El escenario del post-conflicto: retos y desafíos.

El escenario del post-conflicto: retos y desafíos. Sara Prandi ¿Es posible reconciliarse de veras después de cincuenta años de conflicto? ¿Fiarse de quién hasta ayer fue tu enemigo? Y sobre todo: ¿qué hacer con los ex-rebeldes? Éstas son algunas de las preguntas a las cuales la sociedad colombiana está intentando a dar respuesta para poder llegar a la mucha esperada paz. Desde el 18 de noviembre de 2012 los exponentes de las FARC se han sentado alrededor de la misma mesa con los representantes del gobierno para negociar la paz y poner la palabra fin a un conflicto que dura desde hace demasiado tiempo. Son seis los puntos objeto del acuerdo preliminar de paz firmado hace algunos días a La Habana, Cuba: reforma agraria, participación política, fin del conflicto y reintegración social, una solución compartida al problema de las drogas ilícitas, reparación para las víctimas y, por fin, verificación de los acuerdos. A pesar de que, al menos en línea de principio, las dos facciones han logrado alcanzar un acuerdo, la parte más difícil es sin duda la instauración de la paz y sus condiciones. Los seis puntos del acuerdo tienen que ser implementados, pasando del papel a la realidad, creando por lo tanto un escenario de post-conflicto. De este modo, la situación se imagina aún más difícil del largo período de negociaciones que se ha desarrollado en estos años. Queda de hecho crucial la pregunta sobre como hacer sostenible en el tiempo la situación de paz. Para analizar esta situación se necesita sin duda partir de una perspectiva de tipo político e insertar mucho el proceso de paz cuánto el escenario del post-conflicto en un contexto democrático. Hace falta tratar de solucionar aquellos problemas que han llevado al nacimiento mismo del conflicto, es decir la falta de una reforma agraria adecuada y antes de todo, la falta de la representación política y la participación política de una ancha parte de la población. Es por este motivo que la solución tiene que ser encontrada en la política y en su sentido democrático. En un estado democrático que se respeta a cada ciudadano tiene que ser garantizado el derecho a la vida política, por este motivo el punto "participación política" es uno entre los más importantes. Éste tiene que ser implementado sin recaer en lo que sucedió en los años 80, cuando las FARC depusieron las armas por la primera vez y formaron el partido político Union Patriótica. El partido fue completamente destruido y el diseño gubernativo de eliminación de la

oposición llevó a la muerte de más de 3000 personas, la entera clase dirigente de la formación político antagonista fue eliminada por fuerzas militares y paramilitares. Además de la participación política es por lo tanto necesario, de un lado la seguridad de los mismos, y de otro la aceptación de la reintegración. Es necesario educar la sociedad porque estén listos a tener como vecino o como alcalde a un ex-guerrillero. Esta educación, de mi punto de vista, tiene que enfoquearse principalmente en los bachilleratos y en las universidades, debido la edad mediana de los guerrilleros, y es necesaria para que en el escenario del post-conflicto haya una sociedad en armonía y no persistan tensiones. De este modo el post-conflicto podría ser sostenible en el tiempo, permitiéndoles a las FARC de reintegrarse en la vida cotidiana del país. Gracias a la participación política de las mismas se lograría dar voz a aquella parte de la población colombiana excluida de las decisiones y creo que esta nueva fuerza política podrá ser un actor fundamental en el diseño de la reforma agraria. De hecho, es necesario involucrar los directos interesado en las decisiones políticas para no implementar políticas públicas decididas desde arriba sino desde bajo. La reintegración de los ex-guerrilleros es necesaria para proceder a la paz sin crear tensiones. Hace falta subrayar pero que nos encontramos a enfrentarnos, aunque en forma quizás más leve, a lo que Huntington llama el dilema del torturador: ¿tenemos que juzgar los delitos cometidos durante la guerrilla? ¿Qué hacer con las personas que se han manchado de estos delitos? Huntington afirma que hay tres soluciones, perdonar y olvidar, perseguir y castigar, no perseguir, no castigar, no perdonar y no olvidar. Creo que en este caso la solución mejor sería la tercera. El proceso de las negociaciones de paz misma presupone la impunidad de los guerrilleros. Esta condición es necesaria para poder alcanzar la paz, pero para salvaguardar los derechos de las víctimas y las familias de las víctimas también es necesario no perdonar y no olvidar. Por lo tanto, la reintegración de los guerrilleros a la vida social es tanto necesaria como mantener vivo el recuerdo de las víctimas. Pasando al tema de la reforma agraria, es necesario poner en acto una redistribución adecuada de las tierras a aquellos campesinos que han sido excluidos.. En este país todavía existen relaciones de poder y estructuras de carácter feudal, que se oponen sistemáticamente a la solución de la cuestión agraria por principio. Es absurdo como el 1,5% de los propietarios posee el 60% de la tierra potencialmente productiva. Es necesario expropiar todas aquellas tierras que eran libres y que han sido ocupadas ilegalmente, nacionalizar las tierras libres,

aquellas confiscadas al narcotráfico y a las FARC mismas y comprar o expropiar las tierras utilizadas por la ganadería. En conclusión es necesario democratizar la propiedad de la tierra eliminando el latifundio improductivo y mal utilizado. Esto implica una redistribución adecuada de la tierra productiva, realizando incisivas transformaciones en las actuales estructuras de propiedad y posesión, poniendo un límite a la extensión de la propiedad según la calidad de las tierras y las regiones; e igualmente fundamental orientar el empleo y la explotación racional de la tierra, mejorando los mecanismos y los procesos de producción. Junto a esta hace falta poner en ser la valoración de las tierras. Esto es un paso urgente y necesario para salvaguardar las pequeñas propiedades. En este contexto se introduce la propuesta de crear reservas campesinas y de reforzar aquellas indígenas. Estas formas de valoración limitan la extensión de la propiedad, proveen garantías a las organizaciones campesinas para que consigan mejores beneficios y establezcan condiciones claras y limitaciones precisas cuando se trata de la compraventa de tierras. Es necesario, una vez implementado en concreto la propuesta de reforma agraria, garantizar créditos a bajo interés, subsidios, asistencia técnica y prestación de servicios públicos y sociales que fomenten un nuevo sistema que favorezca la propiedad colectiva. La implementación de la reforma agrario impulsará en Colombia un real desarrollo agrícola. Volviendo al discurso de la participación política y la decisión políticas tomadas cerca del lugar interesado, es necesario subrayar la necesidad por el Estado colombiano de fomentar la descentralización. Por descentralización se entiende el traslado de poderes y el aumento de autoridad de los gobiernos locales, sin perder la soberanía del Estado. Dotando con mayor libertad de acciones y mayor autonomía las autoridades locales, estas estarán capaz de implementar políticas públicas más cercanas a la población, logrando por lo tanto, al menos en teoría, satisfacer las necesidades de la sociedad, objetivo primario de la política misma. La descentralización es necesaria por lo tanto por dos motivos, de un lado si los stakeholders que tomarán las decisiones se encuentran más cercanos a los beneficiarios, indudablemente conocerán mejor sus problemas, del otro lado fomentará la participación política de los beneficiarios, siendo los polos políticos más cercanos y alcanzables. La descentralización tiene como resultado la implementación de políticas públicas más eficientes ya que hechas desde abajo y con la participación de los directos interesados. Obviamente el gobierno central no pierde su papel fundamental ya que las políticas públicas de los entes locales se introducen en todo caso en un diseño más grande. La descentralización se implementa dando poder de decisión en algunas materias a los departamentos, ayuntamientos, distritos, territorios indígenas y alcaldías, creando juntas municipales y espacios de participación para los

ciudadanos, y también es la solución a una situación de asimetría institucional. Es tarea del Estado central proveer a la comunidad local los instrumentos necesarios para llevar a la práctica el escenario del post-conflicto. Alcaldes y gobernadores tienen que presentar planes de desarrollo por el post-conflicto. El Conflicto Interior Armado Colombiano es un conflicto territorial que se basa sobre el local. Es por esto que tenemos que empezar desde abajo, desde lo local. Hay que decir que de igual paso a la descentralización hay necesidad de educar los ciudadanos a la participación activa, siempre empezando de las escuelas, la sociedad tiene que darse cuenta que puede utilizar su voz para proponer cambios. De este modo los ciudadanos mismos se darían cuenta que es posible utilizar la política misma para solucionar los problemas. Pienso, de hecho, que en muchos casos la guerrilla sea el desahogo de una población que piensa de no tener otros medios si no la violencia para hacer oír su voz. Una situación así no se tiene que averiguar nunca más, en particular en un Estado democrático. En la perspectiva de hacer sostenible en el tiempo el escenario del post-conflicto es necesario reflejar sobre como financiar la implementación del acuerdo de paz y el proceso de negociación mismo. Se ha previsto que el presupuesto del post-conflicto para los próximos 10 años, y su éxito, requiere alrededor de 54 billones de pesos, lo que supone más o menos un punto anual del PIB. Ante todo es necesario subrayar que la financiación pudiera provenir de dos fuentes: una interna al país y un externa. Obviamente la mayor parte del dinero necesario tiene que provenir del interior del país porque el post-conflicto es un problema nacional y a nivel nacional tiene que ser solucionado, en particular para no tener que llegar a compromisos con otros Estados, que a través del proceso de financiación de la paz podrían imponer condiciones a Colombia limitando su soberanía , como por ejemplo sucedió en Grecia, dónde el Estado nacional recibiendo fondos de la Unión Europea tendrá que someterse en los próximos años a una serie de condiciones que limitan la libertad, en particular en campo económico-financiero. A pesar de esto, la cooperación internacional nace con el intento de ayudar los países a mejorar el estado de desarrollo. Como Keohane afirma, esta actividad es llevada a cabo por Estados egoístas, que en una situación de anarquía internacional utilizan la cooperación internacional por sus intereses políticos y económicos. Subrayando por lo tanto que la cooperación internacional crea una dependencia no se puede no reconocer los beneficios de la misma. En esta óptica se puede afirmar que una parte del dinero necesario a la financiación del postconflicto podría provenir de otros Estados o de organismos multilaterales. Alcanzar la paz e

implementar los puntos del acuerdo, de hecho, serviría a promover el desarrollo del país. En particular el dinero procedente del extranjero debería ser destinado a la implementación de la reforma agraria, teniendo esta como resultado la disminución de la pobreza y la justicia social. Otro apunto de los acuerdos que podría ser financiados internacionalmente podría ser la reintegración política de las FARC, este apunto se basa en los principios democráticos de participación política queridos por ejemplo a los países de la Unión Europea. Volviendo a la financiación interior hace falta preguntarse de donde se puede conseguir este dinero. La primera reflexión que voy a hacer es que la paz costará como costó la guerra. En esta óptica es necesaria una reforma del gasto público, invirtiendo el dinero antes utilizado para mantener el estado de guerra en la implementación de la paz. En primer lugar, se podría reorganizar el ejército y el armamento mismo del país. Sucesivamente eliminando todos los costas relativos a la guerra se irá a ahorrar dinero que podrá ser utilizado por la paz. Será necesario, creo, también la imposición de un nuevo impuesto, un impuesto por la paz, que golpeará obviamente de modo progresivo las rentas de los ciudadanos. Para hacer eso es necesario, como siempre he sustentado en el curso de este paper, una educación de la sociedad. Es necesario explicar a la población como será utilizado el dinero y cuáles serán los beneficios del impuesto. De este modo los ciudadanos serán más propensos a aceptar el nuevo impuesto, viendo los beneficios que la paz llevará también a ellos. Como último punto, creo que la situación de paz también llevará notables mejorías a la economía, volviendo así la paz misma una fuente de financiación del post-conflicto. Para concluir este paper querría subrayar de nuevo la necesidad de involucrare la sociedad civil. Es necesario que los ciudadanos se sientan partícipes en este proceso tan importante, de modo que las decisiones tomadas no lleguen desde arriba sino que provengan desde abajo. El post-conflicto es el escenario optimo para mejorar todos aquellos aspectos del Estado colombiano que todavía no funcionan adecuadamente, para llegar a una democracia llena, que imponga derechos y deberes a los ciudadanos y que se base en particular en la participación activa de la sociedad civil.