El disciplinamiento de las mujeres: violencia y política en los gobiernos locales

IEP – 50 Años Seminario: La presencia de mujeres en la vida pública Lima, 29 de Agosto 2014

El disciplinamiento de las mujeres: Violencia y política en los gobiernos locales

Maruja Barrig

http://es.scribd.com/doc/248965051/El-disciplinamiento-de-las-mujeres-violencia-y-politica-enlos-gobiernos-locales

El disciplinamiento de las mujeres: Violencia y política en los gobiernos locales

Maruja Barrig

A inicios del año 2010, integré una misión de trabajo en Bolivia, que me llevó hasta el distrito de Ancoraimes, un par de horas distante de La Paz. Una sucesión de reuniones en la Alcaldía, con las autoridades, con los dirigentes campesinos, con las líderes. Y visitas a las parcelas de quienes recibían apoyo técnico, etc. Durante el breve tiempo de la estadía, había como un rumor, frases sueltas que iba recogiendo sobre algún tipo de problema presentado por una mujer en la Municipalidad, pero que tardaba en aclararse y no indagué más. Tiempo después tuve información sobre el caso de Juana Quispe, concejala electa de Ancoraimes en Abril del 2010, quien nunca pudo ejercer su cargo y murió asesinada en el intento de que sus derechos políticos fueran reconocidos. Fue inevitable que ligara esos comentarios sueltos sobre los problemas en la Municipalidad con la presión que Quispe ejercía a todas las instancias públicas para que la ayudaran a algo elemental: desempeñar un cargo para el cual el pueblo la había elegido. El caso fue tan impactante, por lo que tuvo de emblemático en la violencia contra una mujer concejal, que posiblemente creé yo misma una situación inexistente: estuve en Ancoraimes en Febrero, y Juana Quispe había sido electa en Abril del 2010. Quizá fabriqué una situación o se habrían podido referir a otra mujer en ese municipio. No obstante, esa vida breve de Quispe representa el eje de estas páginas. Puestas a pensar en la violencia contra las mujeres políticas, la primera reacción es asombro ante las una y mil estratagemas utilizadas por los varones para expulsar a las mujeres de un espacio y arrebatarles un derecho adquirido. En una corriente sin interrupciones, los golpes, las humillaciones, las descalificaciones, los vejámenes sexuales, toda esa constelación de agresiones contra la mujer se expresa en el cuerpo de las regidoras. Por esa razón, traté de mirar más allá que sólo lo que ocurría en el espacio del gobierno municipal y, pensando en el Perú y otros países vecinos, preguntarnos qué estaba ocurriendo con las violencias. Mi hipótesis fue que la forma como se expresa la violencia es hoy diversa a 10 años atrás. Pero fue una equivocación pensar que la cobertura de medios de comunicación, las celebraciones feministas, las declaraciones de las ministras de la Mujer y etc. habían horadado los bastiones masculinos en lo que a ejercicio de la fuerza se refiere: los datos demuestran que la violencia física contra las peruanas en más de una década no ha descendido de manera considerable y que se mantiene con breve margen de error en un 40 / 37%. Fue también un error creer que esta parafernalia de recursos e instituciones contra la violencia hacia las mujeres había desplegado un cierto halo protector alrededor de ellas, que eran más conscientes de sus derechos y estaban más dispuestas a demandar y denunciar. El porcentaje de mujeres que no busca apoyo o no demanda a quien la agrede se mantuvo, con pocas 1

fluctuaciones en estos últimos 13 años, aunque sí se incrementó quienes acuden a pedir ayuda a “una institución”, por lo cual suponemos que los servicios desde los Centros de Emergencia, comisarías y fiscalías están cosechando frutos. El documento pasa rápidamente por la forma como se ha incrementado la violencia callejera, incidiendo en que es la percepción de inseguridad mayor que la victimización real en el caso de las mujeres. La idea subyacente, como lo sugieren algunos estudios en América Latina, es que en la vivencia subjetiva de la indefensión en las calles interviene una especie de herencia, de biografía del cuerpo, donde el de una de nosotras puede llegar a condensar las experiencias de otras, como lo sugiere Virginia Vargas. No obstante, esta aureola amenazante de la calle vacía, nocturna con peligros acechantes se convirtió, en casi todos los países de la región, en un impedimento a la libertad de movimiento, a la autonomía de las mujeres y un regreso al tutelaje. En contraste con lo anterior, en tercer lugar, las mujeres expanden su presencia en cotos masculinos, como los institutos armados y las universidades. Su osadía es severamente castigada a juzgar por los casos- pocos a la luz pública- de agresiones y violencia sexual en los cuarteles y escuelas militares. Y mientras más mujeres que hombres se gradúan, titulan y continúan en un postgrado, se mantiene el hostigamiento sexual en las universidades y un porcentaje nada despreciable de estudiantes varones intuyen que el acoso sexual se podría estar generando, por ejemplo, por “la forma de vestir de las mujeres”. Los datos estadísticos y los testimonios- incluso fue posible recoger grabaciones de mujeres concejalas agredidas- muestran situaciones por ratos contradictorias, otras veces ambivalentes: un cierto coraje que aflora ante la adversidad tratando de derrotar la violencia, pero una resignación hacia ella por momentos; avances, resistencias, y casi una suerte de temor al logro, al éxito como persona. Lo anterior y lo que ocurre, finalmente, con las mujeres autoridades en los gobiernos locales es una especie de resistencia civil masculina a los dictados del Estado, a la norma que abre las escuelas militares a las mujeres, a la que establece una cuota electoral para las candidatas, a la que ha expandido la educación y el ingreso de más mujeres a las universidades. Esa resistencia contrarreforma es la no aceptación de un quiebre en los patrones de dominación y un terreno de conflicto, el permanente, aunque con nuevo ropaje.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Vasta y antigua En esta sección se introduce, brevemente, el panorama reciente de la violencia contra la mujer en el país, desde sus habituales expresiones al interior de sus viviendas hasta el temor en las calles por la percepción de un incremento del riesgo en ellas. Abrimos preguntas ante este escenario contradictorio por lo que tiene, al mismo tiempo, de permanente y también de nuevo en las expresiones de resistencia de los hombres ante la visibilidad de las mujeres en los que fueran espacios predominantemente masculinos: las calles, las universidades, las Fuerzas Armadas, las Municipalidades. A pesar que las concejalas han sido estudiadas en sus perfiles, expectativas, desempeños desde hace más de una década1, los testimonios recogidos recientemente en diversos 2

países latinoamericanos dan cuenta de una nueva dimensión en su quehacer como autoridad municipal, que es la violencia que se ejerce contra ellas. Y que adopta un amplio abanico de expresiones, desde el golpe hasta el asesinato, de la injuria al acoso, practicado por sus colegas autoridades o por funcionarios de gobiernos locales. La lectura de estos relatos, desencantados y solitarios, de las concejalas son una invitación a inscribir estos episodios de violencia en un registro más amplio que el territorio y la política local. Dónde los colocamos. Y ahí surgen preguntas. Hace 25 o 30 años ni siquiera existían las palabras para lo que hoy tipificamos como delitos: feminicidio es la más saltante, pero también acoso sexual callejero, hostigamiento sexual laboral, y otros. ¿Estos delitos han existido siempre pero no se tenían las palabras para nombrarlos? O, por el contrario, estas manifestaciones de violencia contra las mujeres- ejercida por los hombres- son la reacción exacerbada a una modificación en los patrones tradicionales de dominación masculina, algo así como el castigo al desafío a una autoridad que se creía cómodamente inamovible. Una respuesta rápida sería equiparar lo que hoy conocemos como feminicidio, por ejemplo, con lo que las “crónicas rojas” de antaño llamaban crimen pasional, en ese malabarismo semántico comúnmente usado para encubrir que el asesinato de las mujeres a manos de sus parejas o ex – parejas, era y es una expresión casi natural del ejercicio de poder de sus tutores masculinos y no un breve incidente de delirio o pérdida de conciencia- la pasión versus la razón- como quieren presentarlo. Y así, de paso, volver al agresor inimputable. Pero, al mismo tiempo, congelar esa imagen de mujer víctima en un río que fluye permanentemente encausado por los estrechos márgenes que se dejan a su albedrío, supondría negar que las mujeres hoy tienen roles y visibilidad y ciertos espacios de poder, impensables tres décadas atrás. En otras palabras, leer la violencia contra las mujeres concejalas como un asunto “novedoso” podría opacar la urdimbre violenta tejida alrededor de la vida de las mujeres desde antiguo. Pero ignorar que ésta podría ser una reacción contemporánea a la visibilidad femenina en el espacio público, sería desdibujar la presencia de las mujeres en dicho ámbito. Y de paso, obviar las “palabras para decirlo”, es decir las normas e instituciones que protegen y castigan la violencia que se han venido multiplicando en el Perú en las últimas dos décadas. La violencia contra las mujeres, su definición, sus marcos normativos nacionales e internacionales, así como las raíces de la misma han propiciado centenares de documentos y estudios que nos eximen de mayores precisiones. Salvo, quizá, mantener como un telón de fondo la lectura que ofrece Bourdieu sobre la dominación simbólica y cómo ésta es percibida como natural por los jerárquicamente inferiores, en una constante retroalimentación desde la percepción de las personas sobre sí mismas hacia las clasificaciones incrustadas en las estructuras sociales2. La información estadística nacional e incluso la cualitativa no alivian el peso de las preguntas, sino que sugieren más pistas de indagación. Desde esa perspectiva ¿cómo sino interpretar los datos que la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) nos ofrece desde hace 13 años sobre la violencia hacia las mujeres? Si la visibilidad social de las mujeres ha estado dando positivos y sustantivos giros ¿por qué la violencia hacia ellas no ha disminuido en concordancia? ¿La violencia física hacia las mujeres en el inicio del milenio era por las mismas causas 3

de la que se presenta 13 años después o por otras diferentes? El conjunto de leyes, efemérides del 25 de Noviembre, Centros de Emergencia Mujer, Policía Nacional entrenada ¿cómo han impactado en la prevención y tratamiento de la violencia? En esa dirección, para algunas autoras las estrategias para combatir la violencia parecen ser inefectivas: al enfatizar procedimientos policiales, definiciones legales, mayores penas, reivindicaciones en tribunales, etc., se estaría buscando persuadir a los hombres de que no golpeen (por temor al castigo), en vez de dar herramientas a las mujeres para superar el discurso de victimización y ampliar su autonomía3. Sin embargo, y como aparecerá en el cuadro siguiente, aunque la incidencia de la violencia contra las mujeres se ha mantenido con menos variaciones de las esperadas, en más de una década sí se ha incrementado la visibilidad de las instituciones instaladas para combatirla; hasta el año 2013, por ejemplo, existían 188 Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional dependientes del Ministerio de la Mujer. Los datos. El año 2000, por primera vez, la ENDES incluyó un módulo de preguntas sobre la violencia “familiar”. En uno de sus últimos reportes anuales, ésta es definida como “todos los actos violentos que se producen en el seno de un hogar, incluye fenómenos de violencia contra la mujer, maltrato infantil o violencia contra el hombre, por lo tanto, esta acción ejercida por el integrante de un grupo familiar contra otro produce daño en el aspecto físico o psíquico”4. Apantallada igual que la norma legal que diluye la especificidad de la violencia contra la mujer redistribuyéndola entre los otros miembros de la familia, la información estadística amerita una focalización. Elegí para su reproducción, como se aprecia en el cuadro siguiente, la violencia física. La variación del 41.2% de mujeres que declararon haber sufrido violencia física por parte de su pareja o ex – pareja en el año 2000 al 35.7% en el 2013, se acerca al margen de error muestral si tenemos en cuenta que, en el año 2011, el porcentaje se ubicaba casi equidistante, en un 38%. O en todo caso, quizá una apuesta optimista hubiera esperado un descenso mayor del registrado. Es alentador, sin embargo, como se mencionó anteriormente que se haya ido elevando el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia que acuden a una institución en busca de apoyo o para poner una denuncia.

Perú: Mujeres que declaran haber sufrido violencia física de parte del esposo o compañero. En porcentajes Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

2000 2004-2006 2007-2008 2009 (Continua) (Continua)

41%

41%

39.5%

2010

38.2% 37.7%

2011

38%

2012

2013

37.2% 35.7%

Mujeres que sufrieron violencia y que buscaron ayuda o demandaron al agresor A familiar / amistades A instituciones

42%

41%

42%

41.6% 42.1% 40.8% 41.5% 40.9%

19%

15%

18.1%

19.4% 26.8% 26.1% 27.3% 25.7%

Fuente: INEI – ENDES 2000 – 2013. Elaboración propia.

Como se ha reportado numerosas veces, cuatro de cada diez peruanas han sufrido violencia física de parte de sus parejas o ex – parejas. Las modificaciones en las variables- e incluso la selección de las mismas- para tipificar la violencia psicológica o, la fluctuación en la presentación de los datos en la violencia sexual de parte del INEI, no nos permitieron elaborar una tabla comparativa que comprendiera estos últimos 13 4

años, pero sí podemos consignar que entre el 2009 y el 2013, siete de cada 10 mujeres en el Perú declaró haber sufrido violencia psicológica (control de su autonomía, insultos y otros: 70%) de parte de su marido y un 8.7% violencia sexual (mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, por ejemplo). Lo que queda demostrado es que la violencia física contra las mujeres en el espacio doméstico sigue siendo predominante y los agresores son los cónyuges: la casa es fuente de inseguridad e incertidumbre. Amplificando con las cifras que el Ministerio Público nos entrega sobre feminicidio5, corroboramos esa afirmación pues de las 646 mujeres asesinadas “por el hecho de ser mujeres”- como fue calificado el feminicido en un primer momento- entre el año 2009 y el primer semestre del 2014, 489 (el 75.7%) lo fueron a manos de su pareja o ex – pareja, y más de la mitad de estos crímenes fue cometido en la casa de ambos, o de ella o de un familiar, en resumen, en un espacio donde se supondría que ella estaría protegida6. Adicionalmente, lo que las estadísticas del Ministerio Público no nos cuentan pero sí los noticieros sensacionalistas y las páginas policiales de los diarios, es que el asesinato fue cometido pues la mujer decidió no continuar una vida de pareja con el agresor, es decir, se atrevió y optó por su libertad. Intolerable situación para quienes hasta hace poco, se les debía obediencia. El feminicidio rechaza al ejercicio de la libertad de las mujeres pues desafiarían el patrón de dominación, por tanto, es una categoría de análisis de un hecho criminal pero también es una categoría política7. El rechazo al agresor como compañero sentimental está también en la base de la desfiguración de las mujeres con ácido- en Perú se han presentado algunos casos con agua hirviendo- donde el objetivo del castigo es dejar una marca indeleble en la “desobediente”. Centenares de mujeres en Colombia han sido heridas de esa manera, colocando a ese país como uno de los que exhibe las tasas más altas en el uso de ácido como método de violencia hacia ellas. En sólo dos años (2010 – 2012) el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses colombiano reportó 295 ataques con químicos, mayoritariamente a mujeres jóvenes, entre los 26 y 35 años de edad, siendo sus agresores, hombres que han tenido o desean tener, una relación sentimental con la víctima y que han sido rechazados8. En el 2012, una mujer de 20 años abrió la puerta de su casa en Medellín y un hombre despechado le arrojó ácido al rostro, con la macabra sentencia de “Eso le pasa por ser tan bonita”. El hombre huyó9. Este ataque, en la puerta de la vivienda de la joven antioqueña, nos conduce hacia el exterior. Porque si la casa continúa siendo el escenario habitual de la violencia, la calle crecientemente se advierte como un lugar plagado de amenazas. Los estudios y ensayos producidos en el marco del programa regional sobre seguridad urbana de la ex – Unifem (hoy ONU Mujeres), conducido por la arquitecta Ana Falú10, evidencian un amplio espectro de estas situaciones de riesgo, pero también de coacción de movimiento. Tradicionalmente, el espacio privado y el público han aparecido como independientes, sin relación de continuidad, revistiéndose el privado con el manto de los afectos- un lugar de resguardo para las mujeres- ocultando sus ribetes de violencia. Mientras que el espacio público se presenta como el ámbito de la construcción ciudadana (política, económica, laboral), donde “naturalmente” las mujeres han estado excluidas. Hasta tiempos recientes, esta dicotomía ha oscurecido el hecho que éste es también un espacio de violencia contra las mujeres11. Romper esa representación binaria entre privado y público, nos permitiría un mejor análisis de la violencia en un continuum de diferentes 5

escalas: al interior del hogar/y fuera de la vivienda, en el barrio, y en la ciudad, por lo cual se vive la violencia en una sobreposición de espacios pero también de experiencias: los cuerpos de las mujeres tienen una biografía construida con las historias de otras mujeres. Y en casos extremos podría afirmarse que son cuerpos prescindibles, como las violaciones sexuales en contextos de conflictos armados o en la disputa de bandas de delincuentes urbanos, donde el ultraje a los cuerpos de las mujeres son en realidad, mensajes/ agravios a los varones en pugna del grupo opositor. Esa vivencia de la violencia impacta el cuerpo y el imaginario de las mujeres, instalando el temor en su vida, debilitando su auto – estima y reforzando su dependencia; es “irracional” pues no se vincula directamente con el riesgo de ser víctimas de un delito, pero es un temor tangible que se aprende y reproduce, y tiene un impacto vicario12. La lectura propuesta quizá nos permita entender por qué, entre las mujeres, la percepción de inseguridad es mayor que la victimización real13. Lo anterior no niega la violencia física y sexual contra las mujeres en las calles- aunque se sabe que la violencia sexual contra niñas y adolescentes, es infligida principalmente por familiares y al interior de sus viviendas-. Pero tampoco se debe soslayar cómo las mujeres cambian horarios, rutinas y cercenan su libertad de tránsito en las ciudades por aprensión. Esta sensación de inseguridad, en segundo lugar, limita el movimiento de las mujeres pues no sólo se ven impedidas, por el miedo, de circular por ciertos lugares a ciertas horas, sino que se ven expuestas a las críticas sociales constantes al ponerse en riesgo de sufrir agresiones masculinas “por su culpa”. La lectura que se propone socialmente es la siguiente: una mujer sola, en la calle, fuera del control patriarcal está insegura, puede ser violada, asesinada y si eso sucede, será la responsable. Para prevenir este tipo de crímenes, las recomendaciones suelen estar dirigidas no a los hombres, sino a las mujeres mismas, por dónde caminar, cómo vestir y así ir demarcando su vida cotidiana, por lo que Monárrez calificó de “terrorismo sexual”. Incidentes recientes de acoso sexual en el transporte público en Lima, que condujeron a una ministra de Estado a sugerir a las usuarias de los buses ir provistas de clavos, tijeras y agujas para defenderse de los agresores, se inscribe en este patrón de hombres desbordados por sus instintos sin remedio ante lo cual las respuestas de las mujeres son individuales, e inconducentes para detener la violencia14. Éste sólo ha sido un repaso rápido que sugiere preguntas, las que se intentaron sustentar en cifras, en estudios realizados en otras ciudades de América Latina, en preocupaciones de los movimientos feministas. Y que se resumen, quizá desordenadamente, para evidenciar lo permanente, antes de abrir las interrogantes a lo nuevo.

SI TENEMOS MÁS DERECHOS ¿POR QUÉ ENTONCES MÁS VIOLENCIA?

El subtítulo de esta sección parece un oxímoron. Para las mujeres ¿es compatible tener más derechos y sufrir más violencia? Algunas investigaciones sugieren que sí. Que son estas ganancias reales e institucionales en los años recientes lo que han generado un “backslash”, una reacción masculina: porque va en contra de la construcción de la masculinidad; la agresión, parecería entonces una suerte de compensación ante una pérdida del estatus de los hombres. Como asegura Deere, existe una tendencia 6

mayoritaria en los estudios sobre la violencia contra las mujeres en ligar ésta con nivel educativo, los ingresos económicos y el empleo, teniendo como hipótesis que a más acceso a recursos, menos dependencia marital y mayor poder de negociación, menos violencia contra la mujer. Sin embargo, la información estadística no parece corroborar estas presunciones. Lo que la investigadora afirma para el caso del Ecuador es que uno de los factores positivamente relacionados con la probabilidad de violencia es que solamente la mujer haya terminado secundaria (pareja con menor nivel educativo), y que la mujer gane más que su cónyuge15. Ambas situaciones son desafiantes al poder masculino. En el Perú, cuando se abrieron las puertas para la igualdad en el acceso a la educación, florecieron mil flores: con información para el año 2010, el II Censo Universitario nacional trae las siguientes noticias. En las universidades privadas, el 54.6% de los graduados y el 57.4% de los titulados son mujeres. En las universidades públicas ese porcentaje desciende levemente: 50.2% de graduadas y 49% de tituladas. Otra brecha significativa entre hombres y mujeres universitarios se aprecia entre los estudiantes de postgrado: las mujeres representan el 55% de todos los alumnos de postgrado en las universidades privadas y 44% en las públicas16. Frente a este evidente avance, y en contraste, un estudio exploratorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizado en una universidad pública de Lima con encuestas a cerca de 200 estudiantes de ambos sexos, encontró que 3 de cada 10 encuestados, principalmente mujeres, declararon haber sufrido hostigamiento sexual, en la universidad y de parte de amigos. Una actitud tolerante ante este tipo de situaciones se expresa en que los estudiantes, varones en su mayor parte, declararon estar de acuerdo con las siguientes frases: “el hostigamiento se da porque uno lo permite” (46.8%) y “las mujeres son hostilizadas por su forma de vestir” (37%)17, lo cual corrobora la tendencia de culpabilizar a la mujer por el acoso y simbólicamente coloca un hiyab en las mujeres como medida de prevención. Otro conjunto de situaciones, que podrían ejemplificar esta ola reactiva, sucede en las Fuerzas Armadas. En el Perú, en Junio de 1996 se abrió el ingreso de mujeres a la Escuela de Oficiales y Sub – Oficiales de las Fuerzas Armadas. En el año 2013, y por primera vez en la historia, una mujer se graduó con Espada de Honor del Ejército. No obstante, en los años que mediaron entre la apertura militar y los honores de la graduada se acumulan las denuncias referidas a acoso y violencia sexual contra las cadetes y soldadas. Acopiadas por la ex – congresista Rosa Venegas18, y otras que rescatamos de los medios de comunicación en el período del 2006 – 2010, algunos casos grafican la situación de jóvenes mujeres que se animaron a denunciar. 

En diciembre del 2007, la cadete FAP Diana Bazán Hidalgo denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un alférez, quien prestaba servicios en la mencionada escuela. Años de juicio concluyeron en la fuga del denunciado.

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La Comandancia General del Ejército nunca investigó el caso de la soldado Sadith Raymondi de 19 años, violada por un mayor del Ejército Peruano. Según denunció, fue obligada a consumir licor y actuar como anfitriona en una fiesta que se organizó en las instalaciones de un cuartel.

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La cadete de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos, Karla Vargas de 21 años, denunció acoso sexual que sufrió por parte de dos oficiales del Ejército. En un 7

acto de presunta venganza, faltando dos meses para su graduación como sub teniente del Ejército, fue dada de baja. 

La madre de la cadete Shirley Castillo de la Escuela Técnica del Ejército, quien denunció haber sido violada por el director de ese centro, acusó al ministro de Defensa, Rafael Rey, de dejar impune al denunciado. Consultado sobre la denuncia, el Ministro dijo que la denunciante no es ejemplar (sic) porque tiene un antecedente sobre el que no quiso hacer ningún comentario.

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D.B.H. una cadete de la Escuela de Oficiales de la FAP fue violada por un alférez una noche, cuando le tocaba hacer guardia. La madre de la cadete denunció la violación. El entonces Ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz señaló que “no era el ángel guardián de la cadete” y que “la FAP no se iba a dejar presionar”. Un año después de la denuncia, la cadete fue dada de baja.

Hasta tres cuestiones saltan a la vista en esta sucinta relatoría. En primer lugar, lo que se pudo recopilar sugiere un claro sesgo de violencia sexual contra las mujeres, practicada por hombres de mayor jerarquía. En segundo lugar, las autoridades- ministros de defensa, jefes de los responsables u otros- toman claramente partida por lo denunciados y minimizan la agresión, pese a que suceden en un territorio bajo su mando. Más aún, los relatos dan cuenta de las mofas y el hostigamiento que sufren las jóvenes que se atrevieron a volver a los centros de estudio o cuarteles, pues se pone en cuestión su conducta sexual en esa permanente culpabilidad de la víctima cuando hechos de esta naturaleza suceden. Por último, estos eventos de violencia- al igual que los registrados en el caso de las concejalas- ocurren en instalaciones públicas, claramente ajenas y hostiles para las mujeres. Por último, si seguimos con el marco de la reacción ante el avance de los derechos de las mujeres y su lenta incorporación a espacios que le eran ajenos, una pregunta que surge es cuánto de la difusión y conocimientos, y mayor nivel educativo de las mujeres ha tenido efectos en su actitud respecto de hacer prevalecer sus derechos. Se reproduce una tabla que intenta comparar las razones por las que una mujer golpeada no demanda al agresor o no busca ayuda, tomando sólo la variable educativa, entre las varias que el Instituto Nacional de Estadística e Informática acopia. Los resultados son sorprendentes. A diferencia de las mujeres sin educación que “no sabían dónde acudir” para denunciar al golpeador, más del 50% de las mujeres con educación superior consideraron que “no era necesario” denunciarlo. Y, en comparación con el resto de las mujeres que argumentó que no buscó ayuda pues “ella tenía la culpa” las profesionales fueron mayoría en dicha opción. De qué tenían la culpa ¿de ser más educadas/ más exitosas / más empeñosas/ más audaces/ más retadoras de lo establecido? Lamentablemente, las opciones elegidas para la tabulación por el INEI son resbaladizas semánticamente hablando: cuál es la diferencia que establecieron entre “De nada sirve” y “Cosas de la vida” por ejemplo, dado que ambas significan resignación. Igualmente llama la atención el contenido del “no era necesario” ¿Por qué lo arreglaban entre ambos? ¿Por qué no consideraron “grave” el golpe?

8

Perú: Razones para no buscar ayuda cuando fueron maltratadas – 2013 (En porcentajes) NIVEL EDUCATIVO DE LA MUJER

No sabe dónde ir / no conoce servicios

No era necesario

Sin 17.7 16.4 educación Primaria 18.9 25.9 Secundaria 11.4 40.2 Superior 7.3 55.0 Fuente: ENDES 2013. INEI

De nada sirve

Cosas de la vida

Miedo al divorcio/ separación

Miedo a que le pegara de nuevo a ella o sus hijos

Miedo a causarle un problema a la persona que le pegó

Vergüenza

Ella tenía la culpa

Otras razones

Total

9.3

1.7

3.4

10.6

13.4

24.1

2.4

1.1

100

2.7 3.6 3.2

1.7 1.5 0.9

4.9 2.7 2.0

12.6 8.3 5.5

6.8 7.5 4.7

22.2 15.9 12.0

2.5 7.1 8.4

1.8 1.8 1.0

100 100 100

En la misma dirección y en una cifra que nos exime de mayores comentarios, la investigación sobre hostigamiento sexual en las universidades ya reseñada, concluye que el 45% de las estudiantes que sufrieron acoso dijeron que no presentaron una queja “porque no era necesario”. Con estas dudas entre violencias nuevas o renovadas, llegamos a la situación de las mujeres concejalas.

ESPACIO LOCAL ¿POSIBLE? PARA LAS MUJERES

Iniciada la década de 1990, en varios países de América Latina se abrió un proceso de modernización del Estado que vino aparejado con un renovado énfasis en la descentralización, nuevas demarcaciones territoriales en regiones y nuevas atribuciones a los gobiernos municipales. En su momento se argumentó que la descentralización no era tal, sino una desconcentración de ciertas funciones que se trasladaron sin los recursos, los profesionales y la capacidad de gestión que se requería. Lo cierto es que en Perú y otros países latinoamericanos este desarrollo dio origen a un amplio campo de debate y de práctica, desde las normas de participación social hasta los ensamblajes entre las decisiones centrales y las locales, etc. El protagonismo que adquirieron los municipios en numerosos países de la región, alentaron en los movimientos de mujeres / feministas, la ilusión que éste era un espacio privilegiado para el ingreso de la mujer a la política de representación- “un espacio posible” lo tituló la revista Isis Internacional décadas atrás-. La apuesta no parecía demasiado desencaminada, principal pero no exclusivamente por dos conjuntos de situaciones: En primer lugar, el territorio de lo local era eso: local, se apreciaba más pequeño, menos densamente atravesado de las complejidades institucionales y burocráticas, más cercano a la gente, a sus necesidades. Y esas necesidades empataban con las habilidades desarrolladas por las mujeres en sus casas: la salud y la educación (eventualmente), los servicios básicos, las actividades recreativas y culturales, el cuidado de parques y jardines, la asistencia social, etc. Pero además, tenía que ver con el papel desempeñado 9

por las mujeres líderes en el ámbito comunitario, una especie de bisagra entre la comunidad y la organización social y las autoridades y partidos políticos que se expresan en el territorio municipal. La visibilidad de las mujeres en la gestión comunitaria las habría convertido en una suerte de mediadoras en el poder local19. A esas dos consideraciones debemos agregar la lenta incorporación de normas electorales que obligaron a los partidos políticos a incluir mujeres en sus listas de aspirantes a un cargo municipal, aunque en algunos países ajenos a la alternancia en la aparición de candidatos, como el Perú, y según el sistema de cifra repartidora, las mujeres aparecen al final de la lista, en el comúnmente denominado “relleno”: cumpliendo la norma pero desafiando el espíritu de la ley. Lo cierto es que, aunque el número de alcaldesas no se incrementó tan drásticamente como el de las concejalas, éstas representan en promedio un 30% del total, superando el 40% en países como Costa Rica y Bolivia como se observa en el cuadro siguiente. Las cifras para Perú presentadas en el cuadro síntesis difieren porcentualmente- aunque por poco- de los datos procesados por el Ministerio de la Mujer. América Latina: Porcentaje de Mujeres Concejalas 201220

Mientras se engruesa la cifra de regidoras no sucede lo mismo con las cabezas de los gobiernos municipales21. Hacia el año 2013, el promedio de mujeres alcaldesas en la región era 12%. Y, en contraste con los altos porcentajes de concejalas, en Costa Rica se registraba sólo 12.3% de mujeres en el mando de la alcaldía, y en Bolivia 7.7%. Perú languidecía con sólo el 3.8% según esta información registrada por la CEPAL. A juzgar por los resultados de las elecciones 2010 que se resumen en el siguiente cuadro, no sólo ninguna mujer ocupó el cargo de Presidente Regional, sino que menos del 5% fueron alcaldesas provinciales.

10

Candidatos elegidos según sexo y cargo Elecciones Regionales y Municipales 2002 -201022

Fuente: Jave & Uchuypoma, Ob. Cit. Tomado de MIMDES, 2011.

Este panorama no tendría mayores variaciones: el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones anunció que en los próximos comicios electorales de Octubre 2014, sólo el 8.05% de todos los candidatos para alcaldías provinciales son mujeres, mientras a la alcaldía distrital la cifra es aún más baja: 7.51 por ciento. Las dificultades para el ingreso de las mujeres en los cargos de representación han sido ampliamente documentadas, desde sus limitaciones en la vida partidaria por su doble jornada de trabajo, pasando por un menor acceso a recursos para competir con los varones por sus nominaciones. Lo que estas brechas porcentuales entre regidoras / alcaldesas estarían sugiriendo es que la norma electoral de “cuotas” ha venido teniendo un impacto en su obligatoriedad- pese a las ubicaciones de las mujeres en las listas- pero no así en compartir las posiciones emblemáticas de poder. Aunque también este caso suscita una manifestación más de la “resistencia civil masculina” al Estado, como lo señalaron, en primer lugar, las bolivianas. La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) iba registrando desde inicios del año 2000 una serie de denuncias o quejas que sus afiliadas les hacían llegar contra los alcaldes u otros funcionarios municipales. Cuando se inició la primera sistematización de esos casos, se recogieron cerca de 200 testimonios de regidoras y Alcaldesas que daban cuenta de un fenómeno de violencia diversa, ejercida contra las mujeres autoridades por el hecho de serlo. ACOBOL encontró, entre las denuncias, que un 30% de ellas se referían a la presión de los varones en los Municipios para que renuncien a su cargo de concejalas (las concejalas titulares podrían ser reemplazadas por los “suplentes” varones). En segundo lugar, 12% de las concejalas declararon haber sufrido violencia verbal y psicológica, mientras que 5% violencia física y 3% violencia 11

sexual23. En algunos departamentos, como Chuquisaca y La Paz, las denuncias de las concejalas están entre el 48 y el 50% del total de regidoras. En el curso de la investigación, ACOBOL revisó la legislación existente y constató un vacío jurídico: no existía una definición jurídica del acoso y la violencia contra mujeres que ejercen cargos públicos. Así, los resultados de la investigación dieron lugar a una propuesta de Ley contra el acoso y violencia política, considerando que todo acto que se inicia como acoso (conflicto en un primer momento) y no se soluciona en este estado, tendería a convertirse en violencia política en razón de género. A esta investigación y su posterior iniciativa legislativa le han seguido otras en Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y recientemente, Perú24. La propuesta de ley de las concejalas bolivianas estuvo dos años en una suerte de limbo legislativo hasta que se descubrió el asesinato de la concejala Juana Quispe. Como se señaló al inicio, Quispe fue elegida por el distrito de Ancoraimes (La Paz) en una lista opositora al alcalde quien, al parecer en clara colusión con los otros regidores y hasta con su propia esposa, formaron una suerte de barrera humana para impedirle a Juana Quispe su ingreso a la alcaldía. No faltaron los chismes levantados entre las mujeres y sus organizaciones, las acusaciones de corrupción y hasta la persecución física de la regidora en la plaza municipal (“la hacían correr” relataron testigos). Quispe empezó una batalla en los tribunales hasta que llegó una orden para la restitución a su cargo y cancelar sus sueldos no pagados (el argumento para no pagarle fue, insólitamente, que no asistía a las sesiones a las que le impedían ingresar!). Las resoluciones no fueron cumplidas, pero un nuevo mandato del ente electoral boliviano, ya inapelable, resolvió 22 meses después de que la concejala fuera elegida, restituirle sus derechos. A los pocos días, su cuerpo golpeado y sin vida fue encontrado en una zanja. No pasaría mucho tiempo antes de que el presidente Evo Morales promulgara la ley de acoso político25. Aunque sin la severidad del caso de Juana Quispe, una revisión de los testimonios acopiados en los estudios de otros países, incluso una renovada investigación en Bolivia, sugieren que si los desafíos de ingreso a los cargos políticos son arduos, más extremos parecen los retos de permanencia. Una breve sistematización de los estudios regionales actualmente existentes nos permite ordenarlos como sigue:

Trabas administrativas

Violencia Psicológica y Sexual

Ocultamiento de los días y lugar de las sesiones, con lo cual se registra sus ausencias como deliberadas y se bloquea su acceso a participar en las decisiones.

Desconfianza sobre su capacidad de trabajo, no reconocimiento de sus habilidades, por parte de su comunidad y de sus colegas políticos.

No pago de sus honorarios o dietas, o en el mejor de los casos, retardo para su reconocimiento. Descuentos injustificados.

Reiteradas burlas por su (supuesta) falta de conocimientos para ejercer el cargo.

Resistencia del personal administrativo municipal a generar condiciones para el ejercicio de su cargo, con el aval de las autoridades masculinas.

Descalificación y ridiculización públicas de sus iniciativas. Presiones para que firme actas o que se involucre en actividades poco 12

transparentes o dolosas. Ocultamiento de información oportuna para la toma de decisiones.

Presión para que acepte condiciones lesivas a los intereses del Municipio pero convenientes a empresas o personas. Presiones para que renuncie o amenazas con la vacancia en el puesto. Violencia física. Difamación y Hostigamiento sexual. Amenazas contra hijos y familiares de la concejala. Aliento a conflictos entre concejalas y organizaciones de mujeres del municipio, para aislar a la regidora de su base.

Organismos internacionales como el Banco Mundial, PNUD, UNIFEM y otras agencias ya habían advertido este contraste entre la democratización del Estado vía la descentralización y la agresión hacia las mujeres pues aunque ésta se promueve como una medida para profundizar la democracia y mejorar el desarrollo, los procesos no son lo suficientemente sensibles al género, invalidando compromisos y obligaciones de los gobiernos a nivel nacional e internacional: “La descentralización no es una panacea y no beneficia automáticamente a las mujeres y a los hombres por igual; puede reforzar el poder de las elites, incluso la discriminación contra las mujeres; es posible que esta discriminación y desigualdades se manifiesten a través de violencia oral y física contra las mujeres en cargos públicos, incluyendo aquellas de comunidades marginadas”26. Así, podríamos desmitificar la participación de las mujeres en la política local por la facilidad de acceso, la cercanía al poder como estímulo para la gestión, etc. y revisarlo a la luz de estas experiencias concretas. El acoso político es una expresión de este poder masculino y un importante reto para la permanencia de las concejalas y aún más cuando los testimonios que los diversos estudios recogen se hermanan en la percepción de soledad de estas mujeres, envueltas en rumores sobre su integridad sexual, descalificadas y apartadas de las organizaciones de mujeres que deberían ser su sustento. Más concretamente en el Perú, la asociación civil Transparencia recogió algunos relatos en el año 2014, que ejemplifican los siguientes resúmenes27:

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“Asistimos a un encuentro nacional de alcaldes y regidores. Él hizo que reservaran una sola habitación para los dos y quería que me quedara con él.” Ex regidora, Huacho. “Una mañana me levanté y encontré abundante sangre en la puerta. (...) Como si fueran terroristas, colocaron un perro degollado en la puerta de ingreso a mi hogar.” Ex regidora, Huacho “Me limitan el uso de la palabra en las sesiones. Me suele mandar insultos e indirectas y me niegan apoyo logístico y retrasan el pago de mis dietas.” Regidora, Lima. “Fui golpeada por su puño en el pecho. Pasé por exámenes con el médico legista y lo absolvieron por duda. Por impotencia no continué con el caso y opté por no participar en política”. Ex regidora, Lima “Me hicieron firmar documentos que no me correspondía firmar para pedir mi vacancia”. Regidora, San Martín. “Como no quise aprobar su aumento de sueldo, nos persiguieron para atropellarnos con su carro”. Ex regidora, San Martín.

Recogimos otros cuatro casos que, entre otros, podrían ampliar estas reseñas en Perú, a través de información ofrecida por los medios de comunicación y la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA). 

Un equipo de consultores independientes encontró un desbalance financiero de más de un millón y medio de soles en el municipio de Subtanjalla (Ica) en el 2013, en la ejecución de 25 de un total de 27 obras otorgadas por el alcalde aprista Julio Pecho. Las evaluaciones se realizaron por acuerdo del concejo, principalmente a pedido de las regidoras Ana María Cabrera Hernández y Mayra del Rosario Ramírez Bautista. Insólitamente, con posterioridad a este descubrimiento, ambas han sido acusadas por el alcalde y los otros tres regidores por irregularidades en el manejo de fondos ediles. Inclusive han planteado su vacancia.

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A inicios del 2012 el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba (Apurímac), Guido Ayerbe Quispe, en el curso de una sesión, agredió física y verbalmente a la regidora Ruth Paz Coricasa, cuando ella le solicitó que tuviera moderación, y respeto en sus expresiones para con sus regidores, familiares y trabajadores de la Municipalidad; el alcalde respondió con palabras soeces y con agresiones físicas a la regidora, las mismas que fueron confirmadas por el médico legisla. RENAMA denuncia en un comunicado que ésta no sería la primera agresión sufrida por la concejala, por sus diferencias de opinión con el alcalde.

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En febrero del 2014, la regidora del distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao (Puno), Alicia Huallpa fue agredida y echada de la sede municipal por parte de los efectivos de serenazgo y trabajadores de la entidad, se presume por órdenes del alcalde, José Edgar Chura Cardoza. Ella fue impedida de ingresar, tras acudir para presentar un documento. En ese momento le cerraron la puerta e indicaron que no podía entrar por órdenes del alcalde, porque -según le dijeron- “ya no era nadie” (la habían amenazado con la vacancia por no participar en reuniones de concejo, a las cuales era impedida de asistir). Al retornar en horas de la tarde del mismo día para participar de la Sesión de Concejo, nuevamente fue impedida, pero esta vez la recibieron a baldazos de agua, “dejándola totalmente empapada para la risa del guardián y sereno que estuvieron en ese momento” según registró un medio local28.

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Martha Hancco Mamani, regidora del Distrito de Cojata de la provincia de Huancané, denunció haber sido agredida física y psicológicamente por el alcalde Celestino Miguel Hiquise Tito, luego de la sesión de consejo municipal realizada el 15 de octubre 2013, donde se debatió y aprobó el expediente técnico del proyecto denominado “Instalación del campo deportivo de grass sintético en la localidad de Cojata”. El alcalde habría propuesto a sus trabajadores (¡) para que integrasen el comité de licitación de dicha obra; Hancco Mamani se opuso a ello y propuso que dicho comité esté integrado por dos pobladores del distrito. Su propuesta no ganó pero no fue constada en el acta de la Sesión. “Cuando nosotros le solicitamos el acta para hacer constar las observaciones y las propuestas, simplemente el alcalde Celestino Miguel Hiquise Tito me quito el acta y me agredió con una bofetada en la cara, además me amenazo con darme puntapiés”.

Qué es lo que emerge de estas historias: básicamente desacuerdos por la fiscalización, en dos de los casos y desavenencias que llevan a la agresión física. La resistencia a que las concejalas participen de las sesiones de Concejo y que al mismo tiempo sean amenazadas con la vacancia por no asistir a ellas es una de esas perversas formas de expulsión de las mujeres de estos espacios. Varios años atrás, los estudios conducidos por Massolo, ya citados, revelaban que las concejalas entrevistadas no estaban muy entusiastas en una nueva postulación. Su paso por los gobiernos municipales contrariamente a lo pensado, era ingrata: de cara a sus colegas varones, pero también a las vecinas de la localidad. Esta constatación es actual. Una investigación realizada en Lima, entre concejalas jóvenes, recogía su decepción y por varias razones. La primera de ellas, el corte “presidencialista” de la figura del alcalde, quien representa al Ejecutivo junto con la Gerencia, dejando en el Concejo un papel fiscalizador y normativo, más lento o quizá menos acompasado con las instancias gestoras en el Municipio. En segundo lugar, y el estudio que comentamos empata con los casos reproducidos línea antes, la desilusión viene acompañada de sorpresa por la entronización de la corrupción en los asuntos municipales29. Lo que las indagaciones periodísticas recientes demuestran es que de 195 alcaldes provinciales del período 2010 - 2014, son 126 los que afrontan acusaciones por corrupción. La fiscalía anti – corrupción registra que 1,620 alcaldes en actividad y en retiro se encuentran investigados o enjuiciados por peculado, colusión y malversación de fondos. Lo anterior no significa que nos deslicemos hacia el esencialismo femenino, atribuyéndoles a las mujeres una menor tendencia a latrocinios 15

diversos. Pero sí podemos enmarcar esta sorpresa decepcionada en el hecho que las mujeres suelen considerar su rol en las municipalidades como una extensión de su papel comunitario por el servicio y estas corruptelas les impiden cumplir con la comunidad. Adicionalmente, un cierto pragmatismo de las mujeres en el cargo las impulsa a la resolución de problemas concretos antes que un juego por la competencia política y el poder. Una de las coincidencias entre los casos de violencia y acoso político de las mujeres concejalas compilados en los diferentes estudios es que mayoritariamente son municipios pequeños – incluso en algunos casos, rurales- en donde predominan las redes y relaciones de poder informales, antes que las normas y trámites formales/ institucionales. En apariencia, en el ámbito local, el poder sería un “bien limitado” en el sistema de relaciones sociales difícil de compartir, menos con las advenedizas mujeres. Massolo llama la atención sobre la paradoja que, siendo el ámbito municipal potencialmente el más adecuado y estratégico para dirigir políticas públicas para las mujeres es, por otro lado, el ‘terreno donde se manifiestan las resistencias más retrógradas y las hostilidades más virulentas contra los derechos y los cambios de la posición de las mujeres’30. Por último, este desencadenado rosario de agresiones y desavenencias nos conduce a una duda legítima: cuánto de las normas de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y municipales sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lucha contra la violencia, etc. pueden ser cumplidas en ese contexto adverso.

PARA IR CERRANDO…

La reacción de violencia de diversa naturaleza contra las mujeres autoridades locales, parece condensar lo antiguo y lo nuevo del disciplinamiento masculino que se infringe hacia ellas. Por un lado, la violencia física es tan desembozada, como en Cojata o Cotabambas, que no es superficial preguntarnos sobre cómo ésta se encuentra legitimada para amplios sectores sociales, incluyendo a los colegas varones de la regidora agredida. Pero este irrespeto se extiende hacia los empleados de la municipalidad, hacia los funcionarios que esconden documentos, que retardan el pago de haberes o que echan agua a una autoridad, como en Pilcuyo. No es pecar de mente conspirativa deducir que se encuentran coludidos los varones del entorno de la concejala, e incluso otras mujeres. Si a esto le sumamos el descrédito a su comportamiento- qué otra cosa sino mujeres “livianas” podrán estar caminando en esos espacios de hombres- y vivencia de la sexualidad, estamos ante un esquema habitual en la manifestación de violencia. ¿Qué podría ser lo nuevo? La envestidura de la agredida. No es la esposa, la hija, la hermana, la enamorada o la prostituta a quien se llama al orden mediante un acto de violencia, sino a una autoridad, elegida por el voto directo de los vecinos de un Municipio. Y ésta es quizá la reacción masculina más desafiante al orden estatal y democrático.

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El futuro parece aún más impredecible para las mujeres que llegarán a ser elegidas en las futuras elecciones 2014, si nos atenemos a los antecedentes de los candidatos y posibles autoridades. El análisis de las hojas de vida de los candidatos señala que 1.395 candidatos en todo el Perú tienen condenas penales y civiles: 871 de ellos, un 62%, fueron sentenciados en juicios de alimentos, incluso varios de estos están ya en la etapa penal de Omisión a la Asistencia Familiar. El segundo puesto (113 candidatos) es peculado, es decir, mal uso de recursos del Estado. Pero también hay siete por homicidio y ocho personajes que han sido condenados por violación, intento de violación o por seducción31. El panorama de los abstencionistas respecto de sus obligaciones como padres y las condenas por violación sexual reabre las dudas sobre el rumbo de los municipios y las mujeres, como autoridades, como destinatarias.

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Ver, por ejemplo, Alejandra Massolo “Nueva institucionalidad local de género en América Latina”. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). Santo Domingo, 2006. 2 Pierre Bourdieu” La Dominación Masculina”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2000. 3 Virginia Vargas “Espacio Público, Seguridad Ciudadana y Violencia de Género. Reflexiones a partir de un proceso de debate (2006–2007)”. http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00000471.pdf . 4 INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013. Pág. 350. 5 El feminicidio ha sido incluido como delito en el Código Penal peruano en diciembre del 2011. 6 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público “Estadísticas sobre feminicidio según las características de las víctimas y el presunto victimario 2009 – 2014”. 7 Jaris Mujica y Diego Tuesta “Problemas de construcción de indicadores criminológicos y situación comparada del feminicidio en el Perú”. Revista Anthropológica. Años XXX. N°30, Lima 2012. Pp. 169 – 194. 8 www.feminicidio.net 9 http://www.semana.com/nacion/articulo/hombre-de-21-anos-es-la-primera-victima-mortal-de-ataquecon-acido/383151-3 10 “Ciudades sin Violencia hacia las Mujeres. Ciudades Seguras para Todas y Todos” http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00000471.pdf 11 Claudia Laub “Violencia urbana, violencia de género y política de seguridad ciudadana”, en Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres. Ana Falú & Olga Segovia, editoras. Ediciones Sur. Santiago de Chile 2007. Pp. 67–81. 12 Ana Falú “Violencias y Discriminaciones en las Ciudades”, en Mujeres en la Ciudad. De violencias y Derechos. Sur Ediciones. Santiago de Chile 2009. Pp. 15 -37. Ver también Virginia Vargas “Espacio Público, Seguridad Ciudadana y Violencia de Género. Reflexiones a partir de un proceso de debate (2006–2007)”. http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00000471.pdf Así como la ponencia y comentarios de Dammert y Fernández en Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres. Ob. Cit. 13 La segunda Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2012 realizada por la ONG Ciudad Nuestra sugiere que esta brecha existe, pese a los altos niveles de victimización. Los resultados de la encuesta no son presentados diferenciando por sexo y no se puede afirmar para el Perú, lo que la información de otros países- sistematizada por el Programa Regional Ciudades Seguras- demuestra: que la percepción de inseguridad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, y que la diferencia también se aprecia entre dicha percepción y la realidad de las cifras de victimización. 14 Julia Monárrez “La Cultura del Feminicidio. La Ciudad Juárez 1993 -1999”. Revista de la Frontera Norte. Volumen 24. N° 48. 2012. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018773722012000200008&script=sci_arttext. Sobre las declaraciones de la Ministra Ana Jara, ver http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ana-jara-mujeres-deben-evitar-acosadores-clavos-y-agujas-noticia1733761 15 Carmen Diana Deere “Activos y el poder de negociación de la mujer en cuanto la violencia de pareja en el Ecuador” Ciclo de conferencias: Género, acumulación de activos y el empoderamiento de las mujeres. Departamento de Sociología y Estudios de Género. FLACSO Ecuador, 23 de abril de 2014. 16 Ver II Censo Universitario. http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/

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Olga Bardales “Hostigamiento sexual entre hombres y mujeres universitarios. Estudio Exploratorio”. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lima, 2012. 18 Ver http://www.generaccion.com/secciones/actualidad/pdfs/Generaccion-Edicion-97-actualidad469.pdf 19 Ver Narda Henríquez “Las señoras dirigentes, experiencias de ciudadanía en barrios populares”, en Detrás de la puerta. Hombres y mujeres en el Perú de hoy. Patricia Ruiz Bravo, editora. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 1996. 20 Tomado de “¿Cuánto hemos avanzado? Un análisis de la participación política de las mujeres en los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe” Área Practica de Género – PNUD. Panamá. http://www.americalatinagenera.org/es/boletin/boletin/MARZO_2013/Final_Mujeres_America_Latina_y _caribe.pdf 21 Ver Estadísticas de la CEPAL http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=11&idTema=205&idIndicador=1708 &idioma=e 22 Iris Jave & Diego Uchuypoma ¿Quién dijo que sería fácil? Liderazgo político de regidoras jóvenes en Lima http://idehpucp.pucp.edu.pe/publicaciones/quien-dijo-que-seria-facil-liderazgo-politico-deregidoras-jovenes-en-lima/ 23 Ver María Eugenia Rojas Valverde “El Acoso y la Violencia Política en Razón de Género afectan el trabajo político y la gestión pública de las mujeres” VoxLocalis 029. Diciembre 2009. 24 Ver Ximena Machicado “Acoso Político. Un tema urgente que enfrentar”. PADEP - GTZ. La Paz, 2004. María Eugenia Rojas Valverde “El Acoso y la Violencia Política en Razón de Género afectan el trabajo político y la gestión pública de las mujeres” VoxLocalis 029. Diciembre 2009. Cecilia Mena “Violencia política contra las mujeres en Ecuador, desde una perspectiva intercultural” AMUME – GIZ. Quito 2012. María Arboleda “Levantado el velo: estudio sobre acoso y violencia política en contra de las mujeres autoridades públicas electas a nivel local en Ecuador. Informe final. Proyecto “Apoyo al fortalecimiento del Consenso de Quito para el empoderamiento de las mujeres” ONU Mujeres / AMUME / AECID. Quito 2012. Asociación Civil Transparencia. Primer Reporte de acoso político hacia las mujeres. Febrero – abril 2014. Morena Herrera, Mitzy Arias y Sara García “Hostilidad y Violencia Política: Develando Realidades de Mujeres Autoridades Municipales. Sistematización de experiencias de violencia política que viven mujeres electas en Gobiernos Municipales en El Salvador”. ONU Mujeres ISDEMU. República Dominicana. Ana Cecilia Escalante Herrera y Nineth Méndez Aguilar “Sistematización de experiencias de acoso político que viven o han vivido las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local”. ONU Mujeres –INAMU. República Dominicana. Tammy Quintanilla “Estudio sobre el Acoso Político hacia las Mujeres en el Perú”. Presentado al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Septiembre 2012. http://www.flora.org.pe/web2/images/stories/bonnie/PDF/EstudioAcsoPolitico.pdf 25 Diario La Razón http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Juana-Quispe-impedidaejercer-concejalia_0_1597040308.html 26 “Descentralización, poder local y derechos de la mujer. Tendencias mundiales en participación, representación y acceso a servicios públicos”. Recomendaciones para los responsables de las políticas públicas, emanadas de la Conferencia Internacional, ciudad de México, 2008. IDRC - Canadá. 27 Ver .www.transparencia.org.pe 28 www.pachamamaradio.org. 17 de abril 2014. 29 Ver Iris Jave Ob. Cit. 30 Massolo Ob. Cit. Pág. 26. 31 http://utero.pe/tag/verita/

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