Enfrentando la complejidad de la encrucijada venezolana: la dinámica del cambio desde un régimen híbrido

Enfrentando la complejidad de la encrucijada venezolana: la dinámica del cambio desde un régimen híbrido Ysrrael Camero Al escribir sobre Venezuela, su régimen político, su estructura económica y sus patrones socioculturales, desde una perspectiva histórica y comparativa, debemos prepararnos para desterrar dos tentaciones. La primera, la de buscar “esencialismos” o “excepcionalismos”, el pretender convertir una dilatada coyuntura o las características de un período específico en una condición permanente, en un carácter intrínseco. Las sociedades no “son” sino que se transforman a lo largo del tiempo, tienen hábitos recurrentes, pero están sometidas también a coyunturas que dislocan viejos patrones e impulsan otras líneas de conducta. Las sociedades se construyen progresivamente a partir de un sistema de incentivos y castigos. Estas transformaciones no ocurren en todos los niveles de la sociedad simultáneamente ni en el mismo sentido, sino que van modelando sectores, capas que interactúan entre sí. En esta complejidad vemos, por ejemplo, que en Venezuela el periodo violento del siglo XIX, marcado por las guerras civiles, fue seguido por una centuria de paz. De allí la tentación de pretender convertir el carácter pacífico del pueblo venezolano en algo permanente, en algo esencial, cuando esto obedeció a una conformación histórica que aún no se ha cerrado. La segunda tentación es el traslado mecánico de otros procesos históricos a la realidad venezolana. Construir modelos, a partir de experiencias históricas, es un proceso muy útil, tanto para el afán analítico académico como para el aprendizaje político. En materia de transiciones democráticas ha sido recurrente hablar del “modelo chileno” o del “modelo español”, teniendo un importante impacto para el análisis de procesos políticos posteriores. Lo importante es evitar que el conocimiento de determinado modelo se convierta en un traslado mecánico, los factores son distintos en cada caso, y la dinámica del cambio político tiene especificidades que deben atenderse. Justamente el estudio de lo específico, en 1

contraste analítico con el modelo puede contribuir a comprender patrones comunes, diferenciados o elementos sustitutivos en los procesos de transición y cambio político y económico. Una vez que nos detenemos ante estas advertencias nos toca preguntarnos la razón para escoger un acercamiento histórico a la especificidad venezolana y un enfoque comparativo con otros procesos de transición política. Mucho se puede aprender, como científico social o como decisor de políticas, de otros procesos históricos, tanto de transiciones a la democracia como de procesos de autocratización. A incentivos y castigos similares las sociedades tienden a responder de manera también similar, el autoritarismo prospera en determinadas circunstancias e interactúa con los actores sociales. El estudio comparado nos puede ayudar a comprender la dinámica de los procesos de democratización y de autocratización para encontrar recurrencias, determinar momentos de ruptura comunes y rasgos que propician continuidades. Asimismo, podemos percibir que desde finales del siglo XX hasta la actualidad la interacción entre procesos contiguos de cambio político ha propiciado aprendizajes y modelado conductas, tanto en las élites autoritarias como en las fuerzas democratizadoras. De esta interacción mucho se puede aprender. En este trabajo nos adentraremos en las peculiaridades específicas del proceso venezolano, en el carácter de su régimen político actual y su interacción con la estructura económica, en las características de sus élites políticas, sociales y económicas y en la coexistencia en su cultura política de rasgos autoritarios y democráticos. Frecuentemente, y a modo de comparación didáctica, haremos referencia a procesos de transición de otras latitudes y de otras épocas, como los casos de España, Chile, Europa del Este y Rusia. 1. Especificidades en el diagnóstico del régimen venezolano Por lo menos desde 1978 el comportamiento de la economía venezolana ha sido volátil y negativo. A partir de 1983 esta volatilidad tuvo un impacto negativo en la calidad de la vida de la población. Recurrentes intentos de reforma económica 2

quedaron truncados y la pérdida del valor de la moneda dio paso al empobrecimiento progresivo de la sociedad. Esta caída económica tuvo consecuencias políticas sobre la democracia venezolana, iniciada en 1958, pues incrementó la insatisfacción de una población en proceso de empobrecimiento, los niveles de abstención en las elecciones y los de conflictividad política y social. Las protestas de febrero de 1989 y los intentos de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992 evidenciaron el debilitamiento creciente del funcionamiento del sistema democrático. El proceso de descentralización, por medio del cual la élite política venezolana intentó renovar y profundizar la democracia, fortaleciendo la gestión pública en términos de legitimidad y eficiencia, no logró evitar el agotamiento final del sistema y su sustitución. A partir de 1999, en Venezuela se inició el tránsito de una democracia en dificultades

hacia

un

régimen

progresivamente

autoritario.

El

cambio

constitucional de 1999, la construcción de nuevas instituciones políticas, de nuevas relaciones entre los actores, puso sobre el tablero diversas especificidades de la cultura política venezolana. En primer lugar, la lucha entre una larga tradición caudillista y autoritaria, caracterizada por la admiración hacia el hombre fuerte, capaz de resolver los problemas por encima de las instituciones, y una reciente cultura democrática, aprendizaje del siglo XX, que hace énfasis en la construcción de grandes consensos, en la existencia de libertades institucionalizadas y de un debate público, y en la conservación de contrapesos políticos para evitar el conflicto social. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Venezuela vivió un dilatado período de su historia bajo un régimen democrático. Desde 1958 hasta 1998 una sucesión de gobiernos civiles, electos por voluntad popular, rigió la vida política de la sociedad. De esta manera, en la década de los sesenta y setenta el país funcionó como refugio seguro y apoyo a los exiliados latinoamericanos que escapaban de las dictaduras militares. La democracia venezolana, fruto de décadas de luchas políticas y sociales, se estructuró alrededor de una política de consensos

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que estableció mecanismos de distribución entre diversos sectores de la sociedad.1 Esta búsqueda recurrente del consenso permeó hacia toda nuestra cultura democrática y creó dificultades para asimilar los conflictos y para desarrollar cambios sustanciales en el sistema cuando las transformaciones mismas de la sociedad generaban nuevas demandas o cuando el modelo económico acumuló una gran cantidad de errores. Los intentos de reforma desarrollados a partir de 1989 quebraron mucho de los consensos que habían ayudado a estabilizar la democracia previamente. En segundo lugar, está el carácter rentista de la economía venezolana, dependiente fiscalmente de los ingresos petroleros controlados por el Estado. Este hecho tiene un impacto en la dinámica interna del poder y en la gran autonomía que tiene la élite política gobernante con respecto al resto de la sociedad. Entre 1958 y 1998 la elite política democrática y democratizadora hizo uso del recurso petrolero para consolidar un régimen político que era, en sus rasgos fundamentales, de carácter democrático y crecientemente competitivo. Pero, con la construcción de una hegemonía con rasgos autoritarios luego de 1999 se empleó el mismo recurso petrolero para fortalecer los rasgos autoritarios. El proyecto de construir una “economía socialista” a partir del uso discrecional de la renta petrolera por parte del Estado generó la destrucción sistemática del sector productivo. La élite gubernamental tuvo acceso discrecional y arbitrario a recursos abundantes, sin tener efectivas limitaciones institucionales. En tercer lugar, tenemos la relativa homogeneidad de la sociedad venezolana, que, más allá de las desigualdades de ingreso, tiende a ser étnica y culturalmente un poco más uniforme que sociedades como la boliviana, la peruana, la guatemalteca, la ecuatoriana o la mexicana en América Latina, o las sociedades con grandes contrastes étnicos como las de Europa central u oriental o las del Asia Central. Esto es una diferencia importante con respecto a los procesos de transición en las antiguas repúblicas soviéticas, en varios países de Europa del Este y en el África subsahariana. El discurso nacionalista y populista en Venezuela no tiene un anclaje El “sistema populista de conciliación de élites” es bien explicado por Juan Carlos Rey en El futuro de la democracia. 1

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étnico del cual atarse para discriminar y segregar sectores sociales, como si fue posible con el nacionalismo serbio en Yugoslavia o las movilizaciones anti rusas en los países bálticos y en Ucrania. Incluso las identidades regionales en el país no compiten con una identidad nacional, lo que marca una distinción importante con casos como el de Bolivia o el de España. Sobre el carácter híbrido del autoritarismo venezolano: un deslizamiento Venezuela vive hoy bajo un régimen híbrido, específicamente un autoritarismo competitivo en proceso de autocratización. Hoy hay un consenso amplio en torno a los rasgos autoritarios del régimen venezolano, pero esto no siempre fue así, entre otras cosas, porque el régimen autoritario se construyó a partir de un proceso lleno de flujos, reflujos y meandros conflictivos. A lo largo de 17 años, la polémica ha sido la característica central al momento de diagnosticar el tipo de sistema que se estaba estructurando en Venezuela. El 2 de febrero de 1999 Hugo Chávez Frías se convirtió en presidente de la República de Venezuela y su primer acto ejecutivo fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La demolición del viejo entramado institucional democrático fue la labor fundamental de su gobierno entre 1999 y 2000. La redacción de una nueva Constitución, que proclamaba la construcción de una “democracia participativa y protagónica”, en contraste con la vieja “democracia representativa”, y que sostenía la existencia de un “Estado de Derecho y de Justicia” en contraste con el tradicional “Estado de Derecho” trastocó la base jurídica del país. Para muchos investigadores se iniciaba una renovación popular de la democracia venezolana, otros pocos señalaban el carácter neoautoritario y neopopulista de este experimento. A partir de los últimos meses del 2001, con la aprobación presidencial de un conjunto amplio de leyes habilitadas por un parlamento sumiso, hasta las elecciones parlamentarias de 2005, en las cuales la oposición decidió no participar, se incrementó la conflictividad política y los mecanismos de control político sobre la sociedad. 5

La legislación desarrollada por una Asamblea Nacional dominada por el gobierno entre 2006 y 2010 reforzó todos los rasgos autoritarios del régimen.2 Asimismo, se iniciaron cambios estructurales en la economía a partir del uso discrecional de la renta petrolera; esto debilitó al sector privado y fortaleció al Estado. Las posteriores expropiaciones y confiscaciones, el establecimiento de controles generalizados de precios, la consolidación del cerco cambiario y la dependencia de las importaciones redujeron la autonomía económica de los venezolanos. En el mundo académico, el diagnóstico respecto al régimen venezolano ha venido variando a lo largo de estos diecisiete años, no solo debido a las características de su política, sino también a la visibilidad progresiva que internacionalmente han tenido sus rasgos autoritarios. A nivel de análisis, el descenso de Venezuela en el Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Konrad Adenauer (FKA) es apenas un tímido reflejo de la desestructuración de las instituciones democráticas del país. La FKA señala profundas debilidades en el retroceso de las libertades civiles y económicas y los derechos políticos de los ciudadanos, en el condicionamiento de las libertades por la inseguridad, en la percepción de corrupción, en la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, en el empobrecimiento, la caída de la inversión y el derrumbe del PIB per cápita.3 En el Democracy Index 2015 Venezuela se encuentra dentro del rango de los regímenes híbridos, con una calificación de 5.00, obteniendo una muy baja evaluación en funcionamiento del gobierno (0.79), baja en participación política, en cultura política (4.48) y en libertades civiles (5.59). Entre 2006 y 2015

Sobre la caracterización de Venezuela como un régimen híbrido se ha desarrollado una línea de análisis, dentro de la cual es importante mencionar el trabajo de Miriam Kornblith (2007) donde caracteriza al régimen político venezolano como un Autoritarismo Electoral. Otra de las obras más importantes para comprender la deriva autoritaria del régimen venezolano, desde la perspectiva de la construcción de un régimen híbrido, es Un dragón en el trópico de Javier Corrales y Michael Penfold (2012). En el trabajo de Benigno Alarcón y Ángel Álvarez (2014) se profundiza en el proceso de autocratización de Venezuela. 3 Venezuela descendió 34%, desde 2,406 en 2014 a 1,586 en 2015, en el Índice de Desarrollo Humano de 2015, que se encuentra en: http://www.idd-lat.org/2015/downloads/idd-lat-2015.pdf 2

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Venezuela desciende en este índice desde 5.42 hasta 5.00, lo que expresa un descenso progresivo hacia prácticas más autoritarias.4 En Polity IV el descenso también parece ser evidente, en 1998 los índices POLITY y POLITY2 se encontraban en 8 en una escala que se mueve entre +10 (fuertemente democrático) hasta -10 (fuertemente autoritario), descendiendo durante el período hasta ubicarse entre los años 2013 y 2015 en un valor de 4. Es de hacer notar que, entre 2009 y 2012 el índice se ubicó en -3.5 Venezuela en el Índice de Polity IV Año Polity Polity2 1998 8 8 1999 7 7 2000 7 7 2001 6 6 2002 6 6 2003 6 6 2004 6 6 2005 6 6 2006 5 5 2007 5 5 2008 5 5 2009 -3 -3 2010 -3 -3 2011 -3 -3 2012 -3 -3 2013 4 4 2014 4 4 2015 4 4

La práctica autoritaria en Venezuela se caracterizó, durante el siglo XX, por la existencia de regímenes abiertamente militaristas y dictatoriales, los que podrían definirse como regímenes autoritarios cerrados. El progresivo descenso en el autoritarismo luego de 1999 sembró la confusión tanto en el mundo académico como en el político. The Economist, Democracy Index 2015. Democracy in an age of anxiety, The Economist Intelligence Unit. 5 Datos tomados de Polity IV, en http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 4

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La Constituyente fue el tema central de la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998. Entre la elección de diciembre de ese año y el 2 de febrero de 1999, las principales fuerzas políticas debatieron la manera de incorporar esta propuesta dentro del marco normativo de la Constitución vigente, promulgada en 1961. Desde el momento de la instalación del Congreso Nacional, que había sido electo en noviembre, las distintas fracciones parlamentarias intentaron facilitar las vías para convocar una Asamblea Nacional Constituyente desde el Parlamento. Todos estos intentos fueron infructuosos, durante su toma de posesión como presidente de la República, el 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez Frías promulgó su primer decreto y convocó un referéndum para la Constituyente. No hubo resistencia en las instituciones democráticas venezolanas a la instauración de un nuevo régimen político. Las reglas electorales impuestas desde el Ejecutivo generaron una sobrerrepresentación de la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, lo que facilitó la construcción de una nueva hegemonía en un corto período de tiempo. Las relaciones entre esta asamblea hegemónica y el Congreso electo en 1998 fueron tensas pero breves, ya que la antigua institución parlamentaria fue rápidamente minimizada bajo la forma del denominado “Congresillo”. El domingo 30 de julio del 2000 se realizaron elecciones generales en Venezuela, las cuales implicaron la sustitución y/o relegitimación de todos los cargos de elección popular (alcaldes, gobernadores, diputados nacionales, regionales, concejales y presidente de la República). La hegemonía se extendió a lo largo de todo el país. Al mismo tiempo, el gobierno avanzó en su proceso de autocratización ejecutando acciones que reforzaron la centralización y debilitaron la autonomía institucional del sistema político. Primero, la construcción de un marco constitucional a la medida, farragoso, con un articulado extenso y confuso, que permitió el fortalecimiento del presidente y su reelección inmediata, y que concentró atribuciones claves como la de los ascensos militares, que antes se encontraban en manos del Parlamento. Segundo, una política de control del sistema judicial y del 8

Poder Ciudadano, lo que se inició con la creación de una Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial en abril de 1999, y se desarrolló con la Ley del TSJ del 2005. Tercero, la anulación progresiva de la Asamblea Nacional, a través de la redución de su tamaño a un parlamento unicameral, con una configuración geográficamente distorsionada, y la eliminación de las fracciones parlamentarias. Legislar desde el Ejecutivo por medio de habilitaciones otorgadas por un parlamento sumiso contribuyó a debilitar de manera importante al Poder Legislativo. En el mismo sentido, la creación de fondos, fuera del control parlamentario, debilitó el control presupuestario que debía ejercer la Asamblea Nacional según la Constitución. Cuarto, el Poder Electoral también se desarrolló como una estructura sumisa a los dictados de un Ejecutivo hipertrofiado, lo que se expresó con el nombramiento de los rectores del CNE por el TSJ en 2004 y 2005, violentando la misma Constitución. Quinto, se inició una política de centralización que debilitó la autonomía de los poderes regionales y locales, desconoció autoridades electas, postergó elecciones municipales y eliminó las juntas parroquiales en 2011. Finalmente, debemos mencionar los cambios en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los programas sociales existentes hasta 1999 fueron eliminados, y el gasto social se concentró en dos instituciones ad hoc controladas por los militares, el Fondo Único Social (FUS) y el Plan Bolívar 2000. Las guarniciones militares se convirtieron en estructuras de distribución de ayudas sociales, sin tomar en cuenta instituciones locales y regionales electas democráticamente. El uso de los altos ingresos derivados de la exportación petrolera entre 2003 y 2012, para llenar la economía de mercancías importadas y debilitar así al empresariado venezolano, y para crear Misiones Sociales que generaban un vínculo clientelar directo, forma parte de este proceso de establecimiento de un control social no-institucionalizado sino carismático y personalista.6 Michael Penfold y Javier Corrales (2012) identifican siete actos en el surgimiento de un régimen híbrido en Venezuela: la promulgación de una Constitución Una de las obras fundamentales para comprender el proceso de autocratización en Venezuela es la monumental obra de Manuel Rachadell (2015), Evolución del Estado venezolano 1958-2015: de la conciliación de intereses al populismo autoritario, pp. 143-473. 6

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hiperpresidencial (I), la dinámica política de polarizar y castigar para consolidar apoyos y anular espacios de autonomía (II), el uso del gasto público para responder a la pérdida de apoyo popular (III), la violación sistemática de las reglas de equidad electoral que impulsó el gobierno durante las presidenciales del 2006 y que atrapó a la oposición en un dilema difícil de resolver (IV), y la interpretación hegemónica y “socialista” que hizo el gobierno del resultado de esos comicios (V), el momento en que la radicalización gubernamental coincidió con la moderación de la oposición (VI), y la implantación de la reelección presidencial indefinida en 2009 (VII).7 La conversión de un régimen democrático en uno fundamentalmente autoritario no fue un proceso rápido, ni un cambio que se haya completado. El régimen venezolano se encuentra en permanente mutación, lo que dificulta la construcción de un diagnóstico certero. A pesar de que se pasó del diagnóstico de populismo y neopopulismo al de autoritarismo, y se hicieron análisis de la pérdida de la calidad de la democracia, fue con la publicación de los trabajos de Kornblith (2007), así como los artículos, conferencias e intervenciones de Benigno Alarcón entre 2008 y 2009, en la Asamblea del Movimiento Mundial de la Democracia, y del mencionado trabajo de Penfold y Corrales en 2010 que emergió con claridad la hipótesis del régimen híbrido para comprender la dinámica política venezolana, lo que sería perfeccionado con la idea de un autoritarismo competitivo.8 La caracterización que hacen Levitsky y Way (2004) del autoritarismo competitivo es interesante para entender la especificidad del caso venezolano. A pesar de que en el autoritarismo competitivo el medio principal para obtener y ejercer la autoridad política son las instituciones democráticas formales, los funcionarios violentan de manera recurrente todas las reglas de la democracia para impedir un cambio en el

Este proceso es detallado en el segundo capítulo de Un dragón en el trópico, de Corrales y Penfold (pp. 29-73. 8 El término fue utilizado por Steven Levitsky y Lucan Way en “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism”. Journal of Democracy, Vol. 13 (2), National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, abril del 2002, pp. 51-65. En esta obra usamos la traducción al castellano publicada en la revista Estudios Políticos de Medellín en 2004. 7

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funcionamiento del poder, y crean un campo de juego político muy desigual entre el gobierno y la oposición. Bajo este tipo de regímenes los funcionarios disponen arbitrariamente de los recursos del Estado y abusan de su empleo durante las elecciones, bloquean o limitan el acceso a los opositores a los medios de comunicación, persiguen a los candidatos de oposición y a sus seguidores, así como a periodistas disidentes, críticos al gobierno, emplean el espionaje contra los opositores, la amenaza, el arresto, el exilio y, en ocasiones, llegan a asesinar. No obstante, los funcionarios de los regímenes competitivos no pueden prescindir por completo de las reglas democráticas ni reducirlas a fachadas inútiles. En vez de violar abiertamente las normas, se emplea el soborno, la cooptación y otras formas más sutiles de persecución, como el uso de los recursos del Estado, las autoridades judiciales u otros organismos para presionar “legalmente” un comportamiento cooperativo de los críticos. La pervivencia de las reglas, los rituales, los procedimientos democráticos bajo el autoritarismo competitivo permite que los sectores democráticos tengan un margen de maniobra mayor que si enfrentaran a un gobierno abiertamente autoritario. La oposición: la búsqueda de la unidad, la transversal diversidad El diagnóstico del carácter híbrido del autoritarismo venezolano, como la expresión de un autoritarismo competitivo en tránsito hacia formas más autoritarias, también ha tenido implicaciones problemáticas en el seno de la oposición. A lo largo de los diecisiete años de hegemonía política del chavismo no ha habido un consenso en torno al diagnóstico del régimen en el seno de las fuerzas opositoras.9 Es importante comprender el lugar de la búsqueda de los consensos y acuerdos en la especificidad de la cultura política de las élites democráticas venezolanas. Como mencionamos con anterioridad, la institucionalización de la democracia en Venezuela a partir de 1958 estuvo vinculada con una política de acuerdos y consensos sociales y políticos, que va mucho más allá del famoso Pacto de Punto

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Hay que destacar que las fuerzas opositoras han variado mucho desde 1999.

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Fijo y su programa mínimo común, pues se extendió al avenimiento consensuado de las relaciones obrero-patronales, al concordato con la Santa Sede a la política de pacificación desarrollada a partir de 1968 y a los acuerdos institucionales de los años setenta. Más allá de Acción Democrática, COPEI y URD, esta política se expandió a instituciones culturales, a dirigentes del MAS, del PCV y de otros grupos de izquierda. De esta manera, la búsqueda de acuerdos y consensos pareciera inherente a la política democrática. 10 Los sectores más radicales de izquierda, pequeños pero activos, se encontraban fuera de esta política de acuerdos, y sus dirigentes tendían a despreciar a quienes se prestaran a la convivencia. La contraparte de esta tendencia proconsenso de los políticos venezolanos es la dificultad para administrar los conflictos, para enfrentar la disidencia y para desarrollar cambios estructurales que toquen intereses concretos protegidos detrás de los acuerdos previos. Esta dificultad para impulsar los cambios fue un factor clave durante los años ochenta y noventa del siglo XX; las reformas estructurales, del Estado y de la economía fueron recurrentemente truncadas por la inercia institucional derivada de los pactos y acuerdos. El escenario político de 1999 en Venezuela era hostil para las fuerzas opositoras. A pesar de tener una presencia importante en el Congreso Nacional, electo en noviembre de 1998 e instalado en enero de 1999, no parecía existir fortaleza institucional en los partidos políticos para limitar el poder presidencial y darle forma a los cambios que se desarrollaron en la Constituyente de 1999. Asimismo, la manera en que se eligieron los diputados a dicha asamblea creó una sobrerrepresentación del chavismo y los diputados opositores representaban solo el 40% de los votos. Esta debilidad del liderazgo político opositor, y de sus partidos, se extendió durante los primeros tres años de gobierno de Chávez. Henrique Salas Römer no ejerció No debe entenderse que ésta propensión al acuerdo y a los consensos excluía por completo el fenómeno de la violencia y de la exclusión. Los consensos implican el reconocimiento de la legitimidad de los intereses de los que participan en el acuerdo, así como se dejan en la periferia intereses competitivos con quienes pertenecen al grupo incluido. 10

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nunca como líder nacional de la oposición, ni puso a su organización en la labor. En las Megaelecciones de 2000, las fuerzas opositoras terminaron postulando a Francisco Arias Cárdenas a la Presidencia. A finales de 2001, aparecieron en escena las primeras movilizaciones de la sociedad civil contra iniciativas gubernamentales de control educativo. Este evento fue el inicio de un ciclo de protestas populares masivas que se extendió durante cuatro años consecutivos. En diciembre del 2001, la patronal, Fedecámaras, realizó un paro de un día, ante el cual el gobierno respondió de manera agresiva. La emergencia de la sociedad civil, los liderazgos provenientes de Fedecámaras, de la CTV, de los medios de comunicación dominaron el escenario de la oposición entre 2001 y 2003. La debilidad del liderazgo de los partidos políticos y el dominio de algunos poderes fácticos son algunas claves explicativas del derrumbe y retorno de Chávez en abril del 2002. Además de esto, la coalición chavista original, que incorporaba factores políticos y sociales muy diversos, tuvo un progresivo deslizamiento de partidos y organizaciones fuera del gobierno que nutrieron a una oposición en proceso de conformación. Es con la acción de la Coordinadora Democrática, marcada por la tensión entre la sociedad civil y los partidos, que se tomaron nuevas iniciativas políticas, centradas en la convocatoria a un referéndum revocatorio, que finalmente se realizó en 2004. La derrota de la oposición en este referéndum contribuyó a una importante desmovilización que solo fue revertida dos años después. El abandono de la Asamblea Nacional en 2005 tuvo graves consecuencias, ratificó el cierre de un ciclo de movilizaciones y la consolidación de la hegemonía política chavista, que inició a partir de ese momento su proceso de radicalización. En la crisis interna de las fuerzas opositoras, entre la derrota en el referéndum revocatorio de 2004 y las elecciones presidenciales de 2006, hay una vinculación con un debate sordo, no hay un consenso formado en torno a la caracterización del régimen político venezolano. De esta falta de consenso derivan las divisiones internas.

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Las presidenciales del 2006 fueron la ocasión para el retorno de la política, con la campaña de Manuel Rosales se contribuyó a la construcción de una poderosa alianza de las fuerzas democráticas, la cual tuvo su primera prueba de fuego durante el referéndum del 2007, que contó con la incorporación de un renovado movimiento estudiantil. La creación de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) fue un paso importante en el proceso de consolidación institucional de la oposición, pues dio primacía a los partidos. Esta consolidación se expresó tanto en las elecciones parlamentarias del 2010, como en las presidenciales del 2012 y 2013. Para los sectores democráticos unificados en la MUD, la convicción de sacrificar lo necesario para preservar la unidad estratégica de la coalición se convirtió en prioridad. El diagnóstico no fue un tema central del debate interno, coexistieron en el seno de las organizaciones las más diversas visiones, aunque quedaba cada vez más claro el avance autoritario del gobierno. El trabajo más reciente de Javier Corrales y Manuel Hidalgo (2013) evidenció también el avance en el proceso de autocratización del sistema político luego de 2010. Reforzando la idea de que el régimen venezolano está sumergido en una dinámica que lo aleja de la democracia, y que su deslizamiento institucional, con el fortalecimiento de sus rasgos autoritarios, lo estaba conduciendo a un autoritarismo pleno. La derrota electoral de abril del 2013 generó una conmoción importante en el seno de la coalición opositora, la frustración de un fracaso electoral posterior a la muerte de Hugo Chávez no parecía corresponder al ascenso continuo que la MUD había venido acumulando desde 2010. A finales del 2013, las elecciones regionales trajeron una nueva victoria para el PSUV, lo que incrementó en una parte del electorado opositor la decepción respecto a su propio liderazgo. Es este clima de decepción y desasosiego el que nos ayuda a entender la extensión de las movilizaciones entre febrero y junio del 2014. La MUD, como coalición, vivió una crisis durante 2014, tuvo que enfrentar la coyuntura llamada “La Salida”, caracterizada por movilizaciones de calle impulsadas por un sector interno, pero 14

que no contaba con el consenso de todas las partes. Esos meses de confrontación tuvieron un impacto en el liderazgo opositor, la salida de Ramón Guillermo Aveledo de la Secretaría Ejecutiva de la MUD, el presidio político de Leopoldo López y la exclusión de la diputada María Corina Machado son las más visibles, pero no las únicas. Se generó un debate dicotómico artificioso que oponía la movilización de calle, la protesta, a la participación en las elecciones parlamentarias, a realizarse a finales del 2015. A mediados del 2014, y luego de instalarse una infructuosa y breve mesa de diálogo con el gobierno, las protestas se fueron apagando, no sin dejar cicatrices profundas y un debate postergado. La dicotomía entre elecciones y movilización conllevó

al

desarrollo

de

una

política

de

apaciguamiento

político,

de

desmovilización de la protesta para preservar un manto de normalidad que le permitiera a Venezuela llegar a las elecciones parlamentarias. La represión gubernamental, implacable y violenta, contra quienes manifestaron en 2014 incrementó el miedo en la población a la movilización. Los episodios de violencia tienen un extendido rechazo y contribuyen a desmovilizar a la mayoría. En el marco del 2014, la MUD estuvo cerca de dividirse, e implicó un trabajo de filigrana para el liderazgo democrático preservar la unidad como factor estratégico. Para las elecciones parlamentarias del 2015, la MUD presentó candidaturas unitarias para todos los cargos y logró finalmente ganar la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. La victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones parlamentarias ha tenido una respuesta autoritaria por parte del gobierno, el incremento de la militarización del poder y de la represión refuerza los rasgos autoritarios del régimen político, justamente al encontrarse en un momento de gran debilidad. Miguel Ángel Martínez Meucci, en su trabajo “Cambio Político en Venezuela 20132016: ¿Transición, Estado Fallido o Profundización Revolucionaria?”, que acompaña esta edición, ratifica el carácter inestable de regímenes híbridos como el venezolano. Trabajos como los de Corrales (2015) y los de Alarcón, Álvarez e Hidalgo (2016) nos permiten comprender analíticamente la dinámica del cambio 15

político en la Venezuela actual. El capítulo de Benigno Alarcón, “¿Es posible una transición democrática negociada en Venezuela?”, publicado en esta misma obra parte de similar diagnóstico, la autocratización actual del sistema es una respuesta gubernamental que amenaza con estabilizar al régimen político. El rentismo petrolero: implicaciones políticas Venezuela es un país petrolero, la relación de la sociedad y del Estado con este recurso ha marcado la historia de su conversión de un país rural a uno urbano, y el proceso de modernización de sus infraestructuras y de sus instituciones políticas, económicas y sociales. El dominio del Estado sobre la renta petrolera fue tema central en su proceso político durante el siglo XX.11 El proyecto político democrático hizo del dominio nacional sobre el petróleo, completado en 1976 con la estatización de la industria petrolera y la creación de PDVSA, un logro simbólico de alta relevancia. Acá nos acercamos, más allá de la noción concreta de rentismo petrolero,12 a las consecuencias que para la práctica y la cultura política ha tenido dicho rentismo en la sociedad. Los trabajos de Nelly Arenas (2010, 2012) hacen énfasis en el tema de la manipulación del imaginario construido en torno al petróleo, vinculado con el populismo, el patrimonialismo y el autoritarismo. Venezuela es un petroestado, un Estado rentista,13 como lo señala también Luis González Oquendo (2007, 2012), y las

implicaciones

superan

lo

estrictamente

económico

para

llegar

al

funcionamiento del poder, a la política.

La relación entre el imaginario democrático popular y la administración del recurso petrolero por parte del Estado ha sido trabajada, entre otros, por Diego Bautista Urbaneja (1992, 2013) y por Nelly Arenas (2010, 2012). 12 Aspecto especialmente trabajado por Asdrúbal Baptista (2010) hasta llegar a definir una teoría del capitalismo rentístico, pero también abordados por Ricardo Villasmil (2008), Toro Hardy (2009), entre muchos. 13 A partir de lo señalado por González Oquendo, la definición de Estado rentista obedece a criterios claros, todos los cuales son cumplidos por Venezuela: la producción mineral representa al menos el 10% del PIB y al menos el 40% de las exportaciones de mercancías, predominan en la economía las situaciones de renta, el origen de esta es externo a la economía, pocos están involucrados en su generación y la mayoría se involucra en su distribución y consumo. 11

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Los temas de la denominada “maldición de los recursos naturales” y la recurrencia de la “enfermedad holandesa” en Venezuela se incorporan a este debate. Fue Richard Auty (1993) quien introdujo el tema de “la maldición de los recursos naturales” y sostuvo que los países ricos en recursos mineros, generalmente, tienen un desempeño económico pobre. Auty analiza el desempeño de Bolivia, Perú, Chile y Jamaica en América, y los de Zambia en África y Papúa Nueva Guinea en Oceanía. Paul Collier (2010), especialista en temas del África subsahariana, analiza las trampas que sumergen a determinados países en la miseria; señala entre ellas la “trampa de los recursos naturales”, argumentando que la abundancia por las rentas altera la batalla electoral, propicia el clientelismo y reduce de manera radical la necesidad de cobrar impuestos, lo que, a su vez, erosiona la responsabilidad política de las élites para con sus ciudadanos. Una de las consecuencias políticas más importantes de la existencia de una alta renta externa al trabajo de los habitantes es la generación de un incentivo para que la vida sociopolítica se convierta en una disputa por la renta, lo que contribuye a la corrupción y al estallido de conflictos internos. La volatilidad de los precios trae consigo inestabilidad en los ingresos y endeudamiento excesivo. La “enfermedad holandesa” es otra de las consecuencias perniciosas de la dependencia rentista, la cual obstaculiza la diversificación económica al apreciar la moneda y torna poco competitivos los productos distintos al que genera la renta. Otros trabajos niegan la existencia de la maldición, Erika Weinthal y Pauline Jones Luong (2010) comparan las experiencias de Rusia, Azerbaijan, Kazakhsthan, Uzbekistan y Turkmenistan en su administración del recurso petrolero. Las autoras concluyen que ni el desempeño económico pobre, ni la debilidad institucional son inherentes a la existencia de renta petrolera, y hacen énfasis en que las divergencias tienen más explicaciones en las instituciones construidas que en una determinación externa vinculada al recurso. La historia venezolana entre 1926 y 1978 niega la existencia de una maldición ligada al petróleo, al presentar Venezuela un crecimiento económico importante 17

junto con una modernización de las estructuras políticas y sociales que condujo de una sociedad rural y pobre a una sociedad urbanizada y moderna. A pesar de esto, el desempeño económico del país desde los años ochenta confirma las conclusiones adversas. Probablemente, la clave está en la autonomía que el acceso a la renta genera en las élites políticas que administran los recursos frente a la sociedad, la debilidad relativa del sector privado es un ejemplo de ello. La administración arbitraria que el gobierno de Hugo Chávez hizo del boom petrolero más dilatado de la historia de Venezuela pareciera confirmar las conclusiones que condenan al petróleo como maldición. Los procesos de expropiación que afectaron todas las áreas económicas, desde la agricultura hasta la industria y el comercio, se facilitaron por el acceso que el gobierno tenía a ingentes recursos sin ningún tipo de control institucional. El gobierno hizo uso de la renta petrolera para reforzar todos los mecanismos de control social y de clientelismo y fortaleció al rentismo en sí hasta llevarlo a los niveles más altos. Los detalles del impacto del rentismo petrolero sobre la economía y la sociedad venezolana, así como las reflexiones sobre las vías de salida son trabajadas con detalle por Manuel Hidalgo y José Manuel Puente en el capítulo “Petro-estados y regímenes políticos: el caso de Venezuela (1999-2015)” que acompaña la presente obra. No obstante, siendo la experiencia venezolana con el petróleo mucho más dilatada que el gobierno de Chávez, se hace necesario examinar a largo plazo los cambios institucionales que la industria petrolera ha sufrido en su siglo de existencia. El petróleo no es una maldición, en la medida que se diseñan instituciones que hagan posible evitar las consecuencias perniciosas de la mala administración del recurso obtenido a partir de este. Reducir la autonomía de quienes administran la renta parece ser lo prioritario para evitar la entronización de formas de dominio que bloquean una consolidación democrática.

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2. Implicaciones para la transición Es importante reflexionar sobre las implicaciones que las especificidades venezolanas tienen para la transición política. Lo primero que hay que enfrentar es que hay diferencias sustanciales, estratégicas y tácticas cuando se transita desde un régimen híbrido frente al tránsito que se inicia desde un autoritarismo cerrado, como lo señala Benigno Alarcón en el trabajo que acompaña la presente obra. En el mundo contemporáneo, las nuevas formas de autoritarismo asumen cada vez con mayor frecuencia los rasgos de un régimen híbrido, lo que no solo se debe a la aparente existencia de un consenso internacional alrededor de parámetros democráticos básicos, sino también a que la gobernabilidad autoritaria puede ser más estable dentro de regímenes que conserven algunas formas democráticas. En síntesis, es más probable que una élite autoritaria alcance sus objetivos de permanencia en el poder y de control social a través de la implantación de un régimen híbrido que por medio de un autoritarismo cerrado. El hecho de que la transición venezolana se esté generando desde un régimen híbrido tiene las siguientes implicaciones: primero, la pervivencia de mecanismos y procesos típicos de la democracia en medio de un ambiente hostil a la acción disidente; segundo, la existencia de situaciones ambiguas que pueden generar incentivos en actores disidentes para apartarse de una línea común aprovechando oportunidades diferenciadas que brinda el régimen, el clientelismo competitivo que menciona Benigno Alarcón en su trabajo; tercero, la existencia de oportunidades múltiples para combinar distintas formas de lucha política y social, desde las que caracterizan a la competencia electoral en un sistema abierto, hasta las típicas de grupos que enfrentan autoritarismos cerrados; cuarto, la necesidad de desarrollar campañas internacionales de sensibilización porque la ambigüedad de los regímenes híbridos facilita la laxitud de la comunidad internacional. De esta manera, la lucha democrática venezolana tiene elementos similares a los que se presentaron en países como Ucrania y Perú (durante Fujimori), y que se presentan hoy en Rusia, Ecuador y Bolivia. Un rasgo específico que le otorga una ventaja a Venezuela es la unidad de las fuerzas opositoras en una coalición 19

políticamente consistente, con voluntad de desarrollar acciones conjuntas y coordinadas, más allá de las diferencias existentes. En casos como los de Bolivia y Ecuador no se ha logrado construir una plataforma unitaria estable, lo que ha contribuido a la consolidación de dichos regímenes híbridos. De manera similar, podemos hablar de Rusia, donde el principal partido de oposición, el Partido Comunista, no tiene capacidad ni vocación para construir una coalición que desplace a Putin del poder. Es importante señalar que en muchos procesos de transición a la democracia, y especialmente en los que tienen como punto de inicio un régimen híbrido, coexisten las movilizaciones masivas y las formas de lucha no-violenta con las negociaciones y el diálogo político. La oportunidad de las movilizaciones y de la negociación política son distintos en cada caso: las rupturas se vinculan con una importante carga de movilización y poca negociación, durante las reformas el tránsito es protagonizado por las negociaciones, mientras que las “ruptformas” articulan episodios de movilización con procesos de diálogo y negociación. Es cierto que los regímenes de transición contienen elementos, personajes y actores provenientes del régimen anterior, pero hay que mantener tanto la unidad como la movilización no-violenta para generar incentivos que permitan encaminarse a la democracia e inhibir las tendencias autocratizantes. La tendencia a privilegiar los acuerdos y los consensos sobre la movilización y el conflicto, así como la débil institucionalidad organizativa, pueden ser aprovechadas por el gobierno para construir “acuerdos” con determinados sectores de oposición, dejando fuera a otros. Esto incrementa la desconfianza interna y debilita el esfuerzo democratizador. Pasemos ahora a revisar las cuatro arenas de lucha política que identifican Levitsky y Way para evaluar las dificultades a que se enfrenta la transición en Venezuela: Primero, bajo los autoritarismos competitivos la arena electoral tiene capacidad real de transformar la correlación de poder, por eso el régimen pone tanto interés en construir un sistema distorsionado que no genere confianza en el ciudadano. Los procesos electorales son generalmente reñidos, están sometidos al abuso de 20

poder y al ventajismo estatal, a limitaciones en el acceso a medios de comunicación, a persecuciones y amenazas. Es importante la presencia de observadores internacionales y de un conteo independiente de los votos para inhibir una ola autocrática e impedir una derrota electoral. Segundo, la Asamblea Nacional es un espacio clave para la lucha política de la disidencia. Por este motivo está siendo sometida a una política de cerco y anulación que debe sortear para ser caja de resonancia y foro, para colocar los temas en la opinión pública, para organizarse y proyectarse. El costo político de cerrar el parlamento es, por lo general, muy alto para este tipo de regímenes. Tercero, la arena judicial. El control que el gobierno tiene del Tribunal Supremo de Justicia, y especialmente de la Sala Constitucional, es significativo. Estos regímenes colocan bajo su dominio al aparato judicial, empleando diversos instrumentos, construyendo redes clientelares, usando la cooptación, el soborno, el chantaje o la corrupción. Una presión continua sobre el Poder Judicial podría abrir espacios para la aparición de jueces disidentes. Cuarto, la arena de la opinión pública y los medios de comunicación, los cuales son susceptibles de convertirse en muros de contención del autoritarismo. En Venezuela, el gobierno ha construido un Sistema Nacional de Medios Públicos omniabarcantes pero ineficientes. Es imperativo defender y consolidar los medios de comunicación libres e independientes frente a las diversas arremetidas del poder. El gobierno venezolano emplea mecanismos diversos para incentivar la autocensura de los medios de comunicación privados: compra de los mismos, bloqueo del acceso al papel y hasta envío de grupos violentos para amedrentar. En la medida que el temor a un cambio en el funcionamiento del poder esté más cercano, es probable que estas medidas se incrementen. 3. Transitar desde la economía y desde la política En Venezuela, el régimen no se ha limitado a dominar el Estado y la política, sino que ha procedido a ejecutar transformaciones estructurales de la institucionalidad económica. La desaparición de las libertades económicas, la generación de un 21

sistema productivo controlado, lo que incluye a los sistemas de distribución, y el dominio estatal sobre la economía configuran el escenario de una economía sobre la cual se está ejerciendo una presión para transformarla en socialista. Partiendo de que el control económico del régimen no es un hecho fortuito, ni un accidente derivado de una coyuntura externa, sino que forma parte sustancial del modelo que quieren establecer, es importante recalcar que el sistema económico y el sistema político se encuentran imbricados en este momento. No hay salida de la crisis económica si no hay un cambio político, y el cambio político no se consolidará si no se hace una transformación estructural en la economía. En el país, la transición hacia la democracia debe hacer pasar esta sociedad de una economía controlada de manera centralizada a una economía abierta, y de una política autoritaria competitiva a un régimen político democrático. Eso implica diferencias sustanciales respecto a los que se han mostrado como paradigmas centrales, el caso de la transición española, realizada entre 1975 y 1978, y la de Chile, entre 1988 y 1990. La transición hacia la democracia en Chile dejó por fuera, explícitamente, el debate sobre los cambios en el régimen económico. La economía chilena había tenido un proceso de transformación estructural desde 1974, en el cual se puso en práctica el cambio a una economía liberal bajo formas autoritarias. Al momento de abrir paso a la democracia, las fuerzas democráticas chilenas decidieron postergar el debate sobre el tema del modelo económico, sobre el que existían consensos tan amplios que conservan hasta hoy muchos de sus elementos. En el caso español, la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 dio paso a un proceso de transición impulsado desde arriba, en medio de una crisis económica derivada del alza de los precios del petróleo. Un proceso de modernización económica había precedido al cambio político. El Plan de Estabilización de 1959 inició el desmontaje de la arcaica armazón económica del franquismo, haciendo desaparecer al Sindicato vertical, por ejemplo, y abriendo la economía a nuevas inversiones. Por ende, durante la transición hacia la democracia en España el tema del modelo económico no se planteó como demanda central. Los Pactos de La 22

Moncloa, centrados en responder a la crisis económica, no implicaban cambiar por completo el modelo sino facilitar su recuperación e incorporar los derechos de los trabajadores en el proceso. En Venezuela, tocará cambiar un autoritarismo competitivo por la democracia, al mismo tiempo que se transforma una economía dirigida y controlada de manera centralizada por el Estado, por otra economía libre y abierta que funcione bajo mecanismos de mercado. Esta doble transición requiere un trabajo de filigrana y una secuencia específica para que el resultado sea sostenible en el tiempo. La gobernanza del proceso de reforma ha de ser la prioridad. Tenemos entonces mucho que aprender de las transiciones en Europa del Este, Europa central y de las ex repúblicas soviéticas, incluyendo a Rusia, pues estas tuvieron en común el carácter simultáneo de ambos cambios. Evidentemente, el chavismo no logró implantar en Venezuela el socialismo real, pero la política de controles estatales, de expropiaciones y restricciones económicas generó distorsiones a niveles tan elevados en el flujo y en la estructura económica que el cambio llega a niveles de reconstrucción. El debate durante las transiciones en Europa Oriental se centraba en la velocidad de las reformas, la terapia de shock (Polonia) contra el gradualismo (Hungría). Sobre el caso del tránsito del socialismo al capitalismo en Europa del Este, Fredo Arias King (2005) señala que el primer eje fue la estabilización macroeconómica. Polonia siguió una terapia de shock en ese sentido: liberalización de precios para que subieran a niveles del mercado mundial, y aceptación de los efectos inflacionarios de dicha acción (I); represión del crecimiento de ingresos en condiciones inflacionarias (II); restricciones en emisión monetaria y aumentos considerables en tasas de interés, hasta que estas fueran positivas (III); estimulación de los ahorros, vía altas tasas de interés en depósitos bancarios (IV); reducciones en gastos presupuestarios por medio de la disminución de inversiones gubernamentales y el fin de subsidios a empresas (V); emisión de bonos gubernamentales para financiar el déficit presupuestario (VI); regulación del sistema tributario y su unificación y simplificación (VII); establecimiento de un 23

solo tipo de cambio para la moneda nacional y el establecimiento de convertibilidad de la moneda en el mercado doméstico (VIII); introducción de una tarifa aduanera común para alentar exportaciones, y liberalizar el comercio exterior (IX); asistencia social directa a la población más afectada por la transición, según lo permitieran los límites presupuestarios (X); rompimiento de las empresas monopólicas y rechazo de la intervención estatal en las actividades de empresas competitivas (XI). El segundo eje de las reformas fue la liberalización. El tercero, el proceso de privatización que tuvo resultados mixtos y se realizó a través de distintos mecanismos, desde vouchers, hasta privatización espontánea (en Rusia los funcionarios que administraban las empresas se quedaron con ellas), lo que conllevó a muchos errores y abusos, las ventas directas y la restitución. En el cuarto eje de acción se encuentra la creación de instituciones económicas, lo que se realizaba con acciones legislativas, judiciales y administrativas. En lo legislativo: “las principales instituciones deberían asegurar la fácil “entrada” de nuevas empresas (liberalización) y su fácil “salida” (ley de bancarrota), liquidación de empresas estatales, inversión extranjera, una reforma bancaria para desmonopolizar la banca y regular su operación, un código comercial y otro civil, la creación de un mercado de valores, leyes que obliguen a la divulgación de información empresarial a los accionistas, sistemas que protejan a accionistas minoritarios, y la creación de mecanismos para que los dueños puedan cambiar a los gerentes en las empresas” (Fredo Arias King; 2005; 62). En el área judicial, se requería formar a los tribunales para que pudieran resolver disputas comerciales y contractuales y proteger a los empresarios del gobierno y las mafias. En el área administrativa se inicia una reforma bancaria, el diseño un sistema tributario que no fuera confiscatorio y un sistema de compensación para la población desempleada.14 En América Latina el único caso que se parece es el de la transición política y económica de Nicaragua a partir de 1990.

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Los textos sobre las transiciones en Europa del Este son interesantes, como los de Frye (2010).

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4. Un Estado débil: la disolución del orden público Una de las especificidades más complejas del caso venezolano y que tiene profundas implicaciones políticas es la debilidad relativa del Estado venezolano en una labor que le es inherente, la preservación del orden público, especialmente en lo que se refiere al control de la actividad delincuencial y del crimen organizado. Vemos ahora las relaciones entre criminalidad y política gubernamental, así como la pérdida de control efectivo sobre el territorio. En varias ciudades de Venezuela, los grupos de delincuentes organizados han decretado toques de queda y han obligado a los ciudadanos a esconderte en sus casas. El número de asesinatos se incrementa año tras años y la creación de zonas de paz, para entregar terrenos a aliados, ha causado mucha preocupación. Es acá donde saltan a la vista las diferencias con los casos de Europa del Este, donde el rol del Estado en el mantenimiento de la paz y la seguridad se hace presente. Cualquier política de transición requiere de un Estado y eso está desapareciendo. Esto nos lleva a las semejanzas con las transiciones de África subsahariana y el Medio Oriente. ¿Venezuela se dirige a una transición postconflicto? 5. Acercamiento a unas conclusiones Mucho se puede aprender de otras experiencias en materia de transición a la democracia. Comprender las características específicas del caso venezolano es imprescindible tanto para la perspectiva del analista como del actor del proceso. Hay varios factores que es imperioso recalcar. Primero, la existencia de una dilatada cultura democrática en Venezuela como factor determinante dentro de un proceso de tránsito político en Venezuela. Segundo, pensar y realizar el tránsito a la democracia partiendo de un régimen autoritario híbrido, como lo es el caso venezolano, tiene dificultades que no se pueden soslayar, teniendo mucho que aprender en el continente de casos como el

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mexicano y el nicaragüense, reconociendo la capacidad del autoritarismo para permear el mismo proceso de cambio político. Tercero, comprender que en el caso venezolano el tránsito del autoritarismo a la democracia no se encuentra desvinculado del tránsito de una economía hipercontrolada a una economía abierta, ya que el control económico es parte sustancial del modelo político autoritario. Cuarto, es un imperativo restablecer el control efectivo del Estado sobre el orden público, la inseguridad ha sido uno de los factores que propicia la desmovilización y bloquea la capacidad de la sociedad para emprender acciones colectivas, al estar marcada su cotidianidad por el miedo y la desconfianza. Quinto, la movilización vinculada con la crisis y la movilización vinculada con el cambio político, con el cambio en la correlación y el funcionamiento del poder, se encuentran a la orden del día en el proceso venezolano, si se aíslan entre sí, o si se impone la desmovilización política, las posibilidades de un proceso de tránsito a la democracia se alejan, y las tendencias autoritarias podrían fortalecerse como “última opción” para construir una forma de orden. Sexto, movilización y negociación política son las dos caras de la misma moneda en un proceso de cambio político que conduzca a la democracia. En la medida en que se acoplan ambas herramientas se incrementa la posibilidad de una transición a la democracia. Las fuerzas tendientes a la autocratización se fortalecen en la medida en que la acción colectiva, la movilización y el diálogo político se anulen mutuamente, lo que fortalecería el status quo vigente, que no es otro que la consolidación de las tendencias autoritarias del presente régimen. Venezuela se encuentra en una difícil encrucijada, la fortaleza popular del movimiento democratizador es incontestable, y los resultados de las elecciones parlamentarias lo expresan con claridad, pero el control institucional de las fuerzas autocratizantes no es desdeñable, por eso la represión se encuentra a la orden del día, y la militarización parece ser la última opción en un proceso de

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atrincheramiento del gobierno. Ambas opciones están abiertas, y la transición a la democracia no está asegurada. Bibliografía Alarcón, Benigno (2014), El Desafío Venezolano, Continuidad Revolucionaria o Transición Democrática, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello. Alarcón, Benigno, Ángel E. Álvarez, Manuel Hidalgo (2016), “Can Democracy Win in Venezuela?” en Journal of Democracy, Volumen 27, Número 2, Abril 2016, pp. 20-34. Arenas, Nelly (2010), “La Venezuela de Hugo Chávez: rentismo, populismo y democracia” en Nueva Sociedad, Nº229, Córdoba, Editorial Nueva Sociedad, pp. 76-93. Arenas, Nelly (2012), “La Venezuela rentista: imaginario político y populismo” en Cuadernos del CENDES, año 29, Nº80, tercera época, mayo-agosto de 2012, pp. 137-145. Arias King, Fredo (2005), Transiciones: la experiencia de Europa del Este, Buenos Aires, Fund. Cadal, Fundación Pontis y CEON. Auty, Richard M. (1993), Sustaining development in mineral economies. The resource curse thesis, Londres / Nueva York, Routledge. Baptista, Asdrúbal (2010), Teoría económica del capitalismo rentístico, Caracas, Banco Central de Venezuela. Brewer-Carías, Allan R. (2012), Práctica y distorsión de la justicia constitucional en Venezuela (2008-2012), Caracas, Editorial Jurídica Venezolana / Acceso a la Justicia / Universidad Metropolitana / Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Collier, Paul (2010), El club de la miseria, Bogotá, Random House Mondadori. Corrales, Javier (2015), “Autocratic legalism in Venezuela” en Journal of Democracy, Volumen 26, Número 2, Abril 2015, pp. 37-51. Corrales, Javier y Michael Penfold (2012), Un dragón en el trópico, Caracas, La Hoja del Norte. Corrales, Javier y Manuel Hidalgo (2013), “El régimen híbrido de Hugo Chávez en transición” en Desafíos, Bogotá, 25-1, semestre I de 2013, pp. 45-84. Diamond, Larry (2004), “Elecciones sin democracia, A propósito de los regímenes híbridos” en Estudios Políticos, No. 24. Medellín, enero-junio 2004, pp. 117134. Frye, Tymothy (2010), Bulding States and Markets After Communism. The Perils of Polarized Democracy, New York, Cambridge University Press. González Oquendo, Luis J. (2007), “El Estado rentista: problema de investigación para la ciencia política”. Trabajo tutelado de investigación para optar al Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia Política. Universidad Internacional de Andalucía, Programa de Doctorado Interuniversitario y Maestría en Ciencia Políticas, Palos de la Frontera, Huelva, España. González Oquendo, Luis J. (2012), “La renta mineral: del hecho económico al hecho político” en Mundo Nuevo, Año IV, Nº10, Caracas, Universidad Simón Bolívar, 2012, pp. 99-117. 27

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