Entes de control: ¿un arma de intimidación?

Alejandro Matta Herrera La Contraloría, Fiscalía y Procuraduría han estado muy activas para vigilar la actividad estatal y particular. Ha sucedido lo mismo con el Consejo Superior de la Judicatura, cuando se trata de indagar sobre la labor de los jueces y abogados. Durante los años más recientes han actuado en forma constante, para evitar el detrimento patrimonial al estado colombiano, las conductas punibles contra la administración pública y la administración de Justicia. Por su parte, la Procuraduría ha sido eficaz en dictar fallos contra personas que realizaron conductas que atenten contra los derechos humanos y otras que desconocen el régimen disciplinario; muchas de estas decisiones jurídicas han sido muy importantes para la consolidación de una cultura respetuosa de los derechos humanos. Pareciera que además del interés propio de los organismos de control, se esconde otro interés: intimidar, bajo supuestos criterios técnicos, cualquier transformación profunda que se proponga sobre las dinámicas propias del estado neoliberal que se ha enquistado en las instituciones públicas. Aunque la vigilancia ha generado la sensación en la ciudadanía de una recuperación del sentido de lo público por parte de dichas instancias, contrasta con las reiteradas denuncias sobre violación de derechos humanos por medio del desplazamiento forzado, la desapariciones, los homicidios durante y fuera de las actividades militares, la persecución política y sin hablar aún del aumento de la corrupción. De igual forma, contrasta con el aumento de las denuncias sobre carruseles de contratación, pensiones y amenazas para realizar relaciones sexuales. ¿Cómo se explica que se aumente la vigilancia y que ello no haya mejorado la situación de la actividad estatal? De nuevo, aunque se tiene la impresión que estamos ante un Estado presente, fuerte y consolidado institucionalmente, convendría preguntarse: ¿Por qué estamos en presencia de semejante situación?, ¿qué motivó que en los últimos años se haya aumentado la gestión en estos entes pero sigan en alza los indicadores de violación a los DD. HH., la corrupción y la sensación de persecución a opciones políticas diversas a las tradicionales? Si se miran los perfiles políticos de quienes han estado encargados o encargadas de los precitados organismos, puede verse una fuerte tendencia hacia ideas que propugnan por un Estado mínimo en materia económica e institucional o mejor, un estado ausente. Bernal Cuellar, Gómez Méndez, Morelli, Montealegre, Ordoñez, Turbay, entre otros y otras, siempre han sido fieles a las ideas de los partidos a los que han estado afiliados. Esos mismos partidos que invocan las banderas del libre comercio. Los mismos que han aprobado la apertura económica, el ajuste fiscal, la privatización de las distintas empresas públicas, en definitiva, aquellos partidos que reclaman un vaciamiento de las funciones públicas y han condenado a miles de familias a la miseria que genera la economía de mercado.

Aunque, si nos detenemos un momento, parece que no quieren un Estado mínimo en todos los aspectos; quieren conservar las instancias de control pero no para que vigilen el atroz pasado privatizador, tampoco para evaluar la pobreza generada por la apertura económica: quieren seguir ostentado los entes de control para evitar a cualquier costo la construcción de un sentido positivo de la gestión pública. Los entes de control le sirven a la dirigencia política y económica tradicional para garantizar que el estado mínimo y mezquino no sea cuestionado. Según lo entiendo, los entes de control están operando como un arma política y además como una herramienta de intimidación para vaciar el espacio público. Lo que está detrás, a mi parecer, es de nuevo, el intento por afianzar el vacío de contenido de la actividad del estado. Los fieles seguidores del dios mercado, con sus cruces “estado ausente” y “mano invisible” han encontrado una nueva arma para desmotivar el deseo de recuperar el estado por parte de movimientos que reclaman la presencia de la acción estatal para redistribuir la riqueza. Quizás eso explique porque se preocuparon, en su momento, por la gestión pública de Gustavo Petro. Como no pudieron por medio de la intimidación disciplinaria, intentarán la intimidación fiscal, luego, acudirán a la intimidación penal. Lo importante para comprender esta lectura es tener en cuenta que lo que se busca es generar temor en los ciudadanos que quieran acceder a los cargos públicos, de que no se atrevan a cuestionar el modelo económico del estado ausente. Como diría el premio Nobel de economía Thomas Schelling, la posibilidad del uso de la fuerza es un elemento esencial para entender el juego político nacional o internacional y esta dirigencia la está usando. Las clases tradicionales quieren enviar un mensaje para intimidar a todos aquellos que defendemos la existencia de un Estado presente para defender los derechos humanos, para redistribuir la riqueza, garantizar el derecho a la salud y la educación, mejorar las condiciones de miseria y pobreza, en fin, un estado presente para garantizar los derechos de todos y todas. Quieren sembrar miedo pero no lo lograrán: Hace mucho tiempo lo superamos y tenemos de nuestro lado la esperanza. Llegaremos a tiempo