Elecciones, partidos y sistemas de partidos en la España democrática

Elecciones, partidos y sistemas de partidos en la España democrática Pablo Oñate Publicado en F. Murillo, J. L. García de la Serrana y otros, Tranformaciones políticas y sociales en la España democrática, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006 (399-431).

1. Introducción En nuestro afán taxonómico hemos calificado al siglo XX con muchas y variadas etiquetas. Probablemente, la de que ha sido el siglo de la democracia no sea de las más desmesuradas: Freedom House ha calculado el número de sistemas democráticos que existieron en diversos momentos a lo largo de esos 100 años, considerando, al efecto, que un sistema democrático es aquel que da cabida a una pluralidad competitiva de partidos políticos que buscan representar en las instituciones a los ciudadanos mediante procedimientos electorales abiertos, libres, iguales, transparentes y basados en el sufragio universal. A partir de esa definición operativa (y dejando al margen la no nimia cuestión de la calidad de la democracia), ha calculado que en 1900 no había ningún sistema político que pudiera ser calificado como democrático. A mitad de siglo, en 1950, sólo 22 de los 150 países existentes cumplían esas condiciones: eran 22 países en los que vivía el 31% de la población del planeta. En el año 2000, 50 años después, los países que cumplen con esas condiciones son 119 (de los 192 existentes), congregándose en ellos el 58% de la humanidad1. Hoy, como afirma Offe (2001: 1216) es ya un lugar común afirmar que un sistema político debe conducirse mediante procedimientos democráticos, cuando hace pocas décadas no lo era. Es claro que el criterio mencionado –la existencia de un contexto competitivo de partidos políticos que concurren a procesos electorales libres para hacerse con la representación de los ciudadanos en las instituciones- puede ser discutible. Es cierto que la democracia no puede ser reducida a la mera existencia de elecciones libres periódicas, pero también cabe afirmar que sin éstas no habrá democracia: las elecciones son un integrante fundamental, sine qua non, de los sistemas democráticos modernos, por mucho que la reivindicación democrática no deba agotarse con ellas, como múltiples estudios sobre la calidad de las democracias occidentales plenamente consolidadas ponen de manifiesto. Tradicionalmente, se vienen atribuyendo a las elecciones tres funciones básicas en relación con el sistema político: generar gobierno, generar representación y generar legitimidad. Los sistemas de partidos resultantes de los respectivos procesos electorales dificultan o facilitan la consecución de ese triple objetivo, coadyuvando en uno u otro sentido, esto es, propiciando la quiebra del sistema democrático o apuntalando su estabilidad, consolidación y posterior institucionalización. La convulsa historia política española de los últimos dos siglos es un buen ejemplo de cómo las elecciones y los sistemas de partidos de ellas resultantes han fracasado en el adecuado cumplimiento de esas funciones. No vamos analizar aquí los motivos que estarían detrás del carácter pendular de nuestra historia política durante ese

Freedom House, “Democracy´s Century: A Survey of Global Political Change in the 20th Century”, New York, Freedom House, 2000, p. 2. Según este mismo informe, en 1900 había 25 países con un sistema que podría calificarse como “democracia restringida”. 1

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período, que vio cómo se sucedían diez Constituciones2, diversas reformas constitucionales y varios proyectos que no llegaron a aprobarse, además de una plétora de asonadas, motines, golpes de Estado, dictaduras, guerras civiles y una constante “quema de etapas intermedias” (Murillo) que retrasaron, hasta fechas bien recientes, la incorporación de España al grupo de países en los que se había instalado la Modernidad. En las siguientes páginas se analizará cómo las elecciones y los sistemas de partidos resultantes de los comicios de la década de los años 1930 -los de la II República- y del lapso que transcurre entre 1977 y 2004 -el actual período democráticohan influido en la estabilidad y desarrollo de la democracia en España o, por el contrario, en la quiebra de la misma. Nuestro interés se centrará en las tres pasadas décadas, atendiendo al período de la II República como contrapunto de una experiencia democrática frustrada. 2. La II República: elecciones y sistemas de partidos Cuando -tras 40 años de dictadura autoritaria- se convocaron elecciones democráticas el 15 de junio de 1977, el referente inmediato que los españoles tenían era los comicios celebrados en la década de los años 1930, cuyos resultados, tras una espiral de polarización y extremismo, habían acabado abriendo la puerta a la quiebra del sistema democrático en una cruenta guerra civil. La cultura política fomentada por el franquismo –y dos siglos de historia política convulsa- hacía desconfiar de ese mecanismo de organización colectiva. El precedente no era, precisamente, esperanzador. Los sistemas de partidos de la II República estuvieron integrados por formaciones mal articuladas, débilmente organizadas y precariamente implantadas en la sociedad. Sólo el Partido Socialista Obrero Español –como señaló Linz (1979: 88 y ss.)tenía los rasgos de un verdadero partido de masas y era capaz de presentar candidatos y obtener escaños en todo el país (menos en Cataluña, quizá). El resto de formaciones eran bien residuos del período de La Restauración, bien pequeños grupos desarticulados surgidos al calor de la proclamación republicana. Esa precariedad del sistema de partidos quedó bien dibujada por Ortega: “A excepción del Partido Socialista, todos los restantes partidos comprometidos en política no son realmente partidos ni nada que se les parezca. Algunos son supervivientes de oposiciones degeneradas y osificadas; otros, por el contrario, improvisaciones creadas por el pretexto de la lucha contra la Monarquía” (cit. por Linz [1979: 89]). Con un sistema electoral complejo con el que no se acabaron de propiciar los efectos bipartidistas para los que fue concebido, los sucesivos sistemas de partidos se caracterizaron por su atomización: en cada uno de los procesos electorales celebrados en la década (1931, 1933 y 1936) consiguieron representación en Las Cortes más de veinte partidos o formaciones políticas, logrando la más grande de ellas poco más del 20% de los escaños (el 22,3, 22,2 y 20,9%, respectivamente en cada una de las tres convocatorias). La concentración de escaños entre las dos formaciones más votadas era, consiguientemente, muy baja, no llegando, siquiera, al 50%: fue del 37,2, 43,3 y 39,5%, en cada uno de los tres procesos electorales, respectivamente, lo que dificultó de forma extraordinaria la constitución de gobiernos estables que pudieran afrontar con

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Ocho de ellas entraron en vigor (la Constitución de 1912, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1937, la de 1845, la de 1969, la de 1876, la de 1931 y la vigente de 1978. Las no promulgadas fueron las de 1856 y 1873.

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expectativas de éxito los profundos conflictos y reformas pendientes de la sociedad Española de la época3. Junto a esta atomización en cuanto al número de formaciones existentes en su sistema de partidos, la otra dimensión que acabó de empujar la experiencia democrática de la II República por la pendiente del fracaso fue la alta polarización registrada en su seno. La polarización es la dimensión que nos informa acerca de la amplitud del espectro ideológico del sistema político y, más en concreto, sobre la distancia que separa en la escala ideológica a los partidos relevantes. Buena parte de los problemas de estabilidad o quiebra de los regímenes democráticos estarán relacionados con ella, ya que incide enormemente en la dirección de la competencia partidista (centrífuga o centrípeta) y en la posibilidad de que se alcancen y sean estables determinadas coaliciones parlamentarias o de gobierno. Como han manifestado Sani y Sartori (1983: 337) la eficacia y estabilidad del sistema democrático estarán estrechamente relacionadas con la polarización que se registre en su seno. La polarización durante la II República fue considerablemente alta y creciente a medida que se celebraron las sucesivas elecciones: las posturas del electorado –de la mano de los partidos políticos- fueron radicalizándose, optando en mayor medida por partidos ubicados más hacia los extremos del espectro ideológico, en la misma proporción en la que iba reduciéndose la opción a favor de partidos ubicados en el centro, que fue contundentemente atacado desde los extremos (cuadro 1). La tendencia centrífuga fue afianzándose paulatina pero tenazmente. A esta tendencia del sistema de partidos, sus dirigentes respondían radicalizando sus posiciones y rechazando la posibilidad de alcanzar coaliciones parlamentarias o de gobierno que, a la postre, condujeran al reforzamiento de la estabilidad del sistema democrático. Cuadro 1. Porcentaje de escaños en las elecciones de la II República, según ideología 1931 1936 1939 Izquierda 32,2 17,2 32,9 Centro-Izquierda 22,5 2,3 26,6 Centro 26,3 22,3 5,5 Centro-Derecha 11,2 16,2 8,6 Derecha 7,0 39,0 25,9 Fuente: Morlino (1981: 191).

A la debilidad organizativa de las formaciones partidistas, la atomización y la alta polarización de tendencia centrífuga del sistema de partidos se sumaba un alto número de formaciones antisistema o, simplemente, anti-, para las que los llamamientos a la destrucción o el debilitamiento de las instituciones del sistema cobraron más relevancia que transformar esa sociedad o modernizarla y proponer alternativas a la realidad política existente (Linz, 1979: 121). En esas condiciones, las dificultades para constituir gobiernos estables con suficiente apoyo parlamentario complicaron progresivamente la gobernabilidad. De acuerdo con los datos de Linz, de abril de 1931 a julio de 1936 hubo en nuestro país 19 Gobiernos y 8 Primeros Ministros4. España, en el entrono de los sistemas parlamentarios europeos de las décadas de 1930 y 1940, contó con los gobiernos de más corta duración, que podría calificarse, sin ambages, de efímera (cuadro 2). 3

Pueden verse los resultados electorales de cada una de las tres convocatorias en Tuñón de Lara (1986: 1.006 y 1.007). 4 Tuñón de Lara fija ese número (hasta el 12 de mayo de 1936) en 17. Puede verse la composición de cada uno de ellos en Tuñón de Lara (1986: 1.024 y 1.025).

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Cuadro 2. Promedio de la duración de los Gobiernos en distintos países años 1930-40 País Promedio en días España (1931-1936) 101 Francia (1929-1940) 165 Bélgica (1931-1939) 285 Noruega (1931-1945) 469 Checoslovaquia (1929-1938) 537 Suecia (1930-1939) 694 Holanda (1929-1939) 730 Irlanda (1932-1938) 750 Gran Bretaña (1931-1940) 1.035 Dinamarca (1929-1942) 4.750 Fuente: Linz, 1978: 111 y 112.

En el primer período (1931-1933) el partido socialista fue la única formación que podía recibir apropiadamente la denominación de partido de masas. Estuvo acompañado en Las Cortes por una plétora de pequeñas formaciones y grupos viejos y nuevos –muchos de ellos, claramente personalistas cuando no abiertamente clientelares. Los radicales, divididos en un buen número de facciones, lograron articularse paulatinamente, contando con una elevada cifra de diputados, sin llegar a ser, no obstante, la formación sobre la que pivotara el nuevo sistema de partidos. También hubo algunos partidos regionalistas que lograron representación, trasladando las demandas regionales a Las Cortes: Esquerra, el Partido Nacionalista Vasco, la Organización Regional Gallega Autónoma o la Lliga Regionalista. El sistema de partidos resultante de las elecciones de 1933 fue considerablemente distinto: la CEDA se configuró como la formación mayoritaria (pese a su incapacidad para ser partido gobernante), acompañada por el partido radical de Lerroux, que aumentó en un tercio sus diputados. El partido socialista perdió 44 de los escaños logrados en 1931, si bien se afianzó como la fuerza más votada de la izquierda (acompañado por la regionalista Ezquerra, que también vio disminuir sus escaños aproximadamente en un tercio). El resto de partidos republicanos de izquierda quedó reducido a una mínima expresión parlamentaria (elocuentemente, la Acción Republicana de Azaña pasó de 254 en 1931 a 5 escaños en 1933). Aumentaron sus escaños algunos otros partidos regionales (la Lliga pasó de 2 a 24) o de centro-derecha y derecha, como Renovación Española, los Tradicionalistas, Agrarios, etcétera, algunos de los cuales acabarían instalándose en una oposición irresponsable y abiertamente antisistema. Los intentos del Partido Radical de Lerroux por gobernar desde tendencias centrípetas fueron cuestionados, dificultados o imposibilitados por las posturas maximalistas y centrífugas del resto de partidos, y desde ambos lados del espectro ideológico. Las elecciones de febrero de 1936 arrojaron unos resultados coherentes con la situación de polarización centrífuga que se había ido configurando: el Partido Radical vio reducida su presencia en Las Cortes a 4 escaños (de los 100 que obtuvo en la anterior convocatoria), mientras que fueron reforzadas las opciones radicalizadas de izquierda y derecha, de PSOE y CEDA, así como alternativas falangistas y anarcosindicales. En ese contexto de extremado multipartidismo, las formaciones de centroizquierda con la Unión Republicana y la Izquierda Republicana, se vieron imposibilitadas para romper las tendencias centrífugas, atrayendo al centro a las grandes formaciones. La continua radicalización de las distintas formaciones, así como los

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acontecimientos que se dieron a partir del mes de julio, con el golpe de Estado y el asesinato de Calvo Sotelo, acabarían de empujar al sistema de partidos por la pendiente de la quiebra del sistema democrático. Cabe concluir esta apretada síntesis diciendo que los sucesivos sistemas de partidos entre 1931 y 1936 se caracterizaron por la atomización y la división, la polarización y el radicalismo, las oposiciones irresponsables y la falta de compromiso con el sistema político o la abierta complicidad con grupos antisistema. Las elecciones, los partidos y los sistemas de partidos fallaron como mecanismos para articular pacíficamente la convivencia democrática, generando gobiernos estables, representación y legitimidad para el sistema político. Los sucesivos sistemas de partidos no coadyuvaron a calmar una conflictiva situación social que empeoró progresivamente. Algo muy distinto de lo que ocurrió, como veremos, a partir de 1977.

3. La reinstauración democrática: sistema electoral y sistemas de partidos para la estabilidad y la gobernabilidad de un sistema político multinivel Tras casi cuarenta años de dictadura, el país se había transformado considerablemente. No es éste el lugar para extendernos en ello, pero los niveles de desarrollo económico y social no eran comparables con los que se registraban en la II República. La sociedad española era una sociedad de clases medias, consumista y preocupada, principalmente, por su bienestar económico. Era una sociedad moderada que apostaba mayoritariamente por reformas políticas paulatinas antes que por cambios bruscos o revolucionarios. Los niveles de conflictividad social y política en la transición –y, en mayor medida, después- fueron considerablemente reducidos, si se comparan con los registrados en la II República. La población española de 1977 era, como los estudios del IOP-CIS de la época pusieron de manifiesto, mayoritariamente partidaria de la democracia, si bien la cultura política generalizada no era la de una sociedad altamente comprometida e involucrada en la vida política: se registraban altas dosis de desinterés, apatía, desconfianza, rechazo y desafección respecto de la política y sus principales actores. Superado el momento fundacional, la mayor parte de los españoles optó por no involucrarse en la vida política y de los partidos, limitando su comportamiento político a los cauces electorales institucionales, demorando, así, unos cuantos años más el resurgimiento de una sociedad civil activa y crítica. Por su parte, la clase política (y social) coadyuvó a mantener y encauzar el conflicto político y social en los ámbitos institucionales, a diferencia de lo que aconteció en la década de 1930. Los líderes políticos comprendieron y compartieron esas actitudes de la población, así como las especiales circunstancias políticas del momento, dando lugar a una política de consenso que ocultó y postergó los disensos, propiciando el entendimiento generalizado entre los partidos acerca de cuestiones básicas para el sistema político y la estabilidad y la paz sociales5. Los Pactos de la Moncloa o el consenso alcanzado en la segunda fase del proceso constituyente son un buen ejemplo de esa actitud de unos líderes que descartaban la adversary politics. En esta forma de proceder y de comprender la política, tan alejada de la polarización y el radicalismo que caracterizó a la de sus predecesores de los años 1930, mucho tuvo que ver la condición de latecomers (Linz, 1986: 658 y ss.) de los partidos y 5

Por supuesto, ello tuvo sus contrapartidas. Me he ocupado específicamente de esta cuestión en Oñate (1998). Maravall (1982) aporta datos empíricos acerca de la conflictividad política y social –y su progresiva reducción- en las fechas de la transición.

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del sistema de partidos españoles. La mayor parte de los partidos políticos y, así, de los sistemas de partidos, eran formaciones nuevas o habían experimentado tales cambios que apenas podían reconocerse sus viejos programas, retórica y estilo de actuación de los años 1930. Se trataba de formaciones surgidas en un modelo de democracia también nuevo, en el que las características del partido catch-all (Kirchheimer, 1966) o electoral profesional (Panebianco, 1993) se habían impuesto sobre las del partido de masas. Esas formaciones -esos líderes “nuevos”- no soportaban ya el lastre que sus correligionarios europeos todavía tenían en sus formaciones: una vinculación aún notable a viejos principios, estilos y retórica ideológica; ligazones todavía intensas con organizaciones y grupos sociales “satélite” y de los que dependía buena parte de su enraizamiento, penetración y apoyo sociales. La nueva factura de las formaciones españolas, surgida tras cuarenta años de inexistencia o desaparición (clandestinidad), les eximió de ese lastre propio de otra época, de otra concepción de democracia, y que sólo lenta y paulatinamente va desapareciendo en las formaciones de esos países vecinos. Los partidos españoles se adaptaron mucho más rápidamente (casi se configuraron así) a la lógica de la competición electoral (Kitschelt, 1989: 88 y ss.) y a una clara concepción del partido como sistema de intereses más que como sistema de solidaridad (Panebianco, 1993: 114 y ss.). Es en este sentido en el que puede hablarse de los partidos españoles como partidos modernos, pues están más cerca del modelo del partido al que los de otros países tienden. El ser latecomers ha redundado en que se hayan podido configurar ex novo como partidos modernos, más adaptados a las nuevas circunstancias de las sociedades postindustriales avanzadas, sin las ataduras o rémoras que aún experimentan sus correligionarios europeos. El Gobierno predemocrático de Adolfo Suárez había convocado las elecciones democráticas para el 15 de junio de 1977, tras decretar varias amnistías políticas y haber legalizado casi todas las formaciones políticas de la oposición democrática, incluido el Partido Comunista de España. Los comicios se regirían por la normativa aprobada en un Decreto Ley de 18 de marzo del mismo año. En él se establecía un sistema electoral “proporcional corregido”, pero que generaba unos efectos menos proporcionales de lo que su denominación permitía esperar. El sistema aprobado por ese Decreto combinaba una Cámara Baja de reducido número de escaños (350) con la elección de la provincia como circunscripción electoral, la asignación de un mínimo de dos escaños a cada una de ellas6 (distribuyéndose los otros 248 en proporción a la respectiva población). El resultado fue la configuración de unas circunscripciones de magnitud considerablemente reducida (con 6,7 escaños de promedio, habiendo unas 30 de ellas en los que se repartían 5 o menos de 5 escaños; en muchas, sólo 3). A ello se sumaba la opción por la fórmula D´Hondt, una fórmula electoral para el reparto de escaños teóricamente proporcional, pero que sólo empieza a generar ese tipo de efectos cuando es aplicada en circunscripciones en las que se reparte un mínimo de siete escaños. No era el caso de la mayor parte de las circunscripciones españolas. Los efectos de esa “corrección” de la proporcionalidad que se buscaba dieron lugar a una fuerte sobrerrepresentación de los dos partidos más votados, con el objetivo de generar mayorías manufacturadas que aseguraran la estabilidad gubernamental que tanto escaseó en la experiencia de la II República; al tiempo, infrarrepresentando a las pequeñas formaciones que articulaban candidaturas en todo el territorio estatal se lograba que su presencia en el Congreso de los Diputados no entorpeciera la gobernabilidad del país. Estos efectos generaron una inmediata clarificación en la sopa de letras de iniciales de formaciones políticas que concurrieron a las urnas el 15 de 6

Ceuta y Melilla tenían atribuido un escaño cada una.

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junio de 1977, si bien no fue la única consecuencia política que provocaron. El sistema fue diseñado no sólo para favorecer a las formaciones grandes, al objeto de reforzar su capacidad de configurar gobiernos sólidos y estables, sino para que una de ellas obtuviera más réditos que la otra: tal y como dijo uno de los que diseñaron aquél sistema electoral, se trataba de que la UCD lograra la mayoría absoluta de escaños con mayor facilidad –con un menor porcentaje de votos- que el PSOE, jugando con la distribución de escaños entre las distintas provincias (favoreciendo a las de la España rural, donde el centro-derecha concentraba mayores apoyos, y perjudicando a las de la España urbana, donde había más ciudadanos afines al centro-izquierda)7. Y quienes tuvieron el encargo de diseñar un sistema electoral para lograr ese objetivo cumplieron bien su propósito: la UCD no logró la mayoría absoluta de escaños, pero se quedó muy cerca, resultando considerablemente más sobrerrepresentada que el PSOE. No obstante, la ingeniería electoral no siempre es simple ni unívoca en sus consecuencias, como veremos en seguida. Dos grandes partidos –de centro-derecha y de centro-izquierda- acumularon la mayor parte de escaños, contando con dos pequeños partidos de ámbito estatal en sus respectivos extremos izquierdo y derecho: el Partido Comunista de España y Alianza Popular, respectivamente. Además, junto a los partidos de ámbito estatal aparecieron o reaparecieron formaciones regionalistas o nacionalistas que sólo presentaron candidaturas en unas pocas circunscripciones: en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia,… Esas formaciones de ámbito no estatal compitieron con éxito en esas áreas con los principales partidos estatales, arrebatándoles –incluso- alguna de las primeras posiciones: al estar entre los partidos más votados en los respectivos distritos, resultaron sobrerrepresentadas –como consecuencia de los efectos mecánicos del sistema. A diferencia de lo ocurrido en las experiencias de la II República, el partido más votado rozaba la mayoría absoluta de escaños y entre las dos principales fuerzas políticas sumaban más del 80% de los mismos. Además, los dos principales partidos se ubicaban en el centro-derecha y centro-izquierda del espectro ideológico, habiéndose establecido una clara competencia centrípeta. Los resultados electorales no hicieron sino confirmar lo que las encuestas de opinión habían puesto de manifiesto con anterioridad: la inmensa mayor parte de la población española de 1977 apostaba claramente por la vía de las reformas más que por las de la revolución; por la moderación más que por las alternativas radicales; y por partidos que tendieran al centro, más que los que se apostaban en los extremos de la escala ideológica. La mayor parte del electorado español se ubicaba en el centro del espectro ideológico y los partidos que cosecharían mejores resultados compitieron por ese espacio, inaugurando una tendencia centrípeta que coadyuvó enormemente a la consolidación del sistema político. Una manifestación obvia de ello fue el escaso –casi nulo- éxito que lograron en esta experiencia democrática los partidos antisistema. Sólo dos partidos de este tipo han tenido acceso al Congreso de los Diputados: el partido independentista vasco Herri Batasuna (con sus distintas denominaciones) desde 1979 hasta 2000 (logrando entre 2 y 5 escaños en cada convocatoria) y la formación de extrema derecha Alianza Nacional en 1979 (logrando 1 escaño). Las elecciones de 1977 dieron lugar a la configuración de un modelo de sistema de partidos de pluralismo moderado, con una fragmentación considerablemente baja, tanto si se compara con la de la etapa de la II República como si se atiende a la registrada en nuestros días en otros países de nuestro entorno. Pese a que siete partidos 7

Véase Alzaga (1989:125 y 126), quien manifestó abiertamente que ese fue el encargo explícito que recibió el grupo de expertos –del que formó parte-, al que se encomendó la redacción del sistema electoral poco antes de las primeras elecciones de 1977.

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lograran estar presentes en el Congreso de los Diputados, los dos primeros concentraron más del 80% de los escaños de la Cámara, lo que permitía augurar suficiente estabilidad institucional para llevar a buen puerto la transición. Tras una primera fase de política de bloques, en la que el centro-derecha y la derecha impusieron su exigua mayoría8, la elaboración de la Constitución se condujo por las vías del acuerdo entre todas las fuerzas políticas, especialmente a partir del entendimiento alcanzado por representantes de los dos partidos mayoritarios el 22 de mayo en el restaurante José Luis (que dio nombre al pacto). El proceso constituyente se caracterizó por el consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas, que renunciaron a imponer sus concepciones particulares en aras de lograr un acuerdo sobre los elementos básicos del texto o de postergar la decisión a un momento posterior en el que no hubiera las condiciones restrictivas que se experimentaban entonces. El consenso acabó enterrando –que no resolviendo- y postergando el disenso. El resultado fue un estilo de entendimiento entre la clase política, unida en el objetivo común de establecer un orden democrático frente a aquellos poderes que ponían trabas para que fuera una realidad9. Una de las escasas excepciones a ese entendimiento generalizado fue, precisamente, la decisión acerca del sistema electoral. Mientras que la dinámica de la aprobación de los sucesivos artículos fue considerablemente fluida (los partidos negociaban en “la paralela” o “la nocturna” lo que al día siguiente se aprobaría en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas), la decisión acerca de la regulación básica del sistema electoral para Congreso de los Diputados y Senado (futuros artículos 68 y 69 del texto constitucional) se bloqueó sin solución aparente desde el momento de su inicial discusión. Los partidos de izquierda y centro-izquierda propugnaban un sistema proporcional, mientras que AP quería que se estableciera uno mayoritario. UCD prefería que el sistema electoral no quedara configurado en la Constitución. Finalmente, dándose cuenta de que aún quedaban un gran número de cuestiones por abordar y que la disputa acerca del sistema electoral estaba impidiendo que se afrontara su tratamiento, la Comisión optó por postergar la decisión sobre el sistema electoral hasta el final de sus trabajos, cuando el resto del texto estuviera ya consensuado. Los que hoy son los 68 y 69 se aprobaron en la última sesión en la que la Comisión se reunió, el 20 de junio, en un compromiso en el que ambas partes creyeron ver suficientemente satisfechas sus demandas, al pactarse un sistema de representación proporcional “corregida” para la elección del Congreso de los Diputados y uno mayoritario para la del Senado. En esos artículos se sentaban las bases del sistema electoral, reproduciendo en sus aspectos básicos, las previsiones del Decreto de 18 de marzo de 1977 de normas electorales. Curiosamente, ese mismo diseño se confirmaría cinco años más tarde, al redactarse la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LORET), ya bajo un Gobierno y una mayoría parlamentaria socialista, tendencia política que, en 1982, había sido generosamente beneficiada por el sistema electoral concebido cinco años atrás para castigarle. Una vez más, se cumplía la ley de la inercia de los sistemas electorales. La cuestión que bloqueó el proceso de elaboración consensuada de la Constitución fue resuelta sin introducir cambios significativos en el sistema. La LOREG fue aprobada casi unánimemente en el Congreso de los Diputados. 8

La estrategia de UCD y AP consistía en tratar de alcanzar el acuerdo en torno a sus posiciones y, en caso de no lograrlo, forzar la votación, que sistemáticamente ganaban, quedando desestimadas las propuestas que presentaban las fuerzas progresistas (PCE y PSOE). Esta imposición de la “mayoría mecánica” acabó provocando el abandono de la Ponencia constitucional del representante del PSOE en la misma. Véase Peces-Barba (1988: 128 y 129). 9 Acerca del papel que desempeñó la necesidad-de-consenso en aquellas circunstancias para ocultar y aplazar el disenso, remito al lector interesado a Oñate (1998).

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Los resultados de la convocatoria de 1979 supusieron, básicamente, una repetición de los de la de 1977. Quizá la novedad más importante fuera –más allá de esa misma repetición, cuando lo que cabría esperar era un reajuste del sistema de partidos tras las elecciones fundacionales- la aparición de los dos partidos antisistema que consiguieron representación parlamentaria (Herri Batasuna y Alianza Nacional). Estas dos convocatorias, de 1977 y 1979, configuraron el primer período electoral, en el que el modelo de partidos adoptó el formato del pluralismo moderado, con 4 partidos estatales de distinto tamaño, y un número no pequeño de partidos de ámbito no estatal que, en conjunto, no sumaban más del 10% de los escaños, pero que además de propiciar estabilidad gubernamental –al apoyar al partido que no había logrado la mayoría absoluta- generaban legitimidad para el sistema en sus respectivos territorios. También en 1979 se celebraron las elecciones municipales que permitieron democratizar los ayuntamientos. Los partidos de izquierdas ganaron, conjuntamente, en muchos de los principales ayuntamientos, gobernando en buena parte de los municipios y ciudades más importantes, abriendo una dinámica de gobiernos de coalición para desbancar a los partidos de derecha o centro-derecha del poder municipal. Los resultados electorales hicieron que cambiara el color político de muchos de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, sin convulsiones ni problemas de gobernabilidad. Las elecciones de 1982 abrieron el segundo período electoral (que abarcaría también a las de 1986 y 1989) con un terremoto electoral de dimensiones desconocidas en otros sistemas políticos. Suponían el reajuste del sistema, que se había retrasado desde la segunda convocatoria a la tercera. No obstante, se trató más de un cataclismo que de un reajuste. El país se hallaba inmerso en una crisis política de muy considerable magnitud, cuyas manifestaciones más obvias fueron la paulatina desintegración del partido del gobierno, la dimisión del presidente del Gobierno que había pilotado la transición a la democracia y el golpe de Estado que secuestró a todo el Gobierno y el Congreso de los Diputados mientras se votaba la investidura del nuevo Presidente. Los resultados fueron tan excepcionales como las circunstancias en las que se celebraron los comicios: la UCD, el partido que había rozado en la anterior convocatoria la mayoría absoluta no logró más que 11 escaños, como consecuencia de un proceso de desintegración que se venía anunciando a lo largo del año anterior. El PSOE alcanzó la mayoría absoluta de escaños y casi de votos: era la primera vez que un partido de izquierda gobernaría en España y la primera vez que un partido lo haría con mayoría absoluta. El segundo partido más votado, Alianza Popular, multiplicó por 4 su porcentaje de voto y por 11 su número de escaños en el Congreso de los Diputados, quedándose, no obstante, a gran distancia del partido del gobierno (20 puntos porcentuales de voto y casi 100 escaños). El PCE se vio sumido en una crisis de la que no saldría hasta finales de la década. Un nuevo partido de centro, el Centro Democrático y Social, fundado por el ex-líder de la UCD, logró un 3% del voto y 2 escaños. Los partidos de ámbito no estatal continuaron estando presentes en la Cámara –si bien en menor número en la convocatoria de 1982; su papel, dada la mayoría absoluta del PSOE fue menos relevante. Los excepcionales resultados suponían la respuesta de la ciudadanía a la situación de crisis en la que se encontraba el país, pero puede decirse que los partidos y el sistema funcionaron adecuadamente, canalizando la voluntad popular hacia una nueva configuración política de las instituciones del país. El formato del sistema de partidos pasó a ser el del sistema de partido predominante, continuándose las tendencias centrípetas, poco polarizadas y moderadas. Pese a los alarmistas titulares de algunos periódicos de extrema derecha10 y la sobra de golpe de El Alcazar tituló el 29 de octubre de 1982, para anunciar el resultado de las elecciones, “España será pasada por la izquierda”. 10

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Estado que todavía planeó sobre la convocatoria electoral, la primera alternancia en el poder se llevó a cabo sin cuestionamientos, problemas ni tensiones políticas o institucionales relevantes, aún cuando las circunstancias fueran excepcionales. La población vivió el fenómeno de la alternancia con total normalidad (cuando no con esperanzado alivio). Las elecciones de 1986 y 1989 dieron lugar a unos resultados muy similares a los de la convocatoria de 1982. La peculiaridad más importante de sus resultados fue la confirmación de los de 1982 que se habían considerado excepcionales. La única diferencia relevante fue el éxito obtenido por el CDS, que logró 19 escaños en 1986 y 14 en 1989. Su desaparición en 1993 desvaneció la impresión de que estaba llamado a jugar un papel relevante en el sistema de partidos español. La reiterada mayoría absoluta del PSOE y el techo electoral de su más inmediato competidor (AP, en torno al 25% del voto, a considerable distancia del partido gobernante) confirmaron el formato del sistema de partidos como el de partido predominante. La población vivía con total normalidad las sucesivas convocatorias electorales, participando en ellas de manera generalizada, pese a las pequeñas variaciones registradas entre unas convocatorias y otras (cuadro 3).

Cuadro 3. Participación y abstención electoral en España (elecciones generales) Elección Participación Abstención 1977 78,8 21,2 1979 68,3 31,7 1982 79,9 20,1 1986 70,5 29,5 1989 69,7 30,3 1993 76,4 23,6 1996 77,4 22,6 2000 68,7 31,3 2004 75,7 24,3 Promedio 73,9 26,1 Fuente: Argos, Archivo Electoral de la Generalitat Valenciana.

Paulatinamente, a medida que las Comunidades Autónomas se iban constituyendo (primero las históricas, luego las articuladas mediante el procedimiento contemplado en el artículo 143 de la Constitución), comenzaron a celebrarse convocatorias electorales para integrar las asambleas o parlamentos autonómicos. Las comunidades autónomas tienen competencia legislativa para establecer su propio sistema electoral, si bien casi todas ellas han optado por tomar como modelo el que se usado en el ámbito estatal para la elección del Congreso de los Diputados. Todas excepto la Región de Murcia y Asturias han adoptado la provincia como circunscripción; todas han optado por la fórmula proporcional D´Hondt, aplicada a circunscripciones de tamaño grande (nunca menor de 9 escaños); y todas utilizan listas completas, cerradas y bloqueadas. Difieren en el tamaño de la respectiva asamblea (oscilando entre los 33 escaños del Parlamento de La Rioja y los 135 del de Cataluña), así como en el criterio para repartir los escaños entre los distritos (casi todos los sistemas–excepto el del País Vasco- combinan, como se hace para el Congreso de los Diputados, el criterio territorial –un mínimo para cada circunscripción- con el de la relación con la población respectiva) y la barrera legal. Habría que pormenorizar más de lo que estas apretadas páginas permiten para dar cuenta de las consecuencias específicas

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de los respectivos sistemas electorales, pero puede decirse que sus efectos son muy similares, en tanto que todos ellos son sistemas bastante proporcionales al combinar circunscripciones en los que se reparte un considerable número de escaños con la fórmula D´Hondt. En algunas de las comunidades autónomas los partidos de ámbito estatal encontraron la competencia de formaciones de ámbito no estatal –algunas de las cuales presentaban también candidatos en las elecciones generales-, siendo desplazados, en ocasiones, de los puestos de los más votados. Así, en Cataluña o en el País Vasco, las formaciones nacionalistas se hicieron con la mayoría, accediendo a los gobiernos autonómicos, mientras que en otras esos partidos de ámbito no estatal participaban (como protagonistas o como socios) en gobiernos de coalición con los partidos de ámbito estatal, dando lugar a pautas y relaciones de competición y cooperación peculiares y plurales, muy distintas de las que se daban para el ámbito estatal. Esas comunidades autónomas se configuraron como arenas electorales específicas, en las que las pautas de competición, actores y protagonistas de la contienda electoral eran muy distintos de los que se registraban en el modelo general. El País Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias comenzaron a dibujarse como arenas electorales excéntricas (Vallès, 1991), respecto del modelo común que se daba en aquellas comunidades en las que la competición electoral se restringía a los dos principales partidos de ámbito estatal. Esta peculiaridad del comportamiento electoral dio lugar a una pluralidad simultánea de sistemas de partidos que constituye un rasgo excepcional de la política española en el contexto internacional (Oñate y Ocaña, 2005; Oñate, 2005b). Esas especificidades son constantes a lo largo del tiempo y de los distintos tipos de convocatorias, no circunscribiéndose –como es más habitual- a las elecciones de segundo orden (europeas, autonómicas y municipales), que los ciudadanos suelen considerar menos importantes al entender que en ellas hay menos en juego 11; se dan igualmente en las elecciones de primer orden, las del Congreso de los Diputados (Oñate, 2005-b). Las especificidades de los respectivos sistemas y subsistemas de partidos se mantienen estables, consolidando la pluralidad de sistemas de partidos y, así, las alternativas para que en cada comunidad autónoma las distintas sensibilidades identitarias y políticas estén adecuadamente representadas, integradas y encauzadas de manera compatible con la solidez del sistema político, progresivamente configurado como un sistema de gobierno multinivel. La ciudadanía participaba con plena normalidad en los procesos electorales autonómicos, acostumbrándose a esta nueva instancia de gobierno y de representación política a medida que se consolidaba el mayor proceso descentralizador que ha conocido nuestro país, y se conducía por canales institucionales un problema que también estuvo presente en la II República. La constante presencia de formaciones de ámbito no estatal en el Congreso de los Diputados ha sido –junto con la pluralidad simultánea de distintos sistemas y subsistemas de partidos- una de las características más peculiares del sistema de partidos español. Su número ha variado entre 7 y 9 en cada legislatura, acumulando entre el 7 y el 11% del voto y entre 24 y 35 escaños (algo menos del 10%). Su importancia ha cobrado vigor cuando ninguno de los dos partidos de ámbito estatal ha logrado alcanzar la mayoría absoluta de escaños, apoyando la estabilidad de los gobiernos de turno. Pero su relevancia para el sistema político no termina ahí. Se trata de formaciones que, como hemos dicho, compiten con éxito en su respectivo ámbito 11

Acerca de las elecciones de segundo orden, véase Reif y Schmitt (1980) y Schmitt (2005). En este tipo de elecciones es más habitual que el partido del gobierno (estatal) logre peores resultados –perdiendo, incluso, las elecciones-, mientras que las pequeñas formaciones vean mejorar los suyos.

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territorial con los partidos de estatales, ganándoles en ocasiones, y dirigiendo o participando en los gobiernos autonómicos y municipales respectivos. Además, su presencia en el Congreso de los Diputados cumple un importante papel en la legitimación del sistema estatal en sus respectivos territorios, en especial medida si obtienen mayor relevancia al resultar su apoyo imprescindible para garantizar la estabilidad del gobierno estatal de turno. Las sucesivas mayorías absolutas logradas por el PSOE en el ámbito estatal en la década de los años ochenta le eximieron de necesitar acuerdos con otras formaciones políticas. No sería sino hasta la convocatoria de 1993 cuando el partido ganador en el ámbito estatal tuvo que buscar el apoyo parlamentario de pequeñas fuerzas de ámbito no estatal. En esa convocatoria se inauguró el tercer período electoral, cuyo sistema de partidos se caracteriza porque ningún partido político logra hacerse con la mayoría absoluta de escaños. PSOE o PP (sucesor de AP desde 1990) se han tenido que apoyar en formaciones de ámbito no estatal para gozar del suficiente apoyo para sus respectivos gobiernos. Aunque la fragmentación ha aumentado ligeramente en comparación con la registrada en las elecciones del segundo período electoral, la polarización se ha mantenido estable, y la competencia sigue siendo de carácter centrípeto y tendente a la moderación. En la convocatoria de 1993 el PSOE se hizo con la victoria, si bien el PP logró romper el techo electoral establecido en los años ochenta, convirtiéndose en alternativa real de gobierno. En 1996, tras una Legislatura salpicada de escándalos por corrupción política, el PP ganó las elecciones por una exigua diferencia, dando lugar a la tercera alternancia habida en nuestro país, La vida política se había vuelto mucho más convulsa, aproximándose a la que suele ser calificada como de adversary politics. Dado que el PP no había logrado la mayoría absoluta, se apoyó también en fuerzas nacionalistas para dar la necesaria estabilidad a sus gobiernos. Pese al progresivo enconamiento de la situación política hasta la fecha electoral, el resultado fue plenamente aceptado por todos los actores y la alternancia se dio sin que el proceso fuera, en absoluto, cuestionado, con un sistema democrático plenamente consolidado e institucionalizado, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. En las elecciones de 2000 el PP logró una amplia mayoría absoluta de escaños, pero siguió contando con los partidos de ámbito no estatal, pese a que la aritmética parlamentaria le eximiera de hacerlo. Los comicios de 2004 se vivieron en las especiales circunstancias provocadas por los atentados terroristas acontecidos tres días antes de la elección y la gestión de la información en los días sucesivos por parte de los dirigentes de los dos principales partidos. Pese al enconamiento que esos acontecimientos generaron, la victoria del PSOE fue asumida por el PP al menos hasta el punto de proceder a una alternancia carente de conflictos. Aunque los líderes de este partido cuestionaron la legitimidad de la victoria del PSOE, la consideraron inapelable en cuanto a sus consecuencias institucionales. Y así lo entendieron sus votantes. Pese a que las circunstancias de la convocatoria fueron excepcionales y la Legislatura había sido pródiga en conflictos políticos y sociales12, las elecciones y el sistema de partidos desplegaron de nuevo sus efectos en cuanto a la generación de gobierno, representación y legitimidad. Habida cuenta de que el PSOE no logró ganar la mayoría absoluta de escaños, de nuevo tuvo que apoyarse en las pequeñas formaciones de ámbito no estatal (y, en esta ocasión, también estatal) para dar estabilidad a su gobierno.

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Entre otros, los provocados por la oposición a la Ley de Universidades, las reacciones a la reforma del mercado laboral, la reacción a la gestión del desastre del Prestige, la oposición al Plan Hidrológico Nacional, el rechazo al apoyo español a la coalición internacional en la Guerra de Irak…

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Dejando a salvo el caso de la elección de 2000, en el tercer período electoral el sistema de partidos ha tornado al modelo del pluralismo moderado, de tendencias centrípetas y moderadas, con baja fragmentación y alta concentración en los dos primeros partidos. Sigue habiendo un número relevante de pequeños partidos en el Congreso de los Diputados, pero sin que ello signifique un peligro para la gobernabilidad, ya que apenas suman el 10% de los escaños de la Cámara. Más bien al contrario, constituyen la opción en la que los partidos de ámbito estatal pueden encontrar apoyo cuando no logran la mayoría absoluta de escaños. Estas formaciones nunca se han involucrado en un gobierno de coalición en el ámbito estatal, sino que han preferido mantener su apoyo y compromiso en el ámbito parlamentario. La principal característica de este tercer período electoral ha sido, como se ha dicho, la necesidad de los dos partidos de ámbito estatal de buscar el apoyo de formaciones regionalistas o nacionalistas para dar estabilidad a sus respectivos gobiernos. Para lograr ese apoyo los sucesivos gobiernos tuvieron que atender algunas de las demandas de esas formaciones no estatales, concretadas normalmente en transferencias competenciales para sus entidades autonómicas o en mayores tasas de inversiones estatales en sus respectivos territorios. Ello provocó que el sistema electoral fuera criticado por supeditar la gobernabilidad estatal a los intereses de pequeñas formaciones de ámbito no estatal. Algún líder llegó a proponer, vagamente, la reforma del sistema electoral para que esas formaciones nacionalistas tuvieran menor peso en el Congreso de los Diputados13. Lógicamente, ello hubiera redundado en el nivel de apoyo y legitimación del sistema estatal entre la población de las comunidades autónomas a las que representan esas formaciones nacionalistas. En todo caso, ambos partidos, PSOE y PP, consiguieron el apoyo de las fuerzas nacionalistas para sus respectivos gobiernos, sin que las propuestas de reforma del sistema electoral llegaran a concretarse. Los bajos niveles de fragmentación y de polarización registrados desde 1977, y la presencia en el Congreso de los Diputados de pequeños partidos de ámbito no estatal (que ofrecen posibilidades de coalición a los que ganan las elecciones sin mayorías absolutas) han dado lugar a gobiernos muy estables, pese a que todos ellos fueran gobiernos monocolor y que en cinco de las nueve legislaturas su partido no contara con mayoría absoluta en la Cámara. Los gobiernos han estado generalmente apoyados por una mayoría absoluta bien de un solo partido o de varios de ellos, pero generalmente estable. La disolución de las Cámaras se ha adelantado significativamente en muy pocas ocasiones. En el resto, las legislaturas se han extendido hasta casi completar su plazo máximo. Si se consideran los cambios institucionales, políticos y sociales que se han dado en ese período, así como los conflictos y tensiones que el sistema ha experimentado, resulta casi admirable que los gobiernos hayan disfrutado de tanta estabilidad (cuadro 4), que elevada incluso si se compara con la que hoy se registra en otros países europeos. Más aún si se comparan con la alcanzada en la experiencia de la II República (cuadro 2). El resultado del actual período democrático, en términos de rendimiento institucional, no puede ser calificado sino de satisfactorio. Cuadro 4. Duración de los gobiernos en España (1977-2004) Gobierno Investidura Dimisión/cese Duración máxima Suárez I 17.06.77 02.03.79 Suárez II 04.04.79 29.01.81 1.427

Duración (en días) 654 665

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Rodríguez Ibarra, Presidente de la Comunidad de Extremadura, insistió varias veces en esta idea, para tratar de contrarrestar los beneficios que esas formaciones nacionalistas logran de su capacidad de coalición en el Congreso de los Diputados.

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Calvo-Sotelo González I González II González III González IV Aznar I Aznar II

25.02.81 01.12.82 23.07.86 05.12.89 10.06.93 05.05.96 26.04.00

29.10.82 23.06.86 30.10.89 07.06.93 04.03.96 18.01.00 19.01.04

Promedio Fuente: J. M. Reniu, http://www.???.

735 1.427 1.430 1.424 1.457 1.403 1.417

614 1.299 1.190 1.279 997 1.325 1.376

1.340

1.044

4. Algunas pautas de la cultura política española: legitimidad con desafección No obstante, pese a que se deba afirmar el positivo rendimiento institucional del sistema electoral y de partidos, habría que hacer alguna consideración acerca de la manera en la que los españoles han vivido la democracia en este mismo período. Desde la transición son una abrumadora mayoría -siempre por encima del 70% (en los últimos años, por encima del 85%)- los españoles que prefieren un sistema democrático a uno de corte autoritario14. El sistema político democrático ha gozado desde la transición y de forma ininterrumpida de altas tasas de apoyo difuso (Easton) o de legitimidad (Linz), que implican considerables reservas de apoyo al sistema por parte de la ciudadanía, independiente de la coyuntura del momento. No obstante, y pese a que son más los que piensan que la democracia funciona muy o bastante bien, son altas las tasas de ciudadanos que opinan que funciona mal o bastante mal. Además, los ciudadanos que tienen sentimientos de interés y compromiso por la política son una minoría, siendo muchos más los que sienten indiferencia o rechazo y desconfianza, como se aprecia en las respuestas recogidas en el cuadro5.

Cuadro 5. Sentimientos ante la política en España (1980-2002) 1980 1985 1989 Indiferencia/aburrimiento 53,3 43,6 46,7 Interés/pasión/compromiso 25,8 28,1 24,6 Rechazo/disgusto/desconfianza 15,2 22,0 21,2 No sabe/no contesta 5,7 6,3 7,5 Total 100,0 100,0 100,0

1995 46,4 13,2 36,0 4,4 100,0

2002 42,0 20,4 33,7 3,9 100,0

Fuente: Estudios CIS números 1.237, 1.461, 1.788, 2.154 y 2.250.

En el mismo sentido, los que hablan de política con poca o ninguna frecuencia suelen ser, de forma sistemática desde 1980, más del doble que los que lo hacen con bastante o mucha frecuencia. Coherentemente con no estar interesados por la política y hablar poco de temas políticos, la mayor parte de los ciudadanos tienen la sensación de que la política es demasiado compleja para poder entender lo que pasa, si bien esa mayoría –aún manteniéndose como tal- ha dejado de ser tan amplia desde 199015. Estas 14

Para esta y sucesivas cuestiones, se han utilizado los Estudios del CIS números 1.237, 1.461, 1.788, 2154, 2.218, 2.240, 2.450, 2.572 y 2.575. 15 Los que pensaban que la política era demasiado compleja para poder entender lo que pasaba eran el triple de los que creían lo contrario (60% frente al 20%), mientras que a partir de 1990 los porcentajes

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cifras pueden claramente ser consideradas como evidencia de altas tasas de ineficacia interna o subjetiva, que llevaría a buena parte de la población a sentirse incapaz de entender –más aún, participar en- la política. Complementariamente, se registran también altas tasas de ineficacia externa, que se manifiesta en que la mayoría de los ciudadanos cree que quienes ocupan el poder no atienden a sus opiniones o intereses: los ciudadanos que consideran que los políticos no se preocupan por lo que piensa la gente como ellos son –sistemáticamente- el triple de los que piensan lo contrario. No sólo creen que no están capacitados para entender y participar en política, sino que además piensan que el sistema no les tiene en cuenta al no atender adecuadamente a sus demandas e intereses (evidenciando bajas tasas de responsiviness). Considerando lo extendido de esas actitudes de ineficacia interna y externa no extraña que la mayoría de los electores no se sientan personalmente vinculados con los resultados de las elecciones, los partidos por los que votaron o sus representantes, como se aprecia en las respuestas recogidas en el cuadro 6.

Cuadro 6. Sentimiento cuando se oye criticar al partido por el que se votó (1985-1995) 1985 1989 1995 Me molesta como una crítica a mí 9,8 11,5 10,0 No me molesta, pero no me gusta 27,8 26,7 31,9 Me es indiferente 48,2 46,5 46,1 No sabe/no contesta 14,2 15,3 12,0 Total 100,0 100,0 100,0 Fuente: Estudios CIS números 1.461, 1.788, 2.154.

En el mismo sentido, tampoco sorprende que los ciudadanos se sientan poco representados por aquellos que toman las decisiones políticas y les representan, así como poco satisfechos con su trabajo: sólo el 28,4% se siente satisfecho con el trabajo de los diputados, mientras los que se sienten insatisfechos suman un 53,3%16. El 72% de los españoles piensa que a la hora de adoptar decisiones políticas, los diputados tienen en cuenta la opinión de los líderes de su partido (el 14% piensa que la tienen en cuenta poco o nada), mientras que sólo para el 31% tienen en cuenta la opinión de los electores de su circunscripción (el 53% piensa que la tienen en cuenta poco o nada), o para el 35% la de la opinión pública en general (el 52% piensa que la tienen poco o nada en cuenta)17. Similares opiniones se registran en cuanto a los aspectos a los que conceden importancia los diputados en su trabajo, como se aprecia en la distribución de respuestas incluidas en el cuadro 7. Por encima de las funciones que se supone son propias de su actividad representativa institucional, los ciudadanos piensan que los diputados atienden prioritariamente a defender los intereses de sus respectivos partidos. Cuadro 7. Importancia que conceden los diputados en su trabajo a distintas cuestiones Mucho y Poco y nada bastante Representar a los ciudadanos 43,7 45,8 Elaborar leyes 65,2 21,7 respectivos se han aproximado (50% frente al 35%), si bien esta reducción de las diferencias no puede ocultar que siguen siendo más los primeros. 16 Las cifras corresponden al Estudio 2.240 del CIS de 1997. En 2002 (Estudio 2.572), las cifras eran, respectivamente, de 31,6 y 51,9%. 17 Estudio 2.572, de septiembre de 2004.

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Resolver los problemas del país Controlar la actuación del Gobierno Defender los intereses de su partido Elaborar los presupuestos generales del Estado Representar los intereses de su provincia o comunidad autónoma

45,4 51,7 82,1 64,6 53,0

44,9 24,3 8,5 19,4 35,4

Fuente: Estudio número 2.572 del CIS, de septiembre de 2004.

Pese a que muchas de estas pautas de la cultura política de los españoles son comunes a otros países europeos, en los que las democracias gozan de mayor longevidad, en España alcanzan niveles extremos, compartidos –en ocasiones- con las jóvenes democracias del Sur de Europa y de los países del Este (Ferrer, 2005; Martín, 2005; Pena y Torcal, 2005). Se trata de pautas que evidencian extendidos sentimientos de ineficacia interna y externa, apatía y desafección políticas que, sin embargo –al igual que ocurre en muchos otros países (Klingemann, 1999; Dalton, 1999)-, no llevan a los ciudadanos a perder sus convicciones democráticas ni su satisfacción general con el funcionamiento del sistema. ¿Por cuánto tiempo?

5. Conclusión El sistema electoral establecido en la transición para la elección del Congreso de los Diputados fue criticado desde su misma adopción, proponiéndose desde entonces su reforma. Las principales críticas se han centrado en tres aspectos: en que era considerablemente desproporcional, en beneficio de los grandes partidos; en la utilización de listas completas, cerradas y bloqueadas, a las que achacaba la responsabilidad por muchos de los males que puedan acuciar a nuestra democracia18; y las derivadas del excesivo protagonismo (y beneficios para sus respectivas comunidades autónomas) que se atribuye a las fuerzas de ámbito no estatal en las que los partidos estatales se apoyan cuando no logran mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados. La ley de la inercia de los sistemas electorales, en virtud de la cual nunca resultan reformados salvo en momentos de crisis institucional, se ha cumplido también en el caso español. Y no sólo se ha cumplido, sino que el sistema electoral utilizado en el ámbito estatal se ha reproducido en sus aspectos básicos para los otros tipos de elecciones: municipales, europeas y (con competencia legislativa plena de cada comunidad autónoma) autonómicas. Pero, sin negar los efectos desproporcionales que se derivan del sistema electoral y aceptando alguna de las críticas relativas a las listas electorales, cabe analizar el rendimiento del sistema electoral desde la perspectiva del sistema político en su conjunto. Desde esta óptica, cabe afirmar que el sistema electoral ha cumplido adecuadamente su propósito de provocar elecciones que han generado gobiernos estables y sólidos; han generado representación en distintos niveles de gobierno (europeo, estatal, autonómico y municipal); y han generado altas tasas de legitimidad para todo el sistema político. Ni siquiera en los momentos de mayor tensión y conflicto político y social se ha cuestionado el resultado de los procesos electorales y sus 18

Estos males son compartidos, en gran medida, por otros sistemas políticos que no usan esos tipos de listas: desvinculación electores-elegidos e irresponsabilidad (non-accountability) del representante, preponderancia de las maquinarias de los partidos sobre el representante, dependencia del diputado, etcétera.

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consecuencias institucionales. Y todo ello al tiempo que se desplegaba y consolidaba institucionalmente un nuevo sistema democrático (hasta ahora, el más longevo de toda nuestra historia política), se desarrollaba el mayor proceso descentralizador que nuestro país ha conocido, se transformaba (o acababa de transformar) la sociedad culminando el proceso modernizador e incorporándose en el de la postmodernidad, España se integraba plenamente –por fin- en Europa, y se resolvían -más que satisfactoriamentemuchos de los problemas que condujeron al fracaso a la anterior experiencia democrática de la II República. Por mucho que la calidad de nuestro sistema democrático sea cuestionable en cuanto a la manera en la que los ciudadanos lo sienten, viven e integran, puede decirse que el resultado de este intento por establecer una democracia en España ha sido -a diferencia del de la II República- exitoso. El sistema electoral, los partidos y los sistemas de partidos han coadyuvado en buena medida a que en esta ocasión sí fuera posible.

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6. Referencias bibliográficas Alzaga, O. (1989), “I rapporti tra Capo dello Stato, Goberno e Parlamento”, en G. Rolla (ed.), Il X aniversario della Constituzione spagnola: bilancio, problemi e prospettive, Siena, Centro Stampa della Facoltà de Scienze Economiche e Bancarie. Dalton, R. J. (1999), “Political Support in Advanced Industrial Democracies”, en en P. Norris (ed.), Critizal Citizens. Global Support for Democratic Governance, Oxford, Oxford University Press (57-77). Ferrer, M. (2005), “Participación política”, en M. Torcal, L. Morales y S. Pérez-Nievas (eds.), España: sociedad y política en perspectiva comparada, Valencia, Tirant lo Blanch (221-236). Freedom House, “Democracy´s Century: A Survey of Global Political Change in the 20th Century”, New York, Freedom House, 2000. Kirhheimer, O. (1966), "The Transformation of Western European Party Systems", en LaPalombara y Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton University Press, New Jersey (177-200). Kitschelt, H. (1989): Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany, Ithaca/Cornell University Press, New York. Klingemann, H-D. (1999), “Mapping Political Support in the 1990s: A Global Analysis”, en P. Norris (ed.), Critizal Citizens. Global Support for Democratic Governance, Oxford, Oxford University Press (31-56). Linz, J. J. (1978), “Crisis, breakdown, and reequilibration”, en J. J. Linz y A. Stepan (eds.), Breakdown of democratic regimes, Baltimore, Johns Hopkins University Press. _____ (1979), El sistema de partidos en España, Madrid, Narcea. _____ (1986), “Consideraciones finales”, en J. J. Linz y J. R. Montero (eds.), Crisis y cambio. Electores y partidos en la España de los años ochenta, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales (645-662). López Pintor, R. (1982), La opinión pública española: del Franquismo a la Democracia, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. Maravall, J. M. (1982), La política de la transición. Madrid, Taurus. Martín, I (2005), “Interés por la política y desapego político”, en M. Torcal, L. Morales y S. Pérez-Nievas (eds.), España: sociedad y política en perspectiva comparada, Valencia, Tirant lo Blanch (63-82). Montero, J. R., R. Gunther y M. Torcal (1998), “Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 83 (9-49). Morán, M. L. y J. Benedicto (1995), La cultura política de los españoles. Un ensayo de reinterpretación, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. _____ (1995), Los resultados de la democracia, Madrid, Alianza Editorial. Morlino, L. (1981), Dalla democracia all´autoritarismo. Il caso spagnolo in prospettiva comparata, Bolonia, Il Mulino. Oñate, P. (1998), Consenso e ideología en la transición política española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. _____ (2005), “Participación política, partidos y nuevos movimientos sociales”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 194, mayo-agosto, 2005.

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_____ (2005-b) “La competición electoral y las arenas electorales en España desde una perspectiva multinivel”, Ponencia presentada en el VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, Madrid, 21 a 23 de septiembre de 2005. Oñate, P. y F. Ocaña (1999), Análisis de datos electorales, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. _____ (2005), “Elecciones de 2000 y sistemas de partidos en España. ¿Tanto cambio electoral?”, Revista Española de Ciencia Política, 13 (en prensa). Panebianco, A. (1993), Modelos de partido, Madrid, Alianza. Peces Barba, G. (1988), La elaboración de la Constitución de 1978, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. Pena, J. y M. Torcal (2005), “Desafección institucional”, en M. Torcal, L. Morales y S. Pérez-Nievas (eds.), España: sociedad y política en perspectiva comparada, Valencia, Tirant lo Blanch (83-96). Reif, K. y H. Schmitt (1980), “Nine Second Order National Elections. A conceptual Framework for the Analysis of the European Election Results, European Journal of Political Research, 8 (3-44). Sani, G. y G. Sartori (1983), “Polarization, fragmentation and competition in Western Democracias”, en H. Daalder y P. Mair (eds.), Western European Party Systems. Continuity and Change, Londres, Sage (307-340). Sartori, G. (1987), Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza. Schmitt, H. (2005), “Las elecciones al Parlamento Europeo de 2004: ¿todavía elecciones de segundo orden?”, en J. Molins y P. Oñate (eds.), Elecciones y competición electoral en la España multinivel, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (en prensa). Tuñón de Lara, M. (1986), “La II República”, en A. Blanco Fejeiro et al., Historia de España, Madrid, Historia 16 (987-1035).

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