se sitúa como el momento ontoteológico de herencia schmittiana, como también eruptiva de los nuevos semblantes neoliberales. El carácter fundacional de la dictadura no es sino el continuismo de una política excepcional, donde la democracia se yergue como su reverso administrativo y gestional, utilizando el espacio de la vida como el lugar de rearticulación. La subsecuente regularidad democrática es potenciada por una subjetividad a ratos caída en el imperio de lo económico, a ratos en los espacios de la sobrevivencia. Apuntamos al problema de la sobrevivencia como una clave analítica que nos

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ayuda a comprender la gubernamentalidad desplegada desde la dictadura. La necesidad del frenar el proceso tanatopolítico se vio emparejada con una defensa en nombre de los derechos humanos, como también de un discurso político que buscó por sobre todas las cosas frenar las máquinas de muerte. En este sentido, lo político pasa a un segundo plano en cuanto el problema de la vida adquiere especial relevancia: había que luchar, primero que nada por la propia vida. Las prácticas de sobrevivencia se anudan en este conflicto donde la vida se torna sobrevivencia, en la medida que su motivo fundamental es el ‘hacer vivir’, pero esta vuelta a la vida es desde el mercado. En este contexto, la economización es vista desde la sobrevivencia pues el neoliberalismo construye técnicas precarias de vida: desde el Plan Laboral de 1979, la privatización del sistema de salud en 1981, el Sistema de Pensiones 1981, etc. Hoy, a más de 30 años de las reformas neoliberales, observamos un país donde el nivel de endeudamiento de las familias alcanza 57,3% según las Cuentas Nacionales por Sector Institucional publicadas por el Banco Central (Diario Financiero, 2014). Según la Fundación Sol, sólo un 39% de los ocupados posee un empleo protegido, es decir, con contrato escrito, indefinido, liquidaciones de sueldo, cotizaciones y salud (Fundación Sol, 2011). La precarización laboral, y las condiciones subjetivas impuestas por el neoliberalismo, condicionan hoy un escenario que es preciso atender. La despolitización en el período democrático, la falta de un sentido comunitario en la mayoría de los aspectos, se reconoce por ejemplo en la baja tasa de sindicalización: en nuestro país, 9 de cada 10 asalariados no negocia sus condiciones de trabajo de manera colectiva (www.fundacionsol.cl). Así, los dispositivos de las condiciones mínimas de existencia que se materializan en el neoliberalismo corresponden con las configuraciones filosóficas relativas a la vida misma. Las prácticas de las sobrevivencias se anudan en este doble registro. Los despliegues analíticos de esta configuración sobrepasan ampliamente las perspectivas representadas en estas páginas. Sin embargo, consideramos que es una primera iniciativa para abordar desde un punto de vista biopolítico la temática de la vida en nuestra historia. Como mencionábamos al comienzo, América es un continente cuya biopolítica es desplegada desde hace siglos, con la llegada conquistadora de los primeros españoles. El ensayo republicano se enmarca en un designio soberano, nacional e independentista que deja estela hasta el presente. La historia reciente de nuestro país puede entonces comprenderse desde el problema político de la comunidad, en tanto el neoliberalismo ha insistido en su apropiación y operosidad, logrando una interiorización en los cuerpos y en formas de sobrevivencias inauditas en períodos previos. Independiente de ello, hoy la tarea se nos muestra clara y concreta: aportar por nuevas formas de politización que se circunscriban en un designio donde la vida vuelva a ser política.

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Estado de excepción y campos de concentración en Chile. Una aproximación biopolítica1 State of exception and concentration camps in Chile. A biopolitical approach MARIELA CECILIA ÁVILA2

Resumen El presente trabajo busca reflexionar sobre la política latinoamericana y su relación con el estado de excepción desde una perspectiva biopolítica. Para ello, en principio, aludimos a la noción de biopolítica y de racismo de Estado que presenta Foucault. Esto nos permite acercarnos al estado de excepción y a los campos de concentración que emergen durante estos periodos. A partir de la ampliación conceptual de Agamben, abordamos los campos de concentración de las últimas dictaduras del Cono Sur, especialmente el caso de Chile, lo que nos permite ver el modo en que ante un estado de excepción la vida queda abandonada legalmente. En la última parte esbozamos una reflexión sobre el modo en que durante el gobierno militar chileno se implementó una gubernamentalidad de corte neoliberal, cuya incidencia en los procesos de subjetivación de la población es posible apreciar aún hoy. Palabras clave: Estado de excepción, campos de concentración, biopolítica, neoliberalismo, Latinoamérica. Abstract In this work we seek to think about the Latin America´s politics and its relation with the state of exception from a biopolitical view. In order to do that, at first, we stem from the biopolitical and State- racism concepts that Foucault introduces. This allows us to approach to the state of exception and the concentration camps of the last military dictatorships in South America, especially in Chile. These ideas let us see how life is legally abandoned in a state of exception. In the last part we explore a possible reflection about the way that in the last dictatorship government neoliberal´s economical politics and practices were imposed, and the result of this kind of policies in subjectivity processes that we can steel see. Keywords: Exception state, concentration camps, biopolitics, neoliberalism, Latin America. Recibido: 24.03.14. Aceptado: 07.09.14. 1 Esta investigación forma parte del Proyecto Postdoctoral FONDECYT N° 3140089 “Análisis filosófico de los campos de prisioneros del Cono Sur a partir de los aportes de Hannah Arendt y Giorgio Agamben”, y del FONDECYT Regular N° 1140200, “Campos de prisioneros en Chile. Reconfiguración de los lugares y las subjetividades”. 2 Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por la Universidad de Paris 8. Actualmente realiza su Postdoctorado FONDECYT en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. E-mail: [email protected]

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Introducción Nuestro interés en la presente investigación es vislumbrar la relación que la figura del campo de concentración guarda con la política contemporánea latinoamericana en un marco que, a partir de las indagaciones de Foucault, podemos llamar biopolítico. En efecto, creemos que la reflexión de Foucault sobre la biopolítica en general, y sobre el neoliberalismo en particular, es un fructífero ámbito para pensar el estatuto de la política y sus resabios dictatoriales en nuestros países. El punto de partida de esta reflexión es un suceso histórico-político particular: las últimas dictaduras del Cono Sur latinoamericano. En otros trabajos ya hemos dado cuenta de la posibilidad de hablar de dictaduras del Cono Sur en conjunto, debido a un cúmulo de elementos comunes tanto internos como externos a estos países (Raffin, 2006; Avila, 2012 y 2013), y si bien este contexto será nuestro punto de partida, la presente indagación hace su centro en el caso chileno. En esta línea, podemos decir que existe ya una importante tradición de análisis sobre nuestro tema de trabajo en Chile. En efecto, entre aquellos textos que abordan la problemática de la gubernamentalidad y el neoliberalismo, podemos citar especialmente la compilación de Vanessa Lemm (2010), llamada precisamente Michel Foucault: neoliberalismo y biopolítica. Sin embargo, el sentido general de esta compilación está centrado en la lectura que realiza Foucault de la racionalidad económica liberal y neoliberal principalmente en su curso del año ’79, razón por la cual la noción de campo de concentración no es ningún caso abordada. Podemos agregar que este texto tampoco se propone una interpretación del Cono Sur bajo estas categorías. Del mismo modo, la compilación de Rodrigo Karmy Políticas de la interrupción: ensayos sobre Giorgio Agamben nos brinda una interesante perspectiva para reflexionar sobre estos temas, especialmente en el texto de Isabel Cassigoli (2001), que sirve de antecedente para nuestra propuesta. Por su parte, el texto de Willy Thayer Fragmento repetido. Escritos en estado de excepción se constituye en un referente para pensar el estado de excepción en relación al Golpe militar de 1973 en Chile. No obstante, la categoría de estado de excepción es usada en un sentido más amplio y dialoga con otras dimensiones que desbordan el interés de esta reflexión. De este modo, la figura del campo de concentración tampoco es abordada con detención en este trabajo. Entonces, la novedad del trabajo que aquí presentamos dice relación con el análisis de la figura del campo de concentración en el Cono Sur latinoamericano desde una perspectiva filosófica. Así, nuestra intención es tomar ciertas categorías de la filosofía política para pensar el pasado reciente de la región, especialmente en el caso chileno. Esta indagación, que tiene como punto de partida la ampliación categorial del campo de concentración que lleva a cabo Agamben, nos permite pensar estos espacios de excepción como instituciones organizadas por el poder estatal, cuyos efectos trascienden el periodo dictatorial y se mantienen hasta hoy.

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Sin embargo, el enfoque filosófico propuesto dialoga con una base documental que aborda desde la literatura testimonial hasta el análisis histórico-social. En este sentido, el aporte de Pilar Calveiro es fundamental para pensar el campo de concentración como un dispositivo estatal, cuya función es iniciar un proceso de vaciamiento en los prisioneros, pero también en la población en general. Entonces, al momento de reflexionar sobre el estatuto del campo de concentración es necesario analizar su constitución jurídico-política, y para ello acudimos al trabajo de Giorgio Agamben, quien ha continuado por la senda reflexiva biopolítica abierta por Foucault. En efecto, Agamben posee profusos estudios sobre la figura jurídica del estado de excepción, que es la que posibilita la aparición de los campos de concentración como espacios en donde la vida queda completamente abandonada a los arbitrios de una política exceptuante. Del mismo modo y en esta línea, la noción de racismo de estado presentada por Foucault en su curso del año 1976, Defender la sociedad (Foucault, 2001) cobra particular relevancia en este análisis, pues deja en evidencia la forma de una política que –a partir del abandono del paradigma de la soberanía, decide sobre la vida y la muerte de la población. Finalmente, y casi a modo de conclusión, nos acercamos al trabajo presentado por Foucault en sus cursos sobre la gubernamentalidad y las políticas económicas liberales y neoliberales –Seguridad, territorio y población (Foucault, 2006) y Nacimiento de la biopolítica (Foucault, 2007)–, lo que da pie para pensar un posible nexo entre el programa económico chileno implementado durante la dictadura y su incidencia actual en los procesos de subjetivación de la población. Cabe preguntarse entonces por los posibles nexos entre la excepcionalidad jurídica, el abandono de la vida, y el poder de una política, incluso económica, que enmascara su poder de vida y muerte bajo diversos rostros, pero que perpetúa la violencia aún en momentos caracterizados como legales o democráticos. Un acercamiento a la biopolítica Para comenzar a adentrarnos en nuestra reflexión, es interesante notar que Foucault nunca dedica una obra completa a la noción de biopolítica; por el contrario, sólo la menciona en sus cursos del Collège de France y en un apartado del primer volumen de la Historia de la sexualidad. Voluntad de saber (Foucault, 2003). En todo caso, es precisamente de estas reflexiones concretas de las que pretendemos adueñarnos, pues conforman una fructífera cantera que nos permite pensar ciertos sucesos y acontecimientos históricos latinoamericanos. Entonces, a grandes rasgos y para ir entrando en nuestro tema, podemos decir que, según Foucault, la biopolítica es el poder que se ejerce sobre la vida en tanto especie o población, y no ya sobre el cuerpo individual, como en el caso del poder disciplinar (Foucault, 2003). Es decir, la biopolítica se centra en el sujeto a partir

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de su dimensión biológica: se trata de un poder que deja de lado la amenaza y el asesinato sobre el cuerpo individual del sujeto, para situarse en el punto en que se administran y regulan los procesos vitales comunes de la población. Así, lo que muestra Foucault es cómo a partir del último cuarto del siglo XVIII tiene lugar una suerte de cambio de paradigma, que transita desde una forma de poder con características de soberanía hacia un poder cuyo acento está puesto en la regulación de la vida: “La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (Foucault, 2003: 169). Ahora bien, es necesario remarcar que en este contexto biopolítico el poder soberano –al que Foucault caracteriza como un poder de hacer morir y dejar vivir– no es abandonado o superado, sino que se produce una suerte de amalgama entre estas dos formas de administración, pero el acento está puesto ahora en la administración de las características biológicas que comparte la población. En este sentido, es interesante notar también que este cambio del eje del poder guarda una relación directa con la gestación y organización de lo que conocemos como Estados-nación modernos. Así, la administración biopolítica afincada en la figura del Estado busca regular mediante el control de la población una serie de caracteres comunes tales como nacimiento, muerte, enfermedades, longevidad, sexualidad, subjetividad, entre otros. Como hemos indicado, esta forma de poder no tiene por fin acabar con la existencia, sino, por el contrario, guiarla, inducirla e incluso, extenderla para obtener ciertos efectos deseados. La vida se constituye entonces en el fundamento del orden político, por lo que no puede ser simplemente eliminada: su protección es ahora la base de la orgánica política del Estado. La biopolítica es entonces “(…) un poder cuya más alta función no es ya matar, sino invadir la vida enteramente” (Foucault, 2003: 169). En efecto, la invasión de este poder sobre la vida es total, pues se centra en aspectos naturales, pero también sociales, económicos y subjetivos. La finalidad de esta forma de poder es regular, administrar y extender la existencia de la población hasta límites antes impensados. En este contexto donde la administración de la vida se convierte en el eje de la acción y la especulación política, surge necesariamente la pregunta por la muerte, pero no sólo la muerte natural sino también la muerte violenta, aquella que es premeditada e infligida a otros. En el paradigma de la soberanía, la muerte era prerrogativa del soberano, quien decidía sobre la vida a partir de la ejecución o no de la muerte de los individuos. Es decir, la vida estaba sujeta a la decisión soberana de ejecutar o no la muerte. Ahora bien, y como hemos indicado, en el paradigma biopolítico la totalidad de las regulaciones y administraciones está centrada en el cuidado y la extensión de la vida, siendo la muerte la que esta vez pasa a un segundo plano. Es el Estado el que regula y administra la existencia de la población. No obstante, aun en este contexto del cuidado de la vida la muerte violenta tiene

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también un lugar, pues aquellas existencias que son consideradas una amenaza para la orgánica del Estado –o para la continuidad de la vida misma– deben desaparecer. Y esta prerrogativa de muerte sobre la población es lo que Foucault da en llamar, precisamente, racismo de Estado (2001). El recurso al racismo de Estado ilustra el modo en que se instala una cesura de corte biológico al interior del cuerpo social, evidenciando la existencia de un factor que debe ser extirpado: se trata de dar muerte a aquellos elementos que, de algún u otro modo, interfieren con la vida. Así, como hemos indicado, en el paradigma biopolítico la muerte tiene un lugar particular, pues su misión es acabar con ciertas existencias, con el fin de proteger la vida. Lo interesante de este nuevo paradigma es que ese otro, el enemigo contra el que hay que luchar, no es necesariamente un extranjero sino que en muchos casos forma parte de la misma población. A partir de lo anterior, creemos que la noción de racismo de Estado acuñada por Foucault se convierte para nosotros en una útil herramienta al momento de pensar la relación entre la política, las dictaduras latinoamericanas y sus instituciones: los campos de concentración. Este recurso de muerte del que hace uso el Estado fija una distinción entre quienes deben vivir y quienes deben morir. Si bien en el análisis de Foucault esta división tiene su origen en un factor biológico, creemos que en el contexto de análisis dictatorial es posible ampliar el rango y pensar una suerte de conexión entre lo biológico y lo ideológico. En efecto, este factor ideológico con un claro matiz biologisista fue el elemento que instaló una cesura en el cuerpo social a partir de la que se buscaba eliminar al guerrillero o subversivo considerado un factor de alteración moral, social y política. Este diagnóstico se actualiza en políticas represivas y desaparecedoras que deciden qué parte de la población tiene derecho a vivir, sumiéndola en un terror generalizado, cuya mayor materialización son los campos de concentración. En efecto, la existencia de estos espacios está siempre velada por un halo de incertidumbre, pero el solo hecho de invocarlos genera angustia y terror sobre la población. Estado de excepción: la aparición de los campos de concentración Ahora bien, se hace necesario develar entonces a qué nos referimos cuando hablamos de campos de concentración. Del mismo modo, abordaremos su relación con la biopolítica, y el lugar que estos espacios han ocupado en las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur. Es necesario remarcar que Foucault nunca trata de manera directa el problema de los campos de concentración, de hecho sólo hace una mínima alusión al nazismo a propósito de sus indagaciones sobre el racismo de Estado en el curso Defender la sociedad del año 1976 (2001). En efecto, es Giorgio Agamben quien, preten-

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diendo seguir el ámbito analítico biopolítico abierto por Foucault, se pregunta por el estatuto de los campos de concentración en la política contemporánea. Para ello reflexiona sobre su estructura jurídica, que es la que otorga a estos espacios su carácter de excepcionalidad. Si bien no es nuestra intención hacer una genealogía de los campos de concentración, sí diremos que desde su surgimiento a fines del siglo XIX –se debate si surgen en Cuba o en África, en nuestro caso, siguiendo a Arendt (1987), adscribimos a la última opción– estos espacios se han amparado bajo la estructura jurídica del estado de excepción. Agamben en su libro Estado de excepción (Agamben, 2007), luego de mostrar los antecedentes de esta estructura jurídica, recurre al trabajo de Carl Schmitt para explicitar el surgimiento contemporáneo de esta noción. Schmitt fue un jurista nazi que buscó situar el régimen nacional socialista en un marco legal, y para ello hizo uso de la noción de estado de excepción, a la que catalogó como un caso de necesidad extrema de suspensión del derecho para poder mantenerlo. En sus palabras: “El caso excepcional, no descrito en el orden jurídico vigente, puede a lo sumo definirse como un caso de necesidad extrema, de peligro para la existencia del Estado o algo semejante (...)” (Schmitt, 2001: 23). Así, ante una situación de peligro se suspende el derecho a fin de garantizar su continuidad. Agamben muestra que si bien hay antecedentes de esta figura jurídica, incluso en el derecho romano, su formulación se desprende del artículo 48 la constitución del Weimar dedicado a los decretos de emergencia. Es el soberano entonces quien tiene el monopolio de la decisión sobre el caso normal y el caso excepcional, es decir, sobre qué caso queda dentro del derecho y cuál se constituye en excepcional. Precisamente, el estado de excepción en tanto recurso jurídico declarado exclusivamente por el soberano es el que posibilita la aparición de campos de concentración. En efecto, cuando la legalidad queda suspendida se abre un espacio de indistinción, un umbral donde se confunden legalidad e ilegalidad, vida y muerte, y donde, a su vez, la población se encuentra a merced del poder imperante. La muerte y violencia en potencia –que pueden actualizarse sobre la población– son una constante en estos momentos excepcionales en los que no rige la ley, sino una fuerza de ley sin ley (Derrida, 2008). En nuestro imaginario, cuando hablamos o hacemos alusión a los campos de concentración lo primero que se hace presente es la figura del Lager nazi, incluso de Auschwitz. No obstante, y más allá de esta imagen, creemos que la estructura de excepción se ha repetido en otros momentos de la historia y, en este sentido, los campos nazis no son ni los primeros ni los últimos. En efecto, esta estructura jurídica trasciende dicho momento histórico, y es posible encontrarla en otros espacios y circunstancias temporales. La reflexión de Agamben sobre el campo de concentración apunta precisamente a esto, a mostrar que esta estructura puede ser pensada como un paradigma (Agamben, 2010) que evidencia la particular relación que se establece entre la vida, la política y el derecho. Esta situación, que en principio es

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temporal, cobra para Agamben, siguiendo a Walter Benjamin, un carácter normal3. De hecho, para el autor, este análisis sobre el campo de concentración dejaría entrever el paradigma biopolítico por excelencia, ya que haría visible la relación más descarnada entre la política y una vida abandonada a su merced, que va perdiendo progresivamente rasgos de humanidad. Así, a partir de este análisis Agamben busca subsanar aquello que en sus palabras cobra la forma de un reproche: “(…) la circunstancia, no menos singular, de que Foucault no haya trasladado nunca su investigación a los lugares por excelencia de la biopolítica moderna: el campo de concentración y la estructura de los grandes Estados totalitarios del siglo XX” (Agamben, 2006: 13). En efecto, Foucault no centra su investigación en los campos de concentración en particular, pues su trabajo sobre biopolítica se sitúa en un periodo histórico determinado: el surgimiento de la modernidad y la constitución de los Estadosnación, para desde allí desplazar el análisis, de forma casi exclusiva, a la gestación del liberalismo y del neoliberalismo. Sin embargo, creemos que estos dominios de análisis no se encuentran tan alejados, sino que, por el contrario, sería posible encontrar un nexo entre el análisis de Agamben y el trabajo de Foucault sobre el liberalismo y el neoliberalismo. De hecho, pensamos que las últimas dictaduras del Cono Sur –particularmente la chilena– son iluminadoras en este sentido. De esta manera, pensamos que la reflexión de Agamben resulta útil para mostrar que la estructura de la excepción ha operado y aún opera en momentos particulares de nuestra historia en América Latina. En efecto, la apelación a la necesidad de suspender la legalidad para luego poder restablecerla fue el recurso que utilizaron las juntas militares en las últimas dictaduras del Cono Sur. Dicha suspensión liberó un ámbito de ilegalidad amparado en decretos con fuerza de ley en el que se erigieron espacios de excepción, donde la violencia, la tortura y la muerte recayeron sobre la totalidad de la población. Campos de concentración en el Cono Sur latinoamericano. El caso chileno Como hemos ya indicado, es posible hablar de las dictaduras del Cono Sur en conjunto debido a una serie de factores internos y externos comunes. Si bien cada país controlaba lo que ocurría al interior de sus fronteras, existían pactos de cooperación internacional entre estos países, en lo relativo a la información, pero también a los individuos considerados subversivos, que podían ser torturados y asesinados en 3 En efecto, Benjamin escribe en la Octava tesis sobre el concepto de historia: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el en que vivimos es la regla. Tenemos que llegar a un concepto de historia que le corresponda (Benjamin, 1996: 53).

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otro territorio apelando a dicha cooperación, tal como ocurrió en el caso del Plan Cóndor. La Doctrina de Seguridad Nacional, cuyo fin se centraba en el control político, militar y económico del territorio fue característica de estos gobiernos en los que, al dejar de regir la constitución, emergieron decretos con fuerza de ley promulgados por las juntas militares que se hicieron con el poder4. Ahora bien, respecto al caso chileno –que es el que buscamos analizar– desde el año 1973 hasta el año 1990 se vivió una situación irregular, por no decir excepcional, que tuvo relación con la suspensión de la Constitución del año 1925 que regía en ese momento. Isabel Cassigoli lo explica de la siguiente manera: “(…) la guerra interna que legitimó 17 años de estado de excepción entre 1973 y 1990, en cuyo caso, tras el golpe de Estado, la dictadura militar deroga la Constitución de 1925 y sólo 7 años después elabora otro corpus constitucional (la Constitución de 1980) que, en rigor, se aplica sólo desde 1990” (2011: 122). Si bien la Constitución del ’805 entró en vigencia parcial en el año 1981, no fue sino hasta en 1990 que lo hizo de forma plena. De esta manera, es posible ver que durante 17 años en el territorio chileno no rige plenamente una constitución, sino su suspensión, y la consiguiente aparición de decretos con fuerza de ley. En este escenario, y con fines políticos bien definidos, surgen los campos de concentración como dispositivos que actualizan las prácticas de detención ilegal, tortura y asesinato, propias de la excepcionalidad imperante sobre la población. Estos espacios, a partir del secuestro de individuos considerados disidentes políticos y subversivos, buscaban eliminar toda posibilidad de oposición, sembrando el terror en la población. Este estado de excepción se instala al interior de la población, resintiendo el espacio público con su fuerza democrática, pero también el privado. Al respecto dice Pilar Calveiro: “Si los campos sólo hubieran encerrado a militantes, aunque igualmente monstruoso en temas éticos, hubieran respondido a

4 Para una profundización de la relación entre el Golpe y la Constitución del 80, véase el texto Fragmento repetido de Willy Thayer, especialmente el capítulo denominado “Crítica, nihilismo e interrupción” (Thayer 2006). 5 El nuevo régimen político autoritario corresponde en la categoría de Schmitt a un régimen autoritario y no totalitario, ya que no llegó a tener un partido único y se dotó tempranamente de una legalidad cuyos hitos fundamentales son principalmente los siguientes: a) Decretos leyes fundamentales: - Decreto ley nº 1: con fecha 18 de septiembre de 1973 se constituye la Junta Nacional de Gobierno que asume el control y mando de la nación. - Decreto ley nº 128: en 1973 se dispone que la Junta de Gobierno asume los poderes constituyente, legislativo y ejecutivo, ejerciéndose los dos primeros mediante decretos leyes y el tercero a través de decretos y resoluciones. - Decreto ley nº 527: en 1974 se aprueba el estatuto de la Junta, quedando radicados en ella los poderes Constituyente y Legislativo y en su presidente el Ejecutivo. - Decreto ley nº 778: en 1977 se produce una suerte de blanqueo constitucional. - Decreto ley nº 991: regula la tramitación de los decretos leyes. Todos estos decretos son antecedentes de la Constitución de 1980, que entró en vigencia parcial el 11 de marzo de 1981 y en vigencia plena el 11 de marzo de 1990. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile http://www.leychile.cl/Consulta/antecedentes_const_1980 [Consultado el 15 de marzo de 2014]

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otra lógica de poder. Su capacidad para diseminar el terror consistía justamente en esta arbitrariedad que se erigía sobre la sociedad como amenaza constante, incierta y generalizada” (Calveiro, 2008: 46). La presencia –aunque más no sea bajo la forma del rumor– de los campos de concentración atemoriza y desmoviliza a gran parte de la población. El relato de las torturas que allí se infligen cobra cuerpo en los discursos que circulan bajo el paradigma del terror. En estos contextos de anomia6 la vida de la población pierde toda valía jurídica y su existencia queda, una vez más, a merced de la decisión soberana. Es interesante notar en este punto del análisis una clara imbricación entre soberanía y biopolítica, pues, tal como trata de demostrar Agamben, la figura del derecho de vida se funde con el derecho de muerte, y la figura del soberano que tiene el monopolio de la decisión recae sobre la figura de los militares, que se erigen en dueños de un poder disciplinar pero también regulador y administrativo. “Las referencias a la condición divina asociada a este derecho de muerte, que aparece como un derecho de vida y muerte puesto que el prisionero tampoco puede poner fin a su existencia, se reiteran en los testimonios. Prolongar una vida más allá del deseo de quien vive; segar otra que pugna por permanecer; adueñarse de las vidas (Calveiro, 2008: 54). Este poder soberano de vida y muerte que se arrogaron las juntas militares da cuenta del abandono y el carácter sacrificial que adquiere la vida en estos periodos excepcionales. Esta nuda vida, al decir de Agamben, habita en un ámbito de ilegalidad y puede ser sacrificada en cualquier momento, es decir, cualquier habitante de la población es un potencial desaparecido. El terrorismo de Estado como forma de gobierno posibilitó la emergencia de espacios donde la política cobró la forma de la aniquilación y el abandono de la vida en un marco de desprotección jurídica. La vida de una parte de la población quedó a merced del poder imperante, y sobre ella se infligió la tortura y la muerte. La figura del racismo de Estado se hace presente aquí para evidenciar cómo una parte de la población fue sacrificada a fin de garantizar la continuidad de la existencia de otra. En una suerte de estado de excepción vital se mata para garantizar la vida de la población: la muerte se ejerce en nombre de una vida. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la aparición de los campos de concentración tiene un origen estatal, es decir que dentro de la legalidad-ilegal imperante estos espacios de excepción tienen un asidero institucional, pues su punto de partida es la represión orquestada desde el Estado. En este sentido, concordamos con Hannah Arendt (1987) en que los campos de concentración son aparatos insti-

6 Cuando nos referimos a anomia, no hacemos alusión a un ámbito sin nomos, sino a una ley que se ha retirado y actúa mediante esa retirada dejando un umbral de indistinción, como lo llama Agamben (2007).

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tucionales, y que dentro del marco de la ilegalidad tienen tareas definidas, asociadas al terror, el amedrentamiento y a la muerte. En este sentido, agrega Pilar Calveiro: “La existencia de los campos de concentración-exterminio se debe comprender como una acción institucional, no como una aberración producto de un puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos; no se trató de excesos ni de actos individuales sino de una política represiva perfectamente estructurada y normada desde el Estado mismo” (Calveiro, 2008: 137). En este contexto es posible ver el modo en que opera la fuerza de un racismo de índole política, que desde el Estado busca aniquilar ciertas formas de vida que por algún u otro motivo enfermarían el cuerpo del Estado-nación. En este caso histórico particular es posible ver el abandono del que es presa la existencia cuando la política se vuelve sacrificial. El uso y abuso de poder que se llevó a cabo en los campos de concentración no fue casual, por el contrario, tenía un fin determinado que dice relación con el debilitamiento de una subjetividad disidente que podía oponerse a un proyecto de gobierno que se buscaba imponer: “Subversión económica, subversión sindical, subversión política; en todos los órdenes aparecía ese terrible enemigo, tan vasto, tan inapresable conformado por todos los que se oponían de alguna manera al proyecto militar” (Calveiro, 2008: 91). Así, la falta de garantías y respaldo jurídico fue clave en el allanamiento del camino para los procesos de reorganización nacional, cuyo fin era la implementación de un modelo político, social, moral, pero también económico sobre la población. Sobre el caso chileno dice Rodríguez (2011: 55): “Otra de las características del régimen de Pinochet, además de su naturaleza coercitiva, es la de haber pretendido legitimarse a través de un ambicioso programa de reformas económicas, que era justificado a partir de los resultados que en esa materia había exhibido el gobierno de la UP”. Precisamente, la implementación de un nuevo modelo económico, diametralmente opuesto al existente durante el gobierno democrático interrumpido, puede verse con claridad en el caso de Chile, país considerado laboratorio del modelo neoliberal. En este sentido dice Willy Thayer: “El Golpe del 73 y las fuerzas que con él se movilizaron no lo hicieron bajo idea de justicia alguna (ni teológica ni profana). Por el contrario, el Golpe se dio, lo sabemos ahora, como violencia fundadora del derecho fáctico neoliberal: la Constitución Política de 1980” (Thayer, 2006: 81). El autoritarismo del gobierno de Pinochet, sumado al ejercicio de la violencia y el terror estatal a través de la represión y desaparición de personas, fueron el caldo de cultivo que permitió imponer un modelo privatizador de la economía, con aspiraciones neoliberales. El apoyo de un sector de la población, así como la represión de otro, propició la ejecución de un paquete de medidas de seguridad, salud, educación y producción ancladas en la privatización y en la adecuación del poder político a las necesidades del mercado.

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Ahora bien, ¿es posible establecer algún nexo entre la población, la economía neoliberal y los campos de concentración de las últimas dictaduras latinoamericanas del Cono Sur? ¿Qué relación puede existir entre ciertos modos de subjetivación y la gubernamentalidad neoliberal? Si bien somos conscientes que responder a cabalidad estos interrogantes ameritaría un análisis más profundo, nuestra intención es al menos dejar esbozadas algunas posibles respuestas a estos problemas. Neoliberalismo y subjetividad: la herencia latente de la dictadura En esta última parte del trabajo, siguiendo el análisis foucaulteano del régimen neoliberal, buscamos dar cuenta del modo en que las políticas gubernamentales implementadas en periodos excepcionales, tal como el régimen militar chileno, se perpetúan en el tiempo, cobrando el estatuto de normales. A su vez, es posible apreciar el modo en que la estructura político-económica incide en los procesos de subjetivación de la población como una herencia latente. Ahora bien, para vislumbrar esto se hace necesario clarificar la noción de gubernamentalidad que presenta Foucault. Con este término hace referencia a las técnicas, estrategias y tecnologías móviles, que desarrolla un gobierno en un determinado periodo histórico sobre su población a fin de dirigirla y regularla: “Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma tan específica, tan compleja de poder que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber la economía política, como instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2006: 136). Ahora bien, si nos detenemos en esta definición, es posible reconocer el papel primordial que tiene en ella la población: nuevo sujeto político que se convierte en el blanco del ejercicio de diversas prácticas institucionales, de cálculos, de análisis que buscan regularlo. Todo esto sustentado en una economía política, que promulga ciertos saberes que a la vez crean realidades y subjetividades. El desplazamiento del control del territorio hacia la población es lo que posibilita el desarrollo de estas tecnologías gubernamentales. En las prácticas gubernamentales convergen tanto una anatomopolítica como una biopolítica, que administran el poder sobre los sujetos y las poblaciones, a la vez que implementan un modelo económico particular. En este trabajo, y debido al contexto histórico que nos interesa analizar, nos centraremos principalmente en el análisis de la gubernamentalidad neoliberal. A grandes rasgos, y en contraposición al liberalismo, esta doctrina no se inscribe ya en el laisez-faire, sino que, por el contrario, promulga una vigilancia y un control permanentes. No obstante, dicho control no recae, como podría pensarse, sólo sobre fenómenos netamente económicos sino que se aboca a urdir la trama de la sociedad a fin de posibilitar la existencia y el juego del mercado.

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En este sentido, podemos decir que el modelo neoliberal busca adecuar el ejercicio del poder político a los principios de la economía: se trata de introducir las variables del mercado en el arte de gobernar. Así, se busca implementar un paradigma empresarial regido por las leyes del costo-beneficio que, en última instancia, afianzan la imagen de una sociedad-empresa inserta en el ámbito de la competitividad. Sin embargo, este paradigma empresarial no sólo se hace patente a un nivel político o económico, sino que también incide en el ámbito de la subjetividad: los individuos deben insertarse en un ámbito de competitividad permanente, en el que se convierten en empresarios de sí mismos (Foucault, 2007). En este contexto, los individuos deben apelar a la autogestión por la ausencia de un Estado interventor: “El ‘homo æconómicus’ que se intenta reconstituir no es el hombre del intercambio, no es el hombre consumidor, es el hombre de la empresa y la producción” (Foucault, 2007: 182). El neoliberalismo se presenta a sí mismo como el mejor de los mundos posibles, que debe ser cuidado y protegido. Otros modos de vida traerían consigo el horror, la incertidumbre, la crisis y la amenaza. Esto se encuentra sustentado por la tecnología de la seguridad, que se inscribe en la vida cotidiana con sus prácticas del miedo, facultando la administración y regulación no sólo de la libertad, sino de la vida misma. Esta situación requiere de la seguridad como elemento para mantener en vigencia el sistema, evitando toda alteración o amenaza, ya que si algo modificara el orden existente, la realidad se volvería apocalíptica. En efecto, a un presente óptimo se opone un pasado nefasto cuyo hito pereciera ser la Segunda Guerra Mundial y, de modo más particular, Auschwitz. Ante este panorama, el presente parece ser la mejor posibilidad, y este sistema de libertad, que permite a los individuos administrase y subjetivarse a través de las ofertas del mercado, se presenta como el mejor de los mundos posibles. Así, y retornando al caso chileno, podemos ver el modo en que los gobiernos postdictatoriales hoy se presentan como la mejor alternativa ante un pasado de violencia y dolor. Precisamente, en Chile –país laboratorio del neoliberalismo– las figuras de la dictadura, las desapariciones y los campos de concentración se evidencian como los fantasmas que acechan cualquier intención de cambio frente a un presente de mercado y competitividad. Las medidas de corte neoliberal implementadas durante la dictadura abandonan su carácter excepcional y se perpetuán y arraigan en el presente postdictatorial cada vez con mayor fuerza. En efecto, un presente de competitividad se erige como la mejor opción de vida posible, dando a luz formas de vida que guardan rastros de la herencia latente del periodo dictatorial7 y de sus políticas de violencia y terror no sólo en el ámbito legal, sino también en el de la subjetividad. 7 Herencia dictatorial es, por ejemplo, la Ley Antiterrorista (18.314) instaurada durante el gobierno de Pinochet en el año 1984, y que aún se encuentra vigente. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile http:// www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/ley-antiterrorista [Consultado el 5 de mayo de 2014].

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A modo de conclusión En principio debemos aclarar que las líneas aquí expuestas no tienen un carácter conclusivo, sino que buscan presentar una serie de problemas sobre los que se continuará reflexionando. En efecto, este trabajo forma parte de una investigación mayor, que analiza la constitución de los campos de concentración en el Cono Sur desde diferentes variables. No obstante, lo que nos interesa mostrar aquí es el modo en que la caja de herramientas creada por Foucault a partir de sus indagaciones sobre la biopolítica, resulta clarificadora para pensar acontecimientos cercanos a nuestro presente histórico-político. Del mismo modo, la ampliación conceptual desarrollada por Agamben sobre algunas nociones, particularmente sobre el campo de concentración, dan pie para iluminar el modo en que política, violencia, vida y derecho se relacionan en periodos excepcionales. Ahora bien, la apuesta de Agamben se dirige a extender la estructura de la excepción a totalidad de la política, es decir, a pensar la matriz jurídica de la excepción a la base de la relación entre la política y la vida. Esta afirmación puede cobrar diversos matices, no obstante, resulta interesante al pensar la figura de los campos de concentración de las dictaduras militares, pues da cuenta del modo en que prácticas que cobran existencia en periodos excepcionales devienen normales y se perpetúan en el tiempo una vez que dichos periodos se consideran superados. El campo de concentración como un espacio que sirve para administrar y regular la vida de la población –de manera fáctica pero también simbólica– sigue acechando como el fantasma del terror y la violencia que de cualquier modo hay que evitar. El presente se muestra entonces como la mejor opción, casi sin derecho a réplica, perpetuando relaciones en las que la vida continúa abandonada ante el derecho. Al reflexionar sobre el caso chileno, vemos que decretos con fuerza de ley y prácticas gubernamentales implementadas en periodos dictatoriales siguen rigiendo y metamorfoséandose en políticas transicionales y postdicatoriales. El presente tiene los rastros y los restos de un pasado al que es mejor evitar y olvidar, pues su retorno podría ser fatal. La estructura de la excepción ha trascendido su momento histórico concreto para asentarse a la base de la legalidad estatal, que aludiendo a un pasado nefasto se muestra como el mejor de los presentes posible con sus índices de producción y competitividad. Aun así, las heridas del pasado reciente siguen abiertas y emergen en momentos a los que ya tampoco es posible considerar excepcionales. Referencias Agamben, G. (2006). Homo sacer I. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-Textos.

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Interventores en salud mental y psiquiatría como interfase en un orden colonial Interveners in Mental Health and Psychiatry as an interface in a colonial order JIMENA CARRASCO1

Resumen El presente artículo analiza las transformaciones ocurridas durante las últimas décadas en salud mental y desde una aproximación genealógica que da cuenta de las condiciones sociales e históricas que han posibilitado dichas transformaciones. El objetivo es recorrer las prácticas históricas del encierro como castigo y control social, la medicina y la psiquiatría, para comprender el actual modelo de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria. Se utiliza un acercamiento de tipo etnográfico a un Centro de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria (CESAMCO) buscando vincular los objetos y las tecnologías de poder hallados en el ejercicio genealógico y desde ahí dar cuenta de las prácticas actuales de los profesionales en este ámbito. Como resultado se aprecia que, pese a las modificaciones en torno a la intervención social que ha habido a lo largo de la historia del Estado, se mantiene el elemento colonial en la validación de las prácticas. Se concluye que las actuales transformaciones en salud mental y psiquiatría mantienen la matriz generadora de modernidad/colonialidad, en específico en lo relativo a las subjetividades deseables que guían los procesos de intervención. En esto juega un rol central la desaparición del lugar de enunciación del interventor. Palabras clave: Psiquiatría, salud mental, gobierno, colonialidad. Abstract This article analyzes the changes in Mental Health and Psychiatry in Chile in recent decades, from a genealogical approach that accounts for the social and historical conditions that have enabled these changes. The objective is to visit the historical practices of confinement as punishment and social control, medicine and psychiatry, to understand the current model of Mental Health and Community Psychiatry. The method consisted of an ethnographic approach to a Center for Mental Health and Community Psychiatry (CESAMCO) seeking to link objects and technologies found in the genealogical exercise and from there to account for current practices of professionals in this field. The result shows that despite the changes that have existed throughout the history of the Chilean state around social intervention, the colonial element remains in validating practices. We conclude that the changes in mental health and psychiatry maintain the generator matrix of modernity/colonial-

1 Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Académica del Instituto Aparato Locomotor y Rehabilitación, Universidad Austral de Chile. E-mail: [email protected]

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ity, specifically with regard to the desirable subjectivities that guide intervention processes. In this plays a central role the rather than disappearance of enunciation practitioners. Keywords: Psychiatry, mental health, government, coloniality. Recibido: 15.02.14. Aceptado: 10.09.14.

Introducción En Chile, con el retorno de la democracia, se inició un proceso de transformación de las políticas en salud mental y psiquiatría. El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría (MINSAL, 2006) propone una transformación de los problemas a intervenir y de las formas de intervención, presentando al enfoque comunitario como una innovación y un avance que permitirá mejorar la comprensión y el abordaje de la enfermedad y la salud mental. En este marco, los problemas a intervenir no deben ser entendidos sólo desde una perspectiva médica o clínica, sino que deben incorporar los aspectos sociales y el bien estar subjetivo de las personas. El presente trabajo busca dar cuenta de cómo han ocurrido estos procesos y cuáles son sus implicancias. Para esto, en la primera fase de la investigación se realizó un ejercicio de reconstrucción de los principales objetos y técnicas de intervención, que dotan de sentido a la actual Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria en Chile; adoptando lo planteado por Foucault (1976), éstos se comprenden a través de una revisión de las instituciones que históricamente han intervenido a los sujetos que hoy en día son el blanco de la política de salud mental y psiquiatría en Chile. En específico se indagó en las instituciones que asentaron las prácticas del encierro, primero como castigo y control social, y luego como prácticas propias de la medicina y la psiquiatría. Luego, en una segunda fase, el diseño de investigación contempló un acercamiento de tipo etnográfico a un equipo de profesionales de un Centro de Salud mental y Psiquiatría Comunitaria (en adelante CESAMCO) de la ciudad de Valdivia, Chile, como un espacio acotado donde fue posible observar las acciones de los interventores, para luego analizarlas en cuanto a cómo permiten, mantienen o transforman ciertas relaciones de poder y lógicas de gobierno. En el proceso de revisión bibliográfica se ha adoptado la noción de colonialidad para dar cuenta del patrón de relaciones de poder que resultó de las formas de relación de dominación del colonialismo moderno (Quijano, 2000), y que no se restringe al colonialismo, es decir, a la relación formal de poder entre dos pueblos, sino que hace referencia a las formas de conocer y de ser, que permiten y mantienen el patrón de relaciones de poder y de dominación de unos sobre otros. El concepto de colonialidad cobra relevancia, dado que, pese a las diferentes formas que han adoptado las estrategias de control sobre determinados sujetos (vagos, locos, criminales, enfermos), éstas históricamente han sido el resultado de la

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hegemonía cultural, económica y política de ciertas formas de conocimiento por sobre otras. Luego, la legitimidad de estos conocimientos produce racionalidades políticas y diferentes objetos durables por inscripciones institucionales, tales como nuevas clasificaciones diagnósticas, nuevos instrumentos de evaluación y nuevas formas de organización de las entidades avocadas a la intervención de ciertos sujetos (Still y Volody, 1992; Rivero, 2005). A continuación se da cuenta del surgimiento y las transformaciones de las instituciones que asentaron las prácticas del encierro como castigo y control social, y las prácticas propias de la medicina y la psiquiatría en Chile, poniendo especial atención a cómo el componente modernidad/colonailidad ha legitimado y asentado determinadas lógicas y estrategias de gobierno. Luego se analiza cómo esto se incorpora en las actuales estrategias de gobierno y en la producción de subjetividades, a través de las prácticas de los profesionales que llevan a cabo las transformaciones en la intervención en salud mental y psiquiatría en Chile. El panóptico sin espacialidad Las casas de objeto público pueden ser entendidas como los primeros indicios del espacio donde se funden la asistencia y la penalidad, que luego tendrá injerencia en las prácticas del encierro en Chile (Neira, 1998). Durante la colonia, la encomienda fue una estrategia de orden social, basada en la territorialidad y en el señorío (Millar y Duhart, 2005). En este orden los siervos son responsabilidad de un señor, pero para que éste pueda velar por sus siervos, controlarlos y disciplinarlos es necesario que estén fijos en el territorio que le ha sido encomendado. De ahí el problema de la vagancia: quienes no pertenecen a un lugar, y por tanto a un señor, no pueden ser disciplinados. En este orden, la casa señorial juega un rol central: es donde habita el señor y su familia, pero además es el espacio público donde se realizan las prácticas y ritos de vinculación familiar y donde se establecen las jerarquías (Araya, 2005). El problema de la disciplina y de la moralización de los sujetos que no tienen un señor (los vagos), es tratado con las mismas estrategias de control espacial: se les asigna un espacio que suple la función de una casa señorial. La noción de casa de objeto público se utilizaba durante la Colonia para designar a aquellos establecimientos donde habitaba gente, pero que no eran casa de familia. Esta denominación se mantendrá durante los primeros años de la República; en el censo de 1813 se utilizó esta categoría para designar a parroquias, iglesias conventos, monasterios, cárceles, casas de corrección, hospitales, hospicios, casas de educación y fábricas. Es decir, aún en los primeros años de la República esta categoría se utilizaba para designar a aquellas viviendas que suplían la función social de la casa señorial: brindar protección a cambio de sumisión y obediencia. Sin embargo, el censo incorpora estos establecimientos a la lógica del registro y control,

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propia del Estado moderno; es un primer intento por hacer de ellos un objeto de conocimiento racional para su gobierno. En 1820 se funda la Casa Correccional de Santiago, una “casa de objeto público” que se inspira en las modernas ideas del castigo y el control social, y más específicamente en las ideas ilustradas de Jeremy Bentham sobre los medios más adecuados para la corrección moralizadora: el panóptico (Neira, 1998). Para Foucault (1979) el panóptico de Bentham es la materialización de un nuevo dispositivo de poder que es posible por una estructura arquitectónica que garantiza el ejercicio automático y no individualizado del poder, porque los sujetos son dispuestos de manera tal, que siempre están de frente a un vigilante, sin poder verificar quién los vigila, ni en qué momento están siendo vigilados. La disposición espacial que inaugura el panóptico es para Foucault una economía del poder, ya que no requiere ceremonias, ni ritos, ni marcas sobre un cuerpo particular para ser efectivo. No hay alguien visible sobre quien recaiga el ejercicio del poder y sin embargo, éste se ejerce sobre todos. La espacialidad propia del panóptico sólo se materializó en la Casa Correccional de Santiago a fines de la década de 1840, aún cuando las reformas se comenzaron a implementar 20 años antes, con la legitimidad emanada de las bondades del moderno modelo que se utilizaba en Europa. Las primeras medidas que se tomaron fueron inspiradas en la crítica de Bentham a la administración pública. La Casa de Corrección de Santiago era administrada por privados y el gobierno sólo se encargaba de la vigilancia armada. Los administradores privados debían enseñar un oficio y hacer productivos a los reclusos a fin de sustentar económicamente a la institución y dejar ganancias para el administrador. Es decir, la configuración de la corrección moralizadora, que en Europa se asienta en una nueva disposición espacial y una nueva estrategia del poder, en Chile sólo se traduce en un mandato de la modernidad, que legitima las estrategias de control ya existentes, es decir, la adscripción de los sujetos a un espacio y un señor: El espacio del encierro no será transformado para que opere la vigilancia como mecanismo de control, y por lo tanto, seguirán siendo necesarias las acciones sobre los cuerpos para hacer efectivo el ejercicio del poder: Quien ejerce el poder seguirá siendo visible (el administrador) pero ahora su legitimidad para actuar no emanará de una acción soberana, sino de la adopción de la lógica moderna. Esto le permitirá nuevas acciones: Los administradores ahora podrán hacer que los reclusos adopten el hábito al trabajo, a fin de asegurar su sustento económico. La mirada médica sin cuerpo Por otra parte, en lo referente a la mirada médica, en Chile es claro que ésta no fue producto de un proceso como los descritos por Foulcault para el caso de Europa.

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La conformación de una mirada médica en Chile no se explica sino por de la importación de los conocimientos médicos desde Europa. Tales conocimientos fueron validados como verdades y luego se implementaron transformando la realidad social chilena. La mirada médica, según Foucault (1991), es el resultado de procesos sociales e históricos en Europa, tales como la reorganización del campo hospitalario, la redefinición del estado del enfermo en la sociedad y la relación entre la asistencia y el saber. En El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica Foucault (ibíd.) propone que con el surgimiento de la anatomía patológica, la nosología se transforma por acción de la observación de los cuerpos enfermos en el lecho y por la práctica de la autopsia, que posibilita la observación del espacio interior de los cuerpos diseccionados. La posibilidad de localizar en los cuerpos los signos de la enfermedad, habría dado paso a la clínica, es decir, a una nueva forma de saber médico que crea una relación entre lo visible y lo enunciable y con ello logra “dar a ver al decir lo que ve” (Foucault, 1991: 270). La visibilidad de la enfermedad en los cuerpos luego será la evidencia de la existencia positiva de la enfermedad y hará que sus términos aparezcan como hechos positivos, o sea, la clínica como forma de mirar, logra desprender a la enfermedad de la metafísica y la hace visible, legible, abierta al lenguaje y a la mirada. Esta mirada clínica luego se sistematiza en un método. Pero en Chile, durante los primeros años después de la independencia, el discurso médico se mantuvo en torno a reconceptualizaciones medievales y la formación de los médicos se sustentó en el cometario de textos y la especulación sobre el cuerpo humano, es decir, no se puede entender como el resultado de la conformación de la mirada clínica. Sólo a partir de la llegada de médicos europeos, se comenzó a instalar el discurso de la modernidad, y a proponer la necesidad de una enseñanza médica basada en la anatomía (Cruz-Coke, 1993). En 1833 se estableció en el Instituto Nacional un plan de estudios en medicina que incorporaba la anatomía. Con esto se pretendió adoptar los métodos de enseñanza propios de la modernidad, pero la falta de recursos y las condiciones en que se impartió, hicieron que la práctica de la disección de los cuerpos fuese difícil. Por otra parte, la formación clínica en los hospitales era poca y descontinuada debido a las condiciones sociales y materiales de los recintos. A partir de 1832 los hospitales y asilos, ya diferenciados de otras casas de objeto público, fueron entregados a un jefe con la denominación de administrador. Además se estableció un tesorero y una junta directora para cada uno de los establecimientos. Estas últimas eran responsables de la administración financiera. Con esta medida el Estado asumió algún grado de responsabilidad –aunque menor– con hospitales y casas de expósito, puesto que el rol de secretario de la junta directora recaía en un funcionario técnico y especializado de gobierno. Sin embargo, la

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dirección financiera siguió en manos de particulares, aunque no de cualquiera; los indicados para dicha tarea eran ciudadanos filantrópicos, que pertenecían a la elite tradicional y mercantil, que históricamente, desde la Colonia, había realizado obras piadosas, como expresión de su elevada moral cívica y religiosa. La responsabilidad por el funcionamiento de estos establecimientos siguió siendo producto de los elevados sentimientos de personas, y como tal, no pudo ser campo de las leyes positivas (Castillo, 1937, en Franulic, 2007). La moral que dio origen a las obras piadosas en la sociedad colonial (propia de la elite mercantil) fue la fuente de una normativa interna, instituida ahora por reglamento. Es decir, la moral religiosa y filantrópica se conjugó con la racionalidad ilustrada, y dio origen a un orden establecido por reglamento al interior de los hospitales. La legitimidad de éste no reposaba en la autoridad republicana, sino en la autoridad moral. Así en el cuidado de la enfermedad, se conjugó la lógica religiosa y filantrópica de un sector de la sociedad con la lógica racional e ilustrada que validará la modernidad. Bajo esta forma de organización de los hospitales, se optó más bien por una formación médica centrada en la cátedra y basada en la enseñanza del conocimiento médico en Europa (Ferre, 1904). Es decir, se enseñó como cátedra el conocimiento generado en la práctica de la mirada clínica de los médicos europeos. Como consecuencia, el discurso médico continuará por varios años centrado en la descripción y clasificación de enfermedades, es decir, en la nosología. La enfermedad continuará sin asentarse en el espacio de los cuerpos, y se percibirá sin una localización, y por consiguiente sin existencia positiva, salvo la que dicta la experiencia de Otro. Luego, el mayor estatus de los médicos, así como la incorporación de prácticas clínicas en los hospitales, ocurrirá por imitación de las prácticas que en Europa habían transformado las concepciones de la enfermedad y la mirada médica. El psiquiátrico social La Casa de Orates de Santiago (1852-1891) se reconoce como la antecesora de la institución psiquiátrica en Chile. Ésta, en sus inicios mantuvo similares características con otras “casas de objeto público”. Luego poco a poco se convirtió en un lugar de encierro moralizador y disciplinamiento de ciertos grupos, incorporando técnicas, discursos y disposiciones espaciales propias de la psiquiatría y el tratamiento moral europeo, pero trasvasijado a la realidad chilena. El médico inglés Guillermo Benham fue traído por el gobierno chileno a fin de ser el médico residente de esta casa. Su principal innovación fue incorporar el trabajo como terapia, lo que se retomará con fuerza luego en el Manicomio Nacional y en el Instituto Psiquiátrico (Escobar, Medina y Quijada, 2002). El Dr. Benham, así como muchos otros médicos residentes, mantuvo una relación conflictiva con los administradores

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y la junta directora por los escasos recursos destinados al cuidado de los internos. Su sucesor fue el Dr. Carlos Sazié, quien fue enviado a Europa para estudiar las enfermedades nerviosas. Durante la última década del siglo XIX y las primeras del XX, se da una expansión de la institución psiquiátrica acompañada de un desarrollo de la medicina alienista: se crea un internado, se desarrollan trabajos de investigación sobre la etiología, clasificación y tratamiento de las enfermedades mentales y se incorporan enfermeras y visitadoras. Todo esto en medio del contexto social y económico de Chile de esos años, es decir, previo a un proceso de industrialización, que significó un importante cambio en las formas tradicionales de organización y control social. En este entorno, la naciente institución psiquiátrica en Chile se caracterizó por la relevancia que se le otorgó al trabajo, hasta el punto que el Psiquiátrico de Santiago en sus primeros años llegó a convertirse en un espacio que reproducía el orden propio de la industrialización (Leyton, 2008): grandes talleres, producción en serie, e incluso un pequeño ferrocarril para el traslado de materias primas. Esto da cuenta de cómo en los inicios de la institución psiquiátrica en Chile el encierro además de una estrategia de control contienen un criterio de rentabilidad económica, al igual como ocurría con la cárcel. La psiquiatría adquirirá luego el rango de una rama de la medicina, fuertemente asociada a la cuestión social, concepto acuñado por el médico Augusto Orrego Luco. El Dr. Orrego Luco fue uno de los pioneros de la psiquiatría chilena; profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, internista y psiquiatra, formado en Francia en la clínica del profesor Chacot, activo miembro de la Sociedad Médica de Santiago, colaborador de la Revista Médica de Chile y miembro del Consejo de Instrucción Pública entre 1885 y 1888; fue un representante de la elite médica y de las modernas nociones de higiene y salubridad pública, provenientes desde Europa (Yánez, 2008) e introdujo la cuestión social para referirse a los problemas sociales y sanitarios derivados de la migración de grandes masas de población del campo a la ciudad a principios del siglo XX. La cuestión social fue luego una plataforma a partir de la cual se generarán cambios en relación a los problemas sociales y de la salud de la población (Molina, 2007). Podemos decir que la cuestión social emerge en gran medida por las técnicas y lógicas de vigilancia sobre las condiciones de vida de los pobres, que se instauran a partir del asenso de la élite ilustrada, y que buscará replicar en Chile el conocimiento adquirido en Europa. Estas nuevas técnicas, llevarán a implementar estrategias de organización y control de la población, es decir, poco a poco llevarán a lo que Foucault (1976) describe como la forma que adopta el poder en los estados modernos, y que se caracteriza por actuar sobre la vida de la población, hasta llegar a modificar su función: la administración de la vida de la población pasa a constituir la razón de ser del poder. Esta forma de poder, es a lo que Foucault (1977) denomina biopoder: lo bio-

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lógico se refleja en lo político y la vida deja de ser algo que emerge o se termina por azar, para pasar a ser objeto de conocimiento y de intervención. La vida y sus mecanismos son objeto de cálculo explícito, y el saber/poder en torno a ella será un agente de transformación social (y de la vida misma), por su inscripción en normas y leyes. La llamada cuestión social fue en Chile una plataforma a partir de la cual se generaron cambios en relación a los problemas sociales y de la salud de la población. Las soluciones propuestas fueron dadas por el discurso de la modernidad y la ciencia. Especial importancia tuvo en esto el movimiento de médicos, que comenzó a consolidarse luego de la creación y modernización de la carrera de medicina en la Universidad de Chile. Como ya se ha mencionado, esta modernización recibió influencias de las nuevas prácticas en la medicina en Europa. Pese a las diferencias entre los actores, el discurso modernizador instaurará para todos los sectores la idea de que el progreso sólo es posible por la intervención racional, científica y técnica de la población. Por medio del conocimiento objetivo, traducido en políticas sociales, se intentarán controlar la demografía y la producción a través de la asistencia. Así, a partir de la cuestión social surgirá la política social en Chile, es decir, la profesionalización de las acciones sobre los pobres (Illanes, 2004). El surgimiento de la institución psiquiátrica en Chile se debe comprender en este contexto: como rama de la medicina, la psiquiatría pretende establecer las causas de la enfermedad mental y localizarlas para luego controlarlas y atacarlas. Como médico psiquiatra, Orrego Luco localiza las causas de la enfermedad mental en el aumento abrupto de la población urbana y las condiciones de vida de las masas de población que llegan a la ciudad, las que considera una anormalidad y un peligro para la raza: Relacionó la cuestión social con el aumento abrupto de la sífilis, la cual luego relaciona con la enfermedad mental, ya que uno de los principales efectos de la sífilis sería el retardo mental de los hijos. Esta relación también fue propuesta por Lorenzo Sazie y Ramón Elguero, otros pioneros de la psiquiatría en Chile. Por lo tanto las estrategias de control de la enfermedad mental en principio no serán muy diferentes de las estrategias de control de la demografía: la asistencia y la higiene, traducida en política social y profesionalización de las acciones sobre los pobres. Luego, se profundizarán las transformaciones en el tratamiento de los enfermos mentales, adoptando las modernas ideas de la psiquiatría europea: sus clasificaciones, y sus técnicas, en especial el tratamiento moral. Modernidad/colonialidad y conocer desde ningún lugar Foucault (1978) propone que la forma de gobierno político como hoy la conocemos no se debe entender como algo dado, sino como el resultado de un proceso,

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en el que las relaciones de poder se elaboraron, racionalizaron, y centralizaron bajo instituciones estatales. Desde esta perspectiva, el poder se entiende como acción que produce lo pensable y practicable. Así el Estado moderno es también el resultado de un proceso por el cual la población emerge como sujeto de necesidades y aspiraciones y como objeto de la intervención racional del gobierno. Para el buen gobierno de la población, se necesita de lo que Foucault llama “las manifestaciones de verdad” a través de las cuales es posible “gobernar en el nombre de la verdad” (Rivero, 2005). Podemos entender las prácticas del encierro, las propias de la mirada médica y las que conciernen a la institución psiquiátrica, como formas de gobierno que buscan controlar la conducta de ciertos sujetos, en base a ciertas verdades. Entonces, en Chile éstas no se pueden comprender sin la existencia de Otro. Ese Otro tiene la posibilidad de hacer la enunciación de la verdad porque viene desde otro lugar, desde el centro, por lo general Europa. En este punto se hace necesario incorporar un nuevo concepto: lo que Quijano y Wallerstein (1992) han denominado modernidad/colonialidad. Según este planteamiento, la ilustración no habría más que transformado en discurso una idea que se origina con la experiencia colonizadora. Como consecuencia de la expansión colonial de Europa se habría producido un desplazamiento discursivo que se arraiga en la idea de que los países colonizadores se encontraban en el centro del mundo. Desde este lugar, el Otro al colonizador, es decir, el sujeto no europeo, es puesto como “un descubrimiento”, es decir, se constituye en algo completamente novedoso que genera el extrañamiento del hombre blanco europeo. Estos elementos según Castro-Gómez (2005) fueron los que posibilitaron la idea de que era factible observar y conocer desde un lugar neutro, o como él lo ha denominado, la Hybris del punto cero. Mediante este desplazamiento discursivo se invisibilizó el origen de esta forma de conocer localizada en un tiempo, un espacio y una cultura: la Europa colonial. El punto desde donde se puede observar de forma neutra, es también el lugar de enunciación desde donde se puede decir la verdad sin riesgo de contaminación o distorsión y es, por tanto, el lugar desde donde se puede realizar el ejercicio colonial en el nombre de la verdad. Al hacer invisible su origen y presentarse como un punto de observación que no está en ningún lugar, el conocimiento del hombre blanco europeo pudo plantearse como objetivo y, por tanto, universal y proponer que otras formas de conocer eran erróneas, debido a que estaban localizadas en quien conocía, y por tanto contaminadas por su subjetividad. Así, el proceso colonial de América habría validado esta forma de conocer, y con ello habría posibilitado que el pensamiento moderno excluyera todos los otros tipos de pensamientos por considerarlos no objetivos. Según esto, los supuestos epistémicos de la modernidad tienen su base en el desplazamiento discursivo que se ocasionó por la experiencia de la colonización de

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América. A esta constitución de la modernidad, que tiene como eje la colonialidad, es a lo que Quijano y Wallerstein han denominado modernidad/colonialidad. En otras palabras, la idea de un punto neutral de observación, que ha sido central en el surgimiento del proyecto ilustrado y la modernidad, tiene sus bases en el proceso de colonización de América. Como hemos visto, en Chile las prácticas a la base de la intervención de ciertos sujetos (los que hoy son el blanco de las transformaciones en las políticas de salud mental y psiquiatría) se han validado y asentado en la modernidad/colonialidad, es decir en la idea de que existe un Otro que posee un conocimiento verdadero, que debemos replicar. Pero los discursos de la modernidad y la civilización, que en principio se dictaron desde Europa (el centro), comienzan a configurar una lógica local. En Chile ciertos sujetos adoptarán este discurso y con él la atribución de hablar en nombre de la verdad. Entre éstos, los médicos tendrán un lugar de importancia. Quienes definirán en adelante en Chile cómo asegurar el bienestar del pueblo y el progreso del país adquirirán las formas de conocer propias de la modernidad/colonialidad. Desde ese momento en adelante no podemos entender el espacio geográfico de Europa como el centro y el espacio geográfico chileno como una periferia, ya que en Chile modernidad y premodernidad convivirán configurando realidades locales en las que coexisten centros y periferias. En este sentido, el marco analítico se hace más complejo para la comprensión de las realidades sociales en las antiguas colonias europeas. Éstas pueden ser consideradas como espacios donde se genera la realidad a partir de las coordenadas que resultaron del desplazamiento discursivo que se dio a partir de la colonización y que se mantienen como matrices generadoras de realidad, más allá de los procesos geopolíticos de colonización. Por tanto, el sujeto moderno no se identifica necesariamente con el sujeto europeo, sino con aquel que en el espacio de América Latina ha adoptado la visión verdadera: una visión objetiva. La ilustración, construida como el despliegue de la modernidad desde el norte de Europa hacia el sur (Dussel, 2012), autoriza a estos sujetos modernos para enseñar al Otro atrasado la modernidad. Pero como he señalado anteriormente, en Chile el lugar de enunciación del sujeto moderno se relaciona además en sus inicios con el discurso religioso y moral de una elite. Las sociedades diferentes a la europea se comprenderán como una temporalidad anterior. Es decir, Europa sería el futuro al cual han de llegar otras sociedades en la medida en que se desarrollen (Chakrabarty, 2000). Esta idea es también la que justifica el surgimiento de la intervención social en América Latina (Carballeda, 2002). La modernidad, como algo nuevo y mejor que lo anterior, habilita a ciertos sujetos a enseñar a otros. Esto cobra relevancia porque en Chile, así como en gran parte de Latinoamérica, el proyecto de la modernidad, que conlleva a la necesidad de reglas racionales para un buen gobierno de la población (Foucault, 1978), no se puede comprender sólo por el devenir de procesos sociales internos, sino que debe considerar la mo-

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dernidad/colonialidad como un elemento constitutivo de los supuestos epistémicos que atraviesa las prácticas y los discursos que han posibilitado el Estado moderno y las actuales racionalidades políticas en Chile, en las cuales se inscribe el proceso de reforma de la institución psiquiátrica. No es mi intención brindar una comprensión de cómo se ha construido desde fuera al sujeto colonial, ni reivindicar a un supuesto sujeto originario latinoamericano, sino que, a través de una historia localizada de las prácticas (Castro-Gómez, 2011), entender los procesos de subjetivación en el contexto actual chileno. Intervención de la subjetividad y colonialidad Foucault propone que la biopolítica produce conocimiento sobre los procesos biológicos que inciden en la población, y que luego éstos actúan sobre los cuerpos creando modos de subjetivación. Sin embargo, en la actualidad habría ocurrido un dislocamiento del concepto de biopolítica desarrollado por Foucault, de modo que se ha modificado la propia noción de vida (Hart y Negri, 2001). La biopolítica ya no tendría que ver sólo con los procesos biológicos de la especie, sino que con hacer vivir y controlar las condiciones de vida de los individuos. Los problemas de salud ya no se restringen al control de tasas de natalidad y de la muerte de la población; la preocupación de la autoridad ahora va hacia promover estilos de vida saludables, lo que significa implementar nuevas formas de control sobre las condiciones de vida de los sujetos. Esto conlleva a nuevas estrategias de gobierno para intervenir en nuevas esferas de la vida, con lo cual se redefine a los sujetos de intervención y los procesos de subjetivación implicados. En este proceso las estrategias de gobierno apuntarán a que las personas lleguen a ser autónomas y libres (Rose, 1998). Las transformaciones en la intervención de personas con enfermedades mentales, se deben entender también en esta nueva lógica. Esto no se restringe sólo a los sujetos de intervención, sino que también a los sujetos que piensan y realizan las intervenciones, pero en una situación desigual: uno (el interventor) sabe cómo debe llegar a ser el otro (el intervenido) y conoce las técnicas para que lo logre, no al revés (Rose, 2007). Propongo que lo anterior se pueden relacionar con lo que Dussel (1992) ha denominado subjetividad colonizadora, es decir, con un tipo de subjetividad que se atribuye la posibilidad de pensar al Otro, no como un igual, sino como algo problemático, que debe ser corregido, adecuado, mejorado, normalizado. La diferencia se convierte así en una causa de dominación, es decir, en una valoración negativa, por ser entendida como un momento anterior en un proceso de desarrollo. De esta forma se justifica el control y la distancia que hacen del Otro un objeto de conocimiento y de gobierno, y se justifica que un tipo de individuo, que cuenta con un saber verdadero, pueda decirle a otro individuo qué debe hacer para ser mejor.

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Los profesionales de la Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria además generan nuevas realidades con sus acciones, y a través de éstas participan de la validación de ciertas técnicas de intervención. El nuevo enfoque denominado biopsicosocial hace necesario que los interventores conozcan las realidades sociales de sus usuarios. Para esto los interventores realizan entrevistas con familiares, amigos, jefes, profesores, etc., y visitan domicilios, colegios, lugares de trabajo, etc. Luego, sus hallazgos son compartidos y analizados con otros profesionales, a fin de brindarles una explicación y establecer estrategias de solución. Los integrantes del equipo del CESAMCO hacen aparecer un entramado de relaciones que generarán un caso psicosocial: establecen una serie de relaciones causales entre el diagnóstico clínico y la realidad psicosocial de los sujetos. A través de estas actuaciones, como interventores, los profesionales se crean como agentes de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria y adquirieren la posibilidad de ver, decir algo, y hacer algo en relación con estos casos. Posteriormente, estos casos psicosociales son traducidos (Serrés, 1991) a la ficha clínica y a los registros estadísticos. La ficha clínica puede ser entendida como una tecnología escritural; permite y constituye una comunidad científica, capaz de ser testigo de lo que sucede en el espacio del CESAMCO (Shapin y Schaffer, 1985). Mediante los registros en la ficha clínica, los casos psicosociales transitan hacia otros espacios, tales como los Centros de Atención Primaria, o la Unidad de Psiquiatría del Hospital Base Valdivia. En este tránsito no pierden su existencia como hechos; por el contrario, otros interventores pueden ser testigos de los mismos y con esto, adquieren mayor existencia. Estos otros testigos, que se encuentran fuera del espacio del CESAMCO, no pondrán en duda la existencia de un problema psicosocial, en la medida en que haya desaparecido el lugar de enunciación de los interventores a la hora de establecer los hechos en la ficha clínica. Estos hechos, los problemas psicosociales, son elaborados en medio de una discusión sobre los problemas abordados, que lleva a los profesionales a una fuerte implicación ética y política. Sin embargo, los interventores deben invisivilizar las contradicciones y los posicionamientos en tensión, que surgen en el momento en que se generan los casos psicosociales, a fin de que en la ficha clínica aparezcan como un hecho. Por lo tanto, para que los casos psicosociales lleguen a ser hechos reconocidos por toda la comunidad, deben ser enunciados desde un punto neutral de observación que esconde las condiciones subjetivas en las que se generaron. Las tecnologías de gobierno dictan a los profesionales cómo se debe hacer enunciación de verdad y éstas responden a la lógica del conocimiento médico. Luego, los profesionales intentan ajustar sus enunciaciones a esas formas, aun cuando saben que esto limita la problemática, que ya no es sólo clínica, sino que ahora debe incorporar lo social.

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A partir de este punto cero de observación (Castro-Gómez, 2005) los interventores se pueden comprender como sujetos coloniales: En este momento invisibilizan sus propias posiciones para hacer de los casos psicosociales hechos. Así se posibilitaba un lenguaje común entre los diferentes agentes involucrados en los procesos de intervención social en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria en Chile. Pero además se posibilita que los interventores puedan decir una verdad en relación al Otro, no como un igual, sino como algo problemático, que debe ser corregido, adecuado, mejorado, normalizado (Dussel, 1992.) Los aspectos que cobran valor en las intervenciones son los que se relacionan con ciertas formas de sujeto: el sujeto libre y autónomo. ¿Cuál es el sujeto más completo y/o avanzado? Sin duda esto se relaciona con ciertas lógicas de poder, así como lo fue la idea de objetividad que dio pie a la modernidad. Pero además, si la modernidad se puede entender como posibilitada por relaciones de dominación que se originaron en los procesos de colonización de Europa, la idea de un sujeto más avanzado en relación a otro, también puede ser entendida como una forma de colonialidad. Ahora adquiere un nuevo valor lo singular, lo local y a lo microsocial. Esto hace que los profesionales deban entrar en la vida cotidiana y en los aspectos subjetivos de los sujetos/objetos de intervención, sin embargo, lo hacen desde formas previas y hegemónicas de comprender lo social y la subjetividad, que luego se les impondrán a ellos mismos, y a los sujetos de intervención. La exigencia a individuos y comunidades de adquirir ciertas características puede ser entendida bajo la misma lógica que posibilitó la intervención de individuos y comunidades para hacer de ellos sujetos modernos acordes con las exigencias del desarrollo. Esto puede llevar a homogeneizar realidades muy diversas por la contraposición de un tipo de subjetividad, con otra que es hegemónica y que se impone como el ideal a alcanzar. Dicho ideal está dado por el sujeto histórico europeo, es decir, por aquel que se ha construido por la ley, la economía política y la ideología de Europa, aunque no necesariamente en el espacio geográfico europeo (Guha, 2002). La crítica apunta a que esta norma se presenta como neutra, no determinada geopolíticamente e impone una verdad acerca de cómo debe ser el sujeto. Entonces, la preocupación por la subjetividad y las particularidades de los espacios microsociales, propia de las nuevas formas de intervención en salud mental y psiquiatría, no garantiza la liberación de ciertas formas de dominación, aun cuando se presentan como un esfuerzo inclusivo que busca superar las formas de dominación propias de la institución psiquiátrica, pues mantienen la matriz colonial generadora de conocimiento para la intervención, ahora de subjetividades y realidades microsociales. Así, se mantiene la geopolítica instaurada por la jerarquía epistémica desplegada en la modernidad.

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Discusión Para comprender cómo se ha llegado a producir lo que actualmente es pensable y practicable es necesario entender cómo se han producido “las manifestaciones de verdad” que legitiman las prácticas actuales de control sobre determinados sujetos. Pues bien, las verdades que legitimaron las prácticas del encierro, la clínica, la psiquiatría, entre otras, en Chile sólo fueron posibles, en la medida en que se originaron en el lugar de enunciación propia de la modernidad/colonialidad. Por lo tanto, ésta se entiende como un elemento constitutivo de las mismas. Las diferentes estrategias de control sobre determinados sujetos han definido a los mismos bajo diferentes categorías: vagos, locos, criminales, enfermos. A su vez, éstas siempre han sido el resultado de la hegemonía cultural, económica y política de ciertas formas de conocimiento por sobre otras, lo que se puede explicar por el patrón de relaciones de poder que emergió a partir de la Colonia, aun cuando fueron procesos que se dieron cuando Chile ya era un país independiente. Por lo tanto, las actuales formas de clasificación y las nuevas formas de organización de las entidades destinadas a la intervención, no pueden ser entendidas sin el componente colonial que está a la base de la generación de los hechos, aun cuando éstos se presenten como una forma más inclusiva de comprensión de las realidades a intervenir. Finalmente se propone entender a los profesionales de los CESAMCO como una interface en un orden colonial (Mignolo, 2000), es decir, como un espacio que opera al mismo tiempo como centro y como periferia: como centro en la medida en que cuentan con un conocimiento que les permite acceder a un tipo de subjetividad desde donde pensar al otro, no como un igual, sino como algo problemático, y algo a intervenir a fin de ser corregido, adecuado, mejorado; como periferia porque para acceder a esta subjetividad deben adoptar la forma de conocer propia del sujeto moderno, aun cuando reconocen que su objeto de intervención (las subjetividades y las realidades microsociales) no se puede conocer ni intervenir desde un lugar neutral. Esto se vuelve una exigencia para decir algo y tener la posibilidad de hacer algo. Acogiendo la propuesta de Castro-Gómez y Grosfoguel (2007), no se trata de negar los efectos de las formas de colonialidad para en su lugar reivindicar otras realidades. Se trata de comprender cómo en las prácticas en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria en Chile se van concatenando hechos producidos por las formas de conocer propias de la modernidad/colonialidad, con el propósito de pensar en otras posibilidades de ser y conocer, que permitan una apertura hacia la diferencia, que sea alternativa a esa forma de ser y de conocer que se impone como condición de existencia. En este sentido, acogemos la noción de proyecto decolonial propuesta por Mignolo (2007). Asumiendo que la realidad en la que actúan los interventores está

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atravesada por la colonialidad, aceptamos también que ésta produce “una energía de descontento, de desconfianza, de desprendimiento entre quienes reaccionan ante la violencia imperial” (p. 26). Esta energía se traduce en proyectos que también son constitutivos de la modernidad (y/o la postmodernidad), aun cuando intentan liberarse de una específica cosmovisión de una etnia particular, que se ha impuesto como la racionalidad universal. Referencias bibliográficas Alfaro, J. (2007). Tensiones y diversidad en nociones básicas de la psicología comunitaria, en A. Zambrano; G. Rosas; I. Magaña; D. Asún y R. Pérez-Luco (eds.), Psicología comunitaria en Chile: evolución, perspectivas y proyecciones (pp. 227-260). Santiago de Chile: RIL editores. Araya, A. (2005). Sirvientes contra amos: las heridas en lo íntimo propio, en Gazmuri y Sagredo (dirs.), Historia privada en Chile, vol. I (pp. 161-197). Santiago: Taurus. Carballeda, A. J. (2002). La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. Buenos Aires, Paidós Ibérica. Castro-Gómez, S. (2005). La Hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. _____ (2011). Crítica de la razón latinoamericana. Segunda edición ampliada. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana Castro-Gómez, S., Grosfoguel, R. (2007). Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (pp. 9-24). Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Cruz-Coke, R. (1993). Historia de la medicina chilena. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton & Oxford: Princeton University Press. Dussel, E. D. (1992). 1492, el encubrimiento del otro: (hacia el origen del “mito de la modernidad”). Madrid: Nueva Utopía. _____ (2012). Meditaciones anticartesianas: sobre el origen del antidiscurso filisófico de la modernidad. En R. Grosfoguel y R. Almaza (eds.) Lugares decoloniales. Espacios de Intervención en las Américas (pp. 11-58). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Hardt, M., Negri, A. (2001). Império. Sao Paulo, Record. Escobar, E.; Medina, M. E. y Quijada, M. (2002). De casa de Orates a Instituto Psiquiátrico: 150 años de historia. Santiago de Chile: Sociedad Chilena de Salud Mental. Ferre, P. L. (1904). Historia general de la medicina en Chile. Talca, Chile: Imprenta de Talca. Foucault, M. (1976). Historia de la locura en la época clásica. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. _____ (1977). Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. México: Siglo XXI. _____ (1978). La gubernamentalidad. Madrid: La Piqueta.

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El aporte de las ciencias humanas a las pervivencias del golpe de estado. Cuarenta y más años para una ruptura democrática en Chile1 The contribution of the human sciences to the survivals of the 1973 coup d’etat. Forty years and more for a democratic rupture in Chile MIGUEL URRUTIA F.2 PABLO SEGUEL G.3

Resumen Las pervivencias del golpe de estado de 1973 en Chile, así como de las memorias que han antagonizado con sus resultados, están relacionadas con determinados desarrollos de las Ciencias Humanas; en su versión hegemónica, éstas han analizado a la dictadura chilena como una excepción histórica. Por contraste, cierta historiografía contra-hegemónica ha demostrado la íntima relación entre la dictadura y la democracia chilenas, descubriendo en tal relación la base de un dispositivo para la contención de la soberanía y el poder popular. Las tesis del golpe como excepción a la institucionalidad jurídica develan un sistema político que pretende inmunizar a la sociedad chilena de su violencia presunta mediante otra violencia jurídicamente administrada, obstruyendo así las fuerzas de la vida en común, aunque sin lograr la invisibilización de una huella de ruptura democrática que aquí nombramos como mariateguista-libertaria. Palabras clave: Golpe de estado, excepcionalismo, paradigma inmunitario, biopoder, huella mariateguista libertaria, ciencias humanas, poder popular. Abstract The survivals of the 1973 coup d’etat in Chile, and the memories that have antagonized as their outcomes, are associated with certain developments in the human sciences. In their hegemonic version, they have approached the Chilean dictatorship as a historical exception. Conversely, some counter-hegemonic historiography has demonstrated the close relationship between the Chilean dictatorship and democracy, discovering in such a relationship the basis of a device for the containment of the sovereignty and poder popular. The thesis of the 1973 coup d’etat as an exception to the

1 Este artículo tiene como base el trabajo escrito por Miguel Urrutia Fernández y Sergio Villalobos-Ruminott “Memorias antagonistas, excepcionalidad y biopolítica en la historia social popular chilena”, Revista De-Rotar n° 1, 2008. 2 Miembro del Equipo de Investigación en Movimientos Sociales y Poder Popular, Depto. de Sociología, Universidad de Chile (www.poderymovimientos.cl). E-mail: [email protected] 3 Miembro del Equipo de Investigación en Movimientos Sociales y Poder Popular, Depto. de Sociología, Universidad de Chile (www.poderymovimientos.cl). E-mail: [email protected]

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legal institutions, reveal a political system that look for immunizing the Chilean society of its alleged violence by other legally administered violence. This political system is blocking the life’s forces in common, but it is not achieving to hide the path breaking of a democratic mark, which inhere we call as Mariateguist-libertarian. Keywords: Coup d’etat, exceptionalism, immune paradigm, biopower, Mariateguist libertarian mark, human sciences, poder popular. Recibido: 27.06.14. Aceptado: 06.11.14. Debemos decidirnos a –y cómo– estar en común, cómo permitir a nuestra existencia existir. No sólo es cada vez una decisión política, es una decisión a propósito de lo político: si y cómo permitimos a nuestra alteridad existir en conjunto, inscribirse como comunidad e historia. Debemos decidirnos a hacer –a escribir– la historia, lo que quiere decir exponernos a la no-presencia de nuestro presente y a su llegada (en cuanto un “futuro” que no es un presente que sucede, sino la llegada de nuestro presente). La historia finita es esta decisión infinita para con la historia (…) En el tiempo, “hoy” ya es ayer. Mas cada “hoy” es también la ofrenda de la ocasión de espaciar el tiempo y de decidir en qué ya no es el tiempo, sino que nuestro tiempo. (Nancy, 2000: 130)

1. Plan: la historia-memoria revolucionaria como vida que desborda el organismo social La audaz y cruenta reinvención del capitalismo bajo su forma neoliberal no logró derrotar completamente los proyectos revolucionarios ‘chilenos’ del siglo XX. A pesar de esto, existen extensas zonas de la historia presente en las que el golpe de estado de 1973 sigue operando. Una incipiente relación, previa al golpe, entre un hacer académico en formación y unas prácticas políticas vertiginosas fue tan violentamente suprimida que hoy nadie quiere reanudarla, como no sea bajo principios bastante dogmáticos. Y, más allá de tal dogmatismo, el golpe también se ha instalado en la inteligencia radicalizada como un dispositivo de auto-esterilización política. No es solo que al inventar lenguajes resistentes al reduccionismo dogmático, éstos hayan resultado inasibles para las coyunturas de lucha social, sino que, además, se ha afirmado, como garantía de radicalidad en el pensar, un vacío de evaluación respecto de las conexiones con tales luchas. En este dispositivo de autoesterilización, el agenciamiento de pequeñas referencialidades políticas a través de enunciados universitarios, académicos, o investagativos menores, tiende a pesar mucho menos que un mandato para la deconstrucción ad eternum del archivo supuestamente estructurador de tales enunciados. Así, han permanecido sin atisbo de respuesta una serie de preguntas relativas al lugar de las herencias revolucionarias en la ‘invención’ de luchas populares que detengan al golpe en cada una de las zonas donde aún opera. Una nueva memoria

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de las ciencias humanas, liberada tanto de la acomodación como de la melancolía, resulta entonces crucial para su articulación con el movimiento popular chileno en pos de una ruptura democrática que llegue a implicar lo antagónico del golpe fascista. Se trataría de una memoria que no asume tan linealmente la idea del antagonismo como racionalidad preconstituida en un sujeto colectivo, así como tampoco que tal antagonismo se despliega sobredeterminado por contradicciones estructurales objetivas. Nuestra aproximación a esa memoria nos muestra que en el arranque de toda ruptura se ubica el desorden basal de la sociedad; la disrupción de cuerpos físicos y de magmas con imaginarios radicalmente incalculables por los órdenes imperantes. Desde la política, esta noción de la ruptura reconoce por cierto la necesidad de analizar las estructuras y las subjetividades sociales, pero tensionados por las fuerzas que, componiendo una materialidad plena, arrastran los órdenes establecidos hacia su mutación (sea ésta recuperada o no en nuevas formas más injustas que las anteriores). Al menos una parte del problema parece radicar en que sobre las memorias colectivas en general, y sobre las del golpe en particular, pesan, por una lado, los encargos de superar un naturalizado trauma histórico y, por otro, los encargos de acumular la fuerza hegemónica que evite olvidarlo y repetirlo (Pérotin-Dumon et al., 2007). El valor de la pérdida como olvido de sí y condición para derivar formas de vida en común resulta totalmente incomprendido por esta perspectiva de una memoria traumada que impediría reanudar las convivencias republicanas. Al evitar el comunalismo implicado en la asunción material de la pérdida, lo que en realidad estas memorias acumulan y relanzan constantemente es el trauma despolitizador que pretenden suturar. No cabe duda que sustanciales efectos de justicia buscados por las revoluciones se basan en la acumulación de fuerzas que aseguren el “triunfo de las mayorías”; pero esto debe barruntarse solo como un umbral; para cruzarlo, es preciso advertir que nuestras nociones revolucionarias se han amparado muy acomodaticiamente en un “relato de la pérdida como trauma”. En dicho relato subyace la esperanza trascendental de que algún día la historia nos restituya la totalidad de la existencia, nos acoja en su espíritu absoluto revelándonos los porqué de todos nuestros padecimientos y nos entregue a la plenitud del sentido. Quienes deseamos heredar e inventar el Poder Popular, debemos asumir que nada de aquello se concilia con la fuerza requerida para los cambios actualmente más urgentes; antes bien, es nuestra precariedad de seres incompletos y prometidos a la muerte la que debe ser puesta a trabajar sobre el más acuciante problema revolucionario (y antifascista) de nuestro presente: la producción de diferencias que impidan la reducción de los pueblos a una condición de masas informes y heterónomas. La revolución depende de relaciones sociales humildemente preparadas para la pérdida de certezas, libertariamente abiertas a lo que Deleuze y Guattari invocaban como un devenir minoritario; esto es, aquella fibra del existir que abandona el lugar-hogar seguro y va al encuentro alegre de su propia precariedad constitutiva; no como gesto heroico, ro-

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mántico, ni entreguista, sino como praxis antagónica al relato burgués de un sujeto soberano, dueño de todo, propietario de sí mismo, amo de sus logros, mandante de la historia y fundador del sentido. Un cierto olvido de sí es el poder de paz que las memorias revolucionarias están desafiadas a producir. Si, por el contrario, ante las inevitables pérdidas que se producen en el existir-luchar, solo se advierten los efectos de la barbarie enemiga, se termina entonces levantando muros narrativos de drama o heroísmo inexpugnables, atrincherados en conceptos y supuestas lealtades que no son sino tumbas y traición a la radicalidad política. Sabemos que en Chile la costumbre –y a veces el negocio académico– de entender los enunciados teóricos como bloques monolíticos de sentido, está empujando los nuevos intentos revolucionarios hacia conductas incluso fratricidas. Contribuir a la reversión de esto implica para nosotros que las memorias populares ensamblen creativamente dos aportes recientes del pensamiento revolucionario y de la investigación militante al interior de las ciencias humanas: a) El reconocimiento de historicidades radicales en las formas-de-vida humildes. b) La interpelación a la soberanía jurídico-estatal, mediante nuevas formas de soberanía popular ajenas tanto al partisanismo como al populismo4. Por su parte, en el Chile aún hegemonizado por los oficiosos debates de la equidad y la inclusión, algunas memorias colectivas han logrado fisurar dicho consenso progresista de baja intensidad, interrogándose por la relación histórica entre la violencia de las luchas populares (desorganizadas u organizadas) y la violencia del estado. En este sentido el presente trabajo arranca del reconocimiento a la historiografía marxista chilena que, una vez desbordada su dedicación a la historia moral de la explotación, ha cuestionado la supuesta excepcionalidad con que el estado chileno habría utilizado la violencia como mecanismo para restablecer el derecho. Así, desde sus orígenes, la historiografía marxista chilena contribuyó a demostrar que la ley y el estado de derecho mismo se encuentran en todo momento fundados sobre su propia suspensión violenta, estrechamente ajustada a los procesos de explotación capitalista sobre el trabajo humano. En este trabajo pretendemos desarrollar discusiones que impidan el retroceso interno de la tendencia recién descrita, cuestión que –desde nuestro punto de vista– entraña algunas confrontaciones entre un paradigma historiográfico clasista mecánico, y otro paradigma adscrito a lo que denominamos una huella de clasismo mariateguista libertario5. En oleadas de distinta magnitud, esta huella ha pensado Al respecto resulta fundamental ver Villalobos-Ruminott, 2013. En la anterior versión de este trabajo ya se intuía el carácter abierto de la mencionada huella política; entonces –más atentos al sesentayochismo francés- la huella fue remitida al maoísmo de aquel periodo. Hoy, más atentos al Chile post 2011, enfatizamos el carácter libertario de la huella y someramente intentamos remontar dicha paradoja (Cfr. supra). 4 5

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las fuerzas sociales de la revolución latinoamericana más allá de la formación histórica particular (europea) analizada por Marx; buscando tales fuerzas sociales de la revolución en aquellos segmentos explotados de múltiples maneras que, a pesar de ello, no logran ser plenamente “formados” por las relaciones sociales dominantes. Conceptualmente, esta huella ha pensado la política como insurgencia de abajo hacia arriba, como una gestión antagonista del caos informe e inorgánico que subvierte la supuesta excepcionalidad de la violencia estatal al mostrar la continuidad clasista de la guerra en el estado de derecho, pero, sobre todo, al reconocer como fuerza primera de tal confrontación a aquello que simplemente consiste en una vida-en-común sobre la que ni aun el derecho puede declarar propiedad, es decir, lo que desde América Latina hemos venido llamando Poder Popular. Es fundamental enfatizar que esta fuerza primera no consiste en nada más que un magma basal, que en ningún caso compone por sí mismo una política revolucionaria o de Poder Popular. Esta última implica, eso sí, descubrir y gestionar la huella de lo informe y desorganizado que desborda plebeyamente a toda organización social. Al mencionar esta huella como mariateguista libertaria remitimos a un nombre que no se cierra en una identidad política unívoca, sino que se disemina en una multiplicidad ya sin origen al que rendir cuentas conservadoras (con lo que esperamos se aclare que nuestras cuitas inicialmente planteadas no son con la deconstrucción como bloque, por demás irreal, sino con ciertas prácticas que la invocan). No es entonces a doctrinas obreristas, indigenistas, campesinistas o marginalistas a lo que nos envía esta huella, sino a una pregunta ontológica relevante para las memorias revolucionarias: ¿cómo se han diseminado históricamente aquellas fuerzas que arrastran la dominación hasta el punto de sus contradicciones internas? o ¿qué provoca las mutaciones en un orden cuya tendencia basal es a reproducirse idéntico a sí mismo? Si los órdenes de dominación parecen sucederse aboliendo cada vez más eficazmente la fuerza común de las muchedumbres ¿es acaso que esta sucesión obedece a un impulso de eterno auto-perfeccionamiento fundamentalmente interior al orden dominante? Todas estas preguntas ya fueron hechas en el siglo XX por una tradición marxista libertaria que paradojalmente en los años sesenta se vio entroncada con las formas en que el maoísmo discutía contra la ortodoxia doble del leninismo y la socialdemocracia: En su ponencia en el reciente congreso del Partido Comunista Italiano el compañero Togliatti ha dicho que “es erróneo afirmar que el imperialismo es un simple tigre de papel, que se puede derrocar con una palmada”. También hay otras personas que aseveran que el imperialismo tiene hoy dientes nucleares, ¿como puede ser llamado así tigre de papel? El prejuicio está más lejos de la realidad que la ignorancia. En el caso de Togliatti y de ciertos otros compañeros, si no son ignorantes, están entonces distorsionando deliberadamente esta aseveración del Partido Comunista Chino. Equiparando al imperialismo y a todos los reaccionarios con tigres de papel, el com-

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pañero Mao Tse-Tung y los comunistas chinos consideran el problema como un todo y desde un punto de vista que se comprende a largo plazo, y desde ahí consideran la sustancia del problema. Lo que se quiere decir es que, en un último análisis, son las masas del pueblo las que son realmente potentes, no el imperialismo y los reaccionarios. (P. C. Chino, 1962. Cursivas nuestras)

Sin una consideración por sobre la sociología vulgar, las frases arriba transcritas no acreditarían nada más que ese populismo al que el pensamiento occidental reduce hoy los procesos latinoamericanos más interesantes (Burchardt, 2006). La cuestión planteada en la cita es, sin embargo, de una simpleza muy material: las fuerzas de lo caótico y discontinuo anteceden a cualquier orden. En efecto, la historia se revela inmediatamente más compleja que una sucesión/superposición de sistemas codificados, ella expone una producción constante y jalonada por acontecimientos intempestivos de diversas magnitudes. A esto remite la concepción marxista del trabajo como fuerza creadora. Por cierto que la vida social no es el triunfo constante de la creación productiva, pero, en tanto el orden social debe siempre “volver a producirse”, el análisis del proceso queda efectivamente ligado a los imaginarios sociales que producen-crean lo real. Estudiar las contradicciones en la dominación tiene entonces sentido únicamente al intentar disponer las fuerzas sociales que hagan estallar tales contradicciones; solo así puede comprenderse, por ejemplo, cómo el remezón zapatista de 1994 –aun con su esperable declive– se fundó en una práctica rebelde disolvente de la distinción entre lo político y lo social; rebeldía no como doctrina, sino como huella o condición material para poner en común las fuerzas orgánicas y los saberes sin fórmula de unas bases populares hasta entonces olvidadas Porque los pueblos no se equivocan jamás. Es por esto que nuestra organización, compuesta por compañeros como tú, como yo, sin prestigio nacional ni internacional, declaramos desde hoy y para siempre que somos los únicos responsables de los errores que se cometan, las victorias son ya de nuestro pueblo (…) Los enemigos que se oponen son muchos e inclusive una buena parte, y los más difíciles de erradicar, los tenemos dentro de nosotros mismos, son de origen subjetivo, es decir, pensamientos y costumbres que han llegado como producto de nuestra formación (…) Se combate callando o gritando, caminando o detenidos, si se hace de acuerdo con las pretensiones del pueblo. (Primer comunicado confidencial de las Fuerzas de Liberación Nacional [posterior EZLN], 1969).

Conocemos la creciente aversión de las izquierdas pro-parlamentarias y socialdemócratas por las esperanzas electorales que el zapatismo despertó y luego defraudó, pero no es posible dimensionar la materialidad inesencial de esta experiencia sin considerar aquella otra política de la trascendencia con la que antagoniza. El aparente ensalzamiento de la plebe planteado en el comunicado citado más arriba es parte

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indisoluble de una crítica práctica a las instituciones políticas de la modernidad occidental, particularmente a las promesas contractualistas de reducir la violencia social; aquella ya mencionada tesis de la excepcionalidad (Agamben, 2003 y 2004) vinculada con el llamado paradigma inmunitario de la política moderna. Esposito (2005) ha planteado que este paradigma inmunitario es una especie de relato que la modernidad hace de sí misma, donde el derecho solo se suspende en momentos excepcionales vinculados con su defensa y renovación virtuosa. Crítico de dicho relato, Agamben sostiene por su parte que esta “suspensión” es permanente y no excepcional, porque particularmente desde las posiciones subalternas se generan constantes amenazas sobre el orden defendido por el derecho, amenazas ante las cuales el derecho responde violándose a sí mismo con distintas intensidades. A los análisis fundados en la tesis de la excepcionalidad, buscaremos oponer un análisis biopolítico no restringido al poder que se ejerce sobre la vida, sino que un análisis estratégicamente atento al poder que se ejerce desde la vida. No se trata de un puro vitalismo nietzscheano (de corte aristocratizante), sino de la vida comprendida como aquella fuerza que desborda a los organismos, haciendo de ellos mucho más que la mera funcionalidad de sus órganos. Es entonces necesario analizar las organizaciones (o estratos) que intentan reticular los desbordes de esta vida. Vida que al no restringirse a lo orgánico revela su carácter inmediatamente social. Tales organizaciones reaccionarias han sido modernamente comprendidas bajo la designación de contrato o pacto social; su operación básica consiste en separar la política de ese carácter inmediatamente social de la vida humana. Pero, sea al suponerlo como algo ya dado en el pasado, o como una tarea para el futuro, el contrato social ha funcionado siempre como mito legitimador de un determinado orden. De hecho, ninguna vida humana ha experimentado ese supuesto momento en el que se instituyen sus vínculos con otras vidas humanas. En la vida concretamente social, el contrato se revela como pura abstracción. Abstracción que siempre deja a la vida humana colocada frente a una determinada institucionalidad. La literatura (en especial Kafka) ya ha parafraseado el modo en que la vida comparece siempre ante normas supuestamente instituidas para la con-vivencia, es decir, ante un orden jurídico proclamado capaz de reunir unas vidas que, de no ser por él, supuestamente se aniquilarían mutuamente, vidas que, en la práctica, son crecientemente subsumidas en tal orden jurídico. En definitiva el contractualismo democrático-burgués solo puede –en términos prácticos– tratar a la vida como una no-muerte, develando un concepto de la vida fundamentalmente restringido a su dimensión biológica (Agamben, 2002) o, más específicamente, orgánica, pues solamente asimilando los organismos a la vida social toda, se puede llegar a pensar que el prerrequisito de la vida consiste en instituciones jurídicas para su vinculación. Así se ha construido el metarrelato de lo social como obra de lo jurídico (la palabra metarrelato designa aquí mucho menos la célebre elaboración de Lyotard, que la operación lingüística efectiva de Norbert

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Lechner condenando el concepto de la política a esa “nunca acabada construcción del orden deseado”). Contrariamente a la voz griega bios, que indica la vida formada socialmente, el contractualismo supone –y finalmente crea– una vida desnuda que debe entonces ser cubierta, protegida por el derecho y sus soberanos asociados. Soberanía es, como ya hemos dicho, otro de los conceptos prácticos que puede ser eficientemente criticado por una historiografía marxista purgada del mecanicismo estadocéntrico. Esta historiografía teñida por la huella mariateguista-libertaria supondría en el caso chileno, y según nuestro punto de vista, un relanzamiento de la corriente conocida como historia desde abajo. 2. Chile: excepcionalismo historiográfico y renovación socialista (a) Las dislocaciones ideológicas del connotado historiador chileno Mario Góngora (que lo llevaron a apoyar el golpe de 1973, a pesar de haber sido comunista en su juventud) responden también a una mente compleja, capaz de abstraer y condensar una vasta región del pensamiento político chileno: En la inacabable crisis del siglo XX, que puede ser mirada desde tan diversos ángulos, hemos querido señalar en este ensayo tan solamente una, la crisis de la idea de Estado en Chile: es decir, la de una noción capital para nuestro pueblo, ya que es el Estado el que ha dado forma a nuestra nacionalidad. (Góngora, 1981:138).

Desde hace mucho, este postulado sobre la centralidad del estado en la historia poscolonial de Chile ha atravesado el campo político-ideológico en variadas direcciones, llegando a conformar el substrato con que comúnmente se interpreta el golpe militar de 1973 como una excepción producida, no por las restricciones que la institucionalidad estatal impone a las dinámicas sociales, sino por desvíos en el proceso evolutivo de aquella misma institucionalidad estatal. En una dimensión más macrohistórica, la tesis de la excepcionalidad sostiene implícitamente que las instituciones políticas modernas evolucionan sintetizando los intereses de las distintas clases sociales en proyectos nacionales integradores, de manera que cuando algún grupo impone violentamente sus intereses desafiando a este supuesto bien común, se configura el momento excepcional de una falla cuya solución no puede sino consistir en un re-ajuste de esas instituciones políticas modernas. En su dimensión sociológica, lleva irrecusablemente a considerar las dinámicas del cambio histórico-social en una fundamentación del reconocimiento en el lenguaje, como eje desde el cual propender hacia la reconciliación de la vida, o a sostenerlo median-

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te la afirmación de la necesaria conexión entre diferenciación sistémica e integración normativa, como punto irreversible en la dinámica de la complejidad social. En ambos casos, el excepcionalismo se configura como una narración ideológica de la historia del capitalismo, lo que no quiere decir que constituya un mero reflejo de relaciones sociales objetivas. Sostenemos que el pensamiento político excepcionalista ha sido a la vez resultado y condición del desarrollo capitalista. Es en su dimensión de ‘resultado’, que ha expresado las contradicciones y anomalías de ese desarrollo. De hecho la excepcionalidad aparece en la República romana como una manera de asegurar la continuidad del derecho en situaciones de guerra. En el caso de la historiografía chilena la tesis de la excepcionalidad presenta dos desarrollos que se entroncan en un marco histórico-cultural que sitúa a la violencia como una gesta civilizatoria. Tanto el planteamiento hispanista-civilizatorio, que toma como punto de partida el proceso de “conquista” en el marco de la conexión entre guerra y sociedad como un proceso sobre el que se funda la sociedad colonial (Jara, 1981), constituyendo una mediación histórica hacia la vida republicana; como el relato que toma como punto de partida la formación del Estado republicano y su devenir histórico concreto hasta su ruptura en el golpe de estado de 1973 (Góngora, 1981). En el caso de Álvaro Jara la violencia constituye un elemento fundante de la sociedad colonial, por cuanto permitió que la situación de guerra permanente en la frontera contra el pueblo mapuche modelara tanto el modo de apropiación y de acumulación de riquezas (expresado en la encomienda de indios), como la instituciones de vida en común (fundación del estado colonial). El establecimiento del modo de acumulación originaria de capital y la formación de las instituciones políticas de la sociedad colonial son dos puntos de suspensión del estado de guerra permanente en la frontera que, sin agotarlo, se continúan en la formación de la sociedad colonial. Así, Jara afirma que: (…) las formas bélicas no pueden ser ajenas al devenir del resto de la realidad histórica. En el Chile de los siglos XVI y XVII sería difícil no percibir la absorbente temática bélica que parece dominar toda la sociedad (…) Es un motivo constante dentro de la sociedad estructurada por la violencia, en cuya conformación el elemento conquistador jugó un rol decisivo (…) Violencia y sociedad se modifican recíprocamente en verdadera y mutua interacción. (Jara, 1983: 13-14).

Por su parte, en el caso de Góngora esta relación entre violencia y fundación del derecho puede ser cotejado con la caracterización que realiza del estado chileno y su guerra permanente (1971): (…) en el siglo XIX la guerra pasa a ser también un factor histórico capital: cada generación, podemos decir, vive una guerra [incluyendo] la guerra civil de 1891 [y

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sin] olvidar la inacabable “pequeña guerra” contra los araucanos [sic], con sus periódicas entradas en la selva y en los reductos indígenas, los incendios de siembras, los mil ardides de la “pequeña guerra”, que remata en un levantamiento mayor en 1880, que solo puede considerarse definitivamente aplastado en 1883. (Góngora, 1981: 9).

En ambos casos, la violencia es el eje desde el cual se genera una disputa con un enemigo, externo en el caso de Jara (para la caracterización de la formación de la sociedad colonial) y con un enemigo a la vez interno y externo, en el caso de Góngora (en la formación del estado y la sociedad republicana). Hemos sostenido que el orden defendido por el excepcionalismo corresponde con el de la acumulación capitalista y su promesa de bienestar; de modo que más interesante aún resulta constatar que, para Góngora, el héroe estatal por antonomasia, no es un militar, sino Diego Portales, un miembro del estrato de grandes mercaderes que, golpeado por la vida y los negocios, se abocó a una construcción autoritaria y clasista del estado chileno o, dicho marxistamente: se abocó a la construcción de un estado propiamente tal (en forma) (…) el régimen de Portales no era “impersonal” o abstracto, sino que el Gobierno tenía que apoyarse en una aristocracia –ciertamente una aristocracia americana, de terratenientes, no de señores feudales–; pero esa clase debería estar sujeta obedientemente al Gobierno, por su propio interés en el orden público. Lo “impersonal” es propio de una burguesía o de un proletariado industrial, nunca de una aristocracia (…) El régimen portaliano presupone que la aristocracia es la clase en que se identifica el rango social, y todos sus intereses anexos, con la cualidad moral de preferir el orden público al caos. (Góngora, 1981: 15-6).

Aun si aceptamos que en los siglos XIX y XX tuvo lugar una construcción democrática relativamente continua, ésta habría estado subordinada a la capacidad del estado para asegurar un orden adecuado a los negocios de los aristócratas en tanto que hombres de bien. El bien de estos hombres fue y es sin duda el capital que poseen en forma privada, es decir, altamente personalizada y de transmisión hereditaria, por lo que no cabe aquella oposición entre aristocracia latinoamericana y burguesía impersonal. Esta última no existe más que en las esperanzas meritocráticas de quienes reivindican la actoría política divergente de los llamados sectores medios. Así, la continuidad evolutiva es encargada por Góngora a una soberanía compartida entre los procesos jurídicos de constitución del estado y la formación de stock de capitales (privados y públicos) adecuados al desarrollo de la nación. Góngora sienta de este modo las bases para una explicación del golpe militar de 1973 en términos de una transgresión excepcionalmente profunda a esta soberanía estatal-nacional

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Si contemplamos en una mirada de conjunto el periodo que en Chile pensamos que se inicia en 1964, se percibe una diferencia muy fuerte con las décadas anteriores. A la política más empírica, a las combinaciones partidarias, a las tentativas de tratar el problema de la inflación desde puntos de vista puramente monetarios y fiscales, incluso a la tentativa de industrialización marcada por la CORFO –de largo alcance, pero parcial– sucede otro momento histórico, que denominamos “de las planificaciones globales”. El espíritu del tiempo tiende en todo el mundo a proponer utopías (o sea, grandes planificaciones) y a modelar conforme a ellas el futuro. Se quiere partir de cero, sin hacerse cargo ni de la idiosincrasia de los pueblos ni de sus tradiciones nacionales o universales (…) Se va produciendo una planetarialización o mundialización, cuyo resorte último es técnico-económico-masivo, no un alma. Suceden en Chile, durante este periodo “acontecimientos” que el sentimiento histórico vivió como decisivos: así lo fue el 11 de Septiembre de 1973, en que el país salió libre de la órbita de dominación soviética. Pero la civilización mundial de masas marcó muy pronto su sello. La política gira entre opciones marxistas a opciones neoliberales, entre las cuales existe en el fondo “la coincidencia de los opuestos”, ya que ambas proceden de una misma raíz, el pensamiento revolucionario del siglo XVIII y de los comienzos del siglo XIX. (Góngora, 1981: 137-8).

Góngora exhibe el argumento de la excepcionalidad en toda su extensión metafísico-trascendental: lo corriente sería la crisis de la institucionalidad y su declive por efectos del “pensamiento revolucionario”, sin embargo, esto no sería lo normal, pues, por debajo, subsistiría un orden soberano pujando por realizar el bien común. Esta tesis del golpe de 1973 como marca de una excepcionalidad o anormalidad histórica se ha abierto en abanico sobre las ciencias sociales chilenas, arrojando matices interpretativos acerca de los instantes de trasgresión y restitución del curso normal de la nación. Por ejemplo, para un historiador de derecha como Gonzalo Vial (1998), el golpe militar es el comienzo del fin de una excepción cuyas características fueron: 1) la polarización engendrada por los planes globales inaugurados en los sesenta por la Democracia Cristiana y radicalizados por la Unidad Popular (nacionalización, reforma agraria, etc.); 2) la crisis de seguridad debida al fuerte incremento de la violencia política asociada con la importación del foquismo o, como el mismo Vial apunta en un evidente anacronismo, el guevarismo; 3) la paranoia de una derecha asustada por la insolencia de un populacho exaltado; y, 4) la impostergable responsabilidad cívica de unas fuerzas armadas legalistas pero llamadas a terreno para controlar estos excesos. Desde una valoración liberal opuesta al autoritarismo portaliano, Alfredo Jocelyn-Holt (1997) ha repuesto, sin embargo, el mismo fondo explicativo de Góngora: la oleada mesiánico-revolucionarista iniciada en los 60 habría descompuesto incluso la sensatez de las clásicas familias capitalistas chilenas, llevándolas a reemplazar su función de dirigencia social, por pautas de exitismo globalizado. Esta

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visión ha implicado una peculiar causticidad de Jocelyn-Holt (1999) respecto de la llamada transición chilena a la democracia, ya que no aprecia en sus responsables ninguna posibilidad de retomar la senda dirigente del patriciado nacional, antes bien, un pastiche de autoritarismos, fatuidad arribista y mal gusto generalizado. Para Jocelyn-Holt la excepción chilena amenaza con hacerse permanente entroncando con un histórico déficit de capitalismo real. (b) Por otra parte, los llamados procesos de renovación del socialismo chileno también ocasionaron encuentros con la tesis de la excepcionalidad del golpe. Un caso remarcable es el de la sociología política cultivada por Manuel Antonio Garretón. Allí, el golpe aparece como una forma de corregir el clientelismo populista de una creciente cultura demandante de Estado desarrollada desde los años cincuenta en el país: La crisis y derrumbes democráticos, los regímenes autoritarios y las consolidaciones democráticas coinciden con la desarticulación de una determinada relación entre Estado, sistema de representación y sociedad civil, lo que llamamos la matriz sociopolítica, es decir, con los fenómenos de descomposición, intentos de rearticulación y dinámicas de surgimiento de una nueva matriz. (Garretón, 1995: 9).

Como ocurre con los sistemas de acción histórica en Alain Touraine, la matriz sociopolítica referida por Garretón está sujeta a cambios, pero jamás cesa de ser una determinada forma de “relación entre Estado, sistema de representación y sociedad civil”. Así, la dictadura resulta ser el punto de excepcionalidad en esos sistemas de representación, al mismo tiempo que una suerte de propedéutico para una sociedad que se dirigía, inexorablemente, a la crisis. Una experiencia necesaria de fracaso que permitirá obtener como aprendizaje las claves de una política secularizada –mesurada, realista, postclasista, modernizante– a la que deberá atenerse el Chile contemporáneo. Todo ello además como condición de posibilidad de la re-democratización nacional. Con esta interpretación, no debe extrañar que sea la Unidad Popular la que nos haya dirigido hacia la dictadura, la cual es percibida como necesaria disolución de la vieja matriz populista. Pero este inevitable desenlace también haría posible la construcción de una nueva articulación sociopolítica –de postdictadura– en la cual la sociedad civil será autónoma, protagónica y horizontal a unos partidos políticos también rediseñados para la ocasión. En general los discursos transicionales trasuntan una justificación profunda de la violencia estatal como excepción que, aunque no funda derecho directamente, crea las condiciones para que los agentes de ese derecho superen su crisis interior y re-encarrilen sus procesos evolutivos. Para todos ellos, el golpe fue el resultado de la convergencia entre un agotamiento del sistema de representación nacional

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(Valenzuela, 1989), una sobre-ideologización de la sociedad (Foxley, 1985), una polarización de la misma práctica política (Moulian, 1993) y la incapacidad de la elite chilena para administrar racionalmente las consecuencias del proceso de modernización por ella misma puesta en juego (Martínez y Tironi, 1985)6. Por supuesto que estos son importantes elementos a considerar, como también debieran serlo las relaciones entre la derecha chilena y el Pentágono, la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional y las estrategias del containment emanadas desde el norte, el agotamiento interno del capitalismo keynesiano con sus “30 gloriosos” años de crecimiento, y el inicio de la larga fase descendente con su necesaria flexibilización del patrón de acumulación nacional, poniendo las promesas de desarrollo generalizado en un perdurable paréntesis. Y, en un plano local, la paulatina desarticulación de la disciplinada relación de representación de los sectores populares por parte de los partidos políticos tradicionales y la pérdida de eficacia de la interpelación autoritaria hacia estos sectores, que empiezan a cansarse de los sostenidos abusos por parte de una “clase política” auto-referencial (nepotismo aberrante que goza de buena salud), autoritaria y oligárquica. Pero la propia administración de la transición democrática en Chile ha demostrado que no es liviandad ni falta de inteligencia lo que ocasiona el privilegio de las explicaciones excepcionalistas del golpe. Con un realismo –del que la crítica trivial suele mofarse, sin advertir que una parte importante de la población chilena ha aprendido a desearlo– se optó por el análisis de variables sobre las que podía proyectarse alguna capacidad de intervención inmediata. Probablemente el excepcionalismo transicional chileno reconozca que los desajustes internos de la Unidad Popular y la izquierda no fueron causa suficiente del golpe, pero es de lo que más directamente podían hacerse cargo quienes resultaron derrotados en aquella experiencia. En medio de tal derrota, el imperialismo, los dispositivos contrainsurgentes, o la hegemonía de los grupos económicos en alianza con el capital transnacional, pasaron a constituir datos de base en el análisis político de estos intelectuales, formas imperecederas cuya mención terminó resultándoles innecesaria y hasta naif. Además, en la memoria de estos intelectuales consta que, con mayor o menor fuerza, ellos mismos formaron parte de una oleada que cuestionó la institucionalidad política moderna subordinando su análisis al de la economía; oleada generacional que descreyó por lo tanto de la democracia considerándola un epifenómeno de intereses clasistas objetivos. Así, se comprende el modo en que estos intelectuales se incorporaron al diagnóstico europeo del fin del marxismo

6 Algunas otras interpretaciones que comparten este esquema son: Lechner (1970), Garretón (1987), Garretón y Moulian (1978 y 1983). Para un análisis del sistema partidario, ver Moulian (1993), Tironi (1984. Especialmente el capítulo intitulado “El quiebre de 1973”), también Drake y Jasik (compiladores 1993).

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(…) el fin del marxismo, entendido desde su punto de vista, era el fin de una época donde los conceptos y los valores de la política habían sido recubiertos o desviados por la afirmación de las necesidades económicas y de la lucha social. [Con el fin del marxismo] Volveríamos a encontrar el sentido del estar-juntos y las virtudes de la discusión del bien común, recordando con Aristóteles, Hannah Arendt y Leo Strauss que debían imponerse sobre las oscuras necesidades de la simple vida y la mezquindad de los fines utilitarios. (Rancière, 2006: 7-8. Cursivas nuestras).

Por su parte, Norbert Lechner (1984) en un capítulo central de La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado sugerentemente titulado “Especificando la política”, expone su ruptura con los automatismos y los determinismos históricos; pero, como veremos un poco más adelante, su escamoteo de la cuestión marxista lo remite a una concepción desembozadamente hobbesiana de la política: Los militares y los tecnócratas civiles comparten el mismo paradigma naturalista, enfocando a la sociedad como una naturaleza inerte sobre la cual se actúa aprovechando sus propias leyes naturales. Visto así, la política consiste en el conocimiento científico de la realidad social (la “ciencia económica”) y la adaptación de la voluntad a las necesidades. (Lechner, 1984: 151).

Desde esa ruptura Lechner abogaba por una relación constitutiva entre indeterminación o incertidumbre y práctica política: “construir esa continuidad en la discontinuidad, es la política; es lo que se opone a lo fugaz y fútil, ordenando la discontinuidad; lo que crea lo común, lo contiguo, lo contrario” (Lechner, 1984: 34). Pero lo que Lechner recela de esa época que Góngora llamaba de las “planificaciones globales”, es igualmente el cálculo excesivo respecto de las posibilidades efectivas de la política, la que finalmente circunscribe al problema de los miedos que estructuran la vida cotidiana. Así, refiriéndose a la Unidad Popular nos dice: Desde niño aprendí lo difícil que es construir amistades, rutinas, el mismo lenguaje [...] arraigarse en un barrio, vivir una ciudad. Por eso, en el último año de la unidad popular las tensiones se me hacen insoportables [...] (Lechner, 1984: 13)

La derrota efectiva, las culpas por la complicidad con el marxismo antilibertario reductor de la política y la especificación de ésta como neutralización de los miedos sociales, tornaron sencillamente intolerable conceder un espacio a la idea de que el estado democrático y el dictatorial constituyesen dos caras, de cualidades innegablemente distintas, pero acuñadas sobre una misma moneda: la de la acumulación tardocapitalista. Además, las revolucionarias y revolucionarios que sí realizaron dicho análisis respondieron consecuentemente a la fase más cruda de esta larga guerra negada por el excepcionalismo, sin embargo, los tiempos requeridos para la basificación popular de su respuesta consecuente imposibilitaron resolver las inmediatas

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asimetrías del combate. Allí no solo se sacrificaron muchas vidas –a pesar de lo cual la basificación de la guerra verificó avances sin los cuales no podrían explicarse los alzamientos sociales chilenos conocidos como Protestas Populares entre 1983 y 1987– sino que lo hicieron de maneras tan atroces, que tornaron aun más inconcebible –para las nuevas especificaciones de la política– un íntimo vínculo entre aquel ‘presente’ dictatorial y el idealizado pasado democrático. De esta manera, la democracia y su institucionalidad política moderna pasaron de ser consideradas “la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás”, a la máxima conquista de la evolución “entre” los seres humanos, en cuyo altar podían y pueden ser sacrificadas todas las demás consideraciones: Para que a la mayoría de la gente no la avasalle la globalización hay que tener un Estado [y] un momento en que la gente se representará al Estado, y eso se llama partidos políticos; que sean un desastre o no (...) eso ya es otro problema (...) Lo que sucede actualmente en Brasil es porque se creó un partido. Para que la gente no se matara se creó el Estado, y para que el Estado no controlara todo, se crearon los partidos políticos (...) es el problema que tiene hoy la sociedad civil argentina, que dice ‘que se vayan todos’ ¿Qué se vayan todos? ¿Y los reemplace quién? (...) eso lo entendió Chiapas [donde] la primera de las 21 [demandas] era elecciones libres (...) pensemos en el caso boliviano (...) nunca había ocurrido en América Latina que hubiera una mayoría de indígenas en el Parlamento, eso es porque tomaron en serio la idea de partido, porque tomaron en serio la idea de Parlamento, de Congreso, de democracia burguesa (…) Todo el resto, el basismo, no les creo nada, como tampoco creo en una afirmación solamente del mesianismo político partidario. (Garretón, 2003: 3. Las cursivas son nuestras)

Garretón especifica aquí el hobbesianismo ya adelantado por Lechner; esa noción fundacional de la modernidad donde lo primero que los hombres tendrían en común (su comunismo primitivo) es “la capacidad de darse muerte unos a otros” (“Para que la gente no se matara se creó el Estado…”). En este punto surge la conexión con el anunciado paradigma inmunitario de la modernidad, y la crítica más o menos eficiente presentada por la historiografía. 3. Historia desde abajo: asedio a la inmunización transicional Según las miradas humanistas provenientes del siglo XVI, la mutación cultural desarrollada a partir de entonces habría implicado pasar desde el antiguo destino trágico y desde el medieval centramiento en la providencia, a la apropiación social de las fuerzas históricas. Pero esta apropiación de la historia implicaba transformar el vínculo entre los seres humanos, sumidos hasta entonces en una indiferenciación comunitarista incapaz de generar funciones útiles al cambio social. En medio de las

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expectativas despertadas por la modernidad, sus teóricos avizoraron el filo caótico y violento de la simple vida-en-común, la communitas (Esposito, 2003), que, de cierto modo, pervive en el “basismo” nombrado por Garretón. Aun en la consideración antihobbesiana sostenida por Rousseau respecto de una naturaleza humana buena, ésta se pervertiría con su entrada en las relaciones sociales, las que estarían entonces originariamente cargadas de violencia. Así se configura la necesidad de otra violencia, legitimada jurídicamente y organizada estatalmente, para contener aquella violencia originaria (Esposito, 2005). La vida humana debe ser protegida por la ley, pero no se trata de la vida humana en su modo específico de existencia (del griego bios, o vida formada en la polis, o formasde-vida), sino de la vida biológica (del griego zoe, o unidad de vida de una especie, o vida desnuda del individuo que debe ser inmunizado de la comunidad en la que está obligado a vivir (Agamben, 2003; Esposito, 2005)). De acuerdo a Roberto Esposito, en la interpretación moderna que Giambattista Vico realizó de “Las Traquinias” de Sófocles, la confrontación entre violencia comunal y violencia jurídico-estatal quedaría presentada en la lucha de Hércules contra Neso el Centauro: Contra el caos y la desmesura de un mundo sin forma, Hércules fija barreras y límites que encauzan la violencia indiferenciada. De este modo, a la originaria turbatio sanguinis –a la comunidad de las mujeres y a la confusión de las semillas– le sucede la distinción necesaria para que se constituya la autoridad política (…) Sólo cuando los hombre se inmunizan del contagio de una relación sin límites pueden dar vida a una sociedad política (…) A partir de entonces, la historia del hombre se desenvuelve en la dialéctica irresuelta entre los dos polos contrapuestos de caos y orden, identidad y diferencia, comunidad e inmunidad… (Esposito, 2005: 65).

La ley no puede hacerse cumplir sino mediante esa violencia que ha sido puesta bajo su cuidado. Se designa entonces al paradigma moderno como inmunitario porque pretende neutralizar la violencia con violencia, lo que entronca con el excepcionalismo, toda vez que el principio que legitima a una de estas violencias –la del soberano– no puede defenderse de cualquier violencia exterior a ella sin dejar de suspender el derecho. Del modo más general, se entiende por soberanía la capacidad de una entidad de decidir por sí misma y no simplemente escoger entre alternativas ya dadas; sociológicamente se trataría de la acción en cuanto margen que desborda la situación. El nudo se presenta al definir el locus de esta acción soberana. El pensamiento moderno lo sitúa en la conciencia subjetiva, mientras que el pensamiento crítico radical lo sitúa en el agenciamiento relacional. Las recriminaciones recíprocas son por ahora irrebasables, incluso en el análisis realista de Archer (2009): a la filosofía de la conciencia se le critica su ethos individualista, mientras que a la noción de agencia colectiva se le reprocha diluir todo en la situación. Como

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sea, el derecho requiere de un soberano que lo funde y defienda, así sea “la voluntad general”, pero este soberano no puede ser tal si permanece en todo momento determinado por una normatividad (situación). A eso imputamos que en las teorías antagonistas se aprecie una vigorosa aunque implícita oposición entre las nociones de soberanía y poder constituyente. Esta última se funda en la diferencia entre representar y co-instituir el mundo; corresponde entonces a la actividad práctica e inmediatamente política de las agencias relacionales (Negri, 1994). La soberanía, en cambio, queda ligada, en el mejor de los casos, a la proliferación ciudadanista de sujetos de derecho (protegidos por el derecho a condición de permanecer sujetados a su violencia legal), y en el peor, a la figura del dictador, como personaje decisivo de una excepción que suspende el derecho para salvarlo de la imposición unilateral de intereses por parte de un grupo social, es decir, salvar a la derecho de los efectos de la lucha de clases en sentido amplio. La historia concreta del paradigma inmunitario moderno muestra que, al quedar basada en la soberanía estatal y no en la soberanía popular ejercida como poder constituyente, la defensa de la vida, no puede hacerse sin una dosis de muerte: Por último Hércules entra en furor al mancharse con la sangre de Neso el Centauro, en rigor el monstruo de las plebes de dos naturalezas discordantes, cual dice Livio, o sea, entre los furores civiles comunica los connubios de la plebe, y se contamina de la plebeya sangre, y de esta suerte muere (En: Esposito, 2005: 71, citando el texto de Giambattista Vico “Scienza Nuova”. Cursivas nuestras).

Esta muerte de Hércules en “Las Traquinias” puede considerarse como la oportunidad de una nueva relación entre communitas e inmunitas, o como el instante de excepción histórica que dura hasta la llegada de un nuevo Héroe soberano encarnando el orden. Si bien este juego biopolítico –que finalmente expone el ascenso contemporáneo de una tanatopolítica globalizada (Esposito, 2004)– ha sido inicialmente enunciado desde los centros productores de lo occidental, sus experimentaciones radicales y sus condiciones materiales han sido generadas desde las periferias subalternas (Rodríguez Freire, 2007). Resulta bastante claro que para gran parte del excepcionalismo chileno, “la transición” es el nuevo héroe colectivo cuya tarea política fundamental consiste en la reposición simbólica de certidumbres que expulsen al miedo de la vida colectiva. En este punto se verifica un problema de enorme complejidad: quienes se hacen cargo del tema del miedo y las incertidumbres subjetivas pasan a componer un campo que critica el pragmatismo político que ha hegemonizado la transición, sin embargo, lejos de constituir una ruptura democrática, lo que hacen es actualizar las nociones platónicas y aristocratizantes de la política como obra de los virtuosos. Ahora bien, lo primero que debiera importar a las memorias revolucionarias, es que aquí existe un campo crítico con el cual dialogar, presentando las tensiones y pro-

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poniendo los cortes radicales que se desprenden de la crítica efectiva al paradigma excepcionalista. Es en este marco interno donde se se ha desarrollado gran parte de las discusiones críticas. Por ejemplo, lo que Brunner (1998) y Lechner discutieron en su momento, era si esta reducción de los miedos e incertidumbres sociales debía o no asumir sacrificialmente los efectos de la modernización capitalista con arreglo al nuevo patrón flexible de acumulación mundial. Particularmente en la obra de Lechner se percibe la conciencia lúcida de que la política, como producción de certidumbre, está siempre en una precaria condición. Sin embargo, entender esta precariedad como límite de la política, es una opción, a su vez política, que no solo fusiona a Brunner y Lechner en torno a la valoración del orden, sino que reconduce a Lechner hasta nociones de resonancias tan metafísicas y conservadoras como las presentadas por Góngora: El orden es la encarnación de la vida. Es el ser. El ser se presenta bajo forma de orden y no podemos concebirlo sino como forma ordenada. El orden es la vida enfrentada a la muerte [...] Por el horror al abismo, el orden se llena de esperanzas. Fuera del orden no hay salvación; los cambios se hacen dentro del orden [...] El orden es seguridad: la vida es no-muerte, el orden es no-caos. La seguridad es lo dado, lo finito, lo presente. La seguridad gana al miedo. Para tener seguridad hay que desterrar el miedo. Para tener orden hay que destruir el desorden. La vida mata a la muerte. A través de la muerte. El orden tiene que matar para vivir, para sobrevivir (Lechner, 1984: 73).

Pero ya hemos visto cómo las propias tesis excepcionalistas del golpe militar declaran que, desde mediados del siglo XX, las sensaciones y pensamientos de la sociedad chilena bascularon hacia una radicalización cuestionadora de la política institucionalizada. La historiografía marxista contribuyó a ese clinamen, mostrando la imbricación del desarrollo institucional chileno con sus procesos de acumulación capitalista (Salazar, 2003). También hemos visto que los análisis excepcionalistas articulados después del golpe, no necesitaron negar esta imbricación; simplemente la impusieron como el sustrato natural de la nación o la consideraron inabordable para las nuevas especificaciones de la política7. Esta última actitud, propia de la llamada renovación socialista, ha sido considerada, sin más, como una traición por la mayor parte de las memorias revolucionarias chilenas, postergando así, tanto una explicación de las condiciones históricas que la hicieron posible, como una crítica a la relación entre teoría y facticidad cultivada por las fuerzas revolucionarias.

7 Cfr.: “Por último, Chile tiene un límite tal vez impasable frente a la ofensiva contra el Estado. Este país ha tenido que defender a lo largo de todo este siglo lo ganado territorialmente en el siglo pasado, frente a los países limítrofes. Esto requiere de una política exterior y de unas Fuerzas Armadas poderosas; se trata de un deber que está por encima de todo cálculo económico y de toda ideología individualista”. (Góngora, 1981: 137).

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En medio de la proscripción académica del marxismo, se hizo prácticamente imposible encontrar un tono para que las autocríticas de fondo no fueran consideradas una forma de hacer el juego al enemigo (Garretón, 2000: 57-108). Hasta hoy, muchos sienten que la lealtad con las memorias de lucha anteriores al golpe consiste en resguardar el uso y la jerarquía de sus categorías “clásicas”. Uno de los intentos por traspasar estas constricciones es el que condujo a la formación de la corriente conocida en principio como Nueva Historia o Historia social popular. Sin embargo, una vista al conjunto de intelectuales y obras adscritos a esta forma de hacer y comprender la historia nos lleva a identificar dos características contradictorias: (a) la heterogeneidad de sus nociones epistemológicas, metodológicas y políticas (siempre dentro del impreciso campo de las izquierdas), y (b) la referencia central –con todos los mátices de la crítica– al trabajo del historiador Gabriel Salazar. Precisamente por este rasgo contradictorio es que preferimos la denominación más tardíamente propuesta por Salazar (2003) de Historia desde abajo; así resolvemos en parte la injusticia de no referirnos a historiadores como María Angélica Illanes, Julio Pinto, Leonardo León y Mario Garcés, quienes han alimentado con fuerza propia y colectiva prácticamente todas las cuestiones a las que aludiremos en adelante. Desde comienzos de los ochenta Gabriel Salazar alteró algunos términos de la crítica al excepcionalismo mostrando no solo las determinaciones económicas sobre la institucionalidad política, sino principalmente la anterioridad de las fuerzas sociales subalternas respecto de las fuerzas jurídico-estatales (…) ya no es posible pensar Chile sólo como derivación declinante de un supuesto pasado clásico, descalificando las fuerzas creadoras radicadas en cada presente sucesivo (…) por un camino u otro, se descubre que es la misma clase dominante chilena la que es a la vez portaliana y antiportaliana y la que concluye por destruir su Estado ideal, entre 1860 y 1891. (…) si un Estado es, en última instancia, una estructuración de poder sobre un territorio dado y en un tiempo determinado, ese Estado no es más que lo que grupos sociales concretos pudieron construir en términos de poder social, cualesquiera hayan sido sus ideas puras al respecto (…) El poder es una función social y un proceso histórico, no una entidad metafísica actuando intemporalmente sobre la sociedad. El Estado puede tener, sin lugar a dudas, más poder material que ningún otro sector social, pero ello no quiere decir que ese poder se identifique con el poder de la sociedad para realizar la historia que ella determine. (Salazar, 1983: 196, 198 y 200. Las cursivas son nuestras).

Salazar también señaló que el marxismo chileno y latinoamericano se había extenuado en sus brillantes develamientos de la ideología dominante, pero sin contribuir mayormente al desarrollo de poderes sociales capaces de afrontar la dominación develada (el incierto removimiento de falsas conciencias sería más un resultado de las experiencias concretas de liberación que una tarea directa de las teorías revo-

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lucionarias) (Salazar, 1982). El centramiento en la descripción de macroestructuras –observó Salazar– dejó sin teorizar las condiciones inmediatas de la lucha, imponiéndose el voluntarismo partisano o la apuesta por una victoria estructural del campo socialista soviético. Estas ideas –fundamentales para una crítica eficiente del excepcionalismo– solo se difundieron en Chile al volver Salazar de su exilio y publicarse el libro Labradores, peones y proletarios (Salazar, 1985). Como para muchas y muchos de quienes realizaron estudios universitarios de historia durante la dictadura, y como para algunos militantes radicalizados, este texto implicó el remezón de una nueva memoria antagonista, donde las clases populares ya no se bandeaban simplemente entre ser víctimas doloridas de la acumulación capitalista y ser sujetos “activos” de su redistribución estatalmente mediada. Como militantes fuimos particularmente impactados por la tesis de la campesinización expuesta en el Labradores... Hasta su publicación, era parte del sentido común intelectual concebir al inquilinaje como primera formación de las clases populares chilenas. Se trataba de un sujeto adecuado para las interpretaciones tanto de izquierda como de derecha. Para las primeras, los inquilinos resumían la figura de una clase dominada, brutalmente apartada de cualquier libertad efectiva y de la más mínima noción de justicia; en tanto que, para las segundas, representaban un campesinado incapaz de valerse por sus medios y, por tanto, leal a la figura paternal del hacendado. Salazar, que ha sido reiteradamente acusado de esencialismo, parte sin embargo de una sospecha completamente material. Frente a la particular coyuntura de fines del siglo XVII, cuando un terremoto en Perú transformó a la pobre provincia de Chile en permanente abastecedor de trigo para aquel riquísimo centro colonial, Salazar se pregunta: ¿pudo la estructura de la hacienda ganadera chilena, no solo reconvertirse tan rápidamente en triguera, sino que además hacerlo con una eficiencia tal que le permitió asegurar por más de un siglo el mercado peruano? Salazar, que había colaborado con Góngora en su investigación sobre el origen del inquilinaje en Chile Central, no desmintió la tesis que mostraba a los inquilinos como una categoría de mestizos y españoles empobrecidos desvinculados de la institución de la encomienda indígena (Góngora, 1960); sin embargo, un manejo del materialismo histórico que no tuvo para qué colocar al centro de su escritura, le permitió percatarse que las poco dinámicas relaciones productivas del inquilinaje eran incapaces de explicar la transformación antes descrita (como bien explicitó en otro lugar (Salazar, 2002)). Bajo esta mirada los datos empíricos se abrieron para mostrar que nada significativo había ocurrido con los inquilinos a fines del XVII. Enseguida, María Angélica Illanes (1990) hendió el paradigma de la conciencia proletaria, al demostrar que la resistencia de los pobres a la explotación vía proletarización implicó conductas disfuncionales al capitalismo bastante más irreductibles que aquellas posteriormente fundadas en la contradicción ganancia/salario. Salazar (1985 y 1991) además aportó significativa evidencia de que la resistencia se fundó

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principalmente en la dimensión de sobrevivencia productiva de los pobres, y no en su sujeción hacendal al patrón. ¿Se diluye en este análisis la lucha de clases? Solo si se maneja una pobre noción de ella (como puro pathos de los sometidos). Salazar e Illanes muestran una especificidad de la lucha de clases en América Latina, donde la introducción de relaciones capitalistas moderno-periféricas ha resultado ser el techo y no el suelo soportante para el desarrollo de la cooperación productiva; cooperación esta última, que configura la fuente histórica fundamental para antagonizar con la destrucción de valores-riqueza implicada en el principio de competencia capitalista (ver la crisis en curso más allá del mito que responsabiliza a la “codicia” de “algunos” capitalistas “irregulados”). En paralelo, la idea de una política popular propuesta por Mario Garcés (2003) como nueva clave para leer el paso del siglo XIX al XX, vino a mostrar que la interpelación y la disputa por el estado desde las clases subalternas se hizo –al menos en principio– por medios distintos a los de la propia institucionalidad estatal. Garcés derivó así un concepto de politización más amplio, comprendiendo el juego completo entre las interpelaciones clasistas al estado y los despliegues autorreferenciales de la sociabilidad popular. He aquí una cuestión de máxima relevancia, ya que, como veremos enseguida, una de las críticas de izquierda actualmente dirigidas a la historia desde abajo sostiene que ésta habría distraído al movimiento popular del estratégico problema del estado. Garcés propuso la heurística de lo que podría denominarse como un conatus no estatal por el estado, en la prespectiva de lo que contemporáneamente la Izquierda Libertaria chilena designa como una legítima Ruptura Democrática. Es decir, un conjunto de procesos que sin perder de vista lo que es posible hacer desde el estado, dejan en segundo plano la delegación y representación del poder desbrozando ese espacio para el acontecimiento constituyente de la soberanía popular efectiva. Lo que Garcés hizo entonces –no sin tensiones posteriores– fue dar pie a una genealogía positiva del Poder Popular. En 1988, estos enfoques eran aquilatados por las militancias de izquierda revolucionaria, al mismo tiempo que el pensamiento excepcionalista postulaba el triunfo del NO en el plebiscito como expresión paradigmática de los movimientos sociales chilenos. Se sostenía que los actores sociales habían surgido al hacerse autoconcientes de sus intereses más generales (paso del momento reivindicativo al político) y al desarrollar una lógica demandante de democracia. ¿Cuál democracia?, era la pregunta en que algunos confiaron para reactivar conciencias de clase en estos actores populares8. Sin embargo, ya se entreveían aquí, dos sociologismos falsamente confrontados: el de la acción social entendida como despliegue de un sentido subjetivamente fundado; y el sociologismo seudomarxista de una conciencia de clase directamente producida por intereses objetivos. En ambos casos se toma 8 Fue la actitud de casi todos los restos de la Izquierda Revolucionaria, excepto del Movimiento Juvenil Lautaro que apostó por una subjetivación expresiva de los jóvenes, aunque sus resultados tampoco fueron muy diferentes.

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como punto de arranque a subjetividades idénticas a sí mismas, constituyendo un centro lógico que supuestamente les asegura capacidades de actuar estratégica y coherentemente. En la historia desde abajo se encontró un escape a tales sociologismos de la acción (sin desconocer que en su nivel meramente descriptivo, ellos reproducían un estado real de cosas). La nueva historia social chilena identificaba fuerzas de largo plazo que, no obstante, estaban en condiciones de ser actualizadas mediante una adecuada gestión revolucionaria. Lo teóricamente interesante consistía –según nuestra comprensión– en que las fuerzas sociales identificadas por la historia desde abajo no requerían partir de ninguna lógica trascendental, de ningún sentido subjetivo preconstituido para generar encuentros y articulaciones de subjetividades imprevisibles, ritmos y territorios muy distintos a aquellos en los que comenzaba a cimentarse la llamada transición. Pero esta lectura de la historia desde abajo implicaba ya algunas tensiones con respecto a ella misma. Junto a nuestras expectativas, planteamos nuestros reparos. Yerros y el humo de la academia determinaron que esos reparos fueran mal recibidos, o derechamente no recibidos. Entender mal, como señala Miguel Mazzeo, en el campo de la izquierda es una forma de conocimiento (Mazzeo, 2014). Llegamos a considerar que la nueva historia social chilena no acabaría su ruptura; la vimos naufragar en consensos superficiales que evidenciaban, a nuestro juicio, la necesidad de mayores esfuerzos teóricos y de refuerzos directos desde las militancias nuevas y las históricas. 4. Biopolítica y faltas de política. Del subalterno indio a la rebeldía peonal en Chile Diez o quince años después –permanentemente reenviados a la historia desde abajo por nuestros estudios acerca del antagonismo– nos ha sorprendido que demandas similares a las nuestras estén derivando en un cierto olvido de las concepciones con que la Izquierda Revolucionaria cuestionó los preceptos jurídico-contractualistas, estadocéntricos y excepcionalista de la política tradicional y su expresión estalinista al interior de las izquierdas. Es para nosotros el caso del destacado historiador y compañero Sergio Grez, cuyas investigaciones sobre la formación del movimiento popular chileno en el siglo XIX y, más recientemente sobre el anarquismo en Chile, son sin duda contribuciones relevantes para fustigar el excepcionalismo chileno aunque de manera opaca9. El año 2005 apareció un artículo de Grez dedicado a 9 En el trabajo sobre la formación del movimiento libertario en Chile Grez afirmará: “el aporte de los libertarios en el desarrollo de estas nuevas organizaciones de la clase obrera fue inobjetable, pero su surgimiento era un hito más perfilado y decidido de una evolución que se había iniciado lentamente, casi un par de décadas antes de que se fundara entre los obreros de imprenta de Santiago la primera sociedad de resistencia”. Tesis evolutiva

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comentar las formas de narrar la historia de los sectores populares y, más acotadamente, sobre sus diferencias con la práctica historiográfica de Salazar. El centro de la disputa estaría, según Grez, en las diferencias entre su concepción de la historia popular con “política incluida” y la de Salazar, que estaría en falta de política (Grez, 2005). Este tipo de consideraciones al interior de la historiografía marxista ha sido ya discutida incluso poniendo en juego relaciones de dominación y subalternidad tan nítidas, como las sostenidas entre las formaciones sociales de la India e Inglaterra, al respecto el historiador indio Rinahit Guha ha observado: Hobsbawm ha escrito sobre la “gente pre-política” y las “poblaciones pre-políticas”. Usa este término una y otra vez […] y lo que entiende por tales expresiones (la cursiva es mía) queda claro en la siguiente frase: “El bandido es un fenómeno prepolítico y su fuerza es inversamente proporcional a la del revolucionarismo organizado y a la del socialismo o comunismo”. Y encuentra que “las formas tradicionales del descontento campesino” han estado “virtualmente desprovistas de cualquier ideología, organización o programa explícitos”. En general, la “gente pre-política” se define como los “que todavía no han encontrado, o están justamente empezando a encontrar, un lenguaje específico en que expresar sus aspiraciones sobre el mundo. (Guha, 2002: 100).

En la página anterior a la recién citada, Guha había esbozado una explicación de lo que él considera el error de Hobsbawm y otros historiadores marxistas europeos: El error deriva, por lo general, de dos nociones casi intercambiables de organización y política. Lo consciente se supone en esta perspectiva que es idéntico a lo que está organizado en el sentido que tiene, en primer lugar, un “liderazgo consciente”, en segundo lugar, algún objetivo bien definido, y en tercer lugar, un programa que especifica [sus] componentes como objetivos particulares, así como los medios para alcanzarlos […] La misma ecuación se escribe a veces con la política substituyendo la organización. Para aquellos que lo usan, este recurso ofrece la ventaja especial de identificar la conciencia con sus propios ideales y normas políticos, de forma que la actividad de las masas que no cumplen estas condiciones puede caracterizarse como inconsciente, y por lo tanto prepolítica. (Guha, 2002: 99. Cursivas nuestras).

Como desde Chile lo ha señalado Raúl Rodríguez Freire (2008), los principales detractores de Guha en la India son historiadores que, vinculados al Partido Comunista indio, rechazan la pérdida de centralidad del proletariado clásico en los trabajos del Grupo de Estudios Subalternos de la India fundado por Guha. Esta tradición subortodoxa desecha la categoría gramsciana de subalterno, la que en barruntada más adelante con una noción de la racionalidad política que le corresponde. Así, el movimiento libertario será leído por Grez como una expresión prepolítica del movimiento popular chileno. (Grez, 2007: 78).

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América Latina encuentra un claro correlato con la de oprimido trabajada por Paulo Freire, como ha señalado recientemente Modenessi (2010). Nuestra idea es que ambas categorías están pre-anudadas por lo que al comienzo de este trabajo presentamos como la huella mariateguista libertaria. Nos parece que Guha habita esta huella, con algunos reparos, mientras que la reacción del PC indio es equivalente a la crítica que Grez realiza al Labradores de Salazar: En este libro no están las luchas políticas, económicas o ideológicas de “los de abajo”. Consistentemente, Salazar dejó de lado la intervención popular en las asambleas, guerras civiles, elecciones y partidos políticos, participación muy real en ese siglo (aunque a menudo subordinada a las elites). Tampoco mencionó las organizaciones ni las ideologías y postulados políticos en que se apoyaron los trabajadores para construir sus proyectos y conquistar sus reivindicaciones; sólo tangencialmente aparecen algunas de sus peticiones colectivas frente a las autoridades y los patrones. La dimensión movimientista y política del “pueblo llano” no es considerada en Labradores, peones y proletarios (Grez, 2005: 22-23).

Después de reiterar el esquema estándar de cómo la historiografía evolucionó desde el conservadurismo de los historiadores tradicionales, hasta el marxismo de los historiadores obreristas, y cómo en los ochenta, gracias a una nueva generación de jóvenes investigadores, se constituyó una última etapa de esta trayectoria en la historia desde abajo, Grez señala cómo la influencia impolítica de la Escuela de los Anales –sus criterios generalistas y de largo plazo– reaparecería, por sobre la historiografía social de la escuela inglesa (E. P. Thompson, Eric Hobsbawm, etc.) en la concepción indiferenciada del “pueblo llano” que está en el corazón del libro de Salazar. En el fondo, Salazar cometería un error de apreciación. Su decisión de rescatar a los olvidados de siempre es aplaudida y celebrada; sin embargo, al desconsiderar las relaciones entre el mundo popular y el mundo que Grez entiende como el de la política efectiva, Salazar hipostasiaría, romantizaría y desatendería la historia matizada de unos sujetos colectivos que no estaban al margen de la interpelación institucional, lugar en el que se definirían sus luchas, reivindicaciones y conquistas: La resistencia popular a la proletarización y a la subordinación se expresan en esta obra [Labradores] bajo las formas de “rebeldías primitivas” (como la huida, el nomadismo, el bandidaje, la “cangalla” minera, los desacatos individuales, etc.) o mediante el desarrollo de la “empresarialidad” popular […] Sin embargo, cabe preguntarse si los proyectos individuales de vida, la camaradería y la rebeldía peonal (aun suponiendo que esta fuese masiva, permanente y no matizada por actitudes y estrategias de acomodo y subordinación) constituyen por sí solas expresiones políticas. (Grez, 2005: 23).

El supuesto olvido voluntario por parte de Salazar de la dimensión política en la

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sociedad popular no sería, según Grez, un simple caso de archivo incompleto, sino, más delicadamente, de incapacidad para trascender un cierto romanticismo en la valoración de las rebeldías primitivas. Sin embargo, aún cuando el mismo Grez reconoce que para Salazar dichas rebeldías no generaron un proyecto sólido y alternativo al Estado nacional, sino una negatividad sin proyección, todavía: “[la] vida rebelde en sí contendría recompensas sensuales lo suficientemente grandes como para no aspirar a la politización plena y continuar, en cambio, una rebeldía que de acuerdo con esa opción debiera ser eterna, según se deduce del planteamiento de Salazar y de su concepción microfísica y descentralizada del poder difuso y disperso en la sociedad y no centralizado en el Estado como cristalización de la hegemonía de la clase dominante” (Grez, 2005: 24). Casi demás resulta decir que Grez verifica aquí una coincidencia fundamental entre la historiografía de Salazar y los –mal tratados– trabajos de Michel Foucault; lo que a nuestro juicio habla de una extensión particular de la huella mariateguista libertaria (Rodríguez Freire, 2007 y 2008). Más allá de las atribuciones ignorantes que suelen hacerse, Foucault jamás secundó la idea posmoderna de que ya no existirían puntos de condensación en las luchas contra el poder. En tanto intelectual de izquierda, Foucault fue bastante humilde en sus pretensiones: no presupuso que la disciplina en que se formó fuera la llamada a resolver los grandes problemas de la política revolucionaria. Desde la filosofía escribió libros transdisciplinarios rigurosos, complejos, eruditos, y, muchas veces, exuberantes sobre la formación de las subjetividades; pero buscar directamente en ellos un programa político revolucionario, ha conducido en ocasiones al rencor y la mala fe, incluso cuando son leídos con ojos distintos a los del humanismo moderno. Los rendimientos políticos radicales de esta humildad en el pensar foucaultiano quedan normalmente de manifiesto en sus intervenciones menos profesionales, sus entrevistas, sus diálogos con militantes y otros intelectuales; como cuando conversando con Gilles Deleuze planteaba: (...) si se lucha contra el poder, entonces todos aquellos sobre los que se ejerce el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden comprometerse en la lucha allí donde se encuentran y a partir de su actividad (o pasividad) propia. Comprometiéndose en esta lucha que es la suya, de la que conocen perfectamente el blanco y de la que pueden determinar el método, entran en el proceso revolucionario. Como aliados ciertamente del proletariado ya que, si el poder se ejerce tal como se ejerce, es ciertamente para mantener la explotación capitalista. Sirven realmente la causa de la revolución proletaria luchando precisamente allí donde la opresión se ejerce sobre ellos. Las mujeres, los prisioneros, los soldados, los enfermos en los hospitales, los homosexuales han abierto en este momento [comienzos de los 70] una lucha específica contra la forma particular de poder, de imposición, de control que se ejerce sobre ellos. Estas luchas forman parte actualmente del movimiento revolucionario, a condición de que sean radicales, sin compromisos ni reformismos, sin tentativas para modelar el mismo poder consi-

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guiendo como máximo un cambio de titular. Y estos movimientos están unidos al movimiento revolucionario del proletariado mismo en la medida en que él ha de combatir todos los controles e imposiciones que reproducen en todas partes el mismo poder. (Foucault & Deleuze, 1972: 86).

Por cierto que una pregunta política relevante sería ¿qué fuerzas podrían hacer que esas luchas no se restringieran a reformar los poderes que confrontan? En tal sentido falta enfatizar que si “se lucha contra el poder como abuso”, se hace desde otro poder eventualmente antagonista que no está condenado por siempre a la negatividad, pero que, para sortearla, requiere que su eventual triunfo político revolucionario lo mantenga lejos de tal abuso. Es además efectivo, como dice Grez, que desde una concepción “del poder difuso y disperso en la sociedad” y no cristalizado en el estado, se puede deducir la propuesta de una rebeldía ‘sin fin’ (altisonancias siempre evitadas por Foucault); pero, en la huella que intentamos desbrozar aquí, esta propuesta no consiste en la autocontemplación de la rebeldía, sino en hacer de ella un mecanismo para lograr que el conflicto social trascienda la escala reivindicativa, en un movimiento donde la bases populares se politicen desde sí mismas, templando su poder constituyente, de modo que su organización jamás pueda reducirse –como ocurre en las lógicas leninistas– a una burocratización indefectiblemente orientada a los compromisos con algún orden social. La formulación de Grez sobre la eternitud de la vida rebelde que aflora en el Labradores… no tendría entonces por qué oponerse al desarrollo organizativo de las luchas de clases, sobre todo cuando las revoluciones del siglo XX mostraron que la conquista de la igualdad y el bienestar popular no se aseguran superando dialécticamente la rebeldía social hacia una exterioridad política, sino elevando la potencia política ínsita en la rebeldía social (otro elemento fundamental de la huella mariateguista libertaria del Poder Popular). La historiografía marxista ha mostrado cómo el pueblo puede –gestionando sus circunstancias– romper el miedo natural a la represión, identificar intereses, organizarse, desarrollar estrategias de acción, programas de cambio social y máquinas de lucha organizadas vertical, horizontal y oblicuamente. Pero solo la huella mariateguista libertaria ha propiciado la búsqueda historiográfica de fuerzas que destruyan la burocratización interna de los procesos organizativos recién mencionados, la oligarquización intelectual y material de sus dirigencias, y las infinitas formas con que las lógicas del capital cooptan y recuperan en su propio beneficio los cambios impulsados por estas luchas populares. Lo decimos entonces desde el borde y con sinceridad: los y las historiadoras tienen menos razones que Foucault para ser humildes respecto de la relación de su disciplina con la política revolucionaria; pero están desafiados a asumirlo con generosidad, de otro modo, normalmente terminan hipotecando esta potencia en sociologismos de escaso valor como el siguiente:

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[…] la perspectiva de Gabriel Salazar […] liga ciertas prácticas sociales e individuales de sectores populares o, más bien, marginales a un proyecto rebelde, “prácticas” que uno podría identificar, bajo una mirada moralista burguesa, como los vicios vigentes en los sectores marginales: la “sociabilidad” de la droga, del alcohol, deserción educacional, narcotráfico, etc. Salazar tiende a ver allí algún tipo de resistencia. Y es juntamente el mismo tipo de resistencia de los sectores populares del siglo XIX que dibuja en Labradores, peones y proletarios, basada en desbandes de la sexualidad, excesos de bebidas, bandidaje, etc. (…). Me parece que Salazar ofrece un modelo de resistencia popular que uno podría hacer calzar sin mayores modificaciones en los grupos marginales contemporáneos, en este sentido uno podría preguntarse ¿en qué medida se efectúa aquí una labor crítica?, ¿no se ofrecen más bien las bases de un conformismo efectuado en una ficción de resistencia?, ¿qué podríamos esperar de un sector que reafirma sus prácticas de siempre sabiendo ahora que son revolucionarias? A mi juicio es esto justamente lo que necesita la actual estrategia del poder para seguir funcionando y reproduciéndose sin problemas y sin oposición: que los sectores marginales no vean su vida cotidiana como la expresión de los efectos de la dominación, de la explotación, sino como prácticas autónomas, rebeldes, por las que se realizaría un proyecto del cual no son conscientes. (Aravena, 2007: 8).

Dado que el carácter inmanente de las diseminaciones mariateguistas-libertarias no asegura necesariamente progresos en la politización, desde hace mucho tiempo hemos venido alertando que su huella arriesga provocar alguna eventual folclorización de la historicidad popular; sin embargo, ocluir el análisis de tal historicidad del modo “moralista burgués” anunciado –y jamás abandonado– por Aravena, no encuentra ninguna explicación en el desarrollo de alguna política. No se puede confundir la lucha contra la miseria del mundo, con una lucha dieciochesca contra el carácter rebelde de las formas de vida humilde. Es más, aun con sus vacilaciones y recaídas ciudadanistas, la historia desde abajo ha contribuido a recordarnos aquella huella mayor en la que la Primera Internacional inscribió el imaginario de una “sociedad comunal del futuro”, “el sueño de una cosa”, cuyas mujeres y hombres no podrían ser sino humildes y rebeldes. A pesar de lo anterior, se ha llegado a decir que la historia desde abajo ha ocasionado un daño “incluso violento” al movimiento popular chileno; resultado por lo demás, de “una crítica furibunda a la historia social y política del mundo popular”10. Sin teoría, sin esas armas de la crítica propuestas por Marx, la potencia historiográfica corre el riesgo de naufragar. Cuánta razón le concederíamos al recién citado Igor Goicovich si su interpelación fuera más al grano: la historia desde abajo ha tendido a rebajar la importancia de las orgánicas revolucionarias en tanto piezas clave del movimiento popular chileno, y sobre todo su papel en la lucha contra la 10

Registro de audio exposición de Igor Goicovich “III Jornadas de Historia Social”, 20 de septiembre de 2006.

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dictadura. Pero, por otra parte, nos preguntamos, cómo es que los críticos de la historia desde abajo olvidan con tanta facilidad que las orgánicas revolucionarias chilenas se constituyeron libertariamente en los sesenta criticando prácticas de la izquierda tradicional completamente silenciadas por sus historiadores oficialmente marxistas. La crítica libertaria del MIR, por ejemplo, al burocratismo estalinista y al derivado reformismo del PC, fue sin duda “furibunda”, y qué decir respecto del obrerismo abstruso sustentado por cierto trotskismo de alma bella11. Así, las demandas de la memoria revolucionaria a un historiador ex militante del MIR como Gabriel Salazar, no deberían partir sino de la ruptura de este historiador con las complacencias y mecanicismos del reformismo historiográfico. Es en nombre de esta ruptura –y no en su contra– que podría impugnársele la relativa invisibilización de las orgánicas revolucionarias chilenas. Además, hay que comprender lo delicada que es una operación historiogáfica que analice las orgánicas revolucionarias vinculadas al movimiento popular chileno durante la dictadura. Aparecerá allí la historia libertaria de luchas innegablemente heroicas de toda la militancia, pero también una cierta historia intelectual –muchas veces lamentable y microfascista– de las dirigencias miristas asentadas en Cuba. Nos resulta entonces claro que, con algún complemento teórico, tanto la historia desde abajo, como sus nuevos detractores, podrían comprender que el problema de la memoria revolucionaria y de todas sus huellas no es tanto, o tan solo, el de una narración ajustada a la particularidad de algún movimiento popular, sino el de la calibración de fuerzas que puedan sustentarlo en cualquier futuro. Es esta necesidad de volver a empuñar las “armas de la crítica” –como algo complementario al trabajo en los archivos– la que late en el llamado a La Política realizado por Grez, sin embargo, su respuesta sigue un camino convencionalmente conocido, mucho más propio del liberalismo que de las memorias revolucionarias La historia que tenga al peonaje como protagonista central podrá considerar –como efectivamente lo hace Salazar– lo político, esto es, un campo globalizador y multifacético abierto a todos los aspectos de gestión de lo real y de las relaciones de poder, pero no la política (de “los de abajo”), actividad específica y –aparentemente– bien delimitada. (Grez, 2005: 24. Cursivas del autor).

Esta distinción introducida entre otros por Elías Canetti respecto de lo político y la política es ya un clásico para la politología, especialmente en su inscripción

11 La relación entre el trotskismo y el MIR chileno es extremadamente compleja. Desde dentro y desde fuera, y cada uno a su tiempo, ha tenido la razón: los jóvenes penquistas que rompieron con un trotskismo anclado a una concepción industrialista del proletariado; y, más tarde, los trotskistas que –entre otras tendencias internas del MIR como la que el propio Gabriel Salazar encabezó junto a Víctor Toro del exilio mirista ‘no cubano’- intentaron detener el aparatismo y el reformismo armado de la dirigencia exterior mirista. Al respecto, véase el reciente libro a publicar por el joven historiador Matías Ortiz (2014).

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excepcionalista transicional, permitiendo una apertura restringida y condicionada de los movimientos sociales a esta esfera “bien delimitada” de la política. A tal efecto, puede observarse el uso práctico que de esta misma distinción hace Manuel A. Garretón: Hoy día la preocupación por la “sociedad buena” define nuevas formas de ciudadanía […] que abarcan las relaciones de género, locales y regionales, medioambientales, comunicacionales. Todo ello define el nuevo contenido de “lo” político y le exige a la actividad política que se haga cargo. (Garretón, 2000: 206. Cursivas nuestras).

Al adherir a la distinción de lo político y la política, Grez contribuye a reintroducir aquel excepcionalismo de la matriz estatal y jurídica; la valiente historiografía en la que muestra que solo las luchas de los oprimidos interrumpen el permanente funcionamiento del derecho en favor de los dominadores, sufre un desliz al privilegiar la comparación confrontacional con Salazar en vez de la evidente posibilidad de articulación mediante un trabajo teórico a la vez más fino y más radical. 5. Subalternidad, insurrección y hegemonía. Una noción incompleta de biopoder (a) Gayatri Chakravorty Spivak (historiadora también india que ha trabajado con el antes mencionado Ranahit Guha) ha llevado toda la cuestión de las condensaciones del poder a un terreno teórico que podría coincidir con el de los críticos de la historia desde abajo. La autora denuncia que el “extravagante fenómeno del ‘maoísmo’ intelectual francés” (Spivak, 1999: 760-1) –paradojalmente filiado con la huella mariateguista libertaria que seguimos en este artículo– recae profundamente en lo que dice combatir: la idea de un sujeto soberano, que, en el caso del diálogo entre Foucault y Deleuze citado en parte en la página 121 de este artículo, correspondería a “los trabajadores”. Así, para Spivak “la referencia por parte de Deleuze a la lucha de los trabajadores resulta, de igual modo, problemática; se trata, evidentemente, de una genuflexión” (Spivak, 1999: 761), gesto que impediría a los autores darse cuenta que en su propio discurso “el sujeto empírico, el sujeto intencional, el yo inclusive, deben asumirse constantemente en cálculos radicales” (Spivak, 1999: 765). Todo lo que Spivak plantea aquí tiene relación con el lugar que el concepto de ideología pasa a ocupar en esa huella de la que hemos hablado. Ya que estos filósofos parecen estar obligados a rechazar todos los argumentos que nombren el concepto de ideología, al considerarlos esquemáticos más que textuales, de igual manera se ven obligados a establecer una oposición mecánicamente esque-

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mática entre el interés y el deseo, cuando su catacresis inevitablemente trasmina hacia el terreno “empírico”. Por tanto, estos pensadores se alinean con los sociólogos burgueses que llenan el lugar de la ideología con un “inconsciente” continuista o con una “cultura” parasubjetiva (…) (Spivak, 1999: 766).

Efectivamente la diseminación francesa o sesentayochista (que lleva y trae desde huellas como la mariateguista libertaria) entraña una concepción del poder en el que su atributo fundamental es crear el mundo y no solo ocultárselo engañosamente a los dominados; pero no se trata de una denegación, sino de un nuevo y potente flanco abierto en contra de la ideología y las construcciones hegemónicas dominantes; algo de lo cual el propio Theodor Adorno ya había dado lúcida cuenta: […] no es que las personas se traguen el cuento, como se suele decir, (…) es que desean que les engañen (…) sienten que sus vidas serían completamente insoportables si dejaran de aferrarse a satisfacciones que no lo son en absoluto. (Citado en Bauman, 2007: 220).

En esta dimensión es donde el poder revela la otra cara de su difuminación social, angulando otra respuesta para lo que al comienzo de este trabajo consideramos como una pregunta ontológica relevante para las memorias revolucionarias12: el poder está en todas partes, partiendo por los cuerpos portadores de vida; pero no en todas partes puede funcionar como dominación. Como de otras formas hemos planteado en variados pasajes de este trabajo, siempre antes de la dominación hay algo a dominar, y no se puede emprender la derrota de la dominación sin haber considerado ese “algo”, ese saber-poder en estado de potencia que exige ser reconocido como inicio de un escrutinio rigurosamente político. Tampoco se trata de reducir toda la política a ese algo informe. Justamente para evitar la extenuación de una política revolucionaria, se requiere un eterno retorno, un movimiento helicoidal como el concebido por Vico, que, en sus diversas escalas, pase una y otra vez por todos esos puntos que anteceden a la dominación. En este punto ya bastante más elaborado también se produce el encuentro entre los trabajos de Salazar y los de Foucault: el pueblo que hace historia no consiste sólo en los sin-propiedad atacando a los conpropiedad, los sin-estado utilizando el estado de otros, los que son nada destruyendo [a] los que son todo (...) el pueblo no está forzado a ocupar sólo los espacios (...) 12 Recordamos parte del párrafo: “¿en qué consiste históricamente aquella fuerza que arrastra a la dominación hasta el punto de sus contradicciones internas? o ¿qué provoca las mutaciones en un orden cuya tendencia basal es la reproducción? Si los órdenes de dominación se suceden para abolir cada vez más eficazmente la fuerza común de las muchedumbres ¿es acaso que esta sucesión obedece a un impulso de eterno auto-perfeccionamiento fundamentalmente interior al orden dominante?” (Supra).

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apropiados de su enemigo, sino, fundamentalmente, los espacios libres e inalienables del pueblo mismo. Es decir, no debe trabajar tanto o sólo la idea de expropiar al enemigo, como el desarrollo de su propia afirmación como pueblo (...) lo que significa iniciar la construcción de la sociedad popular hoy. (Salazar & AR, 1982: 7 y 8). […] lo que los intelectuales han descubierto después de la avalancha reciente, es que las masas no tienen necesidad de ellos para saber, saben claramente, perfectamente, mucho mejor que ellos; y lo afirman extremadamente bien. Pero existe un sistema de poder que obstaculiza, que prohíbe, que invalida ese discurso y ese saber (...) ellos mismos, intelectuales, forman parte de ese sistema de poder, la idea que son los agentes de la ‘conciencia’ y del discurso pertenece a este sistema. (Foucault & Deleuze, 1972: 79).

Pero Spivak lee aquí una nueva suplantación: intelectuales que hablan por el subalterno –en lugar de éste– precisamente en el acto de plantear que el subalterno puede hablar por sí mismo. A pesar de su punto de partida derridiano –“en el momento en que surge la cuestión ‘¿cómo no hablar?’ (how to avoid speaking?), es ya demasiado tarde […] el lenguaje ha comenzado sin nosotros, en nosotros antes que nosotros” (Derrida, 1989: 13)– Spivak pasa por alto la hendidura del lenguaje –que hace “agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale, cuando todos sabemos que es una manera de hablar” (Deleuze & Guattari, 2004: 9)– y prefiere intentar una huella propia, la huella de un esencialismo estratégico en el que, sin embargo, la plebe deja de estar libertariamente definida al lado de las fuerzas descodificadas y –en nombre de una teoría de la ideología (tomando esta categoría por el summum del marxismo)– vuelve el subalterno a aparecer como medida de dispersión de un orden anterior, el orden de la élite En los estudios sobre el subalterno, a causa de la violencia en la inscripción imperialista, epistémica, social y disciplinaria, un proyecto entendido en términos esencialistas debe circular en una radical práctica textual de las diferencias. El objeto de la investigación del grupo, ni siquiera en el caso de la gente como tal, sino en el de la flotante zona intermedia de la elite-subalterna regional, es una desviación de un ideal –la gente o subalterno– que está, él mismo, definido como una diferencia de la elite. La investigación se orienta hacia esta estructura, un predicamento bastante diferente de la autodiagnosticada transparencia del intelectual radical del Primer Mundo. (Spivak, 1999: 785-6).

Para nosotros es bastante claro que formulaciones como las de Mao iniciando la fallida revolución cultural, o las formulaciones de la educación popular, o las de la investigación acción latinoamericana, o las de los estudios subalternos, dejan un plano abierto (esa hendidura de lo inasible en el lenguaje) que indica la continuidad de la política; pues nadie ha dicho que por formular el lugar de la plebe en el

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saber-poder, la política queda ya colmada y el Poder Popular establecido. Es esto lo que los nuevos detractores de la historia desde abajo sobrepujan o desechan sin preocuparse por la integral necesidad revolucionaria de una nueva política; lo mismo que Spivak, cuando ve en Foucault y Deleuze pretensiones de colmar la política revolucionaria13. (b) El avance de la historia desde abajo en la generación de una propuesta que cuestionase las tesis excepcionalistas, ha resultado parcialmente ocluido en algunos trabajos de Gabriel Salazar. Si bien en la práctica teórica e investigativa de Salazar se avanzó en la afirmación de la historicidad de las formas de vida humildes, como un lugar desde donde generar un biopoder estratégicamente asentado en al amplio espectro de la subalternidad, subyace en ellos una superposición de las nociones de autonomía e insurgencia, como todo el continente de la política revolucionaria. Para resolverlo no habría que retroceder a una crítica que subsume el lugar de la plebe en la política a una acción codificada y orientada racionalmente por una evaluación de medios/fin de carácter instrumental en el entorno diseñado por la hegemonía burguesa (como lo hacen Grez y Aravena), sino en el desarrollo de un tipo de racionalidad que, gestionada desde el lugar de la subalternidad, enuncie y desarrolle la fuerza social que, partiendo de su capacidad de insurgir desde la vida (bios), favorezca una politización en perspectiva de ruptura contrahegemónica. A nuestro juicio, siguiendo las reflexiones de Modenesi (2010), la superposición entre autonomía e insurgencia se origina en una falta de atención sobre la teoría de la hegemonía en Gramsci. Lo que podemos rastrear tanto en el mencionado Ranajit Guha como en Partha Chatteerje (1997) y que, directa o indirectamente, se presentan también en los trabajos de Gabriel Salazar. La noción de clases y grupos subalternos en la teoría gramsciana de la hegemonía se constituye como un modo específico de designar el lugar ocupado en la contienda política y en la generación de los sentidos comunes por parte de la plebe. Es un modo específico de referirse

13 “La agencia de clase total (si existiera tal cosa) –indica Spivak– no constituye una transformación ideológica de la consciousness a nivel cero, una identidad deseosa de agentes y los intereses de éstos, o sea, la identidad cuya ausencia preocupa a Foucault y a Deleuze. Es una sustitución contestataria, así como una apropiación (un complemento) de algo que, para empezar, resulta ‘artificial’: ‘condiciones económicas, así como de existencia que separan su forma de vida’. Las formulaciones de Marx muestran un respeto cauteloso por la naciente crítica al individuo y a la agencia de la subjetividad colectiva. El proyecto para formar una consciousness de clase y la transformación de la consciousness son, para él, procesos discontinuos. El análogo actual sería la “alfabetización trasnacional” como opuesto al potencial movilizador del culturalismo no examinado. De manera contraria, las invocaciones contemporáneas a la “economía de la libido”, así como el deseo, al igual que el interés determinante, combinados con la política práctica de los oprimidos (bajo el capital socializado) que hablan por sí mismos, restauran la categoría de un sujeto soberano dentro de la misma teoría que más profundamente parece cuestionarlo” (Spivak, 1999: 776).

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en el marco de la sociedad burguesa a la acción de ruptura de las fuerzas sociales plebeyas. En ese sentido, la subalternidad como una posición queda atrapada en el círculo de la hegemonía, incluso en los momentos de insurgencia, como advierte Gramsci en el parágrafo 2 del tomo 25 de sus cuadernos de la cárcel. §2. Criterios metódicos. La historia de los grupos subalternos es necesariamente disgregada y episódica. Es indudable que, en la actividad histórica de estos grupos, hay una tendencia a la unificación aunque sea en planos provisionales, pero esta tendencia es continuamente quebrada por la iniciativa de los grupos dominantes y puede ser por lo tanto demostrada a ciclo histórico terminado, si se concluye con un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, aun cuando se rebelan e insurgen: solo la victoria «permanente» quiebra, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad, incluso cuando aparecen triunfantes, los grupos subalternos solo están en estado de defensa alarmada (citado por Modenessi, 2010: 33).

Esta consideración sobre que los grupos subalternos lo son incluso en los momentos de insurgencia y que, aun en estos momentos, contestan las iniciativas de los grupos dominantes, puede conciliarse con nuestras observaciones previas, cuando más adelante Gramsci señala que la funcionalidad de una insurgencia no bien calibrada es, precisamente, el reforzamiento de la unidad de la clase dominante en el Estado. “La unidad histórica de las clases dirigentes se realiza en el Estado (…) pero no hay que creer que tal unidad sea puramente jurídica y política, aunque esa forma de unidad tenga su importancia y no solamente formal: la unidad fundamental, por su concreción, es el resultado de las relaciones orgánicas entre Estado o sociedad política y “sociedad civil”. (Modenessi, 2010: 34). Esta consideración de la hegemonía como el espacio de articulación del consenso entre sociedad civil y Estado está en la base de la lectura acomodaticia de la sociología transitológica chilena y de la lectura a “medias” que realizan la renovación socialista de la dimensión del reconocimiento, en desmedro de las prácticas de fuerza. El sostenimiento de una lectura a medias de la hegemonía, basada sólo en la dimensión del reconocimiento, como dirección ético-moral en el campo de la sociedad civil, en oposición a la acción coactiva del aparato de estado, justifica una lectura socialdemócrata y una posición autonomista radical. En el caso de la lectura socialdemócrata, la consideración del campo del reconocimiento como espacio de la generación de lo específicamente político, lleva a desalojar las prácticas de fuerzas como elementos de politización y favorece el desplazamiento del antagonismo como un elemento propio de la politización subalterna. Así, frente a la inmunización de la violencia de la vida por acción del derecho, se nos presenta la inmunización de las prácticas de la politización subalterna en las mismas instituciones que busca criticar. Se constituye en una negación de las formas de vida humilde que insurgen la ordenación del derecho, porque su campo político

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presupone la normalización y codificación de las prácticas sociales en los mismos parámetros que busca transformar. Precisamente esa noción de la hegemonía como mero consenso y acción formal en los parámetros codificados de la fundación del Estado de derecho lleva a reintroducir la tesis excepcionalista en la consideración de la subalternidad y la democracia. Favorece un tipo de acción política que centra el campo de la lucha en el plano del reconocimiento consensuado en el lenguaje y cuyas únicas herramientas de acción están, por el mismo motivo, circunscritas al campo de acción institucionalizado, presentado como síntesis de los diversos intereses de clases. Cuando por el contrario, como bien señala Carlos Nelson Coutinho (2011), la hegemonía presenta muchos modos de articulación que dependerán del tipo de práctica político-insurgente que las clases subalternas desarrollen (Coutinho, 2011), sobre la base de: 1) la crítica a la fundación del Estado de derecho; 2) la afirmación de un lugar desde el saber-poder de lo subalterno se ajusta estratégicamente como un poder –desde la vida; 3) y, finalmente, planteando un componente de ruptura democrática del orden hegemónico para co-instituir un poder de mando social controlado democráticamente por el demos. En ese sentido, una consideración de la hegemonía stricto sensu contiene una dimensión de la fuerza y otra del reconocimiento y que no reduce la racionalidad política de los subalternos a la pura dimensión del reconocimiento. Deja de considerar a la democracia como un dispositivo de gubernamentalidad y nos la coloca como práctica de ruptura y de construcción de poder popular. (Calveiro, 2006: 359-382). Esta crítica es la que la historiografía de Salazar adscribe de modo acertado y que, en los mismos términos propuestos por la tradición marxista, nos lleva al menos a desconfiar de la lectura liberal de Grez y Aravena. Sin embargo, en algunos momentos de la teorización de Salazar, la mención hacia el poder constituyente como una expresión concreta de la potencia insurgente del pueblo llano expresa inmediatamente una política autónoma. Esa consideración recursiva de la autonomía y la insurgencia desaloja las mediaciones estrictamente políticas, que permiten la proyección de las fuerzas basales de lo informe en una perspectiva de ruptura con el orden hegemónico. Esto también aparece en Chatterjee cuando señala que “la conciencia campesina, entonces es una unidad contradictoria de dos aspectos: en uno, el campesino está subordinado, acepta la realidad inmediata de las relaciones de poder que lo dominan y explotan; en el otro, rechaza estas condiciones de subordinación y afirma su autonomía” (Chatterjee,1997: 205). Esta circularidad del argumento se completa cuando, con posterioridad, Guha superpone subalternidad y autonomía. Subalternidad es “una esfera autónoma, dado que no se originaba en la política de la elite, ni su existencia dependía de ella” (Guha, 1997: 26). Lamentablemente de esta superposición se desprende una aporía y se ocluye el sentido radical que conlleva la crítica a la excepcionalidad de la violencia del Estado de derecho y su anclaje en el paradigma inmunitario de la política: si lo subalterno es autónomo y lo insurgente subalterno, toda insurgencia será inmediatamente autónoma.

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En el caso de Gabriel Salazar, esta aporía ingresa inadvertidamente en su concepción de la “subjetividad subalterna”, de la “Ciencia Política Popular” y en su noción de “Poder Popular Constituyente”. Cuando Salazar analiza la subjetividad subalterna se deprende la identificación de una identidad originaria que se acopla a la conciencia social y que, si bien se cruza con la huella mariateguista libertaria, redunda en una apreciación humanista. “La conciencia social e identidad del bajo pueblo tiende así a girar en círculos en torno a una misma y larga identidad, cargándose una y otra vez de energía rebelde” (Salazar, 2009a: 141). Punto de vista que luego reitera en otro trabajo: “La memoria social giró sobre sí misma, moviéndose desde la identidad de supervivencia (a la dictadura neoliberal) a la convivencia autónoma y reproyección histórica (durante la democracia neoliberal) (Salazar, 2009b: 162). Y con mayor énfasis al momento de comprender la historicidad de las acciones del bajo pueblo durante los ochenta: (…) la séptima etapa es aquella que se inicia con el «desencanto» y el «no estar ni ahí», y continúa con el desarrollo cultural, lento y progresivo, de las autonomías identitarias y proyectuales que se venían fraguando desde que se hizo (brutalmente) evidente al desocialización del Estado y la no solidaridad del mercado. Ese desarrollo tiene, sin duda, muchas facetas. La que interesa aquí es, sobre todo, la tendencia de los grupos populares no sólo a dejar registro oral y escrito de sus testimonios individuales, sino a investigar y sistematizar sus recuerdos colectivos. Pues esa tendencia revela su conciencia de que, ahora, ellos están en la historia, que son sujetos ya actores de ella y que son constructores de la realidad inmediata de sus vidas (…) Saben que su capacidad para construir su propia realidad pone de relieve, de un modo u otro, su poder social e histórico. La conciencia de ese poder, por mínimo y personal que sea, ha acrecentado su asertividad cultural, de un lado, y de otro, ha acentuado su autonomía y su desinterés al sistema democrático vigente (Salazar, 2009 b: 162).

En estos dos artículos Salazar trasluce un concepto de lo popular cuya relación con la autonomía pasa por una búsqueda de sí, quedando limitado por una consideración humanista radical: La ciencia popular investiga y promueve la acción desde abajo hacia arriba y desde dentro y hacia afuera. Como tal (…) es la ciencia de la historicidad; es decir, de la acción y movimiento emanado desde el interior de la identidad social. Como tal, cada sujeto popular e incluso cada ciudadano puede y debe ser su propio historiador, su propio científico social y su propio político. Como ser humano y sujeto cognoscente, en lo que se refiere a la vida y al soberanía, ese sujeto no tiene que delegar nada, ni tiene que ser sustituido ni usurpado por ningún tipo de representantes”. (Salazar, 2009 b: 1776).

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En relación a un trabajo posterior: los sujetos sociales no sólo tienen capacidad reflexiva y poder histórico constructivo por el hecho de ser abusados por alguna de las fases del capitalismo, sino también, y sobre todo, por su calidad de seres humanos, que, en función de su identidad genérica, pueden y deben concebir una sociedad socializada y humanizada (Salazar 2009c: 259. Cursivas nuestras).

Cabe señalar, eso sí, que esta entrada desde una óptica humanista no obstaculiza la empresa de la historiografía de Salazar, como bien demostraremos más adelante. Reconocer sus límites es también al mismo tiempo reconocer sus aciertos, para proyectarlos en una perspectiva crítico-política. Nos permite reconocer el lugar de estas relaciones que anteceden todo orden como lugar de relaciones de biopoder historizadas. 6. biopoder: el poder del pueblo como fuerza de ruptura Mientras en Chile Grez ha blandido el concepto de La Política sin considerar sus planos siempre incompletos y, de este modo, ha permanecido más cerca de las reacciones tipo PC, Spivak aborda esta incompletitud sin nombrar La Política. Uno de sus problemas compartidos consiste en imputarle a las nociones del poder descentrado la pretensión de una politización inmediata. Por el contrario, advertimos que autores como Foucault, con su concepto de biopolítica, o Deleuze & Guattari, con el de micropolítica, e incluso Salazar (1990) con el de Ciencia Política Popular, no aspiran a una definición general de La Política, sino que describen, ora determinadas inflexiones históricamente acontecidas en ella, ora la misma inalienabilidad social de su operatoria que ya en “La cuestión Judía” Marx había proclamado como genuino horizonte de emancipación. Sólo cuando el hombre individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y se convierte, como hombre individual, en ser genérico, en su trabajo individual y en sus relaciones individuales; sólo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus “forces propres” como fuerzas sociales y cuando, por tanto, no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de fuerza política, sólo entonces se lleva a cabo la emancipación humana. (Marx, 1844: online sin paginar. Todos los destacados son nuestros).

Entonces, biopolítica, micropolítica, ciencia política popular, no pueden ser comprendidos como los nombres actuales de la política, sino como descripciones del lugar que en ella ocupan las relaciones de poder historizadas. Precisamente porque estas relaciones están diferencialmente distribuidas en todo el plexo social

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(efectivamente con condensaciones, pero no únicamente en el estado como indica Grez), es que resulta insatisfactorio identificar completamente a la política con ellas. Sergio Grez seguramente coincide con una declaración como la de Jaques Rancière (1996) respecto a que la asimilación de la política y las relaciones de poder es lo que “permitió a una cierta buena voluntad militante asegurar que ‘todo es político’ porque en todos lados hay relaciones de poder. A partir de allí pueden compartirse la visión sombría de un poder presente en todas partes y en todo momento, la visión heroica de la política como resistencia o la visión lúdica de los espacios afirmativos creados por quienes dan la espalda a la política y a sus juegos de poder [pero] si todo es político, nada lo es (…)” (Ranciére, 1996: 48). Pero hay una gran diferencia de Ranciére con respecto a Grez y Spivak; aquél avanza en una definición que no solo desnuda los convencionalismos estatales, sino que los separa radicalmente a través de una distinción entre política y policía: Generalmente se denomina política al conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y los sistemas de legitimación de esa distribución. Propongo dar otro nombre a esta distribución y al sistema de estas legitimaciones. Propongo llamarlo policía. […] Michel Foucault demostró que, como técnica de gobierno, la policía definida por los autores de los siglos XVII y XVIII se extendía a todo lo que concierne al “hombre” y su “felicidad”. La baja policía [represiva] no es más que una forma particular de un orden más general […] Es la debilidad y no la fuerza de este orden la que en ciertos Estados hace crecer la baja policía. Es lo que atestigua a contrario la evolución de las sociedades occidentales que hace de lo policial un elemento de un dispositivo social donde se anudan lo médico, lo asistencial y lo cultural. En él, lo policial está consagrado a convertirse en consejero y animador tanto como agente del orden público […] la policía es en su esencia, la ley, generalmente implícita, que define la parte o la ausencia de parte de las partes […] la policía es primeramente un orden de los cuerpos […] que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido […] La policía no es tanto un “disciplinamiento” de los cuerpos como una regla de su aparecer, una configuración de las ocupaciones y las propiedades de los espacios donde esas ocupaciones se distribuyen (Rancière, 1996: 43-44. Todos los destacados son nuestros).

Es en las vicisitudes del orden social ateniense donde Rancière ubica las contradicciones que a la larga determinan la política como una eventualidad, y no como una constante derivada de la administración público-estatal o de las relaciones de poder. En Atenas el orden que crea a las clases sociales lo hace sobre el principio

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de que existirían partes o grupos sociales a los que, en justicia, les corresponderían retribuciones diferenciadas, dadas sus también diferenciadas “axiai” (propiedades o funciones): “Aristóteles enumera tres [de estas axiai]: la riqueza de los pocos (los oligoi); la virtud o la excelencia (areté) que da su nombre a los mejores (aristoi); y la libertad (la eleutheria) que pertenece al pueblo (demos)” (Rancière, 1996: 19). El cuerpo social ateniense tendría entonces sus órganos definidos. Lo que cada uno de estos órganos puede o no hacer sería la materia de la justicia; lo justo sería que cada uno de ellos no tome “más de lo que corresponde de las cosas ventajosas ni menos de las desventajosas” (Rancière, 1996:18), lo que a su vez supondría medir en una misma escala la capacidad política de estas tres distintas propiedades o axiai. Pero, en tal sentido, solo la riqueza se presta a una medida clara y de base aritmética, por lo que finalmente los aristoi y los oligoi convocan conjuntamente este principio en términos de ser la “gente de bien” por contraposición a la gente común que no tiene bienes. Por su parte, la libertad del demos es una propiedad claramente vacía y que se establece por negación: lo propio del demos ateniense no es su libertad por la simple autoctonía. El demos no es libre por haber nacido en Atenas, sino porque el legislador Solón abolió la esclavitud por deudas; es decir que el demos es libre no por una cualidad endógena afirmativa, sino que sencillamente es libre porque a los ricos NO les bastó con su poder de tales para reducir al demos a la esclavitud. La axiai o propiedad propuesta al demos para allegarlo al orden no presenta solo el gran inconveniente de consistir en una libertad vacía (¿libre para gozar de qué?), sino que paradójicamente no le es algo propio (la paradoja consiste entonces en ser una propiedad impropia), pues se trata ante todo del resultado de unas luchas colectivas, de un logro común, donde lo común opera como el antagónico radical de lo propio. Aun vacía, la libertad es para el demos lo que modernamente llamaríamos una conquista social, es decir, un cambio agenciado por el desacuerdo y el litigio expropiativo. Como toda conquista social, la libertad vacía del demos es a la vez un punto de llegada y una base para nuevas luchas sociales. Se trata en rigor de la Ruptura Democrática en la que se inscribe nuestra huella mariateguista libertaria. En este caso paradigmático, la Ruptura Democrática implicada en la libertad del demos abre hacia dos tipos luchas que a nuestro juicio componen la política incluso más allá de la distinción con la policía propuesta por Rancière: a) Unas luchas contrahechas en tanto intentan apropiarse de contenidos para esa libertad, lo que implica aceptar el carácter de concesión realizada por los dominadores. Corresponde a los casos en que el demos se asume como pueblonación definido por la soberanía de un estado y “compuesto” de subpartes, cada una de las cuales reivindica ante el soberano sus derechos a una mejor parte.

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b) Una lucha desde la impropiedad, o sea, donde se reconoce que la libertad no puede ser la propiedad de una categoría social, sino un bien común a todas y todos, incluidos los oligoi y los aristoi. De este último modo se establece un título de igualdad que muestra el error basal en las cuentas y reparticiones aritméticas. Ante la exposición del principio de igualdad con base en la libertad, los dominadores responden justificando la facticidad del orden social. En esta operación la comunidad ya no se divide tan idílicamente de acuerdo a los axiai de riqueza, virtud y libertad, sino sencillamente entre la gente de bien poseedora del don de mando y la gente común que obedece por el bien de todos (de ahí que, ante la carencia estratégica de mejores perspectivas, “comúnmente” esta gente/demos “desea desear” su propia obediencia al orden, su acatamiento hasta la forma más perfeccionada de la democracia como gobernabilidad). Análogamente a la manera en que el golpe de 1973 ha logrado extenderse hasta nuestros días, ya en Atenas se intentó establecer “la oposición bien tajante que separa a los hombres dotados del logos de los animales limitados al solo instrumento de la voz (phoné). La voz, dice Aristóteles […] sirve para que los animales indiquen (semainein) su sensación de dolor o de agrado” (Rancière, 1996: 35); el logos en cambio es la palabra que manifiesta ideas, requisito básico para ejercer algún mando en la polis (es obvio que para los agentes intelectuales de la transición, el movimiento popular expresaba la phoné, mientras que la clase política contenía el logos). Según los clásicos griegos, la plebe (nuestros actuales movimientos sociales, “la calle”) solo tendría la voz y no el logos “que ordena y que da derecho a ordenar. Pero este logos está corroído por una contradicción primordial. Hay orden en la sociedad, porque unos mandan y otros obedecen. Pero para obedecer una orden se requieren al menos dos cosas: hay que comprenderla y hay que comprender que hay que obedecerla. Y para hacer eso, ya es preciso ser igual a quien nos manda”. (Rancière, 1996: 31). Entonces el demos hace aparecer La Política cada vez que, contra-fácticamente, cuestiona esa regla aritmética de los ricos mediante la impropiedad de su libertad vacía que le conduce a la igualdad de todos con todos, y –por qué no reiterarlo antes de concluir– a esa peligrosa turbatio sanguinis de la communitas. Esto se ve además reforzado y complementado porque el carácter supernumerario del demos lo lleva a reclamar el todo como su parte (“para todos, todo”); de manera que al serle negada tal parte (el todo), el demos se transforma en “La Parte –o grupo social– De Los Sin Parte”. Hay política cuando el demos moviliza un principio de igualdad para irrumpir como tal “Parte De Los Sin Parte”. Que el demos sea “La Parte De Los Sin Parte” no debe entenderse como desposesión absoluta, o en el sentido táctico estrecho del marxismo-leninismo y su consigna de “los que no tienen para perder más que sus cadenas”. El demos es la el movimiento de la muchedumbre haciendo visible que la parte tomada no se corresponde con su carácter de “muchas” y “mu-

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chos”. De hecho –según Rancière– el proyecto de la filosofía –Platón y Aristóteles, pero también Arendt o Strauss– consiste en conjurar esta política reemplazando el orden aritmético por el “de la proporción geométrica que rige el verdadero bien, el bien común que es virtualmente la ventaja de cada uno sin ser la desventaja de nadie”. (Rancière, 1996: 29. Cursivas nuestras). Destacamos tan especialmente la idea anterior porque nos parece que contiene el núcleo del orden capitalista neoliberal chileno que hoy podríamos afectar por una específica ruptura democrática. Ningún otro sistema social históricamente conocido había tomado tan radicalmente el encargo de demostrar a la sociedad que la desigualdad (diferenciación creciente de funciones y retribuciones) es la forma más razonable para alcanzar el mejor bienestar posible de la mayor parte posible de la población. El capitalismo puede funcionar como una ideología engañosa y manipuladora incluso para una mayoría de la humanidad, pero para reproducirse en su fase neoliberal le ha sido mucho más fundamental el identificar una columna estratégica de la población mundial y constituirla en un ejemplo real, efectivo de que la desigualdad socioestructural puede –bajo tales condiciones de columna estratégica– generar el máximo posible de abundancia y bienestar social; es decir, demostrar que el orden aritmético de suma cero, en el que la ganancia de unos se realiza a costa de la pérdida de otros, es completamente superable gracias a la competencia entre privados y a la mercantilización de todo valor. El más acuciante deber de las teorías críticas consiste en reconocer esta potencia que el capitalismo ha reclamado para sí. La izquierda se hace aberrantemente reaccionaria cada vez que sostiene la inexorabilidad del orden aritmético en el capitalismo. No cabe duda que en el recuento histórico de este sistema, sus resultados se aproximan al principio de suma cero en que unos pierden para que otros ganen; pero las razones profundas de esto no pueden seguir siendo asociadas a esa idea tan socorrida en estos tiempos de crisis económica: la codicia, la ambición irresponsable de un segmento capitalista especulador. De Marx a Hilferding, y a Mandel y Brenner (1999), se ha establecido que no hay separación de naturalezas entre capital productivo y capital financiero; de modo que lo actualizado por cada crisis capitalista es la imposibilidad de pactar o formar contrato social entre una plebe histórico-estructuralmente conminada a la cooperación productiva y unas oligarquías que –incluyendo doblemente a la clase política– dilapidan en la competencia mercantil buena parte de las riquezas producidas. Podemos entonces agregar que ese orden “de la proporción geométrica que rige el verdadero bien” derivó –más de dos milenios después– en una ciencia precisamente surgida de la filosofía moral del siglo XVII: la economía. Ciencia que hoy se postula a sí misma como guardiana de las verdades acerca de la riqueza. Todo para que nuestras no-democráticas democracias puedan –en compensación– reconocer-

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le al demos su parte supernumeraria sin tener que rescindir la proposición fáctica de que “no hay parte de los que no tienen parte”. En la franqueza antigua que subsiste incluso en los ‘liberales’ del siglo XIX, se expresa así: sólo hay jefes y subordinados, gente de bien y gente sin nada, elites y multitudes, expertos e ignorantes. En los eufemismos contemporáneos, la proposición se enuncia de otra forma: solo hay partes de la sociedad: mayorías y minorías sociales, categorías socioprofesionales, grupos de interés, comunidades, etc. No hay más que partes de las que hay que hacer interlocutores. Pero tanto bajo las formas civilizadas de la sociedad contractual y el gobierno de concertación como bajo las brutales de la afirmación desigualitaria, la proposición fundamental se mantiene sin modificaciones: no hay parte de los que no tienen parte. (Rancière, 1996: 28-9).

Particularmente en la irreformabilidad del neoliberalismo implantado en Chile por el golpe del 73 debe entenderse esta proposición no como egoísmo absoluto y avaricia sin fin, sino como un principio funcional: las multitudes, la muchedumbre o el pueblo no “toman parte” en todos aquellos “asuntos de expertos” que conforman un área privativa de las tecnocracias y los grupos de inversionistas. El que no haya parte propia del pueblo no debería importar en lo absoluto, ya que un buen funcionamiento social (sin litigios, ni distorsiones) debería producir un “descomunal”14 chorreo de la parte del capital. La geometría virtuosa de este orden ha planteado, además, que el chorreo debe producirse como otra condición funcional para la formación de mercados que permitan realizar el supuesto valor de las inversiones, ampliar los stock de capitales y las plantas productivas, relanzando continuamente el proceso hacia el bienestar y la abundancia (es decir, un keynesianismo que, en realidad, ha permanecido todo este tiempo articulado a la base capitalista del neoliberalismo). Lo mismo puede decirse del orden global; la intención directa no es que los países capitalistas avanzados acumulen cada vez más, sino producir cuanto antes el chorreo o desborde de aquella parte propia de quienes tienen más bienes. Es evidente que para esto solo se requiere de policía, en el sentido más noble del término, o de gubernamentalidad, o simplemente de gobierno, pero jamás de política en el sentido indicado por Rancière. El proletariado no es una clase sino la disolución de todas las clases, y en eso consiste su universalidad, dirá Marx. Es preciso dar a este enunciado toda su generalidad. La política es la institución del litigio entre clases que no los son verdaderamente. “Verdaderas” clases: esto quiere decir –querría decir– partes reales de la sociedad, categorías correspondientes a sus funciones. [Demos y proletariado] unen al nombre de una parte de la sociedad el mero título de la igualdad de cualquiera con cualquiera, por

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En el sentido de abolir “lo común” subsumiéndolo en “lo propio”.

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la cual las clases se desunen y existe la política. La universalidad de la política es la de una diferencia en sí de cada parte y del diferendo como comunidad. La distorsión que instituye la política no es en primer lugar la disensión de las clases, es la diferencia consigo misma de cada una que impone a la división misma del cuerpo social la ley de la mezcla, la ley de cualquiera haciendo cualquier cosa. (Rancière, 1996: 33-34. Cursivas nuestras).

Desde el punto de vista anterior, y volviendo sobre autores actualmente constituidos en blanco del progresismo académico norteamericano, se puede plantear que la plebe, o muchedumbre humilde, constituye el Cuerpo Sin Órganos de la política; donde cuerpo implicaría –por oposición a espíritu o esencia– un conjunto de fuerzas histórico materiales inmanentes (no determinadas por nada exterior a sus propias afectaciones recíprocas; en cierto sentido, lo contrario a la trascendencia) (Deleuze & Guattari, 2004). Que este cuerpo carezca de órganos no implica castración o impotencia, sino, todo lo contrario, significa que sus partes no se definen por funciones preasignadas, por axiomas naturalizados. En lenguaje sociológico se diría que la expresión “Sin Órganos” equivale al grado cero de la diferenciación funcional. De la plebe o muchedumbre humilde, así como de la humanidad, se suelen decir muchas cosas: que es el lobo de sí misma; que sus límites son tales o cuales; que puede esto, pero no aquello. Por ejemplo: que puede luchar contra una dictadura, pero que no puede construir una democracia; que su ethos permite el arma de la crítica, pero no la crítica de las armas. O se ha dicho lo contrario: que la plebe o muchedumbre humilde contiene en sí misma la democracia absoluta; que la humanidad está naturalmente impulsada a la armonía y la solidaridad (solo reprimida por una dominación contra natura); que la violencia plebeya siempre abre paso a una convivencia más justa. Pero cuando la herencia de las luchas revolucionarias, especialmente del MIR en el caso chileno, nos muestra a la plebe como el Cuerpo Sin Órganos de la política, se comprende que ésta es una fuerza de subjetivación abierta, potente, indeterminada, capaz de dar lugar a las historias más imprevisibles: desde el fascismo hasta la revolución popular. No es que la plebe tenga ya formado el saber de este cambio, pero, en tanto fuerza descodificada, solo en ella puede formarse tal saber y romper el orden sucesivo del capital. Pero para ello requiere lucidez, audacia y política, sobre movimientos orgánicos y ejes políticoreivindicativos. Como Cuerpo Sin Órganos, la muchedumbre humilde es la única fuente segura de radicalidad para una Ruptura Democrática que no dejará de dirigir demandas a los poderes constituidos y arrancarle conquistas al órgano financiero del cuerpo capitalista. Estos procesos toman la forma indicada, sencillamente porque la heterogeneidad de fuerzas que forman la plebe (naturales, técnicas, subjetivas, simbólicas, cósmicas) comprenden a sujetas y sujetos de carne y hueso que no comen

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conceptos revolucionarios, ni se arropan con tesis contra-excepcionalistas. En cualquier caso, una gestión revolucionaria de estas demandas y conquistas negociadas, no solo debe construir su centralidad estratégica en la potencia de fuga y ruptura institucional de la muchedumbre humilde, sino que además debe conocer a cabalidad –científicamente– las axiomáticas (aparatos de re-captura) de la formación social capitalista imperante. Por lo anterior, la teoría revolucionaria (las armas de la crítica) debe generar las reglas concretas y contingentes para extraer permanentemente desde el fondo caótico, desorganizado y humilde del Cuerpo Sin Órganos plebeyo, las fuerzas que arrastren los procesos políticos fuera del orden y de las axiomáticas del capital; en una larga marcha donde la vida abandona su modo de singularización individual y lo proyecta hacia las formas de estar-en-común (devenir comunista). Esto quiere decir que la Ruptura Democrática también implica deshacer involutivamente las inútiles complejidades de la sociedad contemporánea (todos esos valores de cambio sin valor de uso que hoy estructuran la vida social). No solo romper la jaula de hierro burocrática para reencantar el mundo (cuestión que el capital ya ha encargado, respectivamente, al toyotismo y a la espectacularización del consumo), sino aprovechar el desarrollo de las fuerzas productivas contemporáneas para vivir con el mínimo orden (diferenciación funcional) posible, deviniendo en distintas direcciones minoritarias: la naturaleza en humanidad, la humanidad en técnica, la técnica en naturaleza, la sensación en lógica, la razón en intuición, el humano en animal, el hombre en mujer, el animal en humano, la sociedad de masas en manada de lobos (donde cada cual compone el todo de una manera que potencia su singularidad). Incorporarnos a un flujo en el que la pérdida es parte del goce, en el que la angustia por la finitud de la existencia individual se mitiga exponiéndose al contagio infinito de todas las existencias. Esto es absolutamente lo contrario de un relativismo, o de la panoplia posmoderna del todo vale, pues se trata de una forma de vida que al abandonar los universales, los trascendentales, las metafísicas y las onto-teologías, debe, a cambio, discernir entre el mal y el bien de modo permanente y mediante reglas contingentemente concretas (Agamben, 2003). Nada ni nadie queda ajeno a ese discernimiento continuamente reglado desde lo concreto, ni la nomenklatura del partido, ni los pontífices religiosos, pues, por monumentales que sean sus obras de bien, nada asegura que su siguiente paso será correcto, no hay certeza de que no conducirá a una codificación dolorosa y opresiva. En la humildad se comprende que nada es seguro ni perdurable, por eso allí se aprende a resguardar la vida a cada instante, esa es la rebeldía que no podemos dejar de historiar. Proyectar este saber-memoria de la plebe o muchedumbre humilde sobre una transición socialista hacia el porvenir, es el urgente desafío de la herencia y la invención revolucionarias. Podemos concluir que, considerada en sí misma, la rebeldía no basta para que haya política, pero tampoco bastan las distribuciones del poder soberano para hacer emerger

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un principio de igualdad que interrumpa el orden policial. Sin poder antagonista diversificado, sin la infinitud de la rebeldía, sin la huella, sin memoria-herederainventora, sin la violencia política popular y comunal, sin la turbatio sanguinis plebeya, sin la communitas reconciliada con la inmunitas, sin una nueva relación entre teoría y facticidad, sin pasión por nuestra propia precariedad, sin humildad, sin la incertidumbre del saber, no puede haber política ni menos revolución. Bibliografía citada Agamben, G. (2002). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, Homo Sacer III. Valencia: Pre-Textos. Agamben, G. (2003). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-Textos. Agamben, G. (2004). Estado de excepción. Homo Sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Aravena, P. (2007). “Historiografía, ciudadanía y política. Conversación con Sergio Grez Toso”. Analecta: Revista de Humanidades 2. La versión cuyos números de página fueron citados se encuentra disponible en http://luisemiliorecabarren.cl Archer, M. (2009) Teoría social realista. El enfoque morfogénico. Santiago: Universidad Alberto Hurtado. Arendt, H. (2004). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós Ibérica. Bauman, Z. (2007). Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona: Paidós. Brenner, R. (1999). Turbulencias en la Economía Mundial. Santiago: Lom Ediciones. Brunner, J. J. (1998). “Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?”. Revista Estudios Públicos 72, 173-198. Burchardt, J. (2006). Tiempos de cambio: repensar América Latina. El Salvador : Fundación Heinrich Böll. Calveiro, P. (2006). Los usos políticos de la memoria. En: Caetano, Gerardo (compilador). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina (pp. 359-381). Buenos Aires: CLACSO Ediciones. Coutinho, C. N. (2011). Marxismo y política: la dualidad de poderes y otros ensayos. Santiago: Lom ediciones. Chatterjee, P. (1997). El Estado Nacional. En: Cusicanqui, Silvia y Barragán, Rossana (comp.) Debates Post coloniales: Una introducción a los estudios de la subalternidad (pp. 211-233). Bolivia: Editorial Historias. Deleuze, G., Guattari, F. (2004). Mille Plateux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris : Les éditions de Minuit. Derrida, J. (1989). «¿Cómo no hablar?» y otros textos (suplemento temático de Revista Anthropos). Barcelona: Anthropos. Drake, P., Jasik, I. (Compiladores) (1993). El difícil camino hacia la democracia. Santiago: FLACSO. Esposito, R. (2003). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

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Ruina, degeneración y contagio: Toxicomanía y peligrosidad social en Chile Downfall, degeneracy and infection: Addiction and social dangerousness in Chile MAURICIO BECERRA REBOLLEDO1

Resumen El artículo indaga en la emergencia de la figura del toxicómano como un sujeto peligroso que requiere intervención terapéutica. A través de la revisión de los discursos psiquiátricos, farmacéuticos y médico legales que en la primera mitad del XX construyeron la actual comprensión del uso de drogas como adicción y enfermedad en Chile, insertaremos tal configuración en el análisis sobre la economía política del cuerpo, determinando las articulaciones discursivas que incluyen el uso de drogas como Enfermedades de Trascendencia Social. Palabras clave: Biopolítica, toxicomanía, Enfermedades de Trascendencia Social, individuo peligroso. Abstract The article explores the emergence of the figure of the drug addict as a dangerous subject requiring therapeutic intervention. Through the review of the legal psychiatric, pharmaceutical and medical discourses in the first half of the twentieth, built the current understanding of drug use and addiction like disease in Chile, insert such a configuration in the analysis of the political economy of the body, identifying discursive articulations which include the use of drugs such Diseases Social Significance. Keywords: Biopolitics, toxicomany, Diseases Social Significance, dangerous subject, criminal behavior. Recibido: 08.01.14. Aceptado: 07.07.14.

Introducción La actual comprensión del uso de vehículos de ebriedad está determinada por un discurso médico-terapéutico, que concibe el cuerpo de los usuarios de sustancias 1 Editor Periodístico El Ciudadano & Maestrando en Historia de las Ciencias de la Salud, Casa Oswaldo Cruz, Fiocruz, Brasil. E-mail: [email protected]

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declaradas ilícitas como un enfermo a rehabilitar. Sustentada en la noción de drogodependencia, esta patologización de la experiencia ebria conlleva un imaginario asociado de peligrosidad social de estos comportamientos. Desde un análisis histórico-discursivo revisaremos los discursos sobre la toxicomanía en su momento de emergencia e interrogaremos la economía que conceptualizó el uso de drogas como dominio de saber posible para la psiquiatría. Además determinaremos la conexión entre la comprensión de las diferentes formas de ebriedad con la biopolítica de las poblaciones ocurrida durante la primera mitad del siglo XX en Chile. Para ello se van a dilucidar los sustentos epistemológicos que configuraron en los relatos médico legales del periodo la peligrosidad de los usuarios de drogas. Revisaremos los discursos médicos y jurídicos que configuran a un sujeto toxicómano en Chile y que confluyen para que en 1954 éste sea incluido como objeto de intervención en la Ley de Estados Antisociales, legislación en la que adquiere densidad normativa una discusión iniciada a fines del siglo XIX sobre comportamientos a intervenir por las instituciones y agentes normalizadores. La construcción del fenómeno de uso de drogas como patología no corresponde a una sola área del saber. En el proceso entran en diálogo diferentes saberes, como la medicina, la psiquiatría, la química y farmacia; así como también la Medicina Legal y el Derecho. Para englobar todos estos discursos usaremos la noción foucaultiana de formaciones discursivas, las que hacen referencia a una serie de discursos que no necesariamente obedecen a una disciplina cerrada o un campo de saber homogéneo, pero que sí aluden a una inteligibilidad coherente de un fenómeno (Murillo, 1997: 34). 1. Proceso de medicalización y el cuerpo del pueblo El proceso de medicalización social iniciado a fines del siglo XIX conlleva que el estamento terapéutico pasa a controlar una esfera cada vez mayor del cuerpo de los sujetos. Sustentado en los descubrimientos en microbiología y el éxito en el control de enfermedades infecciosas a partir de intervenciones biomédicas, se trata de “un fenómeno que incluye diversos proceso históricos de largo alcance, y a través del cual podemos detectar que ámbitos cada vez más amplios de la vida personal y social de la gente van siendo objeto de preocupación, estudio, orientación, y en definitiva, control, por parte de la corporación médica” (Romaní, 199: 39). Este proceso conlleva que las conductas de los sujetos ahora son inteligibilizadas desde perspectivas médico-sanitarias, tarea en la cual la psiquiatría tuvo un rol capital como saber normalizador de las conductas. Ya no se trata sólo de enfermedades biológicas, sino que por sobre todo de un nuevo modelo de paciente, que se vuelve objeto ante la mirada del médico; será “el objeto de una tecnología y un saber de reparación, readaptación, reinserción, corrección” (Foucault, 1999: 34).

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En esta perspectiva se puede comprender la emergencia del toxicómano como objeto de saber y de intervención terapéutica dentro del proceso de inflexión en torno a la forma de gobierno de la población. La biopolítica de intervención sobre los cuerpos constituye un método de control social en la modernidad, sirviendo de mecanismo de reordenamiento de un sistema en crisis. Junto a esto se busca, a más largo plazo, la riqueza y seguridad de la nación a través de la estable reproducción de la clase trabajadora, diezmada por el desequilibrio bio/económico del capitalismo” (Illanes, 2002: 88). La modernidad trajo consigo que a partir de ese periodo los procesos biológicos de la población sean preocupación de gobierno. La biopolítica es la gestión de la vida, es la entrada de la vida a la historia (Foucault, 1977: 171). Tal inflexión en la gubernamentalidad se acompaña de un conjunto de saberes, técnicas y procedimientos destinados a conducir la conducta de los sujetos. Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX la inteligibilidad dada al cuerpo social y a los sujetos populares en Chile cambia; desde ser objetos de corrección y de caridad, pasan a ser la palanca de la economía de la nación (Illanes, 1993). Esta nueva gubernamentalidad se apoyará en un discurso redentor que concebirá de manera positiva a los sujetos populares. Así, el cuerpo del pueblo se vuelve objeto de gestión con el objetivo de consolidar una masa asalariada. Esta gubernamentalidad positiva viene a integrar a los sujetos antes negados en los discursos de la nación en un proyecto de porvenir nacional. Los sujetos antes ignorados o castigados se constituirían en la semilla de la patria, lo que inaugura los discursos sobre la raza en Chile. La construcción del Estado-Nación requirió generar un discurso identitario, sustentado en la homogeneización de las identidades y en borrar cualquier diversidad que amenazara tal proyecto histórico (Subercaseux, 2004: 53). La biopolítica también se expresará en la preocupación dada por el poder político desde fines del siglo XIX a la salud de la población, lo que implica que en el proceso de reconfiguración del ‘cuerpo de la nación’, el estamento terapéutico va a operar como su principal agente de normalización. 2. La construcción del alcohólico Si hasta fines del siglo XIX las experiencias con la ebriedad estaban dispersas en relatos de viajeros sobra las conductas de otras culturas o en los escritos autobiográficos de escritores, los discursos médicos van a confiscar el discurso sobre las diferentes formas de modulación de la conciencia construyendo un relato patologizador. Así lo que antes eran conductas desviadas o debilidades de la voluntad, tras pasar por el gabinete de médicos y psiquiatras, serán enfermedades que no encuadran en el ideal de una raza fuerte y vigorosa que exigía el discurso identitario nacional.

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La noción de ‘abuso de drogas’, definida como ‘cualquier uso no médico de una sustancia’, autoriza sancionar el uso de embriagantes de manera lúdica o como contemplación extática. Tal comprensión del uso de drogas anuncia un horizonte que verá en las rutinas psíquicas ajustadas su ideal normativo. En Chile, ya en 1911, un tesista de derecho hacía referencia al uso de cocaína y morfina, como ‘abuso de drogas’ (Montero, 1911: 32). El saber psiquiátrico desde fines del siglo XIX construyó sistemas de diagnóstico de las diferentes ebriedades a partir de regímenes de abstención en los espacios de internación forzosa. El primer cuerpo patologizado fue el de los bebedores. Su conceptualización como ‘alcohólico’ dará el molde a la figura del toxicómano que después aparecerá en los discursos médicos. También proporcionará tecnologías de gestión terapéutica de las diferentes ebriedades. Se trata de la primera intervención en la modificación a voluntad de la conciencia, justificada en términos de la economía de la nación, para cuyo ideal normativo el alcoholismo será por décadas la causa explicativa de los males sociales. En 1879 el tesista de medicina Clotario Salamanca publicó en la Revista Médica de Chile: el mal jeneral de las clases bajas de las naciones modernas, es el abuso inmoderado i excesivo que hacen de las bebidas alcohólicas. Pasión fatal, que principiando por la necesidad, la moda o el ejemplo, se inculca de una manera tenaz, los atrae i precipita, envenena las fuentes mas puras de la vida, destruye la intelijencia i el sentido moral, pervierte los instintos, dejenera las razas, i llegando la intoxicacion crónica a su última evolucion, produce la demencia i la parálisis jeneral, estando en relacion estos dos modos de terminacion, el primero con la dejeneracion grasosa i el segundo con la esclerosis difusa de los centros nerviosos (Salamanca, 1879: 304).

La conceptualización del alcoholismo reproducirá la noción de ‘degeneración’ del alienista Bénédict Morel y que es desarrollada en la configuración del alcoholismo por Valentín Magnan en la segunda mitad del siglo XIX. Magnan se empeñó en demostrar la relación entre la fisiología y la clínica inyectando suficientes dosis de alcohol, cocaína y morfina en canes para provocarles la muerte y así poder modelar y describir las etapas de una sobredosis (Harris, 1993: 42). A fines del siglo XIX el médico higienista Federico Puga Borne sentencia que la degeneración ocurre tanto a nivel psicológico como fisiológico. Puga Borne dirá que “todas las lesiones producidas por las bebidas alcohólicas corresponden anatómicamente a la dejeneracion de los tejidos, por lo que se ha llamado al alcohol el demonio de la dejeneracion” (Puga, 1891: 496). La internación obligatoria que permite a la psiquiatría practicar con los cuerpos de los rotulados como ‘alcohólicos’ las etapas sucesivas de la ebriedad es sustentada en la Ley de Alcoholes de 1912 que establecía junto a la Casa de Orates un Asilo de Temperancia destinado a alcohólicos y bajo supervisión médica. En 1932 se

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creó anexo al open door un Instituto de Toxicómanos con capacidad para unas cien personas y en 1943 es inaugurado el Instituto de Reeducación Mental (IRM) en el Hospital el Peral en las afueras de Santiago, espacio destinado en específico a alcohólicos y toxicómanos. La mirada médica que se posa sobre el alcohólico va construyendo una descripción nosográfica que acabará por relacionar ebriedad y locura, y erigir en el estado denominado como ‘delirium tremens’ el eje integrador de la ‘psicosis alcohólica’ (Fernández, 2009). Los discursos sobre el alcoholismo, también llamado ‘dipsomanía’, son solidarios con las ideas eugenésicas en boga en la época y establecen una relación entre el alcoholismo y la locura. El cuerpo de los alcohólicos será para el ideal normativo una metáfora de la gran enfermedad. Un texto de Medicina Legal de la primera década del siglo XX dice que “la repetición incesante de tales injestiones, provoca alteraciones orgánicas i fisiolójicas, que descubren la segunda etapa del alcoholizado, o sea el alcoholismo agudo. La dipsomanía se caracteriza por los hondos desarreglos de la mente del individuo, por una especie de embriaguez patolójica que altera el sistema nervioso, las facultades sensitivas i que, en sus últimos eslabones, dejenera en parálisis” (Labra, 1910: 6). El estadio final del relato médico sobre la ebriedad será el delirium tremens, estado final de la locura y antesala de la muerte. La muerte funciona entonces como camino opuesto a la sujeción a los ideales normativos. Será la amenaza irrenunciable para este tipo de cuerpos disolutos. El alcoholismo también será enemigo de la raza y causa de ruina económica para la nación, por lo que exigirá las primeras medidas de profilaxia social contra un embriagante, las que serán más tarde reproducidas en la gestión de la toxicomanía. Así despertará en el imaginario social una cruzada contra un vicio determinado, con sus correspondientes tecnologías de terapia y control. 3. Descripción del toxicómano en la clínica El primer informe de ‘necesidad artificial’ de morfina fue hecho por Löhr en 1872, aunque va a ser L. Levinstein en 1879 quien haga la descripción clínica de un caso y en 1894 aplicará el término morfinismo para describir 110 casos de usuarios del derivado del opio. A la par, F. A. Erlenmeyer, neuropsiquiatra vienés, lanza en 1885 un anatema contra el uso médico de la cocaína, antes celebrada por Sigmund Freud en Uber Coca (Freud, 1884). Erlenmeyer dirá que el uso del derivado de la coca es ‘el tercer azote de la humanidad’ (Escohotado, 1999: 427). La descripción del toxicómano se construirá usando el molde de la descripción del alcohólico. En 1887 la Revista Médica de Chile publica la primera referencia a

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evitar la morfinomanía, nombre dado a la habituación a la morfina. La nota, una comunicación del profesor Jerman Sée ante la Academia de Ciencias de París, recomienda la antipirina en inyecciones subcutáneas, en sustitución de la morfina, ya que la primera “no presenta ninguno de los inconvenientes de aquella, tales como vértigos, vómitos, somnolencia, excitaciones artificiales que conducen a la morfinomanía; por otra parte, la Antipirina une a su acción calmante un poder curativo que no posee la morfina” (RMCH, 1887: 176). En 1898 el Tratado de farmacia de Juan B. Miranda hace referencia a la ‘morfinomanía’ diciendo que el hábito influye de una manera cierta; una persona habituada al uso de la morfina soporta dosis considerables como sucede en la morfinomanía. De aquí el gravísimo error de algunos médicos; no debe enseñarse al mismo paciente el uso de tan terrible medicamento; porque adquirido el vicio no se deja sino con la tumba” (532). Tales discursos adquieren densidad epistemológica en la psiquiatría cuando Richard von Krafft Ebbing acusa en su tratado Medicina legal que “el abuso de la morfina coincide con taras hereditarias” (Krafft-Ebing, 1900: 355). Durante los años posteriores la mirada médica se posará en la conducta y las manifestaciones físicas de los cuerpos internados bajo régimen de abstinencia, ya sea en el Asilo de Temperancia o en el IRM, lo que permite construir una constelación de síntomas, estableciendo un continuum que va desde la degeneración, pasa por la alienación mental y acaba con la muerte de los cuerpos declarados toxicómanos. Así el cuerpo del adicto es el escenario de la gran enfermedad. Una descripción dada por un médico en la década del ’30 sobre los usuarios de morfina dice que “cuando el enfermo necesita la droga se desarrollan en él síntomas especiales que se llaman de carencia o de necesidad. Estos síntomas están caracterizados por incapacidad de atención y de trabajo intelectual, inquietud, ansiedad, angustia y, aun, delirio. Somáticamente hay hiperestesias, neuralgias, sudores, calambres, cólicos intestinales, pulso rápido y a veces estado sincopal. (…) El cuadro de intoxicación crónico es característico. Mentalmente hay un retardo en los procesos ideativos en general. La memoria está disminuida principalmente la evocativa. La afectividad apagada, se trata de un individuo indolente para sí mismo y para los suyos; los sentimientos más elevados, como altruismo, dignidad, respecto de las leyes no existen ya. Hay una abulia completa. (…) Una caquexia con trastornos viscerales muy variados completan este cuadro de miseria fisiológica y psíquica” (Arce Molina, 1937: 118). La muerte es el destino ineludible de todo usuario de drogas declaradas ilícitas. Arce Molina distinguirá en el consumo de opio tres periodos: El primero de excitación, seguido de un momento de embriaguez onírica y, finalmente, la embriaguez comatosa que termina en la muerte del intoxicado (Arce Molina, 1937: 118).

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4. Individualización de la experiencia ebria En el transcurrir desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX ocurre una individualización de la experiencia ebria. Reducida al cuerpo de los declarados ‘adictos’ o ‘narcómanos’, los instantes de modificación de la conciencia pasarán de ser una locura o psicosis tóxica en los albores del siglo XX a una predisposición mórbida. Jalonadas por los discursos sobre la herencia y la eugenesia, la descripción retira la causa de la ebriedad de la sustancia para colocarla en un sujeto predispuesto a intoxicarse. De la descripción de los efectos producidos por la ingestión de los antes llamados ‘venenos de la voluntad’, se pasa a la descripción de un sujeto (Becerra, 2009). En 1911 el cocainismo es descrito como “resultado del abuso de inyecciones de cocaína o de coca; produce ideas delirantes i persecutorias i también alucinaciones análogas a las que produce el alcoholismo” (Montero, 1911: 32). Otra tesis de 1916, comenta que “el uso frecuente de ajenjo, morfina, opio, etc., produce alteraciones en los centros nerviosos y, además, decadencia del carácter moral, de la memoria y de la voluntad. (…) En el ajenjismo, cocainismo, eterismo, el proceso dejenerativo es mui semejante al producido por el alcoholismo y termina con el embotamiento total de las facultades” (Barría, 1916: 46). A fines de la década del ’30 la descripción está individualizada: “Hay individuos especialmente predispuestos a llegar a toxicómanos, individuos que podríamos calificar de predispuestos. Son los que sufren de una especie de déficit psíquico que los hace inaptos para conseguir ciertos estados sensoriales o emotivos que sólo presienten en toda su plenitud y que recurren al tóxico para lograrlos” (Zelada, 1939: 11). Un manual de Medicina Legal de 1941 dirá que los toxicómanos están comprendidos entre los psicópatas: “Es frecuente que se adquiera el vicio con motivo de alguna enfermedad dolorosa, en la cual se ha hecho necesario el uso de estos calmantes; sin embargo, se sostiene, en la actualidad por los autores, que el individuo normal puede escapar al hábito, y que son sólo aquellos con fondo psicopático los que se convierten en prosélitos del vicio” (Cousiño, 1941: 249). La individualización del uso de drogas se evidencia cuando Francisco Hernánádez, jefe de la Sección Drogas de la Dirección General de Sanidad y delegado a la Convención sobre Restricción del Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas en Ginebra (1936), exige considerar al ‘elemento narcómano’ como factor fundamental del problema de los estupefacientes (Hernández, 1937: 160). 5. Peligrosidad del toxicómano En el proceso de reducción de las alteraciones de la conciencia producidas por los vehículos de ebriedad en el universo de las patologías mentales, los discursos médicos y jurídicos de la primera mitad del siglo XX describirán el uso de embriagantes

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como una conducta peligrosa para el conjunto social, tal como lo habían hecho desde fines del siglo XIX con el alcoholismo. Esta nueva comprensión de la ebriedad es heredera de las tesis eugenésicas, la frenología lombrosiana y del modelo de Higiene Mental2 (Becerra, 2009). La toxicomanía es así comprendida como síntoma y causa de crisis social. Tras describirla en la clínica como una enfermedad biológica, los discursos médico legales la conceptualizan también como una enfermedad social con graves efectos para el porvenir de la raza y la integridad de la nación, cobrando noción de verdad ya en una escala social la idea médica de que el uso de embriagantes fuera de la competencia y control del estamento terapéutico conlleva peligrosos efectos. Ya no se trata de un daño circunscrito al cuerpo del adicto, sino que también se acusa su peligrosidad para la comunidad. A su vez, los discursos preocupados de fundar un ordenamiento para una nación tendrán en la figura del toxicómano una metáfora de la conducta socialmente indócil. Esta articulación verá en el uso de embriagantes una de las causas de ruina económica personal, familiar y nacional; provocará peligro a la descendencia; será contagiosa y fuente de delincuencia. Así, el combate a las drogas ya no sólo se jugará en el territorio del cuerpo de los adictos, sino que exigirá medidas en el conjunto social. Francisco Hernández dice que los usuarios de drogas son “plagas funestas de la civilización actual (...) el narcómano, desnutrido, intoxicado y amoral, es por lo común un holgazán delincuente, engendra hijos degenerados y sucumbe prematuramente o de cualquiera enfermedad que hace presa fácil de su organismo abatido por el veneno” (Hernández, 1943: 7). Un tesista jurídico sintetiza a fines de la década del ’30 la constelación de peligros que conlleva el uso de embriagantes: “El toxicómano es un motivo de inquietud para la sociedad. Aunque su estado de peligrosidad varía en cada caso y circunstancias, podemos decir, en general, que es un candidato al delito. Hemos visto, además, el peligro que representan estos sujetos en el ambiente social, debido a su tendencia a hacer prosélitos, a propagar su propio vicio. El toxicómano, puede decirse, es un foco de contaminación que conviene eliminar. Por otra parte, es un factor de degeneración de la raza, de debilitamiento de la unidad moral de la familia; sus descendientes llevan impresas en su psiquis y en su físico, las taras que él les deja a título de herencia y contra las cuales no hay medios para luchar” (Zelada, 1939: 21).

2 La Higiene Mental es un discurso basado en los postulados eugenésicos que postula que la desviación social tiene explicaciones biológicas, por lo que su prevención debe ser agenciada por la Psiquiatría. Su padre fundador es Clifford Beers (Estados Unidos, 1908). En la década del ’20 circula con fuerza en América Latina. Salvador Allende en su tesis titulada “Higiene Mental y Delincuencia”, la define como el saber que tiene “por objeto la prevención, curación y vigilancia profiláctica de los individuos que por sus alteraciones neuro y psicopáticas constituyen una entidad desarmónica en nuestro medio social. Es decir, abarca al individuo y a la colectividad” (Allende, [1933] 2005: 14).

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Una tesista de Química y Farmacia sentencia que “el flagelo se ha extendido en las últimas décadas por todo el mundo civilizado, infiltrándose en todas las clases sociales y produciendo innumerables trastornos en la colectividad, generando nuevas formas de delincuencia y trasgresiones a la moral” (Ureta, 1937: 53). 5.1. Ruina económica y en la descendencia La toxicomanía tendrá los mismos efectos atribuidos al alcoholismo. El destino de la nación se verá afectado por las drogas, ya sea en lo económico por la carga para el país que significa la existencia de los usuarios de drogas o por su capacidad de corromper las ‘fuerzas vivas de la nación’. También se acusa el efecto que provocan en la descendencia. Las formaciones discursivas terminan por conectar el cuerpo de la nación, productor de riqueza, con el cuerpo de los individuos, productores de hijos. Ambos están en una relación de interdependencia para la prosperidad del país. Si en 1891, una publicación antitemperancia, La Cinta Azul, decía sobre los bebedores consuetudinarios que “sus fuerzas se aniquilan y quedan imposibilitados para trabajar; llegan a ser un gravamen para el país y para las familias y mueren en la flor de su edad privando al mundo del beneficio que podrían haber dado su trabajo y abnegación”; en 1937 se dirá respecto de los toxicómanos que “en la Economía imposibilita la fuerza productora de muchos individuos y es una amenaza constante para la integridad de la raza por las repercusiones que el vicio tiene en la descendencia” (Ureta, 1937: 18). La imagen del oriental fumando opio o los pueblos andinos mascando coca operara como recurso simbólico de este sujeto en construcción para acusar distancia con Occidente. ‘Hemos progresado’, editorial de la revista La Farmacia Chilena, órgano de difusión del estamento farmacéutico, sentencia en 1927: “Nada ganan las naciones con tener poblaciones numerosas y grandes riquezas económicas, si el pedestal en que descansa su moral se encuentra carcomido por los vicios o las enfermedades. Los pueblos viciosos al igual que los pueblos enfermos y con razas en degeneración, no merecen el concepto de naciones civilizadas y lo preferible sería que desaparecieran del planeta antes de continuar viviendo como imágenes del vicio y del contagio. Nuestro país había entrado de lleno a aspirar las brisas opiáceas de los pueblos asiáticos y las sensaciones enervantes que proporcionaba la coca traída por nuestros vecinos del Altiplano a la pampa salitrera de donde se propagaba a lo largo del territorio”. El teatro negro de la vida del toxicómano se prolongará más allá de la caída del telón de su existencia, extendiéndose sobre su descendencia: “El narcómano, por su condición, es un verdadero inadaptado social (el opio, la morfina, la cocaína, son verdaderos venenos del sentido moral). Es una amenaza para la integridad de la raza, ya que engendrará descendientes tarados y de valor negativo para la sociedad

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en que vive, o bien, individuos de constitución débil con predisposición a innumerables enfermedades” (Ureta, 1937: 53). Los peligros también serán señalados en el vínculo familiar: “¿Qué puede esperarse de un matrimonio en que uno o ambos cónyuges son toxicómanos? En primer lugar, sobre todo si el marido es el enfermo, se observará en él la falta del sentido moral para el mantenimiento de una institución que, en la actualidad, es la base de la organización social; se observará, además, en las clases que necesitan de su trabajo para vivir, un déficit económico poco propicio para el conveniente desarrollo de la familia, y habrá, por último, un constante peligro de tener una descendencia tarada” (Ureta, 1937: 19). El toxicómano así, no sólo produce la ruina económica de su país, sino que afectará su proyección futura. Una economía de los cuerpos que se conecta en tanto fuerza útil e influjo normativo. Para la sociedad de normalización el toxicómano es el fantasma de la pérdida, por lo tanto se exige intervención cuando el horizonte es consolidar una fecunda economía patria. 5.2. La toxicomanía como Enfermedad de Trascendencia Social Las Enfermedades de Trascendencia Social (ETS) son las que según los discursos médicos y jurídicos de las primeras décadas del siglo XX afectan no sólo el cuerpo de los individuos, sino que el conjunto social. La noción de ETS tiene su origen en las discusiones sobre las medidas de higiene a implementar luego de las epidemias de cólera de la segunda mitad del siglo XIX. En 1892, cuando se crea el Instituto de Higiene, se enumeraban entre las plagas que azotaban a Chile la viruela, la influenza, el sarampión y el alcoholismo (RMCH, 1892:295). En la década del ’20 se les denomina ‘enemigos de la raza’ o ‘grandes plagas nacionales’ al alcoholismo, la tuberculosis y la sífilis (Praedel, 1926: 62). Esta comprensión conllevará el uso de metáforas militares a la hora de referirse a las enfermedades, convirtiéndose el trabajo terapéutico en una cruzada contra un adversario biológico. No en vano el doctor Lucas Sierra llamaba en La Reforma Sanitaria (1924) a la “creación de un frente único con un estado mayor bien organizado y a las órdenes de un solo jefe supremo, el Director de Sanidad” para luchar contra “los más sutiles y encarnizados enemigos del hombre” (Illanes, 1993: 210). Esta idea de la plaga a extirpar será la que trascienda al imaginario social como si fuese una cruzada, según los refleja el reportaje “Como se repite la historia”, publicado por la revista Zig Zag en 1920 sobre el alcoholismo: “Sobre la base universal del sentimiento patrio, con la dirección que nadie discute del método científico riguroso, se combatirá con todas las armas legales, morales, intelectuales y materiales la triple plaga de la enfermedad social, la peor de todas: la esclavitud blanca, signo de oprobio y del alcoholismo, fuente de la miseria y abyección populares, veneno de la raza y sentencia mortal para sus futuras generaciones” (Illanes, 1993: 171).

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En la década siguiente, Arce Molina convida a iniciar una lucha y cruzada contra la locura, la sífilis y el alcoholismo (Arce Molina, 1937: 74). Los agentes de esta cruzada serán los médicos, quienes deberán combatir a un enemigo subterráneo, escondido tras diversos rostros, escurridizo y en constante despliegue. Con ellas la medicina no intervendrá sólo sobre cuerpos necesitados de cura, sino que consolida su ampliación a las conductas sociales. Ya no es una medicina de las partes enfermas, sino que tendrá a su cargo, bajo su atenta observación los fenómenos y prácticas de la sociedad toda. A principios de la década del ’20 la toxicomanía ya figura como una ETS. Durante la Vª Conferencia Internacional Pan-Americana celebrada en Santiago el 28 de marzo de 1923, el representante de Cuba, Dr. Ramos, propone a la Mesa Directiva evitar la propagación o transmisión de enfermedades y defectos que degeneren la especie humana, evitar los defectos y las intoxicaciones, como el morfinismo y el alcoholismo, crear una policía sanitaria y otra de la herencia (López, 1946: 14). El aporte de los discursos jurídicos que desde la segunda mitad de la década del ’30 comparten con la medicina el saber sobre la toxicomanía, terminarán por integrar al uso de embriagantes dentro del universo de anomalía social que son las ETS. Así será indexada la mudanza ebria junto a la prostitución, la sífilis y la tuberculosis. Para el conjunto de estas anomalías se exigirán técnicas específicas de intervención. En 1937, un médico llama a la declaración obligatoria de estas enfermedades, recomendada antes para los enfermos sifilíticos ya que “fuera del peligro de sus reacciones antisociales, existe ese otro, de desparramadores del vicio” (Arce Molina, 1937: 129). Dos décadas después, el médico Hermes Ahumada, en su Plan Nacional de Defensa de la Salud Mental, llama a integrar a las medidas de higiene general la lucha antialcohólica, contra las toxicomanías y antivenéreas. Dirá que “esta campaña, que en otros países está en la orden del día del saneamiento ambiental, en nuestro país está limitada a la existencia de un número reducido de toxicómanos. Bien sabemos que la gran toxicomanía chilena es el alcoholismo. El chileno se intoxica con vino y aguardiente en todas sus capas sociales; y desde hace unos treinta años algunos sectores, especialmente de clase media e intelectuales, han tomado el diletantismo de intoxicarse con estupefacientes” (Ahumada,1954: 208). 5.3. Contagio toxicómano Los peligros antes descritos necesitan una condición para propagarse. Y en la figura patologizada del adicto será inscrita una cualidad propia de enfermedades biológicas: la noción de contagio. La idea de ‘contagio mental’ fue acuñada por el médico A. Vigouroux, quien en 1906 sostiene que se trata de los estados orgánicos favorables al contagio son preponderantemente congénitos, lo que lo hace solidario con las tesis eugenésicas

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en ascenso (Vigouroux y Juquelier, 1906). Esta operación abre la posibilidad de aplicar nociones sanitarias al fenómeno del uso de embriagantes, reduciendo tales prácticas desde una perspectiva epidemiológica. Se usarán palabras como profilaxis, morbosidad o foco infeccioso para referirse a una conducta, lo que también consentirá que discursos científico médicos se explayen sobre las ‘malas compañías’, una ‘curiosidad malsana’ o hablen de ‘ambientes viciosos y corrompidos’. También esto autoriza agregar elementos a la caricatura en construcción. El toxicómano será investido así como un cuerpo peligroso en las calles que por esencia persigue contagiar a otros. Arce Molina dirá que “el peligro mayor lo constituye esa especie de contagio que se produce por el vicio. En efecto, cada toxicómano trata, por todos los medios, de ganar una nueva víctima y cada vez que lo consigue un placer sádico de satisfacción y una especie de consuelo y de justificación hacia sí mismo, produce un alivio a esas almas atormentadas” (Arce Molina, 1937: 35). Ureta comenta que “el narcómano por su tendencia a hacer prosélitos, es una fuente constante de contagio”, además “está predispuesto siempre y fatalmente a contaminar a sus semejantes con el hábito que ha adquirido” (Arce Molina, 1937: 53). Hernández agrega que “las narcomanías son, por decirlo así, eminentemente contagiosas; el proselitismo es una condición fatal de ellas y por eso se propagan con todas las fuerzas sugestivas de una verdadera religión. El narcómano siente el impulso irresistible de contaminar a los demás y lo consigue, generalmente, cuando en el seno de su propia familia o en el círculo de sus relaciones existen personas predispuestas, por cualquier causa, a contraer el vicio” (Hernández, 1937: I). El Proyecto del Código Penal de 1928 contemplaba tipificar el delito de ‘contagio toxicómano’. Pese a que la idea de penalizar el ‘contagio toxicómano’ no prosperó más allá de un proyecto legal, se mantuvo en la inteligibilidad dada a los usuarios de drogas como sujetos peligrosos que persiguen expandir su ‘vicio’ a personas predispuestas. 5.4. Delincuencia La existencia de los toxicómanos ya no sólo tiene perversos efectos en su singularidad, en su familia o en su espacio social más próximo. Más allá de la tragedia de su cuerpo, de ser un portador condicionado al contagio, la imagen en formación requiere operar en un ámbito más amplio que la finitud del espacio corporal y doméstico, debe generar miedo en el conjunto social. Su presencia requiere un nivel mayor de daño. Las razones de este daño social son colocadas como efecto de la intoxicación: “En algunos casos se desarrollan verdaderas psicosis, con ideas delirantes y alucinaciones, las que en muchas ocasiones terminan en la delincuencia, envolviendo a los toxicómanos en procesos criminales” (Arce Molina, 1937: 118). También en

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la sensación de carencia de la sustancia, lo que conduce al toxicómano al delito: “A fin de conseguirse el veneno recurren a los procedimientos ilegales y cometen delitos contra las leyes prohibitivas de los narcóticos y delitos contra la propiedad” (Ureta, 1937: 54). Así opera la relación entre el uso de drogas y la anomalía social en una lógica de causa y efecto. Las sustancias por sí solas entonces serán capaces de transformar una personalidad y generar pavorosas conductas en quienes se las autoadministran: “El tóxico por sí sólo puede provocar actos antisociales al transformar al individuo que lo ingiere en un ser antisocial, o bien, al actuar sobre constituciones psicopáticas o psicóticas. El tóxico, según lo vimos al estudiar sus efectos sobre las diferentes predisposiciones constitucionales, es un cooperador eficiente de las tendencias criminales de estos sujetos, pues allanando resistencias y posibles obstáculos, provoca con mayor facilidad situaciones anormales” (Enríquez, 1938: 96). En la constelación de peligros provocados por el accionar de los toxicómanos se mencionará la mentira, perversiones sexuales, estafas y robos, pérdida de sentido moral, peleas, incesto y homicidio. Es decir, el amplio repertorio de la perversión será gavillado por el uso de drogas. Enríquez describirá la conducta antisocial de los toxicómanos diciendo que “los efectos de los tóxicos sobre los individuos condicionan su natural constitución provocando la comisión de delitos determinados. Así, en alcohol, el éter, y la cocaína producen efectos más o menos análogos: excitación, irritabilidad y agresividad, y provocan comúnmente los siguientes delitos: Riñas, lesiones, robos, escándalos, desacatos a la autoridad, atentados contra el pudor, y aún a veces, homicidios” (Enríquez, 1938: 100). Zelada comenta que el desorden psíquico del toxicómano “lo hace incapaz de un trabajo continuado, pierde el sentido moral y es un candidato al delito. En su desesperación por conseguir la droga, es capaz de cometer delitos contra las personas y los bienes (hurtos, robos, lesiones, homicidios), en estado de ebriedad tóxica puede cometer delitos sexuales (violación, estupro)” (Zelada, 1939: 19). Hernández agrega que “el individuo aniquilado física y moralmente por el vicio –verdadero guiñapo humano– se debate en una inquietud llena de terrores, casi no distingue ya entre lo real y lo ficticio, y en su frenético afán de infiltrarse la droga constantemente no vacila en cometer toda clase de delitos para obtenerla” (Hernández,1943:5). 5.5. El individuo peligroso La constelación de anomalías antes descritas necesitó de un concepto eugenésico que explicara a partir de la herencia la anormalidad del toxicómano. A partir de la noción de ‘individuo peligroso’ señalada por el criminólogo español Jiménez de Asúa, que concentra en determinados sujetos el miedo social, se comprenderá a partir de la década del ’40 a los toxicómanos. Inserto el usuario de embriagantes en

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esa imagen, se comprenderá su accionar ya no por accidente ni por determinadas circunstancias sociales, sino por una ‘dosis de temibilidad esencial’. Serán discursos de las ciencias jurídicas las que acabarán por cerrar el imaginario creado en torno a los usuarios de drogas declaradas ilícitas iniciado por los discursos médicos. Si Inés Enríquez Frodden se explaya en la construcción médica del toxicómano, Roger Zelada se concentrará en la figura de éste en la legislación. Enríquez aplicará la noción del ‘estado peligroso’ para comprender al toxicómano. Dirá que dicha noción “comprende la posibilidad de que un individuo determinado cometa un delito, o que, cometido pueda seguir infringiendo normas penales” (Zelada, 1939: 130). Enríquez justificará la intervención en el cuerpo de los toxicómanos diciendo que “son seres incapacitados para actuar normalmente dentro de la sociedad: sea por corto espacio de tiempo, en el caso de los intoxicados accidentales, sea permanente en el caso de los toxicómanos. Sería hasta injusto exigirles que sus actos se encuadren dentro de las normas generales que rigen la vida común, por los profundos trastornos de que son víctimas. La incapacidad de inhibir sus actos antisociales, el juicio errado que tienen respecto a ellos, su egoísmo personal puesto por sobre todo, los graves trastornos en la afección que los transforma en crueles hasta para sus propios familiares, y las muchas y variadas manifestaciones de su anormalidad psíquica, les impide llevar una vida ajustada a los preceptos morales y legales, que es indispensable respetar para poder vivir en sociedad” (Zelada, 1939: 8). Con esta articulación, la figura del toxicómano está cerrada y la conciencia del problema del uso no médico de sustancias modificadoras de la conciencia ya no será sólo asunto médico, sino que cobrará además importancia en los reglamentos sociales. En 1939 el presidente Pedro Aguirre Cerda envía al Congreso un Proyecto de Ley sobre Estupefacientes, dando así cumplimiento a la Convención de Ginebra para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes (1931) y la Convención de Ginebra para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes (1936). Dicho proyecto legal definió al toxicómano como “todo individuo que se administre o aplique uno o más estupefacientes sin estar enfermo de un mal que requiera el empleo de tales sustancias” (Título III); establece su internación obligatoria y considera al toxicómano como un enfermo social afecto a la Ley 6.174 que creó los Servicios de Medicina Preventiva. En 1943 el Gobierno convoca a una serie de comisiones destinadas a dar respuesta a los ‘grandes problemas nacionales’. Una de estas comisiones integrará los temas de cesantía profesional, prostitución callejera, vagancia y mendicidad, toxicomanía proselitista y delincuencia menor y callejera3. Uno de los integrante de 3

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Decreto del Ministerio del Interior Nº 1766: Reorganización de organizaciones del Estado. 2 de abril de

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esta comisión, el Dr. Garafulic, pedirá la acción uniforme de los ministerios de Interior, Salubridad, Educación y Justicia al estimar que “aunque es cierto que en el fondo del estado antisocial hay generalmente un problema de anormalidad física o mental, no es menos cierta la necesidad de contar con los servicios especiales de Interior, Educación y Justicia para completar la obra de protección social que entraña 4 grandes actividades: Captación, Clasificación, Tratamiento y Localización (subrayado en el original)”4. El objeto de esta intervención serán los definidos como ‘antisociales’: “El Antisocial es aquel que por alteraciones de su personalidad, hábitos o medio de existir, constituye en sí una inminente amenaza social, vive al margen o en pugna con las normas sociales corrientes y cuya persistencia repercute o puede repercutir sobre la organización moral o económica de la familia o de la colectividad”5. En la década de 1950 se estructuraron legislaciones expresas de control hacia los sujetos considerados de alta peligrosidad social. Esto cuajó en la Ley Nº 11.625 de Estados Antisociales, aprobada en 1954, en la que se define el ‘estado antisocial’ como “situaciones por las que atraviesan determinadas personas, que constituyen, realmente, un peligro para la sociedad y que son, por así decirlo, el caldo de cultivo de delincuentes, de gente que más tarde ha de cometer delitos6”. El grupo lo integraban homosexuales, toxicómanos, vagos, ebrios, los que falseasen su identidad y aquellos que ya habían sido condenados y se encontraban en situaciones sospechosas. Esta ley sería derogada recién en 1994. 6. Conclusiones La emergencia de la figura del toxicómano en Chile está en conexión con las formas de gestión de la población que durante las primeras décadas del siglo XX se abocaron a producir y conservar el cuerpo del pueblo. El toxicómano como objeto de saber e intervención es así parte de un dispositivo biopolítico más amplio que inteligibilizó el uso voluntario de vehículos de ebriedad como un peligro para el modelo normativo centrado en la raza y la proyección de los sujetos populares como base de la economía nacional. Los discursos sobre la toxicomanía en las formaciones discursivas analizadas justifican la intervención en el cuidado del cuerpo social. Así, por detrás de la discusión sobre la figura del toxicómano hay un ingente esfuerzo para modelar conductas sociales positivas. La descripción del cuerpo de los usuarios de drogas

Actas de la Tercera Sesión de 2ª Comisión, 16 de abril de 1942. Ibíd. 6 Ley Nº 11.625 de Estados Antisociales, aprobada en octubre de 1954 (Gobierno de Chile, 1954). 4 5

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está inserta en una gubernamentalidad orientada a la producción de determinadas subjetividades. Para poder funcionar este ajuste surge la noción de ‘abuso de drogas’ como principio explicatorio y orden que autoriza sancionar el uso de embriagantes de forma recreativa o como experiencia extática. Al sostenerse que se trata de ‘abuso’ cualquier ‘uso no médico’ de algunas sustancias, concurrimos a la primera gran inflexión respecto de los discursos sobre la ebriedad. Al reducir los usos posibles de las llamadas drogas a la autoridad de médicos, el propósito no es que la gente deje de tomar drogas, sino que tomen las definidas por el estamento terapéutico. Los sustentos epistemológicos de esta articulación devienen de las nociones eugenésicas de degeneración y herencia. Si hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se hacía referencia al uso de embriagantes, se los mencionaba en la nosografía de las ‘psicosis tóxicas’ producidas por algún agente embriagante, a mediados del siglo posterior tal conducta será producto ya no de un accidente, sino que de una ‘perversión constitucional’. Ocurre un despliegue sobre el cuerpo de los usuarios de drogas, que coincide con el grado fino de la individualidad. Resulta coherente en dicha inteligibilidad que el toxicómano conlleve consigo la ruina económica y en la descendencia, el contagio tóxico y la delincuencia. Estamos ante un enemigo interno que asolará la constitución plena de la raza y el orden social. Cuando el uso de drogas es inserto en la constelación de Enfermedades de Trascendencia Social y al usuario como ‘individuo peligroso’, se consolida la reducción patologizadora del fenómeno y el cuerpo del ‘adicto’ como espacio de intervención terapéutica. En su despliegue conlleva la producción de una subjetividad que si bien en un principio, opera en el campo de saber médico, termina por filtrarse a las conductas sociales como única forma de relacionarse con las sustancias modificadoras de la conciencia. Asistimos así no sólo a la producción de un paciente, sino que también a su circulación como patrón de subjetivación. Esta comprensión reduce las más diversas y milenarias experiencias con la ebriedad a un extraño modo de vida que dependerá en forma absoluta a una sustancia. Surge de esta forma el drogodependiente, subjetividad que legitima una política de prohibición de las sustancias y de medicalización de los usuarios. Otro efecto del dispositivo medicalizado de comprensión de la ebriedad es que alrededor del toxicómano se genera una constelación de anomalías. La patologización se vio acompañada de la ilegalización de las antiguas experiencias extáticas. El prohibicionismo será el nuevo régimen, que trae consigo el tráfico de estupefacientes y el consumo de sustancias adulteradas.

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Biopolítica y efectos de normalidad Biopolitics and effects of normality TUILLANG YUING1

Resumen El texto explora el cruce entre relaciones de poder y norma en el trabajo de Michel Foucault, con el fin de profundizar en la noción de biopolítica. Para ello analiza el texto La vida de los hombres infames, a la luz de los aportes de Georges Canguilhem acerca del valor productivo de la norma. Con este fin, se revisa la mecánica de la norma social en tanto creadora de un orden que es a la vez discursivo y efectivo. Estos hallazgos permiten mostrar cómo Foucault concibe la aplicación del poder sobre la vida en vistas a su regulación y disposición y, al mismo tiempo, ofrecen la posibilidad de vislumbrar el modo cómo estas vidas infames que parecen sucumbidas frente al poder, indican un modo de resistencia frente a su ejercicio. Palabras clave: Foucault, norma, infamia, poder, vida, resistencia. Abstract The text investigates in the relation between the relations of power and the norm in Michel Foucault’s work, in order to penetrate into the notion of biopolítica. For it the text analyzes The lives of the infamous men, in the light of Georges Canguilhem’s contributions it brings over of the productive value of the norm. With this end, there is checked the mechanics of the social norm while creative of an order that is simultaneously discursive and effective. These findings allow to show as Foucault he conceives the application of the power on the life in conference to his regulation and disposition, and at the same time, they offer the possibility of glimpsing the way as these infamous lives that seem to be succumbed opposite to the power, indicate a way of resistance opposite to his exercise. Keywords: Foucault, norm, infamous, power, life, resistance. Recibido: 20.03.14. Aceptado: 06.09.14.

Introducción Este trabajo intenta una aproximación inicial a la articulación que tienen en Foucault las nociones de vida y norma. Desde luego, esta última alude a la ya conocida 1 Doctor en Filosofìa, Postdoctorando Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago de Chile. E-mail: [email protected]

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analítica de las relaciones de poder, en la que la idea de norma y normalidad tiene un lugar relevante. No obstante, estas vinculaciones se ven con nitidez especial en el texto La vida de los hombres infames, trabajo de inspiración historiográfica, en el que el sentido estético de lo viviente establece un contrato de significación con la historicidad de modos de vida litigantes cuyos archivos ofrecen la posibilidad de observar la articulación entre mecanismos institucionales y efectos de discurso en el orden del saber. Además, los archivos de la infamia guardan un parentesco con la época en que, según Foucault, emerge la biopolítica como gestión gubernamental de la vida íntima y cotidiana. En este punto, se trata de hilvanar un paralelo entre, por una parte, vidas singulares que se subjetivan y definen frente a un poder que las nombra y captura y, por otro lado, la desmesura de estas vidas frente a la normalidad social. Lo anterior ofrece una privilegiada posibilidad de explorar la relación entre modos de vida y el uso de la norma. Este choque intempestivo entre la heterogeneidad de los modos de vida y la apuesta normativa del poder por medio de distintas instituciones, gana en inteligibilidad cuando se analiza la lógica normativa de lo vital, tal como es entendida por Canguilhem en las Nuevas reflexiones sobre lo normal y lo patológico de 1966, y como luego es recogida y extendida por Foucault en el curso de 1975, Los anormales. En el primer caso, Canguilhem establece una torsión entre la vida y la norma al sustituir la pregunta por la normatividad vital de los organismos por aquella de la normalización, entendida como una regulación externa de lo social que inaugura performativamente un orden discursivo que escinde lo anormal de lo normal, poniendo de manifiesto el carácter arbitrario de la normalidad. En el caso de Foucault, el análisis da cuenta del sentido productivo de la norma y la paradójica tensión entre normalidad y anormalidad, sobre todo cuando esta última abriga una vocación política, vale decir, cuando es atendida como un modo de vida que se define por oposición. A partir de lo anterior, y en un momento final, buscamos sugerir un balance donde, nuevamente, es la noción de vida infame la que permite re-pensar las fronteras del conflicto político en beneficio de un modo de resistencia que se resta de las dicotomías convencionales y que hace del tiempo, y en especial del sentido histórico, una nueva dimensión para la libertad: ¿Qué sucede cuando la vida es capaz de disputar la propia fuerza a la red de poder en la que se integra y que se expresa normativamente? ¿Qué valor tiene la norma en la constitución de modos de vida que eluden el poder y se restan a su cálculo? Desarrollar y aproximarse a estas cuestiones es la tarea de las siguientes líneas. La vida, la existencia, la infamia En 1977 Foucault publica La vida de los hombres infames, texto que inicialmente tenía como meta presentar una antología de archivos extraídos del Hôpital général

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y la Bastilla. Se trata, en primer lugar de las órdenes de reclusión con sello real, pero también archivos de policía, registros de hospitales, actas de encarcelamiento, registros de internación y otros oficios –“demandas, denuncias, órdenes o informes” (Foucault, 2001: 237)–, emanados por instituciones cuyo origen nunca sobrepasa los tres siglos de antigüedad. Para ello Foucault echa mano al documento burdo que arranca de la cotidianeidad institucional, el cual –sin guardar aspiración teórica ni científica–, es un punto privilegiado para dar cuenta de la conformación de saberes e instituciones. Estos “fragmentos de existencias” (Foucault, 2001: 239) permiten, precisamente, tener noticias sobre personajes cuya desmesura y conducta ha descolocado las categorías del saber y las instituciones del poder. En cierta medida, Foucault pregunta por cuál es la relación de poder en la que el infame se integra y toma el papel de opositor por su sola existencia y forma de proceder. Una pregunta que demanda, por cierto, por el modo en que ello representa un conflicto: “He buscado cuál era su razón de ser, a qué instituciones o a qué práctica política se referían; intenté saber por qué de pronto había sido tan importante en una sociedad como la nuestra que estas existencias fuesen .” (Foucault, 2001: 239). Pero al mismo tiempo, la pregunta se dirige al modo como el entramado saberpoder ha ensayado convertir esa existencia en un objeto: ¿cómo, por ejemplo, las leyes y las ciencias humanas han elaborado una nomenclatura para poder capturar o al menos etiquetar dichos modos de vida dentro de denominaciones que permitan delimitar la normalidad social? Loco, delincuente, enfermo, son algunas de las categorías más primarias y familiares, pero sin embargo, a partir de ellas el saber “científico” se ha ido poblando de otras etiquetas más refinadas. Foucault, insistimos, está atento a este movimiento de aparición o emergencia de un saber que otorga una posición –dentro del esquema general de enunciados– a los modos de vida “anormales”: “intenté averiguar por qué se quiso impedir con tanto celo que esas pobres mentes vagasen por rutas desconocidas” (Foucault, 2001: 238)2. En todo caso, se trata de sujetos de poder que son también objetos de saber y que toman su fuerza y realidad efectiva de una existencia que los anticipa, de una vida que, desde luego, los desborda. Su calificativo de infame reposa, precisamente, en que se trata de vidas de las que no se tiene noticias en primera persona sino únicamente por medio de un vestigio institucional. Su existencia aparece únicamente a la luz de un registro, de una bitácora, de un informe. Y sin embargo, este modo salvaje de existir ha sido real y la poca consistencia y definición que de él se posee

2 Recordemos también que el curso del año 1974-75 dedica sus esfuerzos a la genealogía de la constitución de la noción de , a partir del cruce de tres figuras: el monstruo humano, el individuo a corregir y el onanista, de las que se nutren las categorías médicas de la degeneración, las formas jurídicas y las políticas de control familiar. Estos análisis están dialogando con la perspectiva histórica que ofrece la noción de infamia. Cfr.: Foucault (1998a).

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no hace sino confirmar su vigor. El pequeño relato institucional no ha emergido sino en el descontrol y extravío de dichas existencias anónimas. ¿Qué ha permitido entonces que estos modos de vida sean codificados culturalmente como desvíos? ¿En virtud de qué operaciones la vida deviene infame? La mecánica de la norma Ahora bien, en 1966 –es decir, después de veinte años de la primera edición de Lo normal y lo patológico–, Georges Canguilhem (1971) revisa los principales planteamientos de su tesis de medicina. Esta re-lectura se actualiza con observaciones provenientes de los cursos dictados sobre el tema, además de la confrontación con nuevas investigaciones. En este contexto, Canguilhem otorga especial dedicación al lugar que tiene la noción de norma en el plano social. En efecto, estas nuevas consideraciones se inician con un apartado llamado “De lo vital a lo social”, donde se demanda por la especificidad que habría de signar a las normas sociales frente a la óptica algo homogénea que se desprende de una consideración puramente biológica de la vida. En virtud de este enfoque de nueva escala, el autor se permite algunas especulaciones que notifican sobre la lógica performativa que alimenta a la norma social: una operación en virtud de la cual la norma actúa normativamente. Según Canguilhem, al contrario del sentido que adquiere el vocablo cuando se restringe a la esfera biológica, la norma social resulta de una elección o arbitraje que es exterior al objeto calificado como tal. Así, lo normal se predica de aquello que materializa una norma y que en ese sentido permite ser tomado como referencia o modelo. De este modo, lo normal rinde homenaje a una cláusula: mostrarse fiel a una exigencia y desplegarla ante aquellos que están retrasados respecto de ese estado o ante aquello que simplemente se escapa de dicha concurrencia. La norma social ha de mostrar –y demostrar– cómo en sí misma constituye una preferencia ante lo heterogéneo. Por lo tanto, para Canguilhem, el sentido más profundo de la norma social es exponerse ante el diferendo: “Una norma extrae su sentido, su función y su valor del hecho de la existencia fuera de ella de aquello que no responde a la exigencia que ella atiende” (Canguilhem, 1971: 187). Lo normal revela, de esta forma, su carácter “dinámico y polémico” (Canguilhem, 1971: 187). La norma gana su sentido primario en el ejercicio de normar: “significa imponer una exigencia a una existencia” (Canguilhem, 1971: 187), desafía aquella realidad que busca obedecer a una legalidad propia y mantenerse ignorante de los propósitos de los cuales la norma es portavoz. Es desde este enfoque que la norma es también calificadora y performativa. La norma comunica una legalidad e inaugura un orden en torno al cual se dispone una realidad que en un principio estaba ausente de adjetivos. La norma funda

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una semántica que administra las cercanías y diferencias alrededor de un índice. Es la norma la que permite entonces nombrar, calificar y ordenar. No obstante, en esta función anida una tensión paradójica: la norma requiere y necesita de su contrario, puesto que su valor se mide sólo en relación a aquello que le desobedece. Para Canguilhem, lejos de una relación de contradicción y exterioridad, la norma acusa necesariamente una inversión respecto de lo anormal. La implementación de la norma no puede ser sino la proposición –y no la imposición– de un orden: “A diferencia de una ley de la naturaleza, una norma no condiciona necesariamente su efecto” (Canguilhem, 1971: 189). En ese sentido, es la norma la que crea performativamente la anormalidad: es su ejercicio el que bautiza, por descalificación o déficit, una realidad que no puede ser sino inversa. Por el mismo motivo, la norma no adquiere sentido de tal en la simplicidad o en la inmediatez; refiere inevitablemente a otras posibilidades, a eventuales anormalidades sobre las que reclama su vocación normativa. Expresada como regla, necesita arreglar, procura nombrar aquello torcido para explicitar el valor de su tarea. Con todo, no es lo anormal como tal lo que antecede la operación normativa. Aquella esfera que pre-existe a la norma no puede simplemente definirse o calificarse. Por el contrario, parece ser que aquel distrito pre-normativo cobra enunciabilidad sólo a partir de este ejercicio reglamentario que denuncia su desvío y lejanía respecto de la norma. Esta permite entonces decir. Permite nombrar –como anormal– aquello que anteriormente anidaba en otros regímenes de enunciación y se decía según otros cánones semánticos. Pero no sólo eso, la vocación sustantivadora de la norma también permite ver3: elabora y configura a través de la palabra una realidad, que a partir de ese momento, establece un contrato de sentido con un orden específico que lo abastece de significaciones y adjetivos. Si, como nos ha advertido Canguilhem, la idea de norma ha penetrado el cotidiano social e invadido el sentido común, es porque ha estrenado un mundo: ha inventado un código de desciframiento que, sostenido por el saber y validado por la autoridad, bautiza y jerarquiza la dispersión y heterogeneidad de un escenario plagado por una fauna informe y movediza. Los modos como la cultura –a través de prácticas sociales más o menos sedimentadas en ejercicios institucionales y ámbitos de saber– ha incorporado las distintas regulaciones normativas, es también un despliegue de los distintos puntos de conflicto y zonas de contacto entre la heterogeneidad de la vida y la aplicación

3 Canguilhem ha atendido al Nacimiento de la clínica, de 1963, donde Foucault destaca como la mirada del médico se vuelve penetrante, en el sentido de liberar una espacialidad nueva, profunda e interior. No se trata simplemente del acceso a una interioridad ya existente, sino más bien de una mirada médica que crea un nuevo régimen de enunciabilidad que es soporte para una “verdad científica”: “[...] este descubrimiento implicaba a su vez como campo de origen y de manifestación de la verdad, el espacio discursivo del cadáver: el interior revelado”(Foucault, 1990: 275).

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del poder. De esta manera, las vidas infames no son sino el reverso de la captura primaria que el poder ha hecho de la vida, tanto a un nivel individual como bajo el régimen colectivo de la población. Desde luego, es Foucault quien tomará nota del desarrollo histórico y la sofisticación administrativa de estos procesos. Producción, norma y biopolítica Para Foucault, esta dimensión “operativa” de la norma no ha pasado inadvertida y es materia fértil para un enfoque de las relaciones de poder que enfatiza la productividad más que la represión y que ofrece convenientes rendimientos para el análisis de las prácticas institucionales que se implementan entre los siglos XVIII y XIX bajo la forma de un poder de normalización (Foucault, 1998a). En el curso del año 1975, Foucault intenta la pesquisa histórica de los elementos que constituyen la categoría de anormalidad al interior del entramado médico-jurídico que provee a la pericia judicial. Además, el curso sobre Los anormales es ocasión para ir dando forma a las tesis sobre el poder disciplinario, que otorgan al ejercicio de la norma un valor protagónico. Ahora bien, para pensar la dimensión positiva –finalmente productiva– de la norma, Foucault se acoge precisamente al aporte de Canguilhem, destacando tanto el proceso global de normalización social en el que se inscriben las instituciones, así como el valor productivo, coercitivo y político que adquiere la norma como principio de calificación y corrección. Foucault pone en boca de Canguilhem aquellos elementos que se dirigen a revelar el sentido productivo del ejercicio del poder. Así, el autor repara sobre: la idea, creo que importante, de que la norma no se define en absoluto como una ley natural, sino por el papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a los ámbitos en que se aplica. La norma, por consiguiente, es portadora de una pretensión de poder. [...] es un elemento a partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto ejercicio del poder. Concepto polémico, dice Canguilhem. Tal vez podría decirse político. [...] Su función no es excluir, rechazar. Al contrario, siempre está ligada a una técnica positiva de intervención y transformación, a una especie de proyecto normativo. (Foucault, 1998a: 57)

En definitiva, es la mecánica normativa la que va a servir a Foucault para desarrollar una analítica del poder que brinda atención ya no a su dimensión restrictiva sino a su papel productor, tanto de realidad –en el orden social–, como de verdad, en el orden del saber. No obstante, Foucault va a ser capaz de percibir cómo esta racionalidad normativa va a estar disgregada en una multiplicidad de prácticas de conducción, dirección y regulación que ponen en vinculación el poder ya sea con personas singulares –produciendo al individuo disciplinario– como con el colecti-

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vo –dando forma a la biopolítica de las poblaciones. Buena parte de las investigaciones que Foucault desarrolla a partir de archivos de entre los siglos XVII al XIX, tienen esta tonalidad común4. La vida infame: la resistencia como otra cara de la historia En esta perspectiva, aquello que de mano de la historiografía se nombra como infamia, se muestra como la zona de encuentro entre la vida y la norma, en el momento exacto en que el poder es llevado a construir una nueva gramática y promover un cierto orden del discurso que se vierte enteramente sobre los modos de vivir: Para que algo de esas vidas llegase hasta nosotros fue preciso, por tanto, que un haz de luz, durante al menos un instante, se posara sobre ellas. Una luz que les venía de fuera. Lo que las arrancó de la noche donde habrían podido –y quizás debido siempre– permanecer, fue su encuentro con el poder; sin este choque ninguna palabra, sin duda, habría permanecido para recordarnos su fugitiva trayectoria (Foucault, 2001: 240)5.

Es el poder el que echa a andar un discurso que nombra y califica esas existencias desenfrenadas, decidiendo sobre su identidad, su estatuto e incluso sus vidas: un trozo de historia que es la expresión tangible de un modo de pensar, y que además, evoca una persona distinguida por las relaciones de poder. Desde luego, sumamente importante es el hecho de que Foucault vislumbra en estos archivos la reunión y el ensamble entre “mecanismos políticos y efectos de discurso” (Foucault, 2001: 244). En efecto, estos breves textos muestran en todo su patetismo, y sin ninguna reserva de cinismo, el entretejido que forma el poder y el saber. Primeramente, porque la gran acumulación de archivos forma parte de una minuciosa tarea de control y registro de la vida de la población, que persigue finalmente la regulación y el ordenamiento de los modos de vida. Los archivos pertenecen, más menos, a la época de emergencia e implementación de la biopolítica,

4 Con todo, debe tenerse presente que Foucault va refinando su análisis sobre la norma, según los distintos modos de aplicación del poder. En efecto, en el curso de 1977-78, el autor distingue entre la normación, que atribuye a los mecanismos disciplinarios individualizantes; y la normalización, más propia de los dispositivos de seguridad que operan desde una perspectiva biopolítica y que buscan distribuir rangos y promedios en torno a la norma. Cfr:, Foucault, 2006, p. 74 y siguientes. 5 Así, también son pertinentes las palabras de Arlette Farge, historiadora que trabajó directamente con Foucault sobre estos archivos, quien muestra que éstos son resultado del modo como se inscriben las relaciones de poder en el cuerpo social cotidiano. “¿De dónde vienen estos personajes de archivo, y qué luz los ilumina? Vienen del choque con el poder […] El archivo, es decir el sufrimiento de rostros anónimos nombrados por el poder, plegados a sus palabras, pero que escapan continuamente a las definiciones ligadas al querer nombrarlos”. Farge, Arlette, 1996 Michel Foucault y los archivos de la exclusión, op. cit., p. 63.

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acusando una nueva relación con lo ínfimo, con el detalle cotidiano: “Nace, para la vida ordinaria, una nueva puesta en escena” (Foucault, 2001: 246). De esta manera, una infinidad de discursos va dando forma y visibilidad a la vida diaria, y con ello también a las pequeñas trasgresiones, a los minúsculos desórdenes de conducta: todo un distrito de la anormalidad se configura paulatinamente de mano de las instituciones de poder. A partir de allí, la elaboración de un saber acerca de todos estos desvíos y complicaciones burdas, se hace necesario. Son estos distintos saberes los que permitirán, en definitiva, una nueva gestión –científica y administrativa– del día a día: “Nacimiento pues de una inmensa posibilidad de discursos. Un cierto saber sobre la vida cotidiana encuentra así, al menos, una parte importante de su origen, y con él, una grilla de inteligibilidad que Occidente ha emprendido sobre nuestros gestos, sobre nuestras maneras de ser y de actuar” (Foucault, 2001: 248). De esta forma, los archivos se ofrecen como una suerte de historial de la porfía, un memorial de los males del mundo y de los pequeños desórdenes de conducta. En ese sentido son también la muestra de un lado oscuro de la historia, la cara sombría y opaca del progreso y conformación de la civilización, el depósito de los desechos del orden moderno. En ello radica también su valor: los registros por Foucault escogidos están circunscritos a un momento de institucionalidad emergente, acusan la torpeza, el descuido, el disparate y la burda arrogancia de una nomenclatura novata y primariamente técnica, que trata de validar su autoridad y soberanía apelando al bien común, al orden y al progreso. Por ahora, sin embargo, sólo debemos advertir que las relaciones de poder tienen un rol protagónico en el registro de estas existencias, al punto que parecen consumirlas y dominarlas totalmente. Foucault afirma que estos personajes cobran su mayor intensidad en el encuentro mismo con el poder, en su resistencia, en el modo como “luchan con él, intentan reutilizar sus fuerzas o esquivar sus trampas” (Foucault, 2001: 241). Sin embargo, al parecer nada queda de estas vidas sino las palabras que los mismos registros del poder ofrecen a la mirada del curioso archivista. Lo que resta de dicha resistencia no es más que el saldo de una bitácora, de un escrito, de una denuncia. Al parecer, pese al conflicto, el poder siempre gana la batalla y en la misma letanía de su resistencia, las existencias bramantes de los infames han quedado para siempre atrapadas. Es el mismo poder quien los ha llevado a decirse y el que los ha silenciado en los registros. Simultáneamente estos choques han llevado al poder más allá, obligándolo a forjar un nuevo lenguaje, a elaborar una nueva categoría que finalmente los atrapa y clausura bajo el orden de un saber, bajo el orden del discurso. ¿Qué valor guardan entonces estos personajes frente a un poder que los ha enmudecido y derrotado? ¿Hay acaso en ellos alguna capacidad de resistencia política? A primera vista, la complicidad poder-saber ha hecho de estos personajes un lugar de cultivo de nociones científicas, de categorías psicológicas, criminales, ju-

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diciales y médicas; en suma, los infames han sido la posibilidad de que la norma se re-nombre y se amplíe. Así, todo nuevo destello, todo nuevo desvío deberá aparecer más allá de aquellos límites ya configurados por el poder, todo nuevo extravío deberá arrancarse de dichas sintaxis para escapar a la normalización. Sin embargo, una vez más los linderos se reconfigurarán bautizando los acontecimientos con palabras oficiales que finalmente los clausuran y domestican. A partir de este callejón sin salida, Foucault comenzará a vislumbrar una nueva forma de concebir la resistencia política, un nuevo modo de asumir posiciones frente a las relaciones de poder. Una resistencia que otorga, por cierto, un lugar decisivo a la historia. En efecto, La voluntad de saber daba cuenta de la co-implicancia necesaria entre fuerzas y resistencia: donde hay poder debe haber algo que se le opone, y en esa misma medida asecha siempre la posibilidad de una inversión en las relaciones de poder. Foucault es optimista en 1976 para dar cuenta de este nudo: la resistencia no es sólo una contrapartida, “no por eso son engaño o promesa necesariamente frustrada” (Foucault, 1998b: 117). Al contrario, los focos de resistencia actuarán: “[…] encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos momentos de la vida, determinados tipos de comportamiento […] rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles” (Foucault, 1998b: 117). Como puede observarse, Foucault incorpora en esta analítica del poder una semántica que supera ampliamente la nomenclatura de la teoría política. Cuerpos que resisten, comportamientos encendidos, Foucault parece hablar de una resistencia que se vislumbra no sólo en colectividad y que, en ese sentido, se escapa de la política organizada y ajustada a un plan, tal como se ha concebido en el abordaje moderno de la política. Al contrario, Foucault sugiere una resistencia visceral que toma lugar como una in-corporación anclada en la vitalidad, enunciada además, en un lenguaje cercano al utilizado en La vida de los hombres infames. Algo desconcertante sucede entonces con la noción de hombre infame. Por una parte se evidencia la insignificancia de esas vidas, su minúscula relevancia en términos históricos, su casi nula oferta como suceso social o político. No obstante Foucault descubre en estos desvíos, en estos tropiezos sin valor, un enfrentamiento patente con el poder que implica, entonces, un coeficiente de resistencia. Se trata, sin embargo, de una resistencia que no pareciera tener relevancia política; la ganancia que puede obtenerse de estas vidas –que han hecho hablar y pronunciarse al poder–, parece no ser más que la inspiración que puedan ofrecer a un descubridor lejano. Pero en ese mismo movimiento se advierte un tiempo histórico –un presente– que se rompe en un antes y un después; un curso histórico que es atravesado por un acontecimiento, por un hecho infame carente de testigos, pero que a la luz de la genealogía se convertirá en un punto de referencia para hacer una lectura distinta del pasado y un relato inédito para el propio presente. Se

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abre así la posibilidad de que la resistencia al poder siembre la discontinuidad en el reconocimiento de los condicionamientos de lo actual, y que ello permita, a su vez, la reconstrucción constante de la subjetividad en relación al poder. He ahí la fortaleza de la infamia; llegar a ser un indicador de resistencia del cuerpo y la vida en la extensión de la historia, y en último término, de la propia historia. Esto es lo que indica claramente Arlette Farge: El hombre infame es un hombre cualquiera llevado a la luz porque ha sido capturado en sus vociferaciones: en consecuencia, él, entre la vida y la muerte, no es nada más que ese débil resplandor que le dan las relaciones de fuerza, no es nada más que el surgimiento de un estilo de vida simultáneamente rechazado por el poder y llevado a decirse por él. (Farge, 1996: 65).

Luego, es a partir del ejercicio de un poder que se entromete en el modo de vivir –que hace de la vida un blanco primordial de regulación y normalización–, que se vislumbra la potencia de la vida para resistir y trasgredir tras la máscara de una vida singular, que sin escapar al poder, es capaz de torcer sus efectos y mecanismos. Se trata de una noción inagotable que permite experimentar toda la severidad de la filosofía de Foucault: un pensamiento que interroga la constitución histórica de una modernidad a partir de lo que se ha desechado, elidido, rechazado y reprimido. No obstante, cuando el pensar se deja remecer por estos acontecimientos mínimos pero incalculables, se libera el dominio de la subjetivación como una tercera dimensión que se evade de la aparente captura de los juegos de saber-poder. De esta forma, es el distrito de la subjetividad aquel que marca una línea de fuga respecto al poder, indicando el coeficiente de resistencia e inaprehensibilidad que posee la vida. La subjetividad –la emergencia de un espacio de construcción de sí– se libera en el concurso entre las fuerzas de la vida y el poder. En dicho litigio surge un distrito de autonomía donde ciertos modos de vida rompen los umbrales que el saber y el poder han definido, brindando un asomo de libertad bajo la forma de la invención. Al respecto los aportes de Deleuze son esclarecedores: “Se trata de inventar modos de existencia, siguiendo reglas facultativas, capaces de resistir al poder y de hurtarse al saber, aunque el saber intente penetrarlas y el poder intente apropiárselas” (Deleuze, 1990: 127). Es lo que sucede con el hombre infame: su poder de resistencia se actualiza en razón de un poder que lo confronta, lo estimula, lo nombra, lo hace hablar y vociferar. Es el mismo poder el que, en su incapacidad de dominar todas las fuerzas de la vida, mantiene un permanente retraso frente a posibilidades emergentes de resistencias, frente a modos de vida imprevistos, inactuales, intempestivos. En efecto, de estos personajes infames en rigor nada se sabe sino lo que se ha plasmado en las pocas palabras que los ilustran. Foucault pretende, entonces, fabricar una historia que no disputa, en ningún caso, un índice de verdad o de

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corroboración. Así, los archivos –unas pequeñas palabras– permiten el asomo de una historia deshilvanada y sin sentido, si por ello se entiende la articulación de las causas y el mérito de la grandeza. Por el contrario, La vida de los hombres infames acusa un modo distinto de proporcionar el sentido histórico; un sentido que está, esta vez, mucho más cercano de la sensibilidad, del cuerpo, del asombro y el impacto que pueden causar en la propia existencia, los avisos de vidas sucumbidas y a la vez descarriadas. Gente ordinaria, sin valor para las epopeyas, pero que en sus litigios cotidianos con el poder, en su porfía diaria, proporciona a la genealogía un material valioso, al cual Foucault se permite rendir homenaje. Referencias Canguilhem, G. (1971). Lo normal y lo patológico. Buenos Aires: Siglo XXI editores. Deleuze, G. (1990). Pourparlers. Paris: Les Éditions de Minuit. Farge, A. (1996). Michel Foucault y los archivos de la exclusión. En Roudinesco, Canguilhem, Derrida y otros. Pensar la locura. Ensayos sobre Michel Foucault (pp. 62-79). Buenos Aires: Paidós. Foucault, M. (1990). El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica. Buenos Aires: Siglo XXI editores. Foucault, M. (1998a). Los anormales. Curso en el Collège de France 1974-75. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Foucault, M. (1998b). Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI editores. Foucault, M. (2001). La vie des hommes infames. Texto n° 198. En Dits et écrits. [Dos volúmenes]. París: Quarto Gallimard. Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France 19771978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

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Adán Salinas Araya, La semántica biopolítica. Foucault y sus recepciones. Viña del Mar: CENALTES Ediciones, 2014, 346 pp. ISBN 978-956-9522-00-0

FELIPE STEFANO RUIZ BRUZZONE1

El texto que acá reseñamos nos ofrece una mirada panorámica, una perspectiva de conjunto respecto de una contemporánea corriente de investigación que, desde un diálogo interdisciplinario con la filosofía, la historia y la sociología, entre otras áreas de producción de conocimiento, planteará una analítica de nuestras actuales formas de gobierno. En estos términos, el filósofo chileno Adán Salinas comienza este libro rastreando los aportes de Michel Foucault en los años 70 –fundamentalmente realizados en los cursos “Seguridad, Territorio y Población” y “El Nacimiento de la Biopolítica”– en torno al problema del biopoder. Luego analizará lo que él denomina como un “primer período de recepción” de la obra de Foucault, atendiendo la línea de los studies in governmentality (estudios en gubernamentalidad) realizados en el ámbito anglosajón, y a la línea denominada recepción biopolítica, desarrollada principalmente por autores italianos. Si bien Salinas no se propone trabajarla en este escrito, a lo largo de todo el material, y de manera más precisa en el último capítulo, expone algunos pormenores de lo que sería una segunda recepción de la analítica foucaulteana, referida a problemáticas nítidamente contingentes en nuestra actualidad. La claridad expositiva, la vocación pedagógica y la rigurosidad conceptual que despliega Salinas, se unen en este trabajo con una fuerte vocación crítica, que actúa como telón de fondo para evaluar todos estos aportes contemporáneos, en la medida que configuran una modalidad de análisis relevante para la comprensión de nuestro presente neoliberal. Es necesario destacar que ambas vertientes que dan forma al “primer período de recepción” comparten un denominador común: el escaso acceso que tuvieron al desarrollo del problema biopolítico efectuado por Foucault. Esta situación se genera por la tardía publicación de los cursos donde esta temática fue abordada, se trata de “Seguridad, Territorio, Población” y “El Nacimiento de la Biopolítica”, cuya primera edición en francés data del 2004 en ambos casos. Ante esta orfandad analítica, ambas líneas tomaron caminos diversos según Salinas: los estudios en 1 Estudiante de la carrera de Sociología y miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinario del Trabajo (GEIT), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. E-mail: [email protected]

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gubernamentalidad se aferrarán a este concepto y no ampliarán mayormente lo que Foucault había planteado; la recepción biopolítica, por el contrario, ante espacios difusos dejados por Foucault, propondrá paradigmas o enfoques originales, que permitirían actualizar la propuesta foucaulteana. De tal modo, en el primer capítulo del libro, el investigador chileno rastrea el origen del término biopolítica en el discurso foucaulteano. Evidencia su primer uso en dos ciclos de conferencias que Michel Foucault realizó entre los años 1973 y 1974 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Río de Janeiro. En tales conferencias el francés evidencia una racionalidad política propia de la modernidad y del capitalismo, en la medida que el cuerpo se convierte en objeto de la política, se avanza en cientificidad y se consolida un tipo de intervención ambiental para conseguir efectos sobre los aspectos biológicos de los individuos. En un segundo uso del término –que se encontraría en obras como Defender la sociedad, Vigilar y castigar y La voluntad de saber– el eje del problema se desplaza desde la cura de enfermedades en los individuos a la gestión de sociedades sanas y productivas, instalándose una racionalidad política que toma como eje a la población entendida como un tercer cuerpo (además del cuerpo individual y del cuerpo social) caracterizado por la heterogeneidad, constituyéndose en el principal objeto del biopoder. Un tercer uso del concepto se observaría según Salinas en los cursos “Seguridad, Territorio, Población” y “El Nacimiento de la Biopolítica”, donde Foucault describe un despliegue histórico de la racionalidad de gobierno en la modernidad, que va desde el poder soberano caracterizado por el ejercicio de la disciplina sobre el cuerpo/individuo (anatomo-política) en un territorio determinado, hacia el biopoder, caracterizado por el control y regulación de la vida teniendo como objeto a la población en tanto “cuerpo múltiple” (biopolítica) y por la emergencia de nuevas prácticas de gobierno que difuminan los mecanismos del poder más allá del Estado, configurando una particular racionalidad de gobierno que el francés conceptualizará como gubernamentalidad, instalando la idea de una multiplicidad en el ejercicio del gobierno. Este despliegue de la gubernamentalidad como línea de fuerza que atraviesa a todo Occidente, se irá articulando con el liberalismo como régimen de verdad que le otorga sentido, lo que instala una problemática pues, a la vez que se han desarrollado prácticas de regulación de la población, se enarbola la defensa de los derechos y libertades individuales, lo que inaugura una contradicción: el liberalismo necesita libertad, por tanto debe producirla, pero al mismo tiempo precisa regularla. Salinas muestra cómo el análisis foucaulteano decanta –en los últimos cursos mencionados– en el análisis del neoliberalismo como un nuevo giro sobre el eje del saber, que permite resolver la paradoja biopolítica. Examinando la experiencia alemana y norteamericana de formalización de aquello que conocemos como neoliberalismo se encuentran tres elementos relevantes para el problema del biopoder en la

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actualidad: la concepción del mercado como un fenómeno a producir y mantener (no como un dato natural), la idea del “marco” como una serie de condiciones que posibilitan la existencia y la permanencia en el tiempo de la institución mercado, y la extensión de la racionalidad de mercado hacia nuevos ámbitos antes inexplorados. La regulación de la población se efectúa buscando la producción de un homo oeconomicus, un hombre-empresa adaptado a la competencia, gestión y administración de sí, como una realidad a producir y a extender por toda la población; inaugurando así una gobernanza del marco, lo que constituye un “principio de sofisticación de la intervención o de la regulación” (p. 75) en la medida que ayuda a sortear (pero no a eliminar) la paradoja de la intervención en el neoliberalismo. Es por ello que la categoría biopolítica, articulada con el concepto de gubernamentalidad, presenta una fecundidad analítica importante para un análisis del presente. En el segundo capítulo, Salinas describe aquella línea de trabajo que integra la primera recepción del trabajo foucaulteano, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, cuyos primeros trabajos se pueden rastrear de manera casi paralela a los cursos de Foucault a finales de los años setenta, con un auge durante la segunda mitad de la década de los noventa, y agotamiento hacia mediados de la década del 2000. Se trató de un grupo heterogéneo de autores que convergió en un estudio aplicado en torno a la noción de gubernamentalidad, cuyos efectos pudieron indagarse en el análisis de políticas públicas neoliberales y los nuevos objetos de saber de la economía política, en la representación de los hechos sociales, así como en el despliegue de un gobierno de sí: una representación ética, política y psicológica de un sujeto gestor de sí mismo, que antes se ha denominado como homo oeconomicus. El rechazo a plantear teorizaciones totalizantes y a inscribir su trabajo al interior de síntesis generalizadoras del presente, levantó voces críticas dentro de esta línea de investigación, denunciando una perspectiva que resultaría particularmente descriptiva, que no asume una postura crítica ni propositiva frente a las condiciones de dominación, confundiéndose así con una mera casuística del poder. En el tercer capítulo del libro, el autor ofrece una breve descripción de algunos aportes realizados por el filósofo Gilles Deleuze en torno a la problemática del biopoder, resaltando que por lo general no son considerados. Salinas plantea que las propuestas de Deleuze funcionan “no tanto como herramientas capaces de sostener una perspectiva por sí mismas, sino más bien como un complemento fructífero para la propuesta foucaulteana y como un foco de contraste interesante para los discursos posteriores” (p. 140). En primer lugar, el concepto de diagrama permite reflexionar en torno a la superposición de las lógicas del poder, lo que obliga a poner el acento en el estudio de las situaciones histórico-concretas más que en consideraciones abstractas o esencialistas sobre el mismo; en segundo lugar el autor destaca el énfasis deleuzeano sobre la posibilidad de una dimensión afirmativa de la biopolítica, como potencial de resistencia frente al poder; un tercer y último

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aspecto destacado es el concepto de sociedad de control, que permite analizar a las actuales sociedades de gestión, como modelos de libre circulación, caracterizados por los controlatorios como tecnología de gobierno, que ya no buscan el control rígido sobre las conductas, sino más bien una modulación que pueda absorber y gestionar las diferencias. A lo largo del cuarto capítulo, Salinas ofrece una interpretación de un ciclo del trabajo de Giorgio Agamben que se constituye como una gran recepción del problema del biopoder y como una reelaboración de tal problemática en los términos del italiano. El chileno destaca dos grandes aportes de este autor. El primero se encontraría en el libro Homo Sacer I, el poder soberano y la nuda vida, y la tesis que lo sintetizaría es: “el campo de concentración es el paradigma biopolítico de la actualidad” (p. 141); el segundo tendría como eje la reflexión desplegada en El reino y La gloria, Homo Sacer II, 2 en torno a una genealogía de la gubernamentalidad, y la tesis allí planteada sería: el “modelo de gobierno que Foucault ha mostrado como la racionalidad de la biopolítica estaría conectado con un arcano teológico, de modo que se puede proponer una teología económica (…) como paradigma del gobierno económico actual, y también como posibilidad para elaborar propuestas alternativas a tal racionalidad” (p. 141). Si bien Salinas critica la orientación jurídico-teológica que atraviesa la propuesta agambeana, destaca que conceptos como Estado de Excepción, Nuda Vida o Teología Económica permiten comprender los modos y dispositivos de gobierno que profundizan una lógica biopolítica, o de producción activa de la vida social y la subjetividad, en el marco del neoliberalismo. En el quinto capítulo, Salinas realiza un breve recorrido por los aportes de Hardt y Negri, recogiendo principalmente lo trabajado en Imperio (2000), Multitud (2004) y Common Wealth (2009). Estos trabajos se sitúan en una zona ciega relativa respecto a los cursos de Foucault publicados a mediados de la década del 2000, toda vez que tuvieron la posibilidad de hacer contacto con los trabajos del francés, así como con las líneas de investigación trazadas por los anglofoucaulteanos. La propuesta central de tales autores, destacada por el chileno, es la noción de Imperio, con la que denominan una nueva forma de poder soberano, caracterizada por tres grandes aspectos: su carácter artificial, descentrado y flexible, pero al mismo tiempo universalizante, que encuentra su justificación en valores morales universales como la paz y la justicia; un proceso de globalización que pondría en jaque la soberanía de los Estados-Nación, específicamente la estrecha relación del poder soberano con un territorio, mediante un principio de excepción que se comprende como una forma legítima de suspender las soberanías nacionales; y finalmente la relación de estos fenómenos de cambio con la dinámica del capitalismo y sus procesos de construcción de relaciones sociales. En esta línea, el problema biopolítico será abordado por estos autores mediante la categoría vida social que, en la línea del análisis marxista, plantea que la lógica del capitalismo produce activamente una forma de vida económica, social y cultural, de tendencia globalizante.

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El mecanismo por excelencia que concreta la forma del Imperio es conceptualizado por estos autores mediante la guerra como instrumento privilegiado del biopoder: una forma de dominio cada vez más extendida que posibilita la producción y reproducción de todos los aspectos de la vida social, sustentada a su vez en una nueva geografía económica de corte mundial característica de las formas de producción de las empresas transnacionales. En un sentido parecido al que afirma Deleuze, estos autores asumen una perspectiva afirmativa de la biopolítica, que se relaciona con las posibilidades de resistencia, mientras el concepto de biopoder refiere a las estrategias de gobierno pensadas desde el poder. En tal contexto, la categoría Multitud destacada por Salinas denota un poder de la vida que se opone al dominio del Imperio: “un tipo de subjetividad política múltiple a construir, que tiene una base material, es decir, la multitud como fuerza de trabajo en el contexto actual del capitalismo posfordista o biopolítico (…)” (p. 245) que busca realizar una democracia absoluta que emerge desde la vida en común. En el sexto capítulo, y teniendo como marco el diagnóstico sobre la pérdida de sentido de las categorías del léxico político moderno –el problema de lo Impolítico– Salinas destaca el trabajo realizado por Roberto Esposito en lo que denomina como un segundo ciclo de su obra, cuyo desarrollo se encuentra fundamentalmente en tres obras: Communitas. Origen y destino de la comunidad (1998), Immunitas, protección y negación de la vida (2002), y Bios. Biopolítica y filosofía (2004). Este segundo ciclo presenta como eje central el problema de la comunidad; para resolver el significado de esta categoría, el italiano recurre al rastreo etimológico del término para resituar su significado. Salinas destaca la noción de Communitas, que tiene como raíz al vocablo munus, un tipo de don que al mismo tiempo es una obligación respecto a la vida en comunidad; no habría así nada en común en la noción de comunidad, sino la deuda que se origina en el vivir juntos; al contrario que la comunidad fascista, definida por la existencia de una identidad basada en una propiedad compartida: un origen, un destino, un idioma, una raza, etc. Como contraparte, Salinas señala la noción de Immunitas, que refiere a quien es dispensado de la deuda común: una inmunidad política que se concibe como un privilegio y que nos devuelve al problema biopolítico en la medida que, al tratarse de una protección negativa de la vida, la inmunidad permite comprender la relación existente en la modernidad entre el poder político y la vida humana, pues –como es planteado desde Hobbes en adelante– el orden político se caracteriza por constituirse y perpetuarse mediante una especie de inoculación, una inmunización artificial, “que procede por esta operación algo contradictoria de infectar para proteger, y que prontamente Esposito llamará ‘protección negativa de la vida’” (p. 278). A modo de cierre del libro, en el último capítulo Adán Salinas ofrece una breve revisión de los trabajos de Nikolas Rose (posteriores a 2007) y de Maurizio Lazzarato (posteriores a 2009), situándolos en el contexto de una segunda recepción de

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la analítica foucaulteana sobre el biopoder, pues están realizados “teniendo a la vista el itinerario completo de los cursos del Colegio de Francia (…)” (p. 297). Respecto a los aportes de Lazzarato, Salinas destaca la reflexión en torno al hombre endeudado, una concepción de un homo oeconomicus particular, que confluye y proyecta los análisis foucaulteanos sobre el neoliberalismo. Esta noción es tributaria de las nociones de trabajo inmaterial y capitalismo cognitivo, y de los aportes realizados por Hardt y Negri sobre una bioeconomía o producción biopolítica, concepto que refiere al potencial antropogenético que tiene el capitalismo para producir la vida social en su conjunto. El filósofo chileno resalta la orientación del italiano al estudio aplicado de fenómenos concretos en el neoliberalismo. En trabajos como La fábrica del hombre endeudado (2012), analiza los dispositivos económicos del sistema financiero, poniéndolos en relación con la producción de modos de subjetivación, donde convergen diversas tecnologías y racionalidades de poder, en el marco de una economía de la deuda. En relación al trabajo de Rose, el chileno señala que se trata de una propuesta interdisciplinaria que recoge aportes de las ciencias biológicas y la neurociencia. El inglés pone sobre la mesa la incorporación de un nuevo esquema de pensamiento que él denomina biopolítica molecular, dando cuenta de un nuevo enfoque sobre la vida en el que los aspectos moleculares de la misma pueden ser incorporados a las lógicas de gobierno. De tal forma, a través de conceptos como biopolítica, biovalor y bioeconomía Rose analiza el surgimiento de un mercado específico que incorpora la racionalidad propia de la biopolítica molecular, lo que se expresaría en el desarrollo de la industria farmacéutica, de un mercado de genes y células madre, entre otros ámbitos, evidenciando la extensión de la racionalidad económica a ámbitos antes insospechados. A modo de cierre, cabe destacar que el arsenal teórico expuesto por Salinas resulta clave para comprender el presente chileno y para estudiar el momento histórico donde comienza a gestarse la producción del orden neoliberal actual –la dictadura cívico-militar que gobernó al país entre los años 1973 y 1989– como un diagrama de gobierno que, mediante el dispositivo del Estado de Excepción, induce una indeterminación entre la vida biológica y la vida política (zoé y bios, respectivamente), facultando la articulación de diversos mecanismos inmunitarios de disciplinamiento y de gestión, que posibilitaron el despliegue y articulación de un nuevo régimen de gobierno con sus particulares modos de subjetivación y dispositivos de poder, que encuentran continuidad en la historia reciente y en el presente de nuestra sociedad. A la vez, en un sentido más global, no podemos sino reconocer la utilidad que presentan los aportes de Hardt y Negri toda vez que nos encontramos en un contexto de guerra constante. Como ejemplo local es posible señalar el conflicto en la Araucanía; a escala global sobran ejemplos recientes: el siempre abierto enfrentamiento Israel-Palestina, las revueltas, guerras civiles y golpes de Estado en Egipto, Siria y Ucrania, por mencionar sólo algunos casos, refieren a situaciones

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que producen un estado de conmoción general, que abre paso a nuevas articulaciones del poder a escala global, con el consecuente avance del neoliberalismo.

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Sociedad Hoy es una publicación del Departamento de Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción, Chile. Se editó en forma anual entre los años 1997 y 2005, y desde el año 2006 se edita en forma semestral. Su objetivo es difundir e incentivar la investigación y la reflexión en las ciencias sociales en el ámbito nacional e internacional, especialmente a nivel iberoamericano. Incluye temas de interés científico de diferentes áreas de investigación de las Ciencias Sociales, tales como epistemología, teoría sociológica y antropológica, medioambiente, género, educación, movimientos sociales, metodologías de investigación, políticas sociales, cultura e imaginarios sociales, etnias, problemas de la globalización, territorios y sistemas productivos, participación ciudadana, pobreza, desarrollo regional y sustentabilidad, entre otras áreas afines. Es una publicación dirigida a académicos, investigadores, estudiantes y público en general. Sociedad Hoy considera para su publicación artículos inéditos, los que serán sometidos a evaluación de acuerdo a criterios de originalidad, pertinencia, rigurosidad y calidad científica. Se acogen trabajos posibles de ser incluidos en las siguientes secciones de la revista: Artículos, Documentos, Reseñas. Los trabajos se publican en español, inglés o portugués. Artículos: Deben tener 20 páginas como máximo, incluyendo referencias bibliográficas, títulos y resúmenes en español e inglés. Documentos: Deben tener 10 páginas como máximo. Reseñas: Deben tener 4 páginas como máximo y referirse a publicaciones recientes en algún ámbito de interés para las ciencias sociales. Su estructura debe ser la siguiente: –Información del autor del libro: Nombre y apellido (año), Título del libro. Lugar de publicación: editora, número de páginas, ISBN. –Datos del autor de la reseña: Nombre, institución, e-mail. –Desarrollo de la reseña: máximo 4 páginas. –La reseñas pueden ser en español, inglés y portugués. NORMAS DE PUBLICACIÓN –Artículos originales. Las contribuciones a la revista deben ser escritas a doble espacio, en hoja tamaño carta, con márgenes de derecha e izquierda y superior e inferior de 3 cm, en caracteres Times New Roman, tamaño 12. Debe consignarse:

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Ej.: Beck, Ulrich (2008). La sociedad del riesgo mundial. Barcelona: Editorial Paidós. –Capítulos de libros: Apellido, nombre (año) Titulo capítulo. En Apellido, nombre: Título del libro (página inicial-pagina final). Ciudad: editorial. Ejemplo: Goffman, Erving (2001) On fieldwork. En Emerson, Robert Contemporary field research (pp. 153-158). Illinois: Waveland Press Inc. Todas las citas deben aparecer en la lista final de referencias bibliográficas, y viceversa, dichas referencias deben estar citadas en el texto. –Sistema de arbitraje y selección de artículos. Los artículos recibidos se someten a revisión “doble ciego” a través del Comité Editorial, el Comité Científico Internacional y un Comité Científico de Colaboradores nacionales e Internacionales, quienes evalúan los trabajos en base a una pauta de calificación basada en criterios de originalidad, pertinencia, rigurosidad y calidad científica, focalizando en las fortalezas teóricas, metodológicas, y la contribución de nuevos conocimientos, así como también en el ajuste del artículo, documento o reseña a las normas de publicación de Sociedad Hoy. –Notificación a los autores/as. Se notificará la recepción del trabajo al autor principal y, posteriormente, se notificará el resultado de la evaluación doble ciego. –Orden de publicación de trabajos. El orden de publicación de los artículos quedará a criterio del Director. –Envío de trabajos. Interesados e interesadas en publicar enviarán sus trabajos de forma electrónica al correo de la Revista Sociedad Hoy: [email protected], o por correo certificado a: Revista Sociedad Hoy Departamento de Sociología y Antropología Facultad de Ciencias Sociales, 4° Piso, Universidad de Concepción Campus Universitario s/n Fono (56-41) 2203063 - Fax (56-41) 2215860 Casilla 160-C, Correo 3, Concepción, Chile

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Sociedad Hoy INFORMATION FOR AUTHORS

Sociedad Hoy is a journal published by the Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Concepción, Chile. It was published annually from 1997 to 2005, and since 2006 is published every six months. Its objective is to disseminate and encourage research and reflection on social sciences at national and international levels, especially at the Ibero-American level. Sociedad Hoy includes topics of scientific interest on different areas of social science research, such as epistemology, sociological and anthropological theory, environment, gender, education, social movements, research methodologies, social policies, culture and social imaginaries, ethnic problems, globalization, territories and productive systems, public participation, poverty, regional development and sustainability, among other related areas. It’s a publication directed to academics, researchers, students and the general public. Sociedad Hoy considers for its publication original articles, which will be subjected to evaluation according to originality, relevance, rigor and scientific quality criteria. Possible papers are welcomed to be included in the following sections of the Journal: Articles, Documents, and Book-Reviews. Papers can be written in Spanish, English or Portuguese. Articles: Must be 20 pages maximum, including references, titles and abstracts in English and Spanish. Documents: Must be 10 pages maximum. Book-Reviews: must be 4 pages maximum and refer to recent publications in an area of interest for the social sciences. Its structure must be the following: –Book author information: Name and last name (year). Book title. Place of publication: publisher, number of pages. –Reviewer information: Name and last name, institution, e-mail. –Development of the book review: Maximum 4 pages. –Book reviews can be in Spanish, English and Portuguese. FORMATTING GUIDE

Original Articles. Contributions to the journal should be typed double-spaced on letter size paper, with margins of left and right top and bottom of 3 cms, Times New Roman characters size 12. Should include: a) Title of the paper, in English and Spanish.

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b) Name of author (s). c) Speciality, institution to which s/he belongs and e-mail. d) Abstract and keywords. e) Resumen y palabras clave. f ) Introduction. g) Development, divided into titles and subtitles, if applicable. h) Final thoughts and conclusions. i) References: should contain only those quoted in the text. –Quotations and bibliographic references. Quotations at the text and at the final list of references must be submitted according to the format of American Psychological Association (APA): –When the author’s name is part of the narrative, only the year of publication of the article in parentheses. Example: Foucault (2000) studied the relationship between knowledge and power ... –When the name and date (year) of publication are not part of the narrative of the text, put both parenthetically, separated by a comma. Example: The study of the relationship between politics and language (Habermas, 2000) opened a new perspective... –When both the date and the name are part of the sentence a parenthesis is not used. Example: In 1867 Marx published the first volume of Das Kapital ... –If more than one book / article by one author appeared the same year, the quote will be done with a letter in sequence following the year. Example: (Bauman, 2000a, Bauman, 2000b) –The references in the final list should be in alphabetical order and year of publication. Multiple references by the same author are sorted by year from the oldest to the newest. –Journal articles: Last name, name (year of publication) Title of the article. Journal name, volume number, initial page-final page. Example: Salazar, G. (1990). Ser niño huacho en la historia de Chile (Siglo XIX). Proposiciones, Vol. 19, pp. 55-83. –Books: Last name, name (year of publication) Book title. City where was published: Name of the publisher.

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Example: Beck, U. (2008). La sociedad del riesgo mundial. Barcelona: Editorial Paidós. –Book chapters: Last name, name (year) Chapter title. In: Last Name, First Name: Book title (initial page-final page). City: publisher. Example: Goffman, E. (2001). On fieldwork. In Emerson, Robert Contemporary field research (pp. 153-158). Illinois: Waveland Press Inc. –All quotations must appear in the final list of references and vice versa, such references must be quoted in the text. –Arbitration system and selection of paper. The contributions received are subject to ‘double blind’ review through the Editorial Committee, the International Scientific Committee and Scientific Committee of national and international partners which evaluate the work based on a norm of qualification based on originality, relevance, scientific rigor and quality criteria, focused on theoretical, methodological strengths, and the contribution for new knowledge, as well as the adjustment of the article, document or book-review to the rules for publication of Sociedad Hoy. –Notification to the authors. The authors will be notified about the receipt of the contribution, and subsequently they will be notified about the outcome of the doubleblind evaluation. –Order of publication of papers. The order of publication of the articles will be subjected to the Director’s criterion. –Paper Submission. Authors interested in publishing their work must send the original paper to the following e-mail of Sociedad Hoy: [email protected] , or by registered mail to: Revista Sociedad Hoy Department of Sociology and Anthropology Faculty of Social Sciences, 4th Floor, Universidad de Concepción Campus Universitario s / n Telephone (56-41) 2203063 - Fax (56-41) 2215860 Casilla 160-C, Correo 3, Concepción, Chile

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Sociedad Hoy INFORMAÇÃO AOS AUTORES

Sociedad Hoy é uma publicação do Departamento de Sociologia e Antropologia, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade de Concepción, Chile. A edição era de forma anual entre os anos de 1997 e 2005, a partir do ano de 2006 a edição é feita de forma semestral. Seu objetivo é difundir e incentivar a investigação e a reflexão nas ciências sociais no âmbito nacional e internacional, especialmente a nível iberoamericano. Inclui temas de interesse científico de diferentes áreas de investigação das Ciências Sociais, tais como epistemologia, teoria sociológica e antropológica, meio ambiente, gênero, educação, movimentos sociais, metodologias de investigação, políticas sociais, cultura e imaginários sociais, etnias, problemas da globalização, territórios e sistemas produtivos, participação cidadana, pobreza, desenvolvimento regional e sustentabilidade, entre outras áreas afins. É uma publicação dirigida á acadêmicos, pesquisadores, estudantes e público em geral. Sociedad Hoy considera para sua publicação artigos inédito, que serão submetidos à avaliação de acordo a critérios de originalidade, pertinência, rigorosidade e qualidade científica. Admitem-se trabalhos possíveis de serem incluídos nas seguintes seções da revista: Artigos, Documentos, Resenhas. Os trabalhos podem ser em espanhol, inglês e português Artigos: Devem ter no máximo 20 páginas, incluindo referências bibliográficas, títulos e resumos em espanhol e inglês. Documentos: Devem ter no máximo 10 páginas. Resenhas: Devem ter no máximo 4 páginas e referir-se a publicações recentes em algum âmbito de interesse para as ciências sociais. Sua estrutura deve ser a seguinte: –Informação do autor do livro: Nome e sobrenome (ano), Título do livro. Lugar de publicação: editora, número de páginas. –Dados do autor da resenha: Nome, instituição, e-mail. –Desenvolvimento da resenha: máximo 4 páginas. –As resenhas podem ser em espanhol, inglês e português. NORMAS DE PUBLICAÇÃO

–Artigos Originais. As contribuições á revista devem ser escritas com espaço duplo, em folha tamanho carta, com margens de direita e esquerda e superior e inferior de 3 cm, em caracteres Times New Roman, tamanho 12. Deve ser inserido:

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a) Título do trabalho, em espanhol e inglês b) Nome do autor (es) c) Especialidade, instituição a que pertence e correio eletrônico. d) Resumos e palavras chaves. e) Abstract e keywords f ) Introdução g) Desenvolvimento, dividido em títulos e subtítulos se for relevante. h) Reflexões finais ou conclusões i) Referencias bibliográficas: deve conter só aquelas citadas no texto. –Citações e referências bibliográficas. As citações no texto e a lista final de referências devem ser apresentadas segundo formato da American Psychological Association (A.P.A.): –Quando o sobrenome do autor faz parte da narrativa inclui-se somente o ano da publicação do artigo entre parêntesis. Exemplo: Foucault (2000) estudou as relações de saber-poder entre... –Quando o sobrenome e o ano da publicação não formam parte da narrativa do texto, se incluem entre parêntesis ambos os elementos, separados por uma vírgula. Exemplo: O estudo das relações entre política e linguagem (Habermas, 2000) abriu uma nova perspectiva... –Quando o sobrenome e o ano da publicação formam parte da oração não se usa parêntesis. Exemplo: Em 1867 Marx publicou o primeiro volume do O Capital… –Se existe mais de uma obra/artigo de um só autor apresentado com mesmo ano, se citará com uma letra seguida do ano. Exemplo: (Bauman, 2000a, Bauman, 2000b,…) –As referências da lista final devem ser dispostas em ordem alfabética e ano de publicação. Referencias múltiplas de um mesmo autor se ordenam por ano da mais antiga a mais nova. –Artigos de Revistas: Sobrenome(s), nome(s) (ano de publicação) Título do artigo. Nome da revista, volume, número, página inicial-página final. Exemplo: Salazar, G. (1990). Ser menino “huacho” na historia de Chile (Siglo XIX). Proposições, Vol.19, pp. 55-83. –Livros: Sobrenome(s), nome(s) (ano de publicação) Título do livro. Cidade onde foi publicado: nome do editorial.

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Exemplo: Beck, U. (2008) A sociedade do risco mundial. Barcelona: Editorial Paidós. –Capítulos de livros: Sobrenome nome (ano) Título capítulo. Em sobrenome, nome: Título do livro (página inicial-pagina final). Cidade: editorial. Exemplo: Goffman, E. (2001). On fieldwork. Em Emerson, Robert Contemporary field research (pp. 153-158). Illinois: Waveland Press Inc. –Todas as citações devem aparecer na lista final de referências bibliográficas, e vice versa, tais referências devem estar citadas no texto. –Sistema de avaliação e seleção de artigos. Os artigos recebidos são submetidos à revisão “anônima” através do Comitê Editorial, Comitê Científico Internacional e um Comitê Científico de Colaboradores nacionais e Internacionais, que avaliam os trabalhos em base a uma pauta de qualificação baseada em critérios de originalidade, pertinência, rigorosidade e qualidade científica, focando na solidez teóricas, metodológicas, e na contribuição de novos conhecimentos, assim como também no ajuste do artigo, documento ou resenha ás normas de publicação de Sociedad Hoy. –Notificação aos autores/as. Notificar-se-á a recepção do trabalho ao autor principal e, posteriormente, se notificará o resultado da avaliação anônima. –Ordem de publicação de trabalhos. A ordem de publicação dos artigos ficará a critério do Diretor. –Envio de trabalhos. Interessados e interessadas em publicar enviaram seus trabalhos de forma eletrônica ao correio da Revista Sociedad Hoy: [email protected], ou por correio certificado a: Revista Sociedad Hoy Departamento de Sociología y Antropología Facultad de Ciencias Sociales, 4° Piso, Universidad de Concepción Campus Universitario s/n Fono (56-41) 2203063 - Fax (56-41) 2215860 Casilla 160-C, Correo 3, Concepción, Chile

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Sociedad Hoy Nº 25 se terminó de imprimir el mes de diciembre de 2014 en El Tallercito Digital (que actúa sólo como impresor), Tomé Chile

ISSN 0717-3512

25/ 2013

2do Semestre

SOCIEDAD HOY Departamento de Sociología y Antropología • Universidad de Concepción • Chile

5 Presentación ARTÍCULOS

Estudio introductorio a las investigaciones en biopolítica y gubernamentalidad. An introduction to the investigations on biopolitics and governmentality 7 Iván Pincheira Torres Nuevos discursos acerca de la felicidad y gubernamentalidad neoliberal: “Ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá por añadidura”. New Discourses on happiness and neoliberal governmentality: “Dedicate yourself to being happy and everything else will follow” 29 Rodrigo De La Fabián, Antonio Stecher De las prácticas de muerte a la sobrevivencia: apuntes para la comprensión biopolítica de la Dictadura Militar en Chile. From death’s practices to the survival: notes for a biopolitical understanding of the military dictatorship in Chile 47 Luna Follegati Montenegro Estado de excepción y campos de concentración en Chile. Una aproximación biopolítica. State of exception and concentration camps in Chile. A biopolitical approach 65 Mariela Cecilia Ávila Interventores en salud mental y psiquiatría como interfase en un orden colonial. Interveners in Mental Health and Psychiatry as an interface in a colonial order 79 Jimena Carrasco El aporte de las ciencias humanas a las pervivencias del golpe de estado. Cuarenta y más años para una ruptura democrática en Chile. The contribution of the human sciences to the survivals of the 1973 coup d’etat. Forty years and more for a democratic rupture in Chile 97 Miguel Urrutia F., Pablo Seguel G. Ruina, degeneración y contagio: Toxicomanía y peligrosidad social en Chile. Downfall, degeneracy and infection: Addiction and social dangerousness in Chile 145 Mauricio Becerra Rebolledo Biopolítica y efectos de normalidad. Biopolitics and effects of normality 163 Tuillang Yuing RESEÑAS

Adán Salinas Araya, La semántica biopolítica. Foucault y sus recepciones. Viña del Mar: CENALTES Ediciones, 2014, 346 pp. ISBN 978-956-9522-00-0 175 Felipe Stefano Ruiz Bruzzone UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

Concepción-Chile