El gobierno de los salarios en el Uruguay progresista

(*) Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Trabaja como investigador el Instituto de Ciencia Política y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. E-mail: [email protected]
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Gráfico 1. CONFLICTIVIDAD LABORAL
EN EL PERÍODO 2000-2009

EL GOBIERNO DE LOS SALARIOS
EN EL URUGUAY PROGRESISTA

Luis Ibarra (*)


RESUMEN. Controlar la inflación es el objetivo de la política económica del Frente Amplio, como lo fue para los anteriores gobiernos uruguayos. Pero, mientras los partidos tradicionales trataban de crear un mercado de trabajo flexible, la izquierda restableció los Consejos de Salarios. Este artículo analiza la negociación salarial, organizada en Uruguay por el Frente Amplio, como una respuesta a la acción de los trabajadores con un dispositivo complementario de la política monetaria. Siguiendo ese hilo a través de los gobiernos progresistas, pone de manifiesto no sólo las tensiones que encierra, sino también el movimiento que las supera y lleva más allá del actual estado de cosas.


Introducción

La inflación es la preocupación principal de la política económica del Frente Amplio, como lo fue para todos los gobiernos uruguayos desde las reformas neoliberales, pero con una diferencia fundamental. Los gobiernos de los partidos tradicionales trataron de lograr la estabilización de precios disolviendo la acción de los trabajadores en un mercado de trabajo flexible. Los gobiernos progresistas, en cambio, procuran controlar la inflación con la colaboración de los sindicatos mediante la organización de la negociación salarial.

Esta combinación, en apariencia bizarra, quedó inmediatamente en el centro de las controversias. La prioridad de la estabilización monetaria era señalada, por un lado, como prueba inequívoca de continuidad con la orientación neoliberal, mientras que, por otro lado, se exhibía a los Consejos de Salarios como evidencia de un retorno a las prácticas de concertación social. En fin, ¿cómo explicar su coexistencia dentro del mismo gobierno, sino como expresión de la disputa entre distintos sectores políticos del propio partido de izquierda?

La polémica fue languideciendo, sin embargo, y no tanto porque se resolviera a favor de alguna de las propuestas, como por el desgaste de la premisa común que todas compartían, a saber: la presunta incongruencia entre la política monetaria y la negociación salarial organizada, identificadas con el neoliberalismo y la socialdemocracia, respectivamente. Un funcionamiento conjunto, que ya se prolonga por más de diez años, inmune al cambio de hegemonías dentro del Frente Amplio y aceptado por todos los partidos, requiere otras hipótesis que den cuenta del nuevo consenso político.

Por lo general, los estudios siguen también un mismo camino. Se ponen en el punto de vista del gobierno y analizan los efectos económicos y sociales de sus políticas con el propósito de sacar conclusiones para la competencia entre partidos. En ese enfoque, los trabajadores aparecen como beneficiados o perjudicados por las políticas, pueden incluso apoyar o rechazar al gobierno, pero siempre con un papel subordinado y reactivo frente a una iniciativa que procede invariablemente de arriba.

Pero el gobierno progresista no es un clavel del aire. El Frente Amplio llegó al poder como resultado de un ciclo de luchas que modificó la relación de fuerzas entre las clases. Hay que invertir la perspectiva, entonces, y considerar al gobierno progresista desde el punto de vista de las luchas. De ese modo, en lugar de hablar de izquierda y derecha como si fueran esencias inmutables para siempre, podemos comprender cómo políticas que, en determinado momento, fueron progresistas, cambian de papel y resultan conservadoras cuando las relaciones de fuerzas se modifican.

En consecuencia, este artículo analiza la negociación salarial, organizada en Uruguay por el Frente Amplio, como una respuesta política a la acción de los trabajadores. Siguiendo ese hilo a través de los gobiernos progresistas, se pondrán de manifiesto no sólo las tensiones que encierra sino también el movimiento que las supera y lleva más allá del actual estado de cosas.

Empezaremos por aclarar el vínculo entre la política monetaria y la negociación salarial, según las corrientes que prevalecen en la política económica. Luego analizamos la institución con que se pone en práctica en Uruguay: los Consejos de Salarios. Una vez cumplidos estos pasos previos, el artículo recorre las variaciones de la política salarial en los sucesivos gobiernos progresistas siguiendo la acción de los trabajadores. Por último, como conclusión, identificamos la tendencia política que surge de esa trayectoria y se expresa en el momento actual.


Dinero y salarios

El objetivo de la política económica del Frente Amplio es controlar la inflación. El consenso económico actual, a diferencia de los modelos neoclásicos, asume que los mercados no son perfectamente competitivos y que el gobierno tiene importantes efectos sobre la economía (Iversen y Soskice 2006). Según el régimen de metas, que prevalece, el gobierno define un objetivo inflacionario y procura alinear con él a las expectativas de los agentes económicos.

Esto supone, en primer lugar, que los precios son determinados por los agentes y no un resultado de la competencia en el mercado. La negociación colectiva establece los salarios y las empresas fijan los precios aplicando un margen de ganancia sobre los costos. Una inflación acotada permite que las empresas protejan el margen de ganancia trasladando las variaciones de costos al precio de los productos. La inflación es un ataque contra los salarios que opera a espaldas de la negociación colectiva (Berti 1975). Pero, si los trabajadores defienden los salarios y bloquean la recomposición de la ganancia, amenaza con una espiral de aumentos de precios.

Cuando las empresas no logran restablecer por si solas el mando sobre los trabajadores y sujetar a los salarios, interviene el gobierno con su acción sobre los grandes agregados económicos. El gobierno estabiliza a la economía por medio de la política monetaria. Si los precios suben más que la inflación admitida, el Banco Central aumenta la tasa de interés o restringe la cantidad de dinero, siempre con el propósito de provocar efectos de disminución de la demanda. Una recesión inducida disuade a las empresas de subas de precios y las empuja, por el contrario, a disciplinar a los trabajadores con el desempleo.

El comando monetario actúa como punto de referencia, que guía la conducta de los agentes del capital, y la política monetaria es la función de respuesta, que reprime la autonomización de los trabajadores.

Su eficacia depende, sin embargo, de dos factores relacionados entre sí. Por un lado, de la confianza de los capitales singulares en el gobierno, en su compromiso con el objetivo inflacionario por encima de otras presiones para elevar el déficit fiscal o devaluar la moneda. La eficacia de la política monetaria depende también, por otro lado, de la capacidad de los trabajadores para independizar a los salarios de la ganancia y vincularlos con sus propias necesidades.

El Frente Amplio asienta su credibilidad en una disciplina fiscal, que limite la expansión del gasto público, y ofrece como garantía un tipo de cambio flotante, donde la cotización de la moneda nacional queda librada al mercado. Pero el rasgo más característico de los gobiernos progresistas no está en el manejo de los instrumentos fiscales y cambiarios tradicionales, sino en el vínculo de la política monetaria con la negociación salarial.

Cuando los salarios son establecidos por los agentes económicos, se hace posible contener los aumentos para evitar que afecten a la ganancia y las empresas suban los precios. La política salarial se funda en la expectativa de que, si los salarios crecen menos que la productividad del trabajo, los aumentos son absorbidos por la disminución de los costos. Dentro de esos límites sería posible, entonces, un crecimiento simultáneo de los salarios y la ganancia sin subas de precios.

Pero, al reducir la participación y politizar los asuntos, una fijación centralizada de los salarios tiene el doble efecto de facilitar los acuerdos con la dirección sindical y dificultar su aceptación por los trabajadores (Traxler 2003). Requiere, además, que el gobierno organice la negociación colectiva dentro de formas que aseguren el cumplimiento de los convenios y garanticen la paz laboral. Las instituciones corporativas reaparecen, aunque con un sentido distinto al que tuvieron para el neocorporativismo (Hassel 2006). Siempre se trata de contener los salarios, pero no ya como un intercambio por políticas económicas expansivas del empleo, sino, al contrario, para disminuir los efectos negativos de las políticas monetarias restrictivas, bajo la amenaza de la desocupación.

Ya Shonfield advirtió sobre las ilusiones de la política salarial (1967: 250-252). No sólo supone aceptar la distribución actual de la riqueza y confiar exclusivamente en un crecimiento continuo de la economía. Pensaba, también, que una formación política de los salarios sólo sería aceptable, en una sociedad democrática, si se extendía a todos los componentes de los precios. Pero, lejos de conducir al socialismo, las políticas salariales son deshechas por la insubordinación de los trabajadores.

Cuando los conflictos se reiteran y afectan a la productividad, los intentos de conjugarlos con aumentos de salarios conducen a subas de precios. La circulación de las luchas convierte al salario en una variable independiente, sólo referida a la relación de fuerzas entre las clases, y decaen las mediaciones institucionales. La descalificación habitual de esos conflictos como "corporativos" revela, precisamente, que se trata de luchas que rompen los mecanismos de concertación social y recomponen la autonomía de los trabajadores.

Resumiendo: negociación salarial y política monetaria son dos dispositivos complementarios de la estrategia económica del Frente Amplio para controlar la inflación. Una incorpora a los sindicatos, con un papel subalterno, dentro de una administración de los salarios centralizada por el gobierno; la otra reprime su autonomización con el desempleo; y ambas encuentran sus límites en la insubordinación de los trabajadores. Veamos, a continuación, las instituciones salariales que ponen en práctica esta estrategia.


2. Los Consejos de Salarios

Los gobiernos progresistas organizan la negociación colectiva entre los trabajadores y el capital, y centralizan la formación de los salarios.

Inmediatamente de acceder al poder, el Frente Amplio creó un Consejo Superior Tripartito, integrado por la central sindical, las cámaras empresariales y el gobierno, con el fin de organizar la negociación colectiva. A partir de allí instaló 23 Consejos por ramas de actividad, divididos en más de 200 grupos particulares. En cada uno de ellos actúa una comisión tripartita, con delegados del gobierno, los patrones y los sindicatos del sector, que fija periódicamente los salarios de las categorías laborales. Estos salarios tienen el carácter de mínimo, son obligatorios dentro de todo el grupo de actividad y proscriben los conflictos durante el plazo de vigencia de los convenios colectivos.

Los Consejos de Salarios se completan con la protección legal de los sindicatos y con beneficios particulares, como la recaudación de la cuota sindical y la licencia gremial, expresamente dirigidos a favorecer su organización, equilibrar la relación con los empleadores y fortalecer la capacidad mediadora del gobierno.

El gobierno progresista no se limita a organizar la negociación colectiva y actuar dentro de ella como mediador. Ante todo, se pone por encima como mando y centraliza la formación de los salarios (Ibarra 2008).

El Poder Ejecutivo determina tanto el monto de los ajustes salariales como la duración de los convenios colectivos. Estos lineamientos generales no están sujetos a discusión en las instituciones corporativas; son definidos exclusivamente por el Ministerio de Economía y presentados a las organizaciones empresariales y sindicales como los marcos que delimitan la negociación. Los Consejos de Salarios funcionan a continuación bajo la forma de grandes rondas, que envuelven simultáneamente a todos o a gran parte de los sectores productivos, y tienen como contenido la implementación de las pautas gubernamentales según las condiciones particulares de cada rama de actividad. Finalmente, el gobierno se reserva la facultad de fijar los salarios por decreto, en caso de desacuerdo, aunque por esta vía no asegura la paz laboral.

Los Consejos de Salarios organizan una negociación colectiva distribuida de arriba abajo por ramas y grupos de actividad, dentro de pautas centralizadas por el gobierno. No obstante, comprenden exclusivamente al empleo formal. La última ronda de negociaciones, completada en el año 2013, cubrió a un total de 834.767 trabajadores de la actividad privada, incluyendo a los asalariados rurales y el servicio doméstico, sobre un total de 1.648.900 ocupados, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2014). Fuera del sistema de negociación colectiva quedan alrededor de 450.000 trabajadores precarios, no registrados en la seguridad social.

El empleo precario sólo está contemplado por el salario mínimo, que abarca a todos los trabajadores no en cuanto sujeto colectivo, sino como tutela de los individuos en el mercado de trabajo. Por lo general, la informalidad elude el registro en la seguridad social, pero no incumple con la normativa del salario mínimo, pues eso crea un incentivo para que el trabajador denuncie la situación y la empresa infractora sufra las sanciones correspondientes.

En Uruguay, el Salario Mínimo Nacional es fijado por el Poder Ejecutivo y se define como "un piso por debajo del cual no puede estar ninguna remuneración" (Decreto 1534 del 28 de noviembre de 1969). El Frente Amplio recuperó su papel como regulador del mercado de trabajo y le imprimió un curso ascendente, pero sus efectos son igualmente limitados en tanto los gobiernos progresistas mantienen el Salario Mínimo Nacional en niveles de pobreza.

Las instituciones salariales del gobierno progresista reproducen la división entre los trabajadores. Los Consejos de Salarios incorporan al empleo formal, a través de los sindicatos, dentro de una negociación colectiva centralizada por el gobierno y lo separan de los trabajadores precarios, desorganizados y librados al mercado de trabajo sin más limitación que el Salario Mínimo Nacional. Por medio de estas instituciones, el Frente Amplio asume a los salarios como una variable que la política económica trata de gobernar dentro de los límites de la estabilidad monetaria. No es de extrañar, entonces, que su funcionamiento varíe a lo largo de los gobiernos progresistas siguiendo las acciones de los trabajadores.


3. De la crisis a la recomposición de clase

El Frente Amplio llegó al gobierno, en el año 2005, con un panorama dominado por las consecuencias de la crisis de principios de siglo.

La crisis del 2002 llevó la desocupación a 17 por ciento y rebajó 23 por ciento los salarios, dejando en la pobreza a la tercera parte de la población, en tanto que multiplicó, como por arte de magia, la valorización de las exportaciones. Empobrecimiento de unos y enriquecimiento de otros crearon súbitamente el diferencial de ganancia para una rápida recuperación. Esas condiciones fueron ratificadas, a su vez, por la demanda de materias primas y alimentos, y la caída de las tasas de interés en el mercado mundial. La producción reanudó el curso ascendente y ya, para el año 2004, el Producto Interno Bruto registró la fabulosa cifra de 12 por ciento de aumento, en medio de una afluencia de inversiones extranjeras.

La crisis no estuvo acompañada por movimientos de insubordinación popular y destitución del gobierno, como ocurrió en Argentina. Los conflictos en defensa del empleo, el reclamo de salarios adeudados y las movilizaciones por el cambio de la política económica, sumaron 1.319.261 jornadas de trabajo en el año 2002, según el Instituto de Relaciones Laborales. Pero la solidaridad entre todos los partidos mantuvo la continuidad del gobierno y postergó las consecuencias políticas de la crisis hasta las elecciones del año 2004. Se disgregó, entonces, la coalición de partidos tradicionales, que gobernaba el país hacía quince años, en tanto que las resistencias sociales convergieron con la oposición política para llevar al Frente Amplio al poder.

La principal preocupación del Frente Amplio, en esas circunstancias, pasaba por responder a las necesidades sociales sin perturbar el crecimiento económico, ni generar conflictos que desestabilizaran al gobierno. En particular, la izquierda uruguaya había descartado de antemano un aumento inmediato de los salarios, pero tampoco dejó librada su evolución a la relación entre trabajadores y capital.

El gobierno de Tabaré Vázquez se comprometió a recuperar gradualmente, en el curso de su mandato, la pérdida salarial provocada por la crisis. Dispuso aumentos de salarios simultáneos y uniformes para todas las actividades. Las pautas de negociación del Poder Ejecutivo extienden los convenios colectivos hasta dos años y medio de duración, con ajustes según la inflación y un porcentaje de incremento real, por concepto de recuperación, definido en cada oportunidad dentro de estrechos márgenes. Así, por ejemplo, indicó aumentos de salarios entre un mínimo de 2 y un máximo de 4 por ciento para el año 2005, mientras que el Producto Interno Bruto crecía a una tasa de 6,6 por ciento.

Como dice, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo: "Los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para las negociaciones en los Consejos de Salarios ayudaron a conciliar varios objetivos, dentro de los que se destacan: recuperación del salario real, crecimiento del empleo, mantenimiento de bajos niveles de inflación y mejora de la competitividad de las empresas" (2010: 169).

El primer gobierno progresista trató de mantener los salarios por debajo del crecimiento de la producción. De esa manera, no sólo prolonga las diferencias provocadas por la crisis, sino que procura, además, que el crecimiento de los salarios vaya acompañado simultáneamente por una mayor ganancia de las empresas y no afecte a los precios.

La administración de los salarios por el gobierno, sin embargo, se encontró con necesidades y deseos de los trabajadores que escapan a las mediaciones institucionales (Ibarra 2008).

Los conflictos de trabajo, que se habían reducido a la mínima expresión bajo el impacto de la crisis y el desempleo, crecieron continuamente a lo largo del gobierno de Vázquez hasta alcanzar su mayor amplitud en el año 2008, con un total de 1.315.983 jornadas laborales. El Gráfico 1 compara la cantidad de jornadas de trabajo dedicadas a conflictos en el último gobierno de coalición con las ocurridas durante el primer gobierno progresista. La conflictividad recuperó dimensiones similares a las que tenía en los gobiernos de los partidos tradicionales, cuando carecía de mediaciones institucionales, y alcanzó un nivel similar al de la crisis del año 2002, pero con un contenido completamente distinto. Ya no son luchas defensivas por conservar el empleo o reclamar el pago de salarios adeudados. Con una economía en crecimiento y un gobierno favorable, los trabajadores pasaron a la ofensiva por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.



Elaboración propia en base a datos del Instituto de Relaciones Laborales


Con las luchas se extendió la organización. Aumentó la afiliación a los sindicatos existentes y se constituyeron también otros nuevos en actividades que permanecían desorganizadas hasta entonces. La Tabla 1 registra la evolución de los trabajadores cotizantes a la central sindical siguiendo la secuencia de sus congresos. Luego de la caída registrada en la década del noventa, la cantidad de trabajadores sindicalizados pasó de 127.600, en el año 2003, para más de 213.000 en el año 2008, según la central PIT-CNT. Negociación institucional y protección legal son mencionadas a menudo como condiciones que contribuyeron a esa recuperación. Pero la sugerencia de que sería un fenómeno exclusivamente dirigido desde arriba, omite que ese crecimiento de los sindicatos no hubiera sido posible sin los deseos y los esfuerzos de organización de los propios trabajadores.

Tabla 1. AFILIACIÓN SINDICAL
Año
Cotizantes
1985
244,000
1987
235,600
1990
227,800
1991
195,200
1993
168,800
1997
135,200
2001
114,400
2003
127,600
2006
141,000
2008
213,600
Fuente: PIT-CNT

La organización de los Consejos de Salarios, precisamente, era una demanda clave de los sindicatos y uno de los ejes de su asociación con el Frente Amplio. En contrapartida, el movimiento sindical no cuestionó la administración de los salarios por el gobierno. Cabe recordar que una situación similar, durante la transición democrática, había sido denunciada por el PIT-CNT en la Organización Internacional del Trabajo como una violación de las normas sobre negociación colectiva. En esta oportunidad, la central sindical se limitó a reclamar mayores aumentos y, aunque no reunió las luchas en torno a una reivindicación común, abrió espacio político para acciones particulares que sobrepasaron los lineamientos del gobierno.

La circulación de las luchas quebró la uniformidad de las pautas gubernamentales, estableciendo aumentos diferenciados a favor de las categorías de menores ingresos, y llevó a un crecimiento de los salarios por encima de los límites de la política económica. Mientras que los ajustes acumulados por el gobierno de Vázquez iban desde un mínimo de 9 hasta un máximo de 20 por ciento, el salario real creció 26 por ciento en el quinquenio. No obstante, aún con este empuje, los salarios quedaron por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto, que sumó 34 por ciento en el período.

La Tabla 2 resume la evolución de las principales variables en la década. La producción creció aceleradamente a partir de la crisis, pero sólo muy lentamente fue absorbiendo el desempleo. La mitad del crecimiento del período, según el Ministerio de Economía y Finanzas, no obedeció a una mayor incorporación de personal, sino al rápido incremento de la productividad del trabajo. Desocupación y mayor productividad contribuyeron a mantener los salarios por detrás del incremento del producto.


Tabla 2. PRODUCCION, DESEMPLEO, SALARIOS Y PRECIOS
Año
PIB
Desempleo
Salarios
Inflación
2000
-1.4
13.6
1.3
5.1
2001
-3.4
15.3
-0.3
3.6
2002
-11.0
17.0
-11.1
25.9
2003
2.2
16.9
-11.5
10.2
2004
12.3
14.1
-0.1
7.6
2005
6.6
13.1
4.6
4.9
2006
7.0
10.9
4.4
6.4
2007
7.6
9.2
4.8
8.5
2008
8.9
7.8
3.5
9.2
2009
2.6
7.3
7.3
5.9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística


Sólo al final del mandato de Vázquez, en el año 2009, los aumentos de salarios, obtenidos por la ofensiva del año anterior, superaron a un crecimiento de la producción, afectado por las consecuencias de la crisis mundial. Quedará para el próximo gobierno la preocupación por coordinar la evolución de los salarios con las variaciones de la coyuntura económica.

En suma, los trabajadores aprovecharon el primer gobierno progresista para recomponerse políticamente como clase. Aumentaron los conflictos, extendieron la organización sindical y convirtieron al salario en una variable rebelde a las determinaciones de la política económica.


4. Flexibilización salarial, estrategia sindical y conflictividad

Un segundo gobierno progresista, presidido por José Mujica, asumió el año 2010 en circunstancias completamente distintas de las que la izquierda había encontrado cinco años atrás. En lugar de enfrentarse con los efectos de una crisis, se ve ante las consecuencias del rápido crecimiento de la economía; su preocupación política no pasa ya por canalizar las necesidades sociales a través de instituciones corporativas, sino por comportamientos que escapan a las mediaciones institucionales.

El continuo dinamismo de la producción terminó por reducir el desempleo al orden del seis por ciento, aunque con una gran precariedad. La tercera parte de los trabajadores se desempeña sin cobertura de la seguridad social. Los salarios crecieron en menor proporción que el producto y, en términos absolutos, son notablemente bajos: 813.000 trabajadores, el 53 por ciento, gana menos de diez mil pesos mensuales, insuficientes para cubrir las necesidades básicas, en el año 2010, según el Instituto Cuesta Duarte (2011).

No obstante, la demanda de trabajo permite a los trabajadores la rotación de los empleos y conspira contra las exigencias de identificación del trabajador con la empresa. Crece también el ausentismo, la resistencia a las horas extraordinarias y el rechazo de la polivalencia. Las agencias laborales se quejan de dificultades para contratar y retener personal; una mayor rebeldía les impide seguir disponiendo de una mano de obra flexible y obediente.

Una conflictividad y organización de los trabajadores que, como vimos, desborda a la política económica del gobierno, se encuentra con una situación de virtual pleno empleo, que favorece a la suba de los salarios.

Privado de un arma de disciplinamiento fundamental, como es la amenaza del desempleo, el capital apeló a una variedad incentivos por presentismo, por antigüedad, por rendimiento, etc., que atan el crecimiento de las remuneraciones al cumplimiento de los objetivos de las empresas. Las técnicas de "gestión de recursos humanos" tratan de recomponer la capacidad de mando sobre el trabajo y extraer una mayor utilidad por trabajador ocupado.

En forma complementaria con el capital, el Frente Amplio respondió a esa composición de clase amenazante con la flexibilización salarial. Consideró que había cumplido con el compromiso de recuperar el nivel perdido en la crisis, pero no abandonó la administración centralizada de los salarios. Simplemente, limitó su compromiso político a conservar el poder de compra alcanzado y modificó los lineamientos de la negociación colectiva siguiendo la acción de los trabajadores.

El segundo gobierno progresista dejó de fijar aumentos salariales simultáneos y uniformes para todas las actividades. Dispuso, por un lado, que los salarios continúen actualizándose según la inflación, pero ciñéndose estrictamente ahora a la meta del gobierno. Una corrección anual de la diferencia con la inflación efectiva restablece el poder de compra posteriormente, de manera que las pérdidas recaigan sobre los trabajadores. Por otro lado, el Poder Ejecutivo reemplazó la fijación de porcentajes de recuperación por aumentos de salario real condicionados al incremento de la productividad, general y sectorial, del trabajo. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2010), se trata de "un procedimiento más flexible, que tiene en cuenta las diferencias entre los sectores productivos y es compatible con el control de la inflación."

Los nuevos lineamientos de negociación colectiva tratan de impedir la circulación de las luchas. Permiten conceder mayores aumentos a los sindicatos más fuertes, sin una suba general de salarios, así como también una mayor explotación cuando los sindicatos son más débiles, con el resultado general de dividir a de los trabajadores. La flexibilización salarial hace variar las remuneraciones no según las necesidades del trabajador, sino a la suerte de los negocios y fomenta la colaboración de los sindicatos con las empresas en perjuicio de la unión de clase. Por último, los aumentos por productividad evitan la redistribución de la riqueza, pues los salarios sólo suben si también lo hace la ganancia, no afectan a los precios y recuperan a las luchas salariales dentro de los límites de la política económica.

El gobierno de Mujica flexibilizó la administración de los salarios dentro de un rango que tiene como piso la inflación y como techo el incremento de la productividad del trabajo. Entre esos límites, el Frente Amplio abrió espacio para una negociación colectiva movida por la ganancia de las empresas y la estabilidad monetaria, antes que por las necesidades y deseos de los trabajadores.

No obstante, la formación de los salarios no siguió los lineamientos del gobierno. Sus contornos terminaron de dibujarse por las relaciones de fuerzas producidas por un ciclo de conflictos (Ibarra 2011).

La conflictividad sumó 1.279.500 jornadas de trabajo en el año 2010, según el Instituto de Relaciones Laborales. El Gráfico 2 muestra cómo, a diferencia de la disminución de los conflictos ocurrida al comienzo del primer gobierno progresista, Mujica inició su gestión con un nivel de conflictividad que se equipara a sus momentos más agudos.



Elaboración propia en base a datos del Instituto de Relaciones Laborales


Los conflictos envolvieron a importantes sindicatos de la actividad privada, recibieron un potente impulso de los trabajadores de la salud y la enseñanza del estado, y fueron acompañados por acciones comunes del movimiento sindical, incluyendo un paro general de 24 horas. Su impacto se vio acentuado, además, por formas de lucha que multiplican los efectos sobre las actividades. Ocupación de lugares de trabajo, piquetes móviles y bloqueo de nudos estratégicos son algunos elementos de una contra logística, que revela un conocimiento y un poder de los trabajadores capaz de interrumpir los ciclos productivos. La movilización se extendió incluso a sectores del comercio y los servicios, de peores salarios y mantenidos hasta entonces al margen de las luchas, que entraron vigorosamente en escena con la ocupación de las grandes cadenas de supermercados.

En esta oportunidad, el PIT-CNT no cuestionó las pautas del gobierno, sino que se orientó a imponer criterios distintos en el curso de las negociaciones particulares. Las directivas impartidas desde la central a las delegaciones sindicales de los Consejos de Salarios descartan las consideraciones sobre productividad, ponen en segundo plano las diferencias entre los sectores productivos y asocian los aumentos de salarios al crecimiento de la economía del país (Instituto Cuesta Duarte 2010).

El Ministerio de Trabajo (2011) celebró, finalmente, la firma de nuevos convenios colectivos, destacando que habían sido fruto del acuerdo entre empresas y sindicatos. En cambio, el Banco Central advirtió que "se acordaron incrementos de salarios por encima de la inflación que no están atados a incrementos de productividad" (2011: 28).

En efecto, los convenios establecieron aumentos fijos. No son los salarios que se flexibilizan para mantener la ganancia, sino, al contrario, ésta que queda condicionada por la rigidez de las necesidades de los trabajadores. Los convenios ignoraron las referencias a la productividad, vincularon los aumentos del salario real al crecimiento económico y establecieron ajustes diferenciados, no en función de la situación de los sectores productivos, sino a favor de los grupos de menores ingresos. Finalmente, la circulación de las luchas produjo también algo más y distinto que mejores salarios. Los conflictos crecieron en cantidad, calidad y extensión, y establecieron relaciones de fuerzas que contrarían los lineamientos del gobierno. El salario se convirtió en un "componente exógeno", dice el Banco Central, que escapa a la política económica y la condiciona.

Las disputas en la izquierda se inclinaban en otra dirección. La central sindical, con prudencia, pero con determinación, tomó el relevo de la política salarial del gobierno y encauzó las luchas de los trabajadores hacia una participación en los beneficios del crecimiento, como un modo de mantener la cooptación de la clase dentro del proyecto político del Frente Amplio. Pero esta estrategia encontró también rápidamente sus límites.

Tanto la política económica del gobierno como la estrategia corporativa de los sindicatos se apoyaban en un crecimiento continuo de la economía y ambas desmerecen cuando el ritmo de la producción declina, a partir del año 2012.

En esas circunstancias, el gobierno de Mujica encaró la ronda de negociaciones del año 2013 con la exigencia de reducir los aumentos de salarios. Las pautas del Poder Ejecutivo insisten con la flexibilización salarial, sino ya de acuerdo con la productividad, al menos según algún indicador objetivo de desempeño, pero imponiendo esta vez, un máximo a los aumentos. Nuevamente, el Frente Amplio trató de contener los salarios por debajo del crecimiento del producto. De manera adicional y, a instancias del Ministerio de Economía, ofreció también una nueva opción, que disocia a los salarios de la inflación con ajustes exclusivamente nominales.

El PIT-CNT trató de disminuir el dramatismo de la situación, atribuyéndole un carácter coyuntural. Sin embargo, en esta oportunidad no coordinó la acción de las delegaciones sindicales de los Consejos de Salarios y las acciones salariales se desplegaron en arco que iba desde el desafío abierto de las pautas del gobierno hasta los intentos de adecuarse a ellas, reorientándose a la búsqueda de compensaciones no salariales. Por esa brecha, la conflictividad laboral trepó hasta 1.469.710 jornadas de trabajo, en el año 2013, la más alta de los gobiernos progresistas hasta el momento.

Los conflictos rechazaron nuevamente la flexibilización salarial e ignoraron la opción de ajustes nominales. Los convenios acordados mantuvieron el esquema de ajustes por inflación y aumentos de salario real fijos, con ajustes diferenciados para los grupos de ingresos menores. La Tabla 3 muestra cómo el índice medio de salarios disminuye efectivamente, pero la desaceleración paralela de la producción mantiene la tensión y el desempleo retoma una línea ascendente.


Tabla 3. PRODUCCION, SALARIOS Y DESEMPLEO EN LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS
Año
PIB
Desempleo
Salarios
2005
6.6
13.1
4.6
2006
7.0
10.9
4.4
2007
7.6
9.2
4.8
2008
8.9
7.8
3.5
2009
2.6
7.3
7.3
2010
8.5
6.8
3.3
2011
6.0
6.0
4.0
2012
3.9
6.1
4.2
2013
4.4
6.5
3.3
2014
3.5
6.6
3.5
Fuente: Instituto Nacional de Estadística


En definitiva, un ciclo de conflictos frustró la flexibilización salarial, promovida por el segundo gobierno progresista, y fue encauzada por la central sindical hacia una asociación de los salarios con el crecimiento económico. No obstante, la disminución del ritmo de la producción, a partir de la mitad del mandato de Mujica, vació de sentido tanto a la estrategia sindical como a la política económica. Los trabajadores llevaron la conflictividad al máximo nivel registrado, hasta entonces, y establecieron convenios que prolongaron la tensión hasta el próximo gobierno.


5. Los límites del crecimiento y la acentuación de los antagonismos

Tabaré Vázquez volvió a la presidencia de la República al frente de un tercer gobierno progresista, el año 2015, en condiciones que son prácticamente el reverso de las que había encontrado en su primer mandato. Una expansión extraordinaria de la economía uruguaya, que se prolongó por diez años y proporcionó la base de la hegemonía progresista, llegó a su fin revelando simultáneamente los límites del crecimiento económico y un horizonte de antagonismos políticos.

Como vimos, tras la crisis de comienzos de siglo la producción crecía aceleradamente, los salarios eran muy bajos y los aumentos fáciles de asimilar para las empresas. Los trabajadores se recomponen como clase y disputan con el gobierno en torno de la recuperación salarial, pero la persistencia del desempleo contuvo los aumentos de salarios por debajo del incremento del producto.

Desocupación y bajos salarios fueron no sólo el punto de partida, sino también condiciones parcialmente renovadas por el propio crecimiento económico hasta que, al cabo de diez años, empezaron a agotarse. El continuo dinamismo de la producción terminó por absorber el desempleo y la demanda de trabajo presionó a la suba de los salarios. Un ciclo de conflictos frustró la flexibilización salarial, promovida por el gobierno de Mujica, y las empresas empezaron a expresar preocupación por los costos.

Según el economista Pablo Roselli, "las condiciones del mercado y las rondas de negociación se combinaron para generar aumentos de salarios que son un desafío para las empresas, que deben promover aumentos muy fuertes del volumen de negocios para generar mejoras de productividad capaces de absorberlos" (El país, 30 de abril de 2012)

Quedaron plenamente de manifiesto, entonces, los límites del crecimiento de la economía uruguaya. Luego de una década de la más extraordinaria expansión y con virtual pleno empleo, la mitad de los trabajadores no gana lo suficiente para cubrir las necesidades básicas cuando ya la ganancia se siente amenazada por los salarios.

Si la relación entre los trabajadores y el capital reveló todo lo que el simple crecimiento económico podía ofrecer, la modificación de la demanda externa vino a conspirar incluso contra la conservación de la situación. El ritmo de la producción decae, a partir del año 2012, es superado por los salarios y las empresas apuran las subas de precios. La política monetaria no logró alinear la inflación con la meta del gobierno y el Banco Central temió por una espiral de aumentos de precios.

El Frente Amplio reaccionó, a esas circunstancias, con la determinación de recuperar el control de los salarios. Si antes Mujica se había esforzado por flexibilizar los salarios y asociar los aumentos con indicadores objetivos de desempeño, Vázquez abandonó ahora toda preocupación por la productividad y centralizó rígidamente la administración de los salarios.

El Poder Ejecutivo suprimió el sistema de ajustes por inflación y aumentos de salario real fijos, que regía hace diez años. En su lugar, dispuso ajustes de los salarios nominales, fijados discrecionalmente por el gobierno. Los nuevos lineamientos de negociación establecen convenios de tres años de duración, con ajustes de los salarios monetarios entre 8 y 10 por ciento, según la situación del sector productivo, para el año 2015, y porcentajes decrecientes en los años siguientes. Sólo al cabo del segundo año contemplan la posibilidad de recuperar la pérdida de salario real. Según los ministerios de Economía y de Trabajo (2015), nuevamente alineados, el cambio de las pautas salariales tiene como objetivos favorecer a los ingresos menores, conservar el empleo y mantener el salario real. Contempla también la competitividad de las exportaciones y las diferencias entre los sectores productivos.

Con una inflación superior a 10 por ciento, en el año 2015, el gobierno de Vázquez usó a los salarios como el ancla que disminuya los costos de las empresas y haga converger la inflación con la meta del gobierno.

La modificación de las pautas gubernamentales tomó desprevenidos a los sindicatos. Apenas el mes anterior, el XII Congreso del PIT-CNT deliberaba despreocupadamente como si los mecanismos de ajuste salarial fueran una adquisición inconmovible. Una vez conocidos los nuevos lineamientos, la central reaccionó airadamente con un paro general de 24 horas. Se trata, a su juicio, de un cambio radical en la lógica de la negociación, que disocia a los salarios de la evolución de la economía y no asegura siquiera la conservación del poder adquisitivo (PIT-CNT 2015). La declaración reivindica la política salarial como instrumento de redistribución del ingreso y rechaza el uso de los salarios para controlar la inflación y mejorar la competitividad de las empresas. No obstante, la central sindical no reivindicó el mecanismo anterior, sino que dirigió sus esfuerzos a lograr una flexibilización de las pautas que facilitara las negociaciones particulares.

Diez años atrás Vázquez había iniciado su primer mandato con la perspectiva de una recuperación salarial y la colaboración de los sindicatos. Su segundo gobierno se abre, en cambio, con un panorama de rebaja de los salarios y divergencias con la central sindical. En contrapartida, los conflictos de trabajo pasaron desde su menor nivel, en el año 2005, para la mayor conflictividad de los últimos veinte años, en el 2015, con un total de 1.663.895 jornadas laborales.

Tabla 4. CONFLICTIVIDAD LABORAL

Año
Jornadas de
trabajo
Cantidad de
trabajadores
1996
1,278,738
1,579,714

1997
1,435,498
1,088,431

1998
707,425
784,755

1999
860,000
1,060,000

2000
1,588,354
1,250,423

2001
676,974
814,822

2002
1,319,261
1,205,165

2003
989,557
769,146

2004
475,044
491,355

2005
392,914
381,900

2006
862,851
881,342

2007
1,037,859
971,891

2008
1,315,983
1,276,482

2009
551,028
736,817

2010
1,279,500
1,114,500

2011
987,000
918,365

2012
814,702
1,006,960

2013
1,469,710
1,561,820

2014
1,098,703
697,427

2015
1,663,895
1,884,128

Fuente: Instituto de Relaciones Laborales

La disminución del crecimiento económico achica el espacio para un aumento simultáneo de los salarios y la ganancia, y acentúa el antagonismo entre los trabajadores y el capital. Pero, lo que es más importante, tampoco la subjetividad de los trabajadores es la misma. Ya no son las personas dispersas por la desocupación y desesperadas por la pobreza, que produjo la crisis de comienzos de siglo, sino los protagonistas de los ciclos de luchas y organización que desbordaron la política económica de dos gobiernos progresistas.


Conclusión

El Frente Amplio califica su papel político como partido de gobierno por la gestión de los trabajadores dentro del capital. Mediante la organización de la negociación colectiva, los gobiernos progresistas tratan de centralizar la formación de los salarios y encerrar los conflictos de clase en los límites de la ganancia y la estabilidad monetaria. No tienen, sin embargo, la última palabra. A lo largo del artículo vimos cómo esas sucesivas variantes responden a movimientos de los trabajadores que independizan al salario de la política económica. El gobierno de los salarios se encuentra con la subversión de los asalariados. Recorre las luchas, y se expresa materialmente en los salarios, la tendencia política de los trabajadores a autonomizarse del gobierno y llevar más allá del actual estado de cosas.


Referencias

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Gráfico 2. CONFLICTIVIDAD LABORAL
EN LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS