Escuela Concertada: Desigualdad, Segregación y Nuevas políticas educativas

UNIVERSIDAD  DE  GRANADA   MÁSTER  UNIVERSITARIO  INVESTIGACIÓN  E  INNOVACIÓN  EN  CURRÍCULUM  Y  FORMACIÓN   COMPETENCIAS  BÁSICAS,  CIUDADANÍA  Y  DESIGUALDAD   CURSO  2013/2014                                  

ESCUELA CONCERTADA: DESIGUALDAD, SEGREGACIÓN Y NUEVAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

MONTES RODRÍGUEZ, RAMÓN  

Escuela  Concertada:   Desigualdad,  Segregación  y  Nuevas  políticas  educativas     Universalizar la educación básica, he ahí el origen la escuela concertada. Por necesidades del guion, brotaron este tipo de centros y el usuario pasó de ser mero receptor de un servicio público a ser considerado consumidor de tal prestación. ¿Perdimos con esto el espíritu pedagógico de la educación? ¿Tiene sentido hoy en día continuar con esta doble red de centros educativos sostenidos por el amparo económico del Estado? ¿Hacia qué futuro nos encaminamos, qué políticas educativas nos esperan? ¿Qué esconde el nuevo anteproyecto de ley tras de sí? ¿Son completamente gratuitos estos centros, o esconden tras la coletilla de “educación gratuita” ciertas tasas que privan y excluyen de manera oculta a muchas familias de poder acceder a tal servicio educativo? ¿Produce esta doble red una peligrosa segregación escolar en el sistema educativo español, que se escuda en el libre acceso a tales centros y en su mayor calidad? Sin duda es un debate que no ha dejado nunca de estar en tela de juicio. Numerosas cuestiones y caudalosos ríos de tinta han corrido argumentando, tanto a favor como en contra, sobre la existencia y viabilidad futura de esta doble red educativa. En este texto se pretende pues a modo de ensayo ir más allá de un simple análisis descriptivo de las actuales pretensiones político educativas del gobierno popular vigente. A simple vista, muchas de las medidas que se están llevando a cabo pueden parecer inocuas o incluso positivas para la mejora de la “calidad” formativa del estudiante, pero si analizamos con mirada crítica algunas de sus posibles consecuencias, podemos observar como no todo es tan inocente como pudiera parecer. Este texto también nace apoyado en la idea de defender un modelo educativo, el de la educación comprensiva, y en la medida de lo posible, al menos mediante la dialéctica, combatir la apuesta por la educación diversificada o segregada que desde las esferas políticas nacionales se está promulgando. Origen y recorrido En primer lugar es necesario contextualizar y saber cómo se llegó históricamente a esta situación actual, es decir, por qué razón en España se comenzaron a financiar vía Estado colegios de titularidad privada con fondos públicos. Al remontarnos al origen de la financiación pública de este tipo de centros podemos ver que el primer germen se encuentra en el año 1857, año de la Ley de Instrucción Pública, popularmente conocida como Ley Moyano. Dicha ley, cuyo principal objetivo era erradicar el analfabetismo predominante en la sociedad española de la época, es la que empieza a consagrar la dualidad del sistema educativo, ya que garantiza que tanto la primera como la segunda enseñanza pudiesen obtenerse tanto en centros públicos, como en centros privados, facilitando con ello, la masiva aparición de centros de enseñanza privada de carácter religioso. Este fenómeno se consolidaría durante la Restauración, pero vería frenada su progresión con la proclamación de la II República en 1931, volviendo después a surgir con fuerza en la época de la dictadura franquista y posteriormente en democracia. No fue hasta la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, de 1970, también conocida como Ley Villar Palasí, cuando se contempla la posibilidad de que los centros privados acuerden pequeños conciertos con el Estado,  

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siempre asumiendo derechos y obligaciones recíprocos en cuanto a: régimen económico, sistema de selección del alumnado, profesorado y demás aspectos relacionados con la organización y gestión de los espacios educativos. Se puede observar que uno de los primeros motivos para realizar estos conciertos fue el controlar las subvenciones que hasta entonces recibían los colegios privados, pero sobre todo, el impulso principal fue el completar una escuela pública que ante la necesidad de crecer para llegar gratuitamente a toda la población, carecía tanto de infraestructura como de presupuesto, quedando muy por debajo de lo necesario para cumplir dicho propósito. La solución fue, como hemos dicho, concertar centros privados y financiarlos con dinero público para garantizar de este modo el acceso universal a una educación obligatoria y gratuita. En definitiva, un sistema puesto al servicio de aumentar el grado de escolarización, aún muy bajo en aquellos años, que también preveía que el Estado no iba a ser capaz a corto plazo, por sí solo, de atender la gran demanda de plazas educativas. Desde un principio, y también ya en democracia, altos cargos de la Iglesia Católica jugaron sus cartas, y en representación de la mayor parte de los centros concertados, pactaron junto al Estado un acuerdo que satisficiera a ambas partes para suplir dichas necesidades educativas existentes. Y sucedió lo inevitable en un pacto, la existencia de cesiones y concesiones. “A los pocos días de entrar en el Ministerio de Educación, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un papel sepia muy característico los decretos que teníamos que firmar y publicar en el Boletín Oficial del Estado. Así se gestionaba la educación en España en 1982” Palabras del socialista José María Maravall, ex ministro de Educación durante seis años, bajo el gobierno de Felipe González, dejando claro el papel predominante y poder evidente que tenía (y tiene) la Iglesia Católica en el sistema educativo español a lo largo del siglo XX, y que sirvió para crear un número muy elevado de centros privados religiosos. También, y no menos importante concesión, fue el reconocer a las distintas escuelas privadas concertadas el carácter propio de sus centros, su propio ideario, o expresado de otro modo, su propio proyecto educativo, siempre que en todo caso respetara los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la legislación vigente. En todo caso, el funcionamiento interno de los centros sostenidos con fondos públicos debía ser siempre democrático y estar abierto a toda la comunidad escolar. No habría mayor inconveniente en aceptar dichos idearios si versaran sobre educación en valores, igualdad, responsabilidad, solidaridad, espíritu crítico, etc., ya que en tal proyecto todos los miembros de la comunidad podrían verse identificados y reconocidos, y no se violentarían para nada las conciencias individuales. Pero puede suceder que nos topemos con un ideario, por ejemplo, de marcado carácter católico, que choque con una educación más aconfesional o laica. O que un determinado centro cambie de titularidad de la noche a la mañana y los nuevos dueños establezcan un ideario que rompa radicalmente con la elección de centro que habían realizado las familias, o sea complicado para que el profesorado que allí trabaja se adapte (Ramis, 2006). Si defendemos un sistema educativo integrador, pluralista y nivelador de las diferencias para que nadie se sienta excluido, y por otro lado, financiamos con fondos  

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públicos diversos centros que hacen incómoda, aunque no la nieguen, la presencia de varios sectores de la población, hecho que nos puede hacer pensar que no se están haciendo las cosas lo bien que debieran. Es más, si leemos y recordamos nuestra Constitución vigente podemos ver que cohabitamos en un estado de carácter aconfesional. A pesar de abogar por la libertad de enseñanza en ciertos temas, es necesario mostrar reticencias sobre financiar algunos centros, cuyos idearios tienen un propósito adoctrinador que abandona los principios de comprensividad e integración de la enseñanza obligatoria pre-LOMCE. Estos centros se verán mucho más y mejor representados bajo el prisma neoliberal de la nueva ordenanza educativa, y el paradigma de la educación de este país sufrirá una evidente transformación tras la aprobación de la ley. Puede que no directamente en las escuelas, al menos no en primera instancia, pero sí en términos burocráticos, que es lo que finalmente acaba legitimando la acción docente. Por lo tanto, un centro accesible para toda la población (ya fuera público o concertado) debería precisamente eso, atender a toda la población de igual modo, sin reticencia alguna ni el más mínimo adoctrinamiento o rasgo excluyente. ¿Por qué idearios subvencionados entonces? Hasta la llegada de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, no se produce la verdadera revolución normativa que establece la diferenciación en la red de centros. En este año la figura del colegio concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como categoría propia, al lado de los centros públicos puros y de los centros totalmente privados. (Fernández y Muñiz, 2012). En lo que se refiere específicamente a la regulación de los centros docentes, la LODE venía a consagrar y sistematizar de forma clara una oferta que había estado bastante desordenada hasta entonces, y también a garantizar tanto el derecho a la educación como la posibilidad de elección de centro docente por parte de las familias. Esta ley, que fue muy controvertida en su gestación, ha gozado después sin embargo de una larga y pacífica vida tras su aplicación (Torreblanca, 2010). Y hoy en día aún está vigente. Conviene cuestionarse si esta doble red público-concertada ofrece de forma real esa libertad de elección de centros y de enseñanza que predica. Datos obtenidos por Salinas y Santín (2012) nos muestran algo que tras interpretarlo puede hacernos cambiar de parecer. Según su estudio, los centros públicos asumen más del 90% del alumnado procedente de familias inmigrantes o con necesidades educativas específicas, lo cual nos hace pensar que dicha ley socialista que inició la andadura de estas dos tipologías de centros subvencionados se encuentra algo obsoleta. Resulta a simple vista osado decir que se encuentra desfasada por completo, pero desde luego, no se puede negar que dicha ley se esta topando con una realidad social completamente diferente a la que existía cuando se promulgó, y que su funcionalidad primeriza se ha visto distorsionada, ya que la segregación escolar provocada por esta dualidad de centros, es evidente. Se está produciendo un sesgo creciente y evidente de la selección, derivado de la existencia de ciertas cuotas voluntarias en centros concertados, de la falta de información sobre la gratuidad de estos centros, de los criterios de selección, etc. Y debido a todas estas pequeñas razones el reparto del alumnado procedente de familias inmigrantes no es proporcional entre centros públicos y concertados. Por ende, segregación. Más tarde, con la LOGSE de 1990, se amplían dos años de escolarización, además de rebajar la ratio de 40 a 25 alumnos por aula, medidas que requirieron de una  

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mayor oferta de plazas escolares a la vez que se abría un período transitorio para la adaptación y actualización de los conciertos educativos vigentes. Ya en 2006, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), se busca que los centros privados concertados asuman su compromiso social con la educación y realicen una escolarización sin exclusiones, marcando así el carácter complementario de ambas redes escolares, sin perder sus características propias. ¿Por qué es necesario remarcar constantemente esto en la legislación? ¿Acaso no es algo que debiera estar asumido por toda la sociedad española y por los propios centros concertados? Si estos no hubieran excluido jamás, no habría sido necesario el recordatorio constante por parte de las leyes educativas de cumplir algo tan intrínsecamente humano como el rechazo a la exclusión social. Actualmente, vivimos un convulso momento de cambio y revisión de la normativa educativa, tras la victoria del Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Condicionantes básicos como la crisis económica o el intenso proceso de consolidación fiscal están provocando importantes recortes cuantitativos y cualitativos de la educación pública en España, así como en algunas zonas del país (véase Madrid como avanzadilla de estas doctrinas neoliberales), donde se está produciendo una oscilación de la política educativa hacia la liberalización y mercantilización del servicio, y hacia el fomento de la iniciativa privada, ya sea como tal o bajo el espectro de los colegios concertados, es decir, bajo el amparo económico del Estado. El peligro de la segregación Al indagar en las razones que nos han llevado a la actual fractura social escolar, importante es, por un lado, el hecho de que los centros públicos, a diferencia de los privados, ya sean financiados públicamente (concertados) como no, tienen una distribución geográfica bastante homogénea. Algo que no sucede al hablar de la escuela concertada, que salvo excepciones, concentra sus centros en áreas de mayor poder adquisitivo (Feito, 1998), al menos, medias o superior a la media: grandes ciudades, áreas más desarrolladas, barrios poco conflictivos, etc. Sin establecer la dicotomía “públicos para pobres-privados para ricos”, Feito (1998) también explica cómo los centros concertados, los cuales “supuestamente” tienen los mismos criterios de admisión y selección del alumnado que los públicos (hermanos en el centro, nivel económico, proximidad de la vivienda al centro…) se las ingenian para escolarizar en menor proporción que los públicos al alumnado previsiblemente más conflictivo, y en especial, al procedente de minorías étnicas. Y tristemente, el Estado, independientemente de su color político, hace ojos ciegos y financia tal acto. Valiente (2008) también achaca como uno de los principales problemas, la falta de compromiso social por parte de la red concertada, en un modelo de concierto educativo que continúa presentando grandes déficits de equidad en lo referente al acceso a la educación, no lo olvidemos, obligatoria.   No se puede obviar tampoco que existe realmente una tendencia creciente por parte de las familias a decantarse por la educación concertada (CIS, 2008), y debido a esta demanda creciente, las autoridades públicas en los últimos años han actuado aumentando de forma progresiva el número de colegios de la iniciativa privada financiados con fondos públicos.

 

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La crisis económica actual está provocando que se realicen reformas en los servicios públicos, que están sufriendo un vuelco en su configuración, sobre todo en lo referente al sistema educativo. Y detrás de estas tendencias y de estas reformas podemos cuestionarnos el por qué las familias prefieren, generalizando, los colegios concertados a los centros públicos. ¿Es por motivos meramente comparativos en lo que a calidad educativa se refiere? ¿O es tal vez debido a cuestiones socioeconómicas y/o culturales? Pudiera parecerlo, pero no es irrelevante para nada que la respuesta sea una u otra, ya que en el primer caso estaríamos ante una problemática referida a la falta de eficiencia de los colegios públicos, mientras que en el segundo caso, el problema sería más la falta de equidad del sistema educativo. Bien es verdad que todas y cada una de las familias, al extenderse esta forma de entender la educación, independientemente del nivel económico, social y cultural que tengan, pueden elegir de forma libre qué centro prefieren para sus hijos e hijas. Y estas políticas mercantilistas y de ranking llevan a la competencia entre los distintos centros, con todo lo que ello trae consigo. Por ejemplo, el convertir en guetos educativos gran cantidad de colegios públicos de realidades deprimidas social, económica y culturalmente. Y también el que estos centros se dediquen a realizar labores de educación compensatoria, es decir, hacerse cargo de los alumnos con necesidades educativas específicas, ya que bajo la excusa de que el servicio público se responsabilizará de manera más satisfactoria, los centros concertados suelen desprenderse de estos actores educativos que reducen significativamente sus índices de “calidad” educativa, de cara a gozar de una posición top en un ranking, ya sea de carácter nacional o internacional, que mida niveles de calidad o eficiencia. Más que las familias, debido a la gran demanda de unos pocos centros, son las propias instituciones escolares las que seleccionan el alumnado. Según Carnoy (2001), las familias se enfrentan a procesos de selección en los que los colegios privados filtran a los mejores alumnos dentro del grupo de aquellos que tienen menores recursos, y dejan al resto para que ingresen a centros semi-privados menos demandados o a la escuela pública. Parry (1996) también realizó un estudio parecido en Chile sobre cincuenta escuelas públicas y colegios privados con fondos públicos, y demostró que el 60% de los colegios privados elegían su alumnado, mientras que en la esfera pública este dato se reducía drásticamente hasta el 12%. Al diversificar la oferta pública e incorporar la escuela privada al sistema público mediante la concesión de subsidios a las escuelas (o a las familias mediante cheques escolares o vouchers) se observan varias consecuencias como reflejó Carnoy (1998) en un estudio comparativo entre la educación chilena y la sueca: por un lado, aumentan los niveles de satisfacción de las familias con la educación que reciben sus hijos, ya que han elegido libremente el lugar de enseñanza, mientras que por otro, se aumenta la complejidad organizativa del sistema educativo, y se introducen posibilidades de diferenciación y fractura social de los propios centros en términos de la “clientela” que acogen, provocando que algunos centros públicos pierdan afluencia, o incluso se deserticen por completo. Autores como Friedman (1962), profesor y economista defensor del modelo neoliberal aplicado al mundo educativo, argumentaban a favor de los cheques escolares diversas razones, como el incremento de la cantidad de opciones de los consumidores para un mayor bienestar de los mismos. Incluso él también aclara que la privatización de la educación la haría más eficiente, en términos puramente económicos, pero no necesariamente efectiva en términos de calidad educativa. ¿Qué queremos entonces, una empresa eficiente o una entidad educativa?  

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Fractura y reproducción social Sobre el proceso de elección de centro por parte de las familias, varios han sido los estudios que han observado la composición social que se extrae del mismo, especificando que existe una diferenciación significativa en términos de clase y de estatus socioeconómico entre las distintas partes de este sistema educativo dual. ¿Estamos condenados por lo tanto eternamente a perpetuar este sistema actual, cargado de injusticias sociales y desigualdad? En este momento cabe recapitular y volver a cuestionarnos por qué razón se ha llegado a esta situación, es decir, principalmente, qué razones fundamentan las familias para demandar, en mayor grado, plazas en los colegios concertados más que en los públicos. Fernández y Muñiz (2012), pertenecientes al Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo, enumeran una serie de razones que las familias exponen para preferir la educación concertada a la pública. Éstas, extraídas de su trabajo de investigación, son: a) Los colegios concertados ofrecen una calidad académica o cognitiva superior a la de los centros públicos, esto es, una mejor formación en asignaturas curriculares como Matemáticas o Lengua. b) Los colegios concertados ofrecen una calidad de la educación no cognitiva (formación en valores y comportamientos sociales) superior a la de los centros públicos, debido a un ideario y unas normas de disciplina interna que prestan más atención a esta componente. c) El alumnado de los colegios concertados tendría unas características socioeconómicas más favorables a priori para el éxito educativo. d) Los colegios concertados en España son confesionales católicos de forma muy mayoritaria, mientras que los públicos son aconfesionales, por lo que las familias que practican este credo prefieren que sus hijos sean educados bajo ese ideario. A continuación, bajo apoyo de material bibliográfico, se intenta desmontar cada una de las razones anteriores, o al menos desmitificar su validez. Para empezar, haciendo referencia a la primera de las premisas que alegan los padres con respecto a la calidad y rendimiento educativo podemos reconocer que en los centros privados y concertados, por norma general, la eficiencia es algo mayor, pero este dato deja de ser válido si nos olvidamos del contexto. Imaginemos un médico al que sólo le asignan pacientes jóvenes con leves patologías. Nadie diría que es mejor profesional que aquel que atiende a pacientes de la tercera edad, o con graves enfermedades, por el simple hecho de una menor tasa de mortalidad. Sin caer en la demagogia, es necesario aclarar que sería un error afirmar que los centros concertados son de mayor calidad por más que los sistemas actuales de calificación y medida de la calidad, esclavos de lo numérico, se empeñen en demostrar. Si caemos presos de esta cultura de lo cuantificable, también podemos nombrar grandes centros públicos que obtienen datos muy altos en estas pruebas. Cada centro es una realidad educativa diferente, y hablar de ellos como conjunto inviolable sería incorrecto. Del mismo modo, utilizando sus mismas estrategias de cuantificación, otros estudios como el de Urquizu (2008) ponen de manifiesto con evidencias empíricas que tras controlar las variables referentes a características socioeconómicas y de capital cultural del alumnado, se observa que son los colegios públicos los que obtienen mejores resultados académicos.  

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La principal diferencia por lo tanto, a la hora de comparar realidades reside esencialmente en el estatus social del alumnado de cada centro. Y con esta afirmación, tampoco se pretende hacer ver que se trate de distintos niveles de inteligencia, sino de distinta disposición de los medios adecuados. Sin olvidar, como se mencionaba, la oscura selección del alumnado por parte de los centros de titularidad privada y fondos públicos, o la inflación artificial de las calificaciones del alumnado, que en algunas instituciones concertadas se realiza como mecanismo de atracción de la clientela, como si de un negocio más se tratara. Diversos estudios (Calero y Escardíbul, 2007; Mancebón y Muñiz, 2008) ratifican que los resultados pueden ser mejores en bruto, pero si restamos el efecto de contar con un alumnado con mejores condiciones tanto sociales como económicas, los resultados pasarían a ser similares en los centros públicos, o incluso mejores, ya que estos aceptan un porcentaje mayor de alumnos con características desfavorables. En cuanto a la formación en valores, tal y como refleja la segunda afirmación, existe una investigación bastante reciente, realizada en Asturias, en la que se cuestionó a prácticamente todos los jóvenes que cursaban cuarto de ESO, tanto en centros públicos como concertados de la comunidad en el curso 2010-2011. Y sobre la que se van a extraer ciertas conclusiones.

Esta tabla, extraída de dicho estudio de García, Muñiz y Suárez (2014), pretende medir la formación en diez conceptos específicos no cognitivos, como: justicia, democracia, tolerancia, igualdad, responsabilidad… y divide sus respuestas en dos tipos de conductas, positivas y negativas, mostrando en la tabla los resultados en porcentajes según el ítem y de forma global valorados del cero al diez. En ella podemos observar la práctica similitud de los resultados entre ambos tipos de centros tanto en valores positivos como negativos, al igual que tampoco se observan diferencias significativas si individualizamos los ítems. Por lo tanto, con este trabajo en la mano, podríamos afirmar que no es relevante el ser educado en un tipo de centro u otro para adquirir de mayor o menor forma los valores que se han analizado.

 

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La tercera afirmación extraída de las declaraciones de las familias, es la referida al efecto positivo que pueden provocar en el alumnado las redes de contactos sociales con compañeros pertenecientes a familias del mismo o superior nivel socioeconómico, siendo este un criterio básico para la selección por parte de los padres del tipo de centro escolar. Demostrado está, por parte de diversos expertos educativos como Caroline Hoxby (2000), de la Universidad de Harvard, la relevancia del “efecto compañero” o peer effect en el proceso educativo. Este efecto arrastre, es así denominado por la influencia que las características de los compañeros de aula tienen sobre el rendimiento académico de cada individuo. Simplificando algo más este concepto, podemos decir que alumnos que al estudiar se rodeen de compañeros con buenas notas tendrán mayores probabilidades de mejorar su eficiencia escolar. En este punto conviene cuestionar varios aspectos, ya que si el acceso a los centros concertados es abierto a toda la población, no debiera en principio haber diferencias significativas en el nivel socioeconómico de las familias, ya que los parámetros de selección, por ley, deben ser los mismos que para la escuela pública. A continuación mostramos una gráfica extraída de la investigación de Mancebón y Muñíz (2008), que demuestra que existen evidencias sólidas y directas de diferenciación socioeconómica en las familias consumidoras de ambos tipos de centros, siendo algo llamativo desde luego. ¿A qué se debe? Tal vez los criterios de selección no sean todo lo transparentes que deberían, pero en esta ocasión no es algo que objetivamente se pueda demostrar más allá de particularismos.

Fernández y Muñiz (2012) nos aportan algunos datos más actualizados, del curso 2010-2011 que contrastan la perdurabilidad de esta diferenciación socioeconómica en los últimos diez años, y de nuevo las diferencias siguen siendo notables, a pesar de que la legislación vigente obliga a seguir los mismos criterios e idénticas normas de admisión del alumnado en ambas tipologías escolares, que no debemos olvidar forman parte de la misma red educativa pública. Por último, en lo referente a estas razones de elección por parte de los padres, los mismos autores, Fernández y Muñiz (2012), plantean la cuestión de si el aspecto religioso es o no, un motivo verdaderamente importante a la hora de elegir centro. Tras sus investigaciones concluyen que “no se pueden dejar de lado las creencias religiosas  

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como factor de selección de centro educativo, pero no parece que su peso en la decisión final sea decisivo en términos globales”, por lo que debe ser que tienen más peso cuestiones sociales, de clase, económicas, o referidas a la calidad, que las afirmaciones sobre la libertad de elección en base a creencias religiosas, que a priori pueden parecer las más relevantes para modificar la elección. Por gran parte de estas razones, viendo que esta dualidad de centros alberga una gran perversión del sistema educativo en términos de desigualdad y segregación, este documento no puede mostrar más que incorformidad y rechazo a la concepción elitista y de mercantilista de la educación cuasi-privada, que ha sido maquillada hábilmente con el velo de la escolarización universal. Visión de futuro ¿Por qué razón sigue entonces el Estado concertando centros creados por la iniciativa privada y potenciando esta “semiprivatización” de la enseñanza a pesar de que parte de estos centros enmascaran seria desigualdad social? Desgraciadamente, queda como idea, aunque no es la única, que el principal motivo es puramente económico, ya que a las autonomías les cuestan los centros concertados entre un 25% y un 30% menos que los públicos. Y esto añadido a la escasa aportación del Estado destinada al ámbito educativo, por debajo del 5% del PIB anual, nos da una idea de cuál puede ser la razón de ser de estas acciones privatizadoras. (Calero y Waisgrais, 2009) Pero mientras discutimos acerca de lo económico, la realidad sigue su curso, y el éxodo del alumnado de los centros públicos no es ciencia-ficción, sino una triste realidad. Alumnado con alto rendimiento académico y profesorado huyen de centros en realidades sociales más complicadas a otros con menos distracciones para la enseñanza. Como comentan Mancebón y Pérez-Ximénez (2007) los “buenos” estudiantes emigran a los centros con mayor prestigio y que disponen de un alumnado más selecto, mientras que los “malos” permanecen todos juntos en los centros públicos asignados. Y esto no hace mas que agravar el problema y hundir aún más el mancillado estatus de la institución pública educativa. Y a toda esta realidad se unen los nuevos vientos políticos que azotan aún más el sistema público de educación. Sus ataques, tras el análisis del nuevo anteproyecto de ley, se centran en la potenciación del ámbito semi-privado, minusvalorando la esfera pública, como si no estuviera denostada ya de por sí. ¿Qué nos espera? ¿Hacia donde se dirige nuestro sistema educativo? Por mucho que nos apene, el crecimiento de la escuela privada concertada, con el consiguiente decrecimiento de la pública es un hecho que no podemos negar. Por ahí soplan los vientos de cambio. La despreocupación política por la educación es evidente, y se traduce en delegar parte de la educación ciudadana a unas cuantas empresas privadas (con financiación pública, claro está). No se puede obviar que pasamos por un momento social y económico convulso, con grandes dificultades, y por lo tanto se entiende que es mucho más sencillo y sobre todo, barato, financiar centros privados que pensar en crear una gran red de centros educativos de calidad. Lo realmente triste es que cuando la economía se lo podía permitir, tampoco se pensó en esto. El discurso sobre la educación es siempre algo recurrente, un tema capaz de ganar votos, pero a la hora de ir más allá del discurso, todo suele quedar en agua de borrajas.

 

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El nuevo anteproyecto, en relación a esta doble red de centros, apuesta por la competitividad y las estrategias de mercado adaptadas a las políticas educativas. Tras su lectura detallada, este texto va a centrar su interés en dos aspectos que ha considerado clave: el aumento de un curso de la etapa de Bachillerato y la posibilidad de concierto de centros que apuestan por la educación diferenciada (separada por sexos). Ante la primera propuesta, pudiera parecer que simplemente la idea es aumentar un año para mejorar la preparación universitaria. El décimo artículo de este anteproyecto de ley (LOMCE, 2012) “reza” del siguiente modo al respecto: “La flexibilización de las trayectorias, de forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta en el desarrollo de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico con dos trayectorias bien diferenciadas. Esta diversificación permitirá que el estudiante reciba una atención personalizada para que se oriente hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el sistema educativo”. Sus intenciones a simple vista son claras: permitir la elección entre distintas trayectorias para garantizar la permanencia en el proceso educativo, lejos de las rigideces del sistema actual, que conduce en exceso a la exclusión de los alumnos que no cumplen las expectativas. Pero más allá de esa visión simplista, visto desde otros ojos algo más críticos se puede creer que se oculta una marcada intencionalidad de trasladar el mundo de los conciertos educativos a las etapas de Bachillerato y de Formación Profesional. Si reducimos un año la etapa de E.S.O., pero la escolarización obligatoria y gratuita sigue siendo hasta los 16 años, los alumnos deberán “probar” un año su suerte en cualquiera de las dos ramas, ya sea la más académica, o la más profesional. ¿Y qué sucederá entonces? Que debido a la universalización de este curso, las plazas e infraestructuras públicas se verán más desbordadas de lo que ya están, y como al ser obligatorio, debe ser gratuito, se legitimarán y normalizarán conciertos de centros privados de Bachillerato y de Formación Profesional, hoy en día en su mayoría de titularidad pública, alegando que existe falta de plazas e infraestructuras. Todo ello podrá ser adornado con el siempre típico: “La escuela concertada hace una labor social intachable e importantísima”. Aún más aberrante es, que en pleno siglo XXI, con toda la literatura científica y pedagógica que hay a nuestras espaldas y versa en su contra, se quiera volver a apostar por la carta de la educación diferenciada, por concertar y financiar públicamente centros que hoy en día son privados y de marcado carácter elitista, a los que se les dibujaría una falsa puerta de acceso libre y gratuito, y no dudarían en seguir manteniendo su estatus social, económico y cultural, principalmente por las zonas geográficas donde suelen estar localizados. No podemos pretender que estos centros y este tipo de educación (casi siempre marcadamente sexista y clasista) desaparezcan, pero estamos en contra de su financiación con la economía de todos y todas, sin que todas y todos podamos acceder libremente. Podemos establecer un símil con uno de los elementos que más luce en nuestro sistema de infraestructuras, el AVE, religiosamente financiado por la ciudadanía  

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española, pero destinado exclusivamente al escaso sector de población que puede pagar sus altos precios por trayecto. Sin ser un ejemplo del cual podamos establecer líneas paralelas marcadamente claras, sí puede clarificar a qué nos estamos refiriendo. Volviendo al tema educativo, dicho anteproyecto de ley abre con su exposición de motivos diciendo que “los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación”, pero al parecer algunos de ellos (no serán los hijos de los ministros) van a pasar a estar situados más en la periferia que en tal centro. Para finalizar, exponer la creencia de que España se encuentra con un sistema educativo nacional herido, que lleva bastante tiempo así, y que requiere sin duda alguna un giro drástico en su gestión, sobre todo a nivel político para afrontar todos y cada uno de sus problemas de organización y financiación, pero desde este texto no se comparten las propuestas que el nuevo gobierno está haciendo, ya que parecen un claro ataque a la única escuela que es abierta para todo el mundo, que no cuestiona ideologías, que desborda libertad y que da al profesorado toda la autonomía que necesita para que su espíritu pedagógico sea renovado en la actual coyuntura social y económica, la ESCUELA PÚBLICA.

 

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