El impacto de la crisis y de las políticas de austeridad

as l y as n s l i e s n i s o e i r r s e c i a d gén r a d c l i r e te e s d d t o s o p d u t a a d io ac e l r p ) d a a m u rd. s n i o e g o a i (c c c El i o s a ñ t e l ro l lí y od e o M s p n e ez e u r g í r a je í od u R c m la lu au P a y d ño z An u zM Lin

INFORME 2016

álv G a

e

U NIV E R S ID AD P AB LO D E OLAV ID E

Lina Gálvez · Paula Rodríguez · Astrid Agenjo · Lucía Del Moral · Margarita Vega

GEP&DO

Universidad Pablo de Olavide

genderobservatory.com

ISBN 978-84-608-5816-4

COORDINA DORAS Lina Gálvez Muñoz [email protected]

Paula Rodríguez Modroño [email protected]

a uto r a s

Lina Gálvez Muñoz [email protected]

Paula Rodríguez-Modroño [email protected]

Astrid Agenjo Calderón [email protected]

Lucía Del Moral Espín [email protected]

Margarita Vega Rapún [email protected]

F OT O G R A F Í A D E P O R TA D A Paula Álvarez

Manifestación contra la Reforma de la Ley del Aborto - Sevilla, 28/9/2014

M A Q U E TA C I Ó N

Laura Martínez Jiménez

Las autoras agracen la disponibilidad y colaboración de Ventura Aguilera, Antonio Buitrago, David Pino en la ubicación de algunos de los datos utilizados para los análisis incluidos en este informe. Así mismo, agradecen el trabajo de revisión y maquetación del texto realizado por nuestra compañera de Gep&DO, Laura Martinez Jiménez.

ÍNDICE

Presentación [1]

1 Introducción [2]

2 La dimensión estructural de la Gran Recesión [6] 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

La dimensión económico-financiera de la crisis [6] Agudización de la crisis ecológica [22] Crisis de reproducción social y crisis de los cuidados [11] Crisis de la política [13] Crisis ética y de valores [14]

3 La Gran Recesión y su salida austericida: impacto sobre el bienestar y la igualdad (2007-2015) [15] 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Demografía [16] Educación [19] Participación en el mercado de trabajo [30] Condiciones del mercado de trabajo [39] Salud y dependencia [48] Pobreza y exclusión [57] Violencia machista [62] Empoderamiento económico, social y político [69]

4 Conclusiones [81]

5 Anexo de tablas y gráficos [83] 6 Bibliografía [86]

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PRESENTACIÓN

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Desde que estalló la crisis financiera, muchas han sido las voces que han tratado de llamar la atención sobre los efectos desiguales que ha provocado y, sobre todo, los derivados de las políticas de austeridad que se han puesto en marcha, en teoría, para combatirla. Las más de las veces se ha hecho referencia al diferente impacto de la crisis dependiendo del territorio o de los niveles de renta de la población, obviando en muchas ocasiones otros ejes vertebradores de desigualdad esenciales que se cruzan con los niveles de renta como son, por ejemplo, el género o la etnia.

Esta falta de atención ha ocurrido a pesar de que, desde hace más de dos décadas, la economía feminista está alertando de la necesidad de incluir la perspectiva de género en los análisis de las crisis y de los ciclos. Se argumenta que los periodos depresivos no solo tienen un impacto desigual en mujeres y hombres, sino que en pocas ocasiones dejan intactas las relaciones o regímenes de género que suelen intensificarse o modificarse. Así se ha puesto de manifiesto para las crisis latinoamericanas de los años ochenta y las asiáticas de los noventa del siglo pasado, y en la crisis económica iniciada en 2007/2008 -y que teóricamente ya ha terminado-, sin que muchas personas hayan visto una mejora sustancial de sus condiciones de vida o laborales, o sus expectativas de futuro.

Es en ese escenario “post-crisis” en el que nos situamos para medir el impacto de género de la crisis y las medidas de austeridad en un territorio concreto, Andalucía. La importancia de centrarnos en

Andalucía no sólo radica en que el Observatorio GEP&DO nace y viene madurando en este territorio al calor de la Universidad Pablo de Olavide, sino en realizar un análisis desde la periferia del centro, donde se ponga en claro las dificultades crecientes de tomar los estadosnación como un todo, o considerar de manera homogénea la realidad de las grandes regiones como puede ser Europa o instituciones supra-nacionales como la UE. La hiperglobalización financiera y el asalto a la democracia que vivimos en la actualidad con la construcción de instituciones que escapan del control ciudadano, demuestra la necesidad de realizar análisis de carácter regional que den mejor cuenta de los impactos reales de las crisis y las políticas económicas en la ciudadanía, así como de las diferencias que se establecen entre unos ciudadanos y otras, y entre esos “unos” y esas “otras”. El contexto andaluz carece de ese tipo de análisis desde una perspectiva de género y este informe es un intento de cubrir ese hueco analítico y político. •

El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis //

1 INTRODUCCIÓN En la actualidad, desde los gobiernos y también desde ámbitos académicos, se empieza a enfatizar que la crisis ha terminado. La mejora de algunos indicadores macroeconómicos, especialmente el PIB, hacen hablar del fin de la recesión. Sin embargo, otros indicadores y evidencias, nos muestran que la recuperación del crecimiento no se ha traducido en una recuperación, ni de la cantidad ni calidad del empleo, ni de los servicios sociales o de los niveles de desigualdad económica previos a la crisis -que ya eran elevados, pero menores que en la actualidad-. De hecho, el escenario post-crisis en el que nos situamos se presenta como un escenario de precariedad, desigualdad e individualización del riesgo.Y esto es así porque las medidas que se han puesto para, en teoría, combatir la crisis, no sólo no han solucionado las causas estructurales de la misma, vinculadas con el incremento de la desigualdad económica y la financiarización de la economía, sino que las han agravado. Esto no sólo nos sitúa en el escenario comentado de precariedad, desigualdad e individualización del riesgo, sino que supone el caldo de cultivo de nuevas crisis. En este sentido, es crucial conocer el impacto desigual de género que esta crisis y las políticas que se han puesto en marcha para combatirla, han tenido en el territorio andaluz.

Las crisis económicas suelen ahondar, o en cualquier caso modificar, las desigualdades de género y otros desigualdades que a su vez están cruzadas por las de género como las de renta. Y esta crisis no ha sido diferente en este sentido. Por ello, para poder analizar el momento en el que nos situamos en cuanto al bienestar y oportunidades de las mujeres, y de los hom-

bres, así como en relación a la igualdad de género, tenemos que analizar qué ha supuesto esta crisis en algunos ámbitos de especial incidencia en la igualdad de género.

Lo primero que habría que decir es que el análisis de la crisis actual requiere una visión multidimensional y ampliada tanto a escala temporal como espacial, puesto que “no se trata de un accidente coyuntural, imprevisible e irremediable” (Gálvez, 2013: 80), sino que es fruto de unas políticas económicas y la instauración de un modelo económico que ha generado un aumento exponencial de la desigualdad económica y un enorme déficit democrático, además de ser fruto de las propias contradicciones que caracterizan a nuestro sistema económico. Un sistema que, en su fase actual, viene marcado por un dominio creciente de la mercantilización de un número creciente de facetas de la vida humana y de nuestros recursos naturales, dentro de la profundización de los procesos de globalización y de financiarización de la economía, conformándose unas reglas del juego que han sido fuente de inestabilidad económica, deterioro ecológico y polarización social (Naredo, 2006). Por tanto, cuando hablamos de crisis en el contexto occidental, es necesario hacer referencia tanto a las consecuencias del estallido económico y financiero que tuvo lugar en 2007-2008, como a los efectos de esas “otras crisis” que ya venían golpeando al sistema en su conjunto desde hacía décadas (Agenjo, 2011), y que están detrás de esas causas estructurales que no hemos resuelto y que nos sitúan en el escenario de precariedad post-crisis, y que también podemos denominar

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periodo “austericida” (Gálvez, Rodríguez y Torres, 2016), en el que el modelo económico y las políticas de austeridad están deteriorando las condiciones y estándares de vida de las personas.

Por esas otras crisis, nos referimos a la crisis ecológica, la crisis de reproducción social y de cuidados, la crisis de las estructuras políticas y de la democracia, etc., y cuya interrelación está generando una “quiebra de los procesos vitales en sentido amplio” (Pérez Orozco, 2014). Por ello, desde los análisis económicos críticos se habla de crisis sistémica y civilizatoria, porque se trata de un engranaje que afecta a dimensiones económicas, ecológicas y sociopolíticas, y a aspectos tanto materiales como simbólicos de la existencia social.

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El presente informe está dedicado fundamentalmente al análisis de la dimensión económica de la crisis para entender mejor el escenario actual en Andalucía y España, y las consecuencias clave que ello ha tenido y tiene sobre el bienestar de mujeres y hombres, y sobre las (des)igualdades de género. Para abordar este análisis partimos de las aportaciones teóricas realizadas por la economía feminista, entendida como una corriente de pensamiento que se viene desarrollando desde los años setenta del pasado siglo1. Aunque se consolida a partir de los años noventa, ha sido una de las corrientes críticas que con más fundamento ha cuestionado los principios teóricos y metodológicos y los resultados sesgados del análisis económico ortodoxo. Se trata de una apuesta valiente y rigurosa por otro análisis económico, por otra manera de producir, intercambiar, consumir y distribuir, de cuidar y corresponsabili1

zarse y, en definitiva, por otra manera de organizar la vida económica, inspirada por otros valores, modificando las instituciones y desafiando las relaciones de poder que operan en los distintos ámbitos, incluyendo la familia. Esto se pretende conseguir, por una parte, a través de cambios en las ideas y en los paradigmas que generen otras alternativas políticas y, especialmente, otro conocimiento. Por otra parte, a través de la interacción con la movilización social por la vocación de transformación que conlleva. Ambos aspectos inspirados por las experiencias, los saberes y los valores de las mujeres, que precisamente se han preservado por la situación histórica de discriminación que han vivido y siguen viviendo, y que han estado más vinculados al oikos2 y por tanto, a la satisfacción del bienestar de las personas (Gálvez y Torres, 2010). Si bien la especialización de las mujeres en el ámbito doméstico ha limitado su autonomía financiera y su agencia y ayuda a construir estereotipos que justifican muchas aspectos de la discriminación por género, esa especialización también ha supuesto conservar unos valores diferenciados y sobre todo demostrar claramente que los incentivos monetarios no colman nuestras necesidades ni capturan la compleja realidad, pues los seres humanos estamos influenciados también por otras cuestiones diferentes de las materiales. Existen otras motivaciones más allá que la avaricia y el interés individual que asume la corriente principal de la economía. Las personas compiten pero también cooperan y cuidan porque somos seres interdependientes. El centrarse en la idea de que las personas toman decisiones teniendo en cuenta

Este apartado reproduce principalmente los argumentos publicados por las autoras del presente informe en el artículo Gálvez et. al. (2014).

2 El término “economía” etimológicamente, proviene del griego oikos-nomia, palabra compuesta procedente del sustantivo oikos y del verbo nemo. Mientras que la traducción de este segundo término no presenta mayores problemas –nemo significa distribuir, administrar–, el primero –oikos– no tiene equivalente en castellano, aunque ha sido traducida normalmente como “casa”, “hacienda” o “familia”.

El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis //

simplemente su propio interés, no logra describirla realidad de muchas personas, por no decir la de todas como demuestran muchos análisis sobre la economía, el altruismo o la gratitud.

Como en todos los enfoques científicos, en la economía feminista existen diversas aproximaciones que no son excluyentes y que convergen en una serie de propuestas teóricas y metodológicas que se podrían resumir en las siguientes, y que pueden consultarse en el libro editado por Carrasco (2014), “Con Voz propia”. En primer lugar, la economía feminista considera que las relaciones de poder son esenciales para comprender cómo funciona la economía y más específicamente para entender las desventajas y discriminaciones que sufren las mujeres en distintos ámbitos –así como los privilegios y limitaciones vinculadas a las masculinidades imperantesy analizar cómo funcionan y se reproducen las instituciones androcéntricas. La economía feminista hace hincapié en las relaciones de poder que se establecen dentro del sistema capitalista y patriarcal, y que hace que los individuos ni tengan las mismas oportunidades ni elijan con la misma libertad e información que la teoría económica ortodoxa presupone. Todo en nuestras economías capitalistas está sexuado. Los individuos por razón de su sexo y cruzado por otras desigualdades y diferencias como la clase, la edad, la etnia o el territorio en el que habitan, tienen una acceso diferenciado a los recursos y al poder y, por tanto, participan de manera diferenciada en las distintas esferas y espacios económicos y se ven afectados de manera diferenciada por las coyunturas económicas, las políticas económicas y sobre todo, por las crisis económicas que las más de las veces agravan las desigualdades previas.

En segundo lugar, la economía feminista siempre ha ido más allá del mercado y de la economía mercantil, principalmente a través del análisis de

la familia y de otros espacios de intercambio como los comunitarios. El análisis de la economía familiar y del cuidado es lugar común de la economía feminista, al sostener que el hogar es un lugar de actividad económica donde se realizan actividades mercantiles y no mercantiles que son de naturaleza económica –aunque no son reconocidos ni contabilizados como tal-, y que sin embargo están desigualmente repartidas entre hombres y mujeres, condicionando el distinto tipo de inserción o no en el mercado de trabajo, la vida social y política, el bienestar y la autonomía de mujeres y hombres. De ahí, suelen desarrollarse análisis en dos grandes ámbitos. Por una parte, el de la retroalimentación que se produce entre la discriminación que las mujeres sufren en la familia y el mercado a través de los estereotipos basados en la división sexual del trabajo, que les asigna de manera natural y prioritaria la responsabilidad sobre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y que gracias a la discriminación estadística y la profecía de las expectativas auto-cumplidas hace que, cuando se incorporan al mercado, lo hagan en empleos y sectores infravalorados y precarios, debilitando su posición en el mercado y en la familia, y su agencia para decidir libremente su vida. También habría que incluir aquí el análisis la otra cara de la moneda: el estereotipo creado en torno al trabajador varón libre de trabajos de cuidados, con disponibilidad absoluta de su tiempo y su movilidad, y que constituye una horma en la que no todas las personas pueden entrar, especialmente aquellas que cuidan de terceros que son la mayoría de las mujeres y también, algunos hombres.También incluiríamos en este ámbito de análisis, el estudio de cómo las instituciones, las políticas, incluida la fiscal, fomentan y soportan este modelo familiar desigual. Por otra parte, un segundo ámbito de análisis dentro de la economía feminista es el que hace referencia a lo que se ha denominado como eco-

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nomía del cuidado o de los cuidados, el cual hace hincapié en la centralidad de los cuidados no solo por su importancia para la reproducción de la mano de obra, sino también en su importancia para el bienestar de todas las personas (no solo la fuerza de trabajo) y la estabilidad macroeconómica, destacando la necesidad de buscar alternativas económicas y sociales que pongan la sostenibilidad de la vida3 en el centro a través de una organización social del cuidado donde la responsabilidad de los cuidados no recaiga de manera natural, prioritaria y gratuita -en el sentido amplio del término- en las mujeres.

En tercer lugar, la economía feminista tiene una clara vocación participativa y transformadora defendiendo propuestas de políticas económicas, fiscales y sociales que permitan avanzar a corto plazo en igualdad y bienestar, en corresponsabilidad en el cuidado o en la regulación de los mercados laborales, pero siempre insertas en un horizonte de transformación profunda que permita que la economía y la política no giren en torno a las estructuras e instituciones patriarcales. Un horizonte cuya contemplación remite al debate sobre cuál es la vida que los seres humanos queremos vivir, por qué modelo de convivencia apostar y cómo organizar la vida en común.

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En cuarto lugar, y en relación a la crisis, la economía feminista insiste en que sólo teniendo en cuenta que hay ámbitos económicos más allá del mercado podemos entender la existencia de esas otras crisis que ya se venían dando y denunciando con anterioridad la actual, crisis como la ecológica, la de reproducción social, la de cuidados, o la de las estructuras políticas, y que no sólo no se están resolviendo con la actual crisis económica sino que, gracias a la salida deflacio3

nista y desigual que se está dando a la crisis en muchos casos y contextos, se están agravando.

A partir de estas consideraciones conceptuales y metodológicas, este informe se centra en el análisis de la crisis económica y las consecuencias clave que ello ha tenido y tiene sobre el bienestar de mujeres y hombres, y sobre las (des)igualdades de género, en el contexto concreto de España y Andalucía. Para ello, la estructura del informe, además de esta introducción y un breve apartado de conclusiones, se divide en dos partes bien diferenciadas. En una primera parte se abordan esas otras crisis o rasgos estructurales que explican el estallido de la crisis económica más allá de las causas inmediatas, y sobre todo la ausencia de respuestas adecuadas.Y una segunda parte, en la que se tratan distintos ámbitos vinculados con el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas, especialmente las mujeres y el impacto que han tenido en los avances en igualdad de género. Los ámbitos en cuestión son los de 1.Demografía, 2. Educación, 3.Participación en el mercado de trabajo, 4.Condiciones en el mercado de trabajo, 5.Salud y dependencia, 6. Pobreza y exclusión, 7.Violencia machista y 8.Empoderamiento económico, social y político. Cada apartado presenta, siempre que la disponibilidad de datos lo permite, la evolución de los principales indicadores en el periodo 2007-2015 a nivel estatal y andaluz, analizando críticamente el impacto de la crisis y las políticas austericidas sobre el bienestar de mujeres y hombres y sobre las desigualdades de género. •

Véanse algunos trabajos al respecto de las autoras del presente informe como Del Moral (2013) o Agenjo (2014b).

El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis //

2 LA DIMENSIÓN ESTRUCTURAL DE LA GRAN RECESIÓN Un análisis más profundo del momento actual desde una perspectiva feminista y ecologista, pone al descubierto que existen varias crisis que se superponen y retroalimentan, activándose lo que Fernández Durán (2011) denomina una “dinámica de crisis global multidimensional” o Morin (2011) ‘policrisis’. Es decir, se trata de una crisis estructural fruto de las propias contradicciones que atraviesan nuestro sistema socioeconómico: una crisis que afecta a la dimensión ecológica por la degradación creciente de la biosfera; una crisis de reproducción social y de un modelo determinado de bienestar y de cuidados; una crisis de representación, de la democracia y del sentido de la política; una crisis ética por la primacía del individualismo egoísta y consumista y, en gran medida, deshumanizado, etc. La existencia de estas crisis con anterioridad al estallido de la crisis financiera de 2007-08 no implica que en las décadas previas no se hayan producido, contemporánea-

mente, determinados avances parciales en igualdad de género, que sin embargo han afectado de diversa manera a las mujeres en relación al país, nivel de renta o etnia de pertenencia.

Por tanto, cuando hablamos de la crisis, es necesario señalar que no se trata solo de un fenómeno de carácter coyuntural comenzado en 2007 y que vaya a superarse con la aplicación de una serie de medidas de ajuste, sino que se trata de una crisis sistémica y civilizatoria, que conlleva una quiebra de los procesos vitales en sentido amplio, y que puede estar suponiendo un punto de inflexión histórico y transformando las relaciones de poder a través de tres procesos principalmente. Estos serían, financiarización, deterioro del mercado de trabajo e individualización de los riesgos (Gálvez, Rodríguez y Torres, 2016), en un contexto de democracia de baja intensidad o como acuñó Crouch (2004), una post-democracia.

2.1 LA DIMENSIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA CRISIS

Para poder entender la naturaleza de la crisis económico-financiera internacional iniciada en otoño de 2007no podemos acudir simplemente a la difusión global de activos tóxicos a partir de las llamadas hipotecas sub-prime generadas en Estados Unidos. Porque, si bien esa puede ser considerada la causa más inmediata, es necesario situar nuestra mirada

en el largo plazo, y buscar las causas estructurales con un mayor alcance socioeconómico e histórico. Especialmente porque han sido esas causas estructurales a las que no se les ha dado respuesta con las políticas que se han puesto en marcha y las que explican la transición hacia un escenario austericida en el que nos encontramos ahora.

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De hecho, para abordar esta dimensión de la crisis con profundidad sería necesario conjugar en el análisis ciertos elementos de carácter global, puesto que es la consecuencia inevitable de un modelo de crecimiento insostenible a escala global, basado en la financiarización de la economía, la desigualdad creciente en la distribución de la renta, y el ajuste salarial permanente. Elementos de impronta neoliberal estrechamente relacionados con el estallido de esas otras crisis de las que hablábamos; así como elementos específicamente europeos (teniendo como punto de inflexión la firma del Tratado de Maastricht, la constitución de la Unión Económica y Monetaria y la entrada del euro) y también elementos propios de la economía española de las últimas décadas, así como la ubicación de la economía andaluza en el engranaje español, comunitario y global. La economía española se ha caracterizado por un modelo de crecimiento importador/deudor basado en la acumulación creciente de deudas y de desequilibrios estructurales (Álvarez et. al. 2013), y el boom de la construcción ligado al endeudamiento como base del negocio y del poder de la banca y las élites y que se ha revelado como fuente de corrupción y desigualdad. Al tiempo que se fomentó un mercado de trabajo con buenas oportunidades para los hombres con escaso nivel educativo lo que tuvo importantes efectos en el abandono temprano de la educación y formación y en las bajas tasas de actividad femeninas.

En lo que respecta a España y la Zona Euro, la caída del PIB se registró por primera vez en el segundo trimestre de 2008, pero ello no se debió tanto a un "efecto contagio" de la crisis financiera en EE.UU, como al pinchazo de las propias burbujas que se habían generado en la periferia europea. En el caso de España, se trataba de la burbuja inmobiliaria que venía ges-

tándose en décadas anteriores y que saltó por los airestras el colapso del mercado interbancario y el cierre del crédito, ya que los bancos españoles contaban con sus propios activos tóxicos, grandes cantidades de pasivos que eran préstamos a corto plazo que comenzaron a no pagarse, desplomándose así el principal pilar de crecimiento de la economía española.

De hecho, la euforia económica anterior al estallido de la crisis estaba ocultando las propias debilidades del modelo español: una renta por habitante inferior a la media europea y un infradesarrollo del gasto público social que se vio compensado con un aumento de la deuda de los hogares para mantener el nivel de consumo; ello unido a unos elevados niveles de endeudamiento de empresas y bancos (en plena burbuja financiera especulativa), déficits estructurales de las cuentas exteriores y, como consecuencia, tendencia a endeudarse con el exterior para mantener su crecimiento (Álvarez et al., 2013: 17). Todo ello unido a una inflación superior a la de la zona euro, una política monetaria fijada por el Banco Central Europeo (BCE) que mantuvo unos bajos tipos de interés, y una disciplina fiscal que implicaba una menor capacidad para evitar que los periodos de crisis repercutieran negativamente al conjunto de la población. A esto habría que añadir, un diseño de la moneda única que en vez de hacer converger a los países miembros ha ahondado la divergencia que existía previamente dificultando una política común y explicando por qué las respuestas políticas a la recesión han tenido efectos tan desiguales en los países miembros.

Esta “crisis encubierta de credit crunch” (Marazzi, 2009) ha ido presentando “una magnitud y una trascendencia mucho mayor que en anteriores episodios” (Gálvez y Torres, 2010:

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75) que devino progresivamente en el desplome de la economía considerada real: caída de la producción industrial, del comercio mundial, de la inversión, del consumo y, en general, de toda la actividad económica y del empleo. Las primeras explicaciones que ofrecieron los principales dirigentes internacionales giraban en torno a la excesiva desregulación de los mercados financieros internacionales y la falta de control de los poderes públicos. Se hablaba entonces de "refundar el capitalismo" y de la vuelta a políticas de corte keynesiano a partir de la inyección de dinero público en la economía, para tratar de evitar una caída más brusca de la actividad económica. Así, hasta mediados de 2010, la respuesta de los poderes políticos se centró, por un lado, en planes de estímulo fiscal para intentar sostener la demanda agregada -en una actuación coordinada en el marco del G-20-, y por otro, en el rescate de los sistemas financieros nacionales, proporcionando fondos que evitaran quiebras de los bancos y otras instituciones.

Concretamente en 2009 en España se presentó el "Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo" (Plan E), que incidió principalmente en creación de empleo en sectores muy masculinizados (Gálvez y Rodríguez-Modroño, 2013), con una dotación de recursos que suponía un 2,9% del PIB de 2009, y se llevaron a cabo continuos rescates a bancos y cajas4. Estas primeras medidas condujeron a un enorme desembolso de dinero público que, unido al deterioro en los ingresos por la propia parálisis de la actividad económica, y al incremento en el número de prestaciones por desempleo -o como en el

caso de España por medidas específicas como consecuencia de medidas electoralistas como la devolución de 400 euros del IRPF a todos los contribuyentes prometidas por el partido socialista en las elecciones de 2008 y que posteriormente ejecutó al ganarlas-, llevó a algunos estados a incurrir en un elevado nivel de déficit público. Esto no fue independiente del diseño de las instituciones económicas europeas, especialmente del BCE, que en sus estatutos incluía la imposibilidad de prestar directamente a los estados.

La denominada “crisis de la deuda soberana” que ha tenido lugar en los países de la periferia europea se debe al traspaso de las deudas de los bancos al estado y a la especulación financiera a través de la elevación de la “prima de riesgo”. Se trata de una especulación consentida por los estados, y aprovechada con creces por los inversores privados, que debilita el poder negociador de los estados y aumenta su deuda a base de deuda, lo que ampliamente disminuye las posibilidades de gasto (sobre todo de gasto social), preparando el terreno para el deterioro de los servicios públicos y para su futura privatización. Esto suele situar a la población en una situación más dependiente de su inserción en los diferentes mercados, principalmente el de trabajo o crediticio, lo que en definitiva supone una gran fuente de desigualdades e incrementa los sesgos de género de la política macroeconómica de corte neoliberal (Gálvez, Rodríguez y Torres, 2016). La primera petición de "rescate" fue por parte de Grecia el 23 de abril de 2010. Al rescate griego le siguió el de Irlanda, Portugal, un segundo rescate a Grecia, Chipre y España5 en la

4 Concretamente, en junio de 2009 el gobierno español creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que introducía la exigencia de que las entidades debían reestructurarse (fusionarse con otras de mayor solvencia) para poder acceder a dichos fondos. 5

Se trataba de una recapitalización directa a la banca española de 40.000 millones de euros.

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primavera de 2012. Los Estados que solicitaron estos préstamos quedaron así sujetos al cumplimiento de una serie de condiciones en materia de política económica y fiscal: recortes severos del gasto público, subidas de impuestos, reducción de la Administración, recorte de las pensiones o privatización de empresas públicas, e incluso cambios legislativos fundamentales (e incluso de las propias constituciones nacionales), cambiando el rumbo en la agenda política de los distintos países, en el marco de la Nueva Gobernanza Europea que se puso en marcha6. Desde 2011 el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) es el organismo permanente encargado de la gestión de los fondos para financiar a los Estados, mientras que la Troika (formada por la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo) se ocupa de las previsiones y control del cumplimiento de la condiciones asociadas a estos programas de asistencia. Con ello se abrió el camino a unas contrarreformas neoliberales mucho más profundas que las conocidas hasta entonces, aunque con importantes antecedentes en algunos países latinoamericanos y asiáticos, así como en los países que emergieron tras la desintegración de la Unión Soviética. El discurso que subyace es el "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", lo que habría provocado insostenibles niveles de endeudamiento e intensos desequilibrios externos. No obstante, la “crisis de deuda soberana” en Europa no ha sido causa, sino consecuencia de los propios abusos financieros que tuvieron lugar años antes.

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A la nueva agenda de austeridad impuesta por la Troika desde la primavera de 2010 hay que añadir los compromisos adicionales contraídos por los Estados miembros que participan en el Pacto por el Euro Plus, ratificado en 6

junio de 2011 y que se centran en: vincular salarios a productividad, aumentar la flexibilidad laboral y disminuir los impuestos a las empresas, la obligación de reducir el déficit público por debajo del 3%, y el control de los bancos mediante pruebas periódicas. Así como la traducción en legislación nacional de dichas normas presupuestarias. En el Estado español, se reformó el artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011. Otro de los hitos más importantes en este sentido lo conforma la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (más conocido como “Pacto Presupuestario”) que entró en vigor el 1 de enero de 2013, introduciendo la “regla de oro de equilibrio presupuestario” y también un mecanismo de corrección automático con el objetivo de “poner un freno al endeudamiento” en las legislaciones nacionales, preferiblemente a nivel constitucional, con efecto vinculante y permanente (Agenjo, 2014a).

Asimismo, se crean nuevas normas y nuevos organismos para supervisar la actividad de todos los agentes financieros. El instrumento más notable es la creación de una unión bancaria, con el mecanismo único de supervisión bancaria (MUS) como pieza central. En su virtud, el BCE asume la supervisión directa de las entidades de crédito de mayor tamaño de la UE y tendrá potestades de autorización, control y sanción en relación con esas entidades. La entrada en vigor de este nuevo marco jurídico el 3 de noviembre de 2014 se completa con la aprobación del mecanismo único de resolución (MUR) que entra en vigor el 1 de enero de 2016.A esta normativa europea, es necesario sumar los impactos que pueda tener la firma y entrada en vigor del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP),

Para una reflexión feminista sobre la nueva gobernanza europea véase Agenjo, 2014a.

El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis //

que actualmente se está negociando, con gran opacidad, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, así como un mayor control policial dentro del propio territorio, y el reforzamiento de las vías penales para el control y la resolución de los conflictos derivados de la exclusión e injusticia social (Montero, 2011).

2.2 AGUDIzACIÓN DE LA CRISIS ECOLÓGICA

Nuestro sistema económico se basa en una expansión continuada de la producción y el consumo, que es claramente incompatible con un planeta físicamente limitado. Los incrementos del PIB están directamente acoplados a un aumento de la extracción de materiales, del consumo de energía y la generación de residuos. Se trata de una “guerra silenciosa, destructiva y en acelerado ascenso contra la Naturaleza, llevada a cabo por la expansión a escala planetaria del sistema urbanoagro-industrial y está actuando actualmente como un auténtico boomerang contra el mismo” (Fernández Durán, 2010: 5). En las últimas décadas, asistimos a la agudización de una crisis ecológica a escala global, cuyos impactos giran, fundamentalmente, en torno a tres cuestiones: al cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y el colapso de la biodiversidad. Estos tres procesos ponen seriamente en peligro la reproducción y el mantenimiento de la existencia social que, como todo lo vivo, depende de la biosfera (de sus materiales y de sus procesos) pero también de un enorme volumen de trabajo de cuidados (Herrero, 2013). En este sentido, la mirada feminista en torno a estas cuestiones es fundamental, pues obliga a situar en el centro el mantenimiento de una vida humana digna y compatible con la naturaleza.

En el año 2008 se observó un brusco descenso de las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) debido a la crisis económica. Esta tendencia se mantuvo hasta el año 2013, pero ya en 2014 las emisiones volvieron a aumentar un 1,1% respecto al año anterior. La actividad industrial aumentó ligeramente, así como también lo hicieron las emisiones debidas al sector, situando una vez más, al Estado español a la cabeza de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990 (año que se toma como referencia para el protocolo de Kioto) y refleja la ausencia de una política coherente y efectiva en la lucha contra el cambio climático (Ecologistas en Acción, 2015). En un contexto de verdadera emergencia social como el actual (según reflejan los indicadores que recoge el apartado III de este informe) la población andaluza parece haber relegado su preocupación en torno al medio ambiente aun segundo o tercer plano frente a otro tipo de preocupaciones acuciantes como el desempleo o la corrupción. Los datos de Ecobarómetro2013 (IESA, 2014) muestran que si el 88,5% de la población encuestada señaló entre sus principales preocupaciones el desempleo, tan sólo el 3,3% mencionó la situación medioambiental. En paralelo, hay que subrayar, cae la valoración de las actuaciones

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en materia medioambiental de las administraciones públicas (europeas, estatales, regionales y locales), mientras que crece la confianza en capacidad de las organizaciones ecologistas y el sistema educativo para dar respuesta a estos problemas, lo que puede relacionarse con la crisis de la política sobre la que se profundiza más adelante.

2.3 CRISIS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL y CRISIS DE LOS CUIDADOS

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Esta dimensión de la crisis es objeto de especial interés para la economía feminista y adquiere una importancia central puesto que aborda el engranaje producción-reproducción, desvelando las “vulnerabilidades profundas del sistema económico que se juegan en el terreno del vivir, como proceso cotidiano de reproducción de cuerpos, identidades y relaciones” (Picchio, 2009: 28). Desde este punto de vista, las políticas económicas de las últimas décadas en los países occidentales han ido configurando un contexto de intensificación de la precariedad y la inseguridad para la mayoría de la población.

¿Cómo se ha llegado a esto? Las continuas desregulaciones del mercado de trabajo y de otros bienes y servicios básicos, así como las privatizaciones que se han llevado a cabo en los últimos cuarenta años, han implicado la transferencia de un importante volumen de recursos efectivos o potenciales del Estado al capital privado (específicamente a aquéllos segmentos dirigidos por el capital transnacional y enlazados con el financiero especulativo). Esto ha supuesto una reducción de la participación de los salarios en la renta total y una distribución más desigual de los ingresos. Asimismo, la progresiva privatización de bienes y servicios públicos en materia de sanidad, educación y protección social, ha hecho depender su acceso o disfrute del poder adquisitivo,

perdiéndose así su carácter más o menos universal (Arrizabalo, 2014). Al desmantelarse ciertos servicios y prestaciones públicas y perderse el acceso a determinados bienes básicos es necesario recurrir cada vez en mayor medida a los mercados; y esto implica que se dependa cada vez en mayor medida de la obtención de ingresos. Que también es cada vez más inestable e insegura debido al deterioro e informalización de las relaciones laborales en materia de retribuciones, condiciones y derechos ya las reformas fiscales cada vez más gravosas para la población de menores ingresos (Pérez Orozco, 2014). Y aquí es donde entra en juego uno de los recursos fundamentales para obtenerlos y que se ha convertido en protagonista del modelo de acumulación español de las últimas décadas: el endeudamiento. Una deuda que actúa como fuerza impulsora del tan ansiado crecimiento, pero que se constituye como una trampa perversa que va sustituyendo derechos sociales adquiridos por consumo, y que, por tanto, se convierte en un mecanismo disciplinador clave (Agenjo, 2014a).

Por tanto, se va configurando un contexto de polarización social en el que una amplia mayoría de personas abocados a empleos precarios, al desempleo y/o al endeudamiento, etc. ven cómo se intensifica su situación de vulnerabilidad frente a los reajustes del sistema, pade-

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ciendo una incertidumbre no elegida que, debido al nexo del que hablábamos, conlleva un empeoramiento de la calidad de vida. Es decir, que el modelo económico y social dominante conlleva una tendencia sistemática hacia una mayor polarización que se concreta en un fuerte aumento de las desigualdades sociales y de género, con la aparición de nuevas vías de exclusión y diferenciación social. Así, cada vez es más frecuente que las situaciones de precariedad se conviertan en situaciones de exclusión, donde ya no hay incertidumbre sobre el acceso, sino falta de acceso a los recursos, y pobreza (Pérez Orozco, 2014).

Por "crisis de los cuidados" se entiende “el desmoronamiento de los sistemas de cuidados tradicionales y una falta de respuesta social que deriva en que los cuidados actuales sean insatisfactorios, insuficientes, precarios y no libremente elegidos por quienes los siguen asumiendo, es decir, principalmente, las mujeres" (GFA, 2012:10).Esto no implica una defensa o añoranza del modelo tradicional de reparto de los cuidados pues éste se basaba en la subordinación de las mujeres, en una división sexual del trabajo en las que las mujeres tenían poca autonomía y oportunidades de vivir una vida diferente de la que tenían subordinadas a sus maridos. Este sistema quiebra debido al acceso masivo de las mujeres a la educación y el empleo y a otras transformaciones sociales que, sin embargo no han venido acompañada en una respuesta coherente e igualitaria ante todo un conjunto de retos emergentes. Nos referimos al envejecimiento de la población; al crecimiento urbano desbocado y la destrucción de espacios públicos; a la precarización que obliga a plegarse a los ritmos y horarios que impone la empresa y los cambios que se han producido en los mercados de trabajo; a la pérdida de redes sociales de apoyo (intergeneracionales,

comunitarias…) que fuerza a resolver los asuntos cotidianos de una forma mucho más individualizada; al progresivo desmantelamiento del Estado del bienestar y la privatización de ciertos servicios sociales que trataban de paliar algunos de estos problemas (Herrero, 2011).

Esta conjunción de factores se ha traducido en una crisis de los cuidados, cuyos efectos estaban haciendo más visible que nunca la necesidad de una redistribución social de las responsabilidades de cuidados entre las distintas instituciones de la economía, no sólo con la participación de los hogares sino también del Estado, de las empresas y la sociedad civil. De hecho, en momentos de bonanza económica se aprobaron leyes de conciliación, de ayuda a la dependencia...Sin embargo, a raíz de la crisis económica y financiera iniciada en 2007, tales reivindicaciones pasan a ser consideradas un lujo. En lugar de que los cuidados se asuman como una responsabilidad social, ocurre todo lo contrario al re-privatizarlos cuidados y la reproducción social en aras de la supervivencia de la economía considerada real. Una re-privatización que va más allá del simple traspaso de activos, empresas o servicios del sector público al privado, ya que, como señala Gálvez, conlleva también “la reducción de la esfera pública y, por tanto, la desaparición de los espacios de deliberación y negociación colectivos y de control social sobre las decisiones políticas (2013: 84-85).

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2.4 CRISIS DE LA POLÍTICA

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Esta dimensión de la crisis hace referencia a los debates surgidos en torno a las carencias de la democracia representativa. Autores como Subirats plantean que en pleno cambio de época “el escenario político, las instituciones y los partidos no han estado hasta ahora a la altura de las transformaciones en las formas de vida y de la relación social” (Subirats, 2011: 7). En relación a ello emerge una crisis de representación política. Esta crisis afecta a la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones públicas. Según el informe publicado en Marzo 2014 por la EUROFOUND, España es el segundo país de la UE en el que más ha caído la credibilidad del Gobierno y del resto de instituciones públicas. El caso juvenil es especialmente revelador, si en 2007 el 55% de los jóvenes españoles afirmaba confiar en el poder político, en 2011 la cifra se ha desplomado en un 20%, siendo este descenso el segundo más importante tras el sufrido en Grecia (Fariza, 2014). La crisis política y de representación supone un desafío a la centralidad de los partidos, de los sindicatos y de los medios de comunicación tradicionales, utilizando las redes sociales y la calle, haciendo emerger nuevos discursos sociales y movilizaciones que, aunque no siempre han supuesto un mayor protagonismo de las mujeres, de alguna manera, sí cuestionan el régimen en sí mismo, y sobre todo tienen como objetivo democratizar la economía fundamentalmente para poder invertir el patrón de incremento de la desigualdad que se ha impuesto en las últimas décadas y, según se muestra en este informe, se ha incrementado durante la crisis. Los movimientos del 2011 son buen ejemplo de ello y demuestran una acentuación de este malestar frente a las instituciones polí-

ticas en general y en concreto frente a su “docilidad y servidumbre política” ante unas “dinámicas económicas y financieras que les desbordan y condicionan por completo” (Subirats, 2011: 13).En esta estela hay que señalar así mismo la aparición de partidos emergentes y, si bien éstos no necesariamente están suponiendo un desafío radical a las relaciones y desigualdades de género existentes, es posible que las experiencias a nivel municipal pudieran abrir más posibilidades en este sentido.

Como señala Montero (2011), “el 15M, los movimientos feministas, ecologistas, anticapitalistas, viejos y nuevos movimientos, han puesto sobre la mesa las urgencias ecológicas, las derivadas de la interculturalidad, de la disputa por la igualdad, autonomía y libertad de las mujeres, del reconocimiento de las identidades múltiples, de la precarización del trabajo asalariado y de una larga serie de urgencias más. Atender esos discursos y propuestas tiene una especial relevancia porque lo que plantean afecta al contenido mismo de la vida en común. Realizan un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad y de formulación de nuevos valores, que convierte en problemas sociales y políticos de atención y actuación general, condiciones sociales que habían pasado inadvertidas hasta el momento”.

El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía en el escenario post-crisis //

2.5 CRISIS éTICA y DE vALORES Diversas corrientes de pensamiento plantean que estos malestares y cuestionamientos, reflejan que todas estas crisis (ecológica, financiera, de cuidados y política) son fundamentalmente el resultado de una crisis de los valores y de la construcción ética de la vida. “Es […] la crisis que deriva del divorcio entre medios y fines, de la desnaturalización del dinero y de los medios de pago que de ser instrumentos para el cambio se transforman en objetos del cambio” (Gálvez y Torres, 2010: 75). Una crisis derivada de la hegemonía de unos planteamientos perversos que escinden vida humana y naturaleza, niegan la vulnerabilidad, imponen un

sueño de autosuficiencia e identifican bienestar con consumo mercantil en permanente crecimiento. En este sentido algunos autores hablan de una auténtica “contrarrevolución conservadora en términos y valores. Un malestar psíquico y moral se instala en el corazón del bienestar material: la intoxicación consumista de la clase media se desarrolla mientras se degrada la situación de las clases más pobres y se agravan las desigualdades” (Morin, 2011: 23-24). Estas desigualdades se han visto acentuadas por la crisis económica actual que degrada duramente la situación económica de la mayoría de la población. • 14

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3 LA GRAN RECESIÓN y su salida austericida: impacto sobre el bienestar y la igualdad (2007-2015)

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En el desarrollo de la crisis económica es posible distinguir cuatro etapas definidas a partir de las respuestas políticas que se han dado: una primera fase de expansión fiscal mediante políticas de estímulo de la demanda de corte keynesiano y de rescate a la banca (2008-2009); una segunda fase que viene protagonizada por una crisis fiscal en Europa (“crisis de la deuda soberana”) y la aplicación de las políticas de austeridad (2010-2012); una tercera fase de intensificación de dicha austeridad (2013-2014) y una cuarta fase iniciada en 2015 de “postcrisis” en la que, al menos en el caso español, ha habido una cierta recuperación del gasto público dentro del ciclo electoral, pero donde el ritmo de reformas estructurales que facilitarán el mantenimiento de las políticas económicas generadoras de desigualdad y privatizaciones se han mantenido. Las políticas de austeridad tienen un efecto de género muy desigual, con un serio impacto en las oportunidades reales de las mujeres y la igualdad, tal y como muestra la literatura sobre los programas de ajuste estructural de corte neoliberal que vienen imperando desde la década de los ochenta, sobre todo en el contexto de América Latina y África7.

El vocablo “austeridad” se ha situado en el centro de las políticas europeas desde el estallido de la crisis de la deuda en 2010 pero, según se viene señalando, el termino esta “claramente mal utilizado pues […], en la práctica, no implica ninguna de las connotaciones estrictas de su significado. Por ejemplo, porque solo se traduce en el recorte de algunos tipos de gastos públicos y no de todos, como los financieros, o porque no es capaz de reducir finalmente el montante de deuda de los estados, que es lo que aparentemente persigue” (Gálvez, 2013). Por ello, como respuesta, se viene apostando por utilizarla palabra “austericidio” que si bien etimológicamente no responde a un uso correcto (el significado correcto de austericidio sería matar a las políticas de austeridad), simbólicamente representa los efectos negativos de estas medidas en un contexto de gran gravedad, puesto que las políticas de corte neoliberal tratan de recuperar la tasa de beneficio y crear condiciones de sometimiento social más favorables para el capital. Estas condiciones de sometimiento se han podido llevar a cabo en la medida en que se han intensificado los procesos que producen desigualdad estructural de gé-

7 Autoras como Isabella Bakker, Lourdes Benería o Diane Elson (entre otras), y redes como la Red Internacional de Género y Comercio (IGTN) o el Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) realizan un seguimiento feminista sistemático a las políticas económicas fueron los programas de ajuste estructural.

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nero y la discriminación de las mujeres en todo tipo de actividades económicas y sociales. Entre ellos, hay que destacar tres principales: las condiciones de precariedad que han marcado la masiva incorporación de las mujeres a los mercados de laborales, el deterioro del régimen salarial e intensificación del trabajo femenino, el debilitamiento de los estados del bienestar y la consolidación de las dimensiones insolidarias y patriarcales de los valores sociales neoliberales.

A continuación se aborda el análisis de un conjunto de indicadores relevantes desde el punto de vista de género en las principales

3.1 DEMOGRAFÍA

La población censada andaluza, según datos del INE a 1 de julio de 2015, asciende a 8.398.984 personas, con una composición por sexo prácticamente paritaria, aunque la proporción de población femenina (50,6%) es ligeramente superior que la masculina (49,4%).Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma más poblada concentrando el 18% del total de habitantes de España (que en 2015 se sitúa en 46.423.064 personas, 49,1% hombres y 50,9% mujeres). El menor grado de feminización de la población en Andalucía sería consecuente con el mayor peso del sector agrario y del mundo rural, más masculinizado que el urbano donde las oportunidades laborales de las mujeres suelen ser superiores (Gálvez y Matus, 2010). A pesar de ello, con el dato censal de 1 de julio de 2015, Andalucía ha perdido 280.409 personas respecto al inicio de la crisis en 2007. Lo que da idea del impacto poblacional de la crisis, sobre todo por el incremento del paro y la disminución de las oportunidades laborales en la comunidad.

áreas socioeconómicas de España y Andalucía. Los ámbitos analizados son demografía, educación, participación en el Mercado de trabajo y condiciones laborales, salud y dependencia, pobreza y exclusión, violencia machista y empoderamiento económico, social y político, contribuyendo al diagnóstico de la situación de hombres y mujeres andaluces, y a la profundización de la información desagregada por sexo disponible en Andalucía y su comparación con el ámbito nacional.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), al descomponer la población andaluza por nacionalidad, la población de nacionalidad española supone un 92,12% y la población extranjera un 7,87% (IECA, 2014). Uno de los efectos más impactantes de la crisis económica ha sido la dinámica migratoria, no sólo por el esperable descenso de los flujos inmigratorios y el progresivo aumento de las salidas de extranjeros/as, sino también el aumento de la emigración de personas españolas. Según los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales que publica anualmente el IECA, durante el año 2014 se registraron 109.444 movimientos de entrada en Andalucía y 110.497 de salida, resultando un saldo migratorio negativo por segundo año consecutivo, de -1.053 (en 2013 fue de -16.750). La edad media de la población de Andalucía en el año 2014 alcanzó los 40,4 años, la edad media femenina fue de 41,5 años, ligeramente

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superior a la media masculina, que se situó en 39,2 años, dada la mayor esperanza de vida de las mujeres. Respecto a la evolución de la fecundidad entre la población andaluza y española (en base al índice coyuntural de fecundidad), ambas medias han tendido a converger pero a

la baja. Si bien se observa una tendencia de disminución más marcada en Andalucía que la media a nivel nacional: en Andalucía el ICF ha pasado de un 1,50 descendientes por mujer en 2007 a un 1,38 en 2014, y en España de un 1,37 a un 1,32, tal y como observamos en el gráfico 1.

Gráfico 1: Evolución de la Fecundidad (ICF) en Andalucía y España. Periodo 2007-2014

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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) e Instituto Nacional de Estadís tica (INE).201Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin duda, la caída de la tasa de fecundidad es uno de los indicadores más claros de las consecuencias de género de la crisis económica y las políticas erróneas que se han desarrollado en España. En los países europeos existe una correlación muy clara entre la tasa de actividad femenina y la tasa de fecundidad de las mujeres. A mayor tasa de actividad, mayor tasa de fecundidad (De Villota, 2009). Esto implica

que en situaciones de alto nivel de desempleo con pocas oportunidades laborales estables y bien remuneradas para las mujeres, éstas retrasan la maternidad o disminuyen el número de hijos/as que tienen o directamente descartan la maternidad, lo que se traduce en la disminución de la tasa de fecundidad. Si admitimos los resultados del estudio de Esping-Andersen (2007), donde demostraba que

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en España tenían prioritariamente criaturas las mujeres que bien se adaptaban al patrón tradicional de ama de casa o las que tenían un empleo estable, veremos cómo el deterioro del mercado de trabajo, especialmente para las mujeres, pero también para los hombres, puede estar teniendo una incidencia en las decisiones de las mujeres vinculadas a la maternidad. Así, el deterioro del mercado de trabajo como veremos más adelante, sobre todo la disminución de oportunidades laborales para las mujeres en el sector público tras los recortes en el gasto público y las limitaciones en la tasa de reposición del empleo público, y la disminución de rentas que hacen cada vez más difícil el mantenimiento de familias con un único proveedor, están empujando a la baja las tasas de fecundidad de las españolas y andaluzas.

En Andalucía el 54,92 % de la población reside y vive en municipios rurales8 (4.504.889 habitantes), siendo el 49,82% mujeres, es decir, 2.244.394 de mujeres están presentes en el mundo rural andaluz, y 2.260.495 de varones (Consejería de Hacienda y Administración Pública, 2015). El medio rural tiene unas características muy particulares que se han mantenido a lo largo de la crisis: además de la dispersión, sigue perdiendo población y dejando como residentes a personas mayores que han decidido no trasladarse a la ciudad, o no han podido o ni se lo han planteado. Es decir está caracterizado por el sobre-envejecimiento pero también por la masculinización, la dependencia, las desigualdades de género y la vulnerabilidad laboral (Camarero et. al., 2009). Así, del total de la población rural andaluza,

2.055.223 son jóvenes menores de 35 años lo cual supone un 45,62% del total de población rural9. Se observa un descenso de la natalidad y un importante envejecimiento poblacional e incluso pérdida de población, pero con una alta esperanza de vida, reflejada en el elevado porcentaje de personas ancianas mayores de 75 años, 7,42 % de la población rural total, siendo mayor la proporción de mujeres mayores (4,42% de la población rural), que de varones (2,99 % de la población rural). En cuanto a la masculinización, nos referimos al desequilibrio demográfico que se concreta en un déficit de mujeres respecto a la proporción que naturalmente debiera existir entre los dos sexos o razón biológica. Es precisamente la ausencia de mujeres jóvenes –y la consiguiente soltería de los varones rurales– lo que estimula la aplicación de esta perspectiva, que hace aflorar estrategias de “huida” o éxodo selectivo de mujeres (“éxodo ilustrado”) desde las áreas rurales a las áreas urbanas, y un rechazo femenino ante unos esquemas patriarcales que ocultan el trabajo de las mujeres en la economía rural de base familiar y reducen sus ámbitos de influencia y decisión al estricto dominio de lo emocional y lo privado (Camarero, 2009). Es decir, esta distribución demográfica está muy relacionada con las desigualdades de género y las menores oportunidades laborales, de formación y de movilidad de las mujeres, así como de soportar una mayor proporción de los trabajos de cuidados no remunerados tal y como señala los estudios de Gálvez y Matus (2012) y Camarero y Sampedro (2008).

Existen diversas definiciones para caracterizar los entornos rurales, debido a las distintas percepciones que existen sobre los elementos que caracterizan la “ruralidad” (naturales, económicos, culturales, etc.), y la dificultad de recolectar datos relevantes a nivel de unidades geográficas básicas (municipios). El criterio más frecuentemente utilizado es la densidad de población, y así lo hacen, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o Eurostat. En España, la Ley 45/2007 de 13 diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR) aporta su propia definición de medio rural: por Municipio rural de pequeño tamaño se entiende aquel con una población