El ladrón detrás del juez

http://www.elmostrador.cl/opinion/2005/02/05/el-ladron-detras-del-juez/ 05.02.05 Andrés Monares

El ladrón detrás del juez Con muy poco tiempo de diferencia, el país ha sido testigo de dos hechos relacionados que han provocado interés público. En primer lugar, el suicidio del coronel (R) Germán Barriga, un ex DINA y ex CNI, que en la carta que deja para explicar su determinación se caracteriza a sí mismo como víctima (en aquella no hay rastro alguno de arrepentimiento, menos alguna forma de solicitud de perdón). Luego, el también en retiro general Manuel Contreras, sub jefe de la DINA, cuando debe ser notificado de la pena que le corresponde cumplir alega persecución, injusticia... e ¡inocencia! Ambos hechos son una muestra más de la estrategia de victimizarse, con que los implicados en violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por la dictadura, están afrontando los juicios en tribunales y el juicio social. Entonces por extraño que pueda parecer a quien conozca los hechos sucedidos en Chile durante la dictadura o a cualquiera que tenga al menos rudimentos de conocimientos jurídicos, se nos quiere convencer que los criminales victimarios serían en realidad víctimas cuando se los sanciona social o legalmente. La culpa y la maldad son de los otros, los llenos de odio que no quieren dar vuelta la página. Y este razonamiento se hace públicamente, sin preocuparse de ofender la inteligencia del oyente y sin vergüenza ni pudor por dejar en evidencia la calidad moral e intelectual de quien lo afirma. Veamos un ejemplo para intentar entender la particular naturaleza de ese empeño por victimizar a los victimarios demonizándo a las víctimas, a sus deudos y a su empeño por buscar justicia. A continuación se describen hechos que constituyen violaciones de los derechos humanos: “XX, 52 años, desaparecido en 19XX tras ser secuestrado por miembros de los servicios del ejército con base en XX. Después de detenerle en el mercado, los mismos militares se presentaron en su casa y se llevaron a su mujer y a sus dos hijas. Torturaron a las tres mujeres con electricidad, y a una de las hijas la violaron con un palo. Mientras esto sucedía, oían como en la pieza de al lado estaban torturando a su padre, obligándole a confesar que había dado refugio a terroristas”. ¿Cuál es su opinión sobre estos hechos? Imagino que a lo menos los califica de ilegales y arbitrarios. ¿Cree Ud. posible opinar que son benignos, necesarios, legales e incluso que no merecen castigo por los tribunales ni rechazo social? Afortunadamente son cada vez más las personas de muchos países, convencidas de que sea donde sea que ocurra algo así, a quien sea y por los motivos que sea, son delitos terribles que deben ser castigados por los

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tribunales. También muchos piensan así en Argelia, dónde los hechos antes relatados sucedieron en 1998. Entonces, ¿qué pasa en Chile que para no poca gente es válido que violadores de derechos humanos no sean procesados ni encarcelados? ¿Pueden acaso haber criminales violadores de derechos humanos “buenos” y otros “malos” dependiendo de por qué y a quién se secuestre, torture y asesine? ¿Qué pasa en este país que ciertos criminales son defendidos públicamente cuando son citados a tribunales? Se imagina Ud. a una mafia de narcotraficantes alegando a través de los medios que debe terminar el “desfile ante los tribunales” de sus miembros y que en realidad son víctimas de una persecución. Lo peor es que los uniformados, y sus abogados públicos de la derecha de la oposición, han logrado hacer visible en la agenda pública ese “malestar” de las fuerzas armadas (en teoría no deliberantes) y han afirmado con una seguridad pasmosa, que pedir y buscar justicia es fruto de una vil sed de venganza. No obstante, a la vez, esa extrema derecha pone el grito en el cielo por la delincuencia común. Para qué preguntarse su opinión si hechos como los aquí descritos de Argelia los hubieran sufrido ellos. Incluso, si una banda de criminales comunes planeara detalladamente y ejecutara un secuestro con violación, sádicos maltratos y asesinato con todas las agravantes jurídicas. Sin embargo, cuando los mismos crímenes los cometen uniformados su posición es totalmente diferente. A su vez, es siquiera imaginable para alguien pensar que aquellos criminales comunes alegaran que son “perseguidos” por los tribunales y que si sus víctimas buscan justicia es porque en realidad están guiadas por un ánimo de venganza que las descalifica y rebaja moralmente. De imponerse ese absurdo, falaz e inmoral criterio habría entonces que volver a escribir muchos episodios de la historia reciente. Pues, no sería culpa de los nazis, sino de los gitanos, homosexuales, minusválidos, judíos, eslavos o comunistas. No sería culpa de los turcos, sino de los armenios. No sería culpa de los judíos, sino de los palestinos... Da risa. Pero como sí pasa en Chile y en relación a hechos gravísimos, da pena y/o vergüenza. Visto así, no se puede dejar de citar el “gesto” del general Cheyre dando una señal pública y política al interrumpir sus vacaciones y visitar de uniforme (al menos no en el de combate, pensarán los optimistas) a la familia del fallecido coronel Barriga. Y como todos sabemos que el pésame personal era aquí secundario, se sabe a su vez que al respaldar a quien participara de organizaciones criminales respalda a todos quienes también formaron parte de ellas y cometieron crímenes atroces. ¿Qué ocurre aún

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en el Ejército que su Comandante en Jefe realiza con publicidad ese “gesto” que todos sabemos que no es sólo humanitario? Lo cual lleva a preguntarse, ¿cómo es posible que todavía existan uniformados que apoyen a personas que, aunque trabajaron en su misma institución, cometieron actos atroces? ¿Cómo entender que se sientan atacados personalmente o como institución cuando se juzga a aquellos criminales que son los que sí ensucian su institución? ¿Es que todavía estamos en peligro por el poder que tiene un sector pareciera que relevante del Ejército? En tal sentido, no puedo dejar de recordar la actitud del ex mayor Carlos Herrera Jiménez. Criminal confeso, reo rematado quien cooperó con la justicia y aceptó públicamente sus acciones como crímenes atroces. Hasta denunció que quienes los ordenaron, uniformados y civiles, siguen libres escondiéndose en la culpa de los mandos medios sometidos a juicio y encarcelados. Tal vez por esa conducta es que terminó el apoyo para Herrera. Porque rompió el pacto de silencio que, tal como las mafias, tienen los uniformados criminales violadores de derechos humanos. Hay una película del director griego Costa-Gavras en que un anciano húngaro, un viejito encantador padre de una mujer abogada estadounidense, es acusado de crímenes que habría cometido como miembro de un grupo paramilitar nazi húngaro durante la Segunda Guerra Mundial. Ella, como es de esperar, lo defiende como hija y como abogada en los tribunales. Pero, cuando se entera que las acusaciones son verdaderas, que su padre sí cometió las atrocidades de las que lo acusan, envía la evidencia al fiscal. En Chile, ese desenlace también es ficción. Aquí los criminales victimarios son camaradas de armas víctimas de turbias campañas de la que forman parte nada menos que los Tribunales de Justicia. Y sus cómplices civiles y defensores públicos son respetables políticos. El mundo al revés, el ladrón detrás del juez...

(Para ver una muestra del nivel de inocencia de los violadores de derechos humanos, ver en el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, el capítulo V titulado: “Métodos de tortura: definiciones y testimonios”, donde a la par de hacer una categorización de los tipos de vejaciones y torturas, se exponen ejemplos de cada caso)