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Empresas y derechos humanos OPINIÓN INVITADA / HUMBERTO CANTÚ RIVERA (21-11-2015).- Del 16 al 18 de noviembre tuvo lugar el Cuarto Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra, cuyo objetivo es contribuir a la diseminación de buenas prácticas y a la identificación de retos existentes para implementar los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, estándar adoptado en 2011 que consta de tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respetarlos, y la necesidad de las víctimas de contar con mecanismos de reparación y remediación efectivos. Esos principios surgen ante la constatación del creciente impacto de las actividades empresariales en diversos derechos humanos, como el derecho al agua, a un medio ambiente sano, a la seguridad o a la salud, entre otros. Si bien la asistencia al evento se ha incrementado año con año, la presente edición estuvo marcada por la participación del Gobierno mexicano y de organizaciones presentes en el País. En primer lugar, la delegación mexicana (integrada por funcionarios de la Segob y de la Secretaría de Economía) sostuvo numerosas reuniones bilaterales y con sus símiles latinoamericanos, previo al anuncio formal de la intención de México de adoptar un plan nacional sobre empresas y derechos humanos. En segundo lugar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León organizó y participó en un panel sobre instituciones nacionales de derechos humanos y acceso a mecanismos de reparación, para compartir su experiencia -única en el País- en esta área. Esto denota la creciente relevancia del tema en México, donde frecuentemente se observan distintos impactos de empresas en diversos sectores, como en el minero, petrolero, de telecomunicaciones o de manufactura. El compromiso formal del Gobierno de adoptar una política pública en la materia es un paso en la dirección correcta; sin embargo, debe ir más allá de la constatación del statu quo legislativo, y proponer medidas concretas que contribuyan a que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas puedan acceder con mayor facilidad y rapidez a los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de reparación. Para las empresas la tarea no es sencilla, aunque tampoco debe parecer titánica ni causar rechazo: por el contrario, los principios rectores incluyen estándares prácticos para que identifiquen y mitiguen los impactos adversos que sus actividades -y cadenas de suministro- puedan ocasionar. Destacan dos: la adopción de mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos, y el establecimiento de mecanismos internos de remediación. La participación activa de actores externos en la construcción de dichos mecanismos empresariales es de suma relevancia para legitimar sus procesos y políticas internas. A la par de ese programa nacional gubernamental, será necesario que las instituciones públicas de derechos humanos en el País trabajen de forma coordinada y sistémica para colaborar en la difusión de esos estándares y en la educación de los distintos actores involucrados. Además, será de suma relevancia que las recomendaciones y medidas cautelares que se emitan contengan señalamientos relativos a la reparación de los daños y la protección de las víctimas, con base en los principios rectores y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. La responsabilidad de las empresas en el ámbito de los derechos humanos (que no debe ser confundida con la responsabilidad social) es un proyecto que busca garantizar que las actividades empresariales se desarrollen de forma responsable, tomando en cuenta el impacto que las actividades
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productivas y de sus cadenas de suministro pueden tener en los derechos humanos de víctimas potenciales o reales. A final de cuentas, las empresas tienen un importante papel que desempeñar en la actual agenda internacional de desarrollo sostenible, y qué mejor que lograrlo a través de acciones responsables y comprometidas con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.
El autor es es investigador asociado en derechos humanos de la Universidad Panthéon-Assas Paris II, y consultor internacional sobre empresas y derechos humanos.
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