ESTADO TOTALITARIO Y QUIEBRA DE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA: NOTAS A PARTIR
DE JUAN LINZ
Ramsis Ghazzaoui[1]
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Juan Linz señala que los distintos procesos políticos comunes a
democracias competitivas son valorados en sí y por sí mismos por sectores
significativos de la sociedad. La suposición contraria es que las
instituciones democráticas son valoradas sólo en tanto que produzcan
resultados políticos satisfactorios para sus seguidores, es decir, la
lealtad a un sistema político existe sólo en tanto que garantice la
persistencia, o la oportunidad de cambio, de un cierto orden social,
normalmente socioeconómico. De acuerdo con esto, la democracia sólo es un
medio para conseguir un fin. Una vez que la gente se dé cuenta de que sus
fines no pueden ser satisfechos mediante instituciones democráticas, el
sistema democrático será descartado. Ahora bien, este autor establece que,
a pesar de no ser totalmente obsoletos, los factores económicos,
culturales, sociales e históricos, no influyen de manera relevante en la
caída del régimen. Su visión es más englobante. Para él, las causas
principales que debilitan la democracia no surgen de los dominados, sino de
los dominantes; nace de la pérdida del poder de estos últimos.
De todas las características determinantes para mantener o para la
caída de la democracia, la más importante es la legitimidad y eficacia.
La legitimidad de un régimen democrático se apoya en la creencia en el
derecho de los que han llegado legalmente a la autoridad para dar cierto
tipo de órdenes, esperar obediencia y hacerlas cumplir, si es necesario,
utilizando la fuerza, por tanto, la democracia legítima requiere la
obediencia a las reglas del juego tanto por parte de la mayoría de los
ciudadanos que han votado como por parte de los que detentan la autoridad,
así como la confianza de los ciudadanos en la responsabilidad del gobierno.
Si un pueblo no cree en sus instituciones o sus líderes, es muy poco
factible que estos obedezcan voluntariamente. Cuando se da esta situación
de desobediencia, a los líderes no les queda otra opción que obligarlos a
hacerlo por medio de la coerción.
La utilización de la violencia dentro de un régimen democrático
implica una violación a los mismos principios del régimen, ya que no hay
libertad. Según este servidor, un régimen democrático cuyos gobernantes
utilizan la violencia o la fuerza como medio para mantener el orden o el
poder, sobre el pueblo que ya no considera obedecer voluntariamente, deja
de ser régimen democrático propiamente dicho. Tanto Linz como Lipset
concuerdan en esto.
Para Linz, la legitimidad es la creencia de que las instituciones
existentes son las mejores posibles. Esta creencia asegura la capacidad de
un gobierno para hacer cumplir una decisión. Los gobiernos democráticos
necesitan esta creencia. Consta en respetar las normas por el simple hecho
de creer en ellas.
Lipset fue el primero en formular la hipótesis de que "la estabilidad
de un sistema democrático depende tanto de su eficacia como de su
legitimidad". Para este autor, la legitimidad implica la capacidad de un
sistema político para generar y mantener la convicción de que las
instituciones políticas existentes son las más convenientes o apropiadas
para la sociedad.
Para apreciar mejor estas teorías y utilizando como ejemplo la
situación actual de Venezuela, vemos que la pérdida de esa legitimidad es
el origen y la raíz en la quiebra de la democracia.
Debido a la escasa diferencia entre las partes en las últimas
elecciones presidenciales en nuestro país, y el cuestionamiento sobre el
resultado, encontramos que a pesar de que las leyes, las instituciones y
los procesos electorales designaron un período determinado al candidato
como presidente, la falta de creencia de su legitimidad y eficiencia en una
gran parte de la sociedad, generan como consecuencia la inconformidad en un
sector que se rehúsa a creer y ver con esperanza las medidas tomadas,
llevando a estos sectores a confrontaciones estériles, que llevan a tener
pocos resultados en cuanto a las necesidades y expectativas de los
ciudadanos, ya que todos los factores deben coexistir y trabajar en armonía
para el progreso.
En el caso de Venezuela, la mayor parte en desacuerdo se encuentra
en los sectores de clase media alta, lo que agrava la situación, debido a
que la división afecta a sectores específicos que desempeñan roles
determinados (clase media alta: gerentes, comerciantes, inversores; clase
media baja: mano de obra) y, en su mayoría, los que están en desacuerdo con
el actual régimen, ocupan las funciones de patronos o cargos medios en la
estructuras económicas del país, y ambas partes (que están en
contraposición) dependen mucho la una de la otra. La mano de obra es
fundamental y necesaria tanto como el que organiza, dirige o el que
invierte, ya que la combinación de ambos roles, trabajando en armonía, son
las que pueden generar los resultados necesarios para la productividad y el
progreso (que a la larga son el baremo para medir la eficiencia de la
gestión de un gobierno).
El gobierno, en un intento por hacer que las cosas funcionen,
emprende el abuso de la autoridad. Como ejemplo, lo vivido en nuestro país
en los últimos días. Venezuela carece de una ley que prohíba a comerciantes
ganar el porcentaje deseado en los artículos que no son de primera
necesidad, sin embargo, el gobierno, sin existir esa ley, obliga a un
sector de la sociedad a trabajar bajo su criterio empleando las
instituciones y los medios a su alcance. Todo esto genera menos
credibilidad por parte de los ciudadanos en sus instituciones, lo que en un
futuro podría llevar (si las cosas no cambian) a más represiones. Por ello
se puede deducir que en Venezuela estamos pasando por el proceso de la
quiebra de la democracia.
Es importante destacar que, para el mantenimiento de una democracia,
el régimen inicie su ciclo con un cierto grado de legitimidad, que debe
ser alimentado a lo largo del tiempo con el objetivo de mantenerlo.
Para Sartori, al pasar revista a la literatura nos sorprende la
siguiente singularidad: tanto los adversarios como los que apoyan a la
dictadura, parecen de acuerdo en un punto: las dictaduras nos son regímenes
de duración ilimitada y (desde una perspectiva ideal) que puedan
eternizarse. Las dictaduras están hechas para ser provisionales.
Naturalmente esta unanimidad disminuye en el momento en que las dos partes
ofrecen su interpretación de esta previsión, o en concreto de la asociación
de ideas entre dictaduras y "brevedad". La crítica democrática de los
sistemas dictatoriales las declara transitorias porque carecen de
auténticos fundamentos, y porque hay algo de fundamentalmente equivocado en
su propio mecanismo de gobierno. Por el contrario, los protagonistas o
defensores de las soluciones dictatoriales plantean un discurso totalmente
distinto: la dictadura es transitoria porque es una forma de gobierno
"excepcional" estrechamente vinculada con la solución de emergencia, con el
fin de cumplir una "misión" o para ambas cosas. No obstante, el hecho de
que este segundo grupo también ponga el acento sobre la naturaleza
provisional de la dictadura, sobre su inevitable extinción en un plazo no
demasiado largo, permite pensar que incluso para sus mismos apologetas la
idea de la dictadura posea implicaciones negativas. De otro modo, ¿por qué
subrayar el hecho de que un sistema político será o deberá ser provisional?
Y, por lo tanto, es lícito concluir que, al menos en un sentido, todos
están de acuerdo en mantener que el sistema no funciona: en el sentido de
que no puede o no debe funcionar durante mucho tiempo.
Un primer grupo de argumentos o de pruebas puede ser rebatido o
dejado de lado rápidamente. En primer lugar, es fácil responder a todos
aquellos que se refieren a la dictadura romana, que una homonimia no es una
homología y que el caso del dictador romano no puede probar nada con
respecto a la provisionalidad del Estado-dictadura moderna. Lo mismo vale,
en segundo lugar, para todos aquellos que confunden dictadura comisaria y
dictadura soberana (la distinción es de Carl Schmitt). Nadie niega que un
dictador comisario sea temporal y revocable, pero es precisamente porque no
es un dictador soberano, es decir, este no es un caso de dictadura como
forma de estado o de gobierno. Por lo tanto, no se puede demostrar que el
dictador soberano es temporal, aduciendo como prueba el ejemplo del
dictador no soberano. Del mismo modo, y en tercer lugar, no se puede
demostrar que las dictaduras son efímeras utilizando el ejemplo de las
dictaduras colegiadas. Este argumento vale solo para la colegialidad y no
se aplica a las dictaduras que no son colegiadas. Por último, y en cuarto
lugar, no vale recurrir a Marx y Lenin. Basta recordar que la profecía del
fin de la dictadura del proletariado está estrechamente vinculada con el
significado anómalo e impropio que los marxistas atribuyen al vocablo
dictadura. En realidad, a la vista de la dictadura-Estado y como Estado que
opera en nombre del proletariado, no hay doctrina más indefensa que la
marxista.
Por consiguiente, no se puede aceptar el intento (aunque sea loable,
según las circunstancias) de calificar a las dictaduras como una forma de
Estado o de gobierno provisional, ya que el dictador no se despoja del
poder de modificar o de derogar el propio orden por el constituido. El
dictador está, precisamente, como "legibus solutus" y una retención
permanente del poder constituyente no demuestra que la dictadura no pueda
ser permanente, pero demuestra, por el contrario, que ningún otro sistema
político puede asegurar tan fácilmente su propia longevidad y perpetuación.
Según los distintos tipos de dictaduras expuestas por Sartori y las
distinciones de Carl Schmitt, su servidor se tomará el atrevimiento de
comparar la actual Ley Habilitante -otorgada al presidente de Venezuela-
con lo leído, basándonos en la opinión: "la dictadura es transitoria porque
es una forma de gobierno `excepcional´ estrechamente vinculada con la
solución de emergencia, con el fin de cumplir una `misión´ en que las
dictaduras son formas de gobernar extraordinarias, para resolver un
problema puntual". Encontramos que la actual ley otorga poderes que
contradicen lo conseguido en la evolución de la democracia moderna con la
democracia antigua (a la separación de los poderes ejecutivo, legislativo,
judicial, electoral; la constitución y el derecho al voto y a la consulta).
Esta ley fue otorgada para cumplir una misión ("lucha contra la
especulación").
Sin embargo, aunque para algún sector esta medida sea la solución, la
quiebra de la democracia nos demuestra que la pérdida de la legitimidad por
parte del gobernante ante un gran sector, es el problema real, ya que no se
va a solucionar y a crear un sistema económico eficiente para el país sin
la participación de todos los sectores, lo que nos hace reafirmar que,
aunque sea loable el intento, intentar solucionar el problema mediante un
sistema de gobierno donde se concentre el poder en una persona, no se puede
calificar a este (sistema) como una forma de gobierno provisional o
eficiente.
Debido a que esta forma de gobierno no se enfoca en la solución real
(que es el cambio del gobernante a uno con mayor aceptación y legitimidad,
o que sea capaz de generar una mejor calidad de vida o soluciones a
problemas planteados por los ciudadanos, sin salir de las reglas y sistemas
establecidos en la democracia), por el contrario, concentra más poder en el
gobernante, y hace que apunte en sentido totalmente opuesto a la verdadera
solución. Por ello, el problema seguirá existiendo y la medida se
prolongará hasta la salida del gobernante, la cual podríamos considerar
llegado a ese punto; la salida de un régimen sin legitimidad y con poder
absoluto (lo que concuerda con las características de una dictadura).
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[1] Master en Administración Pública y Políticas Públicas (MPA), Columbia
University, NY, EEUU. Master en Derecho Administrativo, Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Especialista en Derecho
Administrativo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
