ESTADO, INDUSTRIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN MÉXICO

ESTADO, INDUSTRIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN MÉXICO



Estado Mexicano y la Planificación.



Tres hitos fundamentales, señalan la adopción de la planificación por el
Estado Mexicano: a) La creación de la Alianza para el Progreso; b) Las
asesorías y recomendaciones a los gobiernos de la región por parte de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y c) La Conferencia
de Países Latinoamericanos realizada en Punta del Este en 1961, bajo el
patrocinio de la OEA, donde, entre otros resultados, se hace pública la
Alianza para el Progreso. Todas recomendaban la metodología de elaboración,
disposición y ejecución de planes nacionales para abordar el desarrollo
económico-social y obtener cooperación financiera.

Podemos decir que la planificación, en esta época, en México, estuvo
orientada por tres elementos básicos que le dieron concreción, primero un
voluntarismo utópico, que significó la formulación y construcción de planes
con marcada inserción de la ideología del planificador y la identificación
de ésta con planificación del desarrollo, orientada por la concepción
estructuralista. El planificador era visto como agente de transformación y,
como consecuencia de ello, tenía cierta autonomía para actuar.

Un segundo elemento se define como reduccionismo economicista, esto es, una
visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis y
tratamiento de variables económicas a través de instrumentos de política
económica. Por último, la planificación estará marcada por el formalismo,
el cual está referido a los procedimientos y organismos adoptados para
instituir y llevar a cabo el proceso de planificación. Tal concepción dio
como resultado la planificación por etapas, originada en organismos
centrales de planificación.



Organismos que en el tiempo expresaron un aislamiento con respecto a otras
instancias y oficinas públicas, a tal extremo que llegaron a constituir
islas en la compleja estructura de decisiones del estado.



La concepción de la planificación se relacionaba con la del Estado,
difundida, fundamentalmente, por la CEPAL. Al Estado se le atribuía el
papel protagónico en el desarrollo, por cuanto era quien formulaba y
llevaba a la práctica la racionalidad mediante un plan de desarrollo. A
partir de esa visión, el estado contenía los siguientes rasgos: Unidad y
coherencia interna, autonomía frente a otros agentes, poder político y
económico, capacidad técnico-administrativa y control de las relaciones
externas.

De igual manera la concepción de la planificación sería el reflejo de las
características de la economía Mexicana. La existencia hasta hace algunos
años de una vigorosa economía mixta, que se caracterizaba por la presencia
de un sector público gerente de grandes empresas y un sector privado
heterogéneo y con medianas y pequeñas empresas. Pero, en definitiva sería
el gobierno el actor principal que asumiría la necesidad de coordinar la
desigual conformación de esa economía, y el que impulsaría su desarrollo, a
través de planes que dieran orden a la dinámica del espacio económico y del
proceso productivo. Además, el estado tendría que regular las relaciones
con la sociedad, mediante un proceso en el cual se determinaría la
dominación política y la legitimidad de la acción estatal y del sistema en
su conjunto como patrón con hegemonía. Hasta épocas recientes y de acuerdo
a la evolución y desarrollo particular de la participación en las
estructuras de decisión estatal, la planificación se concentró en la
elaboración de planes cortoplacistas, que daban soluciones técnicas a
problemas coyunturales de balanza de pagos, y de planes de mediano y largo
plazo, que resolverían desequilibrios sociales, referidos a la producción y
distribución, con la intención de lograr desarrollo con bienestar. De esta
manera, la práctica de la planificación Mexicana estaría orientada por el
deber ser, por la norma ante el cálculo de predecir para poner énfasis en
la velocidad del crecimiento económico y posteriormente sobre problemas
estructurales que lo obstaculizaban.

Esa concepción de la actividad se concreta en la Planificación Normativa,
la cual fue ampliamente difundida e inducida por la CEPAL a los gobiernos
de la región y desarrollada por muchos organismos de planificación hasta
los noventa. Sin embargo, los objetivos del «crecimiento normativo», que
evadía el proceso social para el cual se proponía, pronto quedarían como
decorado para los discursos y programas de gobierno del populismo
latinoamericano. Tales propuestas, de carácter meramente demagógico, no
debilitaban el entramado de relaciones establecidas por los actores como
factores de poder que orientaban y dirigían las decisiones públicas, pero
influirían de manera opuesta en la viabilidad social y política del
proyecto de desarrollo propuesto. Al respecto podemos apuntar que el
enfoque del desarrollo contenía elementos utópicos cargados de ideología,
aspiraciones voluntarias y tecnocráticas adscritas a una serie de objetivos
ambiciosos cuya concreción no se alcanzaría a menos que fuese favorecida
por condiciones históricas sobre las que actuase una resuelta voluntad
política.

Como resultado de esa situación, el estado desarrollista y sus órganos de
planificación se convertirían en mecanismos facilitadores de privilegios y
proteccionismo a una producción industrial que se transnacionalizaba por
medio de los vínculos establecidos entre los sectores económicos nacionales
con los externos. Estos últimos fueron quienes mayormente se aprovecharon
de las ventajas otorgadas a la industria nacional, ya que estaban
respaldados debido al supuesto de que satisfacían la demanda nacional y
sustituían importaciones. Estas características de la industria «nacional»
imposibilitarían la viabilidad política de cualquier propuesta autónoma que
intentara derrumbar el muro establecido por las relaciones de capital,
reducir desequilibrios sociales originados por éstas, y legitimados por la
orientación de las políticas públicas.

El papel asumido por el estado en México define un contexto socio-político
que hace posible la formulación y adopción de proyectos políticos de los
sectores hegemónicos. En consecuencia, el estilo de desarrollo nacional
sólo recoge los intereses de un sector de la sociedad y la relación entre
planificación y contexto socio-político se convierte en el evento de un
solo actor y, como consecuencia, la planificación y el Plan de Desarrollo
se traducen en instrumento de los intereses predominantes, portadores de
suficientes recursos de poder para imponerlos en una dinámica histórica
concreta. Por esta vía el estado legítima el consenso en torno a las
concepciones y proyectos asociados a determinados intereses ideológicos y
de clase. Igualmente otorga una relativa viabilidad política y física, que
entrará en contradicción con las aspiraciones y necesidades de las mayorías
excluidas, la viabilidad social. La nueva administración tiene la palabra
de cara a un nuevo milenio.