Enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo por la Ley 1709 del 2014

Enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo por la Ley 1709 del 2014

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El Gobierno con la Ley 1709 del 2014 específicamente en su artículo 59 dice crear y reglamentar estímulos tributarios para empresas que decidan realizar programas de trabajo o de educación en las cárceles del país con los presos. Pero la Corte ha señalado que los alcances de esta ley son limitados y por ende no puede haber estos estímulos.
La idea principal del Gobierno es que las empresas del sector público o privado o personas naturales puedan desarrollar actividades con los reclusos de las cárceles en donde haya beneficio mutuo. Los presos pueden desarrollar actividades laborales o incluso estar en programas de educación para la vida mientras que las empresas o personas naturales reciben estímulos tributarios como reducción de los impuestos, entre otros.
Sin embargo, según el principio de legalidad tributaria, consagrado en los numerales 10 y 12 del artículo 150 y artículo 338 de la Constitución Política, solo el legislador puede establecer con certeza los elementos esenciales de una Ley, para que luego el ejecutivo proceda con su ejecución.
Es decir que en cuanto a materia tributaria el Congreso, asamblea o concejo debe analizar todos los componentes para que luego se proceda a la implementación. Pero por parte del Gobierno, se argumenta que le quita autonomía e impide que se desarrollen las políticas tributarias que se impulsan desde esta rama.
La Corte y la Constitución
La Corte por su parte aclara que este es un requerimiento que se ha dado desde la Constitución del 91 y que por ende es esencial e importante mantener las reglas funcionando.
El proyecto del gobierno en sí lo que busca es que las empresas del sector privado y sector público así como las personas naturales puedan aumentar sus ingresos y al mismo tiempo ayudar a la población carcelaria, pero para ello entraría en discusión el salario o sueldo que debe recibir un recluso. Este tema es fundamental, porque los reclusos tienen un sistema diferente en cuanto a lo laboral y a recibir un salario por su trabajo.
La Corte declaró, por consiguiente, inexequible esta norma, porque excede el marco legal que ha dispuesto la Constitución en materia de estímulos tributarios y exención de impuestos. La única alternativa que tiene el gobierno ahora es presentar nuevamente el proyecto y discutirlo en el Congreso para que así se pueda ejecutar.
El proyecto tiene una buena finalidad, en la que se busca el mejoramiento de vida de los internos y al mismo tiempo impulsar el desarrollo empresarial del país, como una especie de participación ciudadana. Las empresas van a estar beneficiadas al crear campañas sociales con los presos y con sus familias, contribuyendo de esta manera a que haya más confianza al momento de contratar personal que haya estado en la cárcel.