El problema de la Legitimidad electoral y política en Honduras.- Dictamen técnico del proceso electoral en una democracia postrada…

10 de Diciembre de 2013.



INFORME DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN HONDURAS.-
Dr. Enrique Trigueros M.[1]
Instituto Nacional de Administración Pública, (MÉXICO)

"Al Pueblo de Honduras en su tránsito a la democracia…"






Introducción.-



Un evento con toda la pertinencia para la Observación Internacional en
América Latina es sin duda el proceso electoral en Honduras. Siendo este,
un país que no ha terminado de resolver profundos conflictos entre el poder
político y la sociedad, Honduras vuelve a someterse a una elección en una
democracia postrada, que no asegura la calidad mínima de sus instituciones,
como sus vecinas naciones centroamericanas, que han podido transitar y
superar, desde hace varias décadas, el recelo de ser consideradas
democracias fictas. El caso hondureño llama la atención no solo por las muy
visibles huellas que dejo el Golpe de Estado del 28 de Junio de 2009, sino
por la beligerancia que han mostrado las principales fuerzas políticas hoy
nuevamente en una disputa post-electoral y que desafortunadamente el
gobierno hondureño y sus instituciones no pueden garantizar un proceso
nítido y democrático con la plena credibilidad y confiabilidad en los
resultados computados. Con este crudo antecedente no se alcanza un mejor
ambiente para la celebración de elecciones que pruebe la intencionalidad de
las autoridades políticas por legitimar su mandato.

Honduras es un istmo dentro del istmo centroamericano en el tema de los
derechos civiles y sociales que merece una especial forma de vigilancia
para los derechos humanos y para los procesos de reinserción democrática,
los que no acaban de legitimarse en este país. Nación que presenta una de
las estructuras partidarias más añejas y más conservadoras en el ámbito de
las ofertas políticas liberales, la república hondureña tiene un sistema
político sedimentado en viejas prácticas de competencia electoral entre dos
partidos: El Partido Liberal y el Partido Nacional de los cuales solo
recientemente después del Golpe de Estado de 2009, se ha podido ampliar la
competencia con dos nuevas fuerzas; una vinculada por la fuerza de la
ciudadanía a una opción de izquierda social, con un perfil bajo en sus
demandas y con políticos herederos del Partido Liberal de Honduras, del que
salieron después de la crisis política que derrocó al entonces Presidente
Manuel Zelaya Rosales; el otro un partido también de reciente creación que
sin un perfil ideológico definido, llega con un discurso difuso basado solo
en las prácticas de la Administración Pública y sin comprometer acción
alguna cuando se convierta en gobierno nacional o municipal.

Las elecciones hondureñas son un acontecimiento que jala la mirada de
muchos actores, siendo el centro de atención para la misma Europa y el
resto de América Latina, cuyo interés es ver el desenlace de la crisis de
legitimidad en Honduras. El sistema político hondureño permite reconocer a
grandes rasgos y por sus características propias, las carencias de una
democracia no probada y donde el cargo de la prueba por la legitimidad del
régimen corresponde sin duda a las autoridades administrativas, al poder
político que se ha cerrado en un monopartidismo y a los funcionarios de la
entidad administrativa del Gobierno llamada Tribunal Supremo Electoral.



El Proceso Electoral en Honduras.-



La política de un país es una estructura compleja de distribución del poder
político en varias instancias, esa estructura puede reflejar de alguna
forma un sistema de contrapesos, contrario a un sistema monolítico que
detente o contenga toda forma de expresión de los diferentes signos y
vinculaciones políticas. El caso hondureño llama la atención por la
polarización de sus grupos económicos que han concentrado su fuerza entorno
a un solo polo de atracción partidista.

Según el informe de CIPRODEH, COFADEH y la Federación Internacional de
Derechos Humanos, (FIDH) presentado recientemente el 25 de noviembre de
2013, las elecciones en Honduras se han desarrollado en un contexto de
militarización y menoscabo de las libertades y derechos fundamentales,
siendo las sistemáticas violaciones a los derechos humanos la prueba de que
el sistema electoral se encuentra cuestionado. Aunado a este menoscabo de
la legalidad, sus instituciones jurídicas se encuentran de la misma forma
cuestionadas por eventos políticos que dan cuenta de una constante
transgresión a sus instituciones e instancias judiciales, mismas que por la
intervención política no pueden ser la solución para dirimir y resolver el
conflicto social por medios pacíficos.-

Sin una causa o fenómeno que justifique el recrudecimiento de la violencia
por motivaciones políticas, la MISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FIDH, hizo una
evaluación sobre el funcionamiento de las instituciones de procuración de
justicia y de la misma Corte Suprema de Justicia. En este contexto es
relevante que a pesar de que los derechos humanos y procuración de justicia
son asignaturas de una textura muy delicada en Honduras por hechos durante
la década de los años ochenta como la ministración de justicia a presos
políticos y desapariciones forzadas por los militares de más alto rango, a
la que se suman los hechos sangrientos del golpe de Estado de 2009 y
sucesos lamentables como el incendio de centros penales que tuvieron lugar
en 2011.

A estos hechos, se suma la crisis del Poder Judicial que se originó en la
reciente destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
donde se demuestra la evidente fragilidad del poder judicial frente a la
interferencia e intervención de actores políticos, destacadamente los
diputados de fracción, que siguiendo las consignas de un partido político
—el Partido Nacional—, en la Cámara Baja evidencian la concentración de
poder por parte de la Presidencia del Congreso[2] y de la Cámara de
Diputados; poder que de forma significativa tenía el Sr. Juan Orlando
Hernández, actual Candidato a la Presidencia por el Partido Nacional.

Por si ello no fuera suficiente, se tienen las acusaciones del nombramiento
ilegitimo de dos fiscales (Fiscal General y Fiscal Adjunto) y la nominación
de los miembros del Consejo de la Magistratura a ocupar dichos cargos, con
lo que poca esperanza puede ofrecer un sistema de justicia que es incapaz
de mantener su autonomía para procesar el conflicto político y ser
eficiente en la validación de un proceso post-electoral.







Si lo anterior, hace endeblemente frágil el proceso electoral hondureño
frente a la baja institucionalidad del gobierno y de los poderes judicial y
legislativo, el asesinato de líderes y activistas del movimiento social y
político independiente, hace insostenible poder calificar las elecciones
hondureñas como "normales" y que asegure que se desarrollaron en un clima
de estabilidad y probada legalidad y apertura política.-

El actual consenso político se basa en la incertidumbre que no solo se
puede calificar como "imbuido en una violencia política" sino como de una
represión generalizada, ya que se tiene entre las defunciones por
motivaciones políticas la muerte de periodistas y líderes de movimientos
cívicos, indigenistas y ambientales. La Misión de la FIDH documentó la
gravedad de la muerte de más de 39 asesinatos y 6 atentados contra la vida,
en su mayoría, activistas, candidatos municipales y políticos del Partido
Libertad y Refundación, conocido como "Libre".

Pero esta represión civil también la resienten los actores pertenecientes a
Movimientos como la persecución y judicialización de las actividades de
"protesta civil" que hiciera la lideresa del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). En ello, no
sobra decir que el país se encuentra en una permanente militarización de su
vida social, política y cívica tanto en zonas urbanas como rurales.

Poca esperanza, con estas debilidades, puede aportar el proceso electoral
para mejorar las condiciones democráticas y de solución de los problemas
sociales de los hondureños, por lo que estos antecedentes solo abonan en
acusar sobre la profunda vulnerabilidad y poca credibilidad del proceso
electoral.

Finalmente como dice el Informe de la Comisión de Verdad de Honduras
(2013): "El hecho de contar con una de las poblaciones con más alta
marginación y ausencia completa de un esquema de redistribución del
ingreso, que hace de Honduras uno de los países más desiguales del
continente, la represión se constituye como la clave de la denominación
política de los grupos de poder, que impiden aceptar el consenso como forma
regular de dirimir el conflicto político, y que hace del uso de la
violencia política, la constante que sufre la sociedad hondureña" [3]



El Andamiaje Institucional. La Ley Electoral.-



Solo en una sociedad con poca pluralidad política, la ausencia de
respuestas institucionales cabales, que también se suman al cierre de las
alternativas políticas es que no se puede entender la disposición al cambio
democrático que dice demostrar el régimen hondureño. Así dispuesta, la
lectura que se hace de la realidad nacional solo es bajo los signos, no
siempre claros, que hace la autoridad administrativa y política. En este
sentido las reglas del juego democrático no pueden ventilar lo que la
"forma hacen en el fondo", pues no existe la voluntad política de someter
a concurso el poder político y con ello consolidar la solidez Institucional
y democrática de esta república.

Es de esta forma, como se puede definir la configuración política de un
régimen y de sus instituciones, entre las que se tiene en forma destacada a
las leyes y la normatividad institucional. Huelga por ello decir que en
Honduras las leyes no muestran una apertura democrática que pueda mostrar
una intencionalidad política a cabalidad que asegure el tránsito pacífico
hacia nuevas alternativas de decisión y de conformación política.

Nacida esta estructura legal de la llamada "normalización" de las
relaciones del Estado Hondureño con las fuerzas políticas surgidas de los
acontecimientos del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Ley
Electoral se establece como instancia que liquidaba el enfrentamiento entre
esas dos fuerzas políticas emergidas de ese conflicto, por un lado el
propio Gobierno Nacional elegido en medio de la crisis política, mediante
unas elecciones bajo el control del Ejército y saludadas por el alto mando
de todos los militares en activo; por su parte la otra gran fuerza que se
aglutinó entorno a la protesta social fue la de la Sociedad Civil
Organizada más los ciudadanos que se sintieron convocados, en el ya
existente, Movimiento Nacional de Resistencia Popular aglutinador de un
amplio espectro de organizaciones y movimientos por los derechos civiles
que protestaron por la brutalidad del golpe militar.

Así bien, las elecciones hondureñas están basadas en una amplia cobertura
legal, que se conforma en primer término por la Ley Electoral; otras leyes
complementarias conjuntamente con diversos Decretos sustantivos y la
promulgación de reglamentos complementarios, emitidos estos últimos, por la
autoridad administrativa del Tribunal Supremo Electoral, (TSE).

Como ya se ha señalado, al Tribunal Supremo Electoral —y no a los
diputados—, les correspondió hacer la reglamentación de Seis normativas
reglamentarias como son: 1). El reglamento de Inscripción de Candidatos,
2). Reglamentación de la Propaganda Electoral. 3). Los procedimientos de
traslados domiciliarios. 4). Las condiciones de la Observación Electoral
Nacional e Internacional. 5). El propio sistema de Escrutinio y Cómputo, y
6). La reglamentación de los funcionarios de las Mesas Electorales
Receptoras. Todos estos instrumentos promulgados por la autoridad
administrativa del TSE, no prueban la generosidad del sistema para entender
que las omisiones y pobre redacción procedimental que acusan, no son
exprofesas para obnubilar la transparencia electoral. En ese sentido el
papel del Tribunal Supremo Electoral ha sido el de legislar a través de la
reglamentación sustantiva y que pretende justificar la legalidad de su
sanción en hacer operacional la Ley y la norma constitucional pero sin el
concurso y credibilidad del poder legislativo o de la instancia del Consejo
Consultivo de los Partidos Políticos.

Esta estructura institucional representada por el conjunto de leyes y los
ordenamientos legales dispuestos por el TSE, no prueban la solvencia moral
de un proceso electoral abierto y limpio. En cambio esta legislación
electoral muestra que un instrumento legal, que es la propia Ley Electoral,
no permite avanzar más allá de la descripción de instancias y
procedimientos rudimentarios que no previenen un proceso fraudulento. Se
asemeja mucho a los códigos electorales que existieron en toda América
Latina en la década de los años setentas y ochentas, destacadamente la Ley
de Organizaciones y Procesos Federales Electorales de México (LOPFE) que no
permitió que emergieran particularmente las organizaciones de izquierda,
limitadas por una serie de requisitos que demandaba la autoridad electoral,
con la excusa basada en un discurso que reclamaba la entidad jurídica de la
soberanía nacional y depositaria de la autoridad federal suprema.

También la Ley Electoral de Honduras se complementa por la Ley del Registro
Nacional de las Personas (2005), con mejor probidad, pero que dicho
instrumento legal no fue sometido propiamente a una auditoría profunda que
hubiere tranquilizado el celo de todos los partidos políticos nacionales
por las fallas que acusaba el Censo de los electores.

Dentro de las graves carencias que presenta la legislación electoral
hondureña es la relativa a la Justicia Electoral, dicho de otra forma, la
ley presenta una carencia muy clara, que impide que, en el seno del propio
Tribunal Supremo Electoral se pueda tener la certidumbre de suministrar la
justicia electoral y que los vicios carencias y denuncias no sean
transitadas hacia la procuraduría de justicia ordinaria y los juzgados del
fuero común tanto civiles como penales. Con esto último, la carencia de
procedimientos solventes, en etapas tan críticas como la probanza de la
fidelidad de la documentación electoral que fue trasmitida por los canales
y escáneres oficiales, o también, la comprobación que pueda extenderse para
que el Consejo Consultivo de los Partidos Políticos, —instancia
supuestamente de representación de los Partidos— pueda dar confiabilidad a
los actos jurídicos de la autoridad electoral y pueda verificar el soporte
testimonial de los actos sancionados y declarados legales por el tribunal.

Sin embargo muy lejos de ello, queda toda esta estructura legal en lograr
la confianza declarada en los medios, pues los procedimientos que se
ocuparon en la noche del cierre de la elección el domingo 24 de noviembre
de 2013 dejo ver que no fue la preocupación de la autoridad electoral
permitir que desde los partidos políticos, pero aún también desde la misma
observación nacional e internacional, se pudieran auditar la recepción de
la transmisión de los resultados del cómputo que se sucedieron tan pronto
cerraron las urnas de las MER´S. En cambio la sistematización que se
observo fue más hacia encerrar cualquier duda o argumento en la negación de
toda supuesta duda razonable sobre la verificación o falsación de los
resultados y de la tendencia así marcada como tal con las 4 apariciones de
los Magistrados de la unidad administrativa conocida como Tribunal Supremo
Electoral.

En suma, este marco legal limitado hace que el proceso electoral en
Honduras no se pueda auditar desde sus instancias e instrumentos mismos y
aún desde la instancia del Consejo Consultivo y de los propios partidos
políticos. Con ello se quiso definir una suprema calidad democrática donde
los actores principales, destacadamente los partidos políticos no pueden
conformarse como actores políticos relevantes, quedando la autoridad y sus
funcionarios como los únicos garantes de las reglas e instrumentos plenos
para darle confianza al proceso electoral.

Así no es claro el paradero que tendrán todos los actos reclamatorios que
le corresponde resolver al Tribunal Supremo Electoral pues ya se ha
denunciado los incumplimientos que este ha tenido para aplazar la
resolución, rechazar las denuncias o transferirlas a otras autoridades del
fuero común. Visto el estado de los autos del proceso y que el tribunal se
apresuró a dar como tendencias "matemáticas" el porcentaje de votos
procesados en niveles como el 11.0% el 24.55% o el 38.0% y no a privilegiar
la entregas de resultados seleccionados como parte de una "Muestra
Representativa del Comportamiento de la Elección Nacional"; que se suma a
las felicitaciones anticipadas del Presidente José Porfirio Lobo Sosa; y a
que son naturalizadas como Transparentes por organismos internacionales
como la OEA y la Unión Europea; llegando finalmente, en este recuento, a la
declaratoria del TSE, el jueves 12 de diciembre de 2013 como Presidente
Electo al Sr. Juan Orlando Hernández.



La Jornada del 24 de Noviembre de 2013.-

Los vicios, que adoleció el proceso electoral en Honduras el domingo 24 de
noviembre de 2013, aporta un sinnúmero de testimonios y probanzas que dan
cuenta de un juego desigual en todo su desarrollo: Inicio, desarrollo de la
Jornada de votación y finalmente, el Cierre de urnas; a favor del
candidato oficialista del Partido Nacional.







Las mesas de Información que los partidos instalaron afuera de los Centros
de Votación, en escuelas y otras locaciones daban cuenta de una cantidad
muy superior de personas contratadas por el partido Nacional para la
promoción del voto. En esas mesas informativas no solo se daba la
orientación a los votantes sobre la Mesa Electoral Receptora que les
correspondía, sino que en plena jornada electoral, se estaban entregando
las tarjetas de descuento y de pago llamadas "Cachurecas", con lo que se
constituye una clara violación a la práctica más condenada en todos los
países como es la "COMPRA DEL VOTO" y la "INDUCCIÓN DIRIGIDA A VOTANTES POR
UN CANDIDATO DETERMINADO". Dicha práctica no pudo constatarse en el resto
de partidos políticos en la contienda, en los 6 centros de votación a los
que visitamos como delegación número 9 de Observadores Internacionales
enviados por el Tribunal Supremo Electoral.









Otra deficiencia que se pudo documentar fotográficamente fue el uso
excesivo del traslado de votantes desde las colonias y barrios en
Tegucigalpa y sus alrededores. Esta práctica se vio particularmente en las
colonias periféricas donde en convoyes de varias camionetas trasladaban en
sus pailas a los votantes. Desde muy temprano se vieron en zonas como Santa
Lucia, en el acceso principal, pero también en todo el tramo de la
carretera a Valle de Ángeles, el convoy de camionetas, conocidas como el
tipo "pick upo" se encontraron desde las 6.30 horas de la mañana recogiendo
votantes y trasladándolos a las mesas de votación. Esta modalidad se
encuentra plenamente tipificada en las prácticas no solventes que previenen
sobre los ilícitos electorales que es posible evitar en las contiendas
electorales.

Esta práctica de prestar servicio de traslado se conoce como "ACARREO DE
VOTANTES", [4] y es condenable por cuanto hace que los posibles votantes se
les oficialice como comprometidos a votar por alguna promesa o concertación
previa que los obligue a dar su voto. Como se puede ver en la foto
siguiente, este traslado se realizaba con la identificación del personal
del partido político —Nacional o también del partido Liberal— y la
identificación con banderas partidarias en los vehículos que incurrieron en
dicho ilícito.









El uso de símbolos patrios es una de las excusas más socorridas por los
gobiernos que no siguen prácticas limpias para inducir el voto. Por lo
mismo, los organismos de observación destacadamente piden que en la jornada
electoral no se recurra al uso de símbolos que ese día tan particular que
tiene la jornada electoral, se usen los colores de la bandera, los mensajes
de radio, los llamados al patriotismo de los nacionales y en general
cualquier expresión nacionalista que un partido puede usar para ensuciar el
proceso y provocar la inducción del voto a los electores. En este caso la
práctica se conoce como "SIMBOLOS E IMÁGENES QUE INDUCEN EL VOTO
CIUDADANO".




Este fue el caso en Tegucigalpa, donde se generalizó, que en todas las
mesas electorales consignaban en la entrada, en la puerta de acceso a la
casilla o mesa electoral de la Mesa Electoral Receptora (MER), la
exposición de imágenes de la Bandera de Honduras. También se pudo observar
que sin mayor razón se tuviera desplegada con grandes dimensiones banderas
en Gimnasios, escuelas, canchas de Basquetbol, sin ninguna razón que
evocara para el día 24 de noviembre, rememorar con el izamiento de la
bandera nacional algún evento histórico.











La violencia política en sus diferentes expresiones tiene que ver con la
disponibilidad de la fuerza el día de la jornada electoral. Por ello las
mejores prácticas señalan que la presencia del Ejército, Fuerzas Armadas o
de la Policía Nacional debe ser en la forma más limitada y su despliegue lo
más discreto posible. La jornada electoral hondureña no fue el caso, el
Ejército tuvo una presencia destacada en todo lugar, en los centros de
votación, calles, accesos a carreteras, puestos de control vehicular,
operativos de revisión, en avenidas e intercepciones. Un despliegue tan
vasto solo puede llamar a una elección intervenida y amenazante para los
votantes y sus familias, muy lejos de la descripción de fiesta cívica con
que las autoridades llamaron la jornada electoral. En todo momento se tuvo
al Ejército como representación de la autoridad constituida. Tal fue el
caso que la misma sede del Tribunal Supremo Electoral tuviera militares
apostados no solo en la calle con carros artillados y un número de
efectivos innecesarios, sino que en cada piso y pasillo del Hotel San
Carlos se tuviera rondines de militares sin ninguna razón apostados en cada
sala, cada entrada o escalera, caminando por zonas que solo a los civiles
les correspondía desempeñar en la fiesta de la civilidad o la ciudadania.





El riesgo que se tiene con el excesivo despliegue del Ejército Hondureño,
es que pueda darse excesos en el uso de la fuerza, pues los protocolos de
seguridad del ejército evidentemente no son lo mismo que de la autoridad y
policía civil. El ejército no puede consignar al Ministerio Público Local a
un ciudadano que violente, el día de los comicios, las instalaciones de las
mesas electorales. De ello se tiene que en la jornada de los comicios en
Honduras se tuvieron muestras de violencia por parte del ejército como
forma de imponer la manifestación de civiles que protestaban por hechos
irregulares que se sucedieron en las diferentes MERS de votación.



No fueron poco los reportes que los medios no oficiales informaron de
hechos de violencia que indebidamente hizo el ejército y fuerzas armadas
contra ciudadanos inconformes que exigieron se respetara la legalidad del
proceso.



El caso de Denis, presentado en una conferencia de prensa, informa mucho
del acento no cívico del uso de la fuerza por parte del ejército y de la
forma de encausar la legítima inconformidad de este ciudadano ante lo que
estaba operando el Presidente de la Mesa Electoral Receptora de su
localidad.



Legitimidad y Votación: la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral.-.-

El artículo número 2 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas
dice al tenor: "El sistema Electoral se regirá por los principios
siguientes 1.Legitimidad; 2. Universalidad; 3. Libertad Electoral; 4.
Imparcialidad; 5. Transparencia y Honestidad en los procesos electorales;
6. Igualdad; 7. Secretividad, Intrasferibilidad e incentivos al ejercicio
del sufragio; 8. Legalidad; 9. Rendición de Cuentas; 10. Buena Fe; 11.
Debido Proceso; 12. Impulso procesal de oficio; y 13. Equidad.

De todas estas categorías que la Ley marca, la mayoría de los medios de
comunicación, compañías televisoras como Televicentro; la Misión de
Observación Electoral (MOE-UE) de la Unión Europea y la Misión de
Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA)
solo repararon en dos: la Transparencia y solo la U.E. señaló a la Equidad
como una forma de caracterizar el proceso.

En un continente donde se tiene como marca de legitimidad la imposición de
los intereses de las elites y grupos económicos cuesta mucho obtener
credibilidad en cada uno de los rasgos de la institucionalidad que se
profesa en un país, máxime como un caso como el de Honduras. Por ello, por
el lado de quien defiende la institucionalidad es del lado a quien
corresponde la prueba y demostrar no solo la transparencia sino la
neutralidad. En efecto, el proceso reciente electoral en Honduras, no
prueba fehacientemente y en forma completa que el ejercicio de las
elecciones se llevó a cabo con la fidelidad que marcan las 13
características que impone la ley.

Aún más, el Tribunal Supremo Electoral no acredita que existan los
mecanismos idóneos necesarios y suficientes para dirimir las diferencias y
el conflicto político que surge de un ambiente tan polarizado entre las dos
fuerzas que representó la crisis política del Golpe de Estado de 2009,
antes bien este proceso electoral viene a exacerbar las posturas y
radicalizar aún más el ambiente político, volviéndose inadecuado para la
conciliación nacional.

El Estado hondureño mismo, no puede, desafortunadamente, brindar las
seguridades mínimas de credibilidad cuando la autoridad electoral —Tribunal
Supremo Electoral— es una instancia que no contribuyó a la confianza de las
fuerzas políticas participantes en la contienda del voto.





Para esta observación electoral fue particularmente inquietante el que la
sede de una autoridad estuviera en un hotel "Comercial" que no permite
siquiera contar con las instalaciones permanentes y suficientes que
permitan auditar un proceso electoral tan complejo como el que tuvieron
estás elecciones. Durante la jornada del día de las elecciones se pudo
constatar que la sala de prensa del Tribunal, fue usada por todas las
televisoras de una forma discriminatoria a favor de una sola fuerza
política que fueron los políticos, designados presidenciales y candidatos
que hicieron el "lobby político" a favor del Partido Nacional. Asimismo se
pudo verificar durante las horas de las 13:00 horas a las 16:00 horas, en
plena jornada, que los políticos del Partido Nacional ocupaban en ese
momento, las horas de grabación y entrevista en transmisiones en vivo que
les hicieron los medios acreditados en la sede del Tribunal Supremo
Electoral, destacadamente las empresas del medio Televicentro, S. A.

Ejemplo de ello fueron la innumerables entrevistas que concedió en ese
lapso de tiempo la Designada Presidencial por el Partido Nacional Roxana
Guevara que estuvo prácticamente en todos los canales apersonados en la
sala de prensa y además ser entrevistada privilegiadamente en el canal
oficial del Gobierno que es el Canal Ocho de Televisión del Estado.



Y es que se esperaría de los oficiales del Tribunal y autoridades
electorales haberse hecho presentes en el Centro de Prensa y verificar que
los medios no estén mostrando tan abiertamente la preferencia electoral,
que como editorial o postura propia, las televisoras realizaron a favor del
candidato del Partido Nacional.

Pero además de los políticos de un mismo signo partidario, el Tribunal
Supremo Electoral recibió a comentaristas que solo promovían la candidatura
del Sr Juan Orlando Hernández sin ninguna censura oficial. Pero no solo
ello, sino que también figuras prominentes de Centroamérica como lo fue el
ex presidente guatemalteco Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), quien
en sus declaraciones a la Televisora oficial podía fácilmente encontrarse
una interpretación de triunfo para el candidato de la fuerza Nacionalista y
el comentario reprobatorio para la candidatura del partido Libertad y
Refundación por sus expresiones llamadas "violentas" y "fuera de lugar" en
la presente disputa electoral.



Para este análisis es verdaderamente preocupante que el Tribunal Supremo
Electoral haya dado tan pobre difusión el procesamiento de los llamados
resultados Preliminares conocido en otros países como Programa de
Resultados Preliminares, cuya importancia es estratégica pues no se basa en
la conjetura del avance del arribó de los primeros resultados, sino que se
basa en un ejercicio MUESTRAL que permite una definición de una tendencia.
Dicha muestra que se hace a nivel nacional permite conjeturar como se está
comportando el voto en todo el país al momento del cierre y hace que su
importancia sea precisamente el que no se transmita una "Tendencia"
infundada por la llegada más rápida de los centros de votación más próximos
como son los de las Ciudades más pobladas o de los centros urbanos más
cercanos al centro de computo del Tribunal Supremo Electoral.



Observación Internacional de los Actores Políticos

El domingo 24 de noviembre de 2013, a las dieciocho horas la jefa de la
representación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,
la señora Ulrike Lunacek, miembro del Parlamento Europeo por Austria
declaraba a los micrófonos de la televisión hondureña que la misión
consideraba que las elecciones se habían realizado en un clima totalmente
pacífico y transparente.





Dos horas después a las 8:05 pm el Presidente del Tribunal Supremo
Electoral David Matamoros Batson salía por segunda vez a indicar el sentido
de la votación en Honduras, con el cómputo del 24.55% de actas contadas la
diferencia entre los candidatos puntero era de solo 6 % a favor del
candidato del Partido Nacional.

Nuevamente la Jefa de la MOE-UN señalaba para otro canal de Televisión que
las elecciones se "HABÍAN REALIZADO EN COMPLETA CALMA Y COMPLETA
TRASPARENCIA" sin ningún resultado que avalara matemáticamente el
calificativo de "Tendencia Probabilística" o que los resultados por lo
avanzado del cómputo ya pudieran mostrar un resultado final para externar
un nota certificatoria a la elección.



Pero hasta ese momento cuando no solo se desconocía sino que no había
concluido la fase más importante que es la prueba de que la elección no
estaba siendo intervenida o vulnerada en las más de 340 computadoras que
ocupaban el Lobby del Hotel San Carlos. Y sin ningún reporte que pudiera
avalar por parte de las 449 Mesas Electorales Receptoras que visito la MOE-
UE, podrían haber confirmado el calificativo que la jefa de la Misión hacia
ante la televisión hondureña.

El día Martes 26 de noviembre a las 9:00 horas la Misión volvió a repetir
en sus términos, los mismos calificativos de transparencia sin proporcionar
la evidencia suficiente como mostrar el procesamiento de los reportes y la
opinión con comentario de sus 99 observadores de 26 Estados miembros de la
Unión Europea en los 18 departamentos de la República de Honduras. Esa
declaratoria llamada Informe Preliminar no hacia ninguna salvedad o
definición de la etapa de cómputo que había realizado el Tribunal Supremo
Electoral.


El mismo coordinador Técnico José Antonio de Gabriel Pérez, jurista de
formación y profesor de teoría política en España, Gran Bretaña y EEUU,
además es autor de varias publicaciones, fundamentalmente en el campo de la
teoría de la democracia. José Antonio declaraba ante pregunta expresa si se
había verificado el código fuente y el algoritmo sumatorio, entre otras
verificaciones técnicas, que pudieran validar el proceso electoral
hondureño. Sin embargo la respuesta del catedrático europeo fue que la
comprobación de las 16,405 mesas se podría hacer fácilmente con una
calculadora, lo que llama la atención si el especialista en democracia
conoce casos como los controvertidos procesos en Estados Unidos para la
elección de George W. Bush, mostrados particularmente por la cadena
comercial HBO en el documental intitulado "Hacking Democracy", donde en una
sola terminal escogida aleatoriamente por un equipo revisor en
representación de los ciudadanos americanos pudo constatar en varias
terminales que los resultados electrónicos era posible falsear en una
simple suma de 7 votos realizados en dicha terminal.



En el mismo sentido llama la atención la declaración de la Misión de
Observación de la Organización de Estados Americanos que el mismo Martes 26
de noviembre, una hora después a las 10:00 horas, el jefe de la misma,
Enrique Correa declaraba con toda precisión que la elección había sido
limpia y que previo a la jornada electoral la unidad técnica de la MOE-OEA
realizó una auditoria al Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación
Electoral (SIEDE), pero sin evidenciar o mostrar prueba alguna de su dicho
o testimonio que diera cuenta de los resultados y el tipo de prueba
realizado en la auditoría realizada por la OEA .





Llama la atención en el testimonio de la OEA la interpretación que hace
entre lo que la Ley indica por etapa de Escrutinio al proceso, si solo se
refiere a escrutar los resultados computados por la propia mesa electoral
receptora y lo que podría entenderse técnicamente a escrutar todo el envió,
sistematización del cómputo y el procesamiento del SIEDE a todas las actas
recibidas en forma aleatoria por el equipo técnico de la misión de la
Organización de Estados Americanos.

En este caso el jefe Español de la misión no abrió ampliamente el sentido
de sus declaraciones a una amplia ronda de preguntas que se limitó a
aceptar solo 3 preguntas de más de 20 medios de comunicación que se
encontraron presentes en el Hotel Carrion de la ciudad de Tegucigalpa.

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[1] Licenciado en Ciencias Políticas y en Administración
Pública por la Universidad Iberoamericana (México) Oficial Observador
Electoral de Alianza Cívica, A.C., (México) desde 1994. Ha participado en
numerosos procesos electorales en México, California, E.U. y El Salvador y
ha cursado diferentes Diplomados y capacitación en Procesos Electorales.
También cuenta con estudios de Especialidad en Administración Pública,
Especialidad en Políticas Públicas y un Master en Derechos Humanos por la
Universidad Castilla-La Mancha España y el Centro Nacional Estudios de
Derechos Humanos, dependiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(México) Es maestro en Economía Regional por el Colegio de la Frontera
Norte (COLEF) y actualmente es candidato a Doctor en Economía del
Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2012
fue revisor del Informe de la Comisión de Verdad en Tegucigalpa, Honduras.

[2] En Honduras la Presidencia del Congreso en las dos recientes
Legislaturas de los Diputados ha estado en manos del hoy candidato
declarado ganador el Sr. Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional de
Honduras. El poder que concentra el Presidente del Congreso es tan
significativo que puede disputar fuertemente el poder real con la
Presidencia de la República, como sucedió durante el mandato de José
Porfirio Lobo Sosa, (2010-2014)

[3] Informe Final Comisión de Verdad; "La voz más autorizada es la de las
víctimas"; CDV, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Abril de 2013,
p.p. 310.

[4] En México el Instituto Federal Electoral (IFE) registra que ya muy
pocos estados de esa nación usan está práctica que aprovecha la condición
de pobreza y vulnerabilidad para inducir el voto entre la gente humilde que
además reciben un almuerzo. Coloquialmente el acarreo de votantes se conoce
como OPERACIÓN CARRUCEL y la entrega de Lunch como OPERACIÓN TAMAL.