¡En el Jardín de las Delicias! Los Informes de las Misiones de Observación Electoral como una herramienta para evaluar las elecciones en América Latina
Descripción
¡En el Jardín de las Delicias! Los Informes de las Misiones de Observación Electoral como una herramienta para evaluar las elecciones en América Latina* Dra. Flavia Freidenberg Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México [27 de octubre de 2015] I. Introducción Uno de los consensos de la política comparada contemporánea se centra en que las elecciones son el corazón de la democracia representativa (Schattschneider 1964; Dahl 1971). Se entiende por elecciones democráticas a los “mecanismos de elección social [que se ejercen] en condiciones de libertad e igualdad” (Schedler 2002). Para que esos comicios sean democráticos, los mismos tienen que generar que los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir sus autoridades entre una comunidad de individuos libres e iguales, en condiciones equitativas de acceso a los recursos, y donde algunos ganan pero otros deben tener posibilidades reales de perder las elecciones. Este ha sido el paradigma predominante durante gran parte del siglo XX, fundamentalmente, desde la perspectiva de la democracia elitista o pluralista (Dahl 1971). Esta idea también tuvo gran relevancia en el modo en que las élites y los ciudadanía entendieron la democracia en América Latina, tras los procesos de transición de la tercera ola de finales de la década de 1970 y en el nivel de exigencias y autocomplacencia que esas élites tuvieron hacia dichos procesos que fueron limitados y sólo alcanzaron para instaurar poliarquías.1 El hecho de que se hayan celebrado elecciones de manera ininterrumpida durante casi los últimos cuarenta años en América Latina las convierte en “eventos rutinarios” (Mozzafar y Schedler 2002), Trabajo preparado para la Conferencia Global de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB), organizada por la Junta Central Electoral, en Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana, 20-‐24 de agosto de 2015. * El título “En el Jardín de las delicias” es una metáfora para recordar la obra del pintor holandés Hierónymus Bosch, apodado El Bosco, una de las pinturas al óleo más fascinantes de la historia del arte. Hace referencia a las propias elecciones donde, como en la obra, pueden encontrarse desde el paraíso a todas las pasiones humanas. 1 La poliarquía según Dahl (1971) se caracteriza por la celebración de elecciones competitivas; alto nivel de pluralismo; incertidumbre resultados; todos los candidatos tienen iguales oportunidades de ganar elección; libre expresión de las preferencias política; ausencia de limitaciones en la presentación de las candidaturas y garantías de que va a haber debates plurales y abiertos sobre cuestiones de fondo.
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que hacen perder el interés en ellas e, incluso, hasta se les tolera algún tipo de error, dado que no siempre se pueden controlar todos los sucesos no esperados que surgen en medio de una elección nacional (Elklit y Reynolds 2005a: 149). La internalización de las elecciones como un proceso cotidiano en las élites y la ciudadanía las hace pasar como un hecho casi desapercibido, funcionando como “el único juego posible en la ciudad” (Linz 1987), adquiriendo “vida propia” (Schedler 2002), lo que da pistas del grado de democratización del sistema político (Hartlyn y McCoy 2008; Tarouco 2014). La relación entre las elecciones y el sistema político no es una cuestión menor. El debate reciente muestra un número significativo de categorías que adjetivan a la democracia (Collier y Levitsky 1997), dando tipos disminuidos de democracia debido al modo en que se celebran las elecciones. Esto significa que las elecciones es una condición necesaria, pero no suficiente para una democracia (Freidenberg 2013). Aún cuando una democracia requiere de elecciones, no acepta cualquier tipo de elecciones (Schedler 2002; Diamond 2004; Levitsky y Way 2010). Es más, puede haber elecciones sin democracia (Diamond 2004). La diferencia sustantiva entre una democracia electoral y un autoritarismo electoral (Schedler 2002) está en que en las democracias las elecciones deben ser competitivas, libres y justas, contar con alguna dosis de incertidumbre, que los partidos pierdan elecciones y que se cumpla los principios de la integridad electoral (Norris 2015). Es más, los autoritarismos electorales son aquellos donde las violaciones del “criterio mínimo para la democracia” son tan graves y serias que el escenario competitivo es “desigual entre el gobierno y la oposición” (Levitksy y Way 2010) y la cancha de juego está inclinada a favor del gobierno. La celebración de las elecciones puede estar acompañada de eventos extraordinarios como profundas crisis institucionales, presidentes destituidos, escándalos de corrupción, violencia política, movilización social, denuncias de fraude y desconfianza ciudadana. Las elecciones no pueden ser perfectas. La integridad electoral no puede ignorar que en todo proceso electoral siempre existen algún margen de irregularidades menor (Nohlen 2015: 5), aunque eso no signifique tolerar la manipulación de las reglas o de las condiciones de la competencia (Birch 2011). Las elecciones perfectas no existen, a pesar de las ilusiones y las declaraciones (siempre) optimistas de los que hacen las elecciones y de los que las ganan. Las elecciones perfectas son más bien una aspiración conceptual, del tipo ideal weberiano, que tienen en mente quienes las estudian, observan y/o califican.
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Uno de los espacios que más ha crecido en los últimos treinta años ha sido precisamente el estudio de las elecciones y, más específicamente, el de la observación electoral, ya sea a través de las Misiones de Observación Electoral (MOE) de las de Visitantes Extranjeros (MVE), que constituyen una parte importante de la política internacional (Carothers 1997; McCoy 1998; Elklit y Reynolds 2005b; Muñoz-‐ Pogossian y Álvarez Veloso 2015; Melián y Tuccinardi 2015: 89) o por medio de las actividades de observación y acompañamiento democrático realizado por los ciudadanos del país (Merloe 2015: 79).2 Con los años, las recomendaciones realizadas por los observadores internacionales y nacionales han ido destinadas a mejorar los aspectos técnicos de las elecciones. Las sugerencias de los funcionarios y técnicos electorales respecto a cómo mejorar los padrones, los registros, el acceso a los medios de comunicación, el uso de recursos públicos o la fiscalización de los recursos funcionó como una fuente de apoyo para que élites políticas o funcionarios electorales nacionales tomaran decisiones y/o cambiaran prácticas que no funcionaban.3 Es más, muchas veces los observadores externos contribuían a presionar sobre cambios en aspectos que los nacionales (partidos y/o funcionarios) no conseguían por sí solos consensuar. De este modo, los observadores internacionales han contribuido al conocimiento sistemático de los procesos electorales (Carothers 1997: 17) y a incrementar la confianza en las elecciones (Beaulieu y Hyde 2009: 393; Merloe 2015: 80), aún cuando muchas veces la presencia de observadores tienda a ocultar la “manipulación estratégica que realizan los líderes y/o partidos” para evitar la condena internacional (Beaulieu y Hyde 2009: 406) y no siempre las recomendaciones realizadas por los observadores sean incorporadas como buenas prácticas en las siguientes elecciones del país.4 Aún así, la experiencia comparada no ha podido dilucidar todavía las claves de una buena elección. Más allá de los esfuerzos realizados por construir herramientas metodológicas que permitan evaluar los procesos electorales, aún no existe consenso rotundo en torno a un marco analítico común que 2
Son múltiples espacios y redes, tanto nacionales como internacionales, los que participan en los diversos ejercicios de observación. Entre los observadores internacionales se encuentran organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, UNIORE, UNASUR o la OSCE; asociaciones de parlamentarios, organizaciones no gubernamentales internacionales (como el Centro Carter, ECES o el National Democratic Institute), redes regionales de organizaciones de observación electoral de ciudadanos (como por ejemplo, Poder Ciudadano en Argentina; la red de observadores del Distrito Federal en México, SUMA en Venezuela o MOE Colombia), académicos, delegaciones de los partidos políticos que tienen afinidad con uno o más de los partidos que compiten y diplomáticos acreditados en el país que celebra las elecciones. 3 Melián y Tuccinardi (2015: 89) sostienen que en los últimos años la Unión Europea ha incrementdo el número de recomendaciones realizadas por las MOE hacia América Latina; aunque las mismas “no identifican con claridad el problema que tratan de resolver ni las alternativas que existen para solucionarlo”. 4 Agradezco a Francisco Guerrero, Secretario de Fortalecimiento institucional de la Organización de los Estados Americanos, la sugerencia de tener en cuenta este punto en la presente investigación y la consideración de que en el futuro se pueda incluir en el estudio en qué medida las recomendaciones realizadas son incorporadas en el sistema electoral.
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ayude a identificar buenas elecciones (Elklit y Reynolds 2005a: 147), con conceptos capaces de viajar a diferentes contextos y, en particular, que contribuyan a generar patrones sistemáticos de buenas prácticas en América Latina. Este capítulo tiene tres objetivos de investigación. Primero, se exploran los diversos enfoques ofrecidos por la literatura para determinar los atributos que debe tener una buena elección. Segundo, se presenta y se discute el uso de los informes de las Misiones de Observación Electoral (iMOE) internacional como una herramienta idónea para abordar el estudio de las elecciones. Tercero, se identifican de manera inductiva los problemas que limitan la celebración de buenas elecciones en las democracias en América Latina, a partir de los Informes de las MOE/MVE de la Organización de los Estados Americanos. Esta investigación ilustra con ejemplos de 16 procesos electorales realizados entre 2013 y 2015 los principales desafíos de unas buenas elecciones en la región. El trabajo identifica al menos cuatro problemas presentes en la mayoría de las recientes elecciones en América Latina. Primero, la ausencia de un contexto socioeconómico, institucional y político propicio para desarrollar buenas elecciones en la región. Aún cuando los organismos electorales no son responsables directos de cómo opera ese contexto, resulta difícil evaluar las elecciones sin tener en cuenta las condiciones del entorno en las que se celebran (Nohlen 2015), las peculiaridades institucionales y las características socioeconómicas de los votantes. Segundo, las condiciones de inequidad de la competencia, tanto por la cobertura sesgada de los medios de comunicación como por el acceso inequitativo a los recursos económicos y las condiciones de cancha inclinada que favorecen a los candidatos en el poder. Tercero, la existencia de malas prácticas (como clientelismo, compra de voto, encerronas, entre otras) que dificultan la celebración de buenas elecciones y, cuarto, los problemas técnicos en la organización electoral y las dinámicas de la gobernanza electoral. II. ¿Qué son y cóm o son unas buenas elecciones?: enfoques y herram ientas conceptuales La literatura comparada ha desarrollado diversas aproximaciones teóricas (elecciones libres y justas, calidad de las elecciones, integridad, malas prácticas) así como también ha empleado múltiples herramientas metodológicas y técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas para evaluar las elecciones (informes y reportes de los países, la percepción de los expertos y de la ciudadanía, informes y recomendaciones de las misiones de observación electoral o datos de la observación participante, entre otros). Esto da cuenta de la riqueza de aproximaciones y metodologías para
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abordar este fenómeno y también evidencia la ausencia de consensos respecto a cómo evaluar las elecciones (Tabla Nº 1). Varias preguntas aún no tienen una respuesta (satisfactoria) en la política comparada y, menos aún, en la experiencia latinoamericana. Algunas de ellas, tienen que ver con: ¿Qué son unas buenas elecciones o, desde la perspectiva de la gobernanza electoral, cómo hacer buenas elecciones? ¿Cuáles son los atributos necesarios para contar con unas buenas elecciones, más allá de los datos basados en la percepción de los actores, las opiniones de los expertos o de los ciudadanos? ¿Cómo hacer buenas elecciones en un contexto que no llega a ser del todo democrático, dado que conviven con prácticas informales como el clientelismo, con la inseguridad de los ciudadanos y de los periodistas o, en su caso, los gobernantes ganan de manera recurrente cuando van a la reelección?
II.1. El enfoque de las elecciones libres y justas Una primera generación de estudios ha respondido a estas preguntas a partir de la idea de que las buenas elecciones son aquellas que cumplen con dos condiciones: son libres y justas (Goodwin-‐Gill 2005). Avalados por la “Declaración sobre los criterios para elecciones libres y justas”, adoptada por unanimidad por el Consejo Interparlamentario en su 154ª reunión (París, 26 de marzo de 1994), las elecciones debían cumplir con una serie de requisitos vinculados al ejercicio del voto, la libertad de expresión o la igualdad de las condiciones en el ejercicio de la competencia y el acceso a los medios de comunicación.5 Las elecciones cumplen con su condición de ser “libres” cuando no hay restricciones normativas para competir, cuando hay libertad sustancial para que los candidatos y los seguidores de los partidos pueden movilizarse para conseguir votos y cuando los votantes experimentan poca o ninguna coerción en el ejercicio de su derecho al voto. Esto significa que existe una alta dosis de libertad de expresión, movimiento y asociación en la vida política. Las elecciones son “justas” cuando la autoridad es neutral, competente y eficaz contra el fraude y en el conteo de los votos; cuando la policía, el Ejército y la Corte tratan a los candidatos de manera imparcial; cuando los competidores acceden a los medios y recursos públicos de manera equitativa; cuando los distritos y reglamentos electorales 5
La Declaración postula el poder votar en las elecciones sobre una base no discriminatoria; el de un procedimiento de inscripción de los electores eficaz, imparcial y no discriminatorio; que ningún candidato elegible tenga negado el derecho a votar o a inscribirse en calidad de elector, a no ser que sea en virtud de criterios fijados por la ley; el de apelar ante una jurisdicción competente para examinar prohibiciones o dificultades al votar y corregir los errores con prontitud y eficacia; el de un acceso real, en condiciones de igualdad, a un local de voto en donde se pueda votar en secreto, en condiciones de igualdad con otros y a lograr que su voto tenga peso equivalente al de los demás. Derecho a tener iguales oportunidades de acceso a los medios informativos; a la protección de la ley y a que se ponga remedio a la violación de los derechos políticos y electorales; a apelar ante una jurisdicción competente para revisar violaciones a la ley y corregir los errores con prontitud y eficacia, entre otros.
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no ponen sistemáticamente en desventaja a la oposición; cuando el secreto del voto es protegido, cuando virtualmente todos los adultos pueden votar y cuando hay un procedimiento claro e imparcial para resolver reclamos y disputas (Diamond 2004). Desde esta visión, las elecciones cumplen una serie de funciones que hacen operativo al sistema político: 1) legitimar la autoridad gubernamental; 2) formar gobierno; 3) reclutar dirigentes políticos; 4) promover la discusión y el debate público sobre distintos temas y 5) facilitar el ejercicio de la ciudadanía. Naturalmente, el grado (y el modo) en que los ciudadanos ejercen su derecho (o deber) de votar, así como el nivel de participación y activismo que desarrollen, afecta de manera directa la eficacia de estas funciones. El paradigma de las elecciones libres y justas hace hincapié en la idea de la legitimidad y fue el dominante entre los políticos, las organizaciones de observación (OEA, OSCE, UE) o la investigación académica (Goodwin-‐Gil 2005; Pastor 1998).6 La legitimidad de una elección se centra en las opiniones de los actores políticos clave y determina que una elección puede ser considerada “libre y justa” si “todos los partidos principales aceptan el proceso y respetan los resultados” (Pastor 1998: 159). Schedler (2002) sostuvo que el punto de quiebre entre una democracia electoral y un autoritarismo electoral estaba en que en las democracias, las elecciones debían respetar unos mínimos de libertad y justicia mientras que en los autoritarismos electorales no. Por tanto, lo que se exigiera como libre y justa sería lo que daría contenido a la democracia. Las críticas a este enfoque tienen que ver con las dificultades para determinar precisamente si una elección ha satisfecho los criterios para ser “justa” y “libre”. Tradicionalmente, esos criterios eran recogidos en los informes de los observadores internacionales. Esos informes han recibido críticas, dado que tendían a oscurecer más que aclarar lo que se quería observar (Bjornlund 2004: 95; Norris 2013: 564), empleando “un lenguaje diplomático” (Norris 2013b: 564), con respuestas “simplistas, vagas...y políticas” (Bjornlund 2004: 94), generadas por observadores comprometidos con quienes les invitaron a observar (Bjornlund 2004: 95; Elklit y Reynols 2005a; 2005b) y que emplean estos criterios más como una “aspiración” (Goodwin-‐Gill 2005: 90) que como una realidad concreta. 6
Un proyecto interesante para establecer en qué medida las elecciones eran libres y justas ha sido el denominado National Elections Across Democracy and Autocracy (NELDA), que cubría diversos atributos, como boicots o protestas, así como también evaluaba las intenciones de los gobernantes de abandonar el poder. La Base de Datos de Instituciones Políticas (DPI), creada por el Banco Mundial (Beck, Clarke et al. 2001) ofrece datos importantes sobre las elecciones nacionales así como también variables institucionales como la competitividad política legislativa y ejecutiva. DPI contiene datos sobre irregularidades extra-‐constitucionales, fraude, la intimidación, boicots y denuncias de irregularidades de la oposición pero no diferencia según sean distintos tipos de irregularidades, ni el momento en que se dan estas malas prácticas (pre-‐electoral o en la jornada electoral).
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II.2. El enfoque de la calidad de las elecciones Una segunda generación de estudios se ha centrado en evaluar la calidad de las elecciones a partir de indicadores centrados en los “hechos” y no solo en principios normativos (como la legitimidad). Desde este enfoque, se discute en qué medida los comicios son más que libres y justos y se incorporan otras dimensiones como la transparencia, la administración de las elecciones o el ejercicio de los derechos de la ciudadanía (Kelley 2011; Kelley y Kolev 2010; Schedler 2002). Se evalúa si las elecciones permiten una competencia verdadera y reflejan (lo más fielmente posible) la voluntad de los votantes (Mozaffar y Schedler 2002; Schedler 2002) y si afectan la calidad de la democracia (Hartlyn y McCoy 2006; Hartlyn et al. 2008). Desde esta visión, se mide en qué medida las elecciones cumplen con los “criterios de aceptatibilidad” (Hartlyn et al. 2008), que hacen que una elección sea justa y cumpla con los requisitos técnicos, construidos bajo las exigencias de las normas internacionales pero también a partir de juicios de los actores clave, partidarios y no partidarios; valoraciones y evaluaciones de los medios de comunicación de masas y opiniones de los observadores nacionales e internacionales (Hartlyn et al. 2008). Diversas investigaciones han desarrollado este enfoque. En su estudio pionero, Elklit y Reynolds (2005a), se preocupaban por la ausencia de una herramienta que contribuya a la comparación entre países y procesos construyeron una medida que evaluara la calidad de las elecciones a partir de más de 50 indicadores. Otros autores han generado bases de datos desde Duke University (Kelley y Kolev 2010; Kelley 2009; 2011),7 que permiten identificar atributos necesarios (aunque no suficientes) para contar con una elección de calidad; 8 explorando los factores que explican los diferentes niveles de calidad como el tipo de gobernanza electoral existente en el momento de la elección (Hartlyn et al. 2008). 7
La base de datos de calidad de las elecciones provee información sobre las elecciones legislativas y presidenciales nacionales, a partir de una multitud de fuentes tales como Elections Today, artículos de diversas revistas académicas como Journal of Democracy o Electoral Studies. También incluye la base de datos Lexis Nexis, la base de datos sobre las Instituciones Políticas del Banco Mundial, la Base de Datos Elecciones Africanas, la Election Guide (IFES), Elecciones La vuelta al mundo (Electionworld 2010), Recursos Electorales en Internet, el Archivo Electoral de Adam Carr, la base de datos Parline (Unión Interparlamentaria), entre otros. 8 Esta investigación explora el marco legal y sus deficiencias, la administración pre-‐electoral, el nivel de violencia preelectoral y del día de la elección; los límites al alcance y a la jurisdicción de los cargos electivos, el uso indebido de fondos públicos, la existencia de restricciones a la libertad de hacer campaña, las restricciones en los medios de comunicación, la existencias de diferentes formas de intimidación a las candidaturas y/o a los votantes, los problemas en el registro y/o padrón electoral, la existencia de quejas respecto al modo en que el órgano electoral conduce la información política y los problemas en los procedimientos para que los votantes ejerzan su voto, las dificultades detectadas sobre el procesamiento y la tabulación del voto, la manipulación del voto y/o el fraude electoral, la Intimidación o la compra de voto, entre otros.
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II.3. El enfoque de las elecciones de integridad Las deficiencias del enfoque de las elecciones “libres y justas” así como el de la “calidad de las elecciones” de no poder determinar la calidad del proceso en todo su conjunto (más allá del día de la elección), han sido superadas por otra perspectiva que se centra en la idea de la “integridad de las elecciones” (Norris 2013a). Si bien no hay un único criterio sobre cómo se define la integridad9 ni un único grupo de investigación que esté trabajando sobre esta cuestión10; la nueva discusión entronca con la idea de contar con elecciones basadas “en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política […], caracterizada por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes de todo el ciclo electoral” (Norris 2013a; Martínez i Coma et al. 2015). Esta tercera generación de estudios sostiene que la elección debe ser estudiada como un ciclo (no sólo como un momento que se circunscribe a un día), tal como señalaban originalmente Elklit y Reynolds (2005b) y como postulaban los organismos internacionales (OSCE 2007). Este proceso está integrado por diversas fases que se van dando en el marco de un ciclo, como la preelectoral (que incluye la campaña y el modo en que se da la dinámica del proceso), el día “E” (que supone todo los aspectos vinculados al modo en que se hace efectiva la elección) y la post-‐electoral, que incluye el modo en que los actores políticos y los ciudadanos aceptan (o no) los resultados de las elecciones (Norris 2013a)11. La definición de la integridad electoral incluye al menos cuatro elementos (Norris 2013b): (i) las elecciones son legítimas si incorporan los valores de las normas globales basadas en acuerdos multilaterales, los convenios internacionales, tratados y leyes internacionales;12 (ii) la existencia de 9
Norris (2013b: 564) da cuenta de visiones alternativas al enfoque de la integridad pero que concluyen en análisis parciales y no globales. Por ejemplo, desde el derecho, la visión está centrada en las violaciones a las leyes electorales nacionales, especialmente, mira la manipulación fraudulenta de las encuestas o del recuento de voto (Young 2009); mientras que los estudiosos de la gestión del sector público se refieren a la mala administración electoral y a la idea de “buen gobierno”, enfatizando la capacidad técnica y el desempeño eficiente de los procesos electorales (Álvarez y Hall 2008) y, finalmente, los teóricos de la democracia, hacen hincapié en el fracaso de los procedimientos electorales para cumplir con ciertos valores normativos, como los de la rendición de cuentas, la inclusión y la transparencia (Birch 2011). 10 Diversas iniciativas trabajan con el concepto de “integridad de las elecciones” (o similares), como la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad; International IDEA, el Proyecto de Elecciones de Integridad de Pippa Norris y su equipo desde Harvard y la Universidad de Sidney y también la plataforma on line ACE Project [Red de Conocimientos Electorales] o el National Democratic Institute (Merloe 2015). 11 Las elecciones deben verse como un proceso secuencial o ciclo que implica una serie de pasos: “desde el diseño y la redacción de la legislación, la contratación y formación de personal electoral, la planificación, el registro de votantes, la inscripción de partidos políticos, la nominación de los partidos y candidatos, la campaña electoral, la votación, el conteo, la tabulación de los resultados, la declaración de los resultados, la resolución de las controversias electorales, los informes de auditoría y archivo” (Norris 2013b: 567). 12 La base de dichas normas globales está en el artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, constituyendo la base jurídica y los principios fundamentales que legitiman el apoyo internacional a las elecciones y la asistencia electoral. Los acuerdos sobre las normas globales que deben regir la conducta de las elecciones se detallan en el artículo 25 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos Civiles y Políticos (1966). La Declaración más concisa de estas normas se recoge en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/155 del 8 de marzo de
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malas prácticas, que varían en relevancia de acuerdo con la gravedad de sus consecuencias; (iii) normas compartidas que se aplican universalmente a todos los países y tipos de regímenes (no simplemente a las autocracias electorales o a los estados “frágiles”); y (iv) la noción de un ciclo electoral (no limitada a actos fraudulentos el día de las elecciones y sus secuelas). Esta conceptualización incorpora, según Nohlen (2015: 4-‐5), dos dimensiones: la visión integral del proceso y la cuestión de la calidad de las elecciones, que supone la relación entre valores y prácticas. Esto significa vincular incluir dimensiones como la necesidad de un Estado de Derecho, la profesionalización de la gestión electoral, la regulación del financiamiento de los actores partidistas y del acceso a los medios de comunicación de masas e integra subcampos que tienen que ver con (i) la gestión del sector público; (ii) la cultura política; (iii) la comparación de las instituciones (iv) los estudios de la seguridad (Norris 2013b: 563). Este enfoque, que comienza a sustituir en América Latina a la visión de la justicia electoral (Nohlen 2015: 3), cambia las herramientas metodológicas empleadas para estudiar las elecciones e incorpora no sólo la discusión global procedente de las convenciones y los estándares internacionales (como hacía el enfoque de elecciones libres y justas) sino también la percepción y juicio de los expertos en la evaluación del proceso electoral (Norris et al. 2014; Martinez i Coma et al. 2015)13 y a la ciudadanía a partir de la World Value Survey. Con ello se incorpora “la confianza pública en las elecciones” (Méndez de Hoyos 2013; Carreras e Irepoglu 2013b) y se reconoce la brecha entre la ley y la práctica y entre las expectativas y los resultados de las elecciones. Con esta aproximación resulta más sencillo medir diversos principios que empíricamente son más accesibles como la eficacia, eficiencia, inclusión, transparencia, igualdad, honestidad y precisión. De este modo, Nohlen (2015: 5) sostiene que es más factible evaluar la integridad de las elecciones por su negativo: “sino se lesionan las normas, si no se manipulan los elementos del proceso electoral en contra de lo legalmente o constitucionalmente establecido, [...] si no se contradice, más allá de las normas, a los valores que las sustentan, entonces existe integridad electoral”.
II.4. El enfoque de las malas prácticas y sus diferentes tipos 2010 sobre el “Fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización”. 13 Las tres primeras secciones se centran en las percepciones sobre las leyes y los procedimientos electorales y los límites de los distritos. Las dos siguientes cubren el registro de los votantes y el de los candidatos y partidos. Las secciones seis y siete se fijan en la campaña electoral, en la cobertura mediática y en la financiación. Las secciones octava y novena preguntan sobre el proceso de votación y lo sucedido después del cierre de la votación. Las dos últimas partes preguntan sobre la adjudicación de los resultados oficiales y el desempeño de las autoridades electorales. Por último, se hacen varias preguntas sobre la situación general de la elección, sobre la familiaridad de los expertos con la elección y detalles demográficos sobre los expertos (Norris 2013a; Martínez i Coma et al. 2015).
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Una cuarta generación de estudios busca identificar no sólo la integridad del proceso electoral sino, de manera específica, las malas prácticas que “inclinan la cancha” y que hacen que cualquier proceso electoral deje de ser libre, justo, legítimo, equitativo y transparente. Este enfoque no busca establecer parámetros dicotómicos (como los de fraude vs. no fraude o calidad vs. no calidad) sino de tipificar esas malas prácticas, esto es, “la manipulación del proceso electoral como un asunto privado o personal o conducido por intereses privados, sustituyendo el interés público” (Birch 2011). La “manipulación estratégica de las elecciones” (Beaulieu y Hyde 2009: 403) se presenta en este enfoque como uno de los principales obstáculos a la democratización de los sistemas políticos (Birch 2015). La comprensión de las malas prácticas y de las irregularidades que integran el menú de formas de manipulación electoral, que son cuestiones sensiblemente diferentes (Nohlen 2015), permite profundizar en el conocimiento de las elecciones. La literatura académica (Schedler 2002; Beaulieu y Hyde 2009; Birch 2011, 2015; Méndez de Hoyos 2013; Carreras e Irepoglu 2013a) y especialistas de los organismos de monitoreo de las elecciones han adoptado ya este nuevo paradigma y están buscando diferentes tipos de “malas prácticas” (Birch 2011; Méndez de Hoyos 2013; Carreras e Irepoglu 2013b) y formas de manipulación estratégica (Schedler 2002; Beaulieu y Hyde 2009), ya sean irregularidades menores así como manipulaciones graves como un modo de detectar luces rojas en el proceso electoral.14 Birch y su equipo trasnacional (2008, 2011, 2015) diseñaron un proyecto muy ambicioso para describir los patrones generales de irregularidades electorales en el mundo así como también los sub-‐ tipos de mala praxis vinculados a la manipulación de las reglas que rigen la elección, de las condiciones en la que ejerce la decisión del voto y de la administración electoral.15 Prácticas como el mal uso de los recursos del Estado para favorecer a un candidato, el sesgo en la cobertura mediática, la independencia (o no) de la autoridad electoral y los límites a la libre competencia.16 14
Beaulieu y Hyde (2009: 400) identifican diversas formas de “manipulación estratégica”, que pueden realizarse sin que los observadores puedan incluirlas dentro de la calificación de fraude, como la intimidación anónima o la violencia contra candidatos de la oposición; generar descrédito hacia los candidatos; manipular las listas de registro de votantes; no actualizar los registros de votantes que favorecen al incumbent; no entregar los materiales de votación suficientes a los distritos electorales con mayor apoyo hacia la oposición; no proporcionar fondos suficientes para la educación de los votantes en los bastiones de la oposición; intimidar a los votantes de una manera que no es visible para los observadores; acusar a los observadores de sesgos partidistas o generar restricciones a sus actividades; contar con partidarios del gobierno o de los partidos en la administración electoral o emplear recursos gubernamentales en las actividades a favor de un candidato pro-‐gobierno. 15 Se construyó un Índice de Manipulación Electoral, que incluye 15 indicadores, para medir tres dimensiones -‐la manipulación de las reglas, de los votantes y de la votación-‐ en los países de Europa Central y del Este y algunos países de América Latina y África entre 1995 y 2006. 16 La codificación de los indicadores y la recolección de los datos se realiza a partir de los informes de las misiones de observación electoral (como las de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos) (Birch 2015: 8).
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Estudios recientes han centrado sus objetivos en la dinámica de fraude electoral (Birch 2010, 2011; Elklit y Reynolds 2005) y en el conocimiento de las prácticas políticas latinoamericanas (Schedler 2002; Méndez de Hoyos 2013; Carreras e Icemoglu 2013b), dando cuenta que entre otras formas de delito la manipulación del marco legal es la forma más común de manifestarse las malas prácticas en la región (Birch 2011: 48). Sin embargo, poco se sabe respecto al modo en que se manipulan las reglas dentro de la ley, las condiciones en las que éstas se dan o los factores que pueden estar asociados a la manipulación (Méndez de Hoyos 2013). Tabla Nº 1. Proyectos y propuestas que estudian las elecciones Enfoque
Proyecto
Investigador/a
Período
Países
# Elecciones
Elecciones libres y justas
Democracia Electoral
Freedom House [Goodwin-‐Gill
1989-‐ 2015
195
-‐
Calidad elecciones
Elecciones nacionales en democracia y en autocracia
Susan Hyde y Nikolay Marinov [Yale University]
1945-‐ 2010
162
2948
Calidad elecciones
Base de datos de Calidad de las elecciones [QED]
Judith Kelley [Duke University]
1977-‐ 2004
Calidad elecciones
Monitoreo Electoral Internacional [DIEM]
Judith Kelley y Kiril Kolev [Duke University]
1980-‐ 2004
Calidad elecciones
Calidad elecciones
Integridad Malas prácticas Malas prácticas
Calidad de las elecciones
Jorgen Elklit y Andrew Reynols
Calidad de las elecciones
Jonathan Hartlyn, Jennifer McCoy y Thomas Mustillo
Índice de Integridad de las Elecciones Índice de Manipulación Electoral Manipulación estratégica electoral
Pippa Norris [Harvard University] Sarah Birch [Bristol University] Emily Baeulieu y Susan Hyde
-‐
172
109
-‐
1324
306
6
1978-‐ 2008
19
104
2012-‐ 2015
20
-‐
1995-‐ 2006
57
136
-‐
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Fuentes de datos Informes y reportes de países Manuales, Guías elecciones en línea, noticias Informes Anuales sobre Elecciones del Depto. Estado de EE.UU [1202 reportes] Informes de 19 organizaciones internacionales que realizan MOE [592 reportes] 54 indicadores sobre “hechos reales” Juicios actores partidistas, no partidistas, observadores; medios de comunicación 49 indicadores en una encuesta a expertos Informes Misiones OEA, OSCE, UE Informes de Misiones OSCE
Medición Mide nivel de pluralismo Clasifica regímenes políticos
Se mide legitimidad
Se mide la calidad de las MOE y de las elecciones Mide imparcialidad, equidad y eficiencia administrativa Mide calidad de las elecciones Mide integridad electoral Mide malas prácticas Mide formas de malas prácticas
Fuente: Elaboración propia.
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III. El uso de los informes de las M isiones de Observación Electoral como instrumento para evaluar las elecciones Las organizaciones regionales son actores centrales de la política internacional en la actualidad y, especialmente, en materia de elecciones. Aún cuando existen diversos organismos que realizan Misiones de Observación en América Latina como la Unión Europea17, el Centro Carter, UNIORE, IIDH-‐ CAPEL o UNASUR; en este estudio se revisan los Informes de las Misiones de la Observación Electoral (iMOE) y de Visitantes Extranjeros (iMVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dada la amplia cobertura electoral que esta organización regional ha realizado para el ciclo 2013-‐2015.18 Esta investigación propone la revisión de los informes y sus recomendaciones como una herramienta de aproximación analítica sensible a los aspectos formales e informales (técnicos y simbólicos) de una elección. El uso de los informes para la investigación académica no es nuevo. Diversos proyectos han discutido el uso de esta metodología para profundizar el conocimiento de los procesos electorales, tanto en relación a su calidad, integridad o malas prácticas (Birch 2008, 2011; Kelley y Kolev 2010; Daxecker y Schneider 2014; Merloe 2015; Melián y Tuccinardi 2015; Martínez y Coma et al. 2015) e incluso llamando la atención sobre la necesidad de dejar de evaluar elecciones “libres y justas” para realizar “informes más holísticos de cómo se organiza una elección” (Björnlund 2004; Muñoz Pogossian y Álvarez Veloso 2015: 59). Algunas investigaciones señalan desventajas del uso de los informes como que los observadores realizan pronunciamientos sobre la base de pruebas incompletas (Norris 2013b; Beaulieu y Hyde 2009; Elklit y Reynolds 2005; Goodwin-‐Gill 2005: 85); incluso muchas veces sólo a partir de datos recogidos el día de la votación (Carothers 1997; Elklit y Reynolds 2005a: 147); emplean distintos criterios en cada una de las organizaciones (Martínez i Coma et al. 2015: 42) y sus recomendaciones pueden ser discutibles cuando distintas organizaciones llegan a conclusiones opuestas (Daxecker y Schneider 2014). Dichos reportes algunas veces están condicionados por las relaciones de los observadores con sus pares, sujetos a ser invitados por los gobiernos de turno (lo que puede llevar a que haya países que no puedan estudiarse porque no reciben observadores) o incluso sobre la base
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Entre 2000 y 2014, la Unión Europea ha enviado veintiún Misiones de Observación Electoral a diez países de América Latina, nueve de ellas a Norte y Centroamérica y el Caribe (México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití) y doce a América del Sur (Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Paraguay). 18 Según la base de datos de las Misiones de la OEA, se han realizado 115 misiones en este ciclo electoral (mientras que en 1993-‐2002, fueron 66; entre 1983-‐1992, unas 23; entre 1973-‐1982, 7 y entre 1962 y 1972, 12). Ver Muñoz Pogossian y Álvarez Veloso 2015: 64).
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de no poder denunciar aspectos técnicos concretos sobre todo en regímenes de autoritarismos electorales o híbridos (Diamond 2004).19 Aún así, las ventajas de este instrumento resultan claras: es una fuente de datos original, generada por expertos y supervisada por los técnicos de los organismos internacionales u ONGs nacionales que hacen observación; se elabora de manera sistemática, siguiendo una misma metodología entre países en función de cada organización (Kelley 2010: 158); existen informes para la mayoría de las elecciones realizadas en el último ciclo electoral en la región (115 MOE e MVE/OEA); genera recomendaciones, muchas veces acompañadas de asistencia técnica por parte de dicha organización (Cordenillo y Reynolds 2012), aunque no siempre son asumidas por los receptores, y cada vez más se ha procurado su profesionalización y calidad (Carothers 1997; Merloe 2015). Finalmente, son una buena fuente de datos cuando se carece de recursos para la realización de encuestas de opinión pública o de la posibilidad de hacer cuestionarios basados en los juicios de expertos.20 Junto a la revisión de los informes de las Misiones de Observación Electoral de la OEA (iMOE/OEA) y de las Misiones de Visitantes Extranjeros de la OEA (iMVE/OEA),21 este trabajo emplea de manera complementaria también otras fuentes de datos como la revisión hemerográfica, los resultados de la observación participante que la autora de esta investigación realizó como miembro de la Misión de Visitantes Extranjeros del Institución Nacional Electoral (México 2015) así como otros trabajos académicos especializados que aplican la metodología de la integridad electoral y de las malas prácticas para el ciclo electoral que se analiza en esta investigación (Martínez i Coma et al. 2015; Muñoz-‐Pogossian y Álvarez Veloso 2015; Méndez de Hoyos 2013). IV. Las elecciones en América Latina en el ciclo 2013-‐2015 a la luz de los informes de las M OE-‐M VE (OEA= Los criterios actuales que emplean las Misiones de Observación Electoral y de Visitantes Extranjeros de la OEA sostienen que las elecciones deben ser democráticas, esto es, “inclusivas, limpias, 19
Otras críticas que se realizan sobre el uso de los informes y de las recomendaciones de las MOE son que los observadores suelen responder a la convocatoria de sus colegas de la administración electoral para observar, sujetos a la “política de la conveniencia” (Elklit y Reynolds 2005: 147), dependiendo en la mayoría de los casos de la invitación de un gobierno a “acompañar” la elección, haciendo que sus declaraciones tengan consideraciones fundamentalmente políticas (más que técnicas). 20 El uso de las encuestas a la opinión pública tampoco parece estar muy recomendado debido a que la profundidad de las respuestas pueden estar limitadas debido a la carencia de conocimientos técnicos, como la financiación de campaña o la manipulación de las fronteras de los distritos electorales (Martínez i Coma et al. 2015: 43). 21 La credibilidad del trabajo de los observadores internacionales (y nacionales) además se ha beneficiado recientemente por la inclusión de los principios internacionales de Derechos Humanos, bajo la influencia de las Directrices de 1984 para la observación internacional y por el empleo de algunos métodos sistemáticos (ver el Manual de la OEA para la Observación Electoral), generados por las organizaciones nacionales e internacionales, para evaluar las elecciones de manera comparada (Merloe 2015: 80), sin el sesgo de la diferenciación que produce el contexto donde se dan las elecciones (Nohlen 2015).
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competitivas y periódicas”.22 Siguiendo estas líneas, la ciudadanía debe poder ejercer su derecho al voto; las preferencias de los votantes deben respetarse y registrarse; las diversas opciones políticas deben poder competir de manera imparcial y periódica, resultando electos aquellos candidatos que han sido realmente elegidos por la ciudadanía para los cargos de representación política (Muñoz-‐ Pogossian y Álvarez Veloso 2015: 60). Durante el ciclo 2013-‐2015, América Latina ha vivido un intenso calendario electoral, ya que ha celebrado trece elecciones presidenciales y otras tantas legislativas y municipales (Tabla Nº 2). El ciclo 2013-‐2015 es el cuarto que se da de este tipo desde el retorno a la democracia en esa tercera ola. En otras tres oportunidades (1989, 1994, 2005-‐2006), también un número significativo de países tuvieron elecciones generales concurrentes (presidenciales, legislativas y/o municipales), lo que da cuenta de ciclos de elecciones que evidencian la salud de las democracias latinoamericanas. Tabla Nº 2. Calendario Electoral Fecha 6 de Septiembre de 2015 25 de octubre de 2015 7 de Junio de 2015 1 de marzo de 2015 26 de octubre del 2014 30 de noviembre de 2014 12 de octubre del 2014 5 de octubre de 2014 2 de noviembre de 2014 5 de octubre del 2014 9 de marzo del 2014 25 de mayo del 2014 15 de junio de 2014 4 de mayo del 2014 2 de febrero del 2014 6 de abril del 2014 23 de febrero del 2014 17 de febrero del 2013 7 de abril del 2013 2 de febrero del 2014 9 del marzo del 2014 17 de noviembre del 2013 15 de diciembre del 2013 24 de noviembre del 2013 27 de octubre de 2013 21 de abril del 2013 14 de abril del 2013
País Guatemala México El Salvador Uruguay Bolivia Brasil Perú Colombia
Panamá Costa Rica Ecuador
El Salvador Chile Honduras Argentina Paraguay Venezuela
Tipo de Elección Presidencial (1º vuelta) Presidencial (2º vuelta) Legislativa, Estatal, Municipal Legislativa, Municipal Presidencial (1º vuelta) Presidencial (2º vuelta) Presidencial, Legislativa y Municipal Presidencial (1º vuelta), Legislativa Presidencial (2º vuelta) Municipales Legislativas Presidencial (1º vuelta) Presidencial (2º vuelta) Presidencial, Legislativa y Municipal Presidencial (1º vuelta), Legislativa Presidencial (2º vuelta) Municipales Presidencial (1º vuelta), Legislativa Presidencial (2º vuelta) Presidencial (1º vuelta) Presidencial (2º vuelta) Presidencial (1º vuelta), Legislativa Presidencial (2º vuelta) Presidencial, Legislativa y Municipal Legislativa Presidencial y Legislativa Presidencial y Municipal
Fuente: Elaboración propia.
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Ver el Documento “Criterios para la Observación Electoral: Un manual para las misiones de observación electoral de la OEA”. Washington, DC, 2008.
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La mayoría de los países ha celebrado elecciones con dinámicas de competencia estables, que han permeado una serie de prácticas, formales e informales, con mínimas condiciones de equidad, libertad y justicia en el territorio; cierta alternancia entre las opciones políticas e, incluso incorporando a sectores sociales que se sentían excluidos (como las mujeres, los indígenas, los afros).23 Los Informes de las Misiones de Observación Electoral y de Visitantes Extranjeros confirman que las elecciones cumplieron con los parámetros de unas elecciones periódicas y competitivas, a pesar de que las diferencias de contexto respecto al tipo de sistema político vigente (Tabla Nº 3) y de la presencia recurrente de una serie de malas prácticas que limitan su limpieza y calidad (iMOE-‐ iMVE/OEA 2013-‐2015). Tabla Nº 3. La democracia en América Latina según índices globales de democracia Uruguay Costa Rica Chile Argentina Brasil Panamá Perú El Salvador Rep. Dominicana México Paraguay Ecuador Bolivia Colombia Guatemala Nicaragua Honduras Venezuela Haití Cuba
Freedom House 2015 (1) Puntaje Clasificación 1 Libre 1 Libre 1 Libre 2 Libre 2 Libre 2 Libre 2,5 Libre 2,5 Libre 2,5 Libre 3 Parcialmente libre 3 Parcialmente libre 3 Parcialmente libre 3 Parcialmente libre 3,5 Parcialmente libre 3,5 Parcialmente libre 3,5 Parcialmente libre 4 Parcialmente libre 5 Parcialmente libre 5 Parcialmente libre 6,5 No libre
Democracia Global 2014 (2) Puntaje Ránking mundial 72,6 22 70,2 27 70,9 26 68,5 34 62,8 44 64,8 40 61,7 46 59,4 49 57,9 52 56,6 58
Índice de democracia The Economist 2014 Puntaje Ránking mundial Clasificación 8,17 17 Democracia plena 8,03 24 Democracia plena 7,80 32 Democracia defectuosa 6,84 52 Democracia defectuosa 7,38 44 Democracia defectuosa 7,08 47 Democracia defectuosa 6,54 63 Democracia defectuosa 6,53 64 Democracia defectuosa 6,67 59 Democracia defectuosa 6,68 57 Democracia defectuosa
53,1
69
6,26
71
Democracia defectuosa
57,4
53
5,87
79
Régimen híbrido
55,4
61
5,79
83
Régimen híbrido
58,0
51
6,55
62
Democracia defectuosa
51,2
78
5,81
82
Régimen híbrido
54,9
62
5,32
94
Régimen híbrido
49,2
81
5,84
80
Régimen híbrido
45,5
94
5,07
100
Régimen híbrido
N/A
N/A
3,82
118
Régimen autoritario
N/A
N/A
3,52
127
Régimen autoritario
Los países sombreados con gris son los que han tenido elecciones en el período analizado.
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En Bolivia, Ecuador y Venezuela las elecciones implicaron además la inclusión política de nuevas élites (de izquierda) que no se sentían representados por las élites políticas tradicionales y que ahora se sienten incluidos bajo un nuevo discurso político que los integra (Freidenberg y Suárez-‐Cao 2014).
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Fuente: Elaboración de Dinorah Azpuru para su texto “La legitimidad de la democracia a la luz de su desempeño: una evaluación de las preferencias ciudadadanas (1994-‐2014)”, presentado en el Seminario Dilemas de la Democracia en América Latina: a cuatro décadas de la transición, realizado por IIJ-‐UNAM y FLACSO, en Ciudad de México, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015. (1) El Índice de Freedom House tiene un rango de 1 (mejor) a 7 (peor). https://freedomhouse.org/report/freedom-‐world/freedom-‐ world-‐2015#.Vf948Zc3mYA (2) El Índice Global de Democracia tiene un rango de 1 (peor) a 100 (mejor). http://democracyranking.org/wordpress/?page_id=831 (3) El Índice The Economist tiene un rango de 1 (peor) a 10 (mejor). http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-‐d58f-‐ 462e-‐9b24-‐2504a37f6b56/Democracy-‐index-‐2014.pdf
Las elecciones del ciclo 2013-‐2015 no han sido perfectas, presentan dificultades técnicas y cuentan cada vez con menos confianza de la ciudadanía (Azpuru 2015; Nohlen 2015). Las elecciones presentan una serie de irregularidades, malas prácticas y dificultades operativas en la organización y gobernanza electoral (iMOE/OEA 2013-‐2015). Estas pueden sistematizarse en cuatro grupos: (i) el contexto adverso y las dificultades de ejercicio de las capacidades estatales; (ii) la inequidad de la contienda y la cancha inclinada; (iii) la existencia de diversos tipos de malas prácticas e irregularidades, que no alcanzan a ser calificadas como fraude y, finalmente, (iv) las dificultades técnicas en la organización del proceso y de la gobernanza electoral.
IV. 1. Contexto adverso y bajas capacidades estatales Las condiciones del entorno en el que se celebran las elecciones son fundamentales para poder contar con buenos procesos electorales (Nohlen 2015: 4-‐5). Resulta muy difícil tener buenas elecciones cuando el régimen político es un régimen híbrido (Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala) o como una democracia defectuosa (Colombia, Paraguay México) (Ver Azpuru 2015). Esto es así, dado que resulta complejo evaluar las elecciones y descontextualizarlas de la dinámica del régimen político (Diamond 2004; Levitsky y Way 2010) o del funcionamiento de otras dimensiones del sistema político (Nohlen 2015), como las capacidades del Estado para garantizar la convivencia pacífica. Las elecciones no pueden mantenerse autónomas al modo en que viven los ciudadanos. En aquellos sistemas, donde el Estado no cuenta con capacidad para garantizar la vida de los ciudadanos por la existencia de Estados fallidos; donde funcionan autoritarismos competitivos (Levitsky y Way 2010) y/o autoritarismos electorales (Schedler 2002; 2013); donde más de la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza; donde los votantes acceden de manera inequitativa a los medios de comunicación; donde los candidatos y/o periodistas pierden la vida o se autocensuran respecto al poder y los gobiernos emplean los recursos del Estado para jugar con cancha inclinada, resulta muy difícil evaluar las elecciones como algo aislado. La mayoría de los sistemas políticos con elecciones en el ciclo 2013-‐2015 han tenido dificultades para garantizar el ejercicio del monopolio legítimo de la coacción física en todo el territorio (como en
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México, Brasil, Honduras, Guatemala, Argentina o El Salvador); erradicar la presencia de grupos paraestatales que controlan o manipulan al Estado (paramilitares, mafias o crimen organizado) (iMOE/OEA 2013-‐2015) y minimizar el poder de caudillos locales que permean y limitan las instituciones poliárquicas a nivel subnacional (Freidenberg y Suárez-‐Cao 2014). Los órganos electorales pueden hacer elecciones técnicamente impecables pero sin Estados capaces de garantizar el Estado de Derecho, en términos weberianos, resulta muy difícil que sean buenas elecciones. La experiencia de la elección intermedia mexicana del 7 de junio de 2015 enseñó las dificultades de hacer elecciones cuando el Estado no puede asegurar la libre circulación de los candidatos y los electores (Oaxaca, Chiapas, Michoacán); garantizar la seguridad de los candidatos (con cerca de 20 muertos); identificar, sancionar y eliminar la compra de votos y el clientelismo (como la evidencia mostrada con las estrategias del PVEM) o garantizar la distribución del material electoral en los diferentes distritos durante la jornada electoral (Chiapas o Oaxaca) (iMVE/0EA México 2015).
IV.2. Condiciones inequitativas para la competencia y la existencia de “cancha inclinada” Las elecciones 2013-‐2015 presentaron dificultades en las condiciones de equidad de la contienda. Se necesitan capacidades estatales y vigencia del Estado de Derecho para garantizar la equidad de la competencia en todo el territorio. Es decir, que todos sean iguales ante la ley, sea el partido que sea, esté en el gobierno o no, consiga o no consiga los resultados que se plantea. Las condiciones de la competencia en varios de los países han sido de cancha inclinada. En otras palabras, “los incumbents (casi) siempre gana(ron) las elecciones” a las que se presentaron (Corrales 2014; Penfold et al. 2015). Salvo en dos elecciones, el candidato en el gobierno siempre triunfó en la búsqueda de su reelección en América Latina.24 Esto hace menos probable que su partido o su candidato/a presidente gane la elección, cuando se enfrenta a un incumbent, ya que esta condición aumenta un 62 por ciento la probabilidad de ganar una elección (Penfold et al. 2014). Los incumbents son una potencial fuente de riesgo para las malas prácticas, cuando controlan los recursos del estado en favor de su candidatura (Birch 2015) y las élites deberían seleccionar con cuidado sus estrategias de manipulación de las elecciones para no perder legitimidad ante el 24
Desde la década de 1990, la tendencia ha sido la de establecer la reelección, ya sea consecutiva, indefinida o alterna (Freidenberg y Došek 2014). En cuatro de los casos analizados ganó el candidato desafiante (Costa Rica, Chile, Paraguay y Panamá), mientras que en cinco se dio la reelección del presidente-‐candidato (Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador) y en otros tres se reeligió el partido que estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo pero con otro candidato (El Salvador, Uruguay y Honduras). Salvo Daniel Ortega en Nicaragua en 1990 e Hipólito Mejía en la República Dominicana en 2004, el resto de las elecciones fueron ganadas por los presidentes que aspiraban a su reelección. Nicaragua (1984, 1990, 2011), Perú (1995, 2000), Colombia (2006, 2014), Argentina (1995, 2011), Bolivia (2009, 2014), Ecuador (2009, 2013), Venezuela (2000, 2006), Brasil (1998, 2006, 2014), Rep. Dominicana (1990, 1994, 2004, 2012).
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electorado y/o la comunidad internacional. En los procesos presidenciales, en cinco países, se reeligió al incumbent (Tabla Nº 4). En Colombia, tras perder en la primera vuelta, finalmente el presidente Santos consiguió ganar la reelección presidencial consecutiva en un escenario altamente polarizado. Lo mismo ocurrió en Ecuador donde Correa consiguió la reelección consecutiva y con ello garantizar la continuidad de su proyecto de Revolución Ciudadana. En Venezuela, Maduro garantizó con su triunfo el proyecto de revolución chavista, aunque lo hizo en un contexto de alta polarización y gran competitividad en la contienda contra la oposición de la Mesa de Unidad bajo el liderazgo de Henrique Capriles, tras el fallecimiento de Hugo Chávez. En Bolivia y Brasil también se reeligió el/la presidente que estaba en el poder.25 Tabla Nº 4. Los incumbents siempre ganan
¿1º o 2º?
Ganador %
Segundo %
MV 1º Vuelta
Venezuela 2013
1º
50.61
49,12
1.49
Costa Rica 2014
2º
77.22
22,1
El Salvador 2014
2º
50.11
49.89
Colombia 2014
2º
50.95
45.00
Panamá 2014
-‐
39.1
31.4
7.7
Honduras 2013
-‐
36.89
28.78
8.11
Paraguay 2013
-‐
45.83
37.11
8.72
Ecuador 2013
1º
57.17
22.68
34.49
Chile 2013
2º
62.17
37.87
Brasil 2014
2º
51.63
48.37
Bolivia 2014
1º
61.04
Uruguay 2014
2º
56.62
MV 2º Vuelta
Ganador/a Incumbent
55.6
Partido Desafiante
0.22
Partido Incumbent
5.95
Incumbent
Partido Desafiante Partido Incumbent Partido Desafiante Incumbent
24.34
Partido Desafiante
8.04
3.26
Incumbent
24.49
36.55
Incumbent
43.38
16.93
13.24
Partido Incumbent
Fuente: Elaboración propia a partir de datos electorales oficiales.
La inequidad se puso de manifiesto en el acceso al financiamiento por parte de los partidos (iMVE/OEA Colombia 2014; iMOE/OEA Panamá 2014; iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Paraguay 25
Otros partidos gobernantes también retuvieron el Ejecutivo, aunque con candidatos diferentes. En El Salvador, el FMLN mantuvo la Presidencia con otro militante propio, el ex guerrillero Sánchez Cerén. En Honduras, el Partido Nacional retuvo el control del Ejecutivo. En Uruguay, Tabaré Vázquez consiguió la reelección no inmediata, ya que había sido presidente del país entre 2005 y 2010 y en Chile, Michelle Bachelet regresó a la Moneda junto a la Concertación, ahora aliada en Nueva Mayoría, tras su primer mandato entre 2006-‐2010.
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2013; iMOE/OEA Perú 2014); en las dificultades para implementar la fiscalización (iMVE/OEA México 2015; iMOE/OEA Honduras 2013;26 iMVE/OEA Colombia 2014; iMOE/OEA Bolivia 2014; iMOE/OEA Panamá 2014); en el bajo nivel de rendición de cuentas por parte de los partidos (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Paraguay 2013; iMOE/OEA El Salvador 2015) o en la complejidad de un sistema de financiación que no es transparente ni equitativo (iMOE/OEA Honduras 2013). También se expresó en el bajo nivel de sanción por no cumplir el mandato legal de incorporación de la cuota de género a las candidaturas (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Paraguay 2013; iMVE/OEA Colombia 2014); en que los partidos continúen colocando a las candidatas mujeres, a los afrodescendientes o a los indígenas en distritos perdedores o en lugares donde no tienen oportunidades reales de ganar el cargo (iMOE/OEA Perú 2014; iMOE/OEA Panamá 2014;27 iMVE/Colombia 2014; iMOE/OEA Paraguay 2013)28 o en las dificultades de cobertura de las mujeres candidatas frente a los hombres (iMVE/OEA México 2015; iMOE/OEA Panamá 2014; iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Paraguay 2013; iMOE/OEA Costa Rica 2014).29 Las elecciones continúan dando cuenta del acceso desigual de los partidos y/o candidatos al dinero público y a los medios de comunicación (iMOE/OEA Paraguay 2013; iMOE/OEA Costa Rica 2014; iMOE/OEA Ecuador 2014/2013; iMOE/OEA Bolivia 2014, iMOE/OEA Perú 2014; iMOE/OEA El Salvador 2015); el acceso inequitativo de los partidos en el poder a los medios de comunicación en relación a los de oposición (iMOE/OEA Ecuador 2014; iMOE/OEA Bolivia 2014; iMOE/OEA Paraguay 2013); en el uso de la publicidad ilegal (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Colombia 2014), muchas veces oculta o confundida detrás de la propaganda gubernamental (iMOE/OEA Bolivia 2014) y en el
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El informe sostiene la necesidad de que se impulsen reformas “en materia de financiamiento político y electoral acorde con las necesidades que plantea la nueva configuración de fuerzas políticas en el país, a fin de establecer de manera clara y suficiente las reglas de participación para los partidos políticos, así como las facultades necesarias para que el Tribunal Supremo Electoral pueda ejercer funciones de control y fiscalización” (iMOE/OEA Honduras 2013: 39). 27 El informe exhorta a “Revisar la normativa actual en materia de igualdad de género y analizar posibles modificaciones al Código Electoral a la luz de los últimos resultados electorales. Se recomienda establecer medidas legales en el Código Electoral que busquen incrementar el porcentaje de mujeres en las listas de elección popular y en las estructuras partidarias. Estas medidas deberían estar acompañadas de mecanismos para garantizar la ubicación de mujeres en lugares expectantes (como alternancia o mandato de posición) y también sanciones coercitivas firmes al incumplimiento que implique la no inscripción de listas electorales” (iMOE/OEA Panamá 2014: 6). 28 El Informe en Perú recomendó: “Con el fin de mejorar la participación de las mujeres en la contienda, ... incluir la obligatoriedad de la alternancia por sexo en la conformación de las listas... también sugiere que el Congreso discuta el proyecto de “Ley contra el acoso político hacia las mujeres” que permitirá hacer frente a uno de los obstáculos que enfrentan a la hora de participar en el espacio público” (iMOE/OEA Perú 2014: 5). 29 Sostiene el Informe: “[...] de los trece partidos que participaron en la contienda, cinco concentraron el 88% de la cobertura informativa, y sólo cuatro concentraron el 80% de la pauta publicitaria. La inequidad reflejada en estas cifras se profundizó en el tratamiento de las mujeres candidatas, quienes estuvieron virtualmente invisibilizadas en los medios de comunicación. [...] las mujeres candidatas a la Asamblea recibieron el 22% de la cobertura [...] contrastado con el 78% dedicado a las candidaturas masculinas” (iMOE/OEA Costa Rica 2014: 2).
19
desarrollo de campaña anticipada por medio de candidatos y/o partidos incumbents (iMOE/OEA Ecuador 2013; iMOE/OEA Bolivia 2014; iMOE/OEA Paraguay 2013). Los informes destacaron además la necesidad de fiscalizar los recursos que se le dan a los partidos. No se trata sólo de darles financiamiento para sus actividades (algo que en Perú no está ocurriendo aún) sino de regular las donaciones y, fundamentalmente, el tope de gastos por cargo público y de fiscalizar en qué gastan los recursos públicos para que generar condiciones de equidad en la contienda (iMOE/OEA El Salvador 2015; iMOE/OEA Costa Rica 2014; iMOE/OEA Panamá 2014; iMOE/OEA Paraguay 2013).30 La política requiere dinero y resulta alarmante que los actores partidistas no cumplan con lo que dice la ley. A pesar de estar regulado, no se hace efectiva la entrega de dinero del financiamiento público a los partidos por parte del Estado (iMOE/OEA Perú 2014), no hay financiamiento público entre elecciones (iMVE/OEA Colombia 2014), las franjas electorales para acceder a los medios son escasas o pequeñas (iMOE/OEA Panamá 2014) o los partidos no destinan el dinero que por ley se les obliga a la capacitación y fortalecimiento de la participación de las mujeres (iMVE/OEA Colombia 2014; iMOE/OEA Costa Rica 2014).31 Esto genera inequidad en la contienda, dado que el candidato con más recursos privados, cuenta con más oportunidades de ganar una elección. Tabla Nº 4. Menciones en iMOE/OEA sobre inequidad de la competencia en el ciclo 2013-‐2015 Informe MOE/OEA México 2015 El Salvador 2015 Costa Rica 2014 Bolivia 2014 Perú 2014 Colombia 2014 Panamá 2014 Ecuador 2014 El Salvador 2013 Ecuador 2013 Honduras 2013 Paraguay 2013
Acceso medios desigual
Acceso dinero desigual
Problemas fiscalización partidos
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x
Problemas implementación cuotas género [inequidad] x x x x x x x x x x
Cobertura medios inequitativa [género/ partidos]
Cancha inclinada [incumbent]
x x x x x x x x x
x x x x x
Para Uruguay 2014, Brasil 2014, Chile 2013, Argentina 2013 y Venezuela 2013 no hay informes de la MOE/OEA dado que no fue invitada para realizar la observación. Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes MOE/OEA y Muñoz Pogossian y Álvarez Veloso (2015).
30
El Informe recomienda establecer en la Ley de Partidos, los “topes ... en el gasto publicitario. Asimismo, explicitar los mecanismos de rendición de cuentas, y dotar al Tribunal Supremo Electoral de competencias para el control del financiamiento de partidos y candidatos” (iMOE/OEA El Salvador 2015: 5). 31 El Informe sostiene que “5 de los 13 partidos políticos a la Presidencia utilizaron sólo el 7.25% del total de fondos que tenían disponibles para este fin” (iMOE/OEA Costa Rica 2014: 3).
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IV.3. Malas prácticas Diferentes tipos de malas prácticas están todavía presentes en las elecciones latinoamericanas (Méndez de Hoyos 2013; Carreras e Irepoglu 2013b). En las elecciones del ciclo 2013-‐2015 esto no ha cambiado. Los informes de las MOE-‐MVE/OEA dan cuenta de denuncias sobre acarreo de votantes (iMVE/OEA Colombia 2013; iMOE/OEA Paraguay 2013); de la compra de votos (iMVE/OEA Colombia 2013; iMOE/OEA Paraguay 2013); de la violación del secreto del voto (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Colombia 2014; iMOE/OEA Paraguay 2013), de candidatos que ganan elecciones desde la cárcel (iMOE/OEA Perú 2014)32 y de violencia física contra los candidatos, incluso con el acoso hacia mujeres candidatas (iMOE/OEA Bolivia 2014; iMVE/OEA México 2015), muerte de candidatos y de periodistas realizando su trabajo (iMVE/OEA México 2015) o de miembros de la fuerza pública (iMOE/OEA Perú 2014) (Tabla Nº 5). Esto no es una cuestión menor dado que la percepción de la existencia de malas prácticas por parte de la ciudadanía afecta el nivel de participación de los mismos en los procesos electorales (Carreras e Irepoglu 2013b; Martínez i Coma et al. 2015). Este tipo de irregularidades reducen la confianza de los ciudadanos en las elecciones, debido a que si un ciudadano percibe que una elección es injusta disminuye su voluntad de participar. La violación del derecho al voto secreto, la compra de votos o la violencia física u otros tipos de violencia electoral afectan la limpieza de los procesos y, con ello, su integridad. Por ello, llama la atención que este apartado sea el que menos recomendaciones tienen en los informes de las Misiones de Observación Electoral, en la Veeduría Electoral [Colombia] o de Visitantes Extranjeros (México). Tabla Nº 5. Menciones en iMOE/OEA de Malas Prácticas en el ciclo de elecciones 2013-‐2015 Informe MOE/OEA
Compra de votos y/o cédulas
México 2015 El Salvador 2015 Costa Rica 2014 Bolivia 2014 Perú 2014 Colombia 2014 Panamá 2014 Ecuador 2014 El Salvador 2013 Ecuador 2013 Honduras 2013 Paraguay 2013
x x
Denuncias por uso programas sociales [clientelismo] x x
Transporte/ acarreo de votantes
Violación al secreto del voto*
Violencia física
x x
x x x x x x
x x x
Otras violaciones electorales ** x x x x
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En Perú, personas presuntamente responsables de la comisión de delitos graves pueden postularse a cargos de elección popular. En ese contexto dos de los presidentes regionales que se postularon para ser reelectos lo hicieron desde la cárcel bajo prisión preventiva. Uno de ellos ganó la elección en su región (iMOE/OEA Perú 2015: 4).
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* En esta categoría se incluye voto comunitario, votos marcados, voto asistido, corralón, voto carrusel, voto familiar y problemas con infraestructura que afectan el secreto del voto. ** Otras violaciones como campaña anticipada, violación del silencio electoral, publicidad ilegal, entre otras Para Uruguay 2014, Brasil 2014, Chile 2013, Argentina 2013 y Venezuela 2013 no hay informes de la MOE/OEA dado que no fue invitada para realizar la observación. Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes MOE/OEA y Muñoz-‐Pogossian y Álvarez Veloso (2015).
IV.4. Organización electoral y gobernanza electoral La autonomía de los organismos electorales es importante para la calidad de las elecciones. Sin embargo, la autonomía no debe ser pensada sólo en términos de la independencia del gobierno. La gestión de las elecciones debe ser eficaz, eficiente, transparente y autónoma tanto del gobierno como de los partidos en general. Cuando las instituciones electorales responden a intereses partidistas pueden ser menos capaces de realizar su función principal: producir certidumbre en relación a los resultados y los procedimientos empleados en la elección. Si los partidos políticos son los responsables del proceso electoral o si controlan las instituciones que organizan las elecciones, esto genera vulnerabilidad, ya que probablemente se comportarán como partes interesadas en lugar de jueces imparciales. En las elecciones 2013-‐2015 los Informes de las MOE-‐MVE/OEA alertaron sobre la necesidad de mayor profesionalización (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA El Salvador 2013 y 2015; iMOE/OEA Ecuador 2014), mayor ciudadanización de los órganos electorales temporales, los que se instalan sólo en tiempo de elecciones (iMOE/OEA El Salvador 2015; iMVE/OEA Colombia 2014), la constitución de un servicio civil profesional (iMOE/OEA Honduras 2013) y la despartidización de los nombramientos de las instituciones electorales (iMOE/OEA Honduras 2013, iMVE/OEA Colombia 2014 y iMOE/OEA El Salvador 2015). Los informes de la OEA para Honduras 2013, El Salvador 2013 y 2015, Bolivia 2014 o Paraguay 2013 destacaron la necesidad de quitar el poder a los partidos en la organización de las elecciones33 y de dotar de una mayor claridad en materia de competencias electorales, separando la organización de las elecciones de las cuestiones jurisdiccionales (iMOE/OEA El Salvador 2015: 5). La OEA solicitó que se cambie la práctica de que los partidos entreguen listados de miembros para la composición de las mesas de escrutinio sin nombres, lo que no se adecua a los estándares internacionales (iMOE/0EA Honduras 2013); que se mejoren las condiciones de capacitación de los miembros de las mesas (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Perú 2014; iMOE/OEA Bolivia 2014; iMOE/OEA Costa Rica 2014; iMOE/OEA Ecuador 2014; iMVE/OEA Colombia 2014) y de las casillas (iMVE/OEA México 2015); la depuración de los censos y padrones electorales (iMOE/OEA Honduras 33
En el caso de Honduras, se recomendó claramente que se realizara la reforma “de la composición partidaria del órgano electoral en todos sus niveles de jerarquía, a saber sus magistrados, su cuerpo de funcionarios y los miembros de las mesas de votación, a fin de transitar hacia un servicio civil profesional en la institución” [iMOE/OEA Honduras 2013: 38].
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2013; iMOE/OEA Bolivia 2014; iMOE/OEA El Salvador 2015) y que se hagan más eficientes los tiempos de instalación de las casillas (iMVE/OEA México 2015) y la entrega y transmisión de los resultados (iMOE/OEA Honduras 2013; iMOE/OEA Bolivia 2014; iMOE/OEA Perú 2014; iMVE/OEA México 2015). Es más, se recomendó la instalación de un sistema de transmisión de resultados preliminares en sistemas donde aún no lo contemplan (iMOE/OEA Bolivia 2014). Asimismo, llamó la atención respecto a quitar los incentivos de la legislación que incrementan la excesiva litigiosidad de los actores partidistas [iMVE/OEA México 2015]; mejorar las condiciones de trabajo de los organismos electorales debido a la “sobrecarga administrativa” en materia de fiscalización de la financiación pública a los partidos [iMVE/OEA México 2015]; procurar mayor coordinación entre los órganos electorales, mayor armonización legislativa, de los calendarios electorales [iMVE/OEA México 2015]34, fortalecer a las fiscalías electorales [iMVE/OEA México 2015; iMOE/OEA Panamá 2014] y de desarrollar campañas más eficientes en la concientización contra los delitos electorales (iMVE/OEA Colombia 2014). Tabla Nº 6. Menciones en iMOE/OEA de problemas con la gobernanza electoral en el ciclo 2013-‐ 2015
Informe MOE/OEA México 2015 El Salvador 2015 Costa Rica 2014 Bolivia 2014 Perú 2014 Colombia 2014 Panamá 2014 Ecuador 2014 El Salvador 2013 Ecuador 2013 Honduras 2013 Paraguay 2013
Baja profesionalización Integrantes
Quitar integración órgano electoral partidista
Problemas con instancias justicia electoral
Baja capacidad fiscalización órgano
Problemas registro partidos
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x
x
Depurar censos / padrón
Demora en entrega resultados
x x x
x x x x
Problemas en capacitación funcionarios electorales x x x x x x x x x
Para Uruguay 2014, Brasil 2014, Chile 2013, Argentina 2013 y Venezuela 2013 no hay informes de la MOE/OEA dado que no fue invitada para realizar la observación. Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Informes MOE/OEA y Muñoz Pogossian y Álvarez Veloso (2015).
V. Conclusiones: los retos de una agenda de investigación en constante movimiento 34
En México, la Misión de Observación de la OEA sugirió “[...] la revisión a la legislación, de manera de que no se generen incentivos a la excesiva litigiosidad que se ha producido en este proceso electoral. [se] sugiere se revise el esquema jurisdiccional implementado a partir de la creación de la Sala Especializada del TEPFJ, racionalizando las funciones y evitando duplicidades y contradicciones con otras instancias. [y] de la importancia de delimitar claramente roles, funciones y competencias diferenciadas de forma que se garantice una relación más fluida entre el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLEs)” (iMVE/OEA México 2015: 3).
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La ciudadanía tienen derecho a que las elecciones sean auténticas y a saber si las elecciones son genuinas (Merloe 2015: 81). Las buenas elecciones se desarrollan en contextos de institucionalidad estatal fuerte; donde las condiciones de supervivencia básica de la mayoría de los ciudadanos están aseguradas; las reglas son imparciales, conocidas, valoradas y respetadas por todos; el trabajo de los organismos electorales goza de legitimidad ante la ciudadanía y los actores políticos; el Estado de Derecho está extendido en todo el territorio; el Estado asegura la libre circulación, la seguridad y la libre competencia de las personas y todas las opciones partidistas. Las elecciones del ciclo electoral 2013-‐2015 han evidenciado características diferentes según el grado de incertidumbre de los resultados (no conocer de antemano quién va a ganar); el nivel de competitividad entre las opciones que se postularon; la calidad de la contienda en términos de equidad y, finalmente, la oportunidad de que se dé la alternancia y se lleven a cabo ejercicios de rendición de cuenta de los representados a los representantes, a partir de las evaluaciones que los ciudadanos realizan de sus gobernantes. La evaluación de la experiencia de la cuarta maratón electoral da cuenta de la rutinización de las elecciones pero llama la atención sobre problemas que limitan las condiciones de la competencia (Informes MOE-‐MVE/0EA); que perviven malas prácticas electorales, especialmente, por las violaciones al ejercicio del voto, a la limpieza de los comicios, a la equidad de la contienda y a los niveles de autonomía, partidización y profesionalización de los organismos electorales. Las elecciones tienen problemas en la región y los informes de las Misiones de las Misiones de Observación contribuyen en la identificación de los factores que condicionan la integridad de las elecciones. La actividad electoral futura requiere incorporar más la visión de la cooperación y la asistencia democrática que pueden dar organizaciones como la OEA, UNIORE o UNASUR, amparadas en las reglas y normas internacionales. No se trata sólo de hacer elecciones que sean técnicamente impecables, sino de contar con capacidades estatales, reglas de juego legítimas, prácticas equitativas y ciudadanos con confianza en los actores políticos y en las instituciones. Estas capacidades desarrolladas por las organizaciones internacionales deben ser complementarias a las actividades que cada país genera en materia de organización electoral y, en particular, en la observación desarrollada por los ciudadanos nacionales. Con este tipo de tareas se tienen que ir desarrollando capacidades locales, lo que contribuirá al ejercicio de la cultura política de cada país.
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La agenda de investigación debe procurar incorporar la evaluación de las reglas, de los valores y de las prácticas que se desarrollan en torno a las elecciones. Se trata de buscar cuáles son las actividades que mejoran las condiciones de la competencia; un mayor fortalecimiento y autonomía de los organismos electorales; un mayor pluralismo e inclusión de sectores que aún no participan en la integración de los organismos electoral y una mayor capacidad de fiscalización de los gastos de campaña y de sanción por el uso indebido de los mismos. La próxima evaluación de los informes de la Misión de Observación de la OEA (y/o de otros organismos) debe incluir consideraciones con respecto a en qué medida las recomendaciones realizadas por las Misiones son incorporadas por los organismos electorales nacionales. De nada sirve que se lleven a cabo recomendaciones, si éstas finalmente no son socializadas con la ciudadanía ni incluidas como mejoras para la realización de las próximas elecciones en el país donde se celebró la observación. La evaluación del impacto de las recomendaciones aún está por ser realizada y desarrollada una metodología sistemática que permita su comparación en el tiempo y entre países. Las elecciones en América Latina enfrentan, por tanto, de tres retos: el desarrollo de cierta capacidad estatal y la vigencia plena del Estado de Derecho; una mayor equidad en las condiciones de la contienda; mejor bienestar para la población y un mayor fortalecimiento de los órganos electorales. No todas estas tareas son responsabilidad del mundo electoral pero si de las sociedades democráticas. Se trata de procurar y/o de recuperar la confianza de la ciudadanía en las elecciones. Y esto si es una tarea de élites, instituciones y ciudadanos. VI. Referencias Bibliográficas Álvarez, R. Michael y Hall, Thad E. 2008. “Building secure and transparent elections through standard operating procedures”. Public Administration Review 68 (5), 828–838. Azpuru, Dinorah. 2015. “La legitimidad de la democracia a la luz de su desempeño: una evaluación de las preferencias ciudadadanas (1994-‐2014)”. Seminario Internacional: Dilemas de la Democracia en América Latina: a cuatro décadas de la transición, IIJ-‐UNAM y FLACSO, Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Beaulieu, Emily y Hyde, Susan D. 2009. “In the Shadow of Democracy Promotion : Strategic Manipulation, International Observers, and Election Boycotts”. Comparative Political Studies vol. 42: 392-‐415. Beck, Thorsten, Clarke, George, Alberto Groff, Philip Keefer, and Patrick Walsh. 2001. “New Tools in comparative political economy: The Database of Political Institutions”. World Bank Economic Review vol. 15 (september): 165-‐176. Birch, Sarah. 2015. Patterns of Electoral Malpractice. Project on Electoral Malpractice in New and Semi-‐ Democracies. Working Paper No 4. http://www.essex.ac.uk/government/electoralmalpractice/ Birch, Sarah. 2011. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press.
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