Entre la oposición política y la oposición social: vecinos y maestros en el tardo Franquismo

ENTRE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y LA OPOSICIÓN SOCIAL: VECINOS Y MAESTROS EN EL TARDOFRANQUISMO

Inbal Ofer Open University, Israel

Tamar Groves Instituto ECYT, Universidad de Salamanca

El partido comunista y los otros partidos clandestinos de la izquierda representaban la oposición más organizada al franquismo. Sus militantes jugaron un papel crucial en el surgimiento de la oposición social al régimen. Sin embrago, en los círculos cada vez más amplios de activistas sociales se iban articulando proyectos políticos que divergían tanto de las ideas como de las prácticas de la oposición política. Por lo tanto en el seno de la lucha social contra el régimen surgió la necesidad de negociar las agendas de los distintos grupos que participaron en ella. En esta ponencia analizamos este proceso explorando dos focos distintos de movilización, el de los vecinos en los barrios y el de los maestros y profesores en los colegios y los institutos.

Dentro y fuera de la coordinación democrática: algunos modelos para una ciudadanía democrática

A fin de comprender plenamente lo distintivo en el modelo de ciudadanía sustentado por el Movimiento Vecinal y el Movimiento de Enseñantes, los mismos deben ser analizados junto con algunos de los otros modelos que obtuvieron visibilidad durante los años de la consolidación democrática. El primero y más significativo de los mismos fue el formulado por las diferentes secciones del movimiento obrero español y los partidos de la oposición democrática. El término “modelo” puede parecer una descripción demasiado sistemática de la serie de demandas que este amplio espectro de entidades presentó a lo largo del tiempo. Como veremos, sin embargo, algunas exigencias nucleares permanecieron en las agendas de

1

cada una de esas entidades en todo el lapso que abarcan los gobiernos de Carlos Arias Navarro (noviembre de 1975 - julio de 1976) y de Adolfo Suárez. Durante los primeros cuatro meses posteriores a la muerte del Dictador, la oposición democrática al gobierno de Arias Navarro se distribuía en dos organizaciones centrales: la Junta Democrática (dominada por el PCE, el Partido Socialista Popular y el Partido de Trabajo) y la Plataforma de Convergencia (formada en torno al Partido Socialista Obrero y la Izquierda Demócrata Cristiana).1 El 17 de enero de 1976, el secretario general del Partido Socialista Español (PSOE), Felipe González, delineó la agenda de la Plataforma respecto al gobierno de Arias Navarro: -

Amnistía general.

-

Derogación de la legislación antidemocrática.

-

Libertad de expresión, reunión y manifestación.

-

Elecciones libres por sufragio universal.

-

Libertad sindical.

Tres cosas destacan en ella: las libertades cívicas eran percibidas como ligadas a la libertad en el ejercicio del sufragio, la expresión de opiniones políticas y el funcionamiento de los sindicatos. El llamado a la amnistía de presos estaba formulado en términos generales. En esta temprana etapa, y desde la perspectiva del PSOE, parecía casi obvio quiénes debían ser considerados candidatos a la amnistía. La necesidad de considerar a presos condenados bajo la ley criminal (como los activistas del ETA o los proveedores y usuarios de anticonceptivos) todavía no se había planteado. De este documento, y otros que fueron publicados a la época, resulta claro que la entera oposición democrática, incluido el PCE, estuvo preocupada por tres temas centrales durante los primeros meses de la Transición:2 La cuestión más urgente era la demanda de amnistía para los encarcelados bajo la dictadura por crímenes políticos y por participación en la oposición sindical. La combinación de ambos términos, “político y sindical” se evidenciaba también en la lista de libertades exigidas. Los derechos de asamblea, huelga y libre manifestación pública eran 1

Ambas entidades eran ilegales y la primera, que incluía al PCE, no era considerada por el gobierno como un interlocutor legítimo. De hecho, la razón fundamental que subyacía a la formación de la Plataforma era proporcionar un espacio de cooperación para aquellas entidades de la oposición democrática que escapara de una colaboración formal con el “Diablo Rojo”. 2 Véase también un documento publicado en el 20 de enero, durante los preparativos de una manifestación conjunta de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia en Madrid y una declaración de intentos publicada en el día 27 de enero bajo el titulo “una ruptura democrática”.

2

percibidos como derechos universales, pero ante todo se les vinculaba con la capacidad de constituir una oposición política efectiva y un movimiento sindical en funcionamiento. El 17 de marzo, los dirigentes de Junta Democrática y de Plataforma publicaron un muy esperado documento que anunciaba la unificación de todas las entidades de la oposición democrática en la Coordinación Democrática (CD). El documento fundacional del CD incluía seis demandas:

-

La inmediata liberación de los presos políticos y sindicales sin

exclusión, el retorno de los exiliados, y una amnistía que restituya todos sus derechos a los privados de ellos por motivos políticos o sindicales. -

El eficaz y pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades

políticas consagradas en los textos jurídicos internacionales, especialmente la de todos los partidos políticos, sin exclusión alguna. -

El reconocimiento inmediato y pleno de la libertad sindical y el rechazo

del actual sindicato estatal. -

El pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y las libertades

de las distintas nacionalidades y regiones del estado español. -

El funcionamiento de un poder judicial único e independiente según las

exigencias de una sociedad democrática. -

La realización de la ruptura o alternativa democrática mediante la

apertura de un periodo constituyente que conduzca, a través de una consulta popular basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del estado y del gobierno.

Al tiempo que incorporaba todas las demandas anteriores, este documento “inyectaba” en el debate público dos temas adicionales: el primero, el reconocimiento de la existencia de diferentes “nacionalidades” dentro del estado español, y la necesidad de incorporarlas no sólo culturalmente sino también legalmente. El segundo, un llamamiento a una “consulta popular”. Dentro del documento, “consulta popular” equivalía a sufragio universal; pero una vez que el tema fue introducido en el debate, quedó abierto el camino a otras interpretaciones, sobre todo por parte de entidades a la izquierda del PCE que no consideraban que el sistema electoral fuera suficientemente representativo del pueblo. 3

El 3 de julio de 1976, Carlos Arias Navarro fue relevado de su cargo como Primer Ministro de España por el rey Juan Carlos, y reemplazado por el relativamente desconocido Adolfo Suárez, quien permanecería en el mismo hasta febrero de 1981. Desde el comienzo estuvo claro que el gobierno de Suárez estaba dispuesto a llevar el proceso de la transición política mucho más lejos que su predecesor. Durante todo el año 1976, la declinante situación económica generó creciente desempleo y una masiva alza en el costo de la vida. La conducción del CD era sumamente consciente del modo en que la situación económica afectaba la visión que poseía la calle del concepto de democracia. Un gobierno realmente democrático debía actuar a fin de proteger a sus ciudadanos de los peores efectos del desempleo y de la erosión en el poder adquisitivo de los hogares españoles. Y sin embargo esos “derechos esenciales” se hallaban desplazados por otras demandas de naturaleza más “política”. En las últimas semanas de 1976, tanto el parlamento como el gobierno debatieron la naturaleza deseable del futuro sistema político.3 Mientras que la opción entre una mayoría y un sistema representativo poseía consecuencias de largo alcance para España el tema tuvo escasos ecos en el discurso del CD. Cuando se terminó de elaborar las listas para las primeras elecciones generales democráticas, en la primera mitad de 1977, se decidió que las mismas serían “cerradas y bloqueadas”, es decir, que se votaría por cada lista en su totalidad. Los votantes no tenían forma alguna de expresar su opinión sobre candidatos específicos. Jesús Rodríguez Cortezo escribió acerca de las elecciones de junio de 1977:

Hay que tener en cuenta que el objetivo de estas elecciones, además, por supuesto, de que se celebran, es que sirvan para calificar el caótico espectro político de un país en el que se une la mayor buena voluntad del mundo con una ausencia casi total de cultura democrática. Casi nadie da importancia, en este momento, a este aspecto de la formación de las listas electorales.4

3

El 24 de noviembre de 1976, el gobierno de Suárez publicó un decreto que especificaba las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo un referéndum para ratificar la Ley de Reforma Política. La Ley de Reforma Política proponía un sistema basado en la representación proporcional. 4 Jesús RODRÍGUEZ CORTEZO, Desde la calle. La transición, como se vivió, Madrid, Vision Net ,2007, p. 264.

4

Esta afirmación es cierta para la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales que participaban de la oposición política. Con la publicación del Decreto de Amnistía en julio de 1976, la celebración de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 y la aprobación final de la nueva Constitución en 1978, la mayor parte de las demandas básicas formuladas por las fuerzas centrales que componían la oposición democrática quedaron aceptadas. Sin embargo, algunos activistas (posicionados fuera de o en los márgenes de los principales partidos políticos) se sentían excesivamente preocupados por la capacidad del sistema democrático en formación de representar verdaderamente sus demandas y preocupaciones. A ojos del Movimiento Feminista Español, por ejemplo, la publicación tanto del Decreto de Amnistía como de la Constitución de 1978 no señalaron de modo alguno el fin de la lucha. La historiadora Mónica Threlfall escribió sobre la lucha feminista de la década de 1970:

Por razones de espacio no se puede detallar aquí la larga historia del activismo público de las mujeres españolas, ni tampoco presentar un mero resumen de los acontecimientos claves, porque precisamente lo que impacta es la ‘acumulación’ de muchas pequeñas actuaciones, que por sí solas no tuvieron quizás un gran impacto pero que, tomadas en conjunto, crean una narrativa que demuestra la activa participación de las mujeres organizadas.5

Es importante entender que la forma fracturada de activismo ad-hoc descrita por Threlfall no era accidental. La misma resultaba, en gran medida, de la noción que se hallaba en el corazón de la acción feminista durante los años de consolidación democrática: “lo personal es lo político”. Según las activistas feministas, la acción política debía formularse en términos muy concretos. A fin de satisfacer las demandas feministas, la nueva legislación democrática tendría que tomar en consideración las experiencias de las mujeres, que en su mayoría no estaban politizadas ni sindicalizadas.

5

Monica. THRELFALL, “El papel transformador del movimiento de mujeres en la transición política española”, en Carmen MARTÍNEZ TEN, Purificación GUTIÉRREZ LÓPEZ y Pilar GONZÁLEZ RUIZ (coords.), El movimiento feminista en España en los años 70,Madrid, Cátedra, 2009, p. 30.

5

Las principales preocupaciones manifestadas por organizaciones feministas durante la Transición pueden categorizarse bajo tres títulos centrales: preocupaciones sobre el estatus de las mujeres dentro de la familia; las referidas a las condiciones de trabajo de la mujer; y las referidas al control del propio cuerpo y la sexualidad. La lucha por la amnistía de personas encarceladas durante la dictadura provee un buen ejemplo de la relación entre estos temas y los intereses “puramente” políticos. Al tiempo que las feministas apoyaban plenamente el llamado a la amnistía de todos los presos políticos y sindicales, poseían demandas adicionales que no eran respaldadas por la conducción del CD. A finales de 1976 había en toda España 350 mujeres encarceladas, condenadas por trasgresiones definidas como “delitos específicos” de acuerdo a la Ley de Peligrosidad Social. Estas mujeres estaban acusadas de supuestos crímenes de prostitución, adulterio, el uso o la provisión de anticonceptivos o la realización de abortos. El Movimiento Feminista exigía su inmediata liberación y la abolición de las leyes bajo las cuales se las había encarcelado. Tras la publicación del texto constitucional, la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid emitió un documento titulado “Manifiesto feminista frente a la Constitución”. Aun más controvertido fue el tema del derecho al aborto. El texto inicial de la Constitución declaraba: “Las personas tienen derecho a la vida y la integridad física”. En el texto final, la versión fue cambiada a esta otra: “Todos tienen un derecho a la vida”. Este no era un mero juego con palabras. Al suprimir la palabra “persona”, el texto introducía un hueco que podía utilizarse para presentar al feto como una entidad independiente que necesitaba protección legal. Sólo en 1982 fue legalizado el acto de aborto bajo ciertas condiciones. También dentro del campo del trabajo, las activistas feministas plantearon preocupaciones específicas sobre la equiparación entre hombres y mujeres, en el ámbito de los sueldos, el acceso al mercado de trabajo y el derecho a una educación igualitaria.6 Las organizaciones feministas también reclamaban el reconocimiento formal del trabajo doméstico como empleo pagado, con todos los beneficios sociales

6

En un nivel muy básico, el porcentaje de mujeres analfabetas en España en 1971 era de 12,3%. Al tiempo que ello indicaba un progreso respecto del 23,2% en 1940, todavía era mayor que el de la mayoría de los otros países de Europa occidental. En 1950 el porcentaje de mujeres empleadas con sueldo en España era del 15,5% (la mitad del correspondiente a otros países europeos). Hacia 1974 este porcentaje aumentó al 29,5%, pero tras la crisis económica 600.000 empleos ocupados por mujeres fueron suprimidos. El número de mujeres empleadas volvería a las cifras de 1974 solamente en 1988. Véase: Begoña SAN JOSÉ, Democracia e igualdad de derechos laborales de la mujer, Madrid, Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1988, p. 82.

6

correspondientes. El Estatuto de los Trabajadores aprobado en 1980 (y considerado como “reemplazante” del Fuero de Trabajo que había regulado las condiciones laborales bajo la dictadura) incorporó esas demandas en forma solamente parcial. El trabajo doméstico no fue reconocido como una forma de empleo pagado, con lo que se privaba a casi un tercio de las mujeres de la posibilidad de demandar protección básica y beneficios sociales. Tampoco se anularon las leyes de 1927 y 1957 que excluían a mujeres de trabajos nocturnos o supuestamente “peligrosos” (como los que requerían levantar pesadas cargas o utilizar materiales químicos). También se rechazó el pedido de otorgar a todo trabajador (varón o mujer) diez días anuales de licencia adicional para cuidar de hijos enfermos. El Estatuto reconocía el deber del estado en cuanto a combatir la discriminación genérica, pero rehusaba apoyar medidas de acción positiva dirigidas a mujeres trabajadoras. El derecho de reingreso no fue aplicado a las mujeres hasta 1989; ello tenía graves consecuencias para las que deseaban prolongar su baja por maternidad y luego retornar a sus empleos anteriores. Finalmente, el Estatuto dio su apoyo al principio de acceso igualitario al mercado de trabajo y a condiciones equitativas de trabajo. También concedía a las mujeres 14 días de baja por maternidad. Como puede verse en este breve análisis, la ley sustentaba el principio general de igualdad genérica. Pero las condiciones que podían promover el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, así como las que podían asegurar el control del propio cuerpo, eran precisamente vistas como estipulaciones específicas y no como derechos en sí mismos. Los derechos “de las mujeres” estaban en conflicto, frecuentemente, con otros derechos (como los derechos laborales de los hombres, los derechos de los fetos o los derechos de la entidad familiar en su totalidad). Dado que los últimos fueron percibidos, tradicionalmente, como esenciales para el bienestar de la nación y de la sociedad española, los derechos “de las mujeres” solamente podían ser defendidos a través de la ley formal. Pero la legislación de los años de la Transición se negaba a convertir los derechos de las mujeres en derechos universales y así las condenaba (dentro de algunos contextos) a ser ciudadanas de segunda categoría.

7

El Movimiento Vecinal de Madrid y los Movimientos de Enseñantes: formulando ciudadanía desde los márgenes

Hemos indicado que los proyectos legislativos e ideológicos que adquirieron visibilidad durante los años de la Transición y la consolidación democrática fueron numerosos. Pero, al tiempo que todos ellos compartían un llamamiento a la “democracia”, los significados atribuidos a dicho término variaban. En años recientes, el debate sobre lo que a veces se denomina “transitología” se ha ampliado e incluye nuevas variables e interpretaciones que intentan integrar esa versatilidad.

Y sin

embargo, la mayor de todas las lagunas sigue allí: ¿Cómo fue visto el proceso de democratización por los hombres y mujeres “en la calle”? ¿Cuáles eran sus preocupaciones inmediatas y sus reacciones ante los cambios que tenían lugar a su alrededor? ¿Cómo se expresaron esas preocupaciones y cuál fue su influencia, si la hubo, sobre los procesos políticos generales? La historia del Movimiento Vecinal y los Movimientos de Enseñantes pueden proporcionar algunas respuestas preliminares a estas preguntas. *** El Movimiento Vecinal Español fue fundado en respuesta a un conjunto de problemas relativos a las condiciones de vida en las áreas metropolitanas a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta. En su fase inicial, el Movimiento planteó reivindicaciones específicas, como la protección de residentes veteranos ante actos de expropiación colectiva, o la necesidad de que el gobierno apoyara proyectos de desarrollo de infraestructuras. No obstante, ya en los años finales de la dictadura el Movimiento elaboró demandas más generales ante las administraciones locales y nacionales. En diferentes barrios, cada uno con sus propias necesidades, el Movimiento asumió diferentes tareas.7 7

En las áreas de la periferia sur de Madrid (como Orcasitas, San Blas o Vallecas), las asociaciones vecinales lucharon para que los miles de ocupantes ilegales fueran reinstalados en los barrios remodelados y que sus comunidades originales fuesen conservadas en la medida de lo posible. El Movimiento también exigió la provisión de infraestructuras esenciales como agua, cloacas y electricidad, centros de educación y salud, instalaciones deportivas y culturales. Algunas de las asociaciones vecinales se involucraron en una lucha ambiental para mantener las zonas verdes existentes y crear nuevos parques, en una ciudad caracterizada por una descontrolada especulación de tierras y continuas presiones demográficas. Otro tema planteado fue la preservación de zonas de valor histórico. La ciudad de Madrid, pese a ser la capital de España, era en el país la menos preocupada por su legado arquitectónico. Una cercana cooperación entre asociaciones vecinales (en los barrios madrileños construidos bajo los Austrias y en el siglo XIX), el Colegio de Arquitectos y las elites culturales de la ciudad promovió nuevas pautas de utilización de los terrenos en el centro de la capital,

8

El Movimiento Vecinal de Madrid fue una entidad politizada desde su misma fundación. Sin embargo, muchos de sus activistas de base no poseían una significativa tradición previa de acción colectiva en la que pudieran inspirarse. Su participación en el Movimiento los llevó a descubrir que “democracia” era una necesidad, no un eslogan izquierdista. Y sin embargo, pese a su falta de experiencia política, muchos de los líderes del Movimiento fueron con el tiempo reclutados por los partidos de la oposición democrática. En particular, el PCE ejerció gran influencia dentro del Movimiento, pero no fue el único. Algunas asociaciones estaban dirigidas por hombres y mujeres identificados con el ORT maoísta o el LCR trotskista. Otras recibían ayuda de organizaciones católicas progresistas y dirigidas por curas párrocos, como el jesuita padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. Enfrentado a esta aparente heterogeneidad, el sociólogo Manuel Castells arguyó:

[…] Se articuló un discurso de autonomía del movimiento con respecto a los partidos que incluso los partidos respetaron en público […] Este hecho insólito proviene en parte de la práctica del movimiento, donde la comunidad de lucha y experiencia en un movimiento de tipo nuevo fue creando lazos concretos de compartir vida y proyecto. Pero también proviene de que cada tendencia política dentro del movimiento tuvo que luchar contra las instrucciones de instrumentalización del movimiento que recibía de sus jefes de partido. Y como sabían que una imposición partidista hubiera destruido el movimiento ciudadano […] se apoyaron en los otros componentes del movimiento para resistir juntos los presiones de sus partidos respectivos.8

Entre los años 1975 y 1979, el Movimiento Vecinal (con su difusa agenda y diversificadas identificaciones) logró sacar a miles de ciudadanos madrileños de la relativa seguridad de sus hogares e impulsarlos hacia la conflictiva escena pública: la calle. El análisis de cómo y por qué ocurrió esto nos permitirá tratar de entender cómo

que tomaban en cuenta la preservación de áreas históricas. Y, finalmente, las asociaciones vecinales desempeñaron un importante rol en la regeneración de la cultura popular, en una ciudad de la que la Dictadura había casi erradicado semejante cultura mediante un estricto control del espacio público. 8 Manuel CASTELLS, “Productores de la ciudad: el movimiento ciudadano de Madrid”, en Vicente PÉREZ QUINTANA y Pablo SÁNCHEZ LEÓN Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid 1968-2008, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009, p. 30.

9

percibían esos hombres y mujeres su estatus de ciudadanos y la lucha en la que estaban involucrados. *** Durante los años de la transición, enseñantes de todos los niveles educativos, tanto en la educación privada como en la educación pública, estaban involucrados en una gran variedad de acciones colectivas en dos ámbitos principales: la renovación pedagógica y la lucha sindical. Se trataba de dos luchas diferentes que se desarrollaron en esferas separadas y sin embargo, había una superposición entre ambas que se manifestaba tanto en el plano personal de los militantes como en la agenda educativa que adoptaron.9 Cabe destacar que, pese a la combinación de ambas áreas en una lucha común sobre el futuro de la sociedad española, se trataba de un gran número de grupos con características diferentes. La movilización alrededor de cuestiones laborales de los maestros de primaria (llamados Profesores de Educación General Básica en aquellos años) del sector público, se encuentra en el centro de este análisis, pero sin separarlo de los movimientos hermanos en otros niveles educativos ni de los movimientos de renovación pedagógica. La movilización de profesores y maestros estuvo íntimamente ligada a los otros movimientos sociales del final del franquismo. Los militantes del movimiento estuvieron influenciados tanto por la lucha obrera como por la movilización estudiantil. Los profesores licenciados vivieron de cerca y a veces protagonizaron los conflictos en las universidades. De hecho, el surgimiento de las acciones colectivas extensas en la educación no universitaria coincidió con el descenso en la protesta estudiantil.10 A través de los partidos políticos clandestinos conocieron de cerca los modelos de la lucha obrera, que terminaron importando a su ámbito de trabajo al crear Comisiones de Enseñanza o Comisiones de Maestros. Además, la idea de que los maestros eran de hecho trabajadores porque sus condiciones de trabajo e intereses eran similares a la clase obrera, se hizo bastante popular en algunas etapas de la lucha. 9

Jaume CARBONELL, “De la Ley General de Educación a la alternativa de escuela pública. Algunas notas introductorias sobre los movimientos sociales en el sector de la enseñanza”, Revista de Educación, (Número extraordinario: Ley General de Educación veinte años después), (1992). 237-255; Marta JIMÉNEZ JAÉN, M. La ley general de educación y el movimiento de enseñantes (1970-1976). La Laguna, Universidad de la Laguna, (2000); Tamar GROVES, “La democracia se hace así. La movilización sindical de los maestros y la democratización de la sociedad española”, Iberoamericana, 46, (2012), 7-22; Tamar GROVES “Everyday struggles against Franco’s authoritarian legacy: pedagogical social movements and democracy in Spain”, Journal of Social History, 46:2, (2012) 305334. 10 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Rebelión en las aulas. Movilización y protesta estudiantil en la España Contemporánea 1865-2008, Madrid, Alianza, 2009, p. 358.

10

Los Colegios de Doctores y Licenciados se convirtieron en la plataforma legal más importante de la lucha de los profesores de la enseñanza media y en los portavoces de todo el sector educativo no universitario, si bien la mayoría de los profesores de primaria no pertenecieron a ellos por no tener una titulación universitaria. Sin embargo, en muchas zonas existieron estrechas relaciones entre las iniciativas de maestros de primaria y la movilización en la educación secundaria. Más importante, los documentos que los Colegios de Doctores y Licenciados publicaron en aquellos años, especialmente “la Alternativa” de Madrid,11 se convirtieron en los puntos de referencia ideológicos de los docentes de todos los niveles educativos. A través de la Alternativa, ideas que circulaban en los partidos clandestinos de la oposición llegaban a círculos cada vez más grandes de maestros y profesores. La movilización de los maestros fue un fenómeno amplio geográficamente y diverso ideológicamente. No hay duda de que los militantes de los partidos políticos de izquierda contribuyeron al surgimiento de las acciones de protesta en el sector educativo y en el discurso del movimiento se aprecian las influencias de la izquierda española. Pero entre los participantes en las acciones colectivas se encontraron también elementos que pertenecían al régimen y aspiraban a reformarlo y, en especial, maestros que se unieron a la lucha como parte de un cambio más amplio del sistema político. En cuanto el fenómeno se extendió y fue más común, la presencia de maestros cuyo compromiso se basaba en su identidad profesional, inseparable de sus prácticas cotidianas, aumentó.

La democracia vivida

En la preparación de este artículo, se analizaron manifestaciones callejeras promovidas por diferentes secciones del Movimiento Vecinal de Madrid entre 1975 y 1976. Si bien dicha muestra puede no ser suficiente para alcanzar conclusiones definitivas, basta para señalar algunas tendencias generales. La primera característica que destaca cuando se observan esos actos públicos es el hecho de que la mayoría de los mismos (27) fueron iniciados para presentar una serie de demandas, no todas ellas en torno al mismo tema. A menudo se realizaron pequeñas demostraciones sobre un tema unitario, como la oposición a la expropiación de tierras (especialmente en los 11

El documento titulado Una alternativa para la enseñanza. Bases de discusión figura en Valeriano BOZAL, Una alternativa para la enseñanza, Madrid, Entropress, 1977.

11

barrios meridionales como Orcasitas y San Blas), o la reacción a la incapacidad del gobierno y la municipalidad de llevar a cabo los planes de remodelación urbana dentro de un marco razonable de tiempo.12 Demostraciones a gran escala, aun cuando partían de un objetivo específico (como, por ejemplo, el alza en el costo de la vida), fueron usadas a menudo por individuos y grupos para elevar una serie de demandas adicionales. Una de ellas tuvo lugar el 26 de octubre de 1976 en Moratalaz con la participación de 100.000 hombres y mujeres, convocada para exigir que el gobierno pusiera coto al aumento de precios. Al mismo tiempo, muchos participantes portaban pancartas que clamaban: “Ayuntamiento democrático” y “¡No más prohibiciones! No más represión, legalización de todas las asociaciones”. La mezcla de demandas y temas resultaba muy natural a ojos de los activistas vecinales. En una entrevista a Mundo Social, uno de los dirigentes del Movimiento Vecinal de Madrid explicó su concepto de la relación entre temas materiales y cuestiones político-estructurales:

Yo sólo sabría explicar cómo veo el futuro político en orden a nuestra experiencia concreta del barrio y a las necesidades que hemos ido descubriendo para solucionar nuestros problemas concretos […] Una democracia amplia y concreta sin apellidos, que lo único lo que hacen es limitarla.13

La democracia fue percibida, entonces, en términos de lo que hay que hacer y de cómo hacerlo. Las asociaciones vecinales no se limitaban a consignas generales. Poseían una clara visión sobre los problemas del día, y una visión aún más clara acerca de las soluciones requeridas. Tras el descubrimiento del “fraude del pan” en el verano de 1975, los vecinos de Orcasitas y el Pozo de Tío Raimundo decidieron empezar a producir su propio pan.14 Félix López Rey, quien fue durante mucho

12

En el barrio de Orcasitas, por ejemplo, los vecinos rechazaron dos planes de reestructuración urbana durante los años 1971-1975. En 1976 un tercer plan fue finalmente aprobado por los vecinos y los arquitectos que trabajaban con ellos. Pasaron otros diez años más antes de que los vecinos recibieran las llaves de las casas reformadas. Para la lucha en Orcasitas véase: Inbal OFER, “‘Street Knowledge’: Community Needs and Urban Planning”, ponencia presentada en la 10th International Conference on Urban History: City & Society in European History (Ghent, 2010). 13 “Entrevistas con Félix López Rey y Pedro de Diego Gracia”, Mundo Social (Madrid, junio 1975). 14 El fraude en el peso y los precios del pan, que en ese entonces eran regulados por el gobierno, fue descubierto en el verano de 1975. Los consumidores españoles se enteraron de que los dos tipos más populares de pan (barra familiar y pistolas), que debían pesar 500 y 260 gramos respectivamente, no

12

tiempo presidente de la Asociación Vecinal de Orcasitas, escribió más tarde acerca de la Guerra del Pan: “Algunos ya éramos conscientes de que el régimen nos robaba la libertad, pero a nadie se le pasó por la cabeza que también nos robara con el pan de cada día”.15 Ese verano, la manufactura de pan en los barrios meridionales de Madrid tuvo un doble propósito: los vecinos protestaban por el fraude y manifestaban claramente que nunca volverían a comprar pan de los fabricantes que los habían engañado. Al mismo tiempo, las asociaciones vecinales demostraron que era posible producir un pan más barato y aun así obtener ganancias. Todos veían claramente que eran necesarias nuevas regulaciones para la industria panadera, pero fueron necesarios tres meses completos de demostraciones y producción local de pan para que las autoridades cedieran e implementaran dichas regulaciones en toda España. *** El detonante de la ola de huelgas que estalló en la EGB estatal a finales de enero y principio de febrero 1976 fue el decreto de las plantillas (BOE 17 de enero 1976). Sin embargo, la lista de reivindicaciones presentada el día 7 de febrero reflejaba que ya en este momento los profesores de EGB estaban dispuestos a luchar no solamente por sus intereses profesionales concretos sino por metas claramente sociales y políticas. A nivel profesional, los profesores demandaron la derogación del Decreto de Plantillas, que las horas exigidas para la dedicación plena se distribuyesen en lectivas y no lectivas, la jubilación voluntaria a los 60 y obligatoria a los 65, así como a igual trabajo igual remuneración (es decir, la igualación de condiciones de trabajo de los interinos y contratados con los funcionarios). Estas reivindicaciones estaban encabezadas por la demanda de la creación de un cauce representativo, democrático e independiente e intercaladas con las exigencias de gratuidad de la enseñanza y la escolarización total.16

Los profesores vieron en su lucha profesional una parte

inherente a una lucha social y política más amplia.

llegaban juntos a 500 gramos. Se calculó que la mayoría de los hogares españoles habían pagado durante años miles de pesetas a cambio de nada. 15 F. López Rey, “Las protestas por la pan en los comienzos de la transición y el movimiento ciudadano”, en Pérez Quintana y Sánchez León Memoria ciudadana… p. 133. 16 Lozano Izquierdo, Jose Miguel, Movimiento Democrático de Maestros Hacia el Sindicato de Maestros Hacia un Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 1975, 1976, 1977. (sin lugar y fecha), p.10.

13

Un millón de niños sin escuela…Sí señores, veinticinco mil maestros, en números redondos, hacen huelga, y sus razones tendrán (tenemos). En estos momentos

las razones se reducen a una: queremos participar,

queremos la gestión, en lo que nos atañe, de la enseñanza. Y no se nos ocurre otra cosa que realizar asamblea de centro, de localidad, de provincia, e elegir representantes y mandarlos a Madrid…El caso es que se quiere un país democrático, pero uno, a estas alturas, ya no sabe qué es la democracia. Claro, que democracias hay muchas; todo depende del consabido color del cristal. Pero uno, en su ingenuidad piensa que democracia tiene algo que ver con la decisión en los problemas que le afectan.17

En la visión que se iba cristalizando entre los movimientos de enseñantes se encuentra la percepción de que la solución a los problemas del sector fue la democratización de las políticas educativas. Esta democratización significaría la participación real y efectiva de los profesores en la gestión del sector. Esta participación resultaría en la solución de los males del sistema educativo y en la mejora de las condiciones de trabajo de los maestros. La democracia fue claramente definida en términos concretos como la solución tanto a los problemas sociales como profesionales del colectivo de enseñantes. La exigencia de democracia en términos de gestión planteada por los profesores fue formulada con relación a las organizaciones profesionales existentes en el sector. En el ámbito de la educación pública, dada la prohibición de los funcionarios a pertenecer al sindicato vertical, funcionó el SEM (El Servicio Español del Magisterio), sucesor de la Corporación del Magisterio creada por la Falange en 1936. El SEM, de modo similar a los sindicatos verticales, actuó bajo la tutela del Movimiento. Su percepción entre los profesores se ve claramente en la siguiente descripción:

En el ámbito de la Educación General Básica se ha manifestado estos días el distanciamiento existente entre la ley y la realidad, en cuanto a la existencia de un órgano válido que ostente la representación de los

17

‘Las razones de una huelga’, El Adelanto, 4 de marzo 1976.

14

profesores de EGB. De acuerdo con la ley vigente el SEM es el único cauce representativo de dichos docentes oficialmente reconocido. Los hechos, sin embargo, demuestran que la inmensa mayoría de los profesores de EGB no pertenecen al SEM, por lo cual ellos mismos han creado su propio órgano representativo, encarnado durante estos días en la Coordinadora Nacional de Educación General Básica.18

Esta descripción fue publicada en la editorial de una de las dos revistas profesionales más importantes del sector, Escuela Española. La auto-organización de los profesores en una formación auto-gestionada paralela a la legal cubrió por lo tanto una presencia destacada y se estableció como una alternativa a los mecanismos de representación del régimen. *** La auto-organización como una solución a los retos cotidianos se manifestó también en los barrios. Otro tema que desencadenó muchas demostraciones y generó gran frustración entre los activistas vecinales tenía que ver con los crecientes niveles de crimen en los barrios del sur de Madrid. Desde mediados de 1977, los habitantes de Orcasitas, Orcasur y Vallecas experimentaron una ola de delincuencia juvenil que era nueva en dichas comunidades. El fenómeno fue resultado de cambios en las pautas de control y represión estatal, el deterioro de la situación económica y crecientes presiones demográficas en algunos núcleos urbanos. Incursiones policiales esporádicas en los barrios (y los consecuentes arrestos) sólo empeoraron la situación. Los problemas básicos que subyacían a la delincuencia juvenil no eran resueltos, y tras un período en prisión los jóvenes retornaban con el propósito de desahogar su rabia y su frustración contra todo el vecindario. El 19 de junio de 1977 la policía arrestó a ocho hombres en el Poblado Agrícola de Orcasitas, sorprendidos mientras patrullaban el barrio, armados con caños de goma, martillos y otras herramientas pesadas. Eran parte de una guardia armada que la comunidad acordó establecer a fin de auto-protegerse. Tras 24 horas de detención sin que sus familias obtuviesen información alguna, la Asociación Vecinal convocó una asamblea general. Al día siguiente, todo el Poblado Agrícola (unas 900 familias) cerró comercios y escuelas como protesta y los vecinos se concentraron frente a la comisaría de policía local. Las

18

‘La ley y los hechos’, Escuela Española, 4 de marzo 1976.

15

soluciones que las autoridades habían ofrecido al problema fueron expuestas al semanario Diario 16:

Vino este hombre como supuesto especialista en delincuencia juvenil y no lo es. Le hemos pedido reunirnos con él para hablar de estos temas que es necesario prevenir para que no se contagien otros niños, y nos ha respondido que su labor es detener a quien se coja in fraganti y que su labor no es prevenir.

Los vecinos habían esperado de las autoridades algo totalmente distinto:

Nosotros pensamos que los ciudadanos deben colaborar con las fuerzas de orden en mantener la paz. No sabemos lo que pasará aquí. El pueblo decide si salimos hoy a patrullar o no. Vamos a seguir todos los trámites legales que haya para que suelten a los detenidos. Mantenemos la asamblea pero evitamos provocaciones.19

Estas citas muestran claramente que, tras cuatro décadas de represión, los miembros del Movimiento Vecinal no estaban dispuestos a abandonar nuevamente el control sobre sus vidas. En cuestiones que abarcaban un espectro completo de temas, desde la planificación urbana y la delincuencia juvenil hasta la administración económica, las asociaciones vecinales se consideraban a sí mismas “interlocutores de la administración”, es decir, participantes igualitarios en un diálogo. El significado de esa igualdad era uno: pese a su falta de educación formal, pese a su incapacidad de expresarse en términos legales y profesionales, pese a su presunta ignorancia en asuntos de política y de finanzas públicas, las autoridades debían reconocer el hecho de que los vecinos poseían y podían aportar información importante. *** En este sentido, el caso de los profesores es similar pero tiene unas características distintas por su identidad de profesionales. Los profesores compartían la demanda del diálogo con las autoridades. Refiriéndose a las acciones colectivas del

19

“Detenido un piquete armado de defensa contra la delincuencia”, Diario 16 (Madrid, 20-6-1977).

16

sector, la revista Escuela Española reflejaba así la percepción de la situación en los momentos de conflicto:

De este modo los acontecimientos de estos días han elevado al primer plano de la actualidad lo que desde hace tiempo es un grave problema en este sector, al igual que en tantos otros, de la realidad nacional: la falta de comunicación real entre la Administración y los administrados…no hay forma, entonces, de lograr la convivencia ni la armonía social entre los hombres. Habrá conflicto crónico o represión permanente, pero nunca paz y colaboración entre los diversos grupos que integran la sociedad.20

Además, parecido al caso de los vecinos, la justificación de la importancia de la participación de los ciudadanos y la validez de la información que poseían emanaba de su relación directa con el asunto:

La lucha por una educación alternativa sólo puede ser protagonizada por los directamente interesados en ella-profesores, alumnos, padres-, y en un sentido más amplio por todos los trabajadores.21

Sin embargo, en esta formulación se ve que en el caso de los profesores, la demanda formulada no incluía solamente a estos, sino también a los alumnos y a los padres. Además, se refieren a todos los trabajadores, aludiendo a una concepción social de izquierda. Lo importante aquí es que los profesores se autodenominaron como portavoces de todos los relacionados con la educación, padres y alumnos. Así se posicionaron como protagonistas de la lucha. La función cultural de los maestros se repetía como justificación de esta posición:

Culminaba un forcejeo iniciado a finales del último enero, en el que el Magisterio decidió de una vez por todas lanzarse en busca de su pérdida identidad, a una lucha irrenunciable por la representatividad y a asumir,

20

‘Un momento crucial’, Escuela Española, 19 febrero 1976. Una alternativa para la enseñanza. Bases de discusión en BOZAL, Una alternativa para la enseñanza…p. 111. 21

17

con todas las consecuencias y responsabilidades, el co-protagonismo que su función, la educación del pueblo, le exige.22

Además, según como formularon la situación, sus problemas eran parte de un asunto mucho más amplio. Su lucha tenía unas dimensiones trascendentales claras, ya que hablaba de una educación alternativa que iba mucho más allá de sus reivindicaciones profesionales. Está formulación justificó aún más su liderazgo por su estado de profesionales relacionados con el asunto. Este liderazgo se percibe muy bien en los programas relacionados con la gestión de las escuelas en las que los profesores adquieren un protagonismo claro:

La dirección educativa de un centro compete al conjunto de los enseñantes del mismo. La función coordinadora y ejecutiva tiene que recaer sobre uno o más enseñantes, elegidos democráticamente por un período determinado y revocable. Los padres tienen que intervenir en el control de los resultados de la escuela, así como en la aplicación correcta de los fondos económicos asignados. En dicho control participarán también los alumnos, según su edad, y el personal no docente.23

En medio de su lucha por sus derechos profesionales, los enseñantes articularon un programa detallado del futuro del sistema educativo y de su papel en ello. La educación se definió como un servicio público que el Estado debe proporcionar a la población gratuitamente hasta los 16 años, y con pretensiones de llegar a los 18. Para cumplir este propósito se exigió la cancelación de la educación privada. La Escuela Pública de la que hablaba el documento de Madrid se convirtió en el paradigma de la visión educativa futura de los movimientos de enseñantes. La libertad sindical se vio como una condición obligada para asegurar los derechos de los profesores. (El sindicato) Se concibe como la organización de los trabajadores de la enseñanza, cuyo objetivo es defender y promover sus intereses en la

22

Antonio del Molino, ‘Reuniones de representantes de profesorado de EGB-ministerio’, Escuela Española, 6 octubre 1976. 23 Esta cita aparece en otro documento que formaba parte de las Alternativas: Por Una Nueva Escuela Pública de Rosa Sensat. También figura en BOZAL, Una alternativa para la enseñanza…p.187.

18

sociedad, junto con los demás sectores de trabajadores, así como la de participar como tal sector en la gestión educativa y política del país.24

Sin embargo, el carácter del sindicato fue discutido duramente entre los militantes de CCOO y FETE, que tendieron a integrarse en sus respectivos sindicatos y el resto de los militantes. El fenómeno más interesante en el sector educativo público de esta época fue la creación de un sindicato que pretendía seguir con la tradición del movimiento de enseñantes y, a la vez, separarse tanto de los herederos de los valores de la dictadura como de las organizaciones de izquierda. Su seña de identidad fue la práctica asamblearia concebida como una alternativa a los métodos de trabajo de los sindicatos de izquierda. Los éxitos de las acciones colectivas y las huelgas de febrero y después de noviembre de 1976, les dieron la esperanza de seguir con estas prácticas. Creían que el futuro del movimiento estaría asegurado con el fortalecimiento de la estructura mínima de cada provincia, asambleas escolares, comarcales y provinciales.25

La Coordinadora no es un organismo cerrado ni una estructura estabilizada con estatutos, carnés y compromisos políticos. Nada más lejos. La Coordinadora es un elemento, un instrumento de lucha, reivindicativo, y es político en la medida en que toda actividad social, y más la reivindicativa, lo es... La Coordinadora no tiene reglas excluyentes porque es radicalmente profesional y democrática, ni compromisos extra profesionales e inconfesables, ni dependencias que no sean las derivadas de los justos intereses de unos profesionales postergados que empiezan a tomar conciencia de sus derechos y obligaciones sociales en la transcendente misión de la educación integral del pueblo, al que deben servir por encima de banderías e intereses bastardos26.

La Coordinadora fue el instrumento representativo de los maestros que surgió de la lucha y que fue basado en asambleas. Su estructura fue publicada en los distintos medios de comunicación y correspondía a la siguiente estructura: Una 24

Una alternativa para la enseñanza. Bases de discusión en Ibid., p. 123. ‘Profesorado estatal de EGB: normalidad los días 13 y 14’, Escuela Española (15-12-1976);’ huelga de noviembre 1976’, en Lozano Izquierdo, Movimiento Democrático de Maestros… pp. 45-56. 26 ‘Qué es la coordinadora’, Escuela Española (9-6-1976). 25

19

reunión de centro mandó a sus representantes a la reunión de zona, esta mandó a sus representantes a la reunión provincial, que finalmente eligió a la coordinadora provincial. Al mismo tiempo se convocaron asambleas de zona

y asambleas

provinciales que también transmitieron sus ideas a la coordinadora nacional. La misma asamblea se concibió como una fuente de legitimidad.

Del texto surge

claramente la necesidad de distinguirla de partidos políticos y de sindicatos de carácter ideológico. Su carácter democrático se deriva justo de su naturaleza inclusiva y profesional. Sin embargo la práctica asamblearia no fue aceptada sin crítica y hubo voces que destacaron sus carencias:

Los maestros de Pontevedra habían quedado literalmente hartos de las asambleas, ¿de las asambleas? … no. De alguna forma asamblearia: de la asamblea convertida en foro de líderes y campo de batalla de vanguardias interesadas y quizá poco claras, de las asambleas, en las que se reservaba a una gran mayoría el mero papel de espectador de una trama que no siempre entendía y que casi nunca conocía, pero de la que siempre sospechó. No estaba cuestionado pues, el carácter asambleario mismo, sino el procedimiento27.

La solución de estos problemas fue la institucionalización del método y la inclusión de una agenda que permitiera la participación de todos los maestros y evitara el control de algunos elementos del debate. A pesar de esta crítica, el modelo de sindicato elegido se basó directamente en la práctica asamblearia. Barajando las opciones, la práctica asamblearia se concibió como la más adecuada. Educación como Tema, una sección de un periódico salmantino que informó sobre el movimiento, dedicó su editorial del día 28 de enero de 1977 a la cuestión “Sindicato, sí, Sindicato no”. La sección presentó las opciones de los Maestros de EGB: un colegio profesional, una organización profesional de funcionarios y un movimiento asambleario que siguiera al que ya estaba funcionando. La sección declaró que la segunda opción era dudosa ya que había un proyecto de ley sindical, pero no se sabía qué ocurriría. Además, la sección criticó a los modelos de 27

El archivo privado de Rivas Fontán: un documento del I congreso provincial del profesorado de EGB de Pontevedra.

20

las democracias burguesas en las que los temas económicos eran asuntos de los sindicatos mientras los partidos manejaban las cuestiones políticas. La sección apoyó la tercera opción, un movimiento asambleario en el que asambleas locales enviarían representantes a una asamblea nacional.28 En junio de 1977 fue convocada una asamblea nacional con la participación de representantes de 38 provincias29. A los representantes se les explicó que debían votar según la decisión de la asamblea provincial y, si esta todavía no se había convocado tenían que abstenerse. Este tipo de trabajo dejó muchas cuestiones abiertas respecto al funcionamiento del sindicato que se retomaban y discutían una y otra vez. Todo indica que los sindicatos locales en los que se institucionalizó el sistema de las asambleas ejercieron más influencia en el porvenir del sindicato. Hacia finales del año 1977 ya se había creado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en ocho provincias: Alicante, las Islas Baleares, Albacete, Castellón, Guadalajara, Madrid, Murcia y Logroño y en tres más se creó el Sindicato de Maestros: Lérida, Gerona y Tarragona. En 16 provincias la iniciativa estaba a punto de recibir un estatus legal: Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense, Álava, Vizcaya, Navarra, Salamanca, Valladolid, Valencia y Zaragoza. En León se llamaba el Sindicato de Profesores de EGB30. Las provincias recibieron un documento de principios para asegurar una manera unificada de actuación y se presentó como base para un debate. Estos principios incluyeron entre otros la afirmación de la creación del sindicato por una asamblea provincial y no por un grupo de promotores; debía llamarse el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, sector público o privado; y la asamblea era su órgano decisivo. Además se aclaró su papel respecto a los problemas del país: un órgano que actuaría según las órdenes de los maestros que se reunieran en las provincias, las nacionalidades y las regiones31.

*** 28

‘A la búsqueda de una organización de enseñantes’, El Adelanto (28-1-1977). Del Archivo privado de Pío Maceda: Un informe de la Asamblea Nacional que se llevó a cabo el 25 y el 26 de junio; ‘Conclusiones de la asamblea de representantes provinciales del profesorado estatal de EGB celebrada en Madrid el 28 de mayo de 1977’; ‘Información de la reunión de coordinación intersectorial estatal del sindicato de trabajadores de la enseñanza.’ 30 Del archivo privado del Sindicato de Trabajadores de la enseñanza, Madrid: ‘Informe de la asamblea estatal intersectorial del 15–X–77’, en Boletín Informativo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Sector EGB Estatal de Madrid. 31 Ibíd. 29

21

En los meses finales de 1977, el Movimiento Vecinal comenzó también sus reclamos respecto del rol potencial de las asociaciones dentro del sistema político general. Desde los primeros momentos de la Transición, una de las demandas centrales de la oposición democrática fue la de una mayor participación popular en los procesos de toma de decisiones locales y nacionales. Sin embargo, diferentes entidades políticas poseían diferentes ideas en cuanto a la forma que debía adoptar esa participación. La singularidad de las asociaciones vecinales residía en el hecho de que estaban tratando de involucrar en el nuevo sistema cívico a grupos que nunca antes habían tenido acceso directo al poder. Por ejemplo, al considerar los núcleos del poder local –los concejos municipales–, las asociaciones insistieron en

[…] que debían tener sus presupuestos propios conocidos por los vecinos, que estos pueden pedir cuentas exactas. Y que pueden [los vecinos] incluso participar en decidir cuáles son las inversiones más urgentes y necesarias. Nos encontraremos con esos concejales distantes, que para que conozcan nuestra situación concreta hay que forzarles que vayan a vernos.32

En comparación con eventos políticos centrales como la publicación de la Ley de Amnistía o la nueva Constitución democrática, esta crítica podría parecer insignificante, pero no lo era. En mi entrevista con Félix López Rey, el legendario líder de la Asociación Vecinal de Orcasitas, este reflejó los modos en que se formaban las posiciones políticas e ideológicas:

Yo lo que he observado, y lo puse en práctica cuando ido a movilizar los barrios y tal, es que la gente no quiere pelear por utopías. Quieren por cosas concretas. Y en la medida que van alcanzando alguna historia, aquí la historia era conseguir la fuente, unas luces. […] Y este es un barrio como este barrio de la periferia… en que saca mayoría el partido socialista. […] Se ha podido votar porque tu abuelo votaba socialista o porque están a favor del aborto y los otros están en contra. Unos quieren

32

“Entrevistas con Félix López Rey y Pedro de Diego Gracia”, Mundo Social.

22

la nacionalización de la banca y los otros no sé qué. Unos quieren entrar en el mercado común. Pero a la hora de su barrio es otra historia.33

Hombres y mujeres, por ende, eran influidos por una combinación de factores cuando evaluaban el nuevo sistema político resultado de la Transición. Esos factores incluían

tradiciones

familiares,

consideraciones

ideológicas

y

económicas,

imperativos morales y la medida en que el nuevo sistema había mejorado su vida cotidiana. Estos factores tuvieron gran influencia en las pautas electorales de los individuos. Pero, a ojos de muchos vecinos, votar en sí mismo no era la corporización de la democracia. La democracia era un procedimiento basado ante todo en el libre acceso a la información y en la acción consensuada. Por lo tanto no debe asombrar que el “asambleísmo” se convirtiera en una de las imágenes prototípicas del Movimiento Vecinal. Las asambleas vecinales poseían una forma estandarizada. Cuando surgía un problema, la asociación vecinal convocaba a los vecinos para debatir la situación. Los vecinos formulaban unas demandas o sugerían formas de acción ante la administración. A continuación deliberaban sobre el asunto y procuraban alcanzar un consenso (y no sólo una decisión de la mayoría). Luego procedían a elegir un grupo de representantes que estarían encargados de llevar sus demandas a la administración. Es importante sin embargo, destacar que las asambleas nunca delegaban su poder de decisión en sus representantes. Los hombres y mujeres elegidos como tales recibían una tarea específica que debían realizar en nombre de todos los vecinos. Luego debían retornar a la asamblea para informar sobre lo acontecido. Las decisiones posteriores sólo podían ser adoptadas por la asamblea completa. Las asambleas eran abiertas, es decir, podían participar todos los vecinos radicados en el barrio. En tiempos de crisis agudas (por ejemplo, cuando se realizaban desalojos en contra de lo acordado previamente, o cuando vecinos resultaban heridos o arrestados por la policía), las asambleas se constituían en “permanentes”, es decir, se mantenían con un cierto nivel de participación hasta que la crisis se resolvía. Es importante tener en cuenta que los procedimientos descritos constituyen el modelo de funcionamiento del Movimiento Vecinal. En la realidad, la mayor parte de las asociaciones enfrentaban períodos de gran activismo en los que la movilización de 33

F. López Rey, Presidente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas (1971-1979), entrevista con la autora (Madrid, 6.10.2006).

23

la masa de vecinos era relativamente fácil, pero había otros momentos en que la base social de la toma de decisiones se reducía, a veces hasta el punto de incluir solamente al comité ejecutivo de la asociación. Con todo, este estilo de acción se oponía al modelo patriarcal, que designaba líderes que poseían mejor acceso a la información y mayor influencia sobre el proceso de toma de decisiones. Aun cuando no todos los vecinos, como veremos, se sentían cómodos para expresar sus opiniones frente a toda la asamblea, el gran énfasis depositado en la necesidad de un consenso forzaba a los que sí hablaban a tratar de explicarse en términos claros y a tomar en consideración las necesidades de toda la audiencia: mujeres y hombres; obreros y amas de casa; jóvenes y viejos.

A modo de cierre

Enfrentados con sus retos cotidianos, vecinos y maestros emplearon prácticas de lucha relacionadas directamente con sus condiciones de vida. Estas prácticas fueron concebidas como democráticas. Sin embrago, divergían de la democracia liberal y representativa que se iba consolidando. Su manera de percibir su propia acción y su papel en el futuro democrático implicaba una percepción de ciudadanía que rechazaba el principio de delegación en el representante y la creación de un cuerpo profesional de representantes. Por el contrario, reivindicaba la participación activa de las personas en la articulación de las políticas que les concernían y exigía que la toma de decisiones se quedara lo más cerca posible de los ciudadanos y de sus vidas. Esta concepción acomodaba sus experiencias cotidianas a sus aspiraciones democráticas. Se inspiró en los modelos asamblearios que caracterizaban al movimiento obrero en etapas anteriores, aunque en su caso dejara de ser una herramienta para convertirse en una concepción cívica.

24