El papel de los partidos políticos en la competencia política de la democracia contemporánea en México Luis Daniel Aguilar Calderón luisdaniel_001 @hotmail.com
Introducción La democracia que se incorporó al entorno social para dar forma a gobiernos representativos, permitió abrir la participación social como un medio para permitir gobernabilidad. Si bien es el sistema político más extendido, en la actualidad es difícil argumentar que sea la base para ampliar las libertades ciudadanas. En su concepción actual, pareciera que la pluralidad política es solo un espejismo, “atrás del cual las mismas élites políticas siguen accediendo al poder y gobernando”1. Las mismas, sólo se adaptan a un sistema competitivo, impidiendo una real apertura de las condiciones de la lucha por el poder político. Desde luego, líderes de nuevo cuño y actores políticos históricamente ligados a la oposición, bien adaptados, han sabido consolidar los cambios sociales en favor de sus causas y como los anteriores, son actores de una transición política que no termina de evolucionar pero que, de igual manera, han convenido en la construcción de una democracia acotada, una democracia en la cual el partido político es una pieza fundamental. Desarrollo La corriente liberal fundó el núcleo teórico sobre el que se construyeron los gobiernos democráticos contemporáneos. Su etapa representó una evolución considerable respecto a su pasado inmediato, porque dejó el control del Estado en las elites que triunfaron sobre las viejas monarquías. La representatividad, supuso entonces una condición necesaria para un Estado liberal-constitucional en el control del poder. Rousseau, defendió un gobierno directo del pueblo; libre e igual para manifestar su voluntad mediante un contrato social, aunque Constant, planteó la imposibilidad de intentar aplicar este modelo en la sociedad, de la misma manera, Madison planteo el problema de los gobiernos populares y el peligro de las mayorías. Stuart Mill en cambio, incorporó la intervención en lo público como núcleo de la participación social, pero limitando el poder mediante una serie de mecanismos institucionales. Así, la incipiente participación social surgida fue incorporando un gobierno representativo que, si bien no era justo ni equitativo, abrió la posibilidad de permitir gobernabilidad frente al temor de las mayorías, lo que significó el reconocimiento de las clases trabajadoras a cambio de la pérdida de algunos privilegios de las clases dominantes. En este esquema, Schumpeter intentó construir una forma política de sociedad compatible a este esquema, deduciendo que el método democrático sería el acuerdo institucional para la toma de decisiones políticas, logrando el bien común haciendo que el pueblo decidiera las cuestiones mediante la elección de individuos. Esta aportación redujo el papel del electorado al del voto inducido, la cual ratificó Robert Mihels en su teoría de la Ley de Hierro de la Oligarquía: los líderes, aunque en principio se guíen por la voluntad de la masa Tahar ChaouCh, Malik y Carrasco Brihuega, Daniel, “Cambio político y consolidación democrática en México. Los límites del modelo de las transiciones a la democracia”, Revista Desafíos no. 19, Universidad del Rosario, Colombia, 2008, p. 199. 1
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y se digan revolucionarios, pronto se emancipan de ésta y se vuelven conservadores, buscando incrementar o mantener su poder a cualquier precio, incluso olvidando sus viejos ideales, porque las organizaciones políticas pronto dejan de ser un medio para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos, transformándose en un fin en sí mismo desplazando sus propios objetivos. De esta forma, la democracia que se incorporó al entorno político para dar forma a un gobierno representativo, únicamente abrió la participación social como un medio para permitir gobernabilidad, pero es difícil argumentar que lo haya hecho para ampliar las libertades públicas, no obstante, fue ha sido el sistema más exitoso. Así, se consolidó el Estado social y democrático. Idealmente, la voluntad estatal se decide por mayoría, la representación se basa en el consenso que además de estar legitimado está condicionado y es temporal, principio básico del sufragio. Se asume como representativa, porque el pueblo suplanta su poder de decisión a través de la elección de sus representantes electos a través de un sistema de partidos, el cual enmarca la competencia para la obtención y ejercicio del poder político, condensando intereses y proyectos, regulando y normando la competencia. Tiene tres formas básicas: unipartidista, bipartidista y pluripartidista los cuáles toman en cuenta procedimientos de proporcionalidad y pluralidad a efecto de generar condiciones similares de todos los actores. Una institución que subsume estos principios, es el Congreso. Precisamente, la arena legislativa es de enorme relevancia porque de la competencia electoral entre partidos, deriva justamente su composición, es por ello que, en el esquema contemporáneo, el sistema electoral y en particular los partidos políticos, aportan elementos indispensables para el funcionamiento del sistema político concebido bajo los términos teóricos antes descritos. En efecto, en virtud de su relevancia, algunos teóricos de la democracia son propensos en ver a los partidos un microbio necesario, si bien carente de atractivos, vitales para su funcionamiento, ya que lejos de ser una consecuencia infortunada, introducen efectividad en las instituciones democráticas. En su defensa, se argumenta que son una reacción natural ante los problemas de múltiples agendas y de la inestabilidad que resulta de los resultados en las votaciones, en donde el partido (por su disciplina organizativa) asume una gran utilidad al tomar ventaja en la coordinación de los resultados electorales y convertirlos en temas de agenda, los cuáles son encausados por los legisladores a través del trabajo parlamentario. No obstante que, otras teorías de corte más sociológico argumentan que su creación se da a raíz de eventos históricos críticos, prevale la versión electoral; en su lógica, el contexto legislativo repercute más sobre la población desde el momento mismo en que en la dinámica democrática contemporánea, se ha dado por privilegiar a las reglas del juego electoral: a más votos mayor poder de veto. De hecho, en su favor, algunos estudios señalan, que la conducta electoral ve a los partidos como verdaderos organizaciones que movilizan a los votantes a través de sus vínculos sociales y afectivos, o bien, capaces de competir por el apoyo de electores que cuentan con una postura más racional e instrumental, mismos que formaron sus preferencias en la política electoral y la competencia entre partidos, por lo que éstos institutos políticos responden por un lado, a señales posicionales acerca de lo que un gobierno planea hacer, y también, a orientaciones más profundas por la transformación social. Pero de una u otra manera, es interesante observar, que, a partir de una concepción e imposición de la 2
democracia en términos liberales, los partidos políticos se han convertido en un mal endémico, en virtud de su funcionalidad en el terreno legislativo, quizá por ello en la actualidad, su función es más que necesaria, lo cual no obstante estar cada vez más regulados y no contar con numerables simpatías públicas, el sistema legislativo es cada vez más dependiente de sus decisiones. La afirmación de que la democracia induce a los gobiernos a ser responsables antes las preferencias del pueblo, obliga a reflexionar en cuál es en realidad el papel de los partidos políticos, cuáles son realmente sus objetivos, se trata de ganar un cargo o bien, influir en la ideología social o en la implementación de su política preferida. Distintos modelos hablan de su creación y su vinculación con la democracia y revelan modelos de partidos que, sin embargo, poco tiene en común una ideología estrictamente democrática desde la perspectiva de los fines de ésta, más bien, incentivan la competencia por quien impone sus preferencias y quien aplica sus reglas a efecto de establecer su propia agenda, su propio proyecto que evidentemente, en el marco de la democracia, es muy distinto uno del otro. Es en dado caso, la responsabilidad gubernamental un buen indicio que permite establecer un vínculo más estrecho entre partidos políticos y democracia, ya que, en su desempeño, variables como cambios en la opinión pública obligan a modificaciones sustanciales en la forma de legislar y gobernar, lo que reafirma la suposición de una conexión entre partidos políticos y democracia. En lo que atañe a la arena estrictamente legislativa, vale acotar que posterior a la influencia de los enfoques de corte sociológico e histórico de los estudios legislativos, el trabajo de Cox y McCubbins2 muestra un aspecto fundamental del trabajo de los partidos: su rol en la organización de las cámaras. ¿Por qué, a pesar de existir en el seno del congreso un sofisticado sistema de comisiones, los individuos se organizan en torno a partidos? Su propuesta propone observarlos como corporaciones que aprovechan sus facultades para hacerse de las reglas legislativas apostando a los intereses del partido mayoritario y coordinar acuerdos centrales entre los legisladores. Esta coalición constituye una especie de cartel party que bien podría definirse como “la delegación a unos o a un pequeño grupo de agentes políticos, el liderazgo y capacidad para coordinar a los miembros del partido, disponer de los incentivos selectivos para lograr la cooperación y reducir los costos de transacción entre los legisladores afines.”3 Es decir, un cartel party, literalmente expropia un poder que teóricamente le pertenece al Congreso, usurpando reglas de decisión a efecto de estructurar el proceso legislativo. Sus consecuencias se reflejan particularmente en el sistema de comisiones y en la composición de actores clave en la mayor parte de los acuerdos legislativos. Se sostiene que en legislaturas donde el tiempo camaral es un recurso escaso, pueden observarse soluciones institucionales que favorecen su formación. Para lograrlo, monopolizan los cargos con poder de agenda con la finalidad de controlar positiva o negativamente el flujo de decisiones. En términos prácticos, una coalición cartelizada es un grupo de legisladores que Chasquetti, Daniel, “El secreto del éxito: Presidentes y cárteles legislativos en Uruguay (1005-2010)”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, Uruguay, vol. 20, núm. 1, enero, 2011, p. 4. 3 Toro Maureira, Sergio y Hurtado Acuña, Nicolás, “Enmiendas y proceso legislativo: Influencia, coordinación y delegación partidaria en el Congreso Chileno. 2010”, Universidad Católica de Temuco y Pontificia Universidad Católica de Chile, s.a., s.e., s.f.. 2
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controla las posiciones con éste poder de agenda para establecer criterios y procedimientos que seleccionan los temas que serán incluidos en el orden del día. El anterior esquema, es una evidente organización del Congreso en función de los partidos políticos, que permite particularmente a los partidos o coaliciones de éstos, manejar la agenda de discusión y bloquear las tramitaciones de asuntos contrarios de tal forma que cualquier cambio en el statu quo tiene que ser afín a sus preferencias. “El recurso principal que los miembros del partido mayoritario delegan en sus líderes es el poder de diseñar la agenda legislativa… el cártel se asegura que sus principales miembros ocupen todos, o casi todos los cargos con poder de agenda y espera que éstos obedezcan siempre el primer mandamiento del liderazgo del partido”4, es decir, la agenda es el factor determinante para sus fines y es controlada verticalmente. Los legisladores coaligados delegan parte de su poder en una autoridad central y posteriormente ésta delega poder fiduciario en un conjunto de agentes encargados de diseñar y controlar la agenda de los organismos neurálgicos de la asamblea, éste liderazgo emplea distintas estrategias para conseguir la cesión de poder de los legisladores, incluso otros autores5, han señalado que la coordinación partidista en diversos parlamentos, se mantiene gracias a una organización interna centralizada y verticalizada desde las estructuras de poder, en donde, el Pleno sólo ocupa una tarea dentro de un proceso centralizado de toma de decisiones legitimando las decisiones del cartel o coalición cartelizada, mismas que previamente fueron impuestas por las dirigencias partidistas. Frente a este panorama, es probable que, llegado un punto, todo actor político con o sin capacidad de decisión, debe enfrentarse a una variedad limitada de alternativas respecto a la mejor manera de proceder a efecto de llevar a feliz término su agenda personal. Lo anterior sin duda, nos remite a cuestiones de representatividad, es decir, a los valores democráticos fundados en la cultura política y en la vida misma del ciudadano, que traducidos en estricto sentido, deberían tomar en cuenta una mayor participación social que no se base únicamente en el ejercicio electoral y que no arrastre los vicios propios de los partidos políticos y, en consecuencia, convertirse en rehén del férreo control de dirigencias partidistas sobre los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Conclusión La democracia tradicional, que tiende a privilegiar decisiones públicas basadas en la razonabilidad, publicidad, deliberación y valores cívicos priorizando posiciones ideológicas aún divergentes o minoritarias, su desempeño es prácticamente nulificado por una democracia elitista que no delega poder en las mayorías, luego entonces, sus valores más tradicionales no pueden alcanzarse en un sistema implicado en la creación y reproducción de desigualdades. En su concepción actual, en México, los partidos políticos representan un reto que debe atenderse en virtud de que incentivan la resolución de conflictos de forma vertical, y no horizontal, es decir, desde una perspectiva preponderantemente elitista y que no atiende con el mismo ahínco el cuerpo social. Cox, Gary W., y Mathew D. McCubbins, Legislative Leviathan…, Op. cit., pp. 47 - 48. Bejar Algazi, Luisa, “¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo”, Revista Mexicana de Sociología 74, México, Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Sociales, núm. 4, (octubre-diciembre, 2012) México, 2012. 4 5
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En este sentido, la democracia partidizada es una pretensión idealista que convierte un ejercicio deliberativo en una simulación, en una democracia acotada. Concretamente, frente a los problemas de coordinación al interior del Congreso, todos los actores políticos se ven obligados a forzar negociaciones con las dirigencias partidistas, las cuáles se traducen en beneficios e incentivos a dichos líderes. En este caso cabe preguntarse si la integración del Poder Legislativo ¿puede definirse como verdaderamente representativo? ¿debe la intervención ciudadana en lo público limitarse únicamente a éstos, corriendo el riesgo de convertir un ejercicio representativo colectivo en uno individualista? De esta forma, sólo se estaría abonando al riesgo que Sartori señala al sugerir que la democracia de partidos6 puede devenir en partitocracia, la sustitución de una democracia real en sólo una simulación. Fuentes Bejar Algazi, Luisa, “¿Quién legisla en México? Descentralización y proceso legislativo”, Revista Mexicana de Sociología 74, México, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Sociales, núm. 4, (octubre-diciembre, 2012) México, 2012. Caparrós Valderrama Rafael, Robert Michels y las teorías elitista-competitivas de la democracia, entelequia, revista interdisciplinar, no 6, primavera 2008. Chasquetti, Daniel, “El secreto del éxito: Presidentes y cárteles legislativos en Uruguay (1005-2010)”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, Uruguay, vol. 20, núm. 1, enero, 2011. Cox, Gary W., y Mathew D. McCubbins, Legislative Leviathan: Party Government in the House. Berkeley, University of California Press, 1993. Pérez Vega, Moisés, “Teorías de la organización legislativa: contribuciones, limitaciones y desafíos de la teoría de la elección racional”, Acta Republicana, Año 5, núm. 5, México, 2006. Sartori, Giovanni, “El Parlamento” en Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza Editorial, 2005. Stokes S. C., Political Parties and Democracy, Department of Political Science, University of Chicago, Chicago, Illinois 60637; e-mail:
[email protected]. Tahar ChaouCh, Malik y Carrasco Brihuega, Daniel, “Cambio político y consolidación democrática en México. Los límites del modelo de las transiciones a la democracia”, Revista Desafíos no. 19, Universidad del Rosario, Colombia, 2008.
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Sartori, Giovanni, “El Parlamento” en Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza Editorial, 2005, pp. 201-231.
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Toro Maureira, Sergio y Hurtado Acuña, Nicolás, “Enmiendas y proceso legislativo: Influencia, coordinación y delegación partidaria en el Congreso Chileno. 2010”, Universidad Católica de Temuco y Pontificia Universidad Católica de Chile, s.a., s.e., s.f..
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